Examen inexistente

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* En el marco general de una educación de calidad, se reconocerá al conjunto de perfiles, parámetros e indicadores que se establecen a fin de servir como referentes para los concursos de oposición y la evaluación obligatoria para el ingreso, la promoción, el reconocimiento y la permanencia en el servicio, con pleno respeto a los derechos constitucionales de los trabajadores de la educación, sin que en ninguna parte establezca un examen diagnóstico.

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Luis Zamora Calzada

A nivel federal se anunció la rescisión de 291 maestros por no haber presentado un supuesto examen diagnóstico que no contempla la Ley General del Servicio Profesional Docente.

La ley secundaria establece cuatro tipos de exámenes, el de ingreso, promoción, reconocimiento y el de la permanencia, determinando en su artículo cuatro que la evaluación del desempeño se entenderá como la acción realizada para medir la calidad y resultados de la función docente, directiva, de supervisión, de asesoría técnica pedagógica o cualquier otra de naturaleza académica.

En la fracción XVII del mismo artículo establece que, en el marco general de una educación de calidad, se reconocerá al conjunto de perfiles, parámetros e indicadores que se establecen a fin de servir como referentes para los concursos de oposición y la evaluación obligatoria para el ingreso, la promoción, el reconocimiento y la permanencia en el servicio, con pleno respeto a los derechos constitucionales de los trabajadores de la educación, sin que en ninguna parte establezca un examen diagnóstico.

A pesar de plantear un examen para el reconocimiento, lo cierto es que se define para que el personal docente, los directores y  supervisores que destaque en su desempeño y, en consecuencia, en el cumplimiento de su responsabilidad, sean objeto del reconocimiento que al efecto otorgue la autoridad educativa u organismo descentralizado.

Los programas de reconocimiento para docentes en servicio están enfocados a reconocer y apoyar al docente en lo individual, al equipo de docentes en cada escuela y a la profesión en su conjunto; contempla incentivos temporales o por única vez, según corresponda, y ofrece mecanismos de acceso al desarrollo profesional.

Existe una gran incongruencia en lo anunciado por el secretario de Educación federal, lamentablemente no ha sido posible conocer algún oficio de rescisión de esta naturaleza para comentar con certeza la causal de baja que imputan al trabajador. De ser el caso se estructuraría un medio de defensa para evitar este tipo de agravios.

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Venta de plaza

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Su mirada no veía a ningún lado, sus ojos parecían estar detenidos en algún pensamiento, quizá de frustración; su rostro se endureció, sus facciones así lo demostraban. Miguel Martínez  Hernández, afuera del edificio de la escuela Normal 1 de Toluca, a pie de banqueta, iniciaba el lunes 19 de octubre su diálogo con reporteros.

“El país vive una crisis de aplicación de justicia en todos los niveles de gobierno, donde la impunidad es la ley que solapa toda corrupción y la Escuela Preparatoria Oficial Anexa a la Normal 1 de Toluca no escapa a ella…”, manifestó de entrada el aún director de la prepa.

Asegura que el 27 de julio del año en curso hizo del conocimiento del secretario de Educación estatal, en presencia además del director de Bachillerato General, Cuitláhuac Anda Mendoza, así como del subdirector del nivel educativo respecto a la venta de una plaza realizada por Sylvia Ramírez González ─subdirectora de la preparatoria─, quien fue señalada como responsable de la acción por la persona que había realizado el pago.

En esas circunstancias le han solicitado dejar la dirección escolar mediante oficio: el director de bachillerato general le ordena cambiar de adscripción e incluso un abogado del jurídico de Bachillerato General ─Carlos Castañeda─, instruyó a la subdirectora y secretario escolar de la preparatoria para desalojar al maestro, a tal grado que el 13 de octubre le cambiaron las chapas de su oficina, para impedir su ingreso.

Las acciones realizadas en su contra son una clara muestra de represión de quienes tienen a su cargo el nivel educativo y en abierta protección a la subdirectora escolar, quien al parecer cuenta con la anuencia del  director de Bachillerato General para realizar este tipo de acciones, a pesar de que la Ley General del Servicio Profesional Docente no lo permita.

Asegura, además, que dichas autoridades le exigieron la adquisición de un vehículo utilizando los recursos generados del plantel, así como la práctica de imponer empresas a modo en trabajos diversos en las escuelas. Como ejemplo menciona la colocación de mochetas colocadas enfrente de la institución, pagando tres veces más el costo ofertado por otras.

Es, a todas luces, la protección y las posibilidades de corrupción que no puede permitir el secretario de Educación del Estado de México, por lo que es urgente realizar una investigación a fondo del tipo de relación que guardan las autoridades del Bachillerato General con todas y cada una de las escuelas del nivel, que a decir de radio pasillo, la prepa anexa a la Normal 1 de Toluca no es la única que sufre de este tipo de actuaciones.

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