Valle de Bravo secuestrado

* En Valle, la gestión del alcalde Francisco Reynoso comenzó a dar señales sobre el camino que seguiría. Por un lado, abrió las puertas para el desarrollo de eventos y festivales y otorgó facilidades para el desarrollo turístico. Pero eso era fácil. Valle de Bravo está diseñado para eso e incluso la inercia permite que ese sector sigua desarrollándose. Lo que siguió, entonces, fue un escenario de impunidad. Los grupos narcotraficantes llegaron a la cabecera municipal y encontraron en San Juan Atezcapan, una localidad de apenas mil 328 habitantes y que proporcionaba discreción, su propio edén.

 

Miguel Alvarado

Llueve sobre las aguas erizadas del lago en Valle de Bravo, una presa en realidad, que se construyó como consecuencia del Sistema Cutzamala, plan maestro de los años 40 para abastecer de agua al valle de México, que ya crecía ciego, escorbútico, sublaxado hacia cualquier lado y que terminaría por encementar el oriente mexiquense, convirtiéndolo en una sola ciudad interminable que asusta, dicen los que ven aquello desde un avión, porque no se le ve el fin.

En Valle de Bravo no hay nada, además del lago o la presa, que valga la pena. Allí, en las orillas del pueblo, los ricos que México ha dado durante 70 años construyeron casas, algunas tan grandes como una colonia entera en Toluca y emprendieron negocios, casi todos relacionados con la tierra, el turismo y la diversión. Ofrecieron, como no queriendo, cosas que los pobladores no necesitaban y llevaron el progreso a ese municipio, que consistió en hoteles de todas las estrellas, paseos en lancha, bares de nombres impronunciables y restoranes de cocina fusión. Respetaron, eso sí, las calles empedradas y las fachadas de las casas nativas y pudieron convencer a algunos para que vendieran artesanías, sobre todo eso, desde alguna habitación de su casa.

El clima y las bondades innatas de quienes atienden a paseantes con dinero hicieron de Valle de Bravo uno de los sitios más encantadores. Sus bosques, de oyameles y pinos le otorgan una vista de postal que ningún destino en el Edomex puede superar. Allí, a ese pueblo con encanto, mágico por decreto presidencial, llega a vacacionar el poder nacional. Empresarios como el dueño de Televisa, Emilio Azcárraga o el propio presidente de México, Enrique Peña, mantiene propiedades y van de vez en cuando, a pasarla bien o a hacer negocios. Valle de Bravo es un lujo a fuerzas que sigue creciendo a pesar de que la mitad de lo que se cuenta de ese pueblo es una ficción muy bien elaborada.

Gobernado principalmente por la familia Pichardo Pagaza y sus afines, Valle era una tranquila fuente de riquezas para quien entendiera que los procesos políticos, pero también los empresariales, no están reñidos con el placer o las vacaciones. Los Pichardo, ligados también al Grupo Atlacomulco y amables caciques locales, habían llevado una administración pacífica a la que sólo se le puede reprochar la aplicación de la ley en casos de disputa por tierras, como sucedió con el actual dueño del fraccionamiento Rancho Avándaro, José Luis Chaín, y con comuneros de la región, a quien el empresario arrebató tierras para ampliar su edén. La singular protección al socio y al amigo siempre ha encontrado eco entre políticos y operadores y más si sus intereses apuntan al bien común, al de ellos. El último alcalde que perteneció a la familia Pichardo fue Gabriel Olvera Hernández, adherido al PRI y actual diputado local. Olvera no pudo retener la presidencia municipal para su partido y el PAN, con Francisco Reynoso como aspirante a la alcaldía, ocupó el encargo. Esas elecciones, las del 2012, descubrirían las fracturas internas priistas pero también la llegada de un nuevo poder al municipio o, al menos, su pública presencia.

El PAN ganó esos comicios, aunque con algunos apuros. Francisco Reynoso derrotó a la opción priista, Federico Loza Caballero, por un pequeño margen. La historia electoral de siempre, o de casi siempre, también se presentó en Valle. Reynoso, el panista, obtuvo 37.52 por ciento de la votación, mientras que Loza el 36.76 por ciento. En números reales, eso significó una diferencia de 213 votos, suficientes para finiquitar ese proceso.

Loza perdió la alcaldía porque, entre otras cosas, se pasó de sincero. La campaña que había planeado contemplada ganar la cabecera municipal, creyendo que sería suficiente, pero las comunidades lo hundieron cuando no quiso o no supo entender que la base de la política en México es la promesa. En comunidades rurales como La Cuadrilla, los encargados de conseguir votos exigieron a Loza el compromiso de arreglar calles y entubar el agua. El aspirante priista, paciente hasta en eso, escuchó las peticiones de aquellos promotores que le garantizaban hasta 200 votos para la causa a cambio, solamente, de una promesa. Caballero perfecto aunque pésimo vendedor electoral, Loza respondió que no prometería lo que no podría cumplir y desdeñó a los que, ofendidos, dieron orden de no votar por él.

Pero una versión, está sí, grotesca pero perfectamente alineada a los tiempos de la narcopolítica, señala que La Familia Michoacana patrocinó la campaña del panista Reynoso. La organizó de la manera más simple: copiando las estratagemas, burdas pero finalmente efectivas del propio priismo y repartió tanto dinero como el partido tricolor, sólo que lo pagó de inmediato, sin hacer fila y con un ingrediente infalible por si los 500 pesos no alcanzaran. El miedo hizo el milagro. Y si La Familia Michoacana se decidió por apoyar al PAN fue porque con el PRI no se llegó a un arreglo. Si Loza no supo negociar con el poblado de La Cuadrilla y otros similares, menos lo haría con el sicariato purépecha. Los 213 votos de diferencia fueron suficientes, los narcos no exigen demasiado en eso.

El PRI arrasaría el Edomex en aquellos comicios pero perder Valle de Bravo no estaba en los planes de la maquinaria tricolor. Todavía Eruviel Ávila, gobernador mexiquense, hizo un intento por no perder aquel diamante y ordenó un acercamiento con el ganador panista para ofrecerle hasta 50 millones de pesos para que renunciara a la alcaldía. Si lo hubo, ningún ofrecimiento resultó ni siquiera sugerente para el flamante presidente municipal, quien ya tenía armado su equipo de trabajo y con él comenzó a administrar una de las zonas turísticas más prósperas de México.  

El PRI estaba fuera de la alcaldía y el panorama para el narcotráfico, que dominaba la Tierra Caliente mexiquense, cambiaría radicalmente. A pesar de las señales o, más bien, de las advertencias que a simple vista pudieron observarse en los procesos electorales del 2012 en la región sureña, las autoridades estatales y federales se hicieron de la vista gorda. No era el momento de actuar y, en todo caso, ¿por qué se debía actuar dada la importancia económica y ahora política de la actividad del narco y sus colaterales? Involucrados hasta el cuello, funcionarios de seguridad, alcaldes y hasta secretarios de Estado, el área de influencia del narco se amplió. No solamente estaban en áreas rurales, sino que se apoderaban de municipios de alta plusvalía como Huixquilucan, Tlalnepantla o Cuautitlán Izcalli.

En Valle, la gestión de Francisco Reynoso comenzó a dar señales sobre el camino que seguiría. Por un lado, abrió las puertas para el desarrollo de eventos y festivales y otorgó facilidades para el desarrollo turístico. Pero eso era fácil. Valle de Bravo está diseñado para eso e incluso la inercia permite que ese sector sigua desarrollándose. Lo que siguió, entonces, fue un escenario de impunidad. Los grupos narcotraficantes llegaron a la cabecera municipal y encontraron en San Juan Atezcapan, una localidad de apenas mil 328 habitantes y que proporcionaba discreción, su propio edén. Allí se edificaron mansiones al estilo del narco y de la noche a la mañana el paisaje de San Juan cambió radicalmente, no sólo por esas casas imposibles sino porque comenzaron a aparecer cadáveres y las ejecuciones y plagios desde allí se regaron. Destaca el asesinato de una familia entera, cinco personas, entre ellas dos niños, como parte de un ajuste de cuentas en esa zona. El número de muertos está más o menos cuantificado y algunos señalan que pertenecen a bandas rivales o incluso a trabajadores que ayudaron a construir aquellas residencias. Por el lado de Avándaro, Valle de Bravo observó por 70 años cómo el poder empresarial y político de México se afincaba en las mejores zonas. Por el de San Juan, atestiguó como invitado de piedra el asentamiento del narcotráfico, que llegaba no solo para operar la región, sino para vivir allí.

Es verdad que la administración panista se encontró ya con el fenómeno instalado en esas tierras  y tuvo que encararlo como creyó mejor y que fue tragado por un orden establecido por el PRI pero también por el propio PAN, que ya había ocupado la alcaldía al menos en otras tres oportunidades. No se puede entender la presencia del narco sin atender la connivencia del gobierno o parte de sus funcionarios.

La administración de Reynoso no pudo detener la llegada de funcionarios ligados directamente con la actividad del narco, que atendían al público sin esconder su origen. “Somos un grupo, más que político, un grupo de trabajo diferente que vemos las cosas de otra manera. No somos políticos y venimos de muchos lados para hacernos cargo del gobierno porque hacemos las cosas de otra manera”, diría sin miramientos uno de ellos, quien trabajaba directamente con la oficina del alcalde, en el 2012. Y era verdad.

Repentinamente, Valle de Bravo se escindió. Entre semana la actividad criminal ponía cotos a las actividades comerciales de la cabecera y poblados y sábados y domingos desaparecía para darle cabida al turismo, la fuerza económica que mantiene a ese municipio. Pero las extorsiones, los cobros por seguridad y derechos de piso ya se habían instalado convenientemente. Decenas de halcones deambulaban en calles y carreteras y algunas regiones, como el Pinal del Marquesado fueron elegidos como “nidos” o asentamientos de sicarios y operadores. Los productores de madera de la región fueron extorsionados o expulsados. Ni siquiera se salvó el retiro budista, instalado al pie de Avándaro. Ese Pinal fue escenario de una masacre de narcos por parte del ejército, que comenzó a patrullar la región, el 20 de marzo del 2013. Los sicarios, convertido en dueños del villorio, comían en el tianguis local cuando un aviso los puso en movimiento. Una partida de militares se encontraba cerca. Los narcos abordaron una camioneta, aunque no se ha precisado si iban en busca de los solados o huían. La suerte decidiría por ellos. Kilómetros adelante, en una brecha boscosa, el encuentro fue inevitable. Los soldados los identificaron y abrieron fuego. Los narcos respondieron y huyeron en su vehículo, que volcó metros adelante. Allí los remató el ejército, sin mayores ambages. Finalmente sicarios, nadie los extrañaría.

Esa última acción era sólo un reflejo de lo que sucedía porque antes que en Michoacán, las autodefensas se formaron precisamente en tierras vallesanas. La Familia secuestraba a propietarios de ranchos por los que pedía rescates imposibles. Uno de ellos, retenido por días en una casa en el bosque, fue liberado por sus parientes y pobladores, que lo encontraron y a punta de armas se lo llevaron. Los narcos, desafiados y hasta heridos, fueron al pueblo para recuperar a su presa pero fueron recibidos a balazos por los habitantes, organizados adecuadamente. Esas eran acciones, garbanzos de a libra, incluso acompañadas de suerte y mucho valor, que no podían ser tomadas como ejemplo en otras comunidades. El ejército patrulló en el 2013 como sin querer, mirando nada más y de vez cuando rafagueando sombras. Ese mismo año los soldados encontraban una torre de telecomunicaciones que los narcos habían instalados para interceptar mensajes de la milicia y poder moverse con oportunidad. La llegada de un helicóptero Black Hawk a Luvianos, a una hora de Valle de Bravo, no amedrentó a nadie a pesar del terror que generó aquella nave ultratecnológica y que en el 2014 llegaría a Valle de Bravo luego de una ola de plagios que involucró a extranjeros, pero también al familiar de un funcionario federal.

A principios de agosto del 2014 tres hombres desaparecían. El Edomex tiene el índice más alto de plagios del país, con 40 registrados para julio del 2014. La noticia estaba inserta en el panorama “normal” de esa estadística pero la reacción gubernamental fue distinta. Días después, otros casos se presentaron y en 15 días otras siete personas fueron reportadas como secuestradas.

 Un habitante de la comunidad de Velo de Novia, en Avándaro, tiene una versión al respecto.

“Resulta que hace poco, en Avándaro (a mediados de agosto), específicamente en la comunidad de Velo de Novia, llegó un comando de entre 200 y 300 personas, vestidas de negro y armas, a eso de las 4 de la mañana, en autos particulares en los que sólo algunos decía “Antisecuestro”. Ese grupo de gente llegó a esa colonia y la cerraron. Y entraron casa por casa, tumbando puertas para llevarse a personas que supuestamente están involucradas, de alguna manera, con el narco. Los familiares andan investigando en la Procuraduría del estado y del municipio y federal y nada. Nadie sabe nada de los levantados. No saben si es el gobierno o una célula delictiva la que hizo ese acto, aunque por lo que cuentan y las versiones de la gente, yo pienso que es un grupo profesional de gobierno”.

Esa fue la versión que en Valle de Bravo circuló en la calle, después de los secuestros y justo antes de la entrada de la Gendarmería Nacional, invención de la presidencia mexicana, autónoma y de control federal. Pero Valle de Bravo, tan pequeño, no guarda ningún secreto.

“Después se aclaró el misterio… o más o menos. Resulta que hace unas 3 semanas (principios de agosto del 2014) secuestraron a un empresario que tiene su casa o rancho en Valle, en la comunidad de Cerro Gordo. Éste sale a andar en cuatrimoto con su hijo (o hijastro) y un compañero de su amigo. Lo secuestran en la zona que colinda con Zacazonapan y dicen personas del ayuntamiento que a raíz de ese secuestro, en la región de Lanzaderas, de la nada se llevaron a toda la policía municipal, incluyendo la policía turística. Dicen que para hacerles un examen de confianza y prepararlos. Pero…  según los del ayuntamiento, uno de los jóvenes que iban en la moto con el secuestrado es sobrino de Chong. Por eso después se hizo todo ese desmadre. También secuestraron a tres gabachos, aunque los liberaron tras pagar su rescate. Pero eso no lo sacan. Hay más. Hay un güey, encargado de algunos Oxxo’s. Y la semana pasada, unos encapuchados armados lo balacearon cuando cerraba su Oxxo, que está en la gasolinera de la comunidad de El Durazno, en la desviación de Atezcapan y Colorines. El fulano antes estuvo detenido, junto con otros de Valle, por secuestro y vínculos con el narco. Antes de ser detenido fue policía turístico en Valle. A él lo balacearon, pero no sé sí la libró o ya murió”.

Las versiones de los pobladores contrastan con las de gobierno. Que un sobrino de Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación en el gobierno de Enrique Peña fuera plagiado, explicaría por qué la Gendarmería Nacional se estrenara en Valle de Bravo y la detención de al menos 19 implicados en esa ola de secuestros, aunque la nueva corporación policiaca se comporta más o menos igual que todas en relación con el narco, que funciona como siempre, sin mayores dificultades. Valle de Bravo aguarda, pero no sabe bien qué es lo que se avecina.

La conexión García Figueroa

* El homicidio de José Luis García Figueroa, director de los Cuerpos de Seguridad Auxiliar del Estado de México (Cusaem), se inscribe en uno de los tiempos políticos más difíciles para Eruviel, a quien se ha señalado como “la manzana de la discordia” en el caso del encarcelamiento de la profesora Elba Esther Gordillo. Además, una nueva versión acerca de la renuncia a la gubernatura circula por la entidad, y ya hasta una fecha se tiene para que suceda en septiembre.

 

Miguel Alvarado

El director de los Cuerpos de Seguridad Auxiliar del Estado de México (Cusaem), José Luis García Figueroa, fue asesinado en una boda, cuando intentó intervenir en una discusión de ebrios. Según el diario local Alfa, García Figueroa fue arrojado desde un balcón en el cuarto piso del Centro de Exposiciones de Banamex, en Santa Fe en el Distrito Federal, como consta en la averiguación previa CUJ2/T1/205/13-03, iniciada por la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal.

García tenía en el cargo apenas dos meses y medio, pero hace años detentaba el control de la corporación policiaca, que usaba para hacer negocios personales y brindar seguridad a políticos y hasta a narcotraficantes. Fuentes allegadas lo señalan como el responsable de haber otorgado una escolta mexiquense al agresor del futbolista del América, Salvador Cabañas. Conocido como “El JJ”, José Jorge Balderas Garza asistía en enero del 2010 al antro conocido como Bar-Bar. Allí se encontró con el futbolista en uno de los baños, a quien le reclamó los resultados para luego dispararle una bala en la cabeza. “El JJ” es testigo protegido de la PGR desde el 2012, pues había declarado que el cártel narcotraficante de los Beltrán Leyva tenían en nómina a oficiales y corporaciones policiacas del Edomex, “y que incluso les proporcionaban guardaespaldas”, dice el semanario Proceso.

José Luis García era también un hábil inversor en situaciones políticas y recientemente había dispuesto de 40 millones de pesos para la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto, así como la campaña que llevó a la gubernatura del Edomex al priista Eruviel Ávila Villegas. Siempre detrás del negocio de la seguridad privada en Cusaem, García cultivó enemistades a lo largo de los años. La versión no oficial sobre la muerte del director de Cusaem señala un panorama totalmente distinto. Que discutió con algunos de los presentes. Que uno de ellos estaba armado y que le disparó hasta en 17 ocasiones, antes de envolverlo en una alfombra y lanzarlo por un balcón, forman parte de la extraña muerte de uno de los más eficaces operadores políticos y financieros del Grupo Atlacomulco.

El diario Alfa apunta que su posible asesino “es primo hermano del secretario particular de Roberto Madrazo, Eugenio Gómez. La policía ministerial tiene indicios de que el fugitivo salió del país por la frontera con Estado de Unidos. De acuerdo a testigos, los hechos sucedieron durante la fiesta de la boda precisamente de Eugenio Gómez, no de una de la hijas del ex secretario de Salud y actual responsable del Seguro Popular”.

A García Figueroa lo apodaban “El Panda” o “El Puma” y era investigado por la agencia norteamericana DEA  por la misma PGR, que aseguraban vínculos con los Beltrán Leyva. Estos organismos aseguran que García habría proporcionado credenciales policiacas al mencionado JJ pero también a La Barbie, Édgar Valdez Villarreal. Al mismo tiempo, empleados de Cusaem aseguran que hay un faltante en las arcas por 43 millones de pesos. A Figueroa se le menciona como el responsable de crear una red de corrupción en las corporaciones policiacas, del Estado de México y en la cual participan funcionarios de primer nivel, y que incluye directores y secretarios.

En junio del año pasado, ex empleados de los Cusaem habían presentados denuncias ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) contra el gobierno mexiquense “por presuntas irregularidades en el manejo de esa corporación. Para sustentar la acusación, entregaron 300 fojas como prueba de las presuntas irregularidades ocurridas durante la gestión de Enrique Peña Nieto como gobernador del Estado de México. En dichas fojas se detallan fechas, causas, respuestas de la autoridad y argumentos que motivaron la demanda de los ex trabajadores. En rueda de prensa, el secretario de Seguridad, Justicia y Derechos Humanos del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Luciano Borreguín, acompañado por ex integrantes de la Cusaem, explicó que se solicitó a ese organismo con sede en Washington investigar la violación de derechos humanos contra miembros de la corporación”, recuerda el portal electrónico sinemabrgo.com.mx

Los ingresos que genera el Cusaem nunca han sido auditados y se les considera la caja chica electoral del gobierno del Estado de México. Según estimaciones de los legisladores mexiquenses, la firma factura cada año poco más de 2 mil millones de pesos por servicios de seguridad contratados, lo que representa una cantidad prácticamente similar a la que el gobierno local destina para la procuración de justicia, que es de dos mil 203 millones pesos anuales.

Los Cusaem ofertan paquetes prácticamente para todos los bolsillos y cualquier empresa, establecimiento o particular puede arrendar la protección que más se ajuste a sus necesidades y presupuesto. En las oficinas del Cuerpo de Seguridad Auxiliar del Edoméx ubicadas en el fraccionamiento La Loma, en el municipio de Tlalnepantla, se pueden alquilar escoltas, camionetas blindadas, custodios de mercancías, trasladadores de valores, guardias de bancos, negocios, oficinas y casas particulares.

Información del propio Cusaem detalla que un uniformado equipado con tolete, fornitura y chaleco antibalas se puede alquilar por cuatrocientos pesos diarios en un turno de doce horas, mientras que un guardia con arma de fuego se arrenda en seiscientos pesos. El paquete VIP de la corporación es el Travel Security Service, dirigido principalmente a diplomáticos, turistas y empresarios; el paquete incluye escoltas de elite que son alquilados de 250 a los 330 dólares por día. De acuerdo a las tarifas reveladas por la propia agrupación, un escolta con equipo de radiocomunicación se alquila en 250 dólares diarios mientras que un guardaespaldas armado con un fusil AR-15 se consigue en 330 dólares; una camioneta Hummer, Nitro o Durango con blindaje nivel cuatro, resistente a impactos de bala de fusiles AK-47, se renta en 400 dólares por día mientras que el vehículo sin blindaje se consigue en 350 dólares; un asistente poliglota -inglés, francés, italiano o mandarín- igual de adiestrado alcanza los 200 dólares por turno; el chofer-escolta es alquilado por 150 dólares; la unidad escolta que incluye dos guardias y camioneta, se cotiza en 350 dólares; el arma larga se alquila en 80 dólares por día y la corta en 50. Para confort de los usuarios de esos servicios, Cusaem aclara que todo el personal cuenta con licencia para portar armas, tiene cursos de adiestramiento en Israel y con el FBI, están enlazados con el sistema de emergencias de la Agencia de Seguridad Estatal, cuentan con equipos de localización vía satelital y con oficios de colaboración interestatales lo que les permite una cobertura a nivel nacional.

Para la protección de esposas e hijas de empresarios y políticos de primer nivel, el Cuerpo de Seguridad Auxiliar cuenta con el grupo de las Ateneas, mujeres-escolta expertas en manejo de armas, sometimiento de personas, defensa personal y conducción de vehículos en situaciones extremas.

Sin embargo, el Cusaem convertido en un estupendo negocio, está plagado de múltiples sospechas. La honestidad y legalidad de esa agrupación siempre ha estado en tela de juicio, incluso, los propios comandantes de la corporación han denunciado la corrupción existente dentro de ese organismo; las notas más rabiosas de los diarios locales y nacionales en contra de esa agrupación son concentradas en un blog que se puede consultar en la dirección: http://cusaem.blogspot.com.

Una investigación que  circula en la Cámara de Diputados federal señala que el crimen de García se acerca más a la línea del ajuste de cuentas que la versión de una pelea de borrachos. El diario electrónico Contraste, http://www.contrasteweb.com, apunta que esa investigación contiene los nombres de José Sergio Manzur Quiroga y de Salvador Neme Sastré, secretario mexiquense de Seguridad Ciudadana, pero también el de Germán Ávila Villegas, hermano del gobernador del Edomex, Eruviel Ávila. Germán es uno de los principales proveedores del gobierno municipal de Ecatepec.

El homicidio de García Figueroa se inscribe en uno de los tiempos políticos más difíciles para Eruviel, a quien se ha señalado como “la manzana de la discordia” en el caso del encarcelamiento de la profesora Elba Esther Gordillo. Además, una nueva versión acerca de la renuncia a la gubernatura circula por la entidad, y ya hasta una fecha se tiene para que suceda en septiembre.

 

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Un honrado negocio

* Si bien la proveeduría y terciarización para las diferentes instancias de gobierno es cosa ya de usos y costumbres, no significa que sea legal y que las administraciones paguen, a veces sin saber, por productos cuyos costos han pasado ya por seis o siete manos antes de llegar al comprador final. Los jefes de Compras o Adquisiciones han encontrado una veta y la han explotado por decenios, aunque también es cierto que algunos de los que trabajan en esos departamentos son colocados por funcionarios más poderosos que los protegen para obtener participación de cualquier manera.

 

Miguel Alvarado

El sistema de proveeduría de los gobiernos municipales del Estado de México ha creado una serie de entramados que favorece a determinados negociantes y una serie de lineamientos no escritos, fuera de reglamentos y normatividades, se aplica para que los requerimientos de las dependencias sean cubiertos sólo por unos cuantos. Las licitaciones, como se le denomina al concurso de contratos, son una pantalla con vacíos legales que aprovechan los encargados de los departamentos de Compras o Adquisiciones para hacer negocios personales. Las adjudicaciones directas, otra forma de conseguir un contrato con el gobierno estatal, responden a conveniencias particulares que en una gran cantidad de casos ni siquiera responde a las necesidades de la administración estatal y se compra cualquier cosa con la única intención de ganar dinero.

Un ejemplo de lo anterior sucede en el DIF Estado de México, donde José María Iglesias es jefe de Adquisiciones, funcionario ligado a la ex alcaldesa de Toluca, María Elena Barrera Tapia, hoy senadora por el Edomex. Los proveedores que usualmente trabajaban con el DIF municipal han emprendido una serie de denuncias porque, señalan, Iglesias favorece empresas de amigos para que realicen las ventas correspondientes, a pesar de estar enterado de que los precios propuestos a la dependencia son inflados hasta mil por ciento.

“No podemos hacer nuestro trabajo porque Iglesias se ha encargado de no otorgar ninguna licitación o contrato si no le entras con sus reglas. Una de ellas nos obliga a entregar, nosotros mismos, tres o cuatro cotizaciones con precios distintos, a nombre de empresas distintas, para poder hacer el negocio. Nosotros mismos cotizamos contra nuestros precios para poder obtener la licitación. Es una práctica común en todas las dependencias, incluyendo las del gobierno estatal, pero en este caso Iglesias pide una participación y lo consigue triangulando proveedores, para que su nombre no aparezca en documentos oficiales. Él se encarga de revisar las cotizaciones y de autorizarlas, si así le conviene”, dice uno de los denunciantes, a quien Iglesias lo ha presionado para que participe al margen de los reglamentos si quiere continuar. Pero una forma de desalentar esta práctica la pone sobre la mesa el mismo Iglesias, en este caso, pues al final exige que los que participan en las triangulaciones deben pagar los impuestos generados, so pena de demandas y bloqueos. No es fácil cuando los impuestos pueden superar los 100 mil pesos o más y tampoco cuando la negociación es violentada por alguna de las partes.

“Nos exigen pagar los impuestos de una chamba que no es nuestra, en la que sólo fungimos como proveedores del proveedor y en la cual ni siquiera aparecemos en los documentos de contra-entrega. Como nos negamos, ahora Iglesias y sus asociados nos acosan hasta en nuestras casas”, apunta el afectado a Nuestro Tiempo.

Si bien la proveeduría y terciarización para las diferentes instancias de gobierno es cosa ya de usos y costumbres, no significa que sea legal y que las administraciones paguen, a veces sin saber, por productos cuyos costos han pasado ya por seis o siete manos antes de llegar al comprador final. Los jefes de Compras o Adquisiciones han encontrado una veta y la han explotado por decenios, aunque también es cierto que algunos de los que trabajan en esos departamentos son colocados por funcionarios más poderosos que los protegen para obtener participación de cualquier manera.

Un ejemplo de las cotizaciones que pide el DIF de Toluca está escrito en un documento enviado por la Comercializadora Orea, cuyo representante es Miguel Ángel Orea Montalbán y que tiene como  domicilio fiscal la Privada 10-C número 20, en la colonia Real de San Javier en Metepec, Estado de México.

Comercializadora Orea presentó una cotización por 20 productos relacionados con la ortodoncia y la ginecología, con un costo global de 413 mil pesos, de los cuales 57 mil 61. 60 pesos corresponden al IVA. El documento, sellado por el DIF Toluca con fecha del 23 de enero del 2012, está firmado por Orea Montalbán, quien estaba adscrito al ayuntamiento de Metepec como vocal en la Dirección de Servicios Públicos, hasta el trienio 2009-2012, cuando era alcaldesa la priista Ana Lilia Herrera. La lista de los 20 productos incluye, por ejemplo, 37 pinzas Mosquito rectas, 1 por 2 dientes, con un costo individual de 660 pesos, para un total de 24 mil 420 pesos, de la marca Dentamerica. En el mercado público, estas pinzas tienen un precio por unidad de 85 pesos.

Otro ejemplo lo representan las pinzas Kelly curvas, que el DIF compró por 15 unidades a un precio 799 pesos cada una, para un total de 11 mil 985 pesos, de la marca 6B. El precio público del instrumental es de 71 pesos aproximadamente.

Uno más es la compra de 15 pinzas Pozi, cuyo valor unitario fue tasado por Orea en 3 mil 900 pesos, para un total de 58 mil 500 pesos, de la marca 6B. El precio normal es de 100 pesos.

Los sistemas de compras de las dependencias gubernamentales exigen el registro de las empresas, una especie de alta para ser consideradas como potenciales proveedores. Los pagos a los mismos tardan entre 45 días y tres meses, a partir de la fecha de entrega, y se pide una inversión total por parte del empresario, quien debe poner a disposición del solicitante el producto comprado y luego esperar por el dinero.

Comer o buscar

* María Antonia Márquez, madre de Nadia, relata que en ocho años y medio de buscar justicia ha gastado cerca de 300 mil pesos. Agrega que desde la denuncia del crimen viajó tres veces por semana a Cuautitlán, Toluca o Tlalnepantla, gastando por día 200 pesos en pasajes y alimentos. Además tuvo que pagar 5 mil 400 pesos por las copias del expediente de su hija, de 3 mil 600 fojas. La copia de cada foja le costó 1.50 pesos. “Al inicio contraté a dos abogados; al primero le di un adelanto de 15 mil pesos y al segundo de 8 mil. Ambos abandonaron el caso”, detalla.

 

Gladis Torres Ruiz/ Cimac

Al buscar a sus seres queridos y realizar trámites judiciales, madres de mujeres desaparecidas empeñan hasta sus vidas con tal de lograr justicia.

Además de la negligencia del personal judicial en México para resolver las desapariciones y asesinatos de mujeres, las familias de las víctimas –en su mayoría de escasos recursos– tienen que lidiar con los fuertes gastos que implica el acceso a la justicia.

Al pago de abogadas o abogados que coadyuven en las investigaciones, se suman los costos de peritajes externos, amparos y copias de expedientes, así como los viáticos de las familias al buscar a sus hijas desaparecidas, o por los traslados a los juzgados o agencias del Ministerio Público (MP).

En el colmo, hay madres de víctimas que deben pagar hasta la comida y los saldos de celular de los agentes judiciales asignados a los casos.

Toda esa erogación suma en promedio al menos 300 mil pesos por familia, cifra que se multiplica según la complejidad del caso y la dilatación de las pesquisas, explican defensoras de Derechos Humanos.

El costo monetario de la justicia para las mujeres víctimas de violencia “es muy alto y nadie lo ve”, advierte Irma Villanueva, coordinadora del área jurídica del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Cedehm) de Chihuahua.

“No se habla tampoco de la pérdida de sus empleos, los gastos de comida y transporte, la desatención de las madres a sus otras hijas o hijos, nietas y nietos, así como el desgaste físico y emocional. Todo eso permanece en el anonimato”, critica la abogada.

El escenario se repite en prácticamente todo el país, donde las desapariciones de mujeres, el feminicidio y la impunidad judicial son el pan de cada día.

El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) reporta que de enero de 2010 a junio de 2011, mil 235 mujeres fueron asesinadas en México por razones de género.

Entre 2005 y 2011, en el Estado de México –entidad emblemática de la violencia contra las mujeres– el OCNF registró 922 víctimas de feminicidio.

En Chihuahua, tan sólo en 2010 hubo 600 casos de feminicidio, según organizaciones civiles. La abogada Irma Villanueva precisa que de 2007 a 2008, en la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género, se tenían 17 mil 700 carpetas de investigación, y que de ellas únicamente 531 fueron consignadas ante un juez.

“La mayoría de las mujeres víctimas de violencia no tiene idea de cómo presentar una denuncia, por ello muy pocos expedientes avanzan si no conocen el proceso judicial y cómo vigilar el trabajo del MP; por eso necesitan abogadas y abogados que las apoyen”, destaca. Tampoco las mujeres tienen dinero para seguir los trámites por lo que los casos se quedan “congelados”, lamenta.

 

Barril sin fondo

 

Villanueva detalla que contratar una abogada o abogado que coadyuve ante el MP en un caso de violencia de género cuesta entre 80 mil y 100 mil pesos.

Yuridia Rodríguez, defensora del OCNF, comenta que en el caso de Nadia Alejandra Muciño Márquez, víctima de feminicidio en el Edomex en 2004, se interpusieron siete amparos, cada uno por un costo de 7 mil pesos, por lo que la suma ascendió a 49 mil pesos.

María Antonia Márquez, madre de Nadia, relata que en ocho años y medio de buscar justicia ha gastado cerca de 300 mil pesos. Agrega que desde la denuncia del crimen viajó tres veces por semana a Cuautitlán, Toluca o Tlalnepantla, gastando por día 200 pesos en pasajes y alimentos. Además tuvo que pagar 5 mil 400 pesos por las copias del expediente de su hija, de 3 mil 600 fojas. La copia de cada foja le costó 1.50 pesos. “Al inicio contraté a dos abogados; al primero le di un adelanto de 15 mil pesos y al segundo de 8 mil. Ambos abandonaron el caso”, detalla.

Otro ejemplo: la madre de una joven de 21 años desaparecida en 2011 en el municipio mexiquense de Atizapán –que pidió se resguardara su identidad–, reporta que en año y medio de búsqueda ha gastado más de 200 mil pesos.

Entre los gastos de ida a las Unidades de Atención a Víctimas del Delito, viajes al interior del país e incluso al extranjero para dar con el paradero de su hija, y el pago de un peritaje externo, la madre también tuvo que pagar mil pesos al día en comidas, gasolina y crédito de celular a los agentes ministeriales.

“Al no ver resultados, contraté un detective privado que trabajó dos meses y también le pagaba mil pesos por día”, reclama.

Ante la inacción de las autoridades por la desaparición de Esmeralda Castillo Rincón, el 19 de mayo de 2009 en Ciudad Juárez, sus padres tuvieron que viajar en marzo pasado al DF para buscar a la adolescente en La Merced

La familia vendió hamburguesas en la calle para costear el traslado, ya que el padre (enfermo de cáncer) perdió el empleo en la búsqueda de su hija y la madre, por su edad, ya no consigue trabajo.

Crisis de confianza

* Gracias a epifanías mediáticas y frases de medio pelo, Ávila olvida que su entidad, la que le entregó y encargó Peña, a quien el sector político apoda “Jefe de jefes”, es el escenario de una de las crisis de seguridad más duras de los últimos años. Pese a las intenciones del nuevo presidente sobre limpiar y buscar calmar a los cárteles que operan en el Edomex, Ávila no ha podido, o no lo han dejado, intervenir de manera adecuada.

Miguel Alvarado

Eruviel Ávila, gobernador del Edomex, acompañaba a Enrique Peña en una gira pre-presidencial por la comunidad indígena de Dotegiare, localizada en uno de los municipios más pobres de San Felipe del Progreso. Mientras los mazahuas coronaban a Peña de flores y parabienes, el mandatario mexiquense, emocionado como sólo un político puede hacerlo, perdía el estilo, y muy católico, soltaba en los micrófonos “que le apostemos que le vaya muy bien a Enrique Peña Nieto, porque si a él le va muy bien, le va a ir mejor a México y al Estado de México. Elevemos nuestra oración para que Dios le dé mucha sabiduría al presidente electo”.

La religiosidad en un acto político es cotidiana. Servidores públicos como Ávila encomiendan a dios la realización de tareas que sólo a ellos corresponde. La ácida crítica, involuntaria, por supuesto, en la frase de Eruviel causó risa en algunos sectores, que interpretaron la petición como una alerta que enviaba el mandatario mexiquense ante la desinteligencia del nuevo presidente, de la cual sólo una divinidad podría ayudarlo.

Pero gracias a epifanías mediáticas y frases de medio pelo, Ávila olvida que su entidad, la que le entregó y encargó Peña, a quien el sector político apoda “Jefe de jefes”, es el escenario de una de las crisis de seguridad más duras de los últimos años. Pese a las intenciones del nuevo presidente sobre limpiar y buscar calmar a los cárteles que operan en el Edomex, Ávila, no ha podido o no lo han dejado intervenir de manera adecuada.

El diario toluqueño Alfa, contabiliza hasta el 26 de octubre del 2012, 490 ejecutados en lo que va del año, de los cuales 40 casos sucedieron en octubre y 12 se registraron entre los días 24 y 26.

Pero no es necesario aparecer en la lista de ejecuciones para padecer la violenta escalada. Otra modalidad, muy arraigada además, es la extorsión telefónica, de la cual el Estado de México presenta el 18 por ciento de los casos denunciados a nivel nacional, y ocupaba el primer lugar nacional hasta el 2010, según datos del Centro Nacional de Atención Ciudadana de la Policía Federal. La forma de operar es sencilla, pero requiere de habilidad y práctica, pues quienes hacen los contactos están atentos ante cualquier información que la víctima ofrece durante la plática. En Toluca, el script para enganchar a las víctimas comienza con la localización de la persona. Una voz amable pero dura pregunta por alguien, y cuando la tiene al teléfono, la amenaza comienza.

– Soy comandante de la policía de Toluca. Tenemos un caso contra usted. Una persona, un vecinos suyo, se queja de usted, porque algo le hizo y necesitamos arreglar. Así que le pido que venga al ayuntamiento y aquí platicamos.

Luego, ante más preguntas, el extorsionador aumenta la presión.

– Mira, pendejo, tú eres fulano de tal y vives en tal dirección. Tú decides si quieres venir por tu voluntad o quieres que te mande tres camionetas con 15 policías para que te detengan y te traigan. Y ya para que te dejes de pendejadas, habla el M-15, comandante de la policía de Toluca y también de La Familia Michoacana.

Para el escritor Francisco Cruz, experto en temas de seguridad y narcotráfico, las llamadas crean un terror sicológico y un impacto inmediato se genera en el agredido. De todas formas, previene que las amenazas reales del narcotráfico usan canales distintos para hacerse notar. La conversación continúa cuando el extorsionado pregunta por más.

– Mira, pendejo, si me cuelgas voy a matar a tu familia en 5 minutos. A tu esposa y a tus hijos los tenemos en la mira, así que piénsala antes de colgar y oírme. Tengo a unos cabrones a 500 metros de tu casa, que te van a matar si me cortas. No vengo por las grandes cantidades de dinero, y quiero tres cosas, la primera es que sepas que somos tus amigos y que no te vamos a hacer daño. La segunda es que no te vamos a quitar tu patrimonio. Y la última es que me hagas caso. A partir de ahora me vas a decir Ingeniero cada vez que te llame o cuando nos veamos, ¿entendiste, pendejo? A ver, repite, Ingeniero. Y ahora sí te voy a decir lo que necesitamos de ti. Recuerda, somos policías y de La Familia.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana recomienda colgar, pues mientras no haya contacto personal, se trata sólo de una extorsión, la cual, dice Cruz, generalmente se realiza desde algún penal cercano. “Si las llamadas suceden entre 9 de la mañana y 6 de la tarde, significa que los presos están en los patios y pueden usar celulares. Adentro, cuando los meten, generalmente las señales se bloquean”.

El número de denuncias anónimas del SSC es el 089, y funciona mejor que cualquier otro servicio de la Procuraduría, aunque sólo sea un acercamiento telefónico. Además de tomar la denuncia, ofrece una explicación a los casos y explica al afectado cómo obtuvieron, de manera general, los datos que se usaron para chantajearlo y que generalmente se extrae del directorio, pues esas llamadas son más comunes en teléfonos fijos. Datos de la SSC afirman que al mes se registran unas mil 300 denuncias, desde el 2010.

El refuerzo sicológico que involucra a los cuerpos policiacos siempre surte efecto. Se teme  más a esos servidores públicos que a la figura del sicario. Eso puede explicarse con las últimas ocho ejecuciones, sucedidas en Ecatepec los días recientes, donde se involucró como responsable a un comando de la policía.

Para Peña es de vital importancia poner orden en la entidad que gobernó por seis años y que constituye la segunda parte de un periodo llamado “montielato” y que ahora se amplía a la presidencia. De gira por Europa, al sobrino de Montiel se le recrimina involucrarse en temas ajenos a la realidad nacional, como la promesa de ayudar a resolver los problemas financieros de España, y que comentó en el particular estilo que tiene para expresarse: “sabemos del momento crítico de crisis económica por el que atraviesa España, y hoy quiero venir a preguntarle a sus autoridades, quiero dialogar con ellas, y compartirles el interés de nuestro país por apoyar y por solidarizarnos con el país hermano de España; de recoger de ellos y de ustedes, de qué manera y de qué forma podemos apoyar a España, de qué manera podemos ayudar a España.. es de señalar que lo que hoy observamos desde México como una crisis o un problema por el que hoy atraviesa la Unión Europea, y que ha hecho particular crisis en España, hoy le señalé al presidente Rajoy que me parece que si bien es una crisis de carácter financiero, también me parece que es más una crisis de confianza”.

Ruta del miedo

* Entre la zozobra y el miedo, Aleyda, migrante hondureña de apenas 17 años, se resguarda temporalmente –en lo que reinicia su camino hacia la frontera norte– en la Casa del Migrante San Juan Diego, en el municipio de Huehuetoca, Estado de México. Con cuatro meses de embarazo, la adolescente cuenta que la violencia la hizo huir de su país. “No miraba futuro, hay veces en que en un día hay 30 muertos porque hay bastante delincuencia. Los ‘maras’ obligan a meterse en pandillas, a andar robando. Te llegan a matar por nada”, relata.

 

Guadalupe Cruz Jaimes/ Cimacnoticias

Huehuetoca. En el Estado de México las centroamericanas sufren el rechazo de habitantes, así como abusos de delincuentes y policías, sin que la autoridad las proteja.

Entre la zozobra y el miedo, Aleyda, migrante hondureña de apenas 17 años, se resguarda temporalmente –en lo que reinicia su camino hacia la frontera norte– en la Casa del Migrante San Juan Diego, en el municipio de Huehuetoca, Estado de México.

Con cuatro meses de embarazo, la adolescente cuenta que la violencia la hizo huir de su país. “No miraba futuro, hay veces en que en un día hay 30 muertos porque hay bastante delincuencia. Los ‘maras’ obligan a meterse en pandillas, a andar robando. Te llegan a matar por nada”, relata.

Así como Aleyda, otras migrantes centroamericanas llevan 15 días de viaje en trenes de carga desde la frontera sur de México. Lograron llegar al Edomex tras padecer las inclemencias del tiempo, los abusos de la policía y de la delincuencia organizada.

Tras el cierre el pasado 7 de junio del albergue que también se llamaba “San Juan Diego”, en Lechería, municipio mexiquense de Tultitlán, la situación para ellas se ha agravado.

El refugio administrado por la Diócesis de Cuautitlán fue clausurado ante las protestas de vecinos que se oponían a que las y los centroamericanos recibieran “ayuda gratuita”.

Ahora tienen que caminar cerca de 50 kilómetros desde Lechería para llegar a los albergues abiertos en agosto pasado en Huehuetoca. Quienes deciden descansar en Lechería aguardan unas horas para volver a “montar” un ferrocarril en trayecto al norte del país.

Ésas son algunas de las crudas estampas que observan las diputadas del Parlamento Europeo Satu Hassi y Ska Keller, durante su visita a la zona de tránsito de migrantes en Tultitlán y Huehuetoca.

 

Testimonio del abuso

 

El recorrido de las legisladoras inicia en Lechería, donde unos cuantos migrantes descansan a la sombra de los árboles a un costado de las vías. Resguardadas por policías federales y estatales, las eurodiputadas se entrevistan con hombres hondureños que esperaban la salida del próximo tren.

Esta localidad es insegura para las y los migrantes, ya que se han registrado secuestros masivos. Aún así, duermen en la calle pero están al pendiente de no ser presa de delincuentes.

Los migrantes narran las extorsiones que sufren de los “garroteros” (personal de las estaciones de tren) para que les permitan viajar en el ferrocarril, así como de la policía.

“Íbamos a comer unas sardinas, y uno (de nosotros) sacó una navaja para abrirlas, pero la policía municipal lo vio y se acercaron para revisarnos y nos quitaron todo lo que traíamos, como 2 mil 500 pesos”, cuenta un hondureño.

Durante su camino de casi una hora hacia los dos albergues en Huehuetoca, Satu Hassi y Ska Keller observan en las calles a migrantes que piden dinero para comer y seguir su viaje. Otros descansan bajo los puentes vehiculares.

El albergue San José del Hermano Migrante, abierto por organizaciones civiles y estudiantes, consta de dos habitaciones donde se guardan las donaciones de víveres y colchonetas. El resto es un patio de piso de tierra con techos provisionales de lona bajo los cuales pueden descansar alrededor de 100 migrantes.

Ahí reciben agua, alimentos, y lo necesario para asearse. Su estancia es breve. “El tiempo necesario para descansar y volver a montar el tren”, dice la hondureña Yoselin Alvareño, de 30 años, quien lleva ya un día en el albergue.

Ella platica que salió de su país porque no hay empleo y los salarios son muy bajos. Trabajaba como empleada del hogar, ganaba 2 mil lempiras al mes (mil 322 pesos mexicanos), insuficientes para mantener a sus cuatro hijos, ya que es madre soltera.

Yoselin migró acompañada de su cuñado, con quien subió a tres trenes para llegar a Lechería. “Ha sido muy duro, me caí algunas veces y me lastimé el brazo y la rodilla. También hay que aguantar el frío y la lluvia en las noches”, explica.

La hondureña es una de las cinco mujeres que habitan el albergue, pero cada día llegan decenas más de migrantes, 10 por ciento del sexo femenino.

El otro albergue, la Casa del Migrante San Juan Diego –instalado por autoridades mexiquenses y de la Diócesis de Cuautitlán– está alejado de la zona urbana en Huehuetoca y cobija a unos 50 migrantes. Aquí apenas hay tres mujeres, dos de ellas embarazadas, entre ellas Aleyda, la joven que inició este relato.

Ella dice que sólo pasará una noche más en el albergue, donde las y los migrantes únicamente pueden permanecer tres días, en los cuales se les prohíbe salir de las instalaciones.

“Al estar en medio de la nada se pone en riesgo a esta población, si los ‘levantan’ nadie se va a dar cuenta”, advierte Jorge Andrade, coordinador del albergue San José del Hermano Migrante.

Informe para sicarios

* Al gobernador Ávila le bastó no hablar del narco para enviar el mensaje de que no existe. Peña, convertido en una especia de rock star de la política, con el máximo poder público y privado en sus manos, es intocable y se pasea, como ensayo preliminar, por los escenarios controlados que le garantizan que no será abucheado. Un auténtico parque jurásico, decían las redes sociales, era el que se congregó alrededor del presidente electo.

 

Miguel Alvarado

El Parque Metropolitano del Bicentenario en Toluca recibe anualmente 4 millones de visitantes, desde que fue inaugurado el 10 de mayo del 2011, por Enrique Peña y la actriz Angélica Rivera. Lo ubicaron en una zona envidiable. Veintidós hectáreas de puro espacio en los antiguos terrenos de la 22ava. Zona Militar fueron habilitados para el disfrute de la población, mientras que a los soldados los trasladaron a una fortaleza a las afueras del municipio, donde pocos se dan cuenta de movimientos y circunstancias de esa comandancia, encargada, entre otras cosas, de la vigilancia del sur mexiquense, una de las capitales nacionales del narcotráfico.

Pero el Parque Bicentenario no es nada más la versión atlacomulquense del confort y lo bucólico. Con un costo de 130 millones de pesos, fue una de las obras emblemáticas del presidente electo, al menos una de las cuales se colgó, pues en realidad el dinero para la construcción provino de fondos federales. Él mismo lo aceptaba cuando recordó, en la víspera de aquella inauguración, que no formaba parte de su agenda de compromisos por cumplir.

El parque, con lago, fuentes, áreas para niños y pic-nic, se convirtió pronto en uno de los más concurridos. Allí se organizan conciertos con artistas locales, viajes en aerostáticos y talleres deportivos y culturales. Aunque también la clase política tiene cabida. Ese foro se convierte de vez en cuando en escenario de mítines organizados por el priismo, sobre todo. Allí han desfilado Peña y su Gaviota o la actual senadora María Elena Barrera, junto al gobernador mexiquense Eruviel Ávila. También es pista de aterrizaje y despegue para ilustres visitas, que a bordo de helicópteros del gobierno o el ejército llegan a la ciudad para visitar al administrador en turno. Esta vez, el informe de Eruviel Ávila, el primero de seis, obligó al cierre de aquella pero además a implementar un operativo militar que rodeó literalmente Paseo Tollocan, ubicando en cada esquina patrullas de soldados, como si hubiera guerra.

Un gobernador como Ávila puede informar bien poco en un escenario artificial que lo protege hasta de su propia sombra. Sin cuestionamientos, Ávila se elogió y alabó a quien quiso sin ninguna restricción. La verdadera rendición de partes la presentó ya y el “jefe de jefes”, como la clase política mexiquense identifica a Peña, la aprobó.

Fuera del informe quedó la guerra de alta intensidad que se libra en el Estado de México, entre los cárteles de la droga que deciden a sangre y balas quién trabajarán con la próxima administración federal. La plaza es apetecible pero también hay que ganarla y en una empresa donde la vida es un activo prescindible, los resultados rebasan la medida de lo sangriento.

Valle de Bravo es el destino turístico más importante del Estado de México. Su laguna artificial, los bosques y el clima cálido son atractivos suficientes hasta para los dueños del país. Rodavento, un club y hotel exclusivo con años de instalado en un de las locaciones más favorecidas, tiene dos vecinos a quienes no sabe cómo calificar. Cerca de Avándaro y de un lugar llamado Casas Viejas, un club de supermillonarios sesiona de vez en cuando, rodeado de innecesario lujo. Por un lado, el empresario Emilio Azcárraga construyó su residencia de descanso, con todo y lago en una extensión más amplia que un estadio de futbol y por otro su socio en Televisa, Alfonso de Angoitia, eligió una propiedad todavía más grande para desestresarse de los negocios de alto nivel que emprende en la ciudad de México. El concepto de esto último en un país como éste es tan amplio que al definirlo se corre el riesgo de la ilegalidad. Pero Televisa está más allá de la constitución y es, por sí misma, una entidad independiente con sus propias reglas y decide lo conveniente de lo otro. Una serie de discretos caminos comunica estas supermansiones, donde trabajan de vez en cuando los pobladores de Valle de Bravo. Cerca de allí, otro terreno propiedad de ambos está listo para comenzar una edificación que albergará una bodega de Walmart, detenida porque no se han conseguido los permisos municipales necesarios. Los de Televisa impulsan ese proyecto, que competiría con Chedraui, establecido allá como Super Che, por la supremacía de ventas. Negocios legales al fin y al cabo, se desarrolla sin embargo al margen de una realidad social vallesana que involucra al narcotráfico  y a la cruenta lucha por las plazas de la Tierra Caliente mexiquense.

Valle de Bravo es una de las supuestas pérdidas del PRI en las elecciones de julio del 2012. Coto político de la familia Pichardo Pagaza y sus primos, de apellido Olvera, han gobernado sin ninguna oposición por décadas en aquel municipio. Desarrollan negocios y lugares de descanso, la vida nocturna, la música electrónica a través del grupo Moenia y hasta de vez en cuando se les concede la entrada al palacio de Lerdo en Toluca, incluso como gobernadores, como sucedió con Ignacio Pichardo Pagaza, quien administró la entidad entre 1989 y 1993. Salinista, es parte del Grupo Atlacomulco que cobija los afanes de Peña Nieto y Arturo Montiel. El último presidente municipal que colocó en Valle de Bravo fue Gabriel Olvera Hernández, quien dejó aquel poder para integrarse como diputado local a la Legislatura en Toluca. Pero quien debía sucederlo no lo hizo y en los últimos comicios el PRI perdió rotundamente. El factor del narcotráfico influyó para la derrota, pues una ruptura entre el equilibrio priista y los capos decidió que los últimos apoyaran al panismo, que a final de cuentas se quedó con el triunfo en la persona de Francisco Reynoso Israde.

Para Reynoso fue tan difícil ganar como esperar para iniciar formalmente. El PRI valora demasiado aquella especie de ghetto para ricos. Así, el propio Eruviel Ávila fue comisionado para recuperar el territorio y aprovechó una minigira por la región para convencer al belicoso pero triunfador panista de renunciar, quien ya sabe que su municipio tiene una deuda pública por más de 90 millones de pesos y que las arcas han sido vaciadas. No hay un peso.

Eruviel, como portavoz del poder oficial y fáctico, le ofreció 50 millones de pesos a Reynoso para retirarse, de manera que un alcalde interino designado por el priismo lo sustituyera cabalmente. PAN y PRI municipales dan por hecho que Reynoso aceptará, aunque en público éste confirme que seguirá adelante. Valle de Bravo representa también un nuevo Huixquilucan, donde los capos de esa región se han asentado y construido mansiones a las afueras del municipio, donde controlan el paso y venta de droga pero también los secuestros, las extorsiones y hasta el transporte de madera desde aserraderos clandestinos que operan en la zona de El Pinal del Marquesado. La Familia es el grupo que controla esto último. Cobra a los dueños de los bosques por protección y seguridad y garantiza, al mismo tiempo, que cada cargamento llegue a su destino, generalmente en Michoacán. En los caminos se establecen redes de comunicación que los mismo chantajea agentes federales que evita retenes del ejército. “Con los soldados no hay nada que hacer”, dice uno de los habitantes de Valle de Bravo, “pero a veces le entran, sobre todo cuando descubren plantíos y los cuidadores les ofrecen dinero. Para los campesinos pobres, que no tiene nada que perder, ni siquiera su vida es valiosa. Se dejan matar por los soldados pero casi nunca dicen a quién pertenecen las siembras. Tienen más miedo a los narcos que los soldados”.

Al gobernador Ávila le bastó no hablar del narco para enviar el mensaje de que no existe. Peña, convertido en una especia de rock star de la política, con el máximo poder público y privado en sus manos, es intocable y se pasea, como ensayo preliminar, por los escenarios controlados que le garantizan que no será abucheado. Un auténtico parque jurásico, decían las redes sociales, era el que se congregó alrededor del presidente electo. Eruviel, la excusa, era plato de segunda mesa. Junto a él aparecieron Manilo Fabio Beltrones, Beatriz Paredes, Luis Videgaray, Ivonne Ortega, Emilio Gamboa, Elba Esther Gordillo, Ana Lilia Herrera, César Camacho. Ávila, en plan conciliador pero candoroso y hasta bobo, no desaprovechó para invitar a los mexiquenses a dar vuelta al proceso electoral presidencial y atender lo que sigue.

El sur mexiquense es ingobernable, pero eso se entiende sólo cuando se sabe que el gobierno es parte de aquel negocio. En diciembre del 2011, un jaripeo organizado con motivo de la feria anual de Zacazonapan reunió a la crema y nata de la región, entusiasmada porque uno de los grandes invitados era el cantante Joan Sebastian, quien actuaría en un evento público. Asistentes a aquella feria recuerdan cómo la carretera se llenó de camionetas Lobo y Tacoma con vigilantes porque allí asistiría uno de los líderes nacionales de La Familia, admirador declarado del artista. A las afueras del pequeño coso, los guardias privados del narcotráfico se encargaron de la seguridad pero eran apoyados por policías municipales, puestos a disposición de los sicarios. Funcionarios de la alcaldía estaban allí, unidos todos por el talento del de Juliantla, quien cantó por más de dos horas aplaudido a rabiar por los más buscados de México y sus sicarios.

Ejemplos como éstos se inscriben en el surrealismo mexicano del narcotráfico, donde lo inverosímil se ha vuelto cotidiano y hasta ejemplo a seguir. Pero los narcos deben trabajar para mantener las plazas y eso incluye balaceras y masacres. El 3 de julio del 2012, un comandante de Zacazonapan, Joaquín Rosales Salazar fue asesinado en el paraje de El Caballito, cerca de otro municipio dominado por los narcos, San Martín Otzoloapan. La versión oficial narra que a las 10 de la noche, el policía y sus elementos patrullaban la carretera cuando un comando los atacó con granadas de fragmentación y armas de grueso calibre. Rosales era jefe de la Región IX adscrito a Valle de Bravo.  Otros cuatro agentes resultaron heridos. Esto, según el reporte de la Procuraduría estatal, sucedió luego de que Caballeros Templarios y La Familia se enfrentaran a balazos, horas antes.

Los pobladores dicen otra cosa. Que La Familia y los Templarios reñían por la posesión del territorio. Que los policías acudieron al llamado de los vecinos, quienes indicaron que allí estaba el jefe regional de La Familia. Que tenían armas de alto poder y chalecos antibalas. Que la policía no llevaba el blindaje adecuado ni armas para combatir. Que la policía no asistió para detener a los delincuentes, sino para apoyar a uno de los grupos, con los que mantienen, a menos, una tregua. Que en un momento de la batalla, había 8 sicarios tirados, todos muertos. Que al final hubo más de 30 y se estableció una especie de tregua para que cada bando recogiera a sus ejecutados. Que la policía favorece a uno de los cárteles, pero tienen la orden de dejar de protegerlos. Que el líder regional de La Familia había sido asesinado.

La historia pasó sin pena ni asombro por algunos diarios locales, que consignaron el enfrentamiento como una estadística más, pero nadie supo que la masacre tenía dimensiones mayores y que era normal que algunos choques superaran los 40 muertos.

Otra anécdota que pinta la guerra que se vive en la región involucra a un empresario en Valle de Bravo, dueño de ferreteras y propiedades a quien La Familia extorsionó por meses, hasta dejarlo sin recursos para más. Advertido sobre la necesidad de seguir pagando, el empresario se armó en su propia casa y preparó un pago bien distinto. Cuando los cobradores llegaron, los introdujo a su residencia y allí los mató, intentando defenderse. Los sobrevivientes respondieron al fuego y llamaron por refuerzos, mientras que el hombre recibía auxilio de sus hijos, quienes, armados también, acudían a batirse. El final es el que siempre sucede. El empresario sucumbió ante el poder de los sicarios, quienes prácticamente demolieron aquel hogar a golpe de bazukas. Los familiares sobrevivientes abandonaron Valle de Bravo para siempre y los asesinos buscaron a alguien más para cubrir la baja. Los comercios, agotados debido a los pagos imposibles, han cerrado. Al fin y al cabo, quienes los extorsionan no son hombres de negocios y ni siquiera observan que ellos mismos detienen cualquier oportunidad de generar dinero. Un habitante de aquel sitio reflexiona que son como las plagas de langostas, aquellas que se comen las cosechas en minutos y luego abandonan el lugar, totalmente devastado. Luego, a finales de agosto, una nueva masacre se registró en Caja del Agua, aquella que desmiente el gobierno pero que habitantes insisten en que sucedió realmente.

Eruviel Ávila terminó la lectura del extracto de su informe. Cree que hay avances y no le avergüenza no decir la verdad. No tiene por qué hacerlo, pues además casi nunca lo ha hecho en funciones públicas y junto a Peña la versión de que la entidad es un paraíso es absolutamente necesaria. Su jefe, el jefe de jefes, como se le conoce al presidente electo en tierras mexiquenses, sonrió complacido a Eruviel, antes de despedirse y sumergirse en la burbuja que le prepara el Estado Mayor Presidencial, para protegerlo, sobre todo, de sí mismo.