Los juegos del hambre: la historia de los comedores comunitarios en el Edomex

* La delegación federal de la Secretaría de Desarrollo Social, encargada de Comedores Comunitarios, adeuda cuatro meses de salarios a todos los coordinadores del programa, desde agosto y lo que va de diciembre del 2014. Los sueldos que los empleados reclaman sin éxito van desde los 6 mil 800 pesos hasta los 18 mil mensuales. Las personas afectadas, de 450 a 500, desde operativos hasta administrativos, repartidas por todo el territorio mexiquense, trabajan hasta la fecha sin contrato alguno y la razón que el delegado de la Sedesol, Edmundo Rafael Ranero Barrera, anteriormente subsecretario de Operación del Transporte estatal, les da para no pagar es la más simple de todas: “no hay dinero”.

 

Miguel Alvarado

El programa federal Comedores Comunitarios que se desarrolla dentro del proyecto Cruzada Contra el Hambre es uno de los más emblemáticos de la administración del presidente mexicano Enrique Peña. El programa ha sido promocionado a nivel nacional como uno de los más exitosos pero al menos en el Edomex la realidad es otra.

Esa batalla contra el hambre es librada con recursos que empleados y voluntarios ponen de su propia bolsa. En todo el país este programa abrió espacios comunitarios para apoyar a los sectores sociales más desprotegidos, pero en tierras mexiquenses ha sido intervenido por autoridades municipales, como sucede en Metepec, donde la alcaldesa priista, Carolina Monroy, esposa de Ernesto Némer, subsecretario federal de Desarrollo Social, justamente la dependencia que desarrolla y opera los comedores, ha involucrado a personas que el ayuntamiento tiene inscritas en otro proyecto municipal, el Programa Metepequense de Seguridad Alimentaria, ProMesa. Monroy es, además, prima de sangre del presidente Peña Nieto.

También, la delegación federal de la Secretaría de Desarrollo Social, encargada de Comedores Comunitarios, adeuda cuatro meses de salarios a todos los coordinadores del programa, desde agosto y lo que va de diciembre del 2014. Los sueldos que los empleados reclaman sin éxito van desde los 6 mil 800 pesos hasta los 18 mil mensuales.

Las personas afectadas, de 450 a 500, desde operativos hasta administrativos, repartidas por todo el territorio mexiquense, trabajan hasta la fecha sin contrato alguno y la razón que el delegado de la Sedesol, Edmundo Rafael Ranero Barrera, anteriormente subsecretario de Operación del Transporte estatal, les da para no pagar es la más simple de todas: “no hay dinero”. Los empleados, sin embargo, deben seguir laborando porque es la única manera que les ofrecen para exigir un pago posterior, que además ha sido condicionado al cumplimiento de exigencias que en un inicio no estaban estipuladas. La delegación de Sedesol tiene recursos económicos que llegan puntuales desde la Federación, pero el rubro destinado a los salarios se pierde en algún lugar de la burocracia que administra el hambre en suelo mexiquense. Los empleados sin salario aseguran que, a estas alturas, pesa ya una amenaza para darlos de baja sin que puedan cobrar los adeudos. Una última reunión entre trabajadores y autoridades apenas pudo esbozar la promesa de un pago entre el 15 y el 18 de diciembre, aunque se les advirtió que solamente noviembre y diciembre serían liquidados.

Ese impago misterioso, llevado a la práctica hasta sus últimas consecuencias, ha generado que los comedores se transformen en cocinas económicas de carácter privado, donde los mismos empleados cobran las comidas hasta en 18 pesos “porque esa es la única manera que tenemos para sobrevivir”. Esa comida, que en los establecimientos del valle de México alcanza hasta 30 pesos por persona, tiene un valor al público, de origen, de 5 pesos, pues es parte de un programa subsidiado. Pero quienes venden la comida, por otra parte no gastan en ella, porque los insumos no han fallado y la Federación los suministra cada 30 días. Así, los salarios retenidos desde la Sedesol pervierten un programa que, dicen los mismos coordinadores, es bondadoso y está perfectamente armado.

Los afectados denuncian un fraude a partir de la retención de sus pagos, primero porque las razones que se les dan para no entregárselos son absurdas y después porque no hay ninguna bancarrota ni anuncio oficial que indique que el programa se haya detenido o perdido los fondos. En el Estado de México existen 957 comedores, coordinados a nivel estatal por Alfredo Sánchez Víquez, quien llegó en octubre del 2014, enviado desde la Subsecretaría del Transporte, donde era jefe de la Unidad de Movilidad Urbana. El cambio para Ranero y Sánchez fue drástico y los afectados entienden que los enviaron a “contener” los reclamos por salarios y otras irregularidades.

“Si negociaba con lo peor de lo peor del transporte público, y les ganaba, ¿qué podemos esperar nosotros?”, apunta uno de los demandantes. La presión es tal que muchos ya se han ido, sin cobrar.

“Yo quiero pagarles, pero…”, les dice Ranero cada vez que hablan del tema.

Los 957 comedores están ubicados en 19 regiones y atienden, de lunes a viernes, un promedio de 240 servicios diarios, la mitad en la mañana y la otra a la hora de comer. Cada servicio, con un costo de 5 a 10 pesos, está dirigido a población con características bien definidas: niños de hasta 11 años, discapacitados, embarazadas, adultos mayores de 65 años y personas en pobreza extrema. Los comedores son atendidos por voluntarios a cambio de comer allí y de que tres de sus familiares acudan también, sin costo. En general, forman equipos de hasta 5 personas que trabajan una semana al mes. Cada comedor, entonces, tiene 4 equipos de hasta cinco elementos aunque eso varía. Las cocineras y los jefes de Comedor tienen un horario de 6 de la mañana a 5 de la tarde, aunque es flexible. Por ser voluntarios, no reciben ningún salario. En total, se reparten 229 mil 680 raciones diarias en toda la entidad.

Unas 500 personas son las que colaboran con Sedesol en los comedores comunitarios, divididas en las cuatro figuras que marca el programa: empleados regionales, municipales promotores y microrregionales. Un promotor, por ejemplo, debe tener 5 comedores para hacer válido su cargo y optar al pago. Pero no todos cumplen ese requisito. Algunos tiene cuatro, y a pesar de que se trabaja, la Sedesol advierte que no pagará. Ese condicionamiento en el pago se deriva también de la desinformación. Los empleados desconocen, a estas alturas, cuáles son los requisitos exactos que exigen en la delegación. Al principio eran 12 los formatos requeridos pero al paso de los meses se “inventaron” otros. La idea estaba establecida: no pagar.

– La instrucción directa es ésa. Así nos dijeron los nuevos administradores, “háganle como quieran”. Eso nos dijo Víctor Calvillo, director general de Participación Social –apunta uno de los afectados.

La delegación de la Sedesol cambió recientemente a sus funcionarios y el programa se vio en apuros. Primero estaba Fernando Alberto García Cuevas, quien asumió su encargo en febrero del 2013. Duró allí 20 meses y su salida obedeció a acuerdos políticos entre el PRI mexiquense, el gobierno estatal y la propia Federación, que preparan ya las elecciones intermedias del 2015.

Una reunión en Zumpango, hace pocos meses, perfilaba ya los problemas que ahora arrastra el programa. García Cuevas todavía estaba al frente de la Sedesol y reclamaba los pagos atrasados.

– Este problema de los comedores se tiene que arreglar y, si no, yo aquí pongo mi renuncia –dijo el ex delegado.

– Si alguna renuncia debía estar aquí, es la de Víctor Calvillo –fue la respuesta de los representantes de Rosario Robles, secretaria federal de Desarrollo Social. Un primer pago llegó en abril del 2014, pero fue el único dinero que han visto los empleados.

Otra reunión desembocó más o menos en lo mismo. “Señores, su pago ya está, pero deben llenar una carpeta con información”. Al final el trámite se convirtió en un laberinto burocrático que en lugar de allanar el camino lo cerró todavía más y obligó a una degradación escalafonaria que algunos aceptaron a cambio de quedarse.

Hubo a quienes sí se les pago. Gente de Ecatepec, Cuautitlán Izcalli, por ejemplo, fueron los primeros y únicos beneficiados. A ellos se les pagó, sí, pero hasta en eso hubo irregularidades porque en Ecatepec no se ha abierto ningún comedor.

– Eso sí, hay pagos para la gente que dice trabajar allá por instrucción del gobernador del Edomex, Eruviel Ávila –aseguran. A ellos les pagaron seis meses. Pero esa estructura, la de Ecatepec, desapareció de inmediato, nada más cobrar, se desintegró.

Los quejosos recibieron un adelanto entre junio y julio del 2014 que se pactó como viáticos y gastos a comprobar. Así se firmaron esas entregas y así están las pólizas. Pero el nuevo delegado argumenta ahora que se trata de un préstamo solamente “y que ahora tenemos que pagar”.

La Sedesol no es cualquier delegación. Desde allí se operan los programas federales para la entidad más poblada del país, que concentra poco más de 15 millones de habitantes, la mitad de ellos, según el INEGI, ubicados en algún tipo de pobreza. En febrero del 2013 la tierra de Peña Nieto se colocaba dentro del grupo de cuatro estados que experimentaron un crecimiento en la pobreza. Oaxaca, Guerrero y Chiapas, según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) son los otros socios de este club de la miseria. En el 2012, el Edomex tenía 6.7 millones de pobres y un año más tarde había 7.32 millones. El porcentaje de la población en pobreza para la entidad era, en el 2010, del 42.9 por ciento. En el 2012 fue de 45.3 por ciento.

Según el propio García Cuevas, el presupuesto que la delegación de la Sedesol en el Edomex ejercía, en el 2013, era de 5 mil 300 millones de pesos pero con la inclusión de los 125 municipios al Fondo de Aportaciones a la Infraestructura Social Municipal (FIS), la partida aumentó y en el 2014 se operaron 10 mil millones de pesos “para mover los indicadores de pobreza”, aseguraba García en febrero del 2014. En conjunto, los gobierno del Estado de México y la Federación han invertido más de 6 mil millones de pesos en programas contra el hambre integrados en la Cruzada Nacional Contra el Hambre, afirmaba Ávila Villegas.

El Edomex, uno de los estados más ricos y productivos del país es, desde los conteos de la Federación, también uno de los más depauperados. Los números, en contraste con los discursos públicos de los tres niveles de gobierno, juegan un papel preponderante para el 2015, cuando haya elecciones en la entidad y el dispendio en campañas alcance, como históricamente lo hace, proporciones de ficción. Ese dinero, el del dispendio, deberá provenir de alguna parte.

Las ecuaciones que mezclan pobreza y comicios en programas sociales son perfectas. Quienes tienen más pobres también obtienen mayores recursos federales y estatales y pueden negociar aumentos. Cuna del Grupo Atlacomulco, enclave político de Peña Nieto, no es casualidad que el Edomex tenga, desde esas estadísticas, a la mitad de la población clasificada como pobre.

En medio de la corrupción imperante, el programa de Comedores Comunitarios toma ya un sesgo electoral, pero las pérdidas son incuantificables y los propios coordinadores saben que ese proyecto se cae por falta de capacitación y porque ha llegado a trabajar allí gente que no tiene idea de cómo operar. Las irregularidades se presentan hasta en la renta de las oficinas de la Sedesol, en realidad una casa-habitación ubicada en la calle Francisco del Paso Castañeda 107, en la colonia Universidad.

– Están pagando, junto con un anexo para estacionamiento que está a tres cuadras, 92 mil pesos al mes. Es una casa, enorme, sí, pero en la zona la renta no pasaría de la mitad. Está en una zona donde el uso de suelo es habitacional pero la usan para oficinas, no está adaptada y eso ya tiene consecuencias pues se ha quemado la acometida de electricidad por no tener la instalación adecuada. La gente que trabaja allí está sentada en un barril de pólvora porque las instalaciones son de tabla-roca. Se puede quemar todo. García Cuevas supo de ese riesgo.

– ¿De quién es esa casa?

– El dueño de la casa se llama Gordillo, Carlos Gordillo. Es un cuate que tiene un auto Lamborghini, el único auto así que anda por aquí.

Los afectados consideran que los nuevos delegados, Ranero y Víquez, hacen, literalmente, lo que se les pega la gana e involucran a un personaje más, Tania Pérez Olguín, sobre quien recae la nueva estructura. Sedesol, dicen, exprime a la gente, que a estas alturas no abre algunos comedores.

El poder de Pérez es absoluto en la nueva administración a pesar de no conocer la estructura. El primer comedor que se abrió se ubicó en Pueblo Nuevo, San José del Rincón, inaugurado por Peña Nieto y atestiguó la incapacidad de Pérez Olguín. Quince días después de inaugurado, fue y se enfrentó con los que allá trabajan.

– Este comedor, si quiero, lo cierro porque yo soy autoridad –dijo la funcionaria de Sedesol.

El conflicto generó deserciones; consta en reportes la conducta de Pérez, a quien califican como el terror del programa.

 

Un botín político

 

El proyecto de los Comedores en el Edomex comenzó sin un techo presupuestal y el testimonio de las propias cocineras de comedores en Metepec lo confirma. “Nosotras llegamos cuando no había nada, sólo el local vacío. No teníamos ni siquiera servilletas. Nosotras compramos cosas, acondicionamos y aguantamos por un tiempo para que esto funcione. Todavía le hacemos así”.

La Sedesol no venía a experimentar pues había registros de aperturas en Guerrero, Chiapas y Michoacán. Aun con eso, ni siquiera había un reglamento. Y si lo hubo, nadie lo leyó. Así, sabían de la importancia de pagar los servicios, por ejemplo, de la Secretaría de la Defensa Nacional o capacitaciones. A ellos sí les pagaron. Eran pagos importantes, de hasta millón y medio de pesos. Pero para las personas no hubo nada, ni siquiera viáticos.

La Sedesol nunca hizo ningún tipo de contrato con los afectados, todos los acuerdos han sido de palabra y podría desconocerlos en cualquier momento. La Secretaría del Trabajo no ayuda porque no hay constancias en papel. A eso se debe que una mayoría haya decidido abandonar el empleo.  La promesa inicial de Peña Nieto era abrir 2 mil comedores. Pero el impago detuvo todo.

– Nos quedamos en 957 comedores –dice otro de los demandantes –pero se empiezan a convertir en botín político. Y hay lugares, como es el caso específico de Toluca y Zincantepec donde no hay ninguna persona de Sedesol. En este último municipio sucede así.

– ¿Sedesol “abandona” o entrega la operación a los municipios?

– En el caso que narro, en Zina, pregunté primero quién era el representante de Sedesol y me dijeron: “nadie, todos somos del municipio”. No podía estar ese tipo de personas administrando el comedor. Y resulta que el jefe de ellos era la directora de Desarrollo Social municipal, Eloísa Contreras Archundia, quien en lo legal es el enlace entre el municipio y el programa Cruzada Contra el Hambre, pero no puede actuar como “administradora”.

Al menos en Toluca y Zinacantepec pusieron algunos comedores en locales donde operaban ya cocinas económicas. De lunes a viernes estaba el programa pero los fines de semana aprovechaban lo que había para venderlo. Y eso siguió creciendo. Hay comedores que ya se volvieron cocinas económicas porque quienes tendrían que supervisar no han cobrado sus salarios.

Los usuarios más frecuentes son los niños, por encima de los adultos y lo que se cobra, 5 ó 10 pesos funciona como cuota de recuperación. Ese precio se decide en una Asamblea. Sin embargo, las cuentas no salen. Los comedores que se volvieron cocinas económicas cobran 18 pesos por comida y usan esa diferencia monetaria para la gente que trabaja, pero nada se aplica para el comedor, que además ya se adapta para todo el público. Si nadie supervisa, nadie se entera, al menos de manera oficial. La mayoría de los comedores ya son negocios personales.

“La idea de los comedores -dice otro de los inconformes- está inspirada en una de Lula da Silva en Brasil, aunque allá eran para todos”. Y es que la gente, aunque no esté en la clasificación de Sedesol, ya reclama. “¿Por qué no voy a comer? Soy mexicano y es mi derecho. Ahí nosotros no podemos echarnos encima a la gente, porque además son nuestros vecinos”.

Luego de casi un año de abiertos los comedores, al menos la mitad en el Edomex está en esas condiciones de “negocios privados” y el esfuerzo que se hizo para levantar el programa ha quedado rebasado. El fenómeno se presentó primero en el valle de México y pronto el ejemplo se extendió. En Atlacomulco, la tierra del presidente Peña, hay denuncias por robo de abasto y cambios de sedes sin previo aviso pero eso no impidió que se abrieran 300 comedores en la región, incluyendo Ixtlahuaca, Acambay, San José, Progreso, entre otros. El valle de Toluca tiene unos 129 comedores. En el valle de México hay más de 200.

Sobre el control del abasto, un tema por el cual los trabajadores han sido amenazados de castigo, la Sedesol no toma en cuenta las raciones que consumen los voluntarios ni los tres familiares que cada uno de ellos tiene derecho a alimentar. Las raciones, por supuesto, aumentan. Los inventarios de la Sedesol no cuadran con sus propias órdenes. Los coordinadores tienen prohibido comer en los comunitarios pero cuando se cumplen cuatro meses de impagos, acuden al servicio por necesidad.

Pero el mensaje que se le envía a la opinión pública es distinto. La delegación escoge “cinco comedores de éxito”, los mejor organizados. Allí se envía a Televisa, por ejemplo, y filmaba para pasar las imágenes, luego, en los noticieros de aquella empresa.

Los empleados sin cobrar ironizan que la Sedesol se preocupa por los desposeídos, pero no por sus trabajadores. “No tenemos seguro social, hacemos recorridos a comunidades lejanas con recursos propios pero no hay respaldo de la delegación, nunca se nos dio”.

 

Triangulas o cuello

 

Todavía una irregularidad más esperaba a quienes aceptaron trabajar el programa y consistía en triangular los pagos. Así, el salario asignado originalmente lo compartieron con sus jefes.

– La estructura de Sedesol consta de 19 regiones y dentro de ellas nos asignaron una categoría, un puesto y un salario. Cada una de las 19 regiones tuvo un coordinador de programa federal, con un sueldo pagado por Sedesol. Ellos trabajaban programas para adultos mayores, para jefas de familia y microrregiones, entre otros. Ya tenían una coordinación, antes de que iniciara Comedores y se les asignó una región con nosotros. Para que ellos pudieran cobrar, primero a nosotros nos dieron un nombramiento como coordinadores regionales, que es nuestro cargo. El dinero que nosotros cobramos se lo tenemos que dar al coordinador de Área. Para esto se consiguieron prestanombres, para que nosotros pudiéramos también cobrar.

– ¿Los servidores públicos que ya trabajaban para Sedesol comenzaron a recibir dos salarios?

– Sí, el que ya tenían por su cargo y responsabilidades originales, y el que venía de nosotros, en el programa de Comedores. Claro que el salario más alto era el que ellos recibían por su trabajo inicial. En algunos casos esos coordinadores nos apoyaban directamente con vehículos o dinero para traslados pero en otras regiones los coordinadores no ayudaron en nada.

– ¿Cuál es la cantidad que se llevan esas personas por el trabajo de ustedes?

– El salario más alto en el programa de Comedores, que es el de coordinador regional, es de 18 mil 200 pesos mensuales. El siguiente salario es de 16 mil 800, netos, sin ninguna prestación. El salario más bajo que tenemos es el de los promotores, de 6 mil 800 pesos mensuales. Trabajamos de lunes a viernes, no tenemos hora de entrada ni de salida. Cuando se abren los comedores llegamos a las seis de la mañana y salimos a las siete u ocho de la noche. Estamos por honorarios.

– ¿Cuáles son las condiciones laborales en las que se encuentran ustedes ahora?

– De incertidumbre. No nos dicen si se nos va a pagar pero sí que sigamos. Y lo hacemos, pero con nuestro dinero.

– ¿Cuántos comedores se han cerrado?

– Ninguno todavía, pero siguen operando con recursos de los propios empleados y de las voluntarias. Nosotros supervisamos sus actividades. Ahora llevamos cuatro meses sin cobro, pero la primera vez fueron seis meses. Seguimos porque tenemos la esperanza de que se nos pague. Las personas que comen y pagan la cuota de recuperación hacen posible que los comedores no se caigan, porque con ese dinero se compran los insumos, el gas. Esto les sucede a todos, en mayor o menor proporción.

Otro ejemplo de fugas de dinero o pagos indebidos son los equipos de trabajo “particulares” de las autoridades encargadas, como sucedió con un mini-staff que armó Alberto García Cuevas y cuyos cheques se obtendrían de los presupuestos de los comedores. También hay administrativos a quienes se les dio la indicación de cobrar de esas partidas. La mayoría de estos “externos”, dicen los afectados, provienen de la estructura estatal del PRI.

– Hubo coordinadores regionales que no tenían promotores, o muy pocos. Entonces les dijeron que juntaran gente, la que fuera, para justificar sus pagos. Si un promotor iba a cobrar 24 mil pesos, debía entregar 14 mil pesos a sus coordinadores de Área –apuntan.

La triangulación del dinero estaba bien proyectada. Se reportaban 10 promotores cuando en realidad había tres, y los siete que faltaban se inventaban. Ni siquiera hay una cifra real de trabajadores porque fueron manipuladas por los coordinadores de Área.

– A cada región se le asignó un coordinador de Área, 19 en total, que funcionaba como enlace, entre otras cosas, con autoridades locales. Ellos cobraron con la triangulación del dinero.

 

Los comedores

 

Dos de los comedores en Metepec están ubicados dentro de parques públicos, en pequeños salones de no más de 4 por 7 metros cuadrados. Lonas rojas o blancas anuncian el programa. Tres mesas de plástico para 18 lugares esperan la hora de la comida. En el centro de ellas, un pequeño letrero recuerda a los asistentes los buenos modales. “Es desagradable comer en mesa y silla sucias. Limpia por favor cuando termines de tomar tus alimentos”. El único adorno de ese comedor es la foto de la alcaldesa de Metepec, Carolina Monroy, que observa desde su marco la llegada de los beneficiados.

En el saloncito debe caber todo, desde la cocina hasta las mesas para los usuarios. Las cocineras, son tres, son voluntarias y acuden sin salario alguno desde las seis de la mañana en jornadas de 11 horas, una semana de cada mes. Otras dos personas, administrativas, completan ese equipo. A pesar de no tener pagos, pueden llevar a comer a tres de sus familiares diariamente y ellas mismas comer allí, además de juntar una despensa con los sobrantes del abasto. En esa sede trabajan 31 voluntarias.

– En general atendemos a todo tipo de personas, además de las que se marcan en el programa. Vienen por algún motivo. No podemos dejar de atenderlas y se les cobra lo mismo. Aquí servimos unas 220 raciones diarias –señala una de las voluntarias, quien acepta que a estas alturas se necesita una “motivación para las cocineras, no un pago pero sí apoyo”.

Ese equipo trabaja en una cocina que no está totalmente adecuada y que debe hacer espacio incluso para tanque de gas, que no encuentran un lugar afuera. Las mujeres se han adaptado y entre los alimentos y las enormes ollas se organizan eficazmente.

– Para el desayuno damos leche, pan, algún tipo de guisado y en la tarde se ofrece arroz, otro guisado y agua.

– ¿Tienen algún tipo de desabasto?

– No, nunca. Estamos funcionando desde julio del 2014. La tesorera recaba el dinero y ella compra verduras, fruta, pan.

Los usuarios no caben en el local y optan por comer afuera, en las bancas que se encuentran en el mismo parque.

Otro testimonio afirma que los equipos de comedores se van apenas se dan cuenta de la dureza del trabajo. Las cocineras, incluso, deben ayudar a descargar los camiones que transportan el abasto. Los encargados de los comedores consideran que el gobierno no sabe cómo se está trabajando, que desde un principio no capacitó a la mayoría y también que ha faltado a los acuerdos previos, como apoyarlos con otro de tipo de programas. Incluso pidieron papeles para Mujeres que Logran en Grande, del gobierno mexiquense, pero nada se ha concretado, ni siquiera un curso de primeros auxilios.

– El programa es bueno, muy bueno, pero sin un marco de operación adecuado. Ya se están cerrando algunos comedores, como sucede en la comunidad de San Lucas Tunco, también en Metepec. Hay comedores que no tienen ni siquiera una tarja, como sucede en el del Hípico, (una colonia de Toluca). Es increíble que la gente que nos coordina no tenga salario. Si a ellos, que son los jefes, no les apoyan, nosotros no podemos esperar nada –dice una de las encargadas.

– ¿Cómo inició la operación del comedor que atiende?

– Como voluntarias hicimos una cooperación de 100 pesos cada una, para echarlo a andar. Juntamos 700 pesos y con ese dinero se compró verdura, tortillas… compramos el gas, cada tanque cuesta 700 pesos; escobas, jergas, trapos, jabón, eso no viene en el suministro.

– ¿Ustedes abrieron el programa federal con su dinero?

– Sí, con nuestro dinero, que recuperamos después pero de las mismas cuotas o pagos por la comida, de los cinco pesos. Y se sigue comprando. Nosotras tenemos cuotas de recuperación muy bajas. A veces sólo podemos dar de comer huevo en salsa verde. Incluso pongo mi coche para traer algunas cosas.

– Entonces la comida no alcanza…

– Así es. Las raciones completas servidas, al día, son unas sesenta.

– ¿Por qué trabaja en el comedor?

– Primero tuve tiempo pero después porque vi la problemática de la gente. El comedor funciona por la gente, no tanto por el apoyo del Estado.

Las opiniones de encargadas de otros comedores no varían. Pero uno de ellos, también en Metepec, revela que el ayuntamiento de ese lugar se involucra en el manejo del programa federal.

– La presidencia municipal de Metepec nos prometió apoyos –dice una de las encargadas del comedor –pero no se nos ha dado nada. Sabemos que a otros comedores les han dado utensilios. Afirman que el ayuntamiento debe ser informado hasta de la falta de tazas e incluso sobre quién se encarga de abrir el local, que prestó Metepec previo acuerdo con la Sedesol.

– ¿Por qué el ayuntamiento se involucró en un programa federal?

– Una vez vinieron al comedor y organizaron una junta. Argumentan que el salón es propiedad municipal. La persona que lo cuida está designada por el ayuntamiento de Carolina Monroy. Aquí el ayuntamiento mueve todo y colocó a su gente. Hay un programa llamado ProMesa, donde se reparten despensas y las vocales de ese programa fueron impuestas en Comedores por la alcaldía. Algo tan simple como poner una puerta para cuidar los insumos debe pasar por el ayuntamiento pero lo peor es que no lo hacen. Nos ponen trabas para que operemos un proyecto federal. Ellos no cobran desde Comedores pero no les hace falta, aunque se crea un conflicto de intereses. Como el ayuntamiento maneja el comedor, no quiere pedir apoyos a Sedesol o reportar carencias. Les dirían algo. Pero esas personas involucradas con el ayuntamiento reciben apoyos desde el ProMesa. Tampoco nosotras podemos arreglar nuestro lugar porque hasta de que ponemos un clavo toman registros fotográficos. Esas personas nos abandonan. Ahorita no están porque se fueron al Informe de Monroy (2 de diciembre). Si no van, les quitan sus apoyos. Están desintegrando el proyecto del presidente de la república.

– ¿Han hablado con Carolina Monroy?

– La presidenta nos pone trabas para hablar con Sedesol. Dice que no se puede. Pero hablamos con un encargado de Sedesol directamente y nos dijo que nos la saltemos. Y es que el ayuntamiento dio la orden de recoger el dinero de las ventas por comida. Eso se denunció a Sedesol, que dijo que no entregáramos ese dinero. El ayuntamiento nos pide oficios para todo, así que todo debe estar registrado.

– ¿El ayuntamiento interviene en el resto de los comedores de Metepec?

– Sí, en todos interviene. Mi hija, de ocho años, de pronto pregunta que por qué no se invita a Carolina “para venga a comer soya con nosotros”.

La versión de que beneficiarios del programa municipal ProMesa están involucrados en el manejo de los comedores la confirman ellos mismos, que operan un tercer establecimiento en Metepec.

– Somos de ProMesa y apoyamos porque desde ahí nos envían, nos pidieron apoyo para que se echara a andar el comedor.

– ¿Ustedes tienen salario?

– No tenemos ninguna ayuda, pero de todas maneras prestamos dinero para comprar verduras y lo que se ocupe. Luego lo recuperamos, pero no debería ser así. Siempre hay abasto pero ahora ha bajado. Traen menor cantidades, pues dicen que es para 21 días cuando al principio Sedesol decía que era para 30. Nosotros terminamos poniendo lo que falta –relata otra encargada- quien afirma que han estado cambiando también las marcas de los proveedores. “La leche era Alpura y ahora es de Liconsa. Los atunes eran Herdez en aceite y ahora son de marca libre, de agua”.

La intervención de los comedores por el ayuntamiento de Carolina Monroy, esposa de Ernesto Nemer, es un ejemplo de cómo un programa federal es echado a pique. La batalla contra el hambre, diseñada desde la peor de las ópticas y luego tomada como botín, es el ejemplo de una guerra perdida que ni siquiera ha librado sus batallas.

Despide diputado a 800 empleados de la Cámara mexiquense

* Los protestantes explicaron que son más de 800 los despedidos sin justificación alguna y sin importar su condición formal, sea de sindicalizados, eventuales, de base o confianza, y lo que es peor, bajo amenazas de agresiones físicas y contra la familia y ofreciéndoles una liquidación por debajo de lo que marca la ley.

 

Jorge Hernández

Dos años después de que el diputado de Tecámac, Aarón Urbina Bedolla, ordenara el despido gradual pero total de los servidores del Poder Legislativo durante esta LVIII Legislatura, cuando ya se cuentan por lo menos 800 de ellos si no es que arriba del millar, un grupo de afectados se manifestó frente a la Cámara de Diputados demandando el cese inmediato de despidos y la reinstalación de todos aquellos que perdieron su fuente de empleo.

Desde temprana hora, durante la realización de una conferencia en el salón Benito Juárez y después durante la sesión del pleno, los afectados por el citado Urbina Bedolla, también presidente de la Junta de Coordinación Política, se plantaron para exigir audiencia y exponer sus demandas, además de explicar a los medios presentes su situación.

Durante su protesta, pacífica en todo momento, fueron atendidos en diferentes momentos por los diputados Octavio Martínez Vargas y Saúl Benítez Avilés del PRD, y Norberto Morales Poblete del PT, quienes dijeron intercederían por ellos para encontrar pronta solución a esta problemática.

Los protestantes explicaron que son más de 800 los despedidos sin justificación alguna y sin importar su condición formal, sea de sindicalizados, eventuales, de base o confianza, y lo que es peor, bajo amenazas de agresiones físicas y contra la familia y ofreciéndoles una liquidación por debajo de lo que marca la ley.

Denunciaron que las razones públicas son una falacia, ya que el supuesto ahorro que se aduce no existe, pues se han contratado en su lugar a personas que vienen de Ecatepec y Tecámac, quienes gozan de sueldos exorbitantes y prestaciones ofensivas, por lo que demandaron una investigación a fondo de la nómina de este poder y el manejo de su presupuesto.

También denunciaron el nepotismo en que ha incurrido el mencionado Aarón Urbina, quien ha metido a trabajar a amigos, parientes y compadres, sobre todo a la parentela de la presidenta de Tecámac, Rocío Díaz Montoya, a quien por cierto, afirman, placea para convertirla en diputada local en la siguiente Legislatura.

En retribución por estos favores, dicen, la propia Díaz Montoya tiene en la nómina del municipio a la parentela de Urbina, empezando por su hija,  Lili Urbina Salazar y el hermano, Vicente, quien funge como secretario del ayuntamiento.

Durante la sesión, el diputado Octavio Martínez manifestó en el Pleno su solidaridad con ellos demandando fueran recibidos por los presidentes de la Directiva, el panista Alonso Juárez Jiménez y el de la Junta de Coordinación, Aarón Urbina. También demandó se construya una “ruta crítica” para la solución de este conflicto.

 

Mientras tanto, desde el PT…

 

Con el “estilo” que lo caracteriza, el diputado del PT en el Congreso local, Óscar González Yáñez, llamó “pendejo” al procurador estatal, Alejandro Gómez, que no puede con la delincuencia en la entidad, particularmente la desaparición de mujeres y el reciente descubrimiento de numerosas osamentas en el Canal de la Compañía, Ecatepec.

Presente en la sesión ordinaria de la LVIII Legislatura estatal, a la que pertenece, el petista intervino en el punto en el que el perredista Octavio Martínez Vargas presentaba su propuesta para citar a comparecer al procurador, Alejandro Gómez Sánchez, en relación con el hallazgo de las osamentas de las que de inmediato éste señaló son de animales en su mayoría.

Tras la intervención de Martínez Vargas y Norberto Morales, del PT también, Óscar González se preguntó qué pensarían los delincuentes que tienen asolada a la entidad del funcionario del gobierno de Eruviel Ávila, que no puede contra ellos. “Han de pensar qué pendejo; ellos, claro, no yo”, sentenció el legislador.

En días pasados, este mismo congresista llamó “cabrón” al presidente Enrique Peña Nieto durante la discusión de la iniciativa para desincorporar 8 predios con alto valor de mercado del patrimonio de Metepec. Argumentando que el Ejecutivo federal debería oponerse a dichas desincorporaciones por haber sido residente del mismo, afirmó que “algo debería decir el cabrón”.

En esta ocasión, tras respaldar la iniciativa del perredista para citar al procurador, pidió al presidente de la Directiva emitir un extrañamiento contra Gómez Sánchez, quien en declaraciones públicas rechazó que el diputado tuviera facultades para demandarle explicaciones o exigirle hacer bien su trabajo.

De acuerdo con González Yáñez, este funcionario está obligado legalmente a rendir cuentas a los legisladores porque son ellos quienes lo aprueban, si bien la propuesta de su nombramiento sea del gobernador y acusó a sus compañeros de complacientes por permitir semejantes desplantes.

También les advirtió que la actual situación en el país y la entidad deberían tomarla como una prueba, pues los casos de Tlatlaya, Iguala y los feminicidios en la entidad, entre los más relevantes, mostrarán de qué están hechos.

La comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales que preside el priista Apolinar Escobedo dictaminará la iniciativa, por lo que no es poco probable su aprobación.

Guerras invisibles

* El miércoles 7 de mayo a las 10 de la mañana las 31 organizaciones que operan en Toluca habían citado a sus miembros en la zona de la Terminal para marchar al centro de la ciudad y exigir la destitución de César Coronel, director de la Unidad de Verificación Administrativa. Según él, “ya existen suficientes áreas donde se permite desarrollar esa actividad, como son los 23 tianguis, siete mercados, además las áreas de tolerancia como escuelas e iglesias”, y los comerciantes sin permiso se deben retirar por cuestiones de orden.

 

Miguel Alvarado
“Mi abuelo también fue comerciante y conozco cuál es la vida que llevan quienes se enfocan a este trabajo porque parte de mi infancia la pasé en un mercado”, decía Martha Hilda González Calderón en el 2012, en plena campaña electoral que la llevaría a ocupar la presidencia municipal de la capital del Estado de México.
Pero eso ha quedado atrás. González no es mercader ni tampoco ambulante. Y si es verdad lo que dice, las lecciones recibidas fueron otras. La policía municipal patrulla Valle Verde, el área de la Terminal de Toluca. Pero no busca criminales o narcotiendas, ni siquiera auxiliar a alguien en apuros. La orden del día es vigilar que los comerciantes ambulantes no instalen sus puestos en ninguna de las calles aledañas. Para eso implementó un operativo policiaco que cerró calles y pasajes desde el 6 de mayo. El gobierno municipal de Toluca, capital del Estado de México decidió esta administración que el ambulantaje estaría prohibido en el primer cuadro de la ciudad y algunas zonas con gran afluencia. Fuera del primer cuadro las ventas en la calle no representan prácticamente nada. Para los comerciantes populares, el año y medio de gobierno de González Calderón lo traducen con una sola palabra: represión.
El miércoles 7 de mayo a las 10 de la mañana las 31 organizaciones que operan en Toluca habían citado a sus miembros en la zona de la Terminal para marchar al centro de la ciudad y exigir la destitución de César Coronel, director de la Unidad de Verificación Administrativa. Según él, “ya existen suficientes áreas donde se permite desarrollar esa actividad, como son los 23 tianguis, siete mercados, además las áreas de tolerancia como escuelas e iglesias”, y los comerciantes sin permiso se deben retirar por cuestiones de orden. Según él y la alcaldesa, que el comercio impida caminar por aceras y obligue a hacerlo por el arroyo vehicular puede causar desastres inimaginables. Acepta sin embargo que la cantidad de comerciantes en las calles es incuantificable. Pero esa es la postura pública y la explicación tan endeble como duros los operativos. Detrás del desalojo se encuentran intereses por millones de pesos pero además un botín político a la venta y que siempre ha sido determinante en tiempos electorales. Las próximas elecciones en el Edomex serán en el 2015 y ya se prepara al votante cautivo, entre ellos el del comercio callejero.
No es tan fácil negociar cuando el personal de Coronel se excede en su trabajo. Es verdad que decomisan mercancía, pero también es cierto que cuando el afectado va a reclamarla, le entregan el 25 por ciento del total requisado. Han golpeado a los ambulantes y los líderes tampoco se han salvado de la persecución. A estas alturas las organizaciones están prácticamente cercadas en lo económico, pues no hay dinero que alcance para poder sobrevivir. Para ellos las cuentas son muy simples. De cada cinco pesos, uno es para el policía, otro para el inspector, uno para el vendedor y dos para el que provee la mercancía. El problema es que hay que vender.
El comercio en las calles deja dividendos millonarios. Solamente las cuotas en el mercado Juárez generan 3.2 millones de pesos al mes. Coronel considera que este tipo de comercio tiene apenas 30 ó 40 años pero olvida que la práctica existe desde la primera sociedad organizada. Es el elemental trueque ahora con dinero e intereses políticos en medio. Los ambulantes de Toluca saben que los inspectores, a quienes señalan como “ése de la chamarra roja y los dos que están junto a él”, se ensañan. Hay otro, cuentan, que se mete a los baños a sacar a las indígenas, que se refugian en ellos cuando hay operativos. “Él mismo las arrastra afuera”.
Sólo se cumple con el Bando. Las órdenes están impresas. Pero los comerciantes cada vez obtienen menos ingresos. Según ellos, de todas maneras deben pagar impuestos ante Hacienda, requisito indispensable, además, para ser credencializados y obtener un espacio de venta. El error de Martha Hilda González fue prometer mucho a un sector cuya actividad pública puede reventar una ciudad como Toluca. González es una política a la vieja usanza. Con poco tacto, recurre a la técnica y mientras soslaya los principales problemas de la ciudad, la inseguridad y el desempleo, por otro lado construye una especie de utopía al nombrar Toluca “municipio educador” y pretender construir edificios innecesarios si se comparan con lo esencial. La postura del municipio es clara. No hay espacios para ambulantes en los lugares donde la venta tradicionalmente está garantizada. Y esta postura durará hasta el momento de elegir bando electoral.
Por lo pronto 26 de las 31 organizaciones marcharon el 8 de mayo. La llegada de estudiantes de Tenería los reforzaría pero esta manifestación, abierta confrontación con Martha Hilda González, los pondría cara a cara con la fuerza policiaca. Una guerra de baja intensidad se libra en México. Toluca no es la excepción. Los más desprotegidos, los pobres, son el blanco de una especie de batalla racial contra los estratos “invisibles”, la pobreza. Pareciera que la mejor forma de acabar con ella es exterminar a los pobres. La intención de meter orden económico, legalizar de alguna manera ingresos adquiere brutalidad en el camino. No hay violencia contra las empresas multinacionales o el trust mexicano de la telecomunicación, por ejemplo. Las prácticas en la cúpula incuban la corrupción, que corre hacia abajo por sus propios caminos. Las tácticas de intimidación están ligadas a los sistemas de producción y los grandes capitales, propiedad o sociedad de políticos. El ciudadano en México es un moderno esclavo que trabaja para unos cuantos y garantiza su propia sobrevivencia sólo por unos días. El trabajo se coinvierte en una condena y la lucha por espacios, dinero y comida en una guerra entre los propios trabajadores, legalizados o no.
El contingente ambulante reunió 400 personas, unos 50 niños entre ellas. Allí mismo prepararon mantas y cartulinas, organizaron a los participantes, dieron orden a las consignas, arengaron. Todo eso debajo de un módulo de policía y junto a un enorme Mando Municipal. Marchas como éstas tienen diversos objetivos. Los comerciantes los tuvieron claros desde el principio. Uno, el oficial, era exigir la destitución del director César Coronel, pero los reales, los posibles eran otros.
“Mira, la cosa es que las pinches autoridades nunca nos van a hacer caso si no les conviene. Eso es una ley que hemos aprendido a base de putazos y hasta de cárcel. Muchos líderes hemos sido encarcelados y otros que andan por aquí con nosotros tienen demandas hasta por secuestro, todas inventadas o acomodadas por las autoridades para tener una excusa y chingarnos. La cosa es que las marchas no sirven de nada. ¿A poco crees que Eruviel Ávila nos va a recibir nada más porque hacemos una pinche marcha? Tampoco Martha Hilda lo va a hacer. Tampoco van a destituir a nadie. ¿Entonces? La hacemos porque de pronto hay que recordarles, y que les tiemblen los güevos aunque sea poquito, pero la razón fundamental es la venta”, dice una de las líderes mientras camina al frente de sus comerciantes.
Casi todos los participantes llevan mercancía. Ya saben qué hacer cuando se llegue al centro de la ciudad. Mientras unos gritan las consignas y exigen recepción, los otros se esparcirán por las calles aledañas y harán el tendido. Los carros de las papas van delante, acompañados de los fruteros. Luego, los que venden en el suelo. Por ahí, los eloteros, los dulceros y niñas con cajas de cigarros. El camino es también propicio. La venta se produce y hasta entre ellos se compran.
Mientras, una compañía de la policía montada pasa ominosa junto a los comerciantes. Nadie dice nada. Todos callan para verlos. Los policías tampoco dicen nada. Los radios apagados, sólo se escucha el tráfico y el trote de los animales sobre el cemento. Una policía toma fotos con un celular a las mantas que ya se han desplegado. Algunos se burlan de ella y piden a los presentes posar “pal feis”. Ella corre rápidamente al refugio de una patrulla, estacionada cerca del sitio de reunión.
El contingente espera la señal de los líderes, quienes esperan la última pieza en el rompecabezas, la llegada de los estudiantes de Tenería, que apenas llegan en número de 20. Hay más camiones en camino, pero tardan demasiado. La marcha se pone en movimiento.

La crisis de Palmillas

Las explicaciones sobre las prohibiciones para vender en la calle son endebles. También lo son los paliativos implementados por el gobierno municipal. Pequeñas plazas comerciales con minilocales para una cantidad incuantificable de vendedores es descabellada. “Nos toca usarla una hora cada uno”, dice una de las líderes, “pero además no nos ayudaron con la renta como dijeron y no se vende nada desde allí”.
También los comerciantes establecidos del primer cuadro están enojados con el gobierno porque ha puesto trabas a sus operaciones. Si una licencia falta, la clausura es inmediata, lo cual significa una aplicación ciega de la ley. Pero ya aplicada, las condiciones para adquirir los permisos son imposibles. La burocracia no permite que se reabra, al menos no de inmediato. Las pérdidas debido a protocolos innecesarios las pérdidas son cuantiosas. La llegada de ambulantes al primer cuadro, en la marcha, confronta a los negocios con la autoridad, a la que recuerdan que es mejor un espacio para todos y no una invasión de este tipo.
Pero los espacios existen. El reclamado director Coronel tiene razón en cuanto al número de tianguis y mercados, pero su información es parcial. En el 2006 uno de los tianguis más grandes del país fue desalojado por el alcalde panista Juan Rodolfo Sánchez Gómez. Ese tianguis tenía éxito porque estaba junto a la terminal camionera y era accesible en todos los sentidos de transporte. Ocasionaba un enorme congestionamiento pero la derrama económica era importante.
Cerrada la explanada y transformada luego en una especie de parque que hasta la fecha sigue en construcción, a los comerciantes se les reubicó en Palmillas, a unos 15 kilómetros. Allí se otorgaron espacios y se repartió la superficie, pero no a todos les tocó un lugar.
Ese predio fue vendido al ayuntamiento por Mayolo del Mazo Alcántara, de cuyos apellidos se desprende toda una red de “negocios de familia” y que revela cómo la línea sanguínea del presidente Enrique Peña Nieto ha gobernado el Edomex por más de 8 décadas.
El apellido Monroy tiene un peso especial en el Estado de México. Originarios de Atlacomulco, los integrantes de esa familia han trabajado por años en los círculos cercanos del poder estatal. El padre de Carolina Monroy, por ejemplo, era hermano de Juan Monroy, el principal socio y patrocinador de Arturo Montiel hace años. A Juan se le mencionaba en su tiempo como el principal sucesor del ex gobernador Jorge Jiménez Cantú, en su tiempo, quien a su vez era protegido y aliado del profesor Carlos Hank González. La madre de Carolina Monroy, Ofelia del Mazo Alcántara, es hermana de Mayolo de Mazo Alcántara, empresario y político mexiquense que trabaja en el sector del transporte y es copropietario de agencias de automóviles pero también de líneas camioneras. El apellido Del Mazo en la rama de los Monroy se liga al de los ex gobernadores Alfredo del Mazo Vélez, Del Mazo González y el del ex alcalde de Huixquilucan, Alfredo del Mazo Maza, actual director de Banobras. Pero también los Alcántara son dueños de la Terminal camionera de Toluca y construyeron además la central de Observatorio. Siempre han ocupado cargos políticos relacionados con el transporte.
“Ese terreno de Palmillas es ejidal. No sé cómo pudo venderlo Mayolo del Mazo al ayuntamiento. En todo caso hay una irregularidad. Pero ésta continúa porque el municipio cobra a los tianguistas cuando el uso de suelo no ha sido cambiado. Eso es un fraude”, dice otro líder ambulante que participa en la marcha
Tiene razón. Aquel espacio en Palmillas está prácticamente lleno. Sólo hay lugar para unos 400 comerciantes más, pero éstos demandan mil 600, que en las condiciones actuales son imposibles de ubicar. El ayuntamiento de Toluca gasta más en mantener aquel mercado que en lo que gana por cuotas y otras cosas. No le conviene tenerlo pues es una inversión que no genera ganancias para el municipio. La alcaldesa Martha Hilda ha dicho a los ambulantes que habrá un fondo por 30 millones de pesos, proveniente del Ramo 33 y estatal, para generar una estructura física en Palmillas, remodelándolo para tener un verdadero mercado. Pero los ambulantes alertan que no es viable nada porque el dinero nunca es bien administrado.
“Hace un año metieron un millón y medio de pesos pero lo que hicieron, se los comprobamos, no ascendía ni a 250 mil pesos. ¿Dónde está el resto del dinero?”, afirman los líderes, quienes exigen al municipio formar junto con ellos un comité para auditar ese fondo.
El ayuntamiento había entregado permisos para puestos en la parte posterior de Palmillas, en un terreno donde los gobiernos tiraban chatarra y autos inservibles. Pero resultó ser de la familia Manzur, con peso político histórico, y que se opuso a la presencia de los comerciantes. Lo mismo sucedió en otro espacio, éste perteneciente a la familia León, propietarios de grúas.
Las mejoras en el mercado de Palmillas fueron promesa de campaña de González Calderón, quien prometió uno de los más modernos del país para Toluca a cambio del voto ambulante, que en ese tianguis congrega a unos 10 mil comerciantes. González, sin embargo, no debe ignorar que en ese lugar apenas el 10 por ciento de ellos vive en la capital mexiquense.
El mismo proyecto lo han tenido todos los alcaldes en los últimos 25 años, como el mismo Sánchez Gómez, el del desalojo, quien había destinado 150 millones de pesos para habilitar el mercado. Nunca se hizo.
Si un negocio no deja, se cierra. Y esa es la lógica hasta del ayuntamiento. Palmillas, dicen los ambulantes, está destinado a desaparecer más temprano que tarde porque esa zona y hasta el entronque del sistema ferroviario ha sido prometido y vendido a grandes empresas como Liverpool, Walmart o Coppel, que ya inician la construcción de almacenes previendo que allí, además de todo, se edificará la nueva Bombonera, el estadio de futbol para el equipo profesional de la ciudad. La venta de terrenos ha sido confirmada por ejidatarios, quienes todavía viven en sus propiedades pero en calidad de “cuidadores”.
Si levantar un emporio comercial en la zona más pobre de Toluca se concreta, los ambulantes estarán en las mismas. Esta vez no habrá espacio para ellos en ninguna parte, excepto en las afueras del municipio. A ellos se les ha dicho que podrían ser enviados a Colinas del Sol, en los límites con Almoloya de Juárez, a 40 minutos de la ciudad en auto. A nadie le conviene. Pero Palmillas parece condenado al fracaso si no se modifican sus rutinas. Es un tianguis enorme pero que sólo se usa dos veces por semana y que además ha sido invadido por el narcotráfico, que ha visto en los ambulantes al grupo ideal para pagar cuotas de manera permanente.
La marcha del 8 de mayo transcurrió en calma. Y no fue sino hasta entrada la tarde que algunos se enteraron de que los alumnos de Tenería, que llegaron luego, habían causado desórdenes en la Terminal minutos después de que los comerciantes llegaran al centro. Dese Chalma habían secuestrado 22 camiones y dañado 13 unidades. A Toluca llegaron armados de palos y tubos pero la policía les impidió el paso. De todas maneras capturaron otras 23 unidades para regresar a Tenancingo. El saldo fue de cinco detenidos.
– ¿Ya sabe lo que pasó en la terminal?
– Ya, sí. Desde anoche.
– ¿Cómo?
– Pues por eso estamos aquí a salvo, por los de Tenería. Ya, vamos a seguir con esto.

Estatus: ambulante

* Los últimos 12 años la tasa de desocupación supera la media nacional, alcanzando hasta 6.9 por ciento en el 2009, aunque tres años después bajó a 6 por ciento. La tasa de desempleo ese año fue de 4.8 por ciento. La constante preocupa. En el año 2000 la tasa de desempleo se ubicaba en 3.5 por ciento y alcanzó su máximo, 7 por ciento, en el 2009, cuando todavía era gobernador Enrique Peña. El 2009 rompió todas las medidas y no se ha vuelto a alcanzar esa cifra. Sin embargo, en 14 años nunca se ha estado por debajo del promedio nacional de desempleo.

 

Miguel Alvarado

“La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), que aglutina a más de 36 mil empresarios de todo el país, reconoció al gobierno del Estado de México, encabezado por Eruviel Ávila, por su apertura, sencillez y modernidad, así como por promover la participación social para trabajar de manera coordinada en temas desde seguridad hasta lo educativo y económico”, dice un boletín generado por la administración de Ávila Villegas.

El repentino cambio de luces entre el sector empresarial y el gobierno no refleja, sin embargo, la realidad mexiquense, ni política, económica y de seguridad. Ávila destaca, por ejemplo, un crecimiento del 3 por ciento, que significaría la contribución más grande al Producto Interno Bruto nacional. Como ejemplo de progreso, coloca obras que no se han desarrollado y que probablemente se terminen en otro sexenio, como el tren México-Toluca, las ampliaciones de las carreteras Toluca-México, Naucalpan-Toluca y Toluca-Atlacomulco y nuevas líneas del sistema de transporte Mexibús.

Por lo que toca a la seguridad, se ofrece la cifra de 2 mil 200 presuntos responsables detenidos como una manera de medir capacidades. El gobierno mexiquense se trasmuta. La estrategia de trabajo presenta uno de los diseños más ramplones pero también eficaces. Probado en noticieros de televisión abierta, no se debe observar lo que se diga, sino lo que se calla. Así, 36 mil empresarios respaldan en público una realidad que por otro lado arroja para ellos un panorama desolador.

La investigación Tendencias Mundiales del Empleo 2013, de Leobardo de Jesús Almonte, presenta otros números. “Aunque pareciera que las tasas de actuales de desempleo de México no son alarmantes, por los niveles que alcanzaron otras economías –como las del grupo de los 7 que en 2011 promedió una tasa de desempleo de 7.3–, es un hecho que la crisis financiera mundial de 2008-2009 castigó severamente a la economía mexicana. De acuerdo con datos de la OCDE (2012), la tasa de desempleo de México en el año 2000 ubicaba al país entre las economías miembros de ese organismo con niveles de desempleo más bajos (con una tasa de desempleo de 2.6% se encontraba en el lugar tres, después de Luxemburgo e Islandia cuyas tasas de desempleo eran de 2.4 y 2.3, respectivamente); sin embargo, para el 2011 la economía mexicana había retrocedido seis lugares, colocándola en el lugar 9 con una tasa de desempleo de 5.4”, apunta el análisis de Almonte.

Para el Estado de México, la tasa de desempleo marco 5.92 por ciento en el 2012, por arriba de los números nacionales, que señalaron 4.95 hace dos años. Según el investigador, los últimos 12 años la tasa de desocupación supera la media nacional, alcanzando hasta 6.9 por ciento en el 2009, aunque tres años después bajó a 6 por ciento. La tasa de desempleo ese año fue de 4.8 por ciento.

La constante preocupa. En el año 2000 la tasa de desempleo se ubicaba en 3.5 por ciento y alcanzó su máximo, 7 por ciento, en el 2009, cuando todavía era gobernador Enrique Peña. El 2009 rompió todas las medidas y no se ha vuelto a alcanzar esa cifra. Sin embargo, en 14 años nunca se ha estado por debajo del promedio nacional de desempleo y aunque hay tres justificantes que podrían explicar esos números –es el estado más poblado del país y tiene el mayor crecimiento demográfico, aunado al desmesurado flujo migratorio- no se han podido revertir las consecuencias, una de ellas el crecimiento de la informalidad que se comprende justo en sus medida porque el 30 por ciento de la población ocupada trabaja en ese sector. De este número, sólo el 2 por ciento será formalizado, es decir, que de los 3 millones 400 mil informales, apenas 64 mil serán “legalizados”.

El 2012, bajo el mandato de Eruviel Ávila, esa tasa de ocupación en lo informal ha registrado el segundo promedio más elevado desde el 2005, cuando se tuvo 37 por ciento, según el INEGI. Hace dos años fue de 36 por ciento.

En el 2013, la entidad mexiquense lideró el desempleo a nivel nacional con un promedio de 23 .9 por ciento de desocupados, por encima de Tabasco, Tlaxcala y Guanajuato. Datos del gobierno mexiquense afirmaban que en ese año había 470 mil desempleados.

El diario local Alfa apunta que “de las 6 millones 952 mil 279 personas con empleo, casi 6 millones percibe un salario mensual menor a 10 mil pesos. De ellas, casi 2 millones apenas tiene ingresos de entre 2 mil y 4 mil pesos; casi 600 mil, menos de 2 mil pesos mensuales y 362 mil son literalmente explotadas, esclavizadas al no recibir un solo peso de paga por su trabajo. De esos mismos 6 millones 952 mil 279 asalariados, una mínima fracción de apenas 78 mil 100 personas gana más de 10 mil pesos mensuales, la mayoría en las nóminas del servicio público. Son los hombres de la alta burocracia del gobierno”.

Un ejemplo de lo que genera el comercio informal nada más en la ciudad de Toluca es el sistema de cuotas con el que los ambulantes trabajan. Un ejemplo está en los comerciantes no establecidos del área del mercado Juárez, atrás de la terminal. Allí, hay contabilizadas cerca de 2 mil personas que cada semana deben entregar 400 pesos a quienes controlan los espacios. Eso significa ingresos por 800 mil pesos cada 8 días, 3 millones 200 mil pesos al mes nada más por pago de “derechos”, que se reparten entre líderes pero también entre autoridades. La restricción que el ayuntamiento de Toluca puso a ambulantes para vender en el centro de la ciudad no se acoge a estas razones, sino a otras, entre ellas las “estéticas” o el afeamiento de las calles principales en un municipio al que se le ha denominado oficialmente como educador. Por otro lado el confinamiento de ambulantes en pequeños locales no funciona del todo porque las promesas esenciales no las cumplen las autoridades, como pagar la renta de los establecimientos o buscar la manera de compartirla. La asociación de ambulantes representa para los partidos políticos un arma de dos filos, pues por un lado significan votos, acarreos, movilizaciones casi gratuitas mientras que por el otro la retribución a veces resulta imposible para quienes ganan un cargo de elección popular y deben pagar por los favores recibidos. Líderes ambulantes aseguran que de todas maneras deben darse de alta en Hacienda y hacer pagos por ingresos. Eso les garantiza, aunque no del todo, que en caso de decomisos las mercancías puedan ser devueltas.

La desafortunada algarabía de Eruviel Ávila y sus 36 mil empresarios afines es solamente pública y su efecto no se siente porque no puede funcionar, al menos no para todos.