“Ahora sí, pinche policía, ya se te llegó tu hora”

*

* Édgar Jardón era policía municipal de Zumpahuacán, un municipio al sur del Estado de México. Un día de abril, en el 2014, un comando de ministeriales embozados se acercó a su casa y lo sacó, amenazando de muerte a toda su familia. El joven apareció días después en Toluca, de donde fue trasladado al penal de Tenancingo, acusado de secuestro y delitos contra la salud. A la fecha, no sabe por qué lo acusan a él y, lo peor, no sabe cuándo saldrá, empantanado su caso en la maraña de corrupciones del sistema mexicano de justicia.

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Miguel Alvarado/ Azeneth Mendoza

Tenancingo, Estado de México; 3 de septiembre del 2015.

– ‘Ira, hija de tu perra madre –dijo el policía, que traía además un chaleco antibalas y portaba un logotipo donde se leía “policía ministerial”- a este niño lo voy a matar.

El ministerial abrió fuego.

Así comenzó a desarrollarse una tragedia para la familia Pérez Jardón, que en menos de 40 minutos aprendió sobre amenazas de muerte y de paso vio encarcelado a uno de sus integrantes, Édgar Pérez Jardón, de 23 años, policía municipal de Zumpahuacán, acusado por delitos contra la salud y secuestro, preso actualmente en el Centro de Readaptación Social de Tenancingo.

Antes de las cuatro de la tarde la hermana de Édgar Pérez se asomaba por la ventana y veía a hombres armados corriendo hacia su casa. Llevaban armas largas, vestidos de civil. En un principio pensó que eran compañeros de su hermano. Entre la indecisión y saber qué hacer, la hermana quiso avisar a Édgar, quien para ese momento ya había bajado las escaleras para abrir la puerta, preguntar qué pasaba. La hermana no alcanzó a decirle nada. Ya no había caso.

El policía municipal había sido sometido y se encontraba hincado: uno de los hombres le apuntaba con un arma. La hermana, asustada, subió nuevamente para avisarle a su madre, pero ella estaba en la misma situación. Un civil le amenazaba para que dijera dónde tenían a la anciana secuestrada.

– ¿La anciana secuestrada? Aquí no hay nadie secuestrado –respondió la madre de Édgar, Graciela Jardón Vences, a quien luego pudo identificar como oficial. Alto y rubio, de camisa blanca con rayas rojas, le contestó a la primera:

– Pinche vieja, si no nos dices te vamos a matar, a ti o al bebé que traes cargando –dijo el hombre, mientras apuntaba contra la niña, la hija de Édgar. Una voz desde abajo llamó al pistolero, quien acudió a la orden. La hermana de Édgar volvió a asomarse por la ventana y vería cómo se llevaban a su hermano, subiéndolo a una camioneta sin logotipos. Hombres encapuchados le habían cubierto el rostro con su propia playera, aventándolo adentro.

Era el 13 de abril del 2014, Domingo de Ramos.

*

II

Ese día Édgar había llegado de trabajar, luego de 24 horas de servicio, a las siete de la mañana. La familia había planeado asistir a una procesión religiosa, a pesar del cansancio del policía. Su madre había comprado pollo para hacer caldo y parecía que todo transcurriría con normalidad. Édgar, incluso, había conseguido que su propia hija, una pequeña de dos años, estuviera con él, pues era divorciado. La familia regresó a casa y el policía aprovechó para dormir unas horas. Había quedado con su ex mujer de devolver a la niña por la tarde, y había que cumplir con el trato. A las cuatro, Graciela despertaba a su hijo, quien le pedía que bañara a la niña para entregarla.

Fue entonces que la hermana del policía se acercó a la ventana.

– Mamá, no te espantes, pero ahí vienen unos encapuchados con metralletas –dijo la hermana.

Cuando Graciela pudo reaccionar, vio a su hijo en la entrada, enseñando el gafete de su trabajo.

– Soy policía municipal –diría Édgar a los encapuchados. Incluso se puso a sus órdenes.

– Lo que se les ofrezca, los puedo apoyar –les dijo el municipal.

La respuesta fue simple y clara:

– ¡Salte, hijo de tu puta madre!

“Me dijeron que me arrodillara y que pusiera mis manos en la nuca… uno de los encapuchados alzó su arma, que tenía apuntándome y apuntó a mi abuelita Sofía y le dijo que se pusiera quieta porque si no le iba a meter un balazo en la frente”, recuerda Édgar Pérez.

Lo esposaron, pues, hincándolo en el patio mientras una de las tías intentaba sacar el celular para grabar la escena, pero uno de los embozados, de una patada, rompió el aparato. Otros dos tíos, abrazando a Édgar, preguntaron por fin por la identidad de los intrusos y si el joven había cometido algún delito. Cuál, en todo caso. Y pidieron ver una orden de aprehensión o cateo.

Fue cuando ellos dijeron:

– ¡No se hagan pendejos, ustedes tienen secuestrada a una viejita! ¿Dónde está la mamá del policía?

No tardaron nada en entrar a la casa y localizar a Graciela, a quien apuntaron con una metralleta.

– ¡Acompáñame, hija de tu puta madre, de esta no te vas a salvar, tú también te vas! –escuchó que le decían, al mismo tiempo que le ponían en el pecho la AR-15. La puso incluso sobre la cabeza de la bebé, a quien Graciela cargaba. Era el hombre rubio, alto, de camisa blanca a rayas rojas. Todavía la niña jugueteó con el arma. Mientras, otro pequeño se había repegado a las faldas de Graciela. Era un sobrino.

Y otra vez:

– ¡‘Ira, hija de tu perra madre! –vuelve a decir el policía, que traía además un chaleco antibalas y portaba un logotipo donde se leía “policía ministerial”- ¡a este niño lo voy a matar. Si no te vas conmigo, en tu conciencia vas a llevar la muerte de tu hijo!

Graciela se hincó, suplicante.

El policía soltó un disparo al aire y Graciela pensó que había matado a alguien.

– Te espero abajo en cinco minutos –dijo el policía a la asustada mujer, mientras bajaba, respondiendo a un llamado de sus compañeros.

Graciela bajó al patio, donde estaba el resto de la familia. Iba dispuesta a entregarse, para salvar a su hijo, pero la contuvieron. Por fin, más tranquila, hizo una llamada al presidente municipal, a quien conocía, el panista Martín Mancilla Arias, porque había participado con él en las campañas políticas. Explicándole, el alcalde se comprometió a investigar. En ese momento el alcalde pudo movilizar una fuerza policiaca considerable para rastrear al joven levantado y cerrar los caminos.

Pues así.

*

III

Los ministeriales se llevaron a Édgar, pero también a otras nueve personas, que levantaron en diferentes puntos. Al paso de los días la trama de la acusación fue descubriéndose y el hilo llevó al hermano de un albañil que había realizado trabajos para la Sedesol, en un programa aplicado en San Gaspar, Zumpahuacán, y que inició el 9 de julio del 2013. Allí participaba la madre de Édgar como presidenta encargada del Comité Comunitario, como consta en el acta constitutiva de ese mismo organismo. El programa debía reparar 245 casas, con presupuesto federal asignado, pero al final sólo se entregaron 28 de ellas para que la ex secretaria federal de Desarrollo, Rosario Robles, se tomara la foto. Ella misma cazaría las fechas, cuando desde un twitter, comentaba que estaba “En la comunidad de San Gaspar en Zumpahuacan en el Estado de México verificando trabajos de la Cruzada #SINHAMBRE”, el 13 de agosto del 2013.

Esas obras no serían concluidas pero sí se prestaron para discretos fraudes que Graciela Jardón Vences conoció de primera mano, porque a ella le propusieron participar. El contratista, Silvano Martínez Joaquín, tenía un hermano, Raúl Martínez Joaquín, a quien, según esa familia, lo secuestraron el 5 de marzo del 2014, junto con otra persona, César Nieto.

“Ese día mi hijo trabajó. Los de antisecuestros me dijeron que el alcalde podía entregarme la bitácora de labores de mi hijo, pues así se comprobaría dónde había estado, pero me la ha negado porque me pide que sea por medio de un abogado y mediante artículos. En un año y meses no la he conseguido y en parte por eso mi hijo sigue adentro”, dice Graciela.

Pero antes.

A Pérez Jardón se lo han llevado.

“Me agarró uno de los encapuchados de las manos y me sacó de mi casa. Saliendo del patio sentí que me pegaron con la culata del arma larga, me dieron un cachazo en la nuca. En un árbol llamado guaje miré a unos hombres vestidos de policías. Yo pensé que eran mis compañeros de trabajo, pero no eran porque me recibieron a puro madrazo en la cabeza, en las costillas y en las piernas y escuché a uno diciendo que ya valí madres, que ya me cargó la chingada, que no sabía para quién trabajaban”, dice Édgar de ese momento. Después los pasaron, entre una lluvia de golpes, a una patrulla y por fin a una camioneta Suburban blanca.

Amarrado, embozado con su propia playera y aplastado por los pies de los mismos encapuchados, alcanzó a ver que en el interior del vehículo estaban dos de sus primos, uno llamado Eduardo Ocampo Pérez y un tío, Juan Pérez Saavedra. Los captures, “a puro trancazo, querían que les dijera dónde estaba un tal Güero, pero yo no conozco a ninguno”, dice Édgar.

La camioneta iba por un camino de terracería y después de una media hora de trayecto, se detuvo. La puerta trasera del vehículo se abrió.

– Ya se los cargó la chingada. Se van a morir –dijo uno de los policías.

“Entonces bajaron a uno, entre gritos, y se escuchó un disparo. Yo pensé que ya lo habían matado. Otro dijo: el que sigue. En ese momento me bajaron a mí y me dijeron: ahora sí, pinche policía, ya se te llegó tu hora y me preguntaron por un tal Gregorio”, dice Édgar.

Estaban en un paraje, rumbo a Los Sabinos, donde hay una fábrica de mezcal propiedad de los abuelos del propio levantado. Allí los agentes hicieron destrozos. Tiraron los garrafones y destruyeron la fábrica porque, decían, allí estaba la persona secuestrada. Ellos estaban buscando a un tal “May”, Ismael Jardón Juárez, responsable del supuesto delito.

No encontraron nada.

En esa fábrica hay un tanque de agua. Allí sumergieron a Édgar, de cabeza.

– ¡Vas a decir quiénes son tus cómplices, desde cuándo han secuestrado, cuántos son! –le gritaron al joven.

“Se me metió el agua en las narices., en mi boca y cada cinco minutos nos volvían a meter. Yo ya no aguantaba. Sentí que me llevaba la chingada. Entonces, cuando ellos vieron que yo ya no aguantaba el ahogamiento, me dejaron en paz.

Sus parientes se acercaron a él, pero uno de los ministeriales sacó el arma y disparó.

El primo cayó, pero el ministerial había fallado y la bala sólo le rozaba el oído. El joven se había desmayado por el susto. Y es que le habían tirado a matar.

Ahí los llenaron de patadas.

Silenciosa, una multitud había llegado al paraje. Eran los parientes de los levantados, que habían localizado la camioneta. También arribaron policías municipales, exigiendo que soltaran a Édgar, pero los ministeriales ni siquiera les dijeron el motivo de las detenciones.

– Es nuestro trabajo –fue la respuesta que obtuvieron los compañeros de Édgar.

“Torturar era su trabajo”, remata Graciela.

*

IV

La presencia de la gente asustó –o algo parecido- a los ministeriales, que volvieron a subir a los detenidos.  Vendados, en el trayecto la golpiza siguió. Édgar recuerda que los amenazaron con hacerlos pedacitos, descuartizados, uno por uno, con una motosierra.

Finalmente llegaron a Tenancingo, a donde Édgar supone están las oficinas del MP. Allí los bajaron, vendados de los ojos, pues el interrogatorio apenas empezaba. Uno de los detenidos, Miguel Ángel Méndez, “El Galletita”, así le decían los policías, fue el primero. Habló, habló y habló. Así, Édgar Jardón fue reconocido por alguien a quien jamás había visto, y que declaraba, a fuerza o por su voluntad, contra él. Los policías se volvieron contra Édgar y pronunciaron la única frase que sabían.

Ya te cargó la chingada.

“Me volvieron a torturar pegándome y me volvieron a sumergir nuevamente en el agua y me pegaban en las orejas. Fue el peor día de mi vida”, dice Pérez Jardón.

“A mi hijo le pegaron en las costillas, donde no se viera, y en el rostro. En la nariz todavía tiene una cicatriz. Mi hijo no puede respirar bien. Al reírse le duele todo por dentro. Los médicos legistas dijeron que no tenía nada”, refiere Graciela.

Después los encerraron. Sin comer ni beber pero también sin dormir, pasaron la noche mientras a cada uno le tomaban fotografías, en un lugar donde se escuchaba ambiente de oficinas. Estuvieron horas de rodillas hasta que los policías volvieron a subirlos a la camioneta. Ya habían decididos quiénes sí y quiénes no quedaban presos. Eran las nueve de la mañana del 14 de abril.

Luego de un viaje de dos horas, los volvieron a golpear y sumergir. Para entonces, identificaban a Édgar como “el mero jefe” y los demás lo acusaban hasta de recibir dos millones de pesos. Pero ellos también eran torturados y hablaban por dolor, reconoce el propio implicado. “Nos daban chicharrazos, nos ponían un trapo mojado en las narices, nos pegaban en las costillas, nos torcían las manos hasta que dijéramos algo. También ofrecieron protección con tal de que nos echáramos la culpa. También nos hicieron firmar un papel, que no leímos pero que ellos dijeron eran nuestros derechos. Firmamos porque ya no aguantábamos tanta tortura”.

“El Galletita”, en un momento de descanso, le explicó a Édgar Pérez que lo había inculpado porque lo habían amenazado con matar a su familia. “Qué querías que hiciera”, le dijo. Pues sí, sólo que señaló a todos.

– A mí también me amenazaron y torturaron y yo no señalé a nadie –le respondió Pérez.

En ese lapso reconoció a una de las personas, un comandante de la policía estatal a quien ocasionalmente apoyaba en operativos de la región, Enrique Sánchez Pérez, quien preguntaba a sus agentes:

– ¿A cuántos agarraron?

– Teníamos pensado veinte pero no se pudo.

Édgar, sin embargo, pudo haber escapado en algún momento cuando una policía municipal le dio la oportunidad al abrir la puerta de la camioneta Suburban. Pero no pudo. Los golpes habían sido demasiados y estaba semi-desmayado, pues lo habían rociado con gas. Prefirió quedarse.

Fue trasladado, junto con el resto, a Toluca, a un hotel, donde estuvo retenido, aún sin comer. Allí, otra andanada de  golpes y preguntas terminó de lastimar a aquellas personas.

Heraclio Pérez Jardón, el padre de Édgar, encabezó mientras tanto la búsqueda del joven. Localizado en la capital mexiquense, promovieron un permiso a través de un abogado por el que pagaron 10 mil pesos. Ese permiso permitió a los familiares ver a los detenidos, todos del pueblo de San Gaspar, a las 11 de la noche del lunes.

Fueron 10 mil pesos por persona.

“Ellos no habían comido y tampoco tenían cobijas. En el hotel los habían golpeado para obtener declaraciones, pero cuando los localizamos los trasladaron al poco tiempo. El licenciado aseguró que saldrían en 72 horas, pero cuando la palabra “secuestro” se pronunció en los motivos de la detención, el panorama cambió, nuevamente. Hicimos otro pago para que los trasladaran a Tenancingo. Los policías pidieron para los detenidos ropa. Ropa azul. A Tenancingo llegaron el día 17”, recuerda Graciela, quien por fin podría hablar pausadamente con su hijo.

– Ma’, nos acusan del secuestro de un albañil, el 5 de marzo del 2014. ¿Se acuerda del programa de Sedesol donde usted era la presidenta del Comité? Pues es el mismo albañil–le diría el joven detenido.

Era Raúl Martínez Jordán, quien los señaló, a uno por uno, diciendo que los conocía e imputaba el secuestro, aunque hasta la fecha no los ha reconocido físicamente.

El programa de Sedesol para Desarrollo de Zonas Prioritarias integraba a los tres niveles de gobierno y trataba de mejorar viviendas en los 25 municipios más pobres del país. Incluye “pisos firmes, servicio sanitario (baños, letrinas, fosas sépticas, pozos de absorción o similares); fogones altos, estufas rústicas o similares y muros reforzados y techos”, describe la propia dependencia.

En la comunidad de San Gaspar se organizó un Comité que vigilaría las obras y ayudaría a administrarlas. Poco después de iniciadas, el contratista de aquel programa, Silvano Martínez Joaquín, le propuso a Graciela sostener una relación sentimental, pero ella lo rechazó. Las obras continuaron, pero sólo pudieron terminarse 28 de las 245 casas que integraban el padrón de beneficiarios, entregadas para que Rosario Robles pudiera declarar cumplido un objetivo del programa Cruzada Contra el Hambre. Los del Comité no podían creerlo.

– La política así es –les dijo Silvano el contratista, cuando la fecha de entrega se acercaba y nada estaba listo.

“En realidad –dice Graciela- sólo fueron 10 las casas en las que se terminó todo, para la visita de Robles, pintadas de blanco, con todos los pisos. Las otras tenían defectos o estaban incompletas”.

– En ese transcurso el contratista y la tesorera me pedían que le firmara papeles para que el trabajo pasara como entregado, cuando nunca se hizo. También pedía que se inventaran albañiles, que se dieran de alta nombres inexistentes para que se cobraran plazas que no tenían trabajador. Yo nunca acepté, pero él encontró la forma de hacerlo.

*

V

Estaban ahí las pertenencias de los familiares: mochilas, comida que han prohibido dejarles pasar los guardias, ropa en su mayoría, todo en un barandal de la escalera que sube a las oficinas del ayuntamiento de Tenancingo. Quienes entran a la cárcel a visitar a los presos dejan ahí las cosas. La puerta de entrada a la cárcel se abre cada poco, 20 minutos como mínimo, mientras afuera siempre una fila de personas espera pasar, en su mayoría mujeres. Algunas de ellas se tienen que retirar porque no van vestidas adecuadamente, según las reglas expresadas en tres grandes carteles que anuncian lo que está prohibido y lo que no. Alguien se encuentra en desacuerdo con la razón que le han dado y que le ha evitado la entrada, pero aquí deciden que es mejor volver otro día, otro sábado, pues son los días de visita, porque saben que de ninguna manera los dejarán ingresar.

Édgar Pérez Jardón cumplía en el 2014 un año como policía. No se metía con nadie y tampoco tenía enemigos. Nadie le había propuesto ingresar al narcotráfico o al crimen organizado, a pesar de laborar en uno de los municipios más peligrosos del Estado de México. Vivía con su madre y sus hermanas en la comunidad de San Gaspar, Zumpahuacán, un municipio al sur del Estado de México. Hace un año y tres meses que está en la cárcel y su caso está todavía en juicio pero su familia considera que no habrá forma de probar su inocencia. Sin embargo, no se resigna.

Édgar tiene una niña de dos años, es divorciado y vivía en unión libre. Con dos hermanas, una de 16 y otra casada, ahora ha tenido que adaptarse a la vida del penal. Aprendió a hacer artesanías de papel y modela diferentes figuras que su madre vende afuera. Ella misma artesana, fabrica rebozos. La familia vive al día, apenas de las ventas de Graciela. Ella, junto con otras diez personas acusadas por el mismo caso, no encuentra salida. La familia acudió a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, donde se les dijo que, sobre la tortura, no había delito para perseguir porque los agentes ministeriales estaban haciendo su trabajo.

Hasta ahora, la familia no ha podido presentar testigos sobre el paradero de Édgar el día del secuestro. Los jueces no les han aceptado a familiares, pero ellos han conseguido que vecinos suyos declaren lo que saben. La familia no ha podido pagar un abogado particular y depende de la defensoría de oficio, que poco o nada les ha apoyado. Graciela no sabe, ni siquiera, en qué parte del proceso está su hijo, sólo sabe que se ha ido a juicio.

– El que tiene dinero se va. Tendrá como medio año  que unos secuestradores de Ixtapan de la Sal llegaron a este penal. Estuvieron tres días y después se fueron liberados. ¿Por qué? Porque, después supimos, pagaron dos millones de pesos. Le pagaron al juez y de inmediato les dieron su libertad. Gentes que somos inocentes estamos aquí por falta de dinero y porque el juez no acepta nuestras pruebas y también mi comandante, así como el presidente Martín Mancilla, no me han apoyado en nada, porque no me quieren entregar mi pase de lista, el Parte de Novedades de ese día, 5 de marzo del 2014. Ese día estuve trabajando y por eso quiero que me ayuden- dice Édgar desde prisión.

“Me siento abandonada. Nadie me apoya”, llora al final la madre.

*

VI

Adentro, en la cárcel: alrededor, en el área de visitas, cuadros, fruteros, repisas y distintos artículos hechos con madera por los propios internos. Ellos caminan ofreciendo lo que han fabricado, poniendo un precio a su trabajo pero el cual no se les paga y por el que siempre el comprador ofrece menos. “Ya ves que luego no quieren si es más caro”, dice un compañero a otro que intenta ofrecer sus productos al precio justo. Pero, ¿qué es justo ahí dentro? si hasta se habla en voz baja para evitar que entre los mismos prisioneros se acusen unos a otros si no les parece algo que escucharon.

Édgar Pérez Jardón espera a sus familiares, agobiado por encontrarse enfermo desde hace tres días, es lo que dice, que no ha sido atendido y en la Enfermería le piden que se registre para que puedan otorgarle una consulta, lo cual tampoco ha pasado, aún cuando él se anotó en la lista tres veces. Los internos saben que no están seguros de nada ni de nadie porque los mismos guardias se convierten en cómplices, permitiendo que las agresiones sucedan si alguna de las partes se ofrece a darles dinero: cien pesos, con la condición de que no golpeen en la cara para que no sea notorio. Existen posibilidades de que las condiciones mejoren si acudiera un inspector, pero pasa todo lo contrario.

– Vienen a revisar, pero recogen todo, hasta las cosas con las que trabajamos, dice Pérez.

El Centro de Prevención y Readaptación  Social de Tenancingo es de baja seguridad, aunque tiene las mismas condiciones de dureza que cualquier otro centro. El 19 de abril de 2010, ocho reos se fugaron.

El penal sigue funcionando aún cuando se cuenta con una prisión en la colonia El Salitre, del mismo municipio, la cual debió abrir al inicio de este año, ya que en 2014 llevaba 87 por ciento de avance, según el gobernador Eruviel Ávila.

Con una sobrepoblación del 68 por ciento, el Centro de Readaptación sigue albergando en un mismo sitio a homicidas, secuestradores, violadores, ladrones y personas igualmente acusadas sin que se les haya comprobado delito.

La única prueba que existe contra Édgar Pérez y por lo que han mantenido en prisión a los diez implicados es la acusación de palabra, no comprobada, del albañil Raúl Martínez, supuesto afectado por el secuestro, y que nunca ha identificado físicamente a los diez acusados.

“Por eso pido que me ayuden, por favor, tenemos un año y medio y todavía no se ha resuelto nada, aunque tenemos todas las pruebas a nuestro favor”, dice Édgar, mientras observa una artesanía, una sola, un pavorreal que ha terminado y que, ése sí, saldrá de prisión cuando den las cuatro de la tarde.

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