El tortuoso imperio de un millonario llamado Joel

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* A Joel Ayala Almeida se le conoce en algunos círculos como El emperador de los burócratas y sus compañeros priistas le rinden pleitesía desde que, en 2003 y 2004, aguantó un embate abierto de Elba Esther Gordillo Morales, otrora líder del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE); el presidente Vicente Fox Quesada; y el secretario de Gobernación, Santiago Creel Miranda, quienes intentaban desestabilizar a la federación burócrata y arrebatar al cacique su liderazgo. Fueron ésas las primeras demostraciones de que los panistas querían un sindicalismo tan dócil y perverso como el que había servido al PRI desde su nacimiento.

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Francisco Cruz Jiménez

Ésta es una historia de telenovela, bañada de intrigas, oscuros episodios y drama. Comienza con la infancia de un hombre enmarcada por la pobreza y el trabajo infantil “obligatorio” en las calles extremosas de la fronteriza Mexicali, Baja California. Su nombre: Joel Ayala Almeida o, como lo apodaban entonces, El Milusos, porque vendía dulces y raspados, o trabajaba de lo que fuera para apoyar el sostenimiento familiar. De ser nadie, nada, en aquellos duros tiempos, pasó a convertirse algunos años después en uno de los dirigentes sindicales más acaudalados y con mayor poder en nuestro país.

En 1977, tres años después de llegar como auxiliar administrativo, Ayala Almeida se encaramó por primera vez a la Secretaría General del Sindicato Nacional de Trabajadores de Salubridad y Asistencia (SNTSA), que devino en el de la Secretaría de Salud (SS). Durante esta primera época, el SNTSA se “transformó” de nueva cuenta en un aparato burocrático, sin funcionalidad para los trabajadores. Entre enero y junio del año siguiente, el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) que encabezó Ayala Almeida participó activamente en una brutal represión hacia trabajadores “rebeldes” y dirigentes democráticos del sector llevada a cabo por golpeadores al servicio de funcionarios de gobierno.

Fue éste el caso del Hospital General, donde el director ordenó contratar a grupos de choque y aumentó hasta en 300 por ciento la vigilancia policiaca al interior de la institución. Los trabajadores fueron injustamente acusados de robo y encarcelados por toda clase de delitos. En algunos casos, la dirigencia contrató abogados quienes, tramposamente, no se presentaban a las audiencias. Al final, los trabajadores pudieron salir de la cárcel gracias a la presión que ejercieron los sindicalizados democráticos por medio de marchas y manifestaciones, por ejemplo, al reclusorio Norte.

Ayala Almeida y su comité ejecutivo se plegaron sumisos al presidente José López Portillo y despacharon indicaciones para invadir el Hospital General con un contingente conformado por al menos 150 granaderos, acompañados por golpeadores profesionales. Su misión era someter, “a madrazos”, a los “rebeldes” y encarcelar a 150 de ellos. Como se comprobaría más tarde, siete de los líderes fueron sometidos a brutales sesiones de tortura para obligarlos a firmar un documento lleno de abusos e irregularidades en el que se comprometían a renunciar a su plaza, a la política sindical activa y a nunca más volver a la institución.

Con la certeza del respaldo policial y la complicidad gubernamental, los “ayalistas” montaron un operativo final para expulsar a líderes locales “rebeldes” del SNTSA o a todos aquellos considerados “peligrosos” para la institución, desconocer secciones enteras como la 14, derrocar al secretario general de la Subsección 1 de Mexicali, así como a dirigentes de la Sección 17, y suspender en sus derechos a algunos “revoltosos” y “conspiradores” de Chiapas y Jalisco.

El 24 de marzo de 1998 Joel Ayala Almeida comenzaría su más grande y peligrosa aventura. Por fin era el jefe máximo de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE). Dicho gremio fue fundado el 8 de octubre de 1938 por el presidente Lázaro Cárdenas del Río para reforzar el control sobre los burócratas. Su adhesión al PRI fue automática. Para 1998 agrupaba 78 sindicatos, de los que su líder obtenía mensualmente unos 10 millones de pesos en cuotas. Hasta el fin de la primera era priista, el dirigente de la Federación tenía reservado, en los hechos, un lugar en el Congreso de la Unión. Gracias a que su antecesor Héctor Valdés Romo lo impusiera en el puesto, Ayala Almeida controlaría el destino laboral de 2.5 millones de burócratas en activo, incluidos los del Distrito Federal y los trabajadores del Metro, además de 318 mil jubilados y pensionados.

Este triunfo se debió a un proceso arreglado por Valdés Romo, quien le cedió el lugar en la dirigencia burócrata porque estaba convencido de que su carrera política priista le daba para mucho más, incluida una gubernatura o el gabinete presidencial. Con esta acción, Ayala se colocó en los primeros planos de la prensa de todo el país y, a partir de entonces, su nombre quedó inscrito en las listas de los charros que representan a la más rancia estirpe del sindicalismo nacional.

Apenas impuesto como líder nacional de la burocracia, su equipo reformó los estatutos sindicales a finales de 2000 y principios de 2001 para aumentar el periodo del secretario general de cuatro a seis años. Más tarde, movió los hilos para que, en marzo de este último año, cuando terminaba su encargo, desapareciera la Secretaría General de la FSTSE y se creara, en su lugar, la Presidencia del Órgano Superior de Gobierno. En aquel momento, el cambio mostraba un objetivo único: abrir las puertas a la reelección consecutiva de forma permanente o, como ya es costumbre dentro de las prácticas sindicales, “hasta que la muerte los separe”.

La FSTSE, pasado y presente. Disyuntiva del sindicalismo de los trabajadores del servicio público, estudio de Marco Antonio Leyva Piña, Janette Góngora Soberanes y Javier Rodríguez Lagunas argumenta que “entre las reformas a los estatutos de la federación que se realizaron durante el XIX Congreso Nacional Ordinario para viabilizar la reelección del secretario general, cabe señalar que se acreditaron a los delegados de los 31 comités estatales de la FSTSE como representantes al congreso y se les otorgó derecho a voz y voto, cuando antes sólo tenían voz, y que la estructura de la FSTSE se modificó al conformarse el Comité Ejecutivo Nacional por un presidente, cuatro vicepresidentes y 48 secretarías; cinco más que antaño”.

Sin que nadie pudiera evitarlo, el 27 de marzo de 2001 Ayala Almeida se erigió líder vitalicio, con el cargo de presidente del Órgano Superior de Gobierno de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE).

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Los juegos negros del poder

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A Joel Ayala Almeida se le conoce en algunos círculos como El emperador de los burócratas y sus compañeros priistas le rinden pleitesía desde que, en 2003 y 2004, aguantó un embate abierto de Elba Esther Gordillo Morales, otrora líder del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE); el presidente Vicente Fox Quesada; y el secretario de Gobernación, Santiago Creel Miranda, quienes intentaban desestabilizar a la federación burócrata y arrebatar al cacique su liderazgo. Fueron ésas las primeras demostraciones de que los panistas querían un sindicalismo tan dócil y perverso como el que había servido al PRI desde su nacimiento.

La batalla por la FSTSE había comenzado a principios de 2001, cuando Fox y Martita estaban recién llegados a Los Pinos. Y tenía sus razones. “Podríamos decir que forma parte de los espacios considerados para mantener la movilidad política entre el Poder Legislativo, Ejecutivo y la dirección sindical. Si revisamos los nombres de los secretarios generales de cada uno de los sindicatos de la FSTSE y si miramos la composición de los distintos comités ejecutivos de la Federación, encontraremos el cuerpo fundamental que constituye la élite política interna”, escribieron Leyva Piña, Góngora Soberanes y Rodríguez Lagunas.

Gordillo Morales y Fox provocaron el rompimiento y la separación de 21 organizaciones encabezadas por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), con 1.35 millones de maestros; así como los sindicatos de la Lotería Nacional (LN), la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Pronósticos para la Asistencia Pública (PAP) y el Sistema para la Administración Tributaria (SAT).

La guerra, pues, se declaró casi de inmediato aquel 2001. Y avanzó inexorablemente. Como si estuvieran frente al espejo, los separatistas —con sus 1.6 millones de afiliados en la veintena de sindicatos que representaban cuotas fijas por diez millones de pesos mensuales— presumían rechazar la reelección de Ayala Almeida con el fin de romper con los cotos de poder que él y su grupo habían establecido en la distribución de los beneficios de créditos para la vivienda y préstamos a plazo.

Lo acusaron de todo tipo de vicios: prácticas clientelares, liderazgo unipersonal y autoritario, violación a los derechos de sus representados, uso de golpeadores para aplastar a la disidencia, verticalismo, imposición, exclusión, manejo de cuotas y otros recursos patrimoniales, indiferencia frente al programa de la llamada separación “voluntaria” —no otra cosa sino un plan gubernamental, en complicidad con los líderes, para deshacerse de decenas de miles de trabajadores— y, sobre todo, de manipulación y transgresiones a los estatutos para beneficios personales.

Ante este rosario de acusaciones y de separación, Ayala Almeida se mantuvo fiel al PRI y, como pudo, reagrupó a sus huestes para capotear el temporal. Sin embargo, poco antes de terminar 2003, abrumado por el rompimiento, la deserción de los 21 sindicatos y, lo más grave, una severa caída en el nivel de las cuotas, el líder sindical se comprometió a convocar a un congreso extraordinario, cuyo único punto a tratar sería la renovación de la presidencia vitalicia de la FSTSE. A través de su líder, Rafael Ochoa Guzmán, los maestros del SNTE le dieron la espalda, se negaron a escucharlo y le pusieron dos etiquetas que nunca se ha podido quitar: borracho y drogadicto.

Ayala no se dejó intimidar. En medio del fuego, su respuesta fue virulenta. El lunes 8 de diciembre de 2003 acusó a Ochoa de un desvío superior a 290 millones de pesos de cuotas sindicales del magisterio en los últimos tres años. Por su parte, el protegido de Elba Esther opuso la ineptitud del líder nacional de la burocracia a los “logros” de los maestros, quienes habían evitado el gravamen del aguinaldo y la prima vacacional de los trabajadores.

Víctor Bernardo López Carranza, líder del Sindicato Nacional de Trabajadores de Comunicaciones y Transportes, prestó en aquel diciembre de 2003 su lengua para desnudar todavía más a Ayala. Contó a la prensa una “historia negra” protagonizada por su rival, quien, al parecer, había logrado una cuantiosa fortuna debido a los beneficios obtenidos por la construcción del deportivo del Sindicato de Salud y la venta ilícita del predio que ocupan las instalaciones del Instituto Federal Electoral (IFE), ambos en la esquina de Periférico y Viaducto Tlalpan, al sur de la Ciudad de México. Dicho negocio le habría redituado 3 mil millones de pesos.

Por el tono, declaraciones y recursos sucios empleados, si un lector cualquiera no hubiera estado familiarizado con los nombres ni con los apellidos de los declarantes, y se hubiera remitido a los señalamientos duros de los mismos publicados en la prensa o emitidos en los noticieros de radio y televisión, con certeza habría tenido la impresión de que se trataba de una toma de poder de la mafia o de que ésa era abiertamente una guerra entre mafiosos, no entre dos líderes sindicales inmersos en una batalla por el control de los trabajadores.

En su columna del 7 de diciembre de 2003, el extinto periodista Miguel Ángel Granados Chapa escribió: “En lugar de ejercer un liderazgo democrático, abierto, propositivo y combativo, el sello de su gestión se caracteriza por un ejercicio unipersonal, autoritarismo, manipulación… manejo clientelar…, connivencia con las autoridades para imponer… políticas y programas que lesionan nuestros derechos […]. Esta caracterización, que podría ser suscrita respecto de su ex coordinadora, por alguno de los 138 o 139 diputados priistas que la han rechazado a Elba Esther Gordillo, sirvió para explicar la separación de la FSTSE de un grupo de sindicatos encabezados por el SNTE, y retrata no a la dirigenta real de ese sindicato sino a su adversario, el senador Joel Ayala. Mutatis mutandis, a ambos les cuadra bien. O sea que son los mismos, son iguales, sólo que están divididos”.

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