Escuelas del diablo

 

* La historia de las escuelas normales rurales estará siempre ligada a los movimientos y luchas sociales. No es casualidad que la desaparición del modelo educativo de esas escuelas esté siempre en las agendas presidenciales como un objetivo prioritario. El estudiante de Ayotzinapa, Julio César Mondragón, paso por tres normales ante de quedarse definitivamente en Guerrero. Pero cuando ingresó a ese plantel, en Tixtla, tenía ya un plan elaborado para cambiar, desde la presidencia de la FECSM, algunos procesos que, desde su punto de vista resultaban inútiles y hasta salvajes, como los cursos propedéuticos, por ejemplo. Este es un fragmento del libro La guerra que nos ocultan, editado por Planeta en el 2016 y que narra la vida y muerte de Julio César Mondragón y cómo, además, su teléfono celular se convirtió en un asunto de seguridad nacional.

 

Francisco Cruz/ Félix Santana / Miguel Ángel Alvarado

Nadie sabe cuándo se inoculó la idea del normalismo rural en Julio César. Es cierto que dos de sus tíos son maestros, aunque Cuitláhuac no quería que estudiara esa carrera. Había querido que su sobrino estudiara en la Universidad Pedagógica Nacional, pero no logró convencerlo y tuvo que observar, desde el apoyo que podía darle, la cuidadosa búsqueda y los desencuentros estudiantiles del joven que lo encaminaron al final a Ayotzinapa. Porque para llegar a Guerrero hubo un camino, determinado por un plan personal que poco a poco tomó forma y en el que Tenería y Tiripetío fueron fundamentales.

La niñez de Julio César transcurrió junto a su hermano Lenin, menor por un año, quien lo vio crecer y pasar por la primaria “Gabino Vázquez”, la telesecundaria de San Simonito, en Tenancingo, y la preparatoria en el Colegio de Bachilleres local. La habilidad que desarrolló para aprender sistemas digitales no lo alejó de otras actividades. Atleta consumado, frontonista experto y corredor adicto, Julio César también tenía tiempo para los estudios y la familia.

Fue fácil para los Mondragón respetar su deseo por el normalismo rural. A diez minutos de su casa, en auto, está la Normal Rural de Tenería, una de las más combativas y respetadas, pero cuya demanda se ha desplomado por diversas razones.

Y estas no sólo provienen de los intentos del gobierno federal por cerrar las normales. En algunos casos, los directivos se han encargado de quebrantar el espíritu del profesorado, tal y como lo documentaron Julio César y Lenin, quienes conocieron, cada uno a su manera, lo absurdo de los exámenes propedéuticos, pero también el desaseo financiero de quienes se encargan de recabar los boteos cotidianos, por ejemplo.

Porque Tenería no es lo que parece aunque apoye causas sociales, como las de los otomíes arrasados por la carretera del Grupo Higa de Juan Armando Hinojosa, y diga desde su amargor que las fichas de inscripciones apenas llegaron a 300 en 2015, cuando cuatro años antes rebasaban las mil 200. Se quejaron y la revista Proceso los reprodujo. Dicen la verdad, pero no toda. Dicen, por ejemplo, desde un reportaje firmado por José Gil Olmos, el 19 de junio de 2015, que tienen una matrícula de 572 alumnos y que el presupuesto alcanza para lo elemental. “Se les brinda hospedaje, alberca, centro de cómputo, área académica, atención médica, peluquería, lavandería, alimentación, biblioteca, sala audiovisual y didáctica, salón de danza y auditorio […], canchas de futbol, basquetbol y volibol, taekwondo y gimnasio. No cobramos cuotas”, publica Proceso citando al vocero estudiantil de ese entonces, Yousen Aragón.

Hasta 2014 Tenería era una de las dos escuelas más favorecidas por el gobierno, que invertía 85 pesos diarios por alumno. Ayotzinapa, en contraste, era de las menos apoyadas, apenas con 50 pesos diarios. De los 400 millones de pesos aprobados para 2015 por el Congreso federal, la “Raúl Isidro Burgos” se llevó 50 millones como “compensación” por su desgracia, aunque las otras rurales también percibieron más recursos. Tuvieron que desaparecer 43 alumnos y morir asesinados tres para conseguirlo y no seguir sobreviviendo con 10 millones de pesos al año, el promedio presupuestal antes de Iguala.

Y lo que se omitió sobre Tenería lo dijo Julio César. A él no le espantaba el terrible propedéutico que, desde el punto de vista de los hermanos Mondragón, es brutal por incongruente. Después de asistir a los círculos de estudio, Julio César encaró ese propedéutico en Tenería, un horror para muchos porque los lleva al extremo de la resistencia y, más peligroso aún, al servilismo sinsentido.

A punto de desertar al tercer día del propedéutico, Julio confesaba a su hermano que los frijoles quemados y un café eran la única comida del día en esa prueba que duraba semana y media y que le daba derecho a media hora diaria de sueño y nada más, porque el tiempo no alcanzaba para los aspirantes, que ocupaban parte de esa estancia haciendo guardia a las puertas de la escuela, gritando consignas.

—¿Por qué hacer una prueba como esta? —se preguntaban los hermanos cuando aquello terminó y Julio César ya descansaba en su casa antes de comenzar el semestre.

Le contó a Lenin que le había tocado limpiar un foso con agua estancada del drenaje y que debió meterse a trabajar sin ropa adecuada. No les dieron nada, sólo usaron la única muda que les permitieron. Así, entre el miasma, a los aspirantes los pusieron a trabajar y cuando terminaron el resultado no tuvo sentido porque la fosa estaba diseñada para volver a llenarse de suciedad. Julio, dice otro de sus tíos, Cuauhtémoc, pescó una infección crónica en un pie.

—Casi abandonaba, carnal —le confesó a Lenin ya riendo—, pero me acordaba que cada vez faltaba menos y así me la llevé.

Julio César le narró a su hermano cómo era la semana y media de pruebas: empezaba a las cinco de la mañana, cuando los levantaban al grito de “¡Vienen los soldados, vienen los soldados!”, el azotar de puertas y la orden terminante de que los aspirantes se alinearan en disciplinada formación, para luego salir a correr por las calles de Tenancingo, en una ruta que para Julio César resultaba lo de menos, por su entrenamiento físico. Luego, un café y horas de estudio en los grupos asignados para esperar las pruebas físicas.

Pasado el infierno inútil para Julio César, la carga curricular fue pan comido. Cumplía si había boteos, porque se organizaban muy pocas tomas de camiones debido a los acuerdos alcanzados por la normal con el gobierno de Peña Nieto cuando, después de múltiples movilizaciones, en 2008, la escuela pactaría a fin de garantizar la entrega de 128 plazas para sus egresados y la preservación del presupuesto para la institución.

Poco después, Peña desconoció los acuerdos y, ante el inminente incumplimiento, la comunidad estudiantil inició una serie de paros escalonados que llevaron a una huelga en agosto de ese año. El 14 de septiembre, en un operativo policiaco, 400 granaderos apoyados por helicópteros rodearon la escuela para tomar las instalaciones. Ante el asalto y desalojo de los estudiantes, habitantes de cinco pueblos vecinos se movilizaron y formaron un cerco para impedir la toma de la normal. Hasta la FECSM —organización que administra al alumnado de las 16 normales rurales en el país— había convocado a otras escuelas en auxilio de Tenería. Frente a esa defensa, el gobierno mexiquense dio marcha atrás y volvió a reconocer los acuerdos.

Sin embargo, eso tuvo un costo. Los líderes estudiantiles de Tenería cedieron, por lo menos prometieron, docilidad. Garantizada la subsistencia, el gobierno del Estado de México concedió las 128 plazas para que las asignara el Comité Estudiantil en mesas de negociaciones encabezadas por los Servicios Educativos Integrados al Estado de México (SEIEM). También les mejoraron el presupuesto y por eso la normal, aun en su pobreza, no padecía como Ayotzinapa.

“Entonces, ¿por qué un propedéutico así?”, se preguntaba Julio César todavía en el examen, mientras vaciaba, literalmente con las manos o una pequeña bandeja, junto a otros, una enorme alberca a la que bastaba quitarle un tapón para que el agua se fuera sola.

El porqué lo descubrió luego.

Un año después Lenin se preparaba para su propia prueba en Tenería, siguiendo los consejos del hermano. Lo hacía bajo la advertencia de que durante el propedéutico apenas podría dormir media hora por día y que no debía despreciar el plato de frijoles acedos que le servirían. También comió lo que otros no querían porque sabía que sería su única fuente de energía. Así que contestó los exámenes y le tocó trabajar la tierra.

Bueno, si a eso se le llamaba “trabajar”, porque le dieron una pala doblada y, para cortar yerba, un machete sin filo. No dijo nada porque ya estaba consciente de aquello, pero su carácter le impidió continuar. Ese mismo día los mandó al diablo, enojado y decepcionado porque las pruebas eran todavía más dementes de lo que su hermano Julio César le había anticipado.

—¿Y ’ora, carnal? —le preguntó a Lenin cuando lo vio entrar a la casa.

—Me salí —respondió Lenin, secamente.

Ese día, el hermano menor dijo adiós al normalismo rural y eligió la carrera de administración en un tecnológico regional.

“El propedéutico no existía antes, pero tiene una razón de ser —dice el profesor Cuitláhuac, haciendo memoria—. Antes del propedéutico, Tenería era una de las escuelas más reconocidas, pero ahora, lo digo porque lo he visto, forma personas pasivas, obedientes y serviles. La práctica docente de esas personas fracasa porque, en primer lugar, ya no quieren ser maestros rurales”.

Las pruebas tienen sus antecedentes cercanos en 1997 en la Normal Rural “Luis Villarreal” de El Mexe, Hidalgo, cuando Jesús Murillo Karam era gobernador de aquella entidad y Miguel Ángel Osorio Chong era su secretario de Gobierno. Era la normal más politizada de México, pero en 1995 uno de los líderes del Comité, apodado El Pantera, había decidido secuestrar camiones y vandalizar sin razón aparente, una práctica erradicada de esa institución desde hacía algunos años.

Dos años más tarde, en 1999, llevó a los estudiantes a enfrentamientos innecesarios contra las autoridades, decididas a cerrar aquella escuela con la excusa de la violencia. La madrugada del 19 de febrero de 2000, la escuela fue tomada por 300 granaderos y al menos 700 estudiantes fueron detenidos y recluidos en diferentes prisiones. En respuesta, otros normalistas y padres de familia se organizaron para recuperarla con palos y piedras.

Enfrentaron a los policías, capturando a 68 granaderos, quienes fueron exhibidos en la plaza de la cabecera municipal junto con 15 armas largas AR-15, decenas de escopetas y lanzagranadas, varios escudos y toletes. Los estudiantes liberarían a los policías si el gobierno estatal soltaba a todos los detenidos y resolvía un pliego petitorio.

El gobierno aceptó las condiciones, amplió la matrícula, aumentó plazas para los egresados y reorganizó la estructura académica y administrativa de la escuela, asegurando la sobrevivencia de la institución durante tres años, porque en 2003 las divisiones internas de la comunidad estudiantil —alentadas y coordinadas por infiltrados del gobierno estatal— permitieron a Osorio Chong, ya como gobernador, cerrarla definitivamente. En 2005, Chong argumentó que los maestros rurales no eran necesarios.

Utilizados, infiltrados y manipulados por el gobierno estatal, los alumnos perdieron El Mexe y también ayudaron, sin querer, a establecer uno de los estereotipos más arraigados en parte de la ciudadanía mexicana: aquel que muestra a los estudiantes normalistas rurales como vándalos y parásitos que chantajean al Estado.

“Los propedéuticos no son idea de los normalistas, sino de infiltrados del mismo gobierno y usan esas pruebas para justificar el cierre de las escuelas. En Tenería ya pocos profesores son éticos, progresistas y rurales. Yo lo digo: por ahí van a cerrar las normales rurales, por los propedéuticos inhumanos”, alerta el profesor Cuitláhuac Mondragón.

Julio César se mantuvo en la normal durante dos semestres. Cumplía con todo, hasta con pedir dinero para la escuela con la esperanza de que lo recabado se usara en beneficio de ella, no obstante que externaba su desacuerdo con dicha actividad. ¿Para qué botear si el dinero iba para otros fines? Desde la visión de Julio César, Tenería no tenía necesidades apremiantes porque el gobierno del Estado de México la trataba bien con los presupuestos.

Poco a poco el enojo se le fue desbordando a Julio César y un día no pudo aguantarse. La razón de que lo expulsaran en 2010 de Tenería la relata uno de sus amigos en esa escuela, quien recuerda que en una reunión del Comité de Alumnos se daba a conocer el estado financiero. Julio César escuchaba las explicaciones y miraba las cuentas que se les entregaban a los presentes. De pronto se levantó, pidió la palabra y desde su asiento se dirigió a los que estaban al frente. Y preguntó, directo y sin rodeos, por el dinero que se había juntado para la escuela.

Se hizo el silencio. Julio César, aprovechando el paréntesis, les reventó allí a los dirigentes: “Muy comunistas, muy socialistas, y mírense, robando el dinero de la escuela”. Después abandonó el lugar.

Su salida era cuestión de tiempo. Faltaba, era cierto, y su familia, a la que nunca le dijo las verdaderas razones, atribuyó las ausencias a la muerte de su abuela Guillermina Fontes. Las faltas fueron una de las causas reglamentarias para que el Comité lo diera de baja. Pero lo cierto es que “Tenería se molestó con él porque les dijo sus verdades”, recuerda su amigo.

Cuitláhuac, su tío, hablaría con el secretario general del Comité, quien le dijo que su sobrino era apático para las actividades físicas y que además los criticaba mucho. Les echaba en cara que se faltara tanto y que “los alumnos [hicieran] mucha flojera”.

—Está bien que no haya clases, pero que Julio no lo divulgue —dijo al final Carlos Próspero, uno de los subdirectores administrativos que no movieron un dedo para ayudar al estudiante, sabiendo que las razones de la salida eran otras.

Julio César también criticó a los del Comité por vivir como ricos. En un ambiente de pobreza, los dirigentes tenían en sus habitaciones televisión por cable y gastaban en relojes caros. Fue por esos días cuando Julio César tomó la determinación de encabezar la Secretaría General de la FECSM para terminar con las prácticas antinormalistas y apoyar las verdaderas necesidades sociales.

La boleta de Julio César Mondragón Fontes en la normal mostraba buenas calificaciones. Entonces decidió probar suerte en el Distrito Federal, en la Benemérita Escuela Nacional de Maestros, pero los traslados resultaron imposibles. Cuatro horas en camiones redujeron a nada esa aventura que, sin embargo, duró seis meses. Mejor se puso a trabajar. Se alquilaba en el campo porque su fortaleza física lo ayudaba sin problemas a soportar largas jornadas. También trabajó en una tienda Oxxo y estuvo en la construcción del nuevo penal de Tenancingo, donde lo contrataron como peón.

Si bien probó suerte en un tecnológico privado de su comunidad, las colegiaturas y su vocación lo orientaban de nuevo hacia las normales. Al mismo tiempo conoció en un baile escolar a la profesora tlaxcalteca Marisa Mendoza Cahuatzin. Se hicieron novios y Julio César supo que su vocación se reafirmaba.

—No, carnal, lo mío es el normalismo y voy a regresar —le dijo a Lenin una vez.

Escogió la normal de Tiripetío, Michoacán, y se preparó para los exámenes, en 2013, que incluían otro propedéutico, aunque no al estilo de Tenería. Pero la experiencia michoacana fue más de lo mismo. Mientras se desarrollaban los exámenes, los pusieron a botear y a Julio César le tocó pedir a los tripulantes de una camioneta, “una troca tipo narco”, contaría después, cuyo conductor bajó la ventanilla para meter un billete de mil pesos en la alcancía. Julio César no supo qué hacer.

—Ahí ’stamos —le dijo el hombre, tocándose el sombrero en señal de despedida y arrancando el vehículo.

Esa jornada terminaría bien para todos, menos para Julio César, porque, reunidos más tarde y en presencia de delegados observadores de otras escuelas, entregó lo que había recolectado.

—¿Y ese dinero para dónde va? ¿Y dónde está el billete de mil pesos? —preguntó entonces Julio César.

—Tú cállate —fue la respuesta que recibió, aunque observadores de otras escuelas que estaban presentes le dieron la razón al joven.

Después, los de Tiripetío le dijeron en privado que esa pregunta le costaría la permanencia.

—Aquí no te quedas —sentenciaron.

Y así fue.

—Abrí mi bocota y los cuestioné —contó luego Julio César a su familia, cuando se hizo oficial que en Tiripetío no se quedaría.

El embarazo de Marisa y hacer vida común le exigían recursos. Volvió al trabajo, esta vez como guardia en los autobuses Caminante, en la central camionera de Observatorio, Ciudad de México, y después como custodio en el centro comercial Santa Fe, también de la capital. Pero no dejaba de ayudar en las faenas comunales en su pueblo, Tecomatlán, a las que iba sin recibir pago alguno.

“Cómo lo extrañan los delegados”, señala Afrodita, su madre, cuando recuerda el trabajo que hacía su hijo para el pueblo.

Después de Iguala nada queda del joven que levantaba a su madre a la medianoche para que le asara un plátano macho y lo acompañara a la mesa para comérselo. Nada queda de las últimas pláticas en las que el normalista encargó a su bebé con ella. “Yo ya me voy”, le decía, y ella creía que se refería simplemente a volver a la normal.

 

El objetivo: desaparecer las normales rurales

 

Se ha escrito ampliamente sobre el origen de las normales rurales. De modo que es necesario sintetizar sus rasgos más importantes para entender su contribución al proceso educativo. Se fundaron después de la Revolución y son consideradas una de sus conquistas más importantes. La educación rural tenía importancia fundamental porque la mayoría de los mexicanos se ocupaba de cuestiones agrarias: 72% de la población total vivía en el campo.1

Dado el origen del nuevo gobierno, el concepto de justicia social fue de gran relevancia en el discurso político de la época. El compromiso por la educación era otro y el objetivo era apoyar sectores históricamente excluidos. El Estado emprendió un proyecto de proporciones gigantescas para transformar la vida de campesinos e indígenas.

Fue el teórico Moisés Sáenz quien impulsó la creación de esas escuelas para reducir la brecha entre ciudad y campo, integrando a la población indígena y mestiza del México rural a la vida nacional.

Las normales rurales se desprenden de la fusión de las normales regionales y las escuelas centrales agrícolas, constituidas a principios de los años 20. Esas normales regionales formaban maestros que en poco tiempo estarían capacitados para enseñar a leer, escribir e introducir técnicas agrícolas bajo el modelo de internado mixto de 50 alumnos; funcionaban con poco presupuesto y mínima supervisión de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Por su parte, las escuelas centrales agrícolas se crearon en el gobierno del presidente Plutarco Elías Calles como un proyecto que, con maquinaria moderna, organización cooperativista y crédito público, debía mejorar la producción del agro.

A principios de 1930 esas dos instituciones se fusionaron junto con las llamadas Misiones Culturales4 e integraron las escuelas regionales campesinas para cumplir un plan de estudios de cuatro años que formaría maestros rurales y técnicos agrícolas. Los estudiantes serían de origen campesino y la estructura cooperativa haría posible la autosuficiencia. También combatirían las necesidades de las comunidades aledañas. En 1926, las regionales campesinas se transformaron, por fin, en normales rurales y en seis años ya había 16 de ellas.

La primera estuvo en Tacámbaro, Michoacán, en 1921, y rendía cuentas a la recién creada SEP de José Vasconcelos. Fue relativamente fácil echarla a andar porque contaba con el apoyo del general Francisco J. Múgica, gobernador izquierdista, quien al año siguiente atestiguó la fundación de más rurales en su entidad en Ciudad Hidalgo, Uruapan y Huetamo. El gobierno de Múgica dedicó la mitad de su presupuesto a la educación y por eso pudo duplicar el salario mínimo de los maestros —cinco pesos diarios—, que se pagaba puntualmente cada 15 días, hecho insólito hasta entonces.

Sin embargo, la Normal Rural de Tacámbaro y otras no fueron bien vistas por los hacendados ni por el clero. Los curas las llamaban “escuelas del diablo” desde entonces. La Iglesia amenazó con excomulgar a las familias de los inscritos y comenzó a correr rumores sobre prácticas inmorales en los internados.

El normalismo rural pronto cosechó sus primeros enemigos, que desde entonces nunca lo abandonarían. Los terratenientes, las compañías mineras y las empresas forestales aliadas con el clero engañaban y amenazaban a los campesinos, haciéndolos dudar de la labor del maestro.

Tras la Guerra Cristera (1926-1929), la Normal Rural de Tacámbaro fue reubicada varias veces hasta que en 1949 se instaló en Tiripetío, en la ex hacienda de Coapa, una acción simbólica que hacía referencia al reparto agrario de la Revolución: no sólo tierras para los campesinos, educación también. El nacimiento de la primera normal rural, en su organización como en su modelo educativo, constituía un acto de justicia.

Las normales rurales se convirtieron en la única vía por la que campesinos e indígenas podían mejorar sus condiciones de vida. La relación que se estableció entre maestros y campesinos pronto fue indisoluble porque las normales eran también un centro de convivencia social donde lo mismo se iba a escuchar la radio que a despiojar niños y alimentar a los estudiantes, cuidar enfermos y hasta gestionar créditos gubernamentales. Eran espacios de influencia.

El sentido de justicia social en las normales rurales, la enseñanza práctica, la simbiosis entre escuela y comunidad, así como la castellanización de los indígenas, la educación técnica y el vínculo con el reparto agrario que impulsó el presidente Lázaro Cárdenas tuvieron un impacto fuerte y positivo en las normales. Fue con Cárdenas cuando el presupuesto para las Escuelas Regionales Campesinas se incrementaría y el número de planteles llegaría a 35.

También se preponderó el papel del maestro como líder comunitario, no sólo en términos culturales y económicos, sino políticos. Sin saber o sin entender aún las consecuencias de darle poder al maestro, se fortaleció la experiencia del autogobierno.

Razones para reprimirlas o desaparecerlas había de sobra desde la óptica de los gobiernos posteriores al de Cárdenas: educación socialista, exclusión de toda doctrina religiosa, combate al fanatismo, así como a los prejuicios.

Si bien el “sufrimiento” de las normales rurales recibió más atención a partir de 1940 con la llegada de Manuel Ávila Camacho a la Presidencia, sus problemas graves habían estallado a raíz de la expropiación petrolera, cuando cayó el presupuesto destinado a ellas. Maestros, alumnos y campesinos se organizaron para exigir tierras y mayor apoyo para combatir el deterioro de internados y escuelas.

En 1935 nació en la Central Campesina de El Roque, Guanajuato, la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México (FECSM), formada por alumnos de todas las escuelas normales rurales, pero el gobierno nunca entendió la intención de esa agrupación y para 1941 el avilacamachismo la consideraba un dolor de cabeza.

En menos de dos años, la organización estudiantil y la lucha por el liderazgo del movimiento magisterial en todo el país fueron vistas como una amenaza para el gobierno y Ávila Camacho ordenó crear el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) para el servicio de la Presidencia de la República.

La respuesta presidencial también ha sido la misma desde los años 40: una campaña para acabar con a la “disidencia comunista” y la aniquilación de escuelas regionales campesinas a fin de transformarlas en escuelas prácticas de agricultura, además del cierre de planteles que apenas dejó 18 normales rurales con vida. En 1943 se separó a los estudiantes en planteles unisexuales (nueve para varones y nueve para mujeres) y en 1945 se unificó el plan de estudios junto con el de las normales urbanas.

La situación para los normalistas se agravó durante el mandato de Miguel Alemán, quien frenó la Reforma Agraria y privilegió el capital privado para crear una agricultura de alto rendimiento a costa de la sobreexplotación del campo y los campesinos.

Para los años 60 fueron cotidianas las agresiones gubernamentales, pero la organización estudiantil mantuvo sólidos los motivos fundacionales, evitó la reducción de matrículas y conservó los internados, las becas y las prácticas rurales. Los estudiantes también luchaban por mantener la educación socialista a través de los Comités de Orientación Política e Ideológica (COPI), vigentes hasta la fecha, que abordan y estudian al marxismo-leninismo para entender la realidad del país y su condición social de exclusión y discriminación.

Las normales rurales se sumaron al movimiento estudiantil de 1968, en el cual tuvieron una participación activa y destacada. Después de la represión en Tlatelolco, los normalistas recibieron uno de los golpes más brutales de su historia porque Gustavo Díaz Ordaz cerraba 15 de las 29 escuelas que había y fueron convertidas en secundarias técnicas bajo la consigna de que eran semilleros de guerrilleros y grupos armados.

La década de los 70 representó para los normalistas persecución y represión sin cuartel. En plena Guerra Sucia, emprendida por el presidente Luis Echeverría, se utilizaron como referencia violenta y enemigos del Estado imágenes de Arturo Gámiz, Genaro Vázquez y Lucio Cabañas, líderes comunitarios y profesores normalistas que participaron en la organización de movimientos guerrilleros.

Como se difundió la idea de que las normales rurales eran formadoras de movimientos armados y no cumplían con el papel de escuelas, el gobierno tuvo la oportunidad de mantener una política de abandono, agresión y hostilidad, obligando a la FECSM a pasar a la clandestinidad.

Y así llegaron a 1982, cuando la mayoría de las normales rurales se declaró en huelga para exigir al gobierno lo mismo que en años anteriores. La respuesta también fue la misma: ataques del Ejército y la policía.

En suma, desde 1922 se han fundado 43 normales rurales, tres centros normalistas regionales, tres normales urbanas, tres urbanas federalizadas y una normal indígena, un total de 53 escuelas, aunque nunca funcionaron al mismo tiempo y algunas fueron reubicadas o convertidas en secundarias técnicas o universidades politécnicas.

Con artimañas distintas, en 93 años el gobierno federal ha cerrado 35. Actualmente funcionan sólo 16 normales rurales, un centro normal regional y la Normal Indígena de Cherán, en Michoacán, las cuales desde 2013 atienden a una población que ronda los 6 mil 590 alumnos. Esto contrasta con el crecimiento exponencial de las normales privadas.

De acuerdo con cifras oficiales, para 2007 había 468 escuelas normales en todo el país: 287 públicas y 181 privadas que atendían a una población de 160 mil estudiantes; cinco años más tarde había 489 escuelas normales: 271 públicas y 218 privadas, con una matrícula de 134 mil alumnos. Así pues, 16 normales públicas dejaron de funcionar, y a cambio se crearon 17 privadas.

 

Los papeles abiertos de la historia

No resulta difícil comprender que los estudiantes de las normales rurales se involucraran e incluso encabezaran luchas armadas, como lo hizo Lucio Cabañas Barrientos, alumno de Ayotzinapa, secretario general de la FECSM en 1962, y quien cinco años después, en 1967, se internara en la sierra de Guerrero para fundar el Partido de los Pobres.

Su capacidad organizativa y activismo guerrillero eran monitoreados por el gobierno mexicano, el Departamento de Estado de Estados Unidos y la CIA.

Otro profesor, egresado de la Benemérita Normal para Maestros en la Ciudad de México, Genaro Vázquez Rojas, militó en el Movimiento Revolucionario del Magisterio y luego en el Movimiento de Liberación Nacional. Formó parte de la Central Campesina Independiente (CCI) y la Asociación Cívica Guerrerense (ACG) . Tras su detención y posterior fuga de la cárcel de Iguala, constituyó la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria y sus fuerzas armadas con una estrategia político-militar dirigida por él mismo.

Misael Núñez Acosta fue alumno de Tenería en Tenancingo, Estado de México, y fundador de la CNTE, que aglutina al magisterio disidente. Pero la disidencia genera una sensación de tragedia: han sido asesinados al menos 152 de sus integrantes desde su constitución.

Durante el gobierno de Vicente Fox Quesada (2000-2006) se creó la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (FEMOSPP), la cual esclarecería crímenes de lesa humanidad cometidos por el Estado durante la Guerra Sucia. Esa intención de actuar contra los responsables de las matanzas de 1968 y 1971 quedó en eso. Sin embargo, antes de que Fox se arrepintiera hubo un avance en 2002, cuando el acervo documental del Cisen fue trasladado al Archivo General de la Nación (AGN), en la antigua cárcel de Lecumberri.

Mudaron 4 mil 223 cajas a la Galería Uno del AGN con todo y personal de Seguridad Nacional para resguardo, administración y manejo del material debido a la complejidad del archivo, conformado por más de 58 mil expedientes y un índice analítico de 5 millones de tarjetas del Departamento de Investigación Política y Social (DIPS), la Dirección Federal de Seguridad (DFS) y la Dirección General de Investigaciones Políticas y Sociales (DGIPS) de los gobiernos priistas de 1947 a 1989.

Ahí se encuentra información sobre actores relevantes: empresarios, estudiantes, sindicalistas, artistas, intelectuales, académicos y políticos. Además, se encuentra la memoria de la Guerra Sucia contada en informes elaborados por los agentes del Estado encargados de espiar, infiltrar, detener ilegalmente, secuestrar, torturar, desaparecer y asesinar bajo el argumento de combatir cualquier indicio de organización contraria o crítica al gobierno, los “enemigos del Estado”.

En enero de 2012 se publicó la Ley Federal de Archivos, a través en la cual se establecían los plazos para reservar los “archivos históricos confidenciales” hasta por 30 años a partir del momento en que fueron creados, y por 70 años aquellos que contuvieran datos personales, catalogados como “confidenciales sensibles”.

En 2013 y 2014 se publicaron investigaciones periodísticas sobre la Guerra Sucia en las que se evidenció la brutalidad del gobierno contra organizaciones políticas, campesinas, estudiantiles o guerrilleras. Pero el acceso duró poco porque el gobierno peñista lo restringió utilizando la Ley Federal de Archivos y la Ley Federal de Transparencia y Acceso a

la Información Pública Gubernamental, reservando documentos hasta por 70 años debido a que pueden contener datos personales; es decir, torcieron la ley para evitar la consulta a pesar de no contar con información confidencial sensible que, sin embargo, desnudaba el modo de operar del Estado mexicano.

Durante la efímera apertura de los expedientes, a través de la solicitud de información con folio 0495000006008, el periodista Zósimo Camacho14 consultó más de 10 mil fojas en 31 legajos. Encontró información sobre el espionaje que el gobierno mexicano realizó a lo largo de tres décadas, en los 60, 70 y 80, de las normales rurales y la publicó en la revista Contralínea del 26 de octubre al 30 de noviembre de 2014, un mes después de Iguala.

La DFS recopilaba información con agentes de campo infiltrados en las organizaciones estudiantiles que se hacían pasar por alumnos, maestros o activistas de organizaciones sociales que obtenían nombres, apellidos y números telefónicos, pero también discursos e intervenciones de los normalistas.

La infiltración del gobierno en organizaciones estudiantiles llegó a tal grado que alentaron y financiaron al Consejo Permanente de Escuelas Normales Rurales (CPENR), dirigido por el estudiante Zenón Ramírez, para disputarle la dirección política de las escuelas a Lucio Cabañas, secretario general de la FECSM en 1963, pues de las 30 normales en funciones la FECSM controlaba 18 y el CPENR. Este último recibía apoyo político de Manuel Ortega Cervantes, dirigente del Movimiento Político de la Juventud del Movimiento de Liberación Nacional y apoyo económico de la profesora Guadalupe Ceniceros de Zavaleta, ex subdirectora de Escuelas Normales de la República, en ese momento directora de Internados de Primarias.

Pero en 1965 había movimientos que al gobierno le preocupaban más porque, de acuerdo con el informe de la DFS del 23 de septiembre de ese año, el Grupo Popular Guerrillero (GPG) —encabezado por el maestro rural Arturo Gámiz García, el líder campesino Álvaro Ríos Ramírez y el médico y profesor normalista Pablo Gómez Ramírez— coordinaba un ataque relámpago al cuartel militar en Madera, municipio rural del estado de Chihuahua. Estaba conformado por estudiantes y profesores de escuelas normales rurales y campesinos, quienes retomaban la escuela del guerrillero argentino Ernesto Che Guevara.

Esta acción es considerada una de las más importantes registradas en la historia de la insurgencia mexicana porque sacudió los cimientos del gobierno mexicano, exhibió a los caciques y latifundistas chihuahuenses y fue un detonante para la guerrilla en todo el país, pero hay información que confirma que antes, durante más de 12 meses, un grupo de 40 profesores, maestros y campesinos realizaron otras acciones, como dice la tarjeta fechada el 21 de julio de 1964, que señala que cinco agentes encabezados por Rito Caldera Zamudio habían sido comisionados para ubicar y detener a un grupo de insurgentes, los cuales sorprendieron a los policías, los rindieron y tomaron presos para después dejarlos libres. La importancia de los líderes y organizaciones estudiantiles preocupa a los mexicanos, pero también al gobierno de Estados Unidos, como consta en un informe del 14 de abril de 1966 firmado por Ángel Posada Gil, Fermín Esparza Irabién y el capitán Apolinar Ruiz Espinoza dirigido al director de la DFS, Fernando Gutiérrez Barrios. “El régimen estadounidense veía como un serio peligro a los estudiantes normalistas rurales”,16 explicaba la nota. De acuerdo con ese despacho informativo, un elemento de apellido Hoillt, de la Agencia Federal de Investigación (FBI), realizaba invitaciones al Comité Ejecutivo de la FECSM para que analizaran la propuesta de visitar Estados Unidos respaldados por becas.

Dos años antes, el 25 de febrero de 1964 un parte firmado por el agente de campo Blas García Hernández describe la coordinación entre el gobierno mexicano y el estadounidense para detener la huelga que pretendían estallar los estudiantes durante la celebración de su Congreso Nacional y la posibilidad de realizar una investigación policiaca para conocer más sobre la naturaleza de la FECSM.

Como parte de las acciones para disminuir la capacidad de movilización de la FECSM, en agosto de 1966 surgió la Federación Nacional de Normales Urbanas (FNNU). Un año después, el gobierno organizó una Asamblea Nacional de Educación Normal Rural que pretendía construir un modelo de normalismo para desaparecer los internados de las escuelas y terminar con huelgas y paros, reduciendo posibilidades de movilizaciones por alimento y hospedaje, controlar las becas e inscripciones y desapareciendo la carga política-ideológica.

La DFS compiló una gran cantidad de información sobre cada una de las escuelas, de las que sabía todo, su relación con las comunidades agrarias circunvecinas, infraestructura, número de alumnos, integrantes de los comités estudiantiles, comisariados ejidales y afiliación a la Confederación Nacional Campesina (CNC) o a la CCI, comunidades indígenas, principales cultivos, producción pecuaria y ubicación geográfica con mapas y croquis.

Simultáneamente, la Confederación de Jóvenes Mexicanos (CJM), ex aliada de la FECSM, se había unido al gobierno diazordacista y pedía la desaparición de las normales, como exhibía un desplegado publicado en El Universal el 14 de marzo de 1968. Para noviembre, cuando los alumnos regresaban de vacaciones, las normales habían sido cerradas y su mobiliario extraído. Ayotzinapa en Guerrero y Cañada Honda en Aguascalientes fueron sitiadas por el Ejército, y en otras había elementos de la 13 Zona Militar. Esta acción desató una huelga en 14 escuelas y con ello se logró abrir las 15 que el gobierno había cerrado. De todas maneras, nada terminó bien porque un año más tarde 13 escuelas fueron convertidas en Secundarias Técnicas Agropecuarias. Al intentar recuperarlas, los estudiantes se enfrentaron a contingentes de por lo menos 200 campesinos priistas respaldados por el Ejército que habían tomado las instalaciones junto con las policías locales, la DFS, el Servicio Secreto y la CNC.

Ese año la FECSM recibió el golpe más duro porque cerraron la mitad de sus escuelas. Sólo sobrevivieron aquellas en las cuales sus vecinos, la mayoría campesinos padres de los estudiantes, se solidarizaron para defenderlas. Pero el hostigamiento no se detendría y en épocas recientes una nueva andanada se desataría para alcanzar el objetivo de cerrar la totalidad de ellas.

Las normales rurales han sido condenadas a la desaparición por el gobierno federal, y Ayotzinapa por encima de todas porque representa el centro de la conciencia social en Guerrero, que también significa resistencia y organización para defender el derecho fundamental a la tierra y su riqueza que las mineras y el narcotráfico han cancelado en gran parte de México. Eso da sentido al dicho de luchadores sociales guerrerenses, Evelia Bahena entre ellos, que siempre repiten que Ayotzinapa es la razón de todo, aunque las esferas de poder busquen, y en ocasiones con desesperación, fórmulas para transformar y adecuar la realidad, incluso a través del terror.

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