Respuesta de la familia Mondragón a la PGR sobre el asesinato del normalista de Ayotzinapa, Julio César Mondragón

 

 

México, D.F; 4 de marzo del 2015

 

A la comunidad internacional

Al Gobierno Federal

A la Procuraduría General de la República

A los movimientos sociales

A las organizaciones de la sociedad civil

A la opinión pública

 

Nosotros, la familia de Julio César Mondragón Fontes, normalista de Ayotzinapa asesinado el 26 de septiembre del 2014, repudiamos la forma en que la Procuraduría General de la República ha manejado las investigaciones en torno al homicidio de nuestro familiar. La PGR detuvo, el 26 de febrero del 2015, al policía municipal de Iguala, Luis Francisco Martínez Díaz, a quien le atribuye la responsabilidad directa y absoluta de la tortura y homicidio de Julio César. Esta versión ha sido ya difundida por medios de comunicación, que han tomado los dichos de la PGR como ciertos e incontrovertibles, a pesar de desconocer el cauce legal que sigue el caso.

Para nosotros ha pasado una eternidad desde que nuestro querido Julio César fue asesinado. Hemos esperado, pacientemente, respuestas por parte de la PGR y de las autoridades correspondientes, pero esas respuestas nunca han llegado. Nos damos cuenta de inconsistencias, omisiones y una total ausencia de investigación científica imparcial. La autoridad federal, por ignorancia o mala intención, y la tardía intervención del Poder Ejecutivo, han entorpecido las investigaciones. Por tanto, los hacemos corresponsables por participación u omisión en el homicidio. Turbiedades e incongruencias a lo largo de cinco meses nos han demostrado que no se cumple el Estado de Derecho que tanto pregona el presidente de México, Enrique Peña Nieto.

Acusamos a la PGR de cortar todo contacto con nosotros, los principales afectados, relativo a los avances de la investigación sobre el asesinato de Julio César, y de preferir a medios masivos de comunicación para anunciar los resultados de sus pesquisas, contraviniendo el Punto de Acuerdo Número Dos, pactado directamente con el Ejecutivo federal mexicano el 29 de octubre del 2014.

La PGR, con toda intención, nos ha hecho a un lado y ha dado un sesgo político al caso de Julio César para conseguir que sea cerrado lo más pronto posible. El modelo de actuación elegido por las autoridades está plagado de inconsistencias y sólo se alcanza a vislumbrar una respuesta al vapor vertida a la opinión pública aprovechando, incluso, el cambio de Jesús Murillo Karam al frente de la PGR.

Nosotros, Marisa Mendoza, esposa de Julio César; Lenin Mondragón, hermano de Julio César; Cuitláhuac Mondragón, tío de Julio César y la familia y amigos que representamos, hacemos del conocimiento público que la investigación se encuentra de la siguiente manera:

  1. Su expediente está incompleto.
  1. En el estado de Guerrero sólo existen dos averiguaciones previas, una por homicidio calificado y otra por delincuencia organizada, que no corresponden a la naturaleza de los sucesos.
  1. Estas dos averiguaciones previas, para colmo, no tienen investigación ni seguimiento jurídico ético, serio y científico por parte del Estado y los familiares no hemos recibido una respuesta fundamentada.

El Gobierno Federal insistió hace un mes en dar por resuelto el caso Ayotzinapa, ante lo que los familiares de los normalistas ejecutados y de los desaparecidos ofrecimos diez razones por las que no podía cerrarse, siendo una de ellas que “porque la PGR, ni hoy ni en ninguna otra conferencia, ha aclarado cómo explica en su teoría del caso, el cruento homicidio de Julio César Mondragón, cuyo joven cuerpo desollado fue encontrado en las inmediaciones de donde ocurrieron los hechos”.

Luego de 5 meses sin prestar la menor atención al esclarecimiento de la tortura y ejecución de Julio César Mondragón Fontes, ahora la PGR pretende dar por resuelto el crimen con una acción sumaria, efectista y de impacto mediático y, por tanto, dejar sin sustento una de las “Razones por las que no se puede cerrar el caso Ayotzinapa”. Sin embargo, esta pretensión es débil por cuanto que las técnicas de tortura que fueron utilizadas para despojar a Julio de su rostro son enseñadas, mecanizadas y planificadas. Hay un entrenamiento en ello. La agresión que padeció el normalista no es producto del impulso individual ni pudo haber sido realizada por una sola persona.

La familia de Julio César Mondragón Fontes, normalista de Ayotzinapa asesinado el 26 de septiembre del 2014, exige a la PGR; a la Presidencia de la República; al presidente de México, Enrique Peña Nieto y a las autoridades involucradas en la investigación del homicidio, lo siguiente:

  1. Que la PGR respete los acuerdos del 29 de octubre del 2014 y nos informe, primero que a nadie, sobre los resultados de sus investigaciones. Reiteramos nuestra inconformidad por la divulgación de esta información sin haberla puesto antes a nuestra consideración, así como que la investigación se realice por el delito de homicidio calificado, cuando se trata de un acto de tortura y ejecución extrajudicial.
  1. Que la PGR retome el caso de nuestro querido Julio César, pero esta vez lo haga con la técnica y la ciencia que hasta la fecha no ha querido o no ha podido aplicar en este desarrollo. La detención de Luis Francisco Martínez Díaz, quien se desempeñaba como policía municipal de Iguala, no resuelve el crimen cometido contra Julio César Mondragón. Es la investigación seria y profunda, así como el enjuiciamiento y la aportación de pruebas en el proceso penal, lo que llevará al esclarecimiento de los hechos y del grado de responsabilidad y participación que esta persona tiene en ellos.
  1. Que acepte las observaciones de relatores y juristas de la Organización de las Naciones Unidas, que en concreto señalan la falta de ética, improvisación y desinterés de la justicia mexicana para los asesinatos y desapariciones de Ayotzinapa.
  1. Que la justicia aplicada observe los estándares de los tribunales internacionales vigentes.
  1. Que el daño sufrido por nuestra familia sea puntualmente reparado.
  1. Que en nuestras leyes mexicanas sean revisados de manera exhaustiva, clara y amplia los conceptos de desaparición forzada, ejecución extrajudicial y torturas. Y que cuando un gobierno cometa una violación a los derechos humanos sea castigado.

Lanzamos un llamado para que todos pongamos la mayor de las voluntades para formar un verdadero Estado de Derecho Mexicano, como lo establece la Constitución Política Mexicana. Sólo de esta manera se logrará la Concordia Nacional y con ella el progreso de todos.

Justicia para todos los mexicanos víctimas, para Julio César Mondragón y sus dos compañeros ejecutados; para los heridos y los afectados por la desaparición de Los 43, de quienes exigimos su aparición con vida.

Por último, exigimos que otras personas no sufran lo que nuestro joven enfrentó, pues de seguir con el mismo modelo, la impunidad permanecerá para siempre.

Que nunca más suceda.

Cuestionan al secretario ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública

Miguel Ángel Alvarado

Editor general

Semanario Nuestro Tiempo

PRESENTE

Las cifras de incidencia de delictiva, asaltos a bancos que se han presentado en este último mes (septiembre), homicidios, robo a transeúntes, femenicidios, ejecuciones, violaciones a los derechos humanos, y un sinnúmero interminable de quejas ciudadanas que exigen justicia. Una situación que nuevamente pone en tela de juicio el actuar de nuestras autoridades, quienes hacen alarde de las acciones de gobierno encaminadas al bienestar de los mexiquenses. ¿Quiénes son ellos? ¿Quiénes son aquellos quienes se afanan en abanderar las causas sociales de un sector al cual no pertenecen? Dígame usted, una Laura Barrera, diputada federal; un David López, diputado local Distrito XXXV; Carolina Monroy, presidenta municipal de Metepec; un Ernesto Nemer Álvarez en la Secretaría de Desarrollo Social del gobierno federal y muchos otros más, que son parte de un grupo político de clase acomodada. ¿Qué compromiso tienen ellos con la clase trabajadora? ¿Realmente representan a la ama de casa, al obrero, al desempleado, al campesino? ¡No, señores! Todos sabemos que en la política y en el gobierno todo son favores pagados entre los que ostentan el poder. Porque ante la carencia de capacidad, de talento, de compromiso, el salvoconducto es ser hijo de… tal es el caso de quien hoy ocupa el cargo de secretario ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, quien como servidor público ha pasado sin pena ni gloria, Jaime Efraín Hernández González, ex presidente municipal de Metepec por imposición y, obvio, hijo de un ex presidente municipal, quien sin ser un experto en temas de seguridad como lo marcan los requisitos de la Ley de Seguridad, fue puesto en este cargo, y que es secreto a voces y muchos coinciden en que tal parece que le queda muy grande el puesto.

Se ha allegado de un séquito de  gente sin experiencia que, en el afán de ostentarse en su pequeño poder que éste mismo les ha otorgado sin medida, no les ha importado pisotear la dignidad los servidores públicos allí adscritos.

Se menciona a Chava, quien por todo lo alto grita que tiene toda la venia del Secretario Ejecutivo y no le ha importado lastimar la dignidad de sus trabajadores. Ante esto, Jaime Efraín, ¿qué acciones ha tomado? Lugar al que llega Salvador, lugar en el que hace alarde de su poder.

Sin duda alguna, Efraín debería preocuparse más por tomar en serio las riendas de su cargo y ser más selectivo y cuidar a su personal. Recuerde, secretario ejecutivo, ¡es su imagen! Porque tal parece que ser parte del Secretariado Ejecutivo es ser un juego de poses, de vanidad y de hacer como que se hace ante la ausencia de un buen liderazgo. En los pasillos, fuera y dentro del Secretariado Ejecutivo, se suele murmurar de una falta de unidad, de identidad, de cercanía; es de todos sabido que al interior hay fracturas. Jaime no ha podido hacer un frente y posicionarse entre los servidores públicos; para todos, él es un punto y aparte.

En sus instalaciones da una imagen de desorden, de irresponsabilidad y existe mucho ausentismo; todos van, todos vienen. Eso da pie a pensar de que se trata de gente recomendada, qué importa si se tiene o no talento, capacidad, entusiasmo por hacer las cosas bien. Aquí, de lo que se trata es de pagar favores políticos. Sería muy interesante que Contraloría echara un vistazo, habrá algo más que se tenga qué saber, ¿o hay alguna instrucción?

Jaime Efraín es político o, mejor dicho, intenta a jugar a ser político; le gusta hacer presencia en los 125 municipios del estado. ¿Acaso soñará con ser candidato a gobernador? Todas las aspiraciones son válidas, solo que a él le faltan años luz para que logre estar a la altura de un buen candidato.

A casi a dos años que el Secretariado Ejecutivo fuera creado como tal, ¿qué nos puede informar Efraín? ¿Qué tan buen trabajo viene desempeñando? ¿El secretario general de Gobierno tomará las acciones pertinentes para hacer un cambio y poner a la cabeza a gente con experiencia y que tome con responsabilidad su cargo? Retamos al Mtro. Manzur a hacer una evaluación de desempeño a Jaime Efraín. ¿Podrá más la amistad que los une? La moneda está en el aire, señoras y señores.

ATENTAMENTE

José Emilio Flores

Oswaldo, el niño de Jilotepec

* Una carta abierta circula en redes sociales y en ella la familia Correa Romera relata y denuncia la muerte del niño Oswaldo Joaquín Correa Romero, estudiante de primaria en la escuela Isidro Fabela, de Jilotepec, Estado de México. La carta denuncia que las autoridades educativas y judiciales, además del gobernador Eruviel Ávila, “se hacen cómplices de los responsables del crimen de Oswaldo Joaquín Correa Romero ocultando, con todo el poder del Estado, los hechos que llevaron a nuestro hijo a la muerte”. La misiva se puede leer también en el muro de facebook https://www.facebook.com/OswaldoCorreaRomero?notif_t=fbpage_fan_invite.

 

La opinión pública de México se ha visto profundamente conmovida por los tristes hechos ocurridos en Cd. Victoria, Tamaulipas, que la prensa (TV, periódicos y radioemisoras) han difundido profusamente.

Todo parece indicar que las autoridades educativas y el propio gobierno del estado de Tamaulipas han reaccionado con responsabilidad y sensibilidad para investigar este caso claro de bullying en una de sus escuelas.

En el Estado de México el gobernador, dr. Eruviel Ávila Villegas y las autoridades educativas proceden de forma muy distinta, se hacen cómplices de los responsables del crimen de Oswaldo Joaquín Correa Romero ocultando, con todo el poder del Estado, los hechos que llevaron a nuestro hijo a la muerte.

Hace casi un año y ocho meses ocurrió un asesinato en el interior de la escuela primaria “Lic. Isidro Fabela” del municipio de Jilotepec, Estado de México. Fue exactamente el 27 de agosto de 2012 en que nuestro hijo, Oswaldo Joaquín Correa Romero de 11 años de edad fue asesinado por sus compañeros en el baño de la escuela que dirige la profesora Angélica Teresa Barrales Polo, pagando un terrible precio por simplemente ser de reciente ingreso en ese centro educativo.

¿Cómo ocurrieron los hechos? Aparentemente de una manera muy sencilla, según la opinión de una maestra que se atrevió a hablar con nuestra familia: uno o varios niños sofocan a Oswaldo en el interior del pequeño baño de la escuela, quien luchó desesperadamente por su vida y logró gritar pidiendo auxilio, gritos que oyen varias niñas que estaban en el baño de al lado, según relataron inmediatamente antes de recibir “indicaciones” de qué deberían declarar. Allí queda Oswaldo tirado en el baño escolar, ya sin vida.

Después vienen los acomodos, los testimonios “a modo”, las maniobras de ocultamiento, la corrupción a todo nivel, ya no de niños sino de adultos, para “tapar con tierra” un crimen vergonzoso.

La primera versión escolar la dio el promotor de Educación Física, profesor Habacuc Trejo Maldonado, quien argumentó que Oswaldo pidió permiso para ir al baño en medio de la clase de Educación Física y que “un niño gordito” (que no puede identificar) le avisó que estaba desmayado. Su primer testimonio de dudosa veracidad se contradice totalmente con el primer testimonio (también dudoso), de la maestra del grupo de Oswaldo, Norma Montiel, que mencionó que ella misma había acompañado al niño hasta el baño y que lo esperó “10 minutos en la puerta”… Que lo acompañó… uhm… y ¿no oyó nada la profesora?

Desesperados ante el crimen y ya muerto Oswaldo, lo sacan del baño y lo llevan a una farmacia, exactamente a un lado de la escuela donde una doctora lo revisó y días después declaró al Ministerio Público que en ese momento nuestro hijo ya no tenía pulso, sus pupilas estaban dilatadas y su cuerpo había perdido temperatura y le dijo a la directora de la escuela que ya nada se podía hacer; en pocas palabras, ya estaba muerto… aún así subieron el cuerpo de nuestro pequeño en una camioneta de color rojo que pasaba por ahí y lo llevaron a la clínica del ISSEMyM de Jilotepec. Los médicos que lo reciben ven que está desde hace muchos minutos muerto y comentan que murió por asfixia, al ver el color azul de la cianosis en su cara. Todo esto ocurrió en nuestra ausencia porque mi esposo se enteró del fallecimiento de nuestro hijo y corrió desesperado a la escuela, viendo al llegar cómo la camioneta roja partía con rumo al ISSEMyM donde él los alcanzó

Por cierto, la maquinaria gubernamental y sindical echada a andar para ocultar el crimen se encargaría posteriormente de presionar a los médicos de la clínica, que ya no opinarían sobre la cianosis.

La directora de la escuela no perdió tiempo e inmediatamente reunió a los maestros y empleados de la escuela para hacerles saber que las cosas se podrían complicar si se hacía una investigación y los instó a juntar dinero (“hagamos una tanda”) para entregárselos a los policías judiciales de Jilotepec para que ellos “arreglaran” la situación y no inculparan a los responsables de la primaria. Al otro día, a las 8 de la mañana, cuando aún no habíamos enterrado a Oswaldo, ya tenían el dinero reunido.

Llegan los policías judiciales de Jilotepec y reciben el dinero, como nos lo confirmó el Comisario de la Policía Ministerial en el Estado de México, dependiente de la Procuraduría de Justicia del Estado, que envió nuevos policías judiciales (por todo el “manoseo” que ya habían hecho las autoridades de la escuela primaria, nos dijeron) y éstos son recibidos airadamente por la directora que les reclama “ya les dimos dinero para que nos dejen en paz y ustedes, ¿otra vez aquí?”. La directora confundió a los policías judiciales de la Procuraduría del Estado con los de Jilotepec.

Cuando vimos que se empezaba a complicar todo, fuimos a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México a presentar una carta con la descripción de los hechos ocurridos que llevaron a la muerte de nuestro hijo. Allí nos atendió un abogado que recibió nuestra carta y nos comentó que apenas hacía dos meses habían ido los padres de una niña de sexto año que había sido asesinada en una escuela primaria del municipio de San Mateo Atenco por otra niña que le clavó un lápiz en la yugular. Caso éste que también quedó “enterrado” por la eficiencia de la Procuraduría de Justicia del Estado de México.

¿Y las autoridades del Estado de México qué hicieron cuando tomaron conocimiento de la muerte violenta de nuestro hijo?

Enterados el secretario de Educación, licenciado Raymundo Martínez Carbajal, y el gobernador del Estado de México, doctor Eruviel Ávila Villegas inicialmente por cartas enviadas por nosotros, y luego por entrevistas personales que sostuvimos con ellos, nada hicieron para apoyar la investigación. Apostaron a ocultar, a que nadie diga que en el Estado de México ocurren muertes de niños a causa del bullying. Por ello dieron indicaciones al Ministerio Público mexiquense que en lugar de asumir la defensa de nosotros, los padres del niño, defendieran a los maestros y detuvieran totalmente la investigación destruyendo pruebas (incineraron el corazón de Oswaldo para que no quedaran evidencias, siendo la pieza principal de la investigación) para hacer lugar a la acusación infundada de los maestros corruptos apoyada por los supervisores, subdirectores y directores educativos que sostienen que el niño murió de un infarto cardíaco.

Hasta el Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México (SMSEM) se ensucia en este crimen con tal de proteger a sus maestros y envía –a través del Mtro. Luis Ángel Jiménez Huerta, director general de Educación Básica del Estado, que se enteró al mismo tiempo que yo del asesinato– prestamente a un par de abogados que en la clínica del ISSEMyM preguntan si allí está un niño muerto en una escuela pública. Un familiar nuestro les dice que sí, que la madre del niño “es esa señora” (yo también soy maestra estatal) y sentí el alivio de saberme apoyada por mi sindicato. Poco me duró el alivio porque los abogados dijeron: “ah… no. Nosotros venimos a defender a los maestros de la escuela”.

Sin saber qué había pasado con mi hijo, el SMSEM ya había juzgado el caso y se disponía a defender a la directora de la escuela y sus maestros sin el menor pudor. Situación totalmente diferente ocurrió ahora en Tamaulipas, donde el sindicato de maestros reaccionó con decencia y anunció que no defenderían a los maestros implicados en el crimen del niño de Cd. Victoria. Al ver esto, tristemente me quedo con la sensación de que el Estado de México y el de Tamaulipas, pertenecen a países distintos.

Aquí en el Estado de México nuestro gobernantes no quieren reconocer el grave problema social que es el acoso escolar (llamado bullying), prefieren ocultarlo y burlar a la justicia, por ello el Ministerio Público, cómplice del gobernador, no quiere que la investigación llegue al juez calificador porque no han podido torcer a un médico honesto que con su diagnóstico de asfixia mecánica hace insostenible la tesis de la muerte por infarto de Oswaldo.

Entonces, ¿a qué recurren? A estirar indefinidamente las averiguaciones, a cansarnos, a fastidiarnos para que olvidemos a nuestro hijo asesinado. ¡Están locos si creen que el tiempo hará olvidar a nuestro Oswaldo!

Tenemos pruebas irrefutables proporcionadas por una persona decente que tuvo conocimiento de estos correos electrónicos donde las autoridades dan instrucciones precisas de cuáles son los resultados que se deben difundir como “oficiales” y desacreditar a los médicos que con honestidad indican que la muerte de nuestro hijo fue por asfixia mecánica. (Vean los documentos insertos al final de este mensaje).

Así están las cosas en el Estado de México. Muy lejos de lo que ocurre en Cd. Victoria, Tamaulipas, donde gobierno, autoridades educativas y sindicato buscan esclarecer con transparencia los hechos y hacer justicia, esa justicia que sería un magro consuelo, pero consuelo al fin, que nos han negado para aumentar así nuestro dolor.

Lejos de que la Procuraduría de Justicia “trabaje en grande” como dice el eslogan del inepto e insensible gobernador, trabaja en pequeño, tuerce los hechos, deja en el olvido la investigación, no permite que llegue al juez calificador para que prospere un juicio oral transparente al que nosotros, los padres de Oswaldo, y la sociedad entera tenemos derecho.

Sépalo, sr. gobernador: no cejaremos en nuestra lucha por la justicia y castigo a los responsables porque así contribuiremos a que no haya más casos como los de Oswaldo.

Una pregunta final, sin ningún tinte político: ¿estos hechos no son suficientemente graves como para que renuncie el gobernador del Estado de México, dr. Eruviel Ávila Villegas y su amigo, el secretario de Educación, lic. Raymundo Martínez Carbajal?

Cuidado con la Cámara de Diputados

Miguel Alvarado.

Editor general Semanario Nuestro Tiempo,

PRESENTE

 

Un día como hoy, pero del 2013, es decir el 15 de enero, me despidieron de un empleo que me habían ofrecido en la “ilustrísima” Cámara de Diputados federal, como editora de una dichosa revista llamada Cámara. Me habían ofrecido un empleo en nómina y estuve trabajando cerca de un mes, contando los días festivos, el 25 de diciembre y el 1 de enero. A los pocos días de haberme contratado me pidieron un equipo editorial, que conformé con otras tres personas, según las actividades que se requerían para la revista: un asistente editorial, un diseñador gráfico y un icongrafista. Nos pidieron trabajo bajo presión, pues tenían muchos números atrasados. Al concluir el mes, teníamos concluido un número de la revista. Un par de días después despidieron al diseñador y otros días más tarde me pidieron que despidiera a mi asistente editorial sin que mediara razón alguna. Por supuesto, de dicho trabajo jamás recibimos pago alguno. La primera persona que me “contrató” se llama Rogelio Carvajal Dávila, trabajó en Océano durante muchos años y también en editorial Jus (editoriales de las cuales también salió con problemas). La persona que medió en la “contratación” es una señorita que se ostenta como editora, pero que apenas comenzó a laborar como tal hace cerca de año y medio, llamada Katya Albíter, y con quien traté en la Cámara y que prometió pagarnos el adeudo por el trabajo hecho es un señor llamado José Raúl Márquez Córdova, quien tiene el cargo de Coordinador de Editorial e Imagen Legislativa dentro de la dicha institución. De todos, por igual, mi equipo de colaboradores y yo recibimos un trato majadero y déspota y luego de meses de vueltas y vueltas y llamadas, decidí dejarlo por la paz. Les cuento la historia para que se cuiden de cualquiera de estos tres personajes, están acostumbrados a vivir del trabajo ajeno. De Rogelio Carvajal, en el transcurso de un año he recopilado al menos otras cuatro o cinco historias de negocios turbios que ha hecho con colaboradores, autores y editores. Así que ojo.

Rocío Franco López.

Toluca, México; enero del 2014.

 

Exigimos explicación por detención de autobuses de militantes de MORENA

El pasado 8 de septiembre acudimos al mitin convocado por el Lic. Andrés Manuel López Obrador en el Hemiciclo a Juárez de la ciudad de México, para ejercer nuestro derecho a la libre manifestación y expresar nuestra oposición a las privatización de la industria petrolera y el aumento del IVA en medicinas y alimentos, miles de mexiquenses nos movilizamos por nuestros propios medios para participar en dicha actividad política.

A las 9 de la mañana en la Vía Morelos (vieja carretera México-Pachuca) a la altura de la “Y” Santa Clara, decenas de policías armados de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) del Gobierno del Estado de México (GEM) detuvieron los autobuses que trasladaban a compañeros de MORENA, entorpeciendo su participación en el mítin convocado.

Por lo anterior, exigimos a la recién nombrada Mtra. Rocío Alonso Ríos titular de la SSC del GEM, una explicación pública de las razones para efectuar el operativo donde participaron decenas de agentes encapuchados portando armas largas, para detener a los autobuses que se dirigían a un mitin político.

Ante la eventual utilización de los cuerpos policíacos para reprimir una manifestación pacífica, incluidos adultos mayores, niños y población en general, esperamos una pronta respuesta.

 

Atentamente

Lic. Félix Santana Ángeles

hoja.viento@gmail.com

7221566938

 

Cartas a la Redacción: lo chocan y lo obligan a pagar

Toluca, México; 18 de enero del 2012

Miguel Ángel Alvarado

Director General del Semanario Nuestro Tiempo

Presente

 

Me gustaría contarles algo que me sucedió en Metepec, Estado de México. Me encantaría que pudiesen presentar una investigación sobre la manera en que operan las líneas de transporte en el caso de incidentes de tránsito, si actúan de manera correcta, cómo hacen en caso de demandas, entre otras.

Mi enojo y frustración es enorme, ya que me haré cargo de los gastos por un accidente en el cual, considero, hubo responsabilidad por la contraparte. Me molesta que el chofer no haya podido reconocer o siquiera narrar su versión de los hechos sin verse influenciado por el representante de su línea. También me enoja el acto de corrupción por parte del oficial de Tránsito al querer obtener provecho económico. ¿Dónde quedan los valores, nuestra sociedad, el ciudadano común y corriente? Cuando se enfrenta con grandes empresas, su palabra no vale, no cuenta.

Quedo tranquilo, pues siempre actué y declaré la verdad sin buscar salir beneficiado. Desafortunadamente, uno se da cuenta de que muchas veces actuar y llevar su vida de forma correcta no sirven para absolutamente nada.

Por obvios motivos mantengo mi identidad anónima.

El 17 de enero del 2012, minutos después de las 7:40, me incorporaba a Paseo Tollocan (después de Avenida Tecnológico), cuando de repente sentí el impacto de un vehículo. Instantes después de la tremenda sacudida, me di cuenta de que había sido golpeado por un autobús de la línea Caminante, que se dirigía al DF. Procedimos a bajarnos, hablé a mi seguro para notificarles el acontecimiento. Afortunadamente salí ileso.

Minutos después se presentó un oficial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, el cual me pidió tarjeta de circulación y licencia, las cuales entregué al momento.

Aproximadamente a las 8:30 llegó el ajustador de mi seguro. Le comenté los hechos, llené formatos y se comenzó la negociación. El chofer del autobús sólo llamó al representante de su línea, que llegó con total prepotencia solicitando reparación del daño.

Me voy a permitir describir con mayor detalle el incidente: yo salía de la calle Agustín Melgar, de la colonia Francisco I. Madero, para incorporarme a Tollocan con dirección al DF. Llegué hasta la esquina para esperar el momento en que pudiese dar vuelta. El tránsito era muy fluido, por lo que no era momento de incorporarse a la avenida principal. Hubo un momento donde, en el carril al cual me iba a incorporar, hubo un espacio considerable. El vehículo más cercano era un Tsuru (al parecer un taxi), que al ver que estaba esperando para incorporarme prendió su luz direccional indicando que daría vuelta en la calle por la cual yo salía. Cabe mencionar que la velocidad de este vehículo era de entre 20 y 30 kilómetros por hora. Así, había espacio suficiente y el vehículo más cercano venía a baja velocidad. Me incorporé al carril derecho de Tollocan pero al momento de terminar siento el impacto del Caminante, que fue lateral. Apenas alcanzó a golpearme, pero me arrastró y terminó por subirme a la banqueta, donde afortunadamente no se encontraba ninguna persona. Resultaron dañados mis faros, fascia, parrilla, salpicaderas, radiador y cofre, entre otros. El impacto fue en el lado izquierdo, pero recorrió hasta el derecho.

Mi versión apunta a que el Caminante circulaba a velocidad máxima o muy cercana a la permitida (60 km/h) por el carril izquierdo de la lateral de Tollocan. Al ver el espacio dejado entre el Tsuru y el vehículo que había pasado antes de incorporarme, hizo un cambio de carril de forma imprudente, sin percatarse que yo ingresaba a la vialidad. Al momento de ver al Tsuru acercarse, el Caminante aún no se encontraba ni cerca. Al notar que yo me había incorporado, el conductor decidió no cambiar de carril, por lo cual sólo fue un rozón (aun así fue un golpe considerable) y no un impacto de lleno.

La versión del conductor del autobús apunta que él venía por el carril de la derecha (al cual me iba a incorporar), atrás del vehículo que dio vuelta. Y que yo me metí al carril sin precaución (adelante del Tsuru). Y que al ver que me había metido, decidió abrirse al carril de la izquierda para evitar un golpe de lleno.

Algunas aclaraciones respecto a su versión son:

1.- Si el autobús hubiera venido detrás del Tsuru, su velocidad sería sido mucho menor.

2.- De ser cierto que viniese el autobús sobre el carril derecho y que yo me hubiera metido, me habría impactado por detrás. El chofer dice que se abrió para evitar el golpe de lleno. Sin embargo, el carril hacia donde, según él, se había abierto (izquierda) venía con tráfico constante, por lo cual habría impacto varios autos.

3.- Después del impacto, el autobús pudo detenerse aproximadamente 100 metros adelante, con un rayón a lo largo de toda su carrocería (lo cual demuestra que su velocidad era considerable).

4.- En caso de que este autobús hubiese venido atrás del Tsuru, habría tenido que acelerar bastante para poder llegar hasta el punto donde yo me encontraba.

En un principio, el chofer del autobús declaró haber venido detrás del Tsuru pero después de la llegada del representante de su empresa, declaró que yo me había metido y que él tenía la preferencia, además de mencionar que los demás vehículos no importaban para determinar la responsabilidad en el incidente. El representante de su empresa poco lo dejaba hablar. Otro punto a destacar es que el chofer se encontraba con un acompañante, lo cual puede causar distracción y, según entiendo, está prohibido. Ese acompañante decidió abandonar el lugar rato después de lo ocurrido.

La postura de la línea fue exigir el pago de daños causados, negándose a cualquier oportunidad de diálogo efectivo para verdaderamente deslindar responsabilidad. La línea se encontraba dispuesta a acudir al Ministerio Público para reclamar pago.

El ajustador me explicó los procesos con sus respectivos tiempos y costos, ventajas y desventajas, por lo cual opté por pagar el deducible del accidente y que mi seguro pagara los daños a la empresa de autobuses.

Desconozco la manera de operar de las líneas ante un suceso así, por qué no llamar a su aseguradora y sólo a su representante y su manera de proceder ante las instancias legales correspondientes.

Por último y como cereza en el pastel, el agente de Tránsito que se encargó de “auxiliarnos”, al llegar al “arreglo”, nos comentó que éramos acreedores a sanciones por haber participado en una colisión, por manejo imprudente, etc. Le recordé que no se encontraba facultado para expedir infracciones, ya que en el Edomex sólo la policía de Tránsito, compuesta por mujeres, está autorizada.

Se ofreció amablemente a no levantarnos infracción, que yo decidía si la quería. La misma táctica utilizó con el representante de la línea, el cual invitó al policía a abordar su unidad particular, donde decidieron no imponer la infracción a cambio de una gratificación monetaria. Después regresó conmigo y ante la negativa y el conocimiento de que no me podía infraccionar, decidió entregarme mis papeles y marcharse de inmediato.

Cartas a la Redacción

Busca justicia en la Policía Auxiliar

Trabajé más de 6 años en la Policía Auxiliar del Estado de México, en Cusaem, que pertenece a la Agencia de Seguridad Estatal. El 2 de octubre del 2010 yo tuve un accidente y me dieron incapacidad en el servicio médico que yo tenía, que es el ISSEMyM de Nezahualcóyotl y cuando llevé mi incapacidad a la corporación, el comandante Enrique Plata Cruz, jefe de la Región 33, no me quiso recibir mi incapacidad. Asimismo, avisando a Recursos Humanos que tampoco me la recibieran en la cual lo apoyó la licenciada Nicte Ha y el día 11 de ese mismo mes me entero que ya me dieron de baja por faltas injustificadas, según ellos, cuando yo todavía estaba incapacitado. Hasta el día 22 me hicieron la entrega del oficio de baja y fui a levantar una demanda por despido injustificado en el Tribunal Administrativo de lo Contencioso y otra demanda en la Procuraduría de Barrientos en la Mesa de Responsabilidades. Hasta la fecha no hay muchos resultados, ya que el comandante Enrique Plata Cruz dice que ni me conoce y niega todo y la licenciada de Recursos Humanos que el oficio de baja que me dieron no es baja, que sólo es un comprobante para que yo consiga otro trabajo. Ojalá pueda leer mi problema. Gracias.

wwwpablo60@yahoo.com.mx