El recorte maldito

Marco Antonio Durán

México, DF; 17 de marzo del 2015. El recorte al gasto público anunciado por el secretario de Hacienda, Luis Videgaray Caso, para compensar la caída en los ingresos petroleros del gobierno, no fue homogéneo para todos los sectores: mientras algunas dependencias ajustaron su presupuesto de inversión y gasto corriente —en particular el ramo 1000 (Servicios Personales)— como Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), que sufrieron una sustancial disminución porque aportaron 58 por ciento del recorte, otros órganos de gobierno no fueron tocados en lo mínimo.

Los poderes Legislativo y Judicial, así como el Instituto Nacional Electoral (INE) y los partidos políticos, por ejemplo, no sufrieron cambio alguno en sus asignaciones, como si la crisis financiera en la que se metió el gobierno federal fuera exclusiva de la sociedad, que será la más afectada y a la que, por cierto, nunca se le da una explicación razonable.

Si las cuentas no salen o las estrategias económicas no son las adecuadas, el recorte debía incluir —por simple justicia— a los principales culpables del fracaso: el Poder Legislativo. Si bien la iniciativa de Ley de Ingresos y el proyecto de Presupuesto de Egresos 2015 fueron elaborados y presentados por el Poder Ejecutivo a través de la Secretaría de Hacienda, también fueron analizados y aprobados por los legisladores.

Por eso, en ellos debería recaer el ajuste con mayor rigor. Ellos deberían ser los primeros en asumir la responsabilidad por no haber hecho su trabajo en forma correcta, por no haber cumplido con el mandato constitucional que tienen.

¿No fueron los legisladores quienes fijaron el precio del barril del petróleo? ¿No fueron ellos quienes decidieron el nivel de deuda? ¿Acaso no fueron ellos quienes fijaron el nivel de impuestos a recaudar, quienes corrigieron las planas a la Secretaría de Hacienda y decidieron qué rubros afectar y a qué renglones redirigir los recursos, incluyendo las partidas discrecionales que se asignaron para los ya famosos moches? ¿No son los responsables de aprobar las reformas Fiscal y Energética que garantizarían los recursos necesarios para todo el sexenio?

Finalmente, ¿a quién se debe responsabilizar de haber levantado la mano para aprobar el sainete económico de este país?

A pesar de la torpeza en la aprobación de una Ley de Ingresos y Egresos mal hecha, legisladores, jueces —de la mano de partidos políticos— y consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), por mencionar algunos, no sólo no fueron sujetos al recorte sino que, cómplices del galimatías financiero, seguirán gozando de recursos ilimitados.

Mucho se ha escrito sobre el recorte al que fueron sometidas algunas dependencias, lo que cada una dejará de percibir y gastar en inversión o en asuntos propios de su operación; por eso, ahora es importante hablar de lo que no se ha dicho.

El Poder Legislativo, por ejemplo, ejercerá su presupuesto completo para 2015. Diputados y senadores dispondrán de poco más de 13 mil 398 millones de pesos.

Aunque ellos diseñaron el fracaso de la estrategia económica, este año los señores legisladores dispondrán de 8 mil 9 millones de pesos en sueldos y salarios, o 60 por ciento de todo su presupuesto, además de 431.7 millones para estímulos. Todo lo anterior correspondiente al Ramo 1000 de Servicios Personales.

La cosa no para ahí. Por lo que corresponde al Ramo 2000 —Materiales y Suministros— se asignaron 80 millones en gasto para alimentos y 12.5 millones para combustibles y lubricantes, así como 6.9 millones para ropa deportiva.

En el llamado Ramo 3000 se otorgaron 128.5 millones para viáticos y traslados, 172.9 millones para publicidad, 174 millones para arrendamiento —oficinas externas— y 2 mil 178 millones para servicios generales, recursos que no son sujetos a comprobar.

Es fundamental detenerse en este renglón para observar que, en la actual Legislatura, una diputada del PRI, Lourdes Quiñones Navarrete y otra del PAN, Tania Morgan Navarrete, viajaron a Australia para asistir a un congreso sobre la mujer. El vuelo comercial, ida y vuelta, tuvo un costo de 193 mil pesos por cada una, mientras los siete días que duró el viaje incluyeron viáticos por más de 26 mil pesos, también para cada una, según se desprende un informe que la Cámara de Diputados entregó al portal electrónico Reporte Índigo (5 de febrero de 2015). Además, para la plenaria del PAN, en Los Cabos, Baja California, la Legislatura pagó 750 mil pesos sólo por servicio de hospedaje y comidas

Para entender la dimensión de esas dos actividades es necesario poner en perspectiva que el salario mínimo que ellos fijaron para este año fue de 70.10 pesos, equivalente a 2 mil 103 pesos mensuales. Eso significa que los 193 mil pesos del pasaje de cada una de las legisladoras representaría el salario, por 30 días, de 92 personas o 184 trabajadores por ambos viajes.

El asunto no es menor si se toma en cuenta que en este país más de 54 millones de personas viven en la pobreza y más de 17 millones sobreviven con poco más de un dólar diario. Adicionalmente, según el Ramo 4000, este año los legisladores entregarán donativos por un millón 140 mil pesos sin dar ninguna explicación.

Por lo que corresponde al Ramo 5000, este considera 115.5 millones de pesos para la compra de mobiliario y equipo, que incluye una partida para adquirir, por ejemplo, Smartphone de última generación, tabletas, computadoras personales del agrado de cada legislador, televisiones y servicio de televisión de paga, así como sillones, mesas y muebles que les hagan más cómoda sus estancia.

 

Poder Judicial

 

Aunque la justicia está ausente en México y las estadísticas nacionales sobre seguridad arrojen que 95 por ciento de los delitos en el país quedan impunes y que menos del 5 por ciento de los indiciados recibe una sentencia condenatoria, el Poder Judicial recibe en 2015 un presupuestode casi 51 mil 800 millones de pesos, de los cuales 44 mil 867 serán destinados a sueldos y salarios a través de los gastosen Servicios Personales o Ramo 1000. Este renglón incluirá casi 288 millones en estímulos a funcionarios.

Como parte del Ramo 2000 o Materiales y Suministros para los encargados de hacer valer el “Estado de Derecho”se incluyeron 85.4 millones para alimentos y 77.9 millones paracombustibles y lubricantes, así como 14.4 millones para ropa deportiva.

Para Servicios Generales o Ramo 3000, el presupuesto arroja poco más de 54 millones de pesos para publicidad y 165 millones para viáticos y traslados, así como 475 millones para arrendamiento —oficinas alternas y transporte— y 840 millones para gastos generales, recursos discrecionales, pues no están etiquetados.

Llama la atención el monto al renglón de “servicios financieros y bancarios” que contempla poco más de 101.2 millones de pesos. Como los documentos oficiales no aclaran mayores detalles, siembran dudas y dejan la impresión de que esa cantidad se destinará para el manejo de sus cuentas personales y otros privilegios.

Sin ofrecer detalles a qué institución, organismo o personas, este año serán destinados 15.6 millones de pesos en donaciones. El dinero, pues, abunda para ellos. Y los jueces seguirán regalando dinero como si saliera de su bolsillo. Todo ello correspondiente al Ramo 4000.

Como si los excesos no fueran suficientes y aprovechando que todos los órdenes de gobierno hacen alarde del lujo y la ostentación, el Poder Judicial contará este año con 123 millones de pesos para la compra de tecnologías: televisión, servicios de cable, teléfonos móviles con planes ilimitados, internet, tabletas, computadoras personales y otros enseres como refrigeradores, sillones de cuero, escritorios de maderas finas y otros adornos.

 

Poder Ejecutivo

 

Si bien el recorte consideró un ajuste al presupuesto de la Presidencia de la Republica, éste fue, por decirlo menos, ridículo: apenas 158 millones de pesos de los 2 mil 296.3 millones que le fueron asignados como presupuesto para 2015.

La Presidencia gasta 162 millones para el pago de asistentes, así que el recorte parece ser meramente simbólico.

Por supuesto, el Ramo 1000 agrega que por concepto de Servicios Personales se erogarán mil 145.8 millones de pesos, es decir, 50 por ciento de todo el presupuestoque corresponde a sueldos y salarios. Al analizar otros rubros, se encuentra que sí hay de dónde reducir recursos, pero se ignoró. Los datos del Presupuesto refieren que este año serán asignados 56.8 millones de pesos para publicidad.

Isaac Katz, profesor e investigador del ITAM, señala que “se anunció una reducción de 10 por ciento en el rubro de Comunicación Social. Sólo en un país bananero el gobierno gasta infames cantidades en recursos para autopromocionarse. Prácticamente, a nadie le importan los anuncios que hace el gobierno de sí mismo”. (El Economista, primero de febrero del 2015).

Ahora bien, el Ramo 3000 desglosa que además de lo destinado a publicidad, también se otorgarán 19.1 millones para viáticos y traslados, 177.9 millones para servicios financieros, 175.6 para arrendamiento y 46.2 para gastos generales, es decir, recursos discrecionales no sujetos a comprobación.

En el Ramo 2000 o Materiales y suministros se entregarán 19.5 millones para alimentos y 53.8 millones para combustibles y lubricantes, además de 11 .6 millones en prendas de protección y deportivas. Y el Ramo 5000 incluye 12.1 millones para mobiliario y equipo.

 

Instituto Nacional Electoral

 

Este es un órgano que, por su autonomía y otras circunstancias políticas, se mueve aparte, y a pesar de que su trabajo deja mucho que desear, a nadie convence como árbitro electoral y menos a la hora de transparentar los procesos. Pero también recibirá un presupuesto millonario.

Con el único justificante de que es año electoral, el INE tendrá un Presupuesto de Egresos de 18 mil 572.4 millones de pesos, avalado por diputados y senadores. Del total de los recursos para la operación del órgano electoral, el Ramo 1000 considera 7 mil 893 millones para sueldos, salarios y prestaciones de consejeros, funcionarios y otros empleados, algo así como 43 por ciento del total y mil 271.6 millones para estímulos a servidores públicos.

Por su parte, el Ramo 2000 concederá 88.7 millones de pesos para alimentos, 85.7 millones para combustibles y lubricantes y 13.3 millones en prendas de protección y deportivas, mientras el Ramo 3000 consignará un importe de 150.4 millones de pesos para promocionar al Instituto después del cambio de nombre que sufrió.

El presupuesto de INE presume la mayor cantidad de dinero de todos los recursos para viáticos y traslados de cualquier dependencia de gobierno, porque los 625.2 millones de pesos representarán tres veces lo dispuesto para el Poder Judicial y cinco veces lo del Poder Legislativo.

Otro rubro lo representan los 24.5 millones que se destinarán a servicios financieros y bancarios. Debido a la poca transparencia y a la nula rendición de cuentas es posible especular que estos recursos se destinarán al manejo de las cuentas de los consejeros.

Adicionalmente, se consideran 837.2 millones de pesos para arrendamiento y 18.6 millones para servicios generales, partida discrecional que nadie sabe cuál es su uso real, mientras el Ramo 4000 revela que, al igual que cualquier otra dependencia, dispondrá de 11.9 millones de pesos para donativos que también serán usados a discreción.

Finalmente, el Ramo 5000 observa que habrá un presupuesto por 170 millones para mobiliario y equipo: mamparas, papeletas, lápices, plumas hojas y tintas indelebles. Y la austeridad, que tanto presume el gobierno federal, brilla por su ausencia.

 

Partidos Políticos

 

Aparte de lo dispuesto para el órgano electoral, el Presupuesto de Egresos de la Federación concede una partida extraordinaria de 5 mil 300 millones de pesos para repartir entre los partidos políticos. Los recursos serán destinados a las campañas de los candidatos respectivos. El órgano encargado de supervisar y revisar el buen uso de los dineros y espacios publicitarios será el INE.

Según el INE, de los 5 mil 300 millones de pesos, aproximadamente, que se entregarán a los partidos políticos, 3 mil 909.5 millones serán para actividades ordinarias, mil 172.8 millones para gastos de campañay 117.2 millones para investigación y educación cívica, además de156.3 millones para franquicias postales y 693 mil pesos para franquicias telegráficas.

El PRI tendrá asignaciones del orden de mil 376 millones de pesos o 25 por ciento. El PAN dispondrá de mil158 millones; el de la Revolución Democrática (PRD), 886.1 millones; el Verde Ecologista de México (PVEM), 444.7 millones; el del Trabajo (PT), 389.7 millones; el Nueva Alianza (Panal), 371.2 millones, y Movimiento Ciudadano (MC), 368.4 millones de pesos.

A los tres nuevos partidos aprobados —Humanista, Encuentro Social (PES) y Morena— les fueron asignados 120.9 millones de pesos cada uno.

 

Efectos del recorte en la población

 

Es reprobable el dispendio en que se incurre y es intolerable que se sigan gastando recursos a manos llenas mientras se lleva al máximo sacrificio a la sociedad mexicana.Y aunque el gobierno y algunos funcionarios defienden la medida y señalan que el recorte no tendrá efectos en la economía, es claro que la rasurada por 124 mil millones de pesos, que representa el 0.7 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) tendrá un impacto directo en los mexicanos de a pie.

El impacto que resentirá la población los registraron puntualmente calificadoras como Moody’s. Ésta redujo el crecimiento para México de 3.3 por ciento a fines de 2014 a 3 por ciento tras la caída del precio del petróleo y luego de anunciarse el ajuste al gasto lo disminuyó hasta 2.5 por ciento, mientras el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, admitió que el recorte costará al país medio punto porcentual este año.

Mucho tiene que ver que una tercera parte del recorte se dará en el gasto de inversión —18 mil 200 millones de pesos, equivalentes a 35 por ciento— y dos terceras partes al gasto corriente —34 mil 100 millones, que representan 65 por ciento—. En los dos casos, el efecto se resentirá directamente en la economía y su crecimiento.

Por un lado, la inversión pública o 18 mil 200 millones que se dejarán de gastar impedirán que haya más infraestructura pública—carreteras, puertos, escuelasy hospitales, entre otros—, necesaria para dinamizar la economía. Además, sirve para abaratar costosy hacer más eficientes los servicios.

No contar con el tren rápido, por ejemplo, retrasará el progreso del país. Cancelar proyectos de inversión dejará al país fuera de la competencia internacional. Pero, además, el recorte a la inversión pública también cancelará programas científicos y tecnológicos.

Los 34 mil 100 millones que se cancelarán en gasto corriente provocarán, de manera inmediata, que se posponga la contratación de maestros, médicos e investigadores; también habrá recorte a sueldos y salarios de los trabajadores y originará que muchos prestadores de servicios del gobierno queden fuera y, con ello, que despidan a personal en el sector privado. Esta situación de menor ahorro inducido por la crisis financiera influirá en el consumo, es decir, la demanda interna del país, principal motor de la economía.

Es importante destacar que el recorte también ha sido consecuencia del crecimiento que experimentóel gasto público en los últimos años. Sólo entre 2006 y 2014 el gasto público se incrementó en unos 6 puntos porcentuales como proporción del PIB. Desde luego, la expansión fue financiada con recursos petroleros.

Una vez que los ingresos por la venta de crudo decayeron ante el ajuste de los energéticos en los mercados internacionales, la opción más viable fue ajustar el injustificado aumentoque venía experimentando el gasto público.

El ajuste del precio del petróleo tuvo su origen en la mayor producción de Estados Unidos que, según la Agencia Internacional de Energía (AIE), es de 9.8 millones de barriles diarios y la menor demanda mundial por la desaceleración económica. La utilización de nuevas tecnologías para extraer en “campos shale” —a través defracturación hidráulica o estimulación hidráulica (fracking)— también han propiciado que los precios se desplomen.

En el caso de México, la mezcla mexicana promedia este año 40 dólares; además, la producción se ha reducido en casi un millón de barriles diarios en la última década al pasar de 3.4 millones de barriles diarios en 2004 a 2.4 millones en 2014, lo que significa que los recursos petroleros son menores. Esto propicia que las finanzas públicas del país sufran un afecto directo, es decir, que los ingresos del gobierno se reduzcan de forma importante.

No hay que perder de vista que las finanzas del gobierno están estrechamente vinculadas a los ingresos petroleros. Una simple prueba financiera arroja que 30 por ciento de los ingresos presupuestales son petroleros y significan 34 por ciento del gasto programable —gasto etiquetado o predeterminado— y también vienen del petróleo. En otras palabras, finanzas petrolizadas y con la eterna dependencia.

Como ya se explicó, el recorte al gasto propiciará que se ajuste la demanda interna, que, inevitablemente, afectará al crecimiento económico.

 

El círculo virtuoso

 

Si no hay consumo, no hay ventas y si no hay ventas las empresas no producen bienes y servicios. Al no haber producción, tampoco se contrata personal. El desempleo sube y si no hay oferta de trabajo no habrá ingresos; sin ingresos, el país no crecerá. Es por eso que el gasto público juega un papel importante. Datos de la Oferta y Demanda Agregada reportados por el INEGI indican que el consumo del gobierno representa 11 por ciento del Producto Interno Bruto y el gasto privado de los hogares significa 68 por ciento.

Cuando fallan los ingresos del gobierno, como en este caso, pueden instrumentarse tres políticas económicas para equilibrar sus finanzas.

1).- Aumentar impuestos.

2).- Pedir prestadoo emitir deuda interna y externa.

3).- Recortar el gasto y hacer más eficientes los recursos.

 

¿Por qué se decidió el gobierno a ir por el gasto y la deuda y no por un alza en impuestos?

 

El gobierno federal se inclinó por menos gasto, considerando que la deuda ha crecido de manera exponencial en los últimos años y porque la experiencia ha enseñado que incurrir en mayor débito puede provocar efectos indeseables en el largo plazo como mayores niveles de pobreza y rezago social.

Si el país decide financiar su desarrollo mediante deuda externa o interna (ahorros), al final causará un desequilibrio financiero como los ocurrido en 1982, 1987 y 1994; es decir, un desequilibrio en la balanza de pagos que conllevaría a una crisis financiera.

México sabe por experiencia lo que es tener que pagar grandes sumas por créditos, intereses, comisiones y gastos. Sabe lo que representa un alto costo financiero o por servicios de deuda. También conoce lo que es una baja en la calificación a su deuda soberana y salir de la lista de países preferidos por los inversionistas; en otras palabras, acceder a dinero fresco con tasas de interés elevadas —de usura—, en caso de aumentar el riesgo país.

Adicionalmente, el país corre el riesgo, como en el pasado, de caer en la insolvencia, sobre todo ahora que el precio de los energéticos se ha abaratado y que su principal fuente de ingresos es la de los recursos petroleros.

Una deuda más abundante no es opción en este momento, considerando que en los últimos años ha crecido de manera exponencial y que ahora represente 43 por ciento del PIB nacional, cuando lo recomendable por el Fondo Monetario Internacional (FMI) es de 27 por ciento.

Recientemente, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de su informe de las Finanzas Públicas 2014, reveló que la deuda bruta del sector público federal asciende a 7.2 billones de pesos, desde los 5.5 billones de 2012, cuando cerró el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa. Si los números no mienten, en los dos años de gobierno de Enrique Peña Nieto, la deuda aumentó 1.7 billones de pesos, a razón de 2 mil 397 millones diarios.

La situación del país no es la adecuada, aunque la deuda con Peña ha crecido menos, en términos porcentuales, que el último sexenio. Con Ernesto Zedillo creció 50.6 por ciento en un lapso de dos años ycon Vicente Fox sólo 15.8 por ciento, mientras que con Felipe Calderón aumentó en 39.9 por ciento.

 

Costo de la deuda 2015 es 2.5 veces mayor al recorte del gasto público

 

La deuda ha encendido “focos rojos” porque, de no atenderse de manera inmediata y crecer al ritmo actual, representaría un problema grave al cierre de este sexenio. En el Presupuesto de Egresos para 2015, la Cámara de Diputados destinará poco más de 322 mil millones de pesos por concepto de “costo de la deuda”. El reporte de las Finanzas Públicas desglosa, a través del Ramo 9000, que en 2015 se pagarán 315 mil 778 millones de pasos por concepto de intereses de la deuda pública, mil 152 millones por comisiones, 5 mil millones más por gastos de deuda y 78 millones por coberturas de deuda.

Es evidente que sólo el “costo de la deuda este año”, sin amortizar capital, será 2.5 veces el recorte al gasto público que anunció la SHCP.

Para el gobierno debe ser más importante pagar puntualmente sus obligaciones que atender las necesidades primarias del país, porque es mejor ser buen pagador a ojo de los organismos y banqueros internacionales, por la razón lógica de que hay que amortizar deudas antes de ser excluido del contexto internacional, antes de sufrir un veto comercial o crediticio, perder credibilidad y sufrir la venganza de los acreedores.

La deuda se vuelve peligrosa con menores ingresos petroleros. Este año se pagará 25 por ciento más que en 2012 sólo por el costo de la deuda, sin amortizar capital. Y eso es “gasto programable”, lo que significa que, pase lo que pase, es necesario asegurar ese dinero para pagar a los acreedores.

 

Técnicamente, sin reservas internacionales

 

Con un poco de mayor presión, la olla de la deuda mexicana puede explotar como ocurrió en 1994 —los llamados Errores de Diciembre—. Ahora, sin más recursos de dónde sacar, con un precio a la baja del petróleo, recursos fiscales limitados y con grandes deudas, la situación puede empeorar. Si hay alguna duda, datos de Banco de México revelan que el país tiene vencimientosen puertas; es decir, obligaciones que cumplir de corto plazo —un año—, que incluyen la  tenencia de valores gubernamentales en poder de extranjeros (renta fija) por 54 mil 747.8 millones de dólares; deuda externa por 4 mil 286.3 millones de dólares, y posición de no residentes en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) por 153 mil 096.6 millones de dólares.

Todo eso significa que las Reservas Internacionales por 193 mil 238.8 millones no alcanzarían para enfrentar una salida de dólares de por lo menos 212 mil 131 millones, el saldo que arrojan las obligaciones de corto plazo o documentos de liquidación inmediata.

El problema es latente, toda vez que la Reserva Federal de Estados Unidos puede aumentar en cualquier momento las tasas de interés y, con ello, propiciar una salida masiva de capitales, por el diferencial de tasas de interés. En su defecto, México se vería obligado a pagar mayores tasas de interés para mantener atractiva la inversión en nuestro país con un costo escandaloso para pago de premios. Así pues, pese a todo lo que se dice, México se encuentra en el filo de la navaja.

 

Imposible, más impuestos

 

La otra herramienta de política económica con que cuenta un gobierno para aumentar sus ingresos y equilibrar su déficit público es la aplicación de nuevos impuestos o aumentar los que existen.

Esta opción también fue desechada por el gobierno federal, considerando que aprobó una “Reforma Fiscal” que incluyó el aumento de los impuestos directos e indirectos (ISR, IVA) e impuso mayores gravámenes al consumo y muchos servicios (IEPS), además de que ha elevado su base de contribuyentes, exprimiendo a los cautivos.

La Secretaría de Hacienda sabe que el país está en una situación complicada: la economía crece poco —en 2013 tuvo un avance real de 1.4 por ciento y en 2014 apenas logró crecer 2.1 por ciento—. El nivel mínimo que muestra la económica no es suficiente para crear nuevos trabajos —Ley de Okun1: sobre la relación entre la tasa de crecimiento y desempleo, explica que sólo a partir de un crecimiento de 2.6 a 3 por ciento se logra generar empleos—, y las empresas se encuentran en situación complicada porque con una economía deprimida no venden y, además, pagan más impuestos por la reciente reforma fiscal. Así, ajustar un poco más los impuestos a las empresas o a las personas terminaría por asfixiarlas y llevarlas a la quiebra.

Desde hace dos años se ha cuestionado si la medida anterior estuvo o no bien formulada, pues los especialistas afirman que fue más bien una miscelánea que una reforma que resultó catastrófica. El problema fundamental es que quitó parte de su ingreso a las personas y a las empresas, que, ante la medida, decidieron reducir su consumo, su inversión y el ahorro.

Esto significa, en términos llanos, que se cayó el consumo de los hogares—se compraron menos bienes y servicios—, la inversión privada también disminuyó y todo se reflejó en una caída de la economía, que en 2014 apenas creció 2 por ciento, su nivel más bajo en los dos primeros años de cualquier gobierno en tres décadas.

 

Recorte a la economía

 

Aunque hace poco el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, anunció que impondrá un gravamen especial y por única vez de 14 por ciento a las utilidades de sus empresas en el extranjero, a fin de obtener recursos para financiar gasto social e inversión en infraestructura, en México la aplicación de un impuesto especial sobre las ganancias de las grandes empresas o bancos serviría de mucho para redistribuir la riqueza, pero en el contexto actual sería imposible por los intrincados conductos que unen a políticos y empresarios. Representaría un desafío por las represalias que pudieran tomar los dueños del dinero; quedarían truncas las aspiraciones de muchos políticos porque son ellos quienes financian las campañas, los que influyen para que los nombren o los despidan. La situación de México, pues, tras el recorte que hizo público Luis Videgaray no es nada halagüeña.

Un golpe más

* El 4.2% de aumento al sueldo, acordado por el Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, que regirá en el 2015, no cumple con el mandato del artículo en cita, que está al mismo nivel que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y no atenderlo es una clara omisión que se comete en contra de los trabajadores, violentando sus derechos.

 

Luis Zamora Calzada

El artículo 3 del Convenio 131 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ordena considerar diversos elementos para determinar el salario mínimo de los trabajadores en los países miembros, tales como la necesidad del asalariado y de su familia, el costo de vida, la seguridad social, el nivel de vida relativo de otros grupos sociales, entre otros.

El 4.2% de aumento al sueldo, acordado por el Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, que regirá en el 2015, no cumple con el mandato del artículo en cita, que está al mismo nivel que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y no atenderlo es una clara omisión que se comete en contra de los trabajadores, violentando sus derechos. Veamos el siguiente punto.

El elemento referente al nivel de vida relativo de otros grupos sociales, entre los que se deben tomar en cuenta los salario de los funcionarios de la administración pública, los diputados, los senadores, los magistrados de los tribunales locales, quienes tienen salarios que resultan ser un verdadero insulto para los trabajadores de la zona A, que alcanzará un sueldo de 70.10 pesos al día y la B ganará 66.45.

Al respecto, en entrega anterior se adelantaba que el incremento no alcanzaría para dos huevos, lo que se confirma al aumentar 2.81 pesos en la zona A y 2.78 pesos en la B, comparado con los salarios de los grupos sociales mencionados, se ahonda la diferencia social, que puede traducirse en grandes enconos de descontento, al no tener garantizada la “clase trabajadora”, al menos, la seguridad de alimentación familiar

El salario de insulto no alcanzará para pagar una casa en Malinalco y ni soñar con una casa blanca que sí paga la “clase política”: diferencias de grupos sociales que no deben existir y que  combate el convenio internacional citado.

Sobre el costo de vida del trabajador, otro elemento a considerar está por encima de las cantidades en aumento: no alcanzará para comprar lo elemental, prueba fehaciente de la falta de protección a los trabajadores contra remuneraciones indebidamente bajas como lo señala el convenio, que debe garantizarse que no ocurra, sin embargo en México sí pasa. Este raquítico aumento constituye un golpe más en contra de los asalariados de nuestro país.

Socialmente sabemos que, cuando el hambre aprieta, todo se vuelve más difícil y las reacciones son impredecibles, convirtiéndolo en un detonador social y sinnúmero de conflictos inherentes que debieron haber analizado quienes fijaron el aumento a este salario sin panorama alentador, lo que a todas luces no cumplieron.

 

Las ganas

 

 

El 19 de noviembre del 2014 se integró, en contra de un trabajador del Instituto Superior de Ciencias de la Educación del Estado de México (ISCEEM), un acta administrativa con el propósito de cesarlo y dejarlo sin salario.

Se le imputó falsamente al afectado una serie de actuaciones y fue suficiente que la directora convocara a un grupo de trabajadores a una sesión exprofeso, para manifestar cada quién, desde sus dichos, diversos hechos para afectar al docente caído en desgracia en ese momento, asentando los supuestos “delitos” en un escrito que firmaron para constancia, mismo que fue enviado a la Coordinación Jurídica de Educación para lo procedente.

En las condiciones narradas, abogados del Sindicato Unificado de Maestros y Académicos del Estado de México (SUMAEM), asumieron la defensa del trabajador; el 24 de noviembre se interpuso un recurso de inconformidad ante la dirección del Instituto, fundado en el Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México,  como medio de defensa ante la injusticia que se estaba cometiendo y por violaciones al mandato de diversos artículos en materia administrativa.

Ante la omisión de respuesta, se interpuso amparo en el Juzgado Primero de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, en proceso de resolución, que obligó a la dirección del Instituto a respetar los términos establecido y emitir una resolución que le obliga el Código de Procedimientos Administrativo.

Para tranquilidad del trabajador afectado, mediante oficio del 16 de diciembre, la directora determinó lo siguiente: “…se comunica a usted que el acta de referencia y que motivara el recurso administrativo de inconformidad, se deja sin efecto, independientemente de lo anterior y salvo prueba en contrario, el Instituto Superior de Ciencias de la Educación del Estado de México, no ha causado un daño a la esfera jurídica del promovente, toda vez que no existe resolución recurrible”.

Respuesta que sin duda dejó con las ganas a los interesados en perjudicar a un trabajador con derechos en la ley, el Sindicato Unificado de Maestros y Académicos del Estado de México (SUMAEM), garantizó la seguridad y certeza jurídica laboral con los medios de defensa ejercidos correctamente.

En este contexto de lucha por el cumplimiento y respeto al estado de derecho, se desea a todos nuestros amables lectores, excelentes festividades decembrinas, respetuosamente felicidades a todos.

Apenas para un huevo

* Resulta que el incremento a los salarios mínimos para el año entrante será únicamente de dos pesos con noventa centavos, no llegará a los tres y como consecuencia sólo alcanzará para comprar un huevo, sobrando para una tortilla. Si alguien quiere dos huevos se necesitarán cuatro pesos pero, ¿de dónde se va completar, esto sin pecar de pesimista?

 

Luis Zamora Calzada

Mi más sentido pésame a todo México y en particular a la familia de Alexander Mora Venancio, maestro en formación de la Normal Rural de Ayotzinapa, Guerrero, asesinado el 26 de septiembre del 2014, con el ferviente deseo de que se haga justicia, no quede su muerte en la impunidad y desde la sociedad mexicana logremos la transformación del país.

Cambiando de tema y en espera de que la señora de la casa no me demande por no consultarla y por sacar a la luz información que alguien le determinó como propia y confidencial, algo íntimo que le corresponde y es muy personal, cuando en realidad es una necesidad permanente en cada hogar para mantener calma, armonía y tranquilidad, incluso se truenan los dedos todos los días cuando no tienen para cubrirlos. No sea mal pensado, amable lector, me refiero a los precios.

En esta invasión de funciones, a escondidas se pudo comprobar que en un kilogramo de huevos hay dieciséis piezas de tamaño regular, y cuando son muy chiquitos llegan a ser hasta dieciocho, el precio oscila entre 29 y 32 pesos, dependiendo de dónde se compren, obteniendo un costo, por cada uno, de dos pesos en promedio.

No conformes todavía, se revisó el asunto de las tortillas, las hechas a mano sin importar el color y encontramos que una sola cuesta 64 centavos, cuando se consigue el kilo en catorce pesos, con veintidós tortillas bien cocidas, teniendo cuidado de no caer en los negocios que los dejan medios crudos para que sean menos por kilo. La anterior recomendación fue hecha por una señora conocedora del asunto.

Resulta que el incremento a los salarios mínimos para el año entrante será únicamente de dos pesos con noventa centavos, no llegará a los tres y como consecuencia sólo alcanzará para comprar un huevo, sobrando para una tortilla. Si alguien quiere dos huevos se necesitarán cuatro pesos pero, ¿de dónde se va completar, esto sin pecar de pesimista?; bueno, queda claro que no se puede pensar en un taco de carne, pues aun cuando sea de res corriente el kilogramo ya oscila en 100 pesos.

Qué haremos los profesores con ese aumento. No aplica ni la distribución de Chava Flores en los años cincuenta, parafraseándolo no nos aceptarán decir: “oye, señora de la casa, ahí te dejo estos dos pesos, compras un huevo, una tortilla y me aguantas con lo de la luz, de la renta ni hablamos, con la subida del dólar mejor nos cambiamos y por favor no me demandes”.

 

Ya valió

 

Ya era casi las 2:30 de la tarde. El programa del Instituto de Evaluación Educativa del Estado de México se cerró, de hecho toda la mañana estuvo lento y para acceder a los instrumentos de evaluación, los docentes participantes tardaron más de una hora en lograrlo, entre pregunta y pregunta que se contestaba, pasaban cinco o seis minutos, con irregularidades como saltarse del cuestionamiento uno al número cinco y de éste a la tres. Los números telefónicos a disposición para brindar asesoría nunca funcionaron, entre otras anomalías presentadas.

El programa en fracaso, “Ser Maestro 2014”, para obtener un estímulo económico de 20 mil pesos, se aplicó a los docentes de preescolar, promotores y secundarias el sábado 6 de diciembre de las 9 a las 5:59, en primarias el domingo siete, según consta en los oficios remitidos a los docentes inscrito, conteniendo un folio y una contraseña para el acceso, otorgando dos horas con 30 minutos para responder 115 preguntas.

En las condiciones narradas, un gran número de profesores participantes manifestaron su decepción en la instrumentación del programa. Algunos mencionaron que sólo contestaron seis preguntas por las fallas presentadas y que es responsabilidad directa del Instituto convocante, despertando fuertes cuestionamientos de legalidad en el proceso, colocando en tela de juicio la credibilidad del mismo.

Se narraron hechos diversos pero resalta el caso de una maestra de Coatepec Harinas, que recibió el estímulo el año pasado sin haber contestado el instrumento, lo que comunicó a la supervisora escolar para saber qué hacer con el recurso económico que le depositaron, se asegura que en comunicación con el Instituto les dijeron “que los utilice, ya fue cosa de suerte de la maestra haber recibido el reconocimiento”.

De ser verídico, efectivamente quita toda credibilidad al Programa de Reconocimiento al Profesor de Educación Básica 2014, “Ser Maestro”, al depender más de la suerte y no del desempeño docente, con grandes sospechas de corrupción probable en la asignación de tres mil reconocimientos a afortunados profesores a obtener el recurso en comento.

Por esta razón, a las 2:30 de la tarde del sábado, entre otras manifestaciones, se escuchó el de “ya valió”, al no respetarse el tiempo y la fallas del sistema, que decepcionaron a muchos maestros.

Los juegos del hambre: la historia de los comedores comunitarios en el Edomex

* La delegación federal de la Secretaría de Desarrollo Social, encargada de Comedores Comunitarios, adeuda cuatro meses de salarios a todos los coordinadores del programa, desde agosto y lo que va de diciembre del 2014. Los sueldos que los empleados reclaman sin éxito van desde los 6 mil 800 pesos hasta los 18 mil mensuales. Las personas afectadas, de 450 a 500, desde operativos hasta administrativos, repartidas por todo el territorio mexiquense, trabajan hasta la fecha sin contrato alguno y la razón que el delegado de la Sedesol, Edmundo Rafael Ranero Barrera, anteriormente subsecretario de Operación del Transporte estatal, les da para no pagar es la más simple de todas: “no hay dinero”.

 

Miguel Alvarado

El programa federal Comedores Comunitarios que se desarrolla dentro del proyecto Cruzada Contra el Hambre es uno de los más emblemáticos de la administración del presidente mexicano Enrique Peña. El programa ha sido promocionado a nivel nacional como uno de los más exitosos pero al menos en el Edomex la realidad es otra.

Esa batalla contra el hambre es librada con recursos que empleados y voluntarios ponen de su propia bolsa. En todo el país este programa abrió espacios comunitarios para apoyar a los sectores sociales más desprotegidos, pero en tierras mexiquenses ha sido intervenido por autoridades municipales, como sucede en Metepec, donde la alcaldesa priista, Carolina Monroy, esposa de Ernesto Némer, subsecretario federal de Desarrollo Social, justamente la dependencia que desarrolla y opera los comedores, ha involucrado a personas que el ayuntamiento tiene inscritas en otro proyecto municipal, el Programa Metepequense de Seguridad Alimentaria, ProMesa. Monroy es, además, prima de sangre del presidente Peña Nieto.

También, la delegación federal de la Secretaría de Desarrollo Social, encargada de Comedores Comunitarios, adeuda cuatro meses de salarios a todos los coordinadores del programa, desde agosto y lo que va de diciembre del 2014. Los sueldos que los empleados reclaman sin éxito van desde los 6 mil 800 pesos hasta los 18 mil mensuales.

Las personas afectadas, de 450 a 500, desde operativos hasta administrativos, repartidas por todo el territorio mexiquense, trabajan hasta la fecha sin contrato alguno y la razón que el delegado de la Sedesol, Edmundo Rafael Ranero Barrera, anteriormente subsecretario de Operación del Transporte estatal, les da para no pagar es la más simple de todas: “no hay dinero”. Los empleados, sin embargo, deben seguir laborando porque es la única manera que les ofrecen para exigir un pago posterior, que además ha sido condicionado al cumplimiento de exigencias que en un inicio no estaban estipuladas. La delegación de Sedesol tiene recursos económicos que llegan puntuales desde la Federación, pero el rubro destinado a los salarios se pierde en algún lugar de la burocracia que administra el hambre en suelo mexiquense. Los empleados sin salario aseguran que, a estas alturas, pesa ya una amenaza para darlos de baja sin que puedan cobrar los adeudos. Una última reunión entre trabajadores y autoridades apenas pudo esbozar la promesa de un pago entre el 15 y el 18 de diciembre, aunque se les advirtió que solamente noviembre y diciembre serían liquidados.

Ese impago misterioso, llevado a la práctica hasta sus últimas consecuencias, ha generado que los comedores se transformen en cocinas económicas de carácter privado, donde los mismos empleados cobran las comidas hasta en 18 pesos “porque esa es la única manera que tenemos para sobrevivir”. Esa comida, que en los establecimientos del valle de México alcanza hasta 30 pesos por persona, tiene un valor al público, de origen, de 5 pesos, pues es parte de un programa subsidiado. Pero quienes venden la comida, por otra parte no gastan en ella, porque los insumos no han fallado y la Federación los suministra cada 30 días. Así, los salarios retenidos desde la Sedesol pervierten un programa que, dicen los mismos coordinadores, es bondadoso y está perfectamente armado.

Los afectados denuncian un fraude a partir de la retención de sus pagos, primero porque las razones que se les dan para no entregárselos son absurdas y después porque no hay ninguna bancarrota ni anuncio oficial que indique que el programa se haya detenido o perdido los fondos. En el Estado de México existen 957 comedores, coordinados a nivel estatal por Alfredo Sánchez Víquez, quien llegó en octubre del 2014, enviado desde la Subsecretaría del Transporte, donde era jefe de la Unidad de Movilidad Urbana. El cambio para Ranero y Sánchez fue drástico y los afectados entienden que los enviaron a “contener” los reclamos por salarios y otras irregularidades.

“Si negociaba con lo peor de lo peor del transporte público, y les ganaba, ¿qué podemos esperar nosotros?”, apunta uno de los demandantes. La presión es tal que muchos ya se han ido, sin cobrar.

“Yo quiero pagarles, pero…”, les dice Ranero cada vez que hablan del tema.

Los 957 comedores están ubicados en 19 regiones y atienden, de lunes a viernes, un promedio de 240 servicios diarios, la mitad en la mañana y la otra a la hora de comer. Cada servicio, con un costo de 5 a 10 pesos, está dirigido a población con características bien definidas: niños de hasta 11 años, discapacitados, embarazadas, adultos mayores de 65 años y personas en pobreza extrema. Los comedores son atendidos por voluntarios a cambio de comer allí y de que tres de sus familiares acudan también, sin costo. En general, forman equipos de hasta 5 personas que trabajan una semana al mes. Cada comedor, entonces, tiene 4 equipos de hasta cinco elementos aunque eso varía. Las cocineras y los jefes de Comedor tienen un horario de 6 de la mañana a 5 de la tarde, aunque es flexible. Por ser voluntarios, no reciben ningún salario. En total, se reparten 229 mil 680 raciones diarias en toda la entidad.

Unas 500 personas son las que colaboran con Sedesol en los comedores comunitarios, divididas en las cuatro figuras que marca el programa: empleados regionales, municipales promotores y microrregionales. Un promotor, por ejemplo, debe tener 5 comedores para hacer válido su cargo y optar al pago. Pero no todos cumplen ese requisito. Algunos tiene cuatro, y a pesar de que se trabaja, la Sedesol advierte que no pagará. Ese condicionamiento en el pago se deriva también de la desinformación. Los empleados desconocen, a estas alturas, cuáles son los requisitos exactos que exigen en la delegación. Al principio eran 12 los formatos requeridos pero al paso de los meses se “inventaron” otros. La idea estaba establecida: no pagar.

– La instrucción directa es ésa. Así nos dijeron los nuevos administradores, “háganle como quieran”. Eso nos dijo Víctor Calvillo, director general de Participación Social –apunta uno de los afectados.

La delegación de la Sedesol cambió recientemente a sus funcionarios y el programa se vio en apuros. Primero estaba Fernando Alberto García Cuevas, quien asumió su encargo en febrero del 2013. Duró allí 20 meses y su salida obedeció a acuerdos políticos entre el PRI mexiquense, el gobierno estatal y la propia Federación, que preparan ya las elecciones intermedias del 2015.

Una reunión en Zumpango, hace pocos meses, perfilaba ya los problemas que ahora arrastra el programa. García Cuevas todavía estaba al frente de la Sedesol y reclamaba los pagos atrasados.

– Este problema de los comedores se tiene que arreglar y, si no, yo aquí pongo mi renuncia –dijo el ex delegado.

– Si alguna renuncia debía estar aquí, es la de Víctor Calvillo –fue la respuesta de los representantes de Rosario Robles, secretaria federal de Desarrollo Social. Un primer pago llegó en abril del 2014, pero fue el único dinero que han visto los empleados.

Otra reunión desembocó más o menos en lo mismo. “Señores, su pago ya está, pero deben llenar una carpeta con información”. Al final el trámite se convirtió en un laberinto burocrático que en lugar de allanar el camino lo cerró todavía más y obligó a una degradación escalafonaria que algunos aceptaron a cambio de quedarse.

Hubo a quienes sí se les pago. Gente de Ecatepec, Cuautitlán Izcalli, por ejemplo, fueron los primeros y únicos beneficiados. A ellos se les pagó, sí, pero hasta en eso hubo irregularidades porque en Ecatepec no se ha abierto ningún comedor.

– Eso sí, hay pagos para la gente que dice trabajar allá por instrucción del gobernador del Edomex, Eruviel Ávila –aseguran. A ellos les pagaron seis meses. Pero esa estructura, la de Ecatepec, desapareció de inmediato, nada más cobrar, se desintegró.

Los quejosos recibieron un adelanto entre junio y julio del 2014 que se pactó como viáticos y gastos a comprobar. Así se firmaron esas entregas y así están las pólizas. Pero el nuevo delegado argumenta ahora que se trata de un préstamo solamente “y que ahora tenemos que pagar”.

La Sedesol no es cualquier delegación. Desde allí se operan los programas federales para la entidad más poblada del país, que concentra poco más de 15 millones de habitantes, la mitad de ellos, según el INEGI, ubicados en algún tipo de pobreza. En febrero del 2013 la tierra de Peña Nieto se colocaba dentro del grupo de cuatro estados que experimentaron un crecimiento en la pobreza. Oaxaca, Guerrero y Chiapas, según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) son los otros socios de este club de la miseria. En el 2012, el Edomex tenía 6.7 millones de pobres y un año más tarde había 7.32 millones. El porcentaje de la población en pobreza para la entidad era, en el 2010, del 42.9 por ciento. En el 2012 fue de 45.3 por ciento.

Según el propio García Cuevas, el presupuesto que la delegación de la Sedesol en el Edomex ejercía, en el 2013, era de 5 mil 300 millones de pesos pero con la inclusión de los 125 municipios al Fondo de Aportaciones a la Infraestructura Social Municipal (FIS), la partida aumentó y en el 2014 se operaron 10 mil millones de pesos “para mover los indicadores de pobreza”, aseguraba García en febrero del 2014. En conjunto, los gobierno del Estado de México y la Federación han invertido más de 6 mil millones de pesos en programas contra el hambre integrados en la Cruzada Nacional Contra el Hambre, afirmaba Ávila Villegas.

El Edomex, uno de los estados más ricos y productivos del país es, desde los conteos de la Federación, también uno de los más depauperados. Los números, en contraste con los discursos públicos de los tres niveles de gobierno, juegan un papel preponderante para el 2015, cuando haya elecciones en la entidad y el dispendio en campañas alcance, como históricamente lo hace, proporciones de ficción. Ese dinero, el del dispendio, deberá provenir de alguna parte.

Las ecuaciones que mezclan pobreza y comicios en programas sociales son perfectas. Quienes tienen más pobres también obtienen mayores recursos federales y estatales y pueden negociar aumentos. Cuna del Grupo Atlacomulco, enclave político de Peña Nieto, no es casualidad que el Edomex tenga, desde esas estadísticas, a la mitad de la población clasificada como pobre.

En medio de la corrupción imperante, el programa de Comedores Comunitarios toma ya un sesgo electoral, pero las pérdidas son incuantificables y los propios coordinadores saben que ese proyecto se cae por falta de capacitación y porque ha llegado a trabajar allí gente que no tiene idea de cómo operar. Las irregularidades se presentan hasta en la renta de las oficinas de la Sedesol, en realidad una casa-habitación ubicada en la calle Francisco del Paso Castañeda 107, en la colonia Universidad.

– Están pagando, junto con un anexo para estacionamiento que está a tres cuadras, 92 mil pesos al mes. Es una casa, enorme, sí, pero en la zona la renta no pasaría de la mitad. Está en una zona donde el uso de suelo es habitacional pero la usan para oficinas, no está adaptada y eso ya tiene consecuencias pues se ha quemado la acometida de electricidad por no tener la instalación adecuada. La gente que trabaja allí está sentada en un barril de pólvora porque las instalaciones son de tabla-roca. Se puede quemar todo. García Cuevas supo de ese riesgo.

– ¿De quién es esa casa?

– El dueño de la casa se llama Gordillo, Carlos Gordillo. Es un cuate que tiene un auto Lamborghini, el único auto así que anda por aquí.

Los afectados consideran que los nuevos delegados, Ranero y Víquez, hacen, literalmente, lo que se les pega la gana e involucran a un personaje más, Tania Pérez Olguín, sobre quien recae la nueva estructura. Sedesol, dicen, exprime a la gente, que a estas alturas no abre algunos comedores.

El poder de Pérez es absoluto en la nueva administración a pesar de no conocer la estructura. El primer comedor que se abrió se ubicó en Pueblo Nuevo, San José del Rincón, inaugurado por Peña Nieto y atestiguó la incapacidad de Pérez Olguín. Quince días después de inaugurado, fue y se enfrentó con los que allá trabajan.

– Este comedor, si quiero, lo cierro porque yo soy autoridad –dijo la funcionaria de Sedesol.

El conflicto generó deserciones; consta en reportes la conducta de Pérez, a quien califican como el terror del programa.

 

Un botín político

 

El proyecto de los Comedores en el Edomex comenzó sin un techo presupuestal y el testimonio de las propias cocineras de comedores en Metepec lo confirma. “Nosotras llegamos cuando no había nada, sólo el local vacío. No teníamos ni siquiera servilletas. Nosotras compramos cosas, acondicionamos y aguantamos por un tiempo para que esto funcione. Todavía le hacemos así”.

La Sedesol no venía a experimentar pues había registros de aperturas en Guerrero, Chiapas y Michoacán. Aun con eso, ni siquiera había un reglamento. Y si lo hubo, nadie lo leyó. Así, sabían de la importancia de pagar los servicios, por ejemplo, de la Secretaría de la Defensa Nacional o capacitaciones. A ellos sí les pagaron. Eran pagos importantes, de hasta millón y medio de pesos. Pero para las personas no hubo nada, ni siquiera viáticos.

La Sedesol nunca hizo ningún tipo de contrato con los afectados, todos los acuerdos han sido de palabra y podría desconocerlos en cualquier momento. La Secretaría del Trabajo no ayuda porque no hay constancias en papel. A eso se debe que una mayoría haya decidido abandonar el empleo.  La promesa inicial de Peña Nieto era abrir 2 mil comedores. Pero el impago detuvo todo.

– Nos quedamos en 957 comedores –dice otro de los demandantes –pero se empiezan a convertir en botín político. Y hay lugares, como es el caso específico de Toluca y Zincantepec donde no hay ninguna persona de Sedesol. En este último municipio sucede así.

– ¿Sedesol “abandona” o entrega la operación a los municipios?

– En el caso que narro, en Zina, pregunté primero quién era el representante de Sedesol y me dijeron: “nadie, todos somos del municipio”. No podía estar ese tipo de personas administrando el comedor. Y resulta que el jefe de ellos era la directora de Desarrollo Social municipal, Eloísa Contreras Archundia, quien en lo legal es el enlace entre el municipio y el programa Cruzada Contra el Hambre, pero no puede actuar como “administradora”.

Al menos en Toluca y Zinacantepec pusieron algunos comedores en locales donde operaban ya cocinas económicas. De lunes a viernes estaba el programa pero los fines de semana aprovechaban lo que había para venderlo. Y eso siguió creciendo. Hay comedores que ya se volvieron cocinas económicas porque quienes tendrían que supervisar no han cobrado sus salarios.

Los usuarios más frecuentes son los niños, por encima de los adultos y lo que se cobra, 5 ó 10 pesos funciona como cuota de recuperación. Ese precio se decide en una Asamblea. Sin embargo, las cuentas no salen. Los comedores que se volvieron cocinas económicas cobran 18 pesos por comida y usan esa diferencia monetaria para la gente que trabaja, pero nada se aplica para el comedor, que además ya se adapta para todo el público. Si nadie supervisa, nadie se entera, al menos de manera oficial. La mayoría de los comedores ya son negocios personales.

“La idea de los comedores -dice otro de los inconformes- está inspirada en una de Lula da Silva en Brasil, aunque allá eran para todos”. Y es que la gente, aunque no esté en la clasificación de Sedesol, ya reclama. “¿Por qué no voy a comer? Soy mexicano y es mi derecho. Ahí nosotros no podemos echarnos encima a la gente, porque además son nuestros vecinos”.

Luego de casi un año de abiertos los comedores, al menos la mitad en el Edomex está en esas condiciones de “negocios privados” y el esfuerzo que se hizo para levantar el programa ha quedado rebasado. El fenómeno se presentó primero en el valle de México y pronto el ejemplo se extendió. En Atlacomulco, la tierra del presidente Peña, hay denuncias por robo de abasto y cambios de sedes sin previo aviso pero eso no impidió que se abrieran 300 comedores en la región, incluyendo Ixtlahuaca, Acambay, San José, Progreso, entre otros. El valle de Toluca tiene unos 129 comedores. En el valle de México hay más de 200.

Sobre el control del abasto, un tema por el cual los trabajadores han sido amenazados de castigo, la Sedesol no toma en cuenta las raciones que consumen los voluntarios ni los tres familiares que cada uno de ellos tiene derecho a alimentar. Las raciones, por supuesto, aumentan. Los inventarios de la Sedesol no cuadran con sus propias órdenes. Los coordinadores tienen prohibido comer en los comunitarios pero cuando se cumplen cuatro meses de impagos, acuden al servicio por necesidad.

Pero el mensaje que se le envía a la opinión pública es distinto. La delegación escoge “cinco comedores de éxito”, los mejor organizados. Allí se envía a Televisa, por ejemplo, y filmaba para pasar las imágenes, luego, en los noticieros de aquella empresa.

Los empleados sin cobrar ironizan que la Sedesol se preocupa por los desposeídos, pero no por sus trabajadores. “No tenemos seguro social, hacemos recorridos a comunidades lejanas con recursos propios pero no hay respaldo de la delegación, nunca se nos dio”.

 

Triangulas o cuello

 

Todavía una irregularidad más esperaba a quienes aceptaron trabajar el programa y consistía en triangular los pagos. Así, el salario asignado originalmente lo compartieron con sus jefes.

– La estructura de Sedesol consta de 19 regiones y dentro de ellas nos asignaron una categoría, un puesto y un salario. Cada una de las 19 regiones tuvo un coordinador de programa federal, con un sueldo pagado por Sedesol. Ellos trabajaban programas para adultos mayores, para jefas de familia y microrregiones, entre otros. Ya tenían una coordinación, antes de que iniciara Comedores y se les asignó una región con nosotros. Para que ellos pudieran cobrar, primero a nosotros nos dieron un nombramiento como coordinadores regionales, que es nuestro cargo. El dinero que nosotros cobramos se lo tenemos que dar al coordinador de Área. Para esto se consiguieron prestanombres, para que nosotros pudiéramos también cobrar.

– ¿Los servidores públicos que ya trabajaban para Sedesol comenzaron a recibir dos salarios?

– Sí, el que ya tenían por su cargo y responsabilidades originales, y el que venía de nosotros, en el programa de Comedores. Claro que el salario más alto era el que ellos recibían por su trabajo inicial. En algunos casos esos coordinadores nos apoyaban directamente con vehículos o dinero para traslados pero en otras regiones los coordinadores no ayudaron en nada.

– ¿Cuál es la cantidad que se llevan esas personas por el trabajo de ustedes?

– El salario más alto en el programa de Comedores, que es el de coordinador regional, es de 18 mil 200 pesos mensuales. El siguiente salario es de 16 mil 800, netos, sin ninguna prestación. El salario más bajo que tenemos es el de los promotores, de 6 mil 800 pesos mensuales. Trabajamos de lunes a viernes, no tenemos hora de entrada ni de salida. Cuando se abren los comedores llegamos a las seis de la mañana y salimos a las siete u ocho de la noche. Estamos por honorarios.

– ¿Cuáles son las condiciones laborales en las que se encuentran ustedes ahora?

– De incertidumbre. No nos dicen si se nos va a pagar pero sí que sigamos. Y lo hacemos, pero con nuestro dinero.

– ¿Cuántos comedores se han cerrado?

– Ninguno todavía, pero siguen operando con recursos de los propios empleados y de las voluntarias. Nosotros supervisamos sus actividades. Ahora llevamos cuatro meses sin cobro, pero la primera vez fueron seis meses. Seguimos porque tenemos la esperanza de que se nos pague. Las personas que comen y pagan la cuota de recuperación hacen posible que los comedores no se caigan, porque con ese dinero se compran los insumos, el gas. Esto les sucede a todos, en mayor o menor proporción.

Otro ejemplo de fugas de dinero o pagos indebidos son los equipos de trabajo “particulares” de las autoridades encargadas, como sucedió con un mini-staff que armó Alberto García Cuevas y cuyos cheques se obtendrían de los presupuestos de los comedores. También hay administrativos a quienes se les dio la indicación de cobrar de esas partidas. La mayoría de estos “externos”, dicen los afectados, provienen de la estructura estatal del PRI.

– Hubo coordinadores regionales que no tenían promotores, o muy pocos. Entonces les dijeron que juntaran gente, la que fuera, para justificar sus pagos. Si un promotor iba a cobrar 24 mil pesos, debía entregar 14 mil pesos a sus coordinadores de Área –apuntan.

La triangulación del dinero estaba bien proyectada. Se reportaban 10 promotores cuando en realidad había tres, y los siete que faltaban se inventaban. Ni siquiera hay una cifra real de trabajadores porque fueron manipuladas por los coordinadores de Área.

– A cada región se le asignó un coordinador de Área, 19 en total, que funcionaba como enlace, entre otras cosas, con autoridades locales. Ellos cobraron con la triangulación del dinero.

 

Los comedores

 

Dos de los comedores en Metepec están ubicados dentro de parques públicos, en pequeños salones de no más de 4 por 7 metros cuadrados. Lonas rojas o blancas anuncian el programa. Tres mesas de plástico para 18 lugares esperan la hora de la comida. En el centro de ellas, un pequeño letrero recuerda a los asistentes los buenos modales. “Es desagradable comer en mesa y silla sucias. Limpia por favor cuando termines de tomar tus alimentos”. El único adorno de ese comedor es la foto de la alcaldesa de Metepec, Carolina Monroy, que observa desde su marco la llegada de los beneficiados.

En el saloncito debe caber todo, desde la cocina hasta las mesas para los usuarios. Las cocineras, son tres, son voluntarias y acuden sin salario alguno desde las seis de la mañana en jornadas de 11 horas, una semana de cada mes. Otras dos personas, administrativas, completan ese equipo. A pesar de no tener pagos, pueden llevar a comer a tres de sus familiares diariamente y ellas mismas comer allí, además de juntar una despensa con los sobrantes del abasto. En esa sede trabajan 31 voluntarias.

– En general atendemos a todo tipo de personas, además de las que se marcan en el programa. Vienen por algún motivo. No podemos dejar de atenderlas y se les cobra lo mismo. Aquí servimos unas 220 raciones diarias –señala una de las voluntarias, quien acepta que a estas alturas se necesita una “motivación para las cocineras, no un pago pero sí apoyo”.

Ese equipo trabaja en una cocina que no está totalmente adecuada y que debe hacer espacio incluso para tanque de gas, que no encuentran un lugar afuera. Las mujeres se han adaptado y entre los alimentos y las enormes ollas se organizan eficazmente.

– Para el desayuno damos leche, pan, algún tipo de guisado y en la tarde se ofrece arroz, otro guisado y agua.

– ¿Tienen algún tipo de desabasto?

– No, nunca. Estamos funcionando desde julio del 2014. La tesorera recaba el dinero y ella compra verduras, fruta, pan.

Los usuarios no caben en el local y optan por comer afuera, en las bancas que se encuentran en el mismo parque.

Otro testimonio afirma que los equipos de comedores se van apenas se dan cuenta de la dureza del trabajo. Las cocineras, incluso, deben ayudar a descargar los camiones que transportan el abasto. Los encargados de los comedores consideran que el gobierno no sabe cómo se está trabajando, que desde un principio no capacitó a la mayoría y también que ha faltado a los acuerdos previos, como apoyarlos con otro de tipo de programas. Incluso pidieron papeles para Mujeres que Logran en Grande, del gobierno mexiquense, pero nada se ha concretado, ni siquiera un curso de primeros auxilios.

– El programa es bueno, muy bueno, pero sin un marco de operación adecuado. Ya se están cerrando algunos comedores, como sucede en la comunidad de San Lucas Tunco, también en Metepec. Hay comedores que no tienen ni siquiera una tarja, como sucede en el del Hípico, (una colonia de Toluca). Es increíble que la gente que nos coordina no tenga salario. Si a ellos, que son los jefes, no les apoyan, nosotros no podemos esperar nada –dice una de las encargadas.

– ¿Cómo inició la operación del comedor que atiende?

– Como voluntarias hicimos una cooperación de 100 pesos cada una, para echarlo a andar. Juntamos 700 pesos y con ese dinero se compró verdura, tortillas… compramos el gas, cada tanque cuesta 700 pesos; escobas, jergas, trapos, jabón, eso no viene en el suministro.

– ¿Ustedes abrieron el programa federal con su dinero?

– Sí, con nuestro dinero, que recuperamos después pero de las mismas cuotas o pagos por la comida, de los cinco pesos. Y se sigue comprando. Nosotras tenemos cuotas de recuperación muy bajas. A veces sólo podemos dar de comer huevo en salsa verde. Incluso pongo mi coche para traer algunas cosas.

– Entonces la comida no alcanza…

– Así es. Las raciones completas servidas, al día, son unas sesenta.

– ¿Por qué trabaja en el comedor?

– Primero tuve tiempo pero después porque vi la problemática de la gente. El comedor funciona por la gente, no tanto por el apoyo del Estado.

Las opiniones de encargadas de otros comedores no varían. Pero uno de ellos, también en Metepec, revela que el ayuntamiento de ese lugar se involucra en el manejo del programa federal.

– La presidencia municipal de Metepec nos prometió apoyos –dice una de las encargadas del comedor –pero no se nos ha dado nada. Sabemos que a otros comedores les han dado utensilios. Afirman que el ayuntamiento debe ser informado hasta de la falta de tazas e incluso sobre quién se encarga de abrir el local, que prestó Metepec previo acuerdo con la Sedesol.

– ¿Por qué el ayuntamiento se involucró en un programa federal?

– Una vez vinieron al comedor y organizaron una junta. Argumentan que el salón es propiedad municipal. La persona que lo cuida está designada por el ayuntamiento de Carolina Monroy. Aquí el ayuntamiento mueve todo y colocó a su gente. Hay un programa llamado ProMesa, donde se reparten despensas y las vocales de ese programa fueron impuestas en Comedores por la alcaldía. Algo tan simple como poner una puerta para cuidar los insumos debe pasar por el ayuntamiento pero lo peor es que no lo hacen. Nos ponen trabas para que operemos un proyecto federal. Ellos no cobran desde Comedores pero no les hace falta, aunque se crea un conflicto de intereses. Como el ayuntamiento maneja el comedor, no quiere pedir apoyos a Sedesol o reportar carencias. Les dirían algo. Pero esas personas involucradas con el ayuntamiento reciben apoyos desde el ProMesa. Tampoco nosotras podemos arreglar nuestro lugar porque hasta de que ponemos un clavo toman registros fotográficos. Esas personas nos abandonan. Ahorita no están porque se fueron al Informe de Monroy (2 de diciembre). Si no van, les quitan sus apoyos. Están desintegrando el proyecto del presidente de la república.

– ¿Han hablado con Carolina Monroy?

– La presidenta nos pone trabas para hablar con Sedesol. Dice que no se puede. Pero hablamos con un encargado de Sedesol directamente y nos dijo que nos la saltemos. Y es que el ayuntamiento dio la orden de recoger el dinero de las ventas por comida. Eso se denunció a Sedesol, que dijo que no entregáramos ese dinero. El ayuntamiento nos pide oficios para todo, así que todo debe estar registrado.

– ¿El ayuntamiento interviene en el resto de los comedores de Metepec?

– Sí, en todos interviene. Mi hija, de ocho años, de pronto pregunta que por qué no se invita a Carolina “para venga a comer soya con nosotros”.

La versión de que beneficiarios del programa municipal ProMesa están involucrados en el manejo de los comedores la confirman ellos mismos, que operan un tercer establecimiento en Metepec.

– Somos de ProMesa y apoyamos porque desde ahí nos envían, nos pidieron apoyo para que se echara a andar el comedor.

– ¿Ustedes tienen salario?

– No tenemos ninguna ayuda, pero de todas maneras prestamos dinero para comprar verduras y lo que se ocupe. Luego lo recuperamos, pero no debería ser así. Siempre hay abasto pero ahora ha bajado. Traen menor cantidades, pues dicen que es para 21 días cuando al principio Sedesol decía que era para 30. Nosotros terminamos poniendo lo que falta –relata otra encargada- quien afirma que han estado cambiando también las marcas de los proveedores. “La leche era Alpura y ahora es de Liconsa. Los atunes eran Herdez en aceite y ahora son de marca libre, de agua”.

La intervención de los comedores por el ayuntamiento de Carolina Monroy, esposa de Ernesto Nemer, es un ejemplo de cómo un programa federal es echado a pique. La batalla contra el hambre, diseñada desde la peor de las ópticas y luego tomada como botín, es el ejemplo de una guerra perdida que ni siquiera ha librado sus batallas.

Ferrocarriles, botín de dos empresas

* Gobierno invierte 5 mil millones de pesos anuales del erario, sin beneficio para la población; concesionarios del ferrocarril sólo han construido 6 kilómetros por año de nuevas vías; el Ferrocarril representa apenas 7% de toda la red de transporte en país.

 

Marco Antonio Durán Ruvalcaba

Como todo lo que hace el gobierno federal, la privatización de Ferrocarriles Nacionales de México (Ferronales o FNM) fue un pésimo negocio para el país. Los costos de transporte de carga se elevaron, el servicio decayó, la infraestructura se deterioró y no hay inversión. En otras palabras, las empresas Ferrosur-Ferromex y Kansas City Southern de México monopolizaron el servicio para manejarlo de acuerdo con sus intereses.

Bastaron 16 años —desde que se aliaron Ernesto Zedillo Ponce de León y el líder sindical Víctor Flores Morales en 1998— para desmantelar a un sector, volverlo un galimatías, botín de un duopolio empresarial que se opone a cualquier propuesta para hacerlo eficiente pero, sobre todo, convertirlo en un eje fundamental en los procesos productivos que requiere el país.

Durante esos 16 años, Ferrosur-Ferromex y Kansas City Southern no han sido capaces de ponerse de acuerdo para cobrar tarifas de interconexión; además, rechazan la inserción del transporte de pasajeros y, por supuesto, han puesto cualquier cantidad de trabas para que entren más compañías a prestar el servicio. Lo han hecho con la complacencia de la Secretaría de Comunicaciones y Trasportes (SCT), autoridad que no supervisa, no concilia y tampoco se preocupa por la competencia.

Hoy vemos el caos que impera en el sector de las telecomunicaciones, en donde se ha creado hasta un Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) para regular las bandas de ancho por las que transitan o dicho de otra forma, por donde circulan las transmisiones de televisión abierta y restringida, Internet, y telefonía móvil. Es ahora el IFT el encargado de dar concesiones, supervisar, castigar y hasta imponer condiciones para mejorar la competencia de los concesionarios.

Resulta curioso que, siendo las vías del ferrocarril algo similar —no virtual, pero sí en el sentido de conectar al país de forma física— no exista una verdadera ley que regule o una institución que se encargue de poner orden, eficientar, modernizar y moderar los costos del servicio.

Se olvida el gobierno que el ferrocarril forma parte del sistema neurálgico en el transporte de mercancías; un medio de carga económico, que puede aliviar las carreteras del país; aligerar la carga pesada, desahogar los inventarios de las empresas y hasta convertirse en un medio de transporte de personas al igual que en otros países como Alemania‎, Austria, Bulgaria‎, Bélgica‎, Croacia‎, España‎, Finlandia‎, Francia, Hungría, Irlanda‎, Italia, Países Bajos‎, Polonia, Portugal, Reino Unido‎, República Checa,‎ Rumania, y Suecia‎, en Europa o Rusia, China, Corea del Sur, y Japón en Asia.

El ferrocarril es parte importante en el desplazamiento de mercancías y personas en Europa y Asia. El ferrocarril, acarrea 80 por ciento de la carga mediante costos accesibles, donde además la gente puede viajar con comodidad y rapidez. Nadie en el mundo podría explicar el turismo en Europa si no fuera por el tren. Ni qué decir de España con su tren de alta velocidad que va de Barcelona a Paris, una distancia de mil kilómetros, en 7.25 horas. Otro ejemplo es Japón, uno de los países que mayor cantidad de carga pesada y pasajeros mueve.

Las circunstancias son diferentes para México. Los intereses particulares de algunos grupos políticos y económicos no han permitido la competencia que sirva para mejorar las condiciones de vida de México y los mexicanos.

Las cifras horrorizan: cuando se privatizó el ferrocarril en 1998 reportó una red de 26 mil 622 kilómetros de vías; para 2013 la situación cambió casi nada: 26 mil 727 kilómetros, lo que significa un aumento en su red de 105 kilómetros, menos de seis kilómetros por año.

En cuanto al transporte de mercancías, antes de concesionar ferrocarriles, el sector desplazaba 47 millones de toneladas por kilómetro; y aunque en la actualidad movilizan 82 millones de toneladas por kilómetro, dicha cantidad significa un incremento de 76 por ciento en el traslado de productos, pero sin que se haya invertido un centavo en nuevas vías; es decir, utilizando la misma red que hace 16 años.

Este porcentaje significa, entonces, que las utilidades obtenidas por las compañías concesionarias en la explotación de las vías férreas se han multiplicado más no refleja la calidad en el servicio.

Los datos oficiales del sector revelan que se ha invertido en nuevas locomotoras y en reparación de vías dañadas, pero ni un solo peso en extender o generar nuevos caminos, construcción de puentes o túneles; tampoco han abierto brechas, nuevos talleres ni nuevas terminales. Ha sido un negocio redondo. Se ocupa la misma infraestructura que hace tres lustros. Ferrosur-Ferromex y Cansas City Southern sostienen que no pueden privatizar caminos o construir en nuevas tierras porque eso es exclusividad del Estado. ¿Acaso no pensaron en ese pequeño detalle antes de hacer el negocio?

Ciertamente, la privatización de nuevos territorios es prerrogativa del gobierno. Sin embrago, en su informes —los oficiales— no aparece estudio alguno que se haya hecho o entregado a la SCT. Por ningún lado exhiben las compañías propuestas sobre nuevas rutas que consideren utilizar y, en su caso, nacionalizar tierras privadas para mejorar el transporte.

Es un hecho contundente que el ferrocarril en México ha perdido competitividad, se ha rezagado y no contribuye con el desarrollo. No va a la par de las necesidades que la sociedad mexicana demanda. Los datos muestran que la red representa menos de 7 por ciento de todo el sistema de transporte.

Existen en México 378 mil kilómetros de carreteras en los que transitan 770 mil camiones de carga —general y especializada— que desahogan 93 por ciento de la carga de este país; es decir, se tiene un camión por cada 49 kilómetros. El indicador que mejor revela las graves deficiencias del transporte ferroviario es la rapidez, pues mientras el tren se mueve a una velocidad promedio de 33 kilómetros por hora, el transporte de carga lo hace al doble.

Por otro lado, a pesar de que Ferrosur-Ferromex y Kansas City Southern son las únicas que explotan la red y hacen uso exclusivo tanto de las vías del ferrocarril como de toda la infraestructura, el gobierno federal sigue participando con inversiones. En los 16 años que llevan concesionados — de los 50 que tienen por delante— ha desembolsado 28 mil millones de pesos.

En el último lustro, la inversión pública ha sido a razón de 5 mil millones de pesos por año, lo cual revela que una tercera parte de la inversión en los ferrocarriles corre por cuenta del erario, de los impuestos de los mexicanos, quienes no reciben beneficio alguno. Ante tales circunstancias las preguntas se multiplican: ¿por qué el gobierno se empeña en seguir subsidiando a dos empresas que no han querido hacer nada por México? ¿Qué impide que el gobierno autorice más concesiones para generar mayor competencia y con ello mejorar el servicio? ¿Hasta cuándo la privatización tendrá como objetivo el despojo y la formación de monopolios?

Las bestias

* Desde el viernes 14 de febrero policías de toda la entidad llegaron a Toluca. Allí pernoctaron pero los hicieron dormir en calles y parques o donde se pudiera. No había razón para alquilar hoteles o casas. El día del Amor y la Amistad fue para unos la noche más incómoda de sus vidas. La visita de Barak Obama no beneficia a nadie. La ciudadanía, traducida para la clase política y gobernante como una mancha infame que se mueve en mítines y protestas, debe cuidar, apostar a la vigilancia. El Excelentísimo presidente Barak Obama es inalcanzable pero aunque no lo fuera la única manera de contribuir que él tiene ya la aplicó. Su solo nombre bastó para que las autoridades, luego de años de peticiones, se decidieran por solamente limpiar las calles, adoquinar, cambiar las flores, lavar las ventanas.  

Miguel Alvarado/ Nadia Estrada

Barak Obama apareció como una exhalación por Toluca. En nueve horas arregló el tema energético y de paso el centro de la capital mexiquense. El presidente norteamericano representa un imperio económico basado en la guerra y viaja como conquistador. Su séquito rebasa las mil personas y moviliza efectivos militares propios y de los países que visita. La estancia en Toluca se trató en realidad de una pequeña inspección, una revisión del negocio encargado al PRI y a Enrique Peña Nieto. La entrega de cuentas no debía tardar demasiado. La agenda norteamericana apenas marcaba a la ciudad como una escala en la interminable colonia que representa el mundo para la política norteamericana. Aquí, la ciudad del Grupo Atlacomulco, la más protegida y donde es casi imposible manifestarse, donde los medios de comunicación parcializan hasta los anuncios de ocasión, se montó un enorme teatro con resultados exactos. El protocolo mexicano no pudo ser más sensato, coherente. El gobernador del Edomex, Eruviel Ávila, sometido al arbitrio de la etiqueta y las importancias, fue borrado de un plumazo de sus oficinas, y su papel consistió en recibir en el aeropuerto a Barak. Cien millones de pesos después, se puede concluir que su aparición como extra en el melodrama político mexicano le garantiza un siguiente papel, al menos en el gabinete de Relaciones Exteriores.

Y Toluca, siempre fría, apenas participativa, aceptó casi sin moverse la impostura. Una ciudad falsificada recibió la Cumbre de Líderes, que incluyó al canadiense Stephen Harper, de quien se supo de él porque apareció en algunas fotos. La escenografía incluyó lugares comunes como espectaculares con la frase de Bienvenido Welcome, sobre Paseo Tollocan o minúsculas manifestaciones de altermundistas y defensores del Nevado de Toluca, un conato contra policías estatales en la explanada del mercado Juárez y decenas de discursos antiyanquis. El inconformismo de chorizo fue comparable a asistir a la Bombonera una mañana de futbol. No sirvió de nada y a estas alturas ni siquiera funciona que les den espacio en televisión y radio, que las redes sociales hagan sus propias editoriales. El disgusto tomó forma de ausentismo laboral y suspensión de clases, convenientemente pasados por alto porque el tráfico, a pesar del cierre de media ciudad, no causó los estragos profetizados. Y es que cada esquina, por callejón que fuera, contaba con un policía galanamente uniformado y extraordinariamente eficaz a la hora de desanudar nudos viales. Casi de noche pasó la noticia sobre el asesinato de un estudiante de la universidad estatal en un campus de Ecatepec, para robarle 80 mil pesos. Masacrado por ladrones que lo despojaron del dinero que usaría para comprar un auto, Javier Gabino Álvarez Pliego, de 22 años, representa la cotidianidad del México sin Obama, del Edomex desaparecido en el discurso de Peña Nieto, de la entidad que no existe en el palacio de Lerdo o en las giras de trabajo de Ávila Villegas.

Obama llegó a Toluca con todo pactado. Hasta los boletines, difundidos horas después, ya estaban redactados. El semanario Proceso recopila el desinterés de los medios gringos por la Cumbre: “Obama estuvo poco más de 8 horas en México, una menos que las 9 horas que duró el vuelo redondo de Washington –a Toluca-, y mucho menos tiempo al que le dedicó el presidente el fin de semana a su juego de golf en California”, publicó el Washington Post en una breve nota en páginas interiores y sin fotografía”. Barak encontró tiempo para atender sus frentes. La crisis siria, la venezolana, la ucraniana y aumentos salariales a obreros norteamericanos fueron abordados por teléfono, con la mano en la cintura, sonriendo comedido o seriamente concentrado, según el caso. Para México, narcotráfico, migración y petróleo, los puntos fuertes de la agenda en Toluca, estarán pendientes otros 200 años, como en cada reunión que se realiza, donde las buenas intenciones son ya un cúmulo de despachos diplomáticos, frases de mermelada que enmarcan ejercicios mentales de primero de primaria, perversas por deficientes. “Seremos la región más competitiva del mundo”, nos merecemos esta visita porque hemos trabajado”, “a Toluca se le reconoce a nivel mundial” o “la democracia en México se percibe” representan el fantasmario político que al otro día aparecería en los periódicos locales.

La revista norteamericana Time cobró 576 mil pesos por un reportaje sobre Peña, a mediados de febrero del 2014. Un tarifario de la publicación establece un precio para la portada de casi 10 millones de pesos, 759 mil 400 dólares. Si fuera cierto el costo, al equipo de Peña, acostumbrado a pagar 700 millones de pesos al año sólo en publicidad desde el 2005, sólo le haría cosquillas. El encabezado, “Salvando México”, que acompaña a la foto del mexiquense, actuada para que sugiera un estadista, es en realidad el detonante que colocó la publicación en el centro de un linchamiento en redes sociales. Es muy común hablar sobre Peña, lo difícil es hablar bien de él. El reportaje norteamericano encontró, sin embargo, la forma de hacerlo. Michael Crowley, el redactor, se apoyó en una escena fotográfica protagonizada por Peña, Luis Videgaray y Miguel Ángel Osorio Chong, secretarios federales de Finanzas y Gobernación, donde aparecen como héroes de cine. Peña está en primer cuadro, flanqueado por los otros dos, en una gráfica cuyo fondo es un blanco inexcusable, listo para ser llenado ante cualquier idea. Somos nosotros, parece decir la foto, y nadie más.

El texto recuenta el paso del priista por la presidencia y comienza de la manera más coloquial: “a las 9 en punto en una noche de febrero, el presidente mexicano Enrique Peña Nieto trabaja en Los Pinos, su residencia oficial en la ciudad de México, donde soldados camuflados con rifles de asalto lo cuidan desde afuera. Para el presidente, de 47 años de edad, es un recordatorio de que la presidencia es un negocio mortalmente serio –especialmente en este momento clave en la historia de México-”.

Luego, lo de siempre. Una revisión sobre la vuelta del priismo al poder Ejecutivo y el encomio de las reformas impulsadas por el Grupo Atlacomulco, incluida la energética. Peña queda bien, efectivamente, como un salvador de su patria ante el resto del mundo. Ni eficiente o malo, sólo un trabajador que cambia el país que gobierna. Time, la revista, no tiene empacho en hacer arte a partir de un boletín de prensa escrupulosamente redactado. Por 10 millones, cualquiera lo haría. Ellos lo hicieron por medio millón de pesos. El artículo, una versión en correcto español, está disponible en http://world.time.com/2014/02/16/la-nueva-mision-de-mexico/?iid=obnetwork.

Peña, mientras tanto, atiende lo más urgente, aunque no lo importante. Toluca, la ciudad de sus afectos, porque aquí vivió más de 12 años, 6 de ellos como gobernador, fue elegida para albergar una cumbre regional para México, Estados Unidos y Canadá. Las calles de la pequeña ciudad fueron maquilladas y las fachadas recompuestas. Una inversión federal por más de 100 millones de pesos se aplicó desde hace un mes. El centro de la capital mexiquense deslumbró, aunque la magia no durara ni siquiera un día. Más de 600 reporteros de la fuente presidencial se esperaban en Toluca, provenientes de los tres países. Los extranjeros fueron confinados a la modesta zona hotelera. Pocos se aventuraron más allá. No había para qué. Si al menos uno de ellos hubiera dado la vuelta al Hotel del Rey, en Paseo Tollocan y asomado en la colonia de Santa Ana Tlapaltiltán, habría visto cómo vivieron contingentes policiacos movilizados para cuida a un solo hombre, ni siquiera mexicano, el más poderos del mundo hasta donde alcanza la información.

Desde el viernes 14 de febrero policías de toda la entidad llegaron a Toluca. Allí pernoctaron pero los hicieron dormir en calles y parques o donde se pudiera. No había razón para alquilar hoteles o casas. El día del Amor y la Amistad fue para unos la noche más incómoda de sus vidas. La visita de Barak Obama no beneficia a nadie. La ciudadanía, traducida para la clase política y gobernante como una mancha infame que se mueve en mítines y protestas, debe cuidar, apostar a la vigilancia. El Excelentísimo presidente Barak Obama es inalcanzable pero aunque no lo fuera la única manera de contribuir que él tiene ya la aplicó. Su solo nombre bastó para que las autoridades, luego de años de peticiones, se decidieran por solamente limpiar las calles, adoquinar, cambiar las flores, lavar las ventanas.

Pero a los policías, al menos los que vinieron desde Coacalco, no les importaban los días de caramelo y miel. Eran cientos y cubrían las aceras de tres cuadras de Santa Ana. Sólo algunos alcanzaban la comodidad de magras tiendas de campaña, delgados hules que apenas los ayudaban a recuperar fuerzas.

Las vísperas de Obama

“Viernes  14 de febrero, 11:30 de la noche. Cientos de personas dormían en las aceras o debajo de autobuses. No eran peregrinos con destino a la ciudad de México, eran policías que cubrían las aceras de tres cuadras en la colonia de Santa Ana Tlapaltitlán.

“Toluca, el centro del mundo durante 8 horas por una Cumbre donde se trataron, en menos de 120 minutos, temas como la migración, reforma energética, los tratados comerciales regionales y la Iniciativa Mérida y Michoacán, observaba con una semana de anticipo los sobrevuelos de helicópteros y pequeños aviones-patrulla, como sucedería en una ciudad afgana. Barak llegaría a las 12 y 10 de la mañana, según el protocolo oficial, y desde el aeropuerto recorrería unos 5 kilómetros en auto blindado, La Bestia, con un peso de 10 toneladas, hasta el palacio de Gobierno. Allí, Peña lo recibiría, sonriente y apurado, manojo de nervios que ni el entrenamiento teatral al que ha sido sometido los últimos 8 años, maquillaría.

“Nunca se tuvo tanta seguridad en Tlapaltitlán, pero los guardias no cuidaban las casas ni a los vecinos. ¿Entonces? La razón exacta no la sabía pero mi sentir ciudadano me hizo preparar, con la familia, café, pan y galletas que teníamos a la mano para compartir. Tristeza, enojo, indignación, coraje, tantos sentimientos que no podría describir una fotografía del momento. Salimos y ofrecimos el café, que pudimos dar a quienes aún se encontraban despiertos, porque a otros el viaje desde Chalco, lugar de donde los trajeron, los había agotado.

“Uno que otro empezó a salir de su tienda, a bajar del autobús, donde, para mi sorpresa también dormían. Sus palabras de agradecimiento demostraban que no habían ingerido alimento.

“Ellos mismo pidieron que se les ofreciera a compañeros de otras cuadras. Observamos que había más policías durmiendo en una zona catalogada como insegura. Qué ironía, tantas imágenes en mi mente de policías golpeando a mis compañeros maestros y destrozando sus casas de campaña. Vino a mi mente Atento, cuántas familias destrozadas y mujeres violadas. Muchos los llaman perros del gobierno por el trabajo sucio que hacen, porque, ¿a cuánta gente maltratan estos policías estatales? Y yo aquí dándoles hoy la mano, pero a final de cuentas son humanos, también son padres de familia, hermanos, hijos, esposos, madres de familia y esposas, porque también hay mujeres.

“Así transcurrió la noche. Por la mañana tampoco se les podía dejar, al menos mi conciencia no y con lo poco que se tenía se ofreció un desayuno y permiso para poder asearse dentro de mi hogar. Entre sus carteras y bolsas, los policías hacían “coperacha” para pagar lo que se les estaba ofreciendo, juntando 80 pesos que no se recibieron, el desayuno no era negociable.

“Mi casa era un cuartel para aquellos que, ahora agradecidos y humanos, mencionaban que la situación para ellos ha sido siempre la misma. A cualquier parte donde los llevan siempre se les ha tratado de la misma forma o hasta peor. Ganan 3 mil 500 pesos a la quincena. Esta vez les ofrecieron lugar para dormir, tres comidas al día y lugar para asearse, pero al llegar les informaron que debían acomodarse donde pudieran, pues estarían hasta el 20 de febrero, cuando terminara la Cumbre. Cuántas veces he escuchado eso en el magisterio, cuando pago materiales y cursos de mi sueldo y no cumplen lo que prometen.

“Por fin, hoy pudo sentarse a convivir una maestra con un policía cuando ahora la situación era al revés. Hoy pudimos dialogar y no replegar, expresar el trabajo que nos toca hacer en este país. El policía, al escuchar que era maestra mencionó que ‘a nosotros nos dan la orden: que no pasen, y aguantamos pero no falta el maestro que nos agreda y es cuando tenemos que reaccionar, pero no todos somos malos, tenemos compañeros que golpean pero por ellos nos catalogan a todos los demás por igual. Al final de cuentas soy humano, padre de familia y me interesa saber qué va a pasar con mis hijos en este país, traer el uniforme de gobierno no quiere decir que esté a favor de lo que hace, pero es mi trabajo y lo hago por mi familia y finalmente soy pueblo y si todos pensáramos así, seríamos unidos y no estaríamos como estamos, pero lamentablemente no todos pensamos de esa forma’.

“- ¿Por qué hacen esto? Han sido muy amables al ofrecer su casa.

“- Nos indignó ver la situación en la que los tienen. ¿Por qué no les rentan el hotel que está a unos cuantos metros para todos los policías?

“Todos rieron.

“- Qué buen chiste. Los camiones que nos trajeron no traen ni vidrios, los asientos son tablitas que cada que saltaba el camión se zafan. Llegamos y ya ve dónde nos dijeron que durmiéramos”.

El episodio, narrado por una maestra de la ciudad, Nadia Estrada, es sólo parte de un mosaico que decora los caprichos políticos. Obama no necesitaba venir a México. Los acuerdos energéticos y comerciales han sido pactados con antelación. La lección al mundo sobre el poder norteamericano se imparte todos los días con cualquier pretexto. Una entidad con 7 millones de pobres asiste, desde afuera, detrás de las cortinas, a una ceremonia de simulación que ha logrado institucionalizarse y utiliza sin empacho los recursos públicos para hacer negocios privados. La derrama económica llegará, es inevitable, a cambio de una economía que dependerá en absoluto de voluntades ajenas. Y el trabajo florecerá pero la mayor parte de esté será esclavizante, porque así son las reglas del juego.

Los políticos de Toluca celebran todo. Al menos las autoridades lo hacen. A horas de la Cumbre, la alcaldesa priista Martha Hilda González, con un renovado espíritu de comunicación social, anunciaba por todos los medios los importantes acuerdos que había alcanzado con norteamericanos y canadienses. Una máquina simuladora será instalada en El Calvario, por ejemplo, decía en su novedoso muro de face. Mientras, los helicópteros, estatales, militares y policiacos sobrevolaban la ciudad marcando perímetros. El imaginario popular especula con cierta esperanza un atentado. “¿Te imaginas? Nos borran del mapa”. Pero los números son más elocuentes. “Ocho helicópteros tiene el gobierno del Edomex, las naves que también le han servido de taxis aéreos a la señorita Laura tienen un costo total de casi 39 millones de dólares. En un solo mes realizaron 236 operaciones aéreas y el costo promedio por hora de vuelo fue de alrededor de ocho mil 705 pesos”, recuerda el periodista Elpidio Hernández, mientras un equipo de 300 jóvenes trilingües, que hablan español, inglés y canadiense, como se informó en el noticiero local de TV Azteca es distribuido para apoyar a los 5 mil visitantes. Planear para prever. Mejor que sobre y no que falte y si están equipados, mejor. Porque hasta un kit, publicitado días antes, estaba a disposición de los asistentes. Una playera roja que decía “¿Le puedo ayudar? y “Bienvenidos”, mostraba lo trilingües que podían ser los toluqueños, que de paso serviría como promotores turísticos porque entregaban folletos con descripciones artesanales y atractivos locales. Todavía, “Aída Fernanda López Vences, estudiante del Colegio Niños de México, expresó su agradecimiento a la alcaldesa por la oportunidad de participar en un evento de gran magnitud”.

Pero repartir folletos sin cobrar está bien. Son servicios ciudadanos que alguna vez casi todos han realizado. Los folletos, sin embargo, no describen que hasta el 18 de febrero del 2014, el Edomex contabilizaba 49 ejecutados, un aumento del 37 por ciento en relación al año pasado, y que hasta el 17 de febrero había 2 muertos y 11 heridos por ataque de comandos a bares de Neza.

“Por eso no podemos quedarnos tanto como quisiéramos. Por ejemplo, no he tenido oportunidad de probar el chorizo legendario de Toluca, ojalá la próxima vez que venga pueda probarlo”, dijo al final Obama, en su discurso de conclusiones.

Chorizo hay en todas partes pero Barak, por supuesto, nunca volverá.

SeisDeFebrero

* Mi generación escuchó de viva voz las experiencias de los movimientos estudiantiles del 68, 71, 86 y 95; las figuras del Che Guevara o Camilo Cienfuegos no eran tan lejanas como ahora y vivimos a un Fidel en abierta resistencia al bloqueo anglosajón; la Operación Cóndor y sus atrocidades, la caída el Muro de Berlín y de la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, las guerras de Corea y Vietnam, la disputa por las Malvinas y un largo etcétera internacional, permanecían en el ideario social.

 

+e.

Formo parte de una generación marcada por la incertidumbre política, económica, social y cultural de fin del siglo XX, donde la incipiente tecnocracia mexicana nos veía como carne molida, aunque en su visión de neoliberalismo no contaban con estante para ofrecernos como mercancía y donde ser joven carecía de significado y rumbo claros. Donde la revolución cultural de los 60, 70 y 80 estaba siendo sacrificada para comenzar su reciclaje en el altar comercial.

Mi generación escuchó de viva voz las experiencias de los movimientos estudiantiles del 68, 71, 86 y 95; las figuras del Che Guevara o Camilo Cienfuegos no eran tan lejanas como ahora y vivimos a un Fidel en abierta resistencia al bloqueo anglosajón; la Operación Cóndor y sus atrocidades, la caída el Muro de Berlín y de la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, las guerras de Corea y Vietnam, la disputa por las Malvinas y un largo etcétera internacional, permanecían en el ideario social. Lucio y Genaro, Misael, el Ejercito Zapatista de Liberación Nacional, las matanzas de Aguas Blancas, El Charco y Acteal, los más de trescientos líderes del PRD original, asesinados entre 88 y 94, el posterior triunfo social en las primeras elecciones en el D.F., la Central Unitaria de Trabajadores, la Unión Popular Revolucionaria Emiliano Zapata, el Frente Popular Francisco Villa, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, el Sindicato Mexicano de Electricistas; en resumen, el atardecer de una generación verdaderamente revolucionaria y sus herederos, frente a  la aparición del neoliberalismo mexicano.

En ese universo de contextos, el régimen creyó encontrar un camino sencillo para la desaparición de la educación pública; los niveles básicos (preescolar, primaria y secundaria) enfrentaron la descentralización del sistema educativo y una profunda reforma en los planes y programas de estudio; apareció Elba Esther Gordillo Morales, profesora nacida en Comitán, Chiapas, relevando  de sus funciones caciquiles al legendario asesino Carlos Jongitud Barrios, otrora joya del priismo posrevolucionario y comenzando una nueva etapa en la guerra sucia magisterial. El resultado es bien conocido, la imposición del modelo educativo neoliberal, que fomentó la deserción y orientó el egreso estudiantil a satisfacer las necesidades del mercado. No obstante, Zedillo (instrumento salinista) tenía un plan más ambicioso: la privatización de la educación superior y por ende de la Universidad Nacional Autónoma de México. El 6 de enero de 1997, se llevó a cabo la asunción de Francisco Barnés de Castro como Rector de la máxima casa de estudios de Latinoamérica, reiniciando la disputa entre dos visiones de país.

Barnés pretendió encabezar una profunda refundación de la UNAM, que aún se reponía del intento elitista fallido de 1986 y de la reforma del Colegio de Ciencias y Humanidades en 1995; esta refundación consistía en elitizar la Universidad, mediante la imposición de cuotas de ingreso y la reducción de la matrícula (principalmente en el bachillerato), la desaparición de materias y carreras humanistas, la comercialización de “productos” universitarios (es decir posgrados, maestrías, investigación y actividades deportivas), y la reforma de los órganos de decisión en detrimento de estudiantes, académicos y trabajadores, bajo un modelo empresarial. Fue bajo este esquema, que se consumó el convenio con el Centro Nacional para la Evaluación de la Educación Superior A. C. para la realización del examen de ingreso al bachillerato, la desaparición de dos turnos en colegios de Ciencias y Humanidades (fin del proyecto de “bachillerato para los trabajadores” de González Casanova) y comenzó la reforma académica en las escuelas de educación media superior. Adicionalmente, comenzó el aislamiento de profesores y trabajadores disidentes, mediante la reducción de sus horas laborales y se redujo su representación en los órganos de gobierno. Todo parecía un sonado triunfo del salinismo universitario, hasta el 17 de abril de 1999.

Ahora bien, el 7 de junio de 1997, el nuevo rector presenta ante un cerrado grupo de universitarios, lo que a la postre se conocería como “El Plan Barnés”, documento que especificaba las reformas universitarias que permitirían según él, la modernización de la institución de cara al nuevo siglo. Pero el análisis de académicos, trabajadores y estudiantes, desveló la intentona elitista y comenzó un proceso largo de movilizaciones que de a poco fue sumando a la comunidad universitaria en torno a una resistencia efectiva. La creatividad y perseverancia de la generación “X”, generó mecanismos masivos y plurales de información, movilización y resistencia en colegios, escuelas, facultades e institutos, es decir, en todos los rincones de la UNAM, existía discusión en torno a la afrenta privatizadora. Esto, logró capitalizarse en mecanismos de representación alternos a los de la institución, por demás democráticos; las asambleas locales y la General Universitaria, eran multitudinarias y constantemente se desbordaban explanadas, jardineras y auditorios con discusiones, que desmenuzaban el proyecto oficial. Se generaron entonces, movilizaciones entorno a demandas locales y generales que posibilitaron la exigencia homogénea de Diálogo resolutivo con representantes de las máximas instancias universitarias. Terminó la sordera oficial y la contraofensiva del régimen fue total; se desprestigió al movimiento en los medios de comunicación, se iniciaron acciones legales contra la comunidad inconforme, se activaron los múltiples grupos porriles y se sumaron a estos grupos “antiparistas” de derecha, se infiltraron colectivos y organizaciones, y la posicionamiento oficial, comenzó a acudir y participar en las asambleas. Todos estos mecanismos fueron fracasando ante la unidad estudiantil (fundada en una perenne conciencia de clase), la solidificación de los argumentos contra la reforma y un abrumador apoyo de la sociedad civil de todos los estratos sociales. Constituía una verdadera vergüenza ajena, observar a estudiantes, profesores, investigadores, administrativos y directores, defender las políticas que ellos mismos padecerían. El colofón de la imposición, llegó el 15 de marzo de 1999 en Sesión del Consejo Universitario, llevado a cabo en el Instituto Nacional de Cardiología “Ignacio Chávez”, fuera de su sede oficial y negando el acceso a los Consejeros Universitarios que se oponían a la reforma, donde se aprobó la modificación del Reglamento General de Inscripciones que imponía cuotas de inscripción (de casi 700 pesos en bachillerato y mil 200 en licenciatura), terminando con la gratuidad mandatada en el Articulo III de la Constitución.

El 17 de abril, en sesión de la Asamblea General Universitaria, alumnos del Plantel 2 de la Escuela Nacional Preparatoria informaron que acordaron tomar las instalaciones, pues un miembro del movimiento fue golpeado al interior del plantel en el marco de las protestas y la  dirección escolar hizo caso omiso, marcando con ello el inicio informal del paro indefinido. Pero haciendo recuento, a esta fecha se realizaron paros en varias escuelas de 12, 24, 48, 72 horas y hasta de 7 días; marchas a las  Direcciones de la Escuela Nacional Preparatoria y del Colegio de Ciencias y Humanidades, de Facultades e Institutos, a Rectoría, Zócalo, Secretaría de Gobernación, Los Pinos; se realizaron bloqueos informativos en las principales avenidas de la ciudad, brigadeos casa por casa, mercados, tianguis, centros comerciales y plazas públicas, Metro, Tren Ligero y microbuses, en preescolares, primarias y secundarias, en planteles del Instituto Politécnico Nacional, la Universidad Autónoma Metropolitana, Colegio de Bachilleres, DGTyS, CBTIS y CBTAS, universidades públicas y privadas del interior del país, la Ibero y el Tec., en fábricas y centros de trabajo de empresas públicas y privadas, semáforos populares y, quizá la más importante de todas estas movilizaciones, una consulta universitaria con participación de más de 250 mil estudiantes, académicos y trabajadores en contra de la reforma y a favor de abrir la discusión de la transformación de la universidad. Nuestra demanda de diálogo público, abierto y directo, no fue escuchada y para el 23 de abril, era realidad el paro indefinido en las 36 escuelas de nivel medio superior y superior, al que fueron sumándose institutos, bibliotecas y centros de investigación.

Diez meses después de esta durísima decisión, el movimiento estudiantil de la UNAM fue acorralado un 5 de febrero del año 2000 en el Palacio de Medicina (antigua sede y museo de la Inquisición). Con desgaste y desprestigio mediático a cuestas, perseguido, encarcelado, conminado a abandonar la lucha y con ella también la dignidad, a entregar las instalaciones a cambio de nada, a aceptar una culpa y las acusaciones de delincuencia.

Nuestra respuesta fue NO.

Hoy, 14 años después, quienes participamos en ese movimiento, asumiendo o no la responsabilidad, haciendo lo que hacemos, estando donde estamos y vayamos a donde vayamos, quienes viven y quienes no, podemos mirar este país y a su gente de frente. Sabemos bien, que el expediente engordará o no y que nunca desaparecerá; en ese expediente dirá que somos delincuentes, inadaptados, radicales, anarquistas, trasnochados, un peligro para la estructura conservadora; las instituciones de espionaje nos seguirán a todos lados y registrarán todo cuanto hacemos y hablamos, pero a 14 años conservamos la dignidad y la rebeldía intacta, pues sabemos que hicimos lo correcto.

No nos equivocamos al defender la universidad pública, gratuita, crítica, disidente,  humanista, científica, popular, diversa.

Y lo haríamos de nuevo.

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