“Están disparando, amor”

 

* Esta es parte de la historia de cómo el normalista de Ayotzinapa, Julio César Mondragón, torturado, desollado y asesinado la madrugada del 27 de septiembre del 2014 en Iguala, Guerrero, adquirió un celular, un LGL9, con el que trazó el mapa de sus ubicaciones, desde el 25 de septiembre del 2016, y pudo, como nadie, describir lo que ocurrió la noche del 26 de septiembre. Julio se convirtió en “símbolo oculto” de Ayotzinapa y los movimiento sociales de Guerrero y el país. Héroe sin rostro, Julio y su equipo celular han descubierto algunos misterios. Esta es la historia de ese celular y del mapa que de él se desprendió, y que forma parte del libro “La guerra que nos ocultan”, editado por Planeta en el 2016.

 

Francisco Cruz/ Félix Santana/ Miguel Alvarado

Allí está Iguala de la Independencia, a cuatro horas y media de la Ciudad de México, rodeada de cerros, custodiada por una bandera gigante que apenas ondea, chorreada en el calor a la mitad del año. Sus calles, excepto las avenidas que la circundan y que allá llaman periféricos, son angostas y casi intransitables porque el comercio se desborda en ellas, sobre todo en el centro, sobre todo en la Juan N. Álvarez.

Siendo la tercera ciudad en importancia de Guerrero y cuna de la historia mexicana, es pequeña y, según el INEGI, hasta 2016 tenía 140 mil 363 habitantes, aunque son más pero no se han contado. En realidad la gente va y viene por otras razones que no tienen nada que ver con el comercio común. Ruta de narcotraficantes, es uno de los primeros puntos donde recalan los desplazados por sicarios y mineras de los pueblos de la región; también es la principal proveedora de extractoras. Debiera ser rica desde el razonamiento más superficial que ubica a esas empresas como benefactoras, derramadoras de bondades en donde llegan.

Debiera, pero no, porque para marzo de 2016 había 50 bandas peleando a muerte por Guerrero, seis de las cuales se disputaban las calles y alrededores de Iguala, incluidas dos de reciente parto: Espartanos y Tequileros, versiones recargadas de los Guerreros Unidos y La Familia Michoacana dispuestas a todo. Una guerra declarada se anunciaba en narcomantas por toda la ciudad el 28 de marzo y anticipaba el baño de sangre que ya todos conocían y que, no se sabe cuándo, terminó por instalarse en el día a día igualteco, donde era normal que personal de bomberos y Protección Civil estuviera armado para acribillar normalistas, meter cuerpos en bolsas negras, amontonarlos en el patio del ayuntamiento y limpiar a manguerazos las calles anegadas en sangre.

Lo que ha dejado el 26 de septiembre en Iguala es horror y nada más. Las costumbres cambiaron, incluso las más sencillas. Antes de ese día se podía caminar en la madrugada y algunos establecimientos jamás cerraban, a pesar de conocerse el origen narcotraficante de autoridades y policías. Otros dicen que no, que andar a esas horas era imposible en una ciudad cercada por cadáveres.

Pero ahí está Iguala, inconmovible con sus narcolaboratorios de goma de opio y fosas clandestinas en la colonia San Miguelito, donde dos esqueletos y cuatro putrefactos fueron hallados y denunciados el 10 de abril de 2014 por el subteniente Pirita del 27 Batallón de Infantería, que junto al 41 Batallón de Infantería son las fulgurantes medallas de la ciudad. Sus soldados montan día y noche dos retenes, uno en la salida a Chilpancingo, a la altura de la colonia El Tomatal, y el otro rumbo a Taxco, en el puente El Enano, que anuncia que más adelante ese control militar ha establecido un campamento.

Ahí está la esquina que hacen Periférico Norte y Juan N. Álvarez y sus dos monumentos para los normalistas caídos de Ayotzinapa, Julio César Ramírez y Daniel Solís. Todavía en enero de 2016 círculos rojos pintados en las paredes señalaban los agujeros de las balas en esa escuadra. Nadie los toca o los remienda porque a un año y medio son todavía pruebas para la PGR —que sólo encontró un casquillo cuando fue a investigar— y ni los árboles cercanos han sanado, acribillados porque la puntería de los pistoleros no encontró por suerte más cuerpos humanos

Un anuncio sobre la desaparición de los 43 todavía cuelga del poste cercano en la Juan N. Álvarez, que se adentra en la ciudad y es la ruta que siguieron los jóvenes intentando el escape. Porque quién quiere meter tres camiones de pasajeros al centro de Iguala si sabe que no podrán pasar. No se necesita mucho para entender, mirando la primera cuadra, que hasta en auto es imposible hacer buen tiempo, menos escapar si encima se quiere levantar a alguien en medio de una verbena de la presidenta del DIF, por ejemplo. Y si los policías persiguen, la única razón para meterse ahí es que el resto de las calles están bloqueadas.

También está, en el número 153 de la Juan N. Álvarez, el Hospital Cristina, apenas una construcción de dos pisos pintada de verde claro, cuyas ventanas reflejan las nubes, excepto una, rota adrede o por accidente. Allí, el 27 de septiembre de 2014, cerca de la una de la mañana estuvieron 25 estudiantes pidiendo atención y refugio. Nada consiguieron, excepto que los soldados los fotografiaran y les dijeran que tuvieran “güevos”. La PGR llegó al Cristina el 13 de noviembre de 2014 para recolectar sangre seca, muestras de tejido, cualquier cosa que los normalistas hubieran dejado, hasta envolturas de alimentos o papeles usados para contener hemorragias, pero poco pudo hacer, al menos el especialista en dactiloscópica forense Alberto Rosas Fernández, porque “el lugar no fue preservado debido a que ya había sido limpiado”, escribió en su informe con folio 82878, dentro de la carpeta central de investigaciones.

Si uno camina, si cree que puede, más adelante está el autolavado Los Peques, propiedad de los hermanos Osiel, Víctor, Mateo, Salvador y Orbelín Benítez Palacios, a quienes todos en Iguala y hasta la PGR relacionan con los Guerreros Unidos pero que ya eran viejos cuando estos llegaron. Desde siempre han controlado la distribución de droga en la región y a los Beltrán Leyva les enseñaron los recovecos que guarda la ciudad. Eran poderosos y hasta posiciones políticas tenían, como lo demostraba el síndico César Chávez Salgado en el ayuntamiento de José Luis Abarca, integrante formal de ese sicariato.

Es Iguala, desdibujada por los expedientes de la PGR, llena de pistas desperdiciadas, pasadas por alto a propósito o porque alguien ya se cansó. Y ahí sigue la ciudad, atravesada en el centro por la calle Guerrero, con su Súper Farmacia Leyva, que está abierta las 24 horas. Esa calle pasa a un lado del ayuntamiento, calcinado por un incendio desde el 22 de octubre de 2014, cuando se desquitaba la furia contra el edificio evacuado días antes. A ese palacio le cuelgan aún pintas que dicen “Ayotzi Vive” y la manta gigante donde están los muertos y sus compañeros, frente al campamento de Los Otros Desaparecidos, languideciendo de infortunio luego del asesinato de su militante más activo, Miguel Ángel Jiménez Blanco, fundador de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), el 9 de agosto de 2015. Es el mismo palacio donde activistas y defensores de derechos humanos han declarado que “el enemigo en común de toda la lucha es la minera” y donde los normalistas de Ayotzinapa protestaron el 3 de junio de 2013, junto a otras organizaciones sociales, contra José Luis Abarca por la desaparición del fundador de la Unidad Popular de Iguala, Arturo Hernández Cardona. Mientras gritaban en la calle, con el edificio desalojado, la mujer del desaparecido reconocía el cuerpo de su esposo en la morgue.

Ya los árboles adornados con el rostro de los estudiantes no impresionan a los oriundos, aunque si se puede no se pasa por ahí, por la explanada donde María de los Ángeles Pineda Villa, la ex primera dama de la ciudad, bailó la canción del “El Cangrejito Playero” en compañía de sus amigos militares mientras los normalistas entraban a la ciudad.

Ahí sigue la ciudad, impávida como la mole del Hotel del Andariego, donde los narcos se reunían a veces para repartir las ganancias mensuales, pagar a jefes sicarios y de paso a los policiacos y a algunos funcionarios locales. En los cuartos de ese hotel se encerraban Raúl Núñez Salgado, El Camperra —chofer de Mario Casarrubias, El Sapo Guapo, con su extravagante diente de oro donde alguien con mucha paciencia le grabó una “R”—, y El Pechugas para contar el dinero, guardado en sobres con el nombre de sus destinatarios y que el primero entregaba personalmente para evitar malos entendidos.

Y esos paquetes: 2 millones 200 mil pesos distribuidos cada vez —las cantidades siempre variaron— como habían acordado los capos Casarrubias. Trescientos mil pesos para El Gil, que lo dividía en las manos del subdirector de la policía de Cocula, César Nava, el verdadero jefe de esa institución —y quien el 26 y 27 de septiembre “había faltado por incapacidad médica”— y sus agentes corrompidos; 350 mil pesos al May; 80 mil pesos al Cholo y 140 mil al Walter, un traidor al preferir la jefatura de Los Rojos; y al comandante Francisco Salgado Valladares, jefe de la policía de Iguala, 600 mil pesos.

Es la Iguala en cuyas calles todavía el 30 de septiembre de 2014 las autoridades encontraron a otros 14 normalistas, con lo que la lista de desaparecidos se redujo a los 43. Deambulando por Iguala, después de las balaceras, unos habían encontrado refugio con vecinos de buen corazón y otros se habían escondido durante horas, hasta que se sintieron menos inseguros y se aventuraron para pedir ayuda. Y con su Súper Farmacia Leyva convertida en mirador para ver asesinados, la ciudad es la misma donde Julio César Mondragón Fontes, El Chilango, platicaba con su esposa Marisa Mendoza por celular, el 26 de septiembre de 2014.

—Están disparando, amor —le dijo él, a las 21:27, cuando se encontraba con sus compañeros a una cuadra del centro de Iguala.

El mensaje, redactado con la premura de quien se protege de una balacera, es la pintura del paso a paso de una de las víctimas a quien menos caso se ha hecho, la descripción del camino que lo llevará a la muerte. También representa el destino de cientos de guerrerenses y luchadores sociales en todo el país opuestos a la lógica privatizadora que impone, reprimiendo, la Federación.

Julio César, de 22 años, maestro en formación, había tenido tiempo de dedicar una canción a Marisa, “Ámame más”, del grupo juvenil Breiky, a las 15:30 de ese día, antes de partir con sus compañeros. Ella escribiría un año después en las redes sociales: “¡La sigo recordando con mucho amor! ¡Julio, te extraño! ¡Cómo hubiera querido que no llegara este día!”.

Y aunque algunos han declarado que Julio le prometió que si salía con vida dejaría la normal, la suerte estaba echada. Omar García, también estudiante de Ayotzinapa, sobreviviente de la segunda balacera y uno de los más activos mediáticamente, afirma que al joven lo mataron porque, además de todo, tuvo el valor de escupir a la cara de sus captores, aunque no ha dicho cómo se enteró.

Julio César expresaba el amor por su escuela de diversas formas, pero con Marisa pudo sincerarse y aceptar, como un niño, que Ayotzinapa era importante para él. Tanto, que murió por ayudar a sus compañeros, pudiendo echar a correr, escaparse.

—Tengo miedo de decir esto, pero me empieza a gustar vivir en la normal —le dijo a Marisa, a las 20:51 del 26 de septiembre de 2014, cuando ella le escribía desde Tlaxcala, porque estaba de vacaciones.

 

Julio César compra el LG L9

 

Al joven lo persiguieron aun después de desollarlo y siguieron sus pasos excavando en su pasado digital, lo que se sabe gracias a las coordenadas grabadas en su teléfono, robado el día de su muerte, un LG L9 que el propio Julio César consideraba “demasiado equipo”.

Él había perdido su anterior celular y estuvo una temporada sin aparato hasta que el 24 de septiembre encontró quién le vendiera uno, por mil 700 pesos. Le emocionaba volver a hablar con su mujer y planeaban reunirse en los días próximos. Quien le vendió el teléfono fue otro estudiante de Ayotzinapa, también desaparecido, Jorge Luis González Parral.

El tío de Julio César, Cuitláhuac, recuerda que ese joven ya había vendido algunos equipos entre los muchachos de la escuela. González Parral, a quien apodaban Charra, era originario del municipio de Xalpatláhuac, a 127 kilómetros de Tixtla, a una hora 53 minutos por carretera, en la Alta Montaña de Guerrero, y que no sobrepasa los 12 mil habitantes. De 21 años, Charra nunca supuso que el número que le dio a Julio César, el 7471493586, y sus actividades, registradas en una sábana de llamadas de la compañía Telcel (Radiomóvil DIPSA, S.A. de C.V.), se convertirían en un asunto de seguridad nacional.

Esa base de datos telefónica fue entregada a la PGR el 31 de agosto de 2015, cinco días después de requerirla. Allí, en las 132 hojas foliadas con el logotipo azul de Telcel, y en las que se imprimió una leyenda naranja en el centro de cada una, colocado por la PGR, que dice “CONFIDENCIAL”, el camino de Julio César se puede seguir entre combinaciones de tiempo, coordenadas y números celulares. Lo que se obtiene es que quienes descubrieron y reportaron el cadáver del estudiante, presentes en el levantamiento del cuerpo y que siempre se han declarado al margen, están más involucrados de lo que aceptan públicamente. Y esa participación, esta vez, puede probarse.

El general de división y titular de la Sedena, Salvador Cienfuegos Zepeda, negará tercamente la responsabilidad de sus soldados el 26 y 27 de septiembre porque ignora que un juez ya permitió en una ocasión a familiares de desaparecidos entrar a campos militares a buscarlos, y eso consta en el Acuerdo del Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, correspondiente a la sesión del 12 de junio de 2014 sobre la Queja Penal 29/2014, con Miguel Ángel Aguilar López como magistrado ponente.

El 24 y 25 de mayo de 2007, Edmundo Reyes y Gabriel Cruz, vinculados al Ejército Popular Revolucionario (EPR), fueron detenidos por la Unidad Policiaca de Operaciones Especiales de Oaxaca y militares. La indagatoria indica que los levantados fueron llevados “de manera velada” a la Procuraduría de aquel estado y después trasladados por soldados al Campo Militar Número Uno en la Ciudad de México. A partir de ese momento se les perdió el rastro, pero los familiares consiguieron que “en términos del artículo 103 de la Ley de Amparo, se procede declarar FUNDADA la queja a fin de que el Juez Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Distrito Federal, deje sin efectos el auto de tres de abril de dos mil catorce, en el juicio de amparo indirecto […], 1) ordene a las autoridades responsables se trasladen a los lugares de posible detención u ocultamiento, en especial, determine la búsqueda en las principales instalaciones militares; 2) ordene a la autoridad ministerial tome comparecencia a los funcionarios de la PGR, a funcionarios estatales o mandos militares, que hubieren estado en funciones en mayo de dos mil siete, a fin de que declaren en relación a los hechos; así como ordene a las autoridades competentes informen sobre la inhumación de cadáveres en los centros de detención o zonas militares que pudieran coincidir con la de las víctimas, para en su caso practicar diligencias de identificación forense”.

Lo anterior, aunque sigue pendiente su ejecución, fue resuelto por “el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, por unanimidad de votos de los magistrados, Miguel Ángel Aguilar López (presidente y ponente), Emma Meza Fonseca y Guadalupe Olga Mejía Sánchez”, es precedente directo de que las puertas de zonas y bases militares pueden abrirse desde las leyes civiles.

El secretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos Zepeda, ni con todo el respaldo del Estado y las puertas cerradas para siempre de los cuarteles en Iguala o el lejano Campo Militar 1A de la Ciudad de México, en Lomas de Sotelo, podrá refutar los datos que Telcel recabó diligentemente y que envió a la SEIDO, para integrarlos en el expediente AP-PGR-SEIDO-UEIDMS-01-2015, y a la Unidad Especializada en Investigación en Materia de Secuestro, para el expediente SECUESTRO OF-SEIDO-UEIDMS-FE-D-11284-2015. O lo hará, pero no se sabe cómo.

Al menos cuatro mensajes de dos vías desde el celular de Julio César se encargan de demostrar que la Presidencia, la PGR y el Ejército mienten y encubren. Cienfuegos ha sostenido un discurso de furia que defiende lo que él señala como los derechos de soldados y militares de rango. Se ha empeñado en esa línea transitando todos los matices hasta llegar a lo grotesco, y cuando los investigadores del GIEI —seleccionados por la CIDH— y los padres de los desaparecidos le exigieron entrar a los campos dijo que no porque no había nada que ver.

La postura del Ejército se endureció más todavía y el vocero de Cienfuegos Zepeda, Juan Ibarrola, sentenciaba a rajatabla el 17 de enero de 2015 que “la seguridad nacional no se negocia con un grupo de culeros que controlan cuatro o cinco municipios”, frase célebre recordada por el periodista Carlos Fazio en la columna “El arriba nervioso y el abajo que se mueve”, el 19 de enero de 2015, en La Jornada. Padres e investigadores estuvieron limitados a las declaraciones de poco más de 40 soldados detalladas en el expediente de unas 54 mil fojas que sobre el caso armó la PGR.

Charra y otros dos desaparecidos son de un pueblo donde aparentemente no hay nada. Pero Xalpatláhuac, gobernado hasta 2015 por el PRD, es una de las zonas que más preocupan al Cisen y a la Presidencia porque hay guerrilla, dice el gobierno públicamente, y por eso se ha vigilado permanentemente a dos sacerdotes católicos de esa región, Mario Campos Hernández y Melitón Santillán Cruz, de la Costa Chica, a quienes relacionó con grupos insurgentes y autodefensas, pero también con Ayotzinapa.

Y es que Campos es uno de los fundadores originales de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), el grupo de autodefensas que cuida la normal “Raúl Isidro Burgos” y que ha buscado, desde 2013, organizar a comunidades de Guerrero y Oaxaca para resistir y defenderse de la violencia. Los estudiantes nacidos en Xalpatláhuac son el hermano de Charra, Doriam González Parral, Kínder, de 19 años, y Jorge Aníbal Cruz Mendoza, Chivo. Marcial Pablo Baranda, primo de los González, hacía grupo con ellos, aunque venía de la Costa Chica. Todos fueron levantados.

La “verdad histórica” del ex procurador Murillo hace de Charra protagonista de los supuestos sucesos en el basurero de Cocula, pues uno de los sicarios, al reconstruir esa versión, lo identifica llamándolo Flaquito. La filmación de la PGR lo insertó en la opinión pública poniendo su foto a cuadro mientras Agustín García Hernández, El Chereje, sicario de los Guerreros Unidos, narraba una historia que sólo Murillo le podía creer. Para el presunto asesino, Flaquito o Charra había llegado vivo al tiradero y allí el miedo lo había obligado a identificar a Bernardo Flores Alcaraz, Cochiloco, estudiante de segundo año y a quien la Federación señala de pertenecer a Los Rojos.

“Los que quedaron vivos estaban de este lado —dice El Chereje cuando lo obligan a reconstruir los hechos—. Entonces El Flaquito, que fue casi de los primeros, estaba aquí, como por aquí, y él dijo que él iba a decir, que no le hiciéramos nada. Entonces se levantó y se puso aquí… se puso aquí, estaba con las manos en la cabeza y ya comenzó a decir que el mentado Cochiloco era el que… este… el que tenía la culpa de que ellos estuvieran aquí, y que era el encargado. Entonces se le dijo que se levantara y que buscara entre los chavos que todavía estaban ahí… y este… entonces comenzó a buscar y nos dijo: él es el único que tiene el pelo largo. Y El Cochiloco estaba aquí, estaba aquí, estaba… este… sus manos en la cabeza… de esta forma, acomodado así, estaba así. Cuando lo reconoció se le hizo que se hincara, igual, de la misma manera. Pues ya se hincó y se puso aquí, igual así nomás y se puso así. Y dijo que había otro que era infiltrado, entonces igual”.

Para la PGR todos los caminos llevaban a Cocula. Si El Chereje no hubiera declarado, la PGR ya tenía listo el pretexto de una llamada anónima —de un hombre de unos 45 años—, recibida el 26 de octubre, que les allanaba el camino porque, afirmaba con la veracidad que sólo la Federación puede distinguir de las malas bromas, “respecto de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapan, ya estaban muertos” y sus restos tirados en el basurero de Cocula. Con El Chereje o sin él, el destino de las investigaciones era, literalmente, la basura.

Parte de la trama se puede armar, entenderse desde los celulares y sábanas de registros, pues ubican rastros de manera indiscutible, como sucedió con otro alumno, Jorge Aníbal Cruz Mendoza, Chivo, quien mandó un mensaje a su casa diciendo (transcripción literal): “mamá me puede poner una recarga me urge”, a la 1:16 del 27 de septiembre, cuando la versión de la PGR lo hacía quemándose en el basurero.

Como se relató antes, Julio César Mondragón Fontes había perdido su teléfono celular y llevaba días sin uno. No podía comunicarse a su casa ni hablar con su esposa Marisa ni con su pequeña hija, Melisa. Sin embargo, uno de sus compañeros, José Luis González Parral, Charra, ofreció venderle uno, el 24 de septiembre de 2014. Julio César probó el aparato ese mismo día y se comunicó con su esposa para decirle que alguien le vendía un equipo. Decidieron comprarlo y, al otro día, el 25, ya era dueño de un LG L9 que usaría sólo dos días, el 25 y el 26 de septiembre.

La reconstrucción del último día de Julio César desde su nuevo aparato celular comienza a las 00:36 del 26 de septiembre de 2014, cuando envió un mensaje a su pareja, que repetiría a las 04:14 y a las 09:52. Entre ellos había zozobra porque no sabían si podrían verse, como estaban planeando.

Antes de ir a Iguala, Julio César tramitaba un permiso para dejar por unos días la normal de Ayotzinapa. Ya había conseguido uno, precisamente para el 25 de septiembre, pero como era por tres días lo rechazó porque no le daría tiempo de ver a su familia.

El 26 de septiembre Telcel registró una conexión a internet en el teléfono de Julio César a las 06:56 y media docena de entradas más ese día entre las 12:15 y las 12:33. Las coordenadas de 17 grados 34 minutos 5 segundos de latitud Norte y 99 grados, 24 minutos 3 segundos de longitud Oeste ubicaron al normalista en Tixtla y muestran cómo quien posee un equipo es rastreado desde su actividad celular por la proveedora del servicio.

El trazo que generó Julio César aclara algunos pasajes de esa noche, abriendo una cloaca hacia las profundidades del Estado mexicano que sólo podía explorarse desde testimonios de sobrevivientes, inaceptables para el gobierno, sospechas o datos cruzados que terminaban en callejones sin salida. Abierto ese infierno por los registros de la compañía Telcel, cuatro contactos al teléfono del estudiante lo recorrerán hasta el fondo. Y es que la sábana de Telcel obedece a una regla sencilla: las coordenadas que se generan cuando alguien envía un mensaje de cualquier tipo, accede a internet, llama o contesta, indican su posición geográfica.

Antes, el 24 de septiembre, el estudiante se conectó con su esposa Marisa a las 19:32 y platicaron hasta las 20:35. Él avisaba que le vendían ese teléfono y que por lo pronto se lo prestaban para probarlo. Se pusieron de acuerdo y decidieron adquirirlo. A las 21:06, Charra pedía de vuelta el equipo.

—Salúdame a Melisa y esperemos que todo salga bien —escribió Julio César, despidiéndose de su familia.

En la noche del 25 de septiembre, la pareja volvió a comunicarse y Julio César avisaba feliz que ya era dueño del celular gracias al dinero que ella le había enviado para comenzar a pagarlo. Le contaba las actividades del día, por ejemplo, que a las 9:30 había acompañado al Comité de Lucha en salidas y que habían regresado tarde, cerca de las cinco y media. El programa de Telcel terminaba de registrar ese momento con un mensaje de ella a las 19:45 desde el poblado de Contla, Tlaxcala.

Después, el descanso para todos, porque al otro día debían reunir camiones para llevar a estudiantes de todo el país a la Ciudad de México. Originalmente ese compromiso no era para Ayotzinapa, pero la normal entró al quite porque la escuela designada no quiso molestar al gobierno de su entidad, con el que tenía acuerdos que no deseaba arruinar.

Así, en la tarde fresca del viernes 26 de septiembre, al terminar las labores, entre 90 y 100 jóvenes abordaban dos autobuses. Casi todos eran estudiantes de primero y subían a dos Estrella de Oro que ya estaban en la escuela. Eran los camiones 1568 y 1531.

La “Isidro Burgos” se había comprometido con la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México (FECSM) para conseguir 20 camiones —según la versión aceptada de la propia escuela— y trasladar a mil 300 alumnos a la Ciudad de México el 2 de octubre. Eso se había pactado en una reunión, entre el 15 y 20 de septiembre de 2014, en la normal “Emiliano Zapata” de Amilcingo, Morelos, donde participaron 13 rurales: Saucillo de Chihuahua; Aguilera de Durango; San Marcos de Zacatecas; Cañada Honda de Aguascalientes; Normal Indígena y Tiripetío de Michoacán; Tenería de Tenancingo, Estado de México; Panotla de Tlaxcala; Ayotzinapa de Guerrero; Tamazulpan de Oaxaca; Mactumactzá de Chiapas; Teteles y la propia Amilcingo.

A la normal de Tenería le había tocado conseguir el transporte, pero sus representantes declinaron porque les ataban las manos los acuerdos que esa normal llamaba “de cooperación y ayuda” con el gobierno del Estado de México. Su negativa dejaba a los de Guerrero como única opción para resolver el espinoso tema del traslado.

Ayotzinapa aceptó que los mexiquenses se hicieran a un lado sabiendo que no sería fácil cumplir. Ya no podía echarse atrás. Encima, debía proporcionar alimento y hospedaje para 100 asistentes por escuela durante tres días a partir del 30 de septiembre. Los preparativos estaban en marcha y para alojar a tantos se usarían los espacios de la normal como dormitorios gigantescos.

Según reportes del GIEI, los alumnos que vivían cerca regresarían a sus casas el sábado 27 y el domingo 28 de ese mes para ahorrar, porque habían acordado eliminar las comidas del viernes, sábado, domingo y lunes en la escuela para que los invitados pudieran alimentarse.

La Policía Federal sabía desde el 22 de septiembre que los jóvenes buscaban camiones en las ciudades vecinas, sobre todo en Chilpancingo.

Tan bien enterados estaban que el 23 habían impedido el levantamiento de unidades y reforzaban operativos en los alrededores de la escuela. Los alumnos conocían el despliegue y por eso no habían salido el 24, pero al otro día fueron a Huitzuco, donde consiguieron dos transportes.

De todas formas, el resultado era desolador para los jóvenes. No tenían nada y eso los obligaría a movilizar a tope lo que Julio César llamó “recurso humano… nosotros”, así que se decidió que para el 26 saldrían casi todos los de primer año, a quienes se les contó la generalidad del plan.

Rapados como novatada, Los Pelones, como les llamaban a los nuevos, serían llevados a su bautizo de fuego. Todos sabían que tarde o temprano tendrían que ir y no chistaron. Un alumno, Cornelio Copeño, confirmó luego la secrecía a medias en torno al viaje, coordinado por Cochiloco, El Carrillas e Iván Cisneros, quienes hicieron un primer intento por salir a las tres de la tarde, aunque esa operación fue reventada por la policía, que les impidió el paso. Los normalistas se reagruparon para intentarlo nuevamente y eligieron ir al crucero de Huitzuco, a 110 kilómetros de Tixtla y cerca de Iguala, porque ya habían tenido suerte ahí.

A las 0:37 del 26 de septiembre, Julio César informó a Marisa por chat que Ayotzinapa pretendía que los autobuses tomados también fueran usados para el 20 de noviembre. Esa perspectiva —tantos camiones— resquebrajaba los planes de la pareja para reunirse, aunque él prometía obtener permiso y salir unos días.

—Las actividades ahorita están full. Quieren 25 autobuses para la marcha. Pero ya negocié con El Acapulco, de Orden y Disciplina —decía Julio César, siempre optimista y poniendo al tanto a Marisa, maestra de una primaria en el Distrito Federal, sobre sus actividades en la normal.

Y sobre otras cosas, como el incidente de una iguana enorme:

—La atrapamos en el río, junto con unos compañeros que la querían vender, pero como soy el jefe de grupo decidí dejarla ir. La atrapé cuando bajó a tomar agua, se enojaba y quería morder, pero con una varita sostuve su cabeza y así la agarré.

Marisa reía y se espantaba ante la descripción de un animal tan grande. Le decía a su pareja que había hecho lo correcto.

La mañana del 26 de septiembre y, luego, a las 13:05, Marisa le preguntaba a Julio César dónde estaba.

—Estoy en Módulos, trabajando —respondió.

A las 15:48, Julio César recibía una llamada desde el 7541085987, proveniente de la calle Miguel Hidalgo, en Xalpatláhuac. Las coordenadas de 17 grados, un minuto y 22 segundos de latitud Norte y 99 grados, 19 minutos y 50 segundos de longitud Oeste ponían al interlocutor en una construcción que hace esquina con la calle de Tres Cruces. No se ve más desde el espionaje público de Google, usado por la PGR para ubicar coordenadas en sus investigaciones.

A las 17:31, el joven usó un rato internet. Las coordenadas de su teléfono —17 grados, 34 minutos y 5 segundos de latitud Norte y 99 grados, 24 minutos y 3 segundos de longitud Oeste— lo ubicaron en Tixtla.

A las 17:32, Julio avisaba de nuevo:

—Oye, amor, voy a salir a actividad.

Era la hora de irse y su esposa no volvería a saber de él sino hasta las 20:17, cuando el LG L9 lo registró en la dirección de Prima Romero 204, coordenadas de 18 grados, 17 minutos y 31 segundos latitud Norte y 99 grados, 27 minutos y 34 segundos de longitud Oeste, a un lado de la autopista Iguala-Acapulco.

Antes, Cochiloco había abordado el camión 1568 junto con unos 50 alumnos y Julio César, quien no formaba parte del equipo de responsables de la actividad, subía al 1531 con otros 30 compañeros, aproximadamente. De ellos, seis alumnos eran de segundo y dos de tercero. La Secretaría de Seguridad Pública precisó la salida de los estudiantes desde Ayotzinapa a las 17:59 en la tarjeta informativa 02370 y luego el C4 de Chilpancingo y todos los niveles de gobierno fueron avisados.

—¡’Ámonos, guëy; ’ámonos, güey! —se despedía Julio César de sus amigos antes de abordar el autobús, corriendo por los pasillos y gritando, con su playera roja en la mano, agitándola mientras decía adiós.

*

Ismael Vázquez Vázquez, Chesman, oriundo de Tixtla, era compañero de habitación de Julio César en el dormitorio G, donde compartían el metro cuadrado que les tocaba a cada uno de los nueve estudiantes de ese cubículo, y ese día había sido seleccionado para ir porque sabía manejar vehículos grandes. Pero al final se quedaría junto con otros 20 alumnos de primero porque no se sentía bien, por lo que asumió tareas de guardia mientras esperaba el regreso de sus compañeros. La razón principal por la que Ismael se quedaba era su madre, quien estaba enferma y por esos días acudía a tratamientos de diálisis en hospitales locales. Él estaba al pendiente de ella y se comunicaban constantemente.

Chesman había conocido a Julio César y se habían hecho amigos nada más entrar a la normal. Habían formado un grupo en el que se integraba el estudiante Daniel Solís Gallardo, que el 26 de septiembre también iría a Iguala a fin de encontrarse con los sobrevivientes de la escuela en la esquina de Juan N. Álvarez y Periférico Norte, cerca de la medianoche, pero lo que halló fue una bala con su nombre. De esa amistad sólo quedarían el recuerdo de Solís cuando donó sangre para la madre de Chesman, el 25 de septiembre, y las fotos que se habían tomado en el parque central de Tixtla, sentados los tres en una banca, por la tarde, después de tomar aguas frescas, mirando la iglesia del pueblo.

—¡‘Ámonos, guëy; ‘ámonos güey! —decía Julio César cuando se iba como brigadista para Iguala y los autobuses arrancaban bajo la lluvia, si bien había un sol esplendoroso.

*

El trazo del viaje desde el celular de Julio César se ha construido a partir de las coordenadas que su celular registró en la sábana de llamadas de Telcel, desde una conversación que el normalista sostuvo por internet con su pareja, en tiempo real, mientras se desarrollaba la masacre, declaraciones de normalistas recabadas por el GIEI, reportes telefónicos al 066 realizados esa noche, las bitácoras o listas de asistencia de quienes trabajaron ese día en el C4 y desde la tarjeta informativa 002683889 que generó el cerebro de Iguala, que siempre supo lo que estaba pasando y notificó a todas las policías y al Ejército los movimientos de los estudiantes y calló cuando sucedieron las balaceras.

A las 19:34 el equipo de Julio César lo ubicaba en el crucero de Santa Teresa, a 15 kilómetros de Iguala. Cochiloco había decidido separar los autobuses para ver si tenían suerte desde dos puntos. Él iría a la caseta de cobro de la autopista Iguala-Cuernavaca en el camión 1568, y a Julio César, en el 1531, le tocaría quedarse en el crucero. El 1568 que llegó a la caseta de Iguala se estacionó en la curva sur, a 300 metros de la garita de peaje, donde vieron tres patrullas federales, además de una motocicleta, presuntamente propiedad de agentes de inteligencia del Ejército mexicano, así como un vehículo rojo que los vigilaban.

Un militar —después se sabría quién era y qué hizo— declaró a la PGR haber realizado tareas de observación sobre los normalistas desde una moto y vestido de civil, cuando arribaron al crucero y la caseta. Esa información la envió al comandante jefe del Batallón 27 (B27), así como al cuartel de la 35 Zona Militar. Las tres patrullas federales que también estaban en la garita detuvieron entre cinco y seis autobuses que llegaban a Iguala por la caseta de cobro, provenientes de Cuernavaca; les impidieron el paso y los obligaron a regresar. Los pasajeros bajaban y atravesaban a pie la caseta. Así evitaron que las unidades fueran tomadas.

Mientras, Julio y sus amigos habían aparcado cerca de la autopista y de una torre de transmisiones de unos 30 metros de altura, a campo abierto, la “Torre del Zopilote”, donde sólo hay brechas. De todas formas no pudieron evitar la vigilancia de los federales, que habían enviado una patrulla para monitorearlos. Además de los estudiantes, sólo la Policía Federal sabía que el camión de Julio estaba ahí. Las coordenadas del joven marcaban 18 grados, 13 minutos y 56 segundos de latitud Norte y 99 grados, 31 minutos y 30 segundos de longitud Oeste, a unos 700 metros del lugar donde el equipo de futbol Los Avispones sería atacado después.

El grupo de Julio César reportaba a Cochiloco, a las 20:10, el paso del camión Costa Line 2513 con 28 pasajeros proveniente de Chilpancingo. Los estudiantes tomarían ese autobús en el crucero a Huitzuco, antes de que saliera hacia Cuernavaca por la caseta de cobro. No se puede ubicar la hora de llegada de Julio César a la Torre del Zopilote, pero a las 19:37 su grupo se movió, acercándose a Iguala mientras recibía un mensaje de su esposa.

—Estoy conectado —le dijo Julio César a las 20:17—, o se acaba mi pila o se acaba mi saldo.

—¿En dónde estás? —tecleaba Marisa.

—En la carretera Acapulco-Iguala, la Y griega.

—¿Y qué haces allá? —quiso saber Marisa.

—Estamos esperando que pase un autobús para secuestrarlo y juntando piedras para defendernos de los policías, que ya están merodeando por acá —fue la respuesta, aparecida en pantalla a las 20:21.

En tanto platicaban se desarrollaba alrededor de los estudiantes, cerrándose sobre ellos, un operativo en el que hasta bomberos e integrantes de Protección Civil estarían armados para cazarlos. Julio César lo veía, pero no se daba cuenta de la magnitud de ese despliegue.

De pronto, abrió los ojos.

Cochiloco llegó a la caseta de Iguala-Cuernavaca cerca de las 19:10 y los estudiantes que detuvieron el Costa Line 2513, cerca de las 19:40, pactaron con el chofer para entrar a Iguala y dejar a los pasajeros a una cuadra de la Terminal Camionera del Sur, antes de enfilar a Ayotzinapa. Subieron al 2513 nueve estudiantes —Vidulfo Rosales, el abogado de los padres de los 43 desaparecidos, precisaba que eran ocho; otras versiones cuentan diez— y en menos de 20 minutos estaban en la central. Pero el operador, desbaratando el trato, entró a los andenes, donde bajó de prisa pretextando que volvería. Bajó y habló con los guardias de seguridad, “que a su vez hablaban por sus teléfonos y radios”, según ha narrado el periodista norteamericano John Gibler, quien ha documentado como nadie los sucesos de aquella noche.

A las 20:35 los normalistas comprobaban que estaban encerrados y, asustados pero furiosos, rompían las ventanas del camión para salir. La policía no entró a la terminal, pero la rodeaba, escondiéndose. Los encerrados habían llamado a los grupos de Cochiloco y Julio César, y también alertaron a la normal, que no tardó en enviar dos Urban con más estudiantes, aunque tardarían casi hora y media en llegar. Siete minutos antes de las 21:00, Julio César y sus amigos volvían al camino atendiendo esa llamada de auxilio, armados de piedras y palos, preparándose para un posible enfrentamiento con municipales y guardias de la central camionera.

Cochiloco y el grupo de Julio llegaron casi al mismo tiempo, entre las 21:12 y las 21:16, y se estacionaron en las afueras de la terminal.

A las 20:56 Julio César advertía de nuevo a Marisa que pronto se quedaría sin batería. Él, abiertos ya los ojos hacia la negrura donde estaba el operativo, trasmitía escuetamente la intuición que le hacía decir, casi para él mismo, desde el lado del teléfono que le tocaba:

—Ya se armaron los madrazos —informaba a su esposa a las 21:07. Un minuto después escribía, nervioso y desolado—: Espero librarla.

El celular lo ubicaba, a las 21:23, en la avenida Álvaro Obregón número 11, cerca del Centro Joyero, propiedad del alcalde Abarca, y a una cuadra de la terminal, en la esquina de Salazar y Galeana.

La acera de Obregón 11 fue la última ubicación del joven que dio su teléfono, conectado a internet desde el 7471493586, que emitía el IMEI 35364905146988 cuando entraba a la red, y el 353649051469880 cuando mantenía otro tipo de comunicación. La última actividad que registró coordenadas entró a las 21:23, una llamada desde la calle de Ascensión 9-15, en Tixtla, que no tuvo respuesta.

Cuando llegaron a la terminal para rescatar a sus compañeros, ya estaban libres, fuera de la unidad 2513. Cochiloco decidió tomar tres autobuses ahí, dos Costa Line, el 2010, el 2510, y dejar el averiado 2513. Además, tomaron un Estrella Roja Ecotur 3278, al cual subieron 14 estudiantes.

Todo esto fue registrado por el C4 después de recibir llamadas desde el 066 que informaban la intención de los normalistas de llevarse los camiones. A las 21:26 se enviaron unidades de la policía estatal; según la declaración ante la PGJ del jefe de la policía de Iguala, Felipe Flores, se atendió una llamada a las 21:22 que informaba el secuestro de autobuses. Minutos después, a las 21:24 se había comunicado con el capitán Dorantes, de la Policía Federal, para ponerlo al tanto.

El Sistema Estatal de Información Policial de la Subdirección Estatal de Emergencias 066 y Denuncia Anónima 089 clasificó el inicio de los enfrentamientos de esa noche como “disturbio estudiantil”. A las 21:22 el 066 recibía peticiones de apoyo registradas en la tarjeta 002683889, porque “está un grupo de estudiantes ayotzinapos, los cuales se quieren introducir a la Estrella Blanca”. Dos minutos después, ese reporte llegaba a la Policía Preventiva y el policía segundo Alejandro Tenescalco Mejía se encargaba de recibirlo.

A las 21:24, otra llamada anónima confirmaba la presencia de jóvenes al 066 porque decía que “ya están de agresivos con las personas”. Pero en ese momento estaba ya en marcha un operativo contrainsurgente que justificaría cada una de las acciones policiacas contra los normalistas. Un minuto después otra llamada denunciaba: “Cuarenta jóvenes se quieren llevar autobuses con pasajeros”, y la secuencia de la tarjeta informativa registraba que la policía estatal se trasladaba a la central al mando del coordinador operativo de la zona, José Adame Bautista.

Las denuncias telefónicas siguieron. A las 21:26 “un señor” dijo que ya se llevaban dos camiones Estrella Blanca. Esto no era cierto porque no hubo ningún autobús de esas características y parecía más un informe para confundir y después justificar. A las 20:30 otra denuncia decía: “se encuentran los ayotzinapos agrediendo a la gente”, “se encuentran en el interior de la Estrella de Oro”, lo que tampoco era verdad. Unos segundos después el C4 calló y no generó comunicaciones en los siguientes 15 minutos, justamente el periodo de tiempo en el que se desarrollaba la primera balacera. Pero también calló cuando la segunda sucedía, cerca de la medianoche, junto con los asesinatos en la ciudad, y se coordinaba la desaparición de los 43 estudiantes.

El C4 elaboraba en su particular idioma la relación de hechos y registraba lo que quería y cuando quería. Los propios soldados, desde su declaración ante la PGR, aceptan que el Ejército estuvo en el C4, y que además el 27 Batallón había salido a patrullar la ciudad, siguiendo a los estudiantes con la supuesta orden de no enfrentarlos, pero reportando y testificando, tomando fotos para documentar los puntos de ataque. El Ejército no los combatió, pero tampoco ayudó a pesar de recibir información en tiempo real y apostar personal camuflado de civil.

Todos reunidos y a la espera del contingente que avanzaba desde la normal, los jóvenes sabían que era momento de irse. Tenían cinco camiones y se pusieron en marcha, aunque ya tenían encima a la policía y el operativo contrainsurgente abiertamente iniciado.

Según el sistema de videograbación de la terminal, a las 21:23 salió el Costa Line 2012 y, tres minutos después, a las 21:26, lo hacía el 2510. Cerraba la caravana el Estrella de Oro 1568. Los tres autobuses avanzaron sobre Hermenegildo Galeana rumbo a Periférico Norte, adentrándose en el corazón de Iguala.

Por su lado, el Estrella de Oro 1531 dio vuelta con dirección a Periférico Sur, lo mismo que el Estrella Roja Ecotur 3278, que salió por la parte trasera de la terminal a las 21:26, como registró el esquema del GIEI en su informe sobre los sucesos. Los cinco autobuses tomaron dos trayectorias. Tres unidades salieron al norte, sobre Galena —que más adelante se convierte en Juan N. Álvarez— y dos en ruta contraria, para tomar la carretera a Chilpancingo.

“A ellos les dicen que los llevan a Chilpancingo, nunca van a Chilpancingo. Los desvían y los llevan a Iguala […]; la intención, según los estudiantes, incluso los vivos, los que se salvaron, era interrumpir el evento donde iba a haber el supuesto, porque tampoco sé si iba a suceder o no, el supuesto lanzamiento de esta señora como candidata a la presidencia municipal, por lo menos eso les habían dicho a ellos”, sostuvo el ex procurador Jesús Murillo en una entrevista con Carmen Aristegui el 19 de octubre de 2014.3

Vidulfo Rosales afirma que para este momento llegaban patrullas municipales a la terminal con la encomienda de evitar que los estudiantes se llevaran los camiones, y que fue ahí cuando se registró el primer choque contra los policías, a quienes lanzaron piedras para ahuyentarlos. A esa hora también terminaba el baile de la señora Pineda y la multitud se desparramaba por la plaza principal.

 

 

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