La autopista del licenciado Peña Nieto

* Xochicuautla, un pueblo de 5 mil habitantes en el municipio de Lerma, a 40 minutos de Toluca, está a punto de cambiar para siempre. Una supervía, construida por el empresario Juan Armado Hinojosa, atravesará parte del lugar y arrasará con una forma de entender la vida, construida al paso de los siglos por la nación otomí. El gobierno del mexiquense Eruviel Ávila comenzó un proceso de expropiación que por ahora ha sido detenido por amparos interpuestos por los afectados, pero la activación de las obras del nuevo aeropuerto de la ciudad de México, con el cual se conecta la autopista, podría cambiar todo llegado septiembre del 2015.

 

Miguel Alvarado

Xochicuautla, Lerma; 17 de febrero del 2015. Ignacia y su familia juegan con las flores cortadas al paso, nacidas al pie de su propia altura y se abrazan, afuera de su casa, junto a una varilla metálica envuelta en plástico que fosforesce, clavada en el césped. Muy juntos, se acompañan mientras apuntan sus dedos a la señal, límite de la carretera que pasará por allí, descifrado el mensaje que envía desde el óxido el gobierno administrado por el Grupo Atlacomulco. Para la familia ésos qué, ésos no eran nadie, ni siquiera cuando llegaron, hace ocho años, montados en la ola del confuso progreso que dictaba que encima de propiedades de la nación otomí habrá una autopista con centro comercial y de negocios como Santa Fe, en el Distrito Federal. Ésos no eran nadie hasta que en Xochicuautla se enteraron de que les quitarían sus casas, los llevarían a vivir a otro lado, arrasando de paso 960 mil metros cuadrados del Gran Bosque de Agua, parte de las 235 mil hectáreas que proveen de agua a los valles de Toluca y México. Según estudios de la UNAM, cada año se pierden 2 mil 400 hectáreas de ese bosque, “equivalente a nueve campos de futbol, diariamente”.

Los policías estatales, enviados por la administración del gobernador priista Eruviel Ávila, dicen a los vecinos que “si no se quitan los vamos a quitar”. La amenaza no se ha cumplido pero las varas amarillas permanecen encajadas como señal del futuro. Lo que se avecina es un centro comercial de primer mundo para que la autopista la autopista Aeropuerto Toluca-Interlomas Naucalpan- Nuevo Aeropuerto Ciudad de México tenga razón de ser, y un superfraccionamiento en Atarasquillo, Lerma, llamado Reserva Santa Fe, descrito por sus constructores, Taller de Operaciones Ambientales (TOA), como un “plan maestro diseñado dentro de una reserva ecológica, integrando zonas de conservación y restauración del bosque con un desarrollo residencial de bajo impacto ambiental. Fueron incluidas estrategias de restauración, captura y reutilización de agua, producción de energía, producción de alimento e integración comunitaria; así como un monitoreo del desempeño ecológico del sitio buscando generar prácticas de diseño y estilo de vida en México para comunidades de bajo impacto”.

Resbalosa y verde, en esa ladera escuchamos niños cantando y pensamos que allí había amor y odio y caminamos hacia ellos, cuidándonos de no caer. Se ocultaban en la maleza y los árboles que yacen. Los niños, tragados por las yerbas, cantaban lo mismo que se oye en la Tierra Colorada de Guerrero. Su “Zapata vive…” no tenía fecha de ayer ni era artilugio de protestas multitudinarias. Sólo cantaban porque sí.

Los que andan se detienen, prestan atención y observan. El canto parece que nace de los troncos.

Zapata vive. Xochicuautla sigue.

El Taller de Operaciones Ambientales no le ha preguntado a nadie en Atarasquillo si quieren ese superdesarrollo sustentable, pero en su página web fotos de los escenarios vislumbran lo que será ese proyecto. El perfil de TOA incluye el diseño del Parque Bicentenario de Metepec, en el 2008, para el gobierno del Estado de México, que se disfrazó como un triunfo ecologista de los vecinos de la zona, pero que en realidad representó un primer paso para la privatización de un predio público.

“Esta es la autopista del licenciado Peña Nieto”, les dicen a los vecinos los granaderos, cuya ausencia es más siniestra que sus patrullajes en los límites de un cerro condenado a la extinción por el trazo de la carretera, a cargo de Autovan desde el 2007, una empresa de Juan Armando Hinojosa, quien mantiene contratos vigentes en todo el país por casi 50 mil millones de pesos y que para esta carretera obtuvo 2 mil millones del erario público mexiquense, en el 2013. Y es que la obra era una promesa de campaña de Peña, cuando buscaba la gubernatura mexiquense.

Para que los comuneros aceptaran el plan, que arrasa ya con un ecosistema que sustenta a la región de una forma para entender la vida, Hinojosa les ofreció hasta 50 mil pesos a cada uno para conciliar y otras prebendas que, en conjunto, representaban cerca de 13 millones de pesos, en el marco de asambleas simuladas, forzadas para obtener la aprobación. Pero las denuncias y resistencia de los directamente afectados al final surtieron efecto, cuando “el 15 de mayo (del 2014) el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito anuló la asamblea general de comuneros de San Francisco Xochicuautla”, recuerda el semanario Proceso.

Los gobiernos apoyan de manera incondicional a la empresa de Hinojosa Cantú. La alcaldía de Lerma, por ejemplo, publicaba en el 2012 una resolución donde afirmaba que la región “carece de algún valor histórico, social o cultural” Eso se usó como punta de lanza para que, en el 2012, el gobernador Eruviel Ávila recurriera a la expropiación directa de tierras, como publicó la Gaceta de Gobierno del Estado de México el jueves 4 de octubre del 2012, en el número 66. En ese decreto, el gobierno mexiquense justifica que es “un factor determinante para el desarrollo económico y social de la Entidad, la consolidación ampliación y modernización de la red de autopistas de altas especificaciones que hagan más segura, económica y confortable la interconexión de polos de desarrollo industrial, turístico, comercial y en general el transporte de bienes y personas; destacando que esta obra carretera, enlaza directamente con el Aeropuerto Internacional de Toluca, a toda la zona norte y noreste de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México, lo que significa una enorme aportación al desarrollo socioeconómico no solo para el Estado de México, sino para todo el centro del país”.

Los amparos, para los afectados, sólo funcionaron en el papel. La obra, iniciada hace ocho años sin existir todavía un decreto, es un ejemplo de impunidad. El bosque, detrás de las casas, es devorado por talamontes nocturnos que ganan, silenciosos, metros para Autovan.

Para el gobierno federal, el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México no puede quedar incomunicado en la intrincación de pistas de cuota que marginan a quienes no puedan pagar los peajes y que cortan el paso común. Modernas fronteras internas, esas vías, construidas sobre propiedades comunales o privadas, usan dinero público para un negocio privado cuyos beneficiarios están relacionados con las familias en el poder.

La paciencia está de parte de los contratistas. El nuevo aeropuerto de la ciudad de México debió esperar quince años luego de que los comuneros de San Salvador Atenco defendieran sus tierras en el 2001 y en el 2006 sufrieran una de las peores represiones de parte del gobierno de Enrique Peña, entonces Ejecutivo mexiquense. Si las tierras del ex vaso de Texcoco no se vendieron por las malas, la Conagua montó una campaña silenciosa para comprarlas con otra excusa: la recuperación del entorno. Hace un año, ya había tierra suficiente para el aeropuerto y casi nadie se dio cuenta. Ahora, anunciadas las inversiones por 169 mil millones de pesos, es cuestión de tiempo para que todo cambie de manera radical.

En Xochicuautla, los afectados por Hinojosa denuncian que una compañía, Di Terra Consultores Ambientales, con sede en Metepec, Edomex, ha capturado y se ha llevado a los animales cuyo hábitat eran esos cerros, contratada por el gobierno estatal. Ese bosque es un silencio que desde la ceguera empresarial lanza una alerta que por lo pronto advierte que, además de Xochicuautla, otros poblados como Huizapa están en la mira. Los sitios emblemáticos de la nación otomí ya están afectados. La Cañada de Alférez está cercada, privatizada. La Campana, lugar donde se cree se originó la vida; La Palmita; la Piedra China; el Cerro de la Verónica o El Llanito, donde aparece la Virgen de Guadalupe, serán arrasados y se prepara el desvío de manantiales y ríos subterráneos hacia el DF.

“Con la construcción de la autopista se verá truncada la ruta sagrada Ndañu-Donikjä, en la cual se realizan diversas festividades ñhañhus milenarias, entre ellas la ceremonia del Fuego Nuevo. Esta ruta sagrada se hace anualmente desde la comunidad indígena de San Lorenzo Huitzizilapan hasta el punto más alto del municipio de Lerma. También quedarían cortados de tajo los senderos sagrados que conducen desde el lado norte hacia el santuario de Nacelagua, el cual, además, ha sido privatizado en 99 por ciento al venderse para la construcción de un fraccionamiento privado de lujo denominado Reserva Santa Fe, en lo que son parte de los terrenos de Santa María Atarasquillo, que fue el primer ejido en privatizar parte de sus tierras tras la reforma agraria impulsada por Carlos Salinas de Gortari”, apunta el Frente de Pueblos.

San Francisco Xochicuautla es una población de Lerma, a 40 minutos del centro de Toluca y separada de la cabecera municipal por un tramo carretero donde puede verse el trazo de la autopista, que espera imperturbable. Con unos 5 mil habitantes, el 14 por ciento hablante de alguna lengua indígena, conserva todavía tradiciones prehispánicas iniciadas por las comunidades ñhato, otomíes del Alto Lerma, protegidas por convenios internacionales y avaladas por el gobierno mexiquense y federal en su momento, y que ahora niegan, para que allí pase, por 300 hectáreas de bosque, la autopista.

Xochicuautla comparte el mismo destino carretero con los poblados de Huitzizilapan y Santa Cruz Ayotuxco, involucrados también en el trazo que Autovan presentó, y que tiene un costo estimado de 3 mil millones de pesos. Incluso, en septiembre del 2013, el propio presidente de México, Enrique Peña, firmaba ante la ONU documentos que garantizan respetar a la nación otomí, recuerda el periodista David Galeano.

Francisco Reyes Flores, de 25 años, es uno de los vecinos afectados. Campesino de la comunidad, fue detenido por la policía del Estado de México el 3 de noviembre del 2014, al mediodía, cuando los pobladores se dieron cuenta de que la empresa Autovan reanudaba las obras. Encabezados por el doctor Armando García Salazar, delegado y representante, presentaron amparos y argumentos que demostraban a los empleados de Hinojosa que no tenían derecho a reactivar los trabajos.

Cuando llegaron, ya había granaderos para proteger a los de Autovan. Una multitud presenciaba aquello y el Consejo Supremo, del lado de los colonos, decidió formar un comité de cinco personas para dialogar. La llegada de medios de comunicación no ayudó en nada y ese primer intento de acuerdo se rompería. Los dichos de los comuneros son grabados por las cámaras: los de Autovan permanecieron silenciosos, no respondieron a las peticiones para mostrar documentos que les permitieran continuar las obras. Finalmente, los medios se retiraron y en ese momento Autovan reaccionaría.

Los granaderos, en fila, esperaron la orden del comandante mientras los de Autovan regresaban a trabajar. La gente volvió a oponerse y esta vez ocho personas formaron una valla para impedir el avance.

-Nosotros traemos la autoridad –les decía el encargado de la obra.

Acto seguido, los granaderos apresaron a los colonos.

– ¿¡¡¡No que muy cabrón!!!? – increparon los gendarmes a Francisco Reyes, mientras lo arrastraban, aunque todavía alcanzaba a preguntarles qué había hecho.

La respuesta  viene en una patrulla. Francisco se ve levantado en vilo, aventado boca abajo y aunque se queja diciendo que ha sido lastimado, sólo obtiene un “¡cállate o aquí te rompemos la madre!”.

Luego, junto con otras siete personas, fue llevado a la Procuraduría, donde permaneció detenido 48 horas, en espera de que alguien los denunciara por algún delito. Nadie acudió y los colonos fueron liberados.

– ¿Te han amenazado después?

Los árboles crujieron y el silencio se recargó, escurriéndose en lo oscuro.

– No, no soy delincuente para que me anden amenazando, pero si llegara a pasar lo voy a publicar. Aquella vez nos quisieron interrogar antes de que declaráramos, pero nos negamos. La gente nos apoyó, nos defendió, junto con un abogado particular.

Luego voltea a ver el bosque, donde se observa el avance de los talamontes que atestigua árboles arrancados, abandonados en las brechas.

– Siembro maíz, el haba. A mi patrimonio se lo va a llevar la autopista. Los de Autovan alegan que una asamblea, la del 30 de abril del 2012, les da el poder de entrar a las tierras y trabajar en la obra. Pero todas las asambleas se han caído porque nosotros obtuvimos amparos que las anulan.

Esas reuniones fueron custodiadas por hasta 800 granaderos, estatales y municipales. En 1951 un decreto presidencial otorgaba a los otomíes la posesión comunal de mil 902 hectáreas. La Federación, ahora, desconoce esos tratados. El amparo 647/2011, emitido por el Tribunal Colegiado de Toluca y que mandataba al magistrado del Tribunal Unitario Agrario con Distrito Nueve, fue obtenido el 14 de agosto del 2012 y ordenaba una sentencia en la cual se comprueba que no hay ninguna causa que perseguir, ningún acuerdo realizado era válido y que las obras se debían detener. Desde esa fecha Autovan ha manejado todo de otra manera y eso incluye la intimidación con granaderos, la ocupación de calles y caminos con agentes de la policía que han comenzado por molestar a quienes pasan por allí, acosando a las jovencitas o solamente hablando a gritos sobre los que les va a pasar a quienes no se vayan. Otro amparo, el 503-2013 del 27 de mayo del 2013, ordenaba la suspensión provisional de las obras.

Pero esos documentos no le importan a Autovan. Con 109 comuneros a favor de la autopista y aprovechando que el resto -en total son 442- abandonara las asambleas, Autovan consiguió autorización para una ocupación previa. Así, la compañía comenzó a abrir brechas y establecer trazos para la autopista, de 22 kilómetros de largo, violando aquel amparo. Incluso la empresa ya ha realizado un pago –a los cuatro comisariados- para ejecutar el trabajo.

La autopista tiene la forma de una luna, la luna de una uña. El pueblo queda dentro pero las propiedades de los afectados son atravesadas por ese trazo, que invade primero la casa del delegado Armando Martínez, pero además destruye uno de los lugares de reunión para los otomíes, considerado como sagrado, la Primera Capilla, que marca el inicio de un camino de peregrinos. El trazo continúa hasta el Cerro de la Campana, cerrando el paso a los celebrantes.

El objetivo fundamental de pasar la carretera precisamente por estos puntos es quedarse con afluentes de agua y que riegan una gran parte de Lerma y Toluca. El trazo carretero reducirá en 250 millones de litros la producción de agua. Los mantos apenas contienen 30 por ciento del agua que un día acumularon. Actualmente, en la región hay el triple de pozos autorizados por la Comisión Nacional del Agua, operando sin control alguno. La carretera pasará entre las ciénegas de Chignahuapan y Chimaliapan, pertenecientes al Lerma, según datos del Frente de Pueblos Indígenas en Defensa de la Madre Tierra.

Porque en Atarasquillo estará el nuevo complejo Santa Fe, en un llano llamado La Sabanilla, que ya se eligió para zonas residenciales, un complejo de la Coca-Cola, otro de la Nestlé y un club de golf. A los actuales dueños se les ha ofrecido mil 500 pesos por metro cuadrado y ya hay inversiones chinas y francesas para esos procesos. La construcción del nuevo aeropuerto internacional de la ciudad de México comenzará en septiembre del 2015 y eso también afectará a las obras que lo complementan.

En la casa del delgado Armando Martínez, médico de profesión, un hombre trabaja sentado frente al enorme ventanal que domina Xochicuautla. Inmóvil, sólo sus manos se mueven en el oficio que practica y que alumbra el sol que entra. Xochicuautla a lo lejos, un valle desde esa altura, no parece, todavía, una población a punto de cambiar para siempre. Pero Martínez borra de inmediato esa idea y sostiene que el ecosistema será diferente porque un segmento del bosque y sus afluentes dejarán de existir. Los animales serán arrancados de sus hábitats y las tradiciones otomíes enterradas para siempre, a pesar de estar protegidas por tratados internacionales.

Pasaron los perros cruzando, regresando o gruñendo por brechas todavía más largas.

Debimos ver al sol puliendo el bosque, creciendo sobre cimientos de concreto, deshojándose en los ojos que nos seguían, pero no lo hicimos.

Y aunque algunos voltean y miran, no dicen qué, qué habrían de decir cuando sobrevuela un helicóptero de la policía del Estado de México destellando su ojo único de vidrio. Los ruidos del bosque fueron borrados por las hélices y las sombras dispersadas en el aspaviento.

Lo esperábamos.

Después llegaron los granaderos, a rondar por ahí.

Ignacia abraza los árboles mientras sus hijos la abrazan a ella.

El guión es este: no vayas todavía: está oscuro y las luces aún no se encienden en Xochicuautla.

Futuro cancelado

* La adquisición de tierras es lenta pero avanza. Los números están listos y la estructura que rodeará Ciudad Futura y al aeropuerto por consiguiente se encuentra trazada. La llamada Zona de Mitigación y Rescate Ecológico en el Lago de Texcoco necesitaría unas 3 mil 200 hectáreas, aunque hasta hace dos años se reportaba la compra de poco más de la mitad. El aeropuerto, por su lado, comprendería unas mil 500 hectáreas.

 

Miguel Alvarado

Habitantes de San Salvador Atenco observan llegar camiones con cargas de tierra y otros tantos irse por los mismos caminos que en el 2001 transitaron ingenieros enviados del gobierno mexiquense de Arturo Montiel, tío de sangre del actual presidente de México, Enrique Peña Nieto. El seco vaso del Lago de Texcoco es el lugar elegido. Hace doce años apenas nadie lo visitaba, y menos después de mayo del 2006, cuando la policía del DF y el Estado de México masacró a los habitantes que defendían espacios comerciales, dando muerte a dos y encarcelando a los líderes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra a condenas carcelarias por más de 200 cada uno. Liberados luego debido a la intervención de organismos de derechos humanos y de la Suprema Corte de Justicia, ahora vuelven otra vez la vista al lago y cada vez les preocupa más el proyecto Ciudad Futura, anunciado mesiánicamente como una obra que cambiará la cara de aquel ecosistema y la vida de los habitantes de la región.

Pero Ciudad Futura, cuya explicación resumen los desarrolladores en la frase, que quiere ser inteligente, de “la ciudad es una gran obra de arquitectura”, no resolverá nada, al menos para los habitantes de San Salvador Atenco. Impulsado desde el 2002 por el Despacho Futura Desarrollo que encabezan Teodoro González de León, Alberto Kalach, José Manuel Castillo Olea, y Gustavo Lipkau, recibe ahora señalamientos severos. Y es que Ciudad Futura no pasará desapercibida, pues solamente su superficie sería 23 veces más grande que Chapultepec. Pero además la relación entre el nuevo aeropuerto de la ciudad de México y la ciudad ecológica es evidente, pues participan constructoras en ambas estrategias, y ya comienzan a definir a Ciudad Futura como “la barrera que detendrá el crecimiento del puerto aéreo”.

Por lo pronto, las supercarreteras que comunicarán a la terminal aérea ya están lista y en funciones, y una de ellas es el Circuito Exterior Mexiquense, construida por la empresa OHL y que atraviesa 18 municipios del valle de México y entronca con las autopistas México-Querétaro, Pachuca, Puebla, Chamapa-Lechería y Peñón-Texcoco. El Circuito Exterior Mexiquense recorre 113 kilómetros y tuvo un costo de 24 mil millones de pesos financiados por Banobras en la modalidad de Asociaciones Público-Privadas

La española OHL es uno de los principales consorcios constructores para el Estado de México y apenas el 20 de junio del 2014 había ganado la licitación para construir el tren México-Toluca, con un costo de unos 10 mil millones de pesos para la parte del primer tramo y en asociación con Carlos Hank Rhon, otro de los empresarios consentidos del montielato. La empresa es la séptima constructora más importante del mundo y una de sus primeras obras se realizó en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México, en el 2002, a  través del Grupo Fumisa, una concesionaria que por 20 años explotó centros comerciales, pasillos y estacionamientos del propio aeropuerto hasta que el contrato venció y se reclamara la cobertura de un porcentaje por ganancias previstas que puede ascender a 6 mil millones de pesos. OHL es también operadora del Viaducto Bicentenario y controla en aeropuerto internacional de Toluca.

OHL encaja en el rompecabeza del aeropuerto, Ciudad Futura y las tierras de San Salvador Atenco porque sería una de las constructoras en caso de que se realicen las obras. Está tan involucrada que realiza estudios de “diagnósticos de riesgo ejidal, comunal y de la pequeña propiedad”, desde el 2013, a través de una consultora llamada Alter Consultores, dice la reportera Blanche Petrich y que no significa otra cosa que gestionar la venta de ejidos. Según el FPDT, unas 600 hectáreas ya han sido vendidas. En el 2001, la venta de tierra era uno de los negocios que intentaron aprovechar políticos y hasta jerarcas de la iglesia, como el ex obispo Onésimo Cepeda, quien buscó comprar para luego vender a las empresas. El gobierno del Estado de México cotizó en ese entonces el valor de la tierra de los atenquenses en 7 pesos el metro cuadrado, poco más de medio dólar al tipo de cambio actual y que representaba el precio más bajo en toda la entidad.

En la compra-venta de terrenos y en la construcción de Ciudad Futura participa la Comisión Nacional del Agua, hoy dirigida por el mexiquense David Korenfeld, ex alcalde Huixquilucan y ex secretario del Agua en el Estado de México en la administración de Enrique Peña, y ha planteado el 2016 como fecha límite para tener la propiedad de al menos 8 ejidos completos. La excusa para las compras es la misma de siempre: el rescate ecológico aunque luego parte de esas tierras deban usarse para el aeropuerto. OHL explora y compra de paso. Y también ambiciona tierras del lago Nabor Carrillo, en Texcoco, para el mismo proyecto aéreo.

El Colegio de Ingenieros Civiles de México apunta una relación entre Ciudad Futura y la intención presidencial de recuperar el proyector aeroportuario de Vicente Fox y Montiel Rojas en Atenco y Texcoco, que cambiará para siempre al valle de México, que corrobora el semanario Proceso, pues “directivos de OHL anunciaron que aprovecharán las oportunidades del Plan Nacional de Infraestructura que Peña Nieto presentó el 15 de julio, con una inversión estimada en 1.3 billones de pesos, según informó CNN-Expansión. Los directivos afirmaron que la empresa cuenta con un fondo cercano a los mil millones de dólares para participar en los nuevos proyectos. Los recursos provendrán de su oferta accionaria en la Bolsa Mexicana de Valores y de la contratación de deuda. El objetivo, dijeron, será quedarse con obras para la zona metropolitana de la capital del país y el Estado de México, aunque no especificaron cuáles. No obstante, el 11 de febrero pasado integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra declararon al diario La Jornada que, mediante engaños, OHL compró terrenos en las comunidades aledañas a San Salvador Atenco para el desarrollo de nuevos planes de negocios. Uno de los que más ambiciona es el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, según un consultor español que trabaja en México y que pidió no ser identificado”.

El Colegio de Ingenieros Civiles de México advierte que la Conagua compraría, en el 2014, en los ejidos de Santa María Chimalhuacán, Huexotla, San Felipe, Santa Cruz de Abajo, San Bernardino (Texcoco); Santa Isabel Ixtapan, San Cristóbal Nexquipayac y Francisco I. Madero (Atenco).

La compra significa que los terrenos serán propiedad federal y destinados a cualquier fin que decida aquella autoridad. “Y precisamente al amparo de los terrenos federales ya recuperados por la Conagua, se tiene listo el plan para construir uno de los parques más grandes en América Latina dirigido a revertir el desequilibrio ambiental de la zona, proteger el lago Nabor Carrillo y que serviría como escenario ecológico para dar paso al nuevo aeropuerto en una zona que hasta ahora se llama sigilosamente Resguardo Federal”, dice el mismo Colegio de Ingenieros.

La adquisición de tierras es lenta pero avanza. Los números están listos y la estructura que rodeará Ciudad Futura y al aeropuerto por consiguiente se encuentra trazada. La llamada Zona de Mitigación y Rescate Ecológico en el Lago de Texcoco necesitaría unas 3 mil 200 hectáreas, aunque hasta hace dos años se reportaba la compra de poco más de la mitad. El aeropuerto, por su lado, comprendería unas mil 500 hectáreas.

La Conagua anuncia ya en congresos y papeles oficiales que la construcción del proyecto ecológico es un hecho, como consta en el Libro Blanco Conagua-07 Programa Ecológico Lago de Texcoco (PELT) de la Conagua. “El PELT integrado a la zona federal se levanta como un parque de clase mundial ya que puede contener 43 veces al Central Park de Nueva York y 23 veces al Bosque de Chapultepec”.

Las imágenes de la Ciudad solamente pueden ser descritas como futuristas, algo nunca antes visto, al menos para la mitad de la población del Estado de México, que vive en algún tipo de pobreza y en cuyo territorio nunca ha gobernado un partido distinto del PRI en el poder Ejecutivo estatal.

El lago de Texcoco recuperado, alcanzaría terrenos de Ecatepec, donde un montaje hacer ver las depauperadas colonias de la tierra del gobernador mexiquense, Eruviel Ávila, unidas por interminables puentes que atraviesan la masa líquida. En medio del lago, algunas edificaciones triangulares sobresalen en la superficie. La miseria evidente e histórica del valle de México sería entonces una especie de cinturón de miseria que rodearía la fantástica arquitectura ecológica. “México Ciudad Futura propone la creación de un sistema de lagos permanente, interconectados con una extensión tres veces mayor que la bahía de Acapulco. Estos lagos serán alimentados con sólo 155 de las aguas residuales que la ciudad se ha comprometido a tratar. Los lagos estarán rodeados por un litoral de 80 kilómetros para desarrollo urbano”, apunta el documento de presentación del proyecto, en la página http://www.kalach.com/proyectos/ciudad-futura/pp38.html.

El proyecto dice que del total de la superficie de Ciudad Futura, 8 millones de metros cuadrados corresponderían al nuevo aeropuerto. Además afirma que habría doce millones de metros cuadrados para urbanización y garantiza orquestar el crecimiento de la ciudad por 25 años. Promete reactivar la industria de la construcción y el mercado mobiliario, además de equilibrar áreas marginadas. Las promesas, realizadas en el tono más festivo, son beneficios que a simple vista les tocaría a los constructores del nuevo entorno y a quienes pudieran pagar un hábitat de lujo. El resto, mejorado al menos su paisaje visual, tendría que conformarse con eso, con mirar, mientras atestiguan cómo nuevos edificios habitacionales de interés social se desarrollan para ellos junto a los mismos centros comerciales y las mismas, caóticas, vías de comunicación, pues hasta se contempla una enorme línea férrea, sobre la hipotética calzada México-Teotihuacán, que conectaría al sur del país con el DF.

La imaginación del proyecto parece no tener límite cuando los montajes presentados para Ciudad Futura muestran pirámides ultramodernas en el agua de la rescatada cuenca, emitiendo juegos de luz por su vértice más alto mientras carreteras y avenidas se deslizan junto a canales de agua transparente, en desarrollos similares al de Santa Fe, sólo que definidos entre parques y vegetación. Nada se habla de los desplazados o del futuro de quienes venderían sus tierras pero las respuestas serán las mismas llegado el momento. Que podrán trabajar en el proyecto, que podrán vivir en áreas cercanas y que el futuro nunca será más brillante para ellos.

La proyección del nuevo aeropuerto está representada en el bucólico paisaje. La estructura se dibuja junto a una gran masa de agua, que marca sus límites de crecimiento y que está conectado por carreteras que atraviesan un lago azulado. El puerto aéreo será vecino del rescatado lago Nabor Carrillo y de la depauperada urbanización de Ecatepec, por un lado, y de Texcoco por el otro. Otra gráficas muestra enormes complejos habitacionales y comerciales de primer mundo. Pintados en tono dorado, reflejan una puesta de sol mientras dominan la orilla de la zona ecológica. Detrás de ellos, el pobrísimo valle de México es para el artista una especie de cajas encimadas, unas sobre otras, aunque también doradas porque el sol todavía sale para todos. Una docena de torres de cristal, de altura indeterminada pero al menos tan grandes como la Latinoamericana, se yerguen en la franja colonizada. Al fondo y literalmente construidos en una isla, dos estadios deportivos conviven en espacios reverdecidos. Barcos tipo velero se observan anclados en bahías individuales a la espera de sus dueños

Pero el aeropuerto sería la estructura más impactante. Formado por dos polígonos, es atravesado por una autopista que pasa por el lago y allí ejecuta tréboles de concreto para dirigir la distribución vial. El dibujo mostrado no podría ser más encantador. Al fondo, los dos volcanes, el Popo y el Izta, atestiguan la llegada de aeroplanos y los enormes hangares se reflejan en el agua dorada de un valle de México transformado. El aeropuerto es en realidad parte de un sistema de terminales conectados entre sí por el Circuito Exterior Mexiquense y que comprende Toluca, Pachuca, Puebla y Cuernavaca, así como al actual aeropuerto de la ciudad de México.

“El plan maestro del aeropuerto fue desarrollado por el grupo de consultores en ingeniería Arup e incluye cuatro pistas y una terminal para dar servicio a 30 millones de pasajeros para 2018, año en que reemplazaría al aeropuerto actual”, dice la agencia de noticias Reuters, que menciona a Fernando Romero, yerno de Carlos Slim, como otro de los interesados en el proyecto.

Arup es una firma global de diseño y arquitectura que construyó la Ópera de Sydney, la catedral de Nuestra Señora de Los Ángeles, el Lincoln Center, el aeropuerto de Kansai, en Osaka, Japón; el Puente del Milenio en Londres; el Centro Pompidou de París y el Allianz Arena, de Munich, Alemania, entre docenas de ubicaciones mundiales.

Arup está ligada con el arquitecto Teodoro González de León, cabeza de Ciudad Futura, pues junto a él diseñaron la Torre Manacar, en el DF. Arup participa en otros cuatro rascacielos en la capital mexicana, la Torre Ejecutiva BBVA-Bancomer, la Torre Reforma, la Torre Pedregal 24 y la torre Punta Chapultepec.

Otra recomendación del proyecto señala que éste “sería impensable sin el compromiso y el apoyo del gobierno del Estado de México en cuanto a actividades y componentes específicos en el ámbito de sus competencias, ejercicio de gasto de inversión y operación, regulaciones y capacidad de concentración”.

Previsores, avizoran la creación de la Corporación para el Desarrollo del Lago de Texcoco, a la cual “se dotaría de un capacidad eficaz para disuadir a invasores de tierras mediante el apoyo específico de la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Seguridad Pública federal”.

Los proyectistas también han convenido que “la Corporación recibiría una asignación presupuestal multianual por parte dela SHCP, además de generar ingresos propios por concesiones, ventas de terrenos y otros conceptos… sería factible que la Corporación fuese una sociedad anónima con participación pública mayoritaria pero con una amplia apertura a la inversión privada…”. El propio gobierno del Edomex, la UNAM, y el Colegio Mexiquense participaron en la elaboración del proyecto.

El consorcio sería integrado preliminarmente por ICA, representado por Bernardo Quintana, “IDEAL de Carlos Slim; Teya, de Juan Armando Hinojosa; GIA, de Hipólito Gerard, Prodemex de Olegario Vázquez, La Peninsular, de Carlos Hank Rhon, Tradeco de Federico Martínez y Marhnos de Nicolás Mariscal. Existe un comité encargado del proyecto. Es encabezado por el ex gobernador de Hidalgo, Manuel Ángel Núñez Soto, y lo asesoran el ex director de la CFE, Alfredo Elías Ayub, el exsubsecretario de Transportes Aarón Dychter y el ex director del Fonadin, Federico Patiño”, dice el columnista Darío Celis.

Gustavo Lipkau, uno de los arquitectos que encabeza aquel proyecto, es socio fundador de Futura Desarrollo Urbano y se le describe llanamente: “en el Estado de México, sin embargo, Lipkau no sólo es conocido por su labor de difusión del proyecto ´México, Ciudad Futura´, sino de la negociación fina para adquirir terrenos con ubicaciones estratégicas y cercanas a vías de acceso como el Circuito Exterior Mexiquense”, apunta la columnista Claudia Villegas.

Lipkau ganó el concurso para construir la Biblioteca Vasconcelos en el 2004. Nació en Caracas, Venezuela, el 1972, aunque es mexicano y él mismo se ubica como nacido en la colonia Roma en el DF y es el vocero para Ciudad Futura, aunque siempre ha sido cuidadoso. El “staff” completo de arquitectos está encabezado por los mencionados Teodoro González de León, Alberto Kalach, quien tiene en Valle de Bravo muestras de su arquitectura, y José Manuel Castillo Olea. “Lipkau es sólo uno de los arquitectos –ligados con empresas constructoras e inmobiliarias– que, con una renovada promesa de recuperar y conservar el último reducto lacustre en el Valle de México”, informa El Colegio de Ingenieros Civiles, que además menciona a la empresa constructora ICA como otra de las interesadas en las obras y al ex candidato presidencial por el Verde Ecologista, Gabriel Quadri, relacionado con la profesora Elba Esther Gordillo, como uno de los asesores.

En Chimalhuacán, por ejemplo, los vendedores de tierras identifican a Lipkau como el negociador encargado por ICA de la adquisición de terrenos en puntos estratégicos.

Mientras tanto, el FPDT en San Salvador Atenco se declara listo para evitar despojos, los mismos que se pretendieron legalizar en el 2001, sólo que esta vez con nueva estrategia.

Se sabe que priistas de Atenco promueven la venta de terrenos diciendo a los interesados que de concretarse la operación, ellos se convertirían en accionistas. Reparten volantes con frases como “es hora de construir el nuevo aeropuerto” pero el único obstáculo siguen siendo los campesinos, a quienes se castiga quitando el agua como manera de presión.

Despojos

* Por años al Xinantécatl se le ignoró. Siempre allí, eterno, a veces atraía la atención del público porque se realizaban búsquedas arqueológicas en sus lagunas o porque el frío extremo obligaba a los pobladores cercanos a exigir ayuda. Poco a poco el antiguo Parque Nacional sufrió las consecuencias. Generó pequeños núcleos de miseria en sus faldas, entre ellos el pueblo de Raíces, dedicados a la madera, la siembra y el pastoreo pero que siempre vivieron en cabañas paupérrimas. Como Raíces hay otros 22 poblados rurales con similares características y que han crecido al paso de los años.

 

Miguel Alvarado

El Nevado de Toluca era un Parque Nacional que los gobiernos y la ciudadanía decidieron cuidar poco o nada. A principios de octubre del 2013, la Federación cambió su estatus y canceló legalmente el término para convertirlo en Área de Protección de Flora y Fauna que, según decreto presidencial, ha de proteger las más de 50 mil hectáreas del volcán y el ecosistema que le da forma.

Hace décadas que los gobiernos definen que los recursos del país no pueden ser explotados por mexicanos porque, según ellos, no hay dinero o tecnología suficiente para administrar debidamente. Proponen una serie de licitaciones o arrendamientos que aprovecha la iniciativa privada, que cobra por los servicios y bienes que resulten de un activo público, como lo haría el gobierno, pero sin ingresar las ganancias al erario público. La privatización, sin embargo, casi nunca significa mejore servicios pero sí un negocio para políticos y empresariado, unidos por los mismos intereses. Ejemplos con las carreteras concesionadas bloquean el derecho al libre tránsito si no se puede pagar peaje pero también acostumbra al abandono. Rutas secundarias, las verdaderas carreteras estatales, han permanecido en el abandono por años, como sucede con la libre Toluca-Atlacomulco, transitada por habitantes de las zonas que atraviesa.

En Nevado de Toluca es el atractivo turístico más importante de Toluca y 10 municipios más que comparten su ubicación. Domina la capital del Estado de México y era uno de los pocos volcanes en el mundo que permitían llegar a su cráter en auto. La derrama turística representa poco en lo económico, directamente para el Nevado. El acceso a las partes altas, hoy cerradas en el punto donde comienzan los cráteres por razones ecológicas, apenas reporta 15 pesos por persona. La actividad preponderante se registra los primeros meses del año, cuando hay nieve. El resto del año mengua. Algunos clubes ofrecen desde el DF cursos de montañismo en las montañas del Xinantécatl por mil 400 pesos, hace 5 años.

Por años al Xinantécatl se le ignoró. Siempre allí, eterno, a veces atraía la atención del público porque se realizaban búsquedas arqueológicas en sus lagunas o porque el frío extremo obligaba a los pobladores cercanos a exigir ayuda. Poco a poco el antiguo Parque Nacional sufrió las consecuencias. Generó pequeños núcleos de miseria en sus faldas, entre ellos el pueblo de Raíces, dedicados a la madera, la siembra y el pastoreo pero que siempre vivieron en cabañas paupérrimas. Como Raíces hay otros 22 poblados rurales con similares características y que han crecido al paso de los años. Otra de las características alrededor del volcán es la deforestación de al menos la mitad de su territorio y que a pesar de programas y buenas intenciones, progresa inexorable. La presencia de la talamontes ilegales es evidente. Basta seguir las brechas de la parte baja de aquellos bosques para encontrase con zonas arrasadas. El otro fenómeno es el narcotráfico, que se instala allí para esconderse o para hacer bases en los traslados de la droga. El volcán es uno de los puntos geográfico que dividen el centro mexiquense de los municipios sureños. Esto fue denunciado hace años y los estudiosos apuntaban que era el factor principal por el que los proyectos, cualquiera que fuera, no prosperaban. La inseguridad fue creciendo pero también el entendimiento de que el espacio se podía aprovechar de otra manera. Al menos dos proyectos en la administración de Arturo Montiel fueron presentados al municipio y rechazados por alguna razón, pero que querían transformar aquellos parajes. Un parque nacional, por definición, permanecería inalterado pues es un ecosistema necesario para el punto geográfico que influye. Los proyectos de hoteles alpinos, nieves artificiales y veredas controladas dejarían una derrama económica propiciada por un dato alucinante: que México, sin tener ningún centro de esquí, era el octavo país de mundo con mayor número de practicantes, con 2.9 millones de personas. Ellas eran el mercado directo al cual se había dirigido ese proyecto, presentado en el 2005. Cada año, decía el estudio, 600 mil mexicanos salían a esquiar al extranjero, lo que representaba una derrama fuera del país de mil 600 millones de dólares, 2 mil dólares diarios por cada turista.

En el 2005, el Centro de Esquí del Nevado de Toluca estaba proyectado para 19 pistas, e incluía instalaciones para hockey y patinaje artístico. La parte de infraestructura estaba ubicada en un Villa Alpina, que en la maqueta ubicaba hoteles, zonas comerciales,, restoranes, centro de atletismo para alto rendimiento, campo de golf con 27 hoyos, tenis, centro cinegético, áreas deportivas y club hípico. Las comunicaciones se resolverían con una supercarretera cuyo costo, junto con lo demás, ascendería a 100 millones de dólares. A los pobladores se les integraría como parte de los empleados directos que se generarían allá, como se prometió a los habitantes de San Salvador Atenco cuando se pretendía construir el aeropuerto en sus tierras ejidales.

El Nevado es uno de los principales afluentes para el valle de Toluca. No es casualidad que una planta de Coca-Cola esté instalada cerca del volcán y de los ríos que se forman al bajar, sobre la carretera Toluca-Nevado. Tampoco lo es que en aquella época los inversionistas no pudieran convencer a los gobiernos para implementar aquel proyecto, que resolvía todos los puntos. Hoy, si bien no existe ningún proyecto oficial, las circunstancias sobre uso de suelo han cambiado con el decreto presidencial del primero de octubre.

Algunos sectores sociales advierten que en realidad se trata de un despojo. El Nevado es un bien público, para empezar. La Universidad Autónoma del Estado de México respalda la iniciativa gubernamental y aduce que esa área protegida para la flora y fauna, permitirá una mejor calidad de vida y el rescate del ecosistema.

Otros ponen sobre la mesa ejemplos de despojo territorial como los de San Salvador Atenco o el de las tierras aledañas al aeropuerto internacional de Toluca y la venta de terrenos obligatoria en las comunidades de Valle de Bravo adyacentes al desarrollo inmobiliario Rancho Avándaro, así como posteriores demandas contra campesinos y finalmente el desalojo.

Un ejemplo más reciente se desarrolla en el poblado de Xochicuautla, en el Estado de México, y es una “comunidad indígena otomí, que aún conserva lengua y tradiciones y que a pesar de estar situada entre 2 megalópolis (la zona urbana del Valle de México y la zona urbana del Valle de Toluca), mantiene una economía predominantemente campesina. En el año de 1952 se le concedió por decreto presidencial la propiedad comunal sobre un perímetro de mil 902 hectáreas y 6 áreas de tierra. Su territorio está ubicado en la superposición de dos zonas de reserva natural declaradas por el gobierno del Estado de México. La primera de ellas es el Parque Otomí/Mexica (1980) y la Segunda la sub cuenca Hidrológica del Río San Lorenzo (1997); ambas de importancia estratégica por ser zonas de recarga de los mantos acuíferos y friáticos que abastecen de agua al Distrito Federal a través del sistema Lerma”, según la revista Refundación y el reportero Emmanuel Carrera.

La construcción de vías de comunicación en esa región está relacionada con los polos de producción estatales y la sede del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, todavía en planes de ubicación. Así, en Xochicuautla se autorizó en el 2007 una autopista a la empresa Autovan, del empresario Armando Hinojosa Cantú, con quien Montiel y Peña hicieron la mayor parte de los negocios públicos del Edomex. La construcción avanzó hasta que los comuneros se dieron cuenta de la tala y trazos topográficos en sus terrenos, pues nadie les avisó de la obra. Trataron de dialogar con el gobierno. “Sobre la base del padrón de comuneros seleccionado por el gobierno del Estado de México se convoca a asambleas comunales en las que se sometería a discusión la desincorporación y venta de tierras de propiedad comunal, requisito necesario, dado que el gobierno estatal sólo tiene facultades para la expropiación de propiedad privada, siendo facultad del Ejecutivo Federal la expropiación de tierras comunales. Desde la primera asamblea (14 de agosto del 2011) fue enviado a la comunidad un convoy de más de alrededor de 600 granaderos con la encomienda de garantizar la participación en la misma únicamente de los comuneros empadronados; esta fue la primera acción del Estado que implicó el uso de fuerza pública. Sin embargo, la asamblea no alcanzó el quórum legal por lo que tuvo que ser pospuesta. A pesar de ello el 16 de noviembre del mismo año los integrantes del Comisariado de Bienes Comunales firman un convenio de ocupación previa con el Sistema de Autopistas, Aeropuertos, Servicios Conexos y Auxiliares del Estado de México (SAASCAEM) el cual establece la cesión de derechos al estado para la realización de la obra”, apunta Carrera.

En mayo del 2013 el Tribunal Agrario Unitario decretó la suspensión de la obra, pero en agosto la empresa abrió nuevos frentes de obra, custodiada por 800 policías. La carretera será construida, afirman, aunque la población se oponga.

El futuro del Nevado de Toluca no será diferente de otros. Se podrá construir propiedad privada y comercializar de manera global los servicios generados. Incluso se podría regenerar el ecosistema y desterrar el narco, pero las derramas no serán compartidas.

Aeropuerto 2013

* Atenco es un ejemplo perfecto del ideario político del nuevo presidente mexicano. Hace apenas un año, la Conagua seguía comprando tierras a ejidatarios en aquel municipio, al que en octubre del 2001 se le habían expropiado 5 mil hectáreas que serían pagadas a 7 pesos cada metro y cuyos compradores eran Arturo Montiel Vicente Fox y el ex obispo de Ecatepec, Onésimo Cepeda y que luego revenderían a empresas interesadas en hacer allí el nuevo aeropuerto internacional de la ciudad de México. Esa decisión fue el origen de todo.

 

Miguel Alvarado

La fotógrafa de Guadalajara, Liliana Zaragoza Cano, ha reunido recientemente los testimonios de 10 mujeres que vivieron en primera persona los enfrentamientos del 3 y 4 de mayo del 2006 en el municipio de San Salvador Atenco, en el Estado de México, entre grupos policiacos y pobladores. Esa jornada arrojó más de 200 detenidos, 47 de ellos mujeres, dos muertos, periodistas extranjeros deportados y condenas por más de 100 años a los líderes del Frente de Pueblos por la Defensa de la Tierra.

Seis años después y en plena campaña presidencial, la represión en aquel municipio fue uno de los temas abordados el 11 de mayo del 2012, en el llamado viernes negro del priista Enrique Peña Nieto en la Universidad Iberoamericana y que desembocó en la creación del grupo estudiantil “YoSoy132”, que pudo aglutinar a sectores sociales que ven en el ex gobernador del Edomex un funcionario incapaz de encabezar México y al grupo que lo patrocina como la representación de la corrupción en el país.

Enrique Peña, hace seis años, asumió públicamente la responsabilidad de aquel operativo en Atenco y desde entonces se le piden cuentas. Los encarcelados salieron luego de años presos por una orden de la Suprema Corte de Justicia. En el transcurso, organismos independientes de derechos humanos y hasta la ONU mantuvieron reclamos contra el ex gobernador y quienes participaron en aquella paliza, quien nunca pudo dar una explicación coherente respecto a sus decisiones.

Así, Zaragoza Cano se dedicó a rastrear a algunas de las mujeres que padecieron esa violencia, retratarlas y escribir testimonios concretos sobre aquellos días, sus experiencias ante las violaciones sexuales por parte de policías estatales, la cárcel y cómo el mundo fue uno y otro después de aquello. La fotógrafa plantea “plantea un acercamiento a la resignificación de la memoria personal y colectiva de 12 de las 27 mujeres sobrevivientes de tortura sexual de Atenco y Texcoco”.

Los testimonios conmueven, como el de Norma  Jiménez, quien al salir de la cárcel de Molino de las Flores, terminó estudios de artes plásticas. “Buscó intervenir el espacio con una pintura que se quedó a medias cuando la encerraron y al salir libre la encontró corroída. Visitó el penal junto con su cuadro para quitarle la carga de tristeza a su retorno y acondicionarlo sin temor; la representación de la cárcel en contraposición con la vida que existe y respira detrás de sus muros”, apunta la fotógrafa.

La propia Jiménez apunta que “a pesar de todo jamás nos quitaron la alegría ni las ganas. Yo estuve adentro con todo lo que soy. Ahora estoy afuera y sigo enterita. Mi miedo al final es parte de mí y me hace ser la que soy: estamos juntos y lo nombro. Me siento orgullosa de mi proceso, de no dejarme abajo. Tengo la certeza de que un día las cárceles se van a caer”.

Otra mujer, Claudia Hernández, recuerda su estancia encerrada: “no sabías si ibas a salir viva. Sabíamos todo lo que nos estaban haciendo, sabíamos que nadie sabía dónde estábamos, o sea, sabíamos cómo venían y no podíamos hacer nada. Seguir vivas es estar bien. Mis compañeros estaban en la cárcel, mis compañeras también, nos madrearon en todos los sentidos; mi pareja se fue, no terminaba la escuela, mi familia me regañaba… Yo ya no quería seguir; no quería vivir. Mucho de mí murió en Atenco: murió la combativa que no tenía miedo a nada, la que quería ser guerrillera, la que quería dar la vida por la patria; siento que mucho de eso murió y lo que hay hoy no me acaba de gustar. No me gusta el miedo que siento, la impotencia que tengo, cómo ha cambiado mi vida y me ha obligado a tomar otros caminos que yo no quería”.

Otras 8 mujeres participan en el trabajo fotográfico de Zaragoza y ellas y sus rostros quedarán para siempre como ciudadanas desechables para el ex gobernador Peña, a quien poco le preocupa lo sucedido luego de lograr la presidencia de México. El proyecto nacional del mexiquense se ha centrado en frases construidas desde la subcultura del sinsentido. Su equipo de trabajo incluye personajes relacionados con actividades fraudulentas y relacionados con la corrupción. Ellos serán los encargados de lograr un México nuevo y un nuevo PRI. El mismo Peña arrastra un historial negro como funcionario público.

Atenco es un ejemplo perfecto del ideario político del nuevo presidente mexicano. Hace apenas un año, la Conagua seguía comprando tierras a ejidatarios en aquel municipio, al que en octubre del 2001 se le habían expropiado 5 mil hectáreas que serían pagadas a 7 pesos cada metro y cuyos compradores eran Arturo Montiel Vicente Fox y el ex obispo de Ecatepec, Onésimo Cepeda y que luego revenderían a empresas interesadas en hacer allí el nuevo aeropuerto internacional de la ciudad de México. Esa decisión fue el origen de todo.

“Diez años más tarde el plan aeroportuario revive con el proyecto “Zona de mitigación y rescate ecológico en el lago de Texcoco”, impulsado por la Comisión Nacional del Agua para construir una zona de pastizal y de recarga de los mantos acuíferos, además de un parque ecológico y cultural, que se planea edificar prácticamente en los mismos terrenos que hace casi una década fueron malogradamente expropiados por el gobierno federal. Los atenquenses aglutinados en el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra lucen inciertos, temerosos de una nueva represión pero prácticamente todos coincidiendo en que la tierra no se vende “ni por los 158 pesos por metro cuadrado que ofrece el gobierno ni por todo el oro del mundo” y aseguran que detrás de ese proyecto está la ambición del gobierno por construir la frustrada terminal aérea”, recuerda el periodista Elpidio Hernández para este semanario.

Los pobladores aseguran que se trata de priistas los que promueven la venta de tierras ante la Conagua, que busca cerca de 2 mil hectáreas para su proyecto, de las cuales había adquirido 650 y que defiende alegando que “es realmente importantísimo para la zona oriente de la ciudad de México. Significaría la recuperación del antiguo lago de Texcoco, lo que le daría un importante pulmón a la ciudad y beneficiaría directamente a la calidad de vida de los municipios aledaños, que no son necesariamente municipios donde la gente sea adinerada ni mucho menos”, y desmiente las versiones de los campesinos, aunque la inversión, de 2 mil 73 millones de pesos, asusta a algunos.

Trinidad Ramírez, quien por años sostuvo los reclamos del FPDT, cuando su esposo, Ignacio del Valle, estaba en prisión, opinaba que ese proyecto “significa el arrebato descarado de nuestras tierras, la insistencia de un gobierno por despojarnos de nuestro territorio. El proyecto de Conagua, según para preservar la ecología, representa el arrebato de nuestra agua. ¿De dónde van a extraer el agua si no es de los pozos de donde regamos las parcelas que sembramos? Las autoridades federales están presionando a quienes se encargan de los pozos, a las comisiones para que se gasten el agua que tienen destinadas para la tierra o amenazan con quitarla. No pudieron convencer al campesino pagándole a siete pesos el metro cuadrado, hoy lo quieren convencer pagando 157 pesos por metro y lo han conseguido. En la comunidad de Ixtapan ya vendieron 650 hectáreas y en Mezquital ya se están tratando otras 330 hectáreas, pero la mayoría de las comunidades hemos decidido no vender… para nosotros el de Conagua es un proyecto maquillado y no es otra cosa que el proyecto del aeropuerto, es por eso que no vamos a permitir que nos despojen”.

Mientras, aquel municipio es también sede del oprobio contra Peña. Allí se reúnen organizaciones sociales para “impedir” que el priista asuma el poder pues creen que ganó de manera fraudulenta, pero también para llevar los casos de tortura y violencia ante la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que hasta la fecha no han podo hacer absolutamente nada por castigar a los responsables. En ese marco, el FPDT y el movimiento “YoSoy132” inauguraban la Convención Nacional Contra la Imposición, que la militancia priista difunde en redes sociales como la búsqueda de Andrés Manuel López Obrador, aspirante presidencial derrotado del PRD, de derramamiento de sangre y guerra civil.

La explotación española de Cabo Pulmo

* Situado cerca de Baja California Sur, este arrecife coralino posee una variedad de especies marinas (5 mil) inigualable en México. Según Greenpeace, tiene una productividad biológica cinco veces mayor que el promedio de los arrecifes en el Golfo de California. Cabo Pulmo, de hecho, podría ser el arrecife más viejo del Pacífico americano. Es uno de los tres únicos arrecifes vivos que quedan en Norteamérica.

 

Víctor Martín Gómez/ Rebelión

Cabo Pulmo es de esos lugares paradisíacos que dejan a uno con la boca abierta cuando los ve. Situado cerca de Baja California Sur, este arrecife coralino posee una variedad de especies marinas (5 mil) inigualable en México. Según Greenpeace [1], tiene una productividad biológica cinco veces mayor que el promedio de los arrecifes en el Golfo de California. Cabo Pulmo, de hecho, podría ser el arrecife más viejo del Pacífico americano. Es uno de los tres únicos arrecifes vivos que quedan en Norteamérica.

No sólo cuenta con una enorme variedad marina y un escenario natural único, sino que cuenta también con una comunidad humana que está dispuesta a protegerlo. Hace más de 15 años, los pescadores de la zona decidieron abandonar su labor para dedicarse enteramente a su preservación. Según la organización Cabo Pulmo Vivo, “la protección y recuperación de la comunidad marina y el arrecife ha permitido el regreso de especies migratorias como el tiburón ballena, las mantas gigantes, las ballenas jorobadas y las tortugas marinas (2)”. Es más, en esta zona anidan cinco de las siete especies de tortugas marinas que existen en el mundo, algunas de ellas en peligro de extinción. En 1995, se declaró como Parque Nacional Marino con una reserva marina de 7 mil 111 hectáreas. Y en 2005 empezó a formar parte de la lista de Patrimonio Natural de la Humanidad por la UNESCO.

Tres años después, en 2008, se inicia el conflicto cuando la empresa Hansa Urbana pide una autorización para construir un complejo turístico, llamado Cabo Cortés, cercano al Parque Nacional. La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) lo aprobó. En 2011 se amplía el proyecto permitiendo a Hansa Urbana la construcción de, entre otras cosas, dos campos de golf, un complejo de 27 mil habitaciones, un puerto marino con 490 amarres. Todo ello sobre una extensión de 3 mil 800 hectáreas. Es decir, se estaría permitiendo la construcción de un complejo similar al de Cancún, que cuenta con 33 mil habitaciones de hotel, con la diferencia de que el terreno y la localidad de Cabo Pulmo es muchísimo menor (sólo 150 habitantes). Además, la SEMARNAT permitió que la empresa duplicase sus tiempos de construcción y cumplimiento de condiciones, lo cual supone una violación de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

En el caso de Cabo Pulmo, las asociaciones ecologistas, los científicos y académicos y, en especial, los habitantes de la región, han solicitado al Gobierno que frene este proyecto. Se les ha negado y recientemente lo han vuelto a intentar por segunda vez. El tema volvió a los medios en marzo pasado tras la protesta de activistas de Greenpeace en el Zócalo de la Ciudad de México [3] . De momento, esta organización internacional encabeza una lista de 14 asociaciones que cuenta con más de 100 mil firmas que se entregarán a las autoridades. Alejandro Olivera, coordinador de la campaña de Océanos y Costas de Greenpeace en México, denuncia que “después de esto no cabe duda de que Elvira Quesada y Mauricio Limón (titular de la dependencia y subsecretario) siguen defendiendo Cabo Cortés”. “Elvira dijo en su comparecencia ante senadores de la República que iba a ser respetuoso de la ley pero esto lo contradice. Ya existen suficientes elementos e ilegalidades para cancelar el proyecto turístico, ¿qué más necesitan?” cuestionaba en rueda de prensa [4].

Según los opositores a este macro proyecto, su construcción supondría un riesgo vital para el ecosistema del lugar. Aumentaría de manera escandalosa la contaminación marina con la navegación de numerosas nuevas embarcaciones. Los vertidos de residuos (basura, aguas residuales, etc.) al mar sería un peligro para la supervivencia de las especies marinas. La demanda de agua potable se volvería mortal para la zona, que ya cuenta con problemas e insuficiente de agua potable. Además, ni el terreno ni el mar podrían soportar una presión demográfica tan fuerte como la que supondría un complejo de 27 mil habitaciones para turistas. “No estamos en contra del turismo, apoyamos el turismo de bajo impacto, el cual incluso es promovido por la comunidad de la zona”, afirma Alejandro Olivera. De hecho, los habitantes de Cabo Pulmo promueven un ecoturismo limitado, ecológico y respetuoso. Rechazan, no obstante, el turismo depredador que conlleva proyectos como el de Cabo Cortés.

Estos complejos turísticos son numerosos en México. Los Cabos, Acapulco, Puerto Vallarta, Riviera Maya o Cancún son zonas especialmente receptoras de turismo internacional. Los habitantes de Cabo Pulmo conocen el impacto que ha tenido ese tipo de turismo en dichas zonas y no están por la labor de permitir que ocurra lo mismo en su hábitat. México posee zonas naturales de valor medioambiental incalculable tanto en el interior como en las costas. Los Gobiernos saben que el valor turístico de estos lugares es uno de los principales motores de su economía. Es por ello que las autoridades, una vez más, deben elegir entre preservar su naturaleza o explotarla al máximo para fortalecer la economía del país. Desgraciadamente, viendo lo que ha ocurrido en otros sectores (petróleo, minas, ruinas arqueológicas, macrocultivos) es de suponer que elegirán la segunda opción, que es la que da dinero. Con el tiempo se verá finalmente qué nos sale más caro.

 

¿Quién es Hansa Urbana?

 

El diario mexicano La Jornada acaba de publicar la denuncia de los investigadores y científicos que entienden que, en el caso de Cabo Cortés, esta empresa ha basado sus estudios ambientales para justificar su proyecto en información falsa. Hansa Urbana, por cierto, tiene en México otro proyecto del mismo tipo, en Quintana Roo, llamado Nuevo Cancún.

Hablamos de una empresa inmobiliaria española, firma de la familia Galea, con más de 20 años de trayectoria. La Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) posee el 30% de esta compañía, lo que le ha facilitado mucho las cosas en materia fiscal (“se ha librado de declarar la suspensión de pagos gracias a que la entidad ha aceptado en pago por su abultada deuda varios terrenos en Zaragoza, Valladolid y México” [5] ). Llegó a tener en 2010 una deuda de 250 millones con los bancos (la ya mencionada CAM, el Banco Santander, el Sabadell y el Banesto estuvieron involucrados en esto) [6]. Es más, ha sido investigada por un fraude millonario [7].

Esta inmobiliaria se ha caracterizado en España por ser promotora del ladrillazo en la costa mediterránea. Un caso es el Novo Carthago, complejo situado en Murcia con unas 5 mil viviendas, campos de golf y varios hoteles en una zona donde la falta de agua es notable. El proyecto está paralizado. Ahora que en España no hay cabida para la construcción, empresas como Hansa buscan sus oportunidades en nuevos terrenos extranjeros, como México, para llevar a cabo sus proyectos inmobiliarios y turísticos. Son su forma de recuperar ingresos y salir de una situación financiera crítica. La pregunta es ¿a costa de qué?

Notas:

[1] http://www.greenpeace.org/mexico/es/Campanas/Oceanos-y-costas/Que-amenaza-a-nuestros-oceanos/Turismo-depredador/Cabo-Pulmo-paraiso-en-riesgo/

[2] http://www.cabopulmovivo.org/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=2&Itemid=29&lang=es

[3] http://www.milenio.com/cdb/doc/noticias2011/c0c8c404194df61831d445d8185c0079

[4] http://www.oem.com.mx/elsudcaliforniano/notas/n2503266.htm

[5] http://www.levante-emv.com/economia/2012/02/12/relacion-privilegiada-hansa-urbana/880702.html

[6] http://www.diarioinformacion.com/economia/2011/07/06/hansa-urbana-renegocia-bancos-deuda-250-millones/1145714.html

[7] http://www.laverdad.es/murcia/20100511/economia/juez-investiga-presunto-fraude-201005111448.html

* Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.

Conciencia líquida

* En el municipio de Malinalco, con 25 mil 610 habitantes y situado en el Estado de México, vecino al Distrito Federal donde se asienta la capital, funciona una escuela del agua, centrada en rescatar la cuenca del río San Miguel y mejorar el manejo de las aguas negras (fecales) y grises (provenientes de la actividad doméstica).

 

Emilio Godoy/ IPS

Las llamadas escuelas del agua, espacios de formación e información sobre el recurso y su vínculo con el ambiente, el género y el cambio climático, pueden servir para fortalecer la conciencia sobre su adecuado manejo en México, cuando el país enfrenta una intensa sequía.

En varias localidades mexicanas se han establecido en los últimos años proyectos de este tipo, especialmente en sitios donde el agua escasea y donde se requieren medidas para un uso más eficiente.

“Nos capacitamos para entender la relación entre agua y género, para incidir en las políticas públicas. Logramos elaborar un diagnóstico de la problemática en las regiones de incidencia y luego una agenda en políticas hídricas”, indicó a IPS la presidenta de la organización no gubernamental Calmécac, Araceli Díaz.

La organización tomó el nombre de los centros de formación de la antigua nobleza azteca y en 2011 instaló una escuela del agua en la ciudad de Taxco, en el estado de Guerrero y a 152 kilómetros al sur de Ciudad de México, con la participación de promotores sociales de 12 municipios circunvecinos.

Esa región suroccidental padece una carencia crónica de agua y la contaminación de sus fuentes debido a la actividad de la minería de oro y plata, y por ello requiere de especiales acciones de conservación y saneamiento.

En general, México es altamente vulnerable en materia hídrica, debido a los efectos del cambio climático, que a mediano y largo plazo amenazan la disponibilidad del recurso, con impactos negativos sobre la alimentación, la agricultura, la salud humana y la biodiversidad, según subrayan expertos académicos y de la sociedad civil.

Al menos 100 de los 653 acuíferos existentes en el país están sobreexplotados, a lo que se suman problemas de contaminación.

Las escuelas del agua surgieron la década precedente en varios países de América Latina, ante la situación crítica del recurso, y buscan educar a las comunidades sobre su valor e instruirlas en usos eficientes y racionales. Además, introducen nuevos hábitos de reciclaje, reutilización y tratamiento.

También abordan el nexo entre el agua y las mujeres, puesto que en muchas comunidades son ellas las responsables de su abastecimiento, conservación y distribución, en especial allí donde el líquido escasea.

Estas experiencias, sustentadas en lo local, “son acercamientos importantes, valiosos, porque se capacita a escala local. Cada contexto local tiene una problemática muy distinta”, dijo a IPS la especialista Edith Kauffer, del público Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social.

Pero “tendría que haber construcción de capacidades locales y además mucho trabajo desde las políticas gubernamentales, porque son cosas complementarias”, planteó la investigadora, residente en la ciudad de San Cristóbal de las Casas, en el sureño estado de Chiapas.

“La solución no se encuentra solamente en manos de la sociedad civil. También los gobiernos tienen un papel”, remarcó.

Desde 2011, el centro y el norte de México son golpeados por una sequía que ha acarreado importantes daños en la agricultura y la ganadería. De hecho, varios estudios presagian a largo plazo una zona norte bajo estrés hídrico.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía indica que 30 por ciento de las viviendas carecen de agua potable entubada (corriente, por tubería) y otro 15 por ciento la reciben cada tres días por otras vías.

En el municipio de Malinalco, con 25 mil 610 habitantes y situado en el Estado de México, vecino al Distrito Federal donde se asienta la capital, funciona una escuela del agua, centrada en rescatar la cuenca del río San Miguel y mejorar el manejo de las aguas negras (fecales) y grises (provenientes de la actividad doméstica).

“Hacemos trabajo comunitario con la población para concienciarla sobre la contaminación de los cuerpos de agua. La clave ha sido el trabajo comunitario, hacer hincapié a la población en que si contaminamos el agua, nos estamos matando”, dijo a IPS su coordinadora, Macaira Vera.

La iniciativa impulsó la instalación de 125 biodigestores (colectores herméticos de desechos orgánicos) familiares y la construcción de cuatro plantas comunitarias para tratar las aguas residuales, que antes terminaban en el río.

Además, funciona un consultorio del agua para ayudar a la población a resolver situaciones específicas sobre su manejo.

Cada colector sirve a 18 familias y cada planta tiene una capacidad de procesamiento de 1,5 litros por segundo. Además, la organización analiza mensualmente la calidad del agua, en las plantas comunales y en los pozos a lo largo del efluente.

Degradado por los vertidos residuales y la contaminación de fertilizantes químicos, San Miguel es el eje del trabajo de la escuela, que identificó 125 descargas de aguas residuales al río en 2008.

“Nos propusimos tratar de difundir estos temas en la agenda pública, formamos algunas redes virtuales para estar en comunicación y tratar de incorporarnos a los espacios donde se discuten estos temas y se toman decisiones”, sostuvo Díaz.

El diagnóstico de Calmécac halló problemas en la disponibilidad y abastecimiento de agua, contaminación grave, infraestructura de distribución obsoleta y ausencia ciudadana en los espacios de toma de decisiones.

La organización busca fondos para instalar un sistema de tratamiento de aguas residuales mediante humedales y promueve las ecotecnias, tecnologías protectoras del ambiente, como la recolección de agua de lluvia y el reciclaje.

Además, impulsa la agricultura en huertos familiares, “para que la gente cambie los hábitos de consumo y aprenda a generar sus propios alimentos” y la siembra de hortalizas con el método de hidroponía, basado en el uso de soluciones minerales en vez de tierra convencional, detalló la presidenta de Calmécac.

“Las prioridades son el acceso a agua entubada, la calidad del agua y los enormes rezagos en el tratamiento de aguas residuales. Prácticamente no hay río que no esté contaminado”, dijo Kauffer, quien investiga las cuencas transfronterizas entre México, Guatemala y Belice, en la frontera sur.

Chiapas, uno de los estados más pobres del país y pródigo en recursos hídricos, cuenta con al menos 24 plantas de tratamiento de aguas residuales, pero la mitad operan de forma deficiente.

“Ha disminuido la contaminación, pero el principal problema es la basura. Hay menos basura inorgánica, pero hay más residuos orgánicos. Hay escasez de agua, no porque no haya suficientes manantiales, sino más bien por la mala distribución de la red, que es muy vieja”, sostuvo Vera.

La Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas aprobó en 2010 una resolución donde se reconoce el acceso al agua como derecho humano básico, que adquirió naturaleza vinculante por una resolución del Consejo de Derechos Humanos del organismo.

Las naciones adherentes están obligadas reformar sus legislaciones para respetarlo, pero México aún no adapta la Ley General de Aguas a esta norma intergubernamental.

Prisión de agua

* Titulado “La violación sistemática de derechos humanos como política de Estado”, se enfoca exclusivamente en la entidad gobernada hoy por Eruviel Ávila Villegas, el informe se convierte en un viaje de 103 puntos por los casos más importantes de represión en la administración peñista y recoge las historias de San Salvador Atenco, del luchador social Santiago Pérez Alvarado, los feminicidios y obras públicas que han afectado patrimonio de particulares, entre otros puntos, recordando además índices de pobreza y el dinero destinado a la procuración de justicia y sus resultados, además de las recomendaciones emitidas por la estatal Comisión de Derechos Humanos. En este espacio serán recordados, uno por uno, los ejemplos con los que fue elaborado el trabajo y cada semana será publicado íntegramente.

 

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La existencia de grandes centros de población plantea enormes problemas, entre ellos el aumento en la demanda de agua, lo que ocasiona la sobreexplotación de los acuíferos. El problema en el valle de México ha hecho necesario traer agua de otras regiones, lo que ocasiona un fuerte impacto ambiental en zonas remotas. En el caso de la ciudad de México, desde 1982 se empezó a tomar agua de la cuenca del Río Cutzamala, ubicada a 127 kilómetros del Distrito Federal.

En septiembre de 2004 se hizo notable la presencia del movimiento de mujeres indígenas mazahuas, constituidas en el Frente para la Defensa de los Derechos Humanos y los Recursos Naturales del Pueblo Mazahua para denunciar las afectaciones sufridas en sus cultivos de maíz por el derrame de las aguas de la presa Villa Victoria, al sur del Estado de México, construida por la Comisión Nacional del Agua (CNA) como parte del sistema de abastecimiento de agua potable Cutzamala, que abastece al Distrito Federal y a la zona conurbada.

El movimiento incluyó la denuncia de un criterio discriminatorio para la adecuada disposición del agua. Pues mientras el gobierno federal construía la infraestructura necesaria para abastecer al Distrito Federal, las comunidades contiguas no disponían de los mecanismos necesarios para abastecerse de agua potable en su domicilio. El movimiento mazahua también hizo evidente la falta de una política hidráulica sustentable y responsable, por lo que exigía la realización de un plan integral sustentable, el cual fue asumido por el gobierno del Distrito Federal, quien ha etiquetado recursos fiscales para la construcción de infraestructura hidráulica para las comunidades de la región del Cutzamala.

Ya antes, en 1996, otro movimiento comenzaba a construirse en contra de la cuarta etapa del Sistema Cutzamala. En esta etapa se proyectaba la utilización de las aguas del río Temascaltepec, ubicado a una distancia aproximada de 100 kilómetros al sur de Toluca, con el fin de conducirlas a la presa de Valle de Bravo y de ahí al Distrito Federal. Un grupo de pobladores preocupados por las posibles afectaciones derivadas del proyecto constituyó el Comité para la Defensa del Río Temascaltepec. Los miembros del Comité comenzaron a entrevistarse con personas de las comunidades en donde se ubicaban las obras correspondientes a las tres primeras etapas del Sistema Cutzamala; a partir de esto constataron la falta de cumplimiento en relación con la construcción de obras que el gobierno federal había prometido, la falta de disponibilidad de agua suficiente para cultivar, contaminación de ríos en la región aledaña al municipio de Villa Victoria, inundaciones que afectaban los cultivos.

Después de esta primera fase los campesinos coaligados en el Comité de Defensa del Río Temascaltepec consideraron que la Cuarta Etapa del Sistema daños impactarían al medio ambiente, a la ganadería y a la agricultura. Por lo anterior comenzaron a desarrollar actividades pacíficas de defensa del río Temascaltepec, entre las cuales se incluyó el cabildeo con diputados locales de Guerrero y el Estado de México y diputados federales. En septiembre de 1996 el proyecto fue suspendido.

Sin embargo, el 7 de septiembre de 1999 campesinos del ejido El Salitre, San Pedro Tenayac, cercano al río Temascaltepec, sorprendieron a dos ingenieros de la CNA que realizaban estudios topográficos. Los campesinos solicitaron a los ingenieros acudir ante el Delegado Municipal a fin de solicitar la presencia de algún representante de la CNA para que explicara el motivo de las excavaciones y garantizara la reparación de daños que éstas habían ocasionado en los cultivos de maíz. Los campesinos llamaron a Santiago Pérez Alvarado, su asesor legal, quien junto con los afectados organizó una comisión para el diálogo con los representantes de la CNA, con quienes no se llegó a ningún acuerdo, solamente la promesa de estos últimos de que al día siguiente se presentarían funcionarios con capacidad de decisión.

Sin embargo, el 8 de septiembre, alrededor de las cinco de la mañana, el gobierno estatal implementó un operativo policial en el que se detuvo a 22 campesinos que habían acudido al diálogo prometido. Estos fueron presentados ante el Ministerio Público por el delito de secuestro equiparado, el cual debe desahogarse en prisión pues le corresponde una pena de 30 a 60 años. El Ministerio Público con sede en el penal de Temascaltepec reclasificó el delito de secuestro equiparado por el de privación de la libertad, cuya regulación admite que el indiciado desahogue el juicio penal en libertad, a cambio de una fianza. Finalmente, los detenidos obtuvieron sentencias absolutorias.

El 5 de julio de 2007, alrededor de la una de la tarde, Santiago Pérez fue detenido cerca de su domicilio por elementos policiales de la Agencia de Seguridad Estatal, posteriormente fue recluido en el penal de Temascaltepec. Se le imputaba el delito de secuestro equiparado en agravio de Ángel Bravo Gómez y Hesiquio Armenta Loya, ambos empleados de la CNA, por los hechos antes referidos, acontecidos el 7 de septiembre de 1999 en San Pedro Tenayac.

Los hechos constitutivos de la acusación eran los mismos que fueron imputados a los 22 campesinos procesados en 1999. Sin embargo, a diferencia de estos, a Santiago Pérez no se le reclasificó el delito de secuestro equiparado por el de privación de la libertad. El 8 de julio se le dictó auto de formal prisión y sujeción a proceso.

El procedimiento continuó con el desahogo de las pruebas, dentro de las cuales se presentó a los 22 campesinos que estuvieron presentes el día de4 los hechos y que fueron absueltos en 1999. La defensa penal de Santiago Pérez hizo uso de los testimonios rendidos por los campesinos a fin de sustentar un incidente de desvanecimiento de datos con el fin de desvirtuar los elementos probatorios con los cuales el juez fundamentó la indebida acusación en su contra. Por esta razón el 3 de octubre la juez que conocía de la causa penal de Santiago Pérez consideró que efectivamente se habían desvanecido los datos que sustentaban la acusación en contra del procesado, otorgándole la libertad absoluta.

 

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