La justicia del miedo

* “Pedir justicia es como caminar a ciegas en un terreno desconocido; nadie te explica a dónde tienes qué acudir o cuáles son tus derechos como víctima. Al contrario, siempre te recuerdan que el agresor tiene derechos”, contó el padre de una joven asesinada en el municipio de Atizapán de Zaragoza.

 

Anaiz Zamora Márquez/ Cimacnoticias

El Sistema Nacional para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (SNPSEVM) aún no logra concluir la investigación sobre violencia feminicida en el Estado de México, que le ordenó un Juez de Distrito desde abril pasado, mientras que grupos civiles aseguran que las desapariciones de mujeres se incrementan a la par del temor de las familias por denunciar los delitos.

En diversos recorridos que Cimacnoticias realizó a municipios del Edomex, anteriormente gobernada por Enrique Peña Nieto –ahora titular del Ejecutivo federal–, se pudo constatar que el temor de las familias a represalias (por parte de autoridades o grupos criminales) ha acallado las denuncias de desapariciones y asesinatos de mujeres en la entidad.

Madres de víctimas de feminicidio y desaparición, que pidieron el anonimato por razones de seguridad, aseguraron tener temor de acudir a los Centros de Justicia, ministerios públicos (MP) o procuradurías locales debido a los malos tratos del personal judicial, y a que se han registrado agresiones a quienes exigen respuestas.

Algunas más dijeron que consideran “una pérdida de tiempo y de recursos económicos” acudir a las instancias de justicia, pues cuando lo hacen la respuesta común es que “no existe ningún avance en su caso”.

Las mujeres coincidieron en que debido a que muchas personas deciden no denunciar, las autoridades aseguran en los medios de comunicación que el feminicidio “no es tan grave”, pero la realidad es que hay un temor constante de las familias para alzar la voz.

Tal es el caso de las familias de tres jóvenes desaparecidas en el municipio de Tecámac, quienes en un primer momento denunciaron, pero ante amenazas recibidas desistieron y aunque organizaciones civiles mexiquenses exigen la ubicación con vida de las jóvenes, las familias decidieron no ejercer más presión.

“Un día fui a pedir informes sobre el avance en la investigación del caso de mi hija (a quien asesinaron a unas cuadras de mi casa); (pero) por la noche se metieron a mi casa y me golpearon; quiero justicia pero reclamarla es arriesgar mi vida”, contó una de las madres a Cimacnoticias.

Otra de ellas aseguró que acudir a los MP o a la procuraduría mexiquense “es revivir de la manera más cruda el dolor de la ausencia (de su hija)”, pues ha sido cuestionada por las autoridades sobre la forma en que “educó a su hija”, o la posibilidad de que ella haya sido responsable de su desaparición.

“Yo me tuve que conformar con que pusieran la foto y el nombre de mi hija (de 14 años de edad) en la lista de personas extraviadas y ausentes; me ayudaron con unas copias y yo saqué otras más, que pegué en todas las estaciones del Metro por las que ella pasaba”, relató otra de ellas.

Organizaciones mexiquenses aseguran que debido a la complejidad del Edomex ha sido muy complicado crear redes de apoyo entre las familias de las víctimas, por lo que mucha de la información que obtienen es con base en los diarios y con personas que de repente les cuentan los casos y les presentan a las familias.

“Pedir justicia es como caminar a ciegas en un terreno desconocido; nadie te explica a dónde tienes qué acudir o cuáles son tus derechos como víctima. Al contrario, siempre te recuerdan que el agresor tiene derechos”, contó el padre de una joven asesinada en el municipio de Atizapán de Zaragoza.

En días recientes se reportó que al drenar el canal de aguas negras conocido como Río de los Remedios (ubicado en una avenida sumamente solitaria y poco iluminada en los límites entre los municipios de Nezahualcóyotl y Ecatepec) fueron localizados los restos de personas desaparecidas.

De acuerdo con la información difundida por el diputado local por el PRD, Octavio Martínez, el total de cuerpos encontrados es de 21, mientras que la organización Solidaridad por las Familias asegura que los cuerpos ubicados en el Río de los Remedios no son los únicos, y que en total se han localizado los restos de 46 personas.

Según ambas fuentes, la mayoría de los cadáveres corresponden a mujeres.

En un comunicado, el gobierno del Edomex encabezado por Eruviel Ávila Villegas –quien se ha negado a recibir al Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), organización que pugna por la activación de la Alerta de Violencia de Género (AVG) en el estado– se limitó a confirmar que se habían localizado restos, pero que aún se desconocía si “eran humanos”.

Desde diciembre de 2010, el OCNF y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) señalaron la extrema violencia que enfrentaban las mexiquenses, y solicitaron la activación de la AVG al SNPASEVM ante los 922 asesinatos de mujeres ocurridos entre 2005 y 2010, durante la gestión de Peña Nieto.

Ante la negativa del Sistema por investigar la violencia feminicida y eventualmente declarar la AVG, ambas organizaciones interpusieron un amparo, que finalmente y luego de varios intentos del gobierno federal por dar “carpetazo” al asunto, en abril pasado el Juez Noveno de Distrito mandató realizar la investigación.

Pese a que han transcurrido seis meses y las activistas han sido constantes en su demanda de una investigación urgente, hasta ahora no se conocen los resultados de la misma, que cabe mencionar realizan representantes de instancias gubernamentales.

En septiembre pasado Yuridia Rodríguez, asesora jurídica del OCNF, informó que las autoridades encargadas del informe se estaban limitando a pedir información al gobierno del estado y a  enviar cuestionarios a las víctimas y las organizaciones civiles.

Advirtió que por tanto el informe no implicaría ninguna sanción a las y los funcionarios que hayan incurrido en anomalías.

Debido a que el informe se realiza con base en el pasado Reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, no existe un plazo para que se presenten las conclusiones.

Daños permanentes

* En una entidad de 15 millones de habitantes, los números oficiales sobre seguridad parecen absurdos pero sobre esos se construyen presupuestos y elaboran estrategias. La criminalidad no es solamente una cuestión de percepción pero sólo se puede trabajar con datos oficiales que, se acepta de manera general, representan apenas el 25 por ciento de los casos reales.

 

Miguel Alvarado

En el Estado de México el 32 por ciento de los homicidios tienen origen en el narcotráfico, según la organización civil Semáforo Delictivo, que desarrolla estadísticas sobre seguridad y otros temas alimentándose de “las denuncias ciudadanas que se presentan ante cada Procuraduría General de Justicia en los Estados y se envían al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad”. En el sitio, semaforo.mx, hace comparaciones entre las entidades.

La mexiquense, donde 3 de cada 10 asesinados están relacionados con el narco, es ubicada como una de las que tienen menor porcentaje, pues los primeros lugares los ocupan Zacatecas, con 186 por ciento, que se debe, dice SD, a que hay subreportes oficiales en los homicidios. El segundo lugar es Sinaloa, con 91 por ciento y el tercero Coahuila, con 88 por ciento. La media nacional es de 62 por ciento. Sin embargo, la incidencia de homicidios en el Edomex era la más alta hasta mayo del 2014, con 11 por ciento. Los homicidios para el mes de mayo eran 138, menos que en el 2013, cuando sumaban 159.

El Estado de México presenta números a la baja este año en el rubro de homicidios: 185 en enero; 189 en febrero; 173 en marzo y 153 en abril. Sin embargo, los números son superiores a los registrados en el 2013, cuando en enero se tenían 158 homicidios; 145 en febrero; 125 en marzo; 150 en abril y 159 en mayo, único mes con números superiores al periodo del 2014.

Pero los números en otros rubros de seguridad también van a la baja, según los datos que recopila Semáforo Delictivo. En mayo del 2014 hubo 12 secuestros, contra 17 del 2013 en el mismo mes. Se registraron 76 extorsiones contra 134 del 2014, también en el mismo mayo; hubo 4 mil 296 automotores robados contra 5 mil 279 de abril del 2013. Robaron a casas 702 veces en el 2014 contra 926 en mayo del 2013.

En una entidad de 15 millones de habitantes, los números oficiales sobre seguridad parecen absurdos pero sobre esos se construyen presupuestos y elaboran estrategias. La criminalidad no es solamente una cuestión de percepción pero sólo se puede trabajar con datos oficiales que, se acepta de manera general, representan apenas el 25 por ciento de los casos reales. Otros estudios señalan que el 85 por ciento de los delitos no son denunciados y al cruzar datos del Inegi, la Secretaría de Gobernación y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública se obtiene que desde el 2011 el Edomex registra 10 mil 668 homicidios; 438 secuestros; 7 mil 938 delitos sexuales; 61 mil 69 delitos patrimoniales; 145 mil averiguaciones por lesiones, según un estudio elaborado por el especialista Marco Antonio Durán, quien afirma además que la capital, Toluca, ocupa el segundo lugar estatal en robos, con 20 denuncias por día.

Además le asigna 42 delitos cometidos diariamente, sólo por debajo de Ecatepec, que tiene 69 y va más lejos. Seis delitos patrimoniales cada 24 horas, una violación sexual cada dos días, un secuestro cada tres días, un homicidio cada dos días y 22 delitos por lesiones cada dos días es el panorama de la ciudad donde el presidente Peña Nieto gobernó a la entidad más poblada del país.

En el Edomex, por ejemplo, el 90 por ciento de sus habitantes se sienten inseguros, según la Encuesta Nacional de Percepción sobre Seguridad Pública del Inegi, aplicada en el 2013, y que refleja la postura de las autoridades ante el verdadero rostro del crimen. Los 922 feminicidios en la entidad merecen del gobernador mexiquense, Eruviel Ávila, la respuesta de que “hay cosas más importantes que resolver”. Por la tangente, su gobierno anuncia la creación de Ciudad Mujer, todavía un espejismo que se ubicará en Cuautitlán Izcalli, y que según Ávila tendrá un complejo médico que atenderá condiciones geriátricas, de embarazo y cáncer. La construcción tendrá un costo de 150 millones de pesos.

El recrudecimiento de la violencia está relacionado con el narcotráfico, aunque las autoridades municipales crean que es una cuestión de percepción, y tuvo su mayor incremento

El diario electrónica Alfa da cuenta de dos casos, uno en Toluca, donde fue levantado el coordinador de Ministerios Públicos de la Fiscalía Antisecuestros de la Procuraduría General de Justicia, Fernando Cruz, junto con un agente del ministerio público, al salir de  Luego de dos días y de que alguien hablara para pedir un rescate, los cuerpos de los funcionarios fueron hallados dentro de un tambo, carbonizados, en la avenida Alfredo del Mazo y Paseo Tollocan.

En el otro suceso, en Neza, cobró la vida de una familia, cuatro adultos y un niño de dos años, cuando fueron atacados con armas punzocortantes en su hogar. Hubo un sobreviviente, otro niño de tres meses. Comerciantes todos y encontrados en la colonia La Perla cuando cuerpos de rescate acudieron por una llamada que alertaba por una fuga de gas, son ejemplos de que las cifras duras de los gobiernos revelan la realidad más abstracta y son tan manipulables como las necesidades públicas lo necesiten y de que la descomposición social en el Estado de México no se refleja en el discurso oficial. Los anteriores casos se desarrollan en el marco de al menos otros siete, entre el 7 y el 9 de julio del 2014.

Los periodistas Humberto Padget y Eduardo Loza recopilan en el libro Las Muertas del Estado, editado por Grijalbo, casos concretos sobre femenicidios en el Estado de México y las experiencias de los familiares ante la autoridad y su lucha por conseguir, al menos ser escuchados. “El odio a las mujeres en el Estado de México se mide por el desfile de féretros, el más largo en un país al que el asesinato comienza a definir. Durante los mismos años que convirtieron a Ciudad Juárez en referente mundial del feminicidio, en el Estado de México 10 veces más mujeres fueron asesinadas. Los políticos mexiquenses han desvirtuado las cifras de muertas y las comparaciones con Juárez al amparo del argumento de que lo suyo es un estado y además posee la población más grande del país. Los números son claros: muerta por muerta, ataúd por ataúd, durante los 21 años estadísticamente analizados en este estudio –seis de ellos bajo el gobierno de Enrique Peña Nieto- el Estado de México fue el peor sitio para ser mujer, no en números absolutos sino en tasas. Y con el 13.5 por ciento de los mexicanos, el Estado de México ha aportado la cuarta parte de las muertas”, apuntan los investigadores.

Mariana

* Rodolfo Domínguez, abogado de la familia de Mariana Lima, explicó que el caso fue atraído por la SCJN luego de que se agotaron y no resultaron favorables una serie de recursos jurídicos presentados como lo mandata la ley penal mexiquense, tales como el amparo y la revisión.

 

Anaiz Zamora Márquez

México, DF/ Cimac.  La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) atrajo el caso de Mariana Lima Buendía, joven presuntamente asesinada en el Estado de México en junio de 2010, al considerar que la falta de investigación con debida diligencia, la no aplicación de protocolos de investigación con perspectiva de género, y la impunidad con la que se resolvió el homicidio, son cuestiones de interés y trascendencia para la sociedad mexicana.

El miércoles pasado, la Primera Sala de la SCJN decidió ejercer su facultad de atracción en el caso de la joven de 29 años presuntamente asesinada por el agente judicial mexiquense Julio César Hernández Ballinas, en el cual las autoridades mexiquenses se han empeñado en afirmar que fue un suicidio y no un caso de feminicidio.

Presentado para su admisión por el ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, el caso abre la posibilidad de que la SCJN siente jurisprudencia sobre la adecuada forma de indagación en estos delitos, pues es el primer caso de feminicidio que atrae la Corte y en el que se analizarán las faltas e irregularidades que se cometieron en las investigaciones.

Rodolfo Domínguez, abogado de la familia de Mariana Lima, explicó a Cimacnoticias que el caso fue atraído por la SCJN luego de que se agotaron y no resultaron favorables una serie de recursos jurídicos presentados como lo mandata la ley penal mexiquense, tales como el amparo y la revisión.

Informó que en febrero pasado se presentó una solicitud de ejercicio de facultad de atracción ante la SCJN exponiendo que el caso se mantiene en la impunidad, pues en todo momento las autoridades se han negado a abrir una línea investigación para resolver el caso por violencia feminicida, como se denunció desde un principio, y además las pesquisas no se han realizado con la debida diligencia.

El 28 de junio de 2010, según las declaraciones de Julio César Hernández, la joven se quitó la vida ahorcándose, aunque el cuerpo se encontró acostado en la cama. El policía judicial argumentó que había movido el cuerpo de lugar.

En ese momento comenzaron las irregularidades en el caso. Las autoridades realizaron una inspección de sólo 10 minutos al levantar el cuerpo, no resguardaron las evidencias y no acordonaron la zona. Sólo se quedaron con la versión dada por el judicial mexiquense.

Cabe mencionar que el presunto homicida nunca fue detenido, pese  a que la joven sostenía una relación sentimental con Hernández Ballinas, de quien sufrió violencia física, sexual y psicológica que en su debido momento fue denunciada como parte de la tipificación del delito de feminicidio en el Edomex.

Domínguez consideró que la decisión de la Corte es de suma importancia para toda la población y especialmente para las mujeres que buscan acceder a la justicia, pues la SCJN al indagar si se investigó de manera adecuada el caso y si se cumplieron o no los procedimientos y protocolos mandatados para el delito de feminicidio, sentará las bases para otros casos y fijará criterios sobre cómo se debe proceder con relación a la violencia feminicida.

Cabe destacar que además de contar con el tipo penal de feminicidio, las autoridades  mexiquenses cuentan desde abril de 2010 con el Protocolo de Actuación e Investigación del Homicidio desde la Perspectiva de Feminicidio.

Además –resaltó Rodolfo Domínguez– con este caso también se abre la posibilidad de determinar la aplicación y alcance de la sentencia de 2009 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) contra el Estado mexicano, resultado de la impunidad, negligencia y violación a Derechos Humanos (DH) con las que las autoridades mexicanas se manejaron en el esclarecimiento de tres de los ocho casos de jóvenes asesinadas y encontradas en 2001 en el Campo algodonero de Ciudad Juárez.

A decir del abogado integrante del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, en este caso se “están repitiendo las mismas violaciones a DH por las que fue sentenciado México en 2009”, y recordó que la sentencia de Campo Algodonero mandató acciones para la no repetición de los hechos, que no se han llevado a la práctica.

Domínguez acotó que se está en espera de que se determine quién va a ser el ministro ponente del caso, a quien corresponderá realizar la propuesta de resolución que será discutida por la Primera Sala de la Corte, aunque no hay un plazo específico para ello.

Sin novedades

* La madre de “María” debe trasladarse constantemente a las instalaciones de la FEF para conocer el avance en las investigaciones para identificar al responsable de violar y asesinar a su hija. Sin embargo, casi siempre sale de ahí “sin ninguna novedad”.

 

Anaiz Zamora Márquez/ Cimacnoticias

México. “María” fue violada, torturada y asesinada; su cuerpo sin vida fue encontrado en una de tantas calles en el Estado de México. Su madre interpuso la denuncia –pues sin ella no hay delito que perseguir– ante el Ministerio Público (MP) correspondiente.

Tras varias averiguaciones, el MP determinó que se trataba de un feminicidio, por lo que envió el expediente a la Fiscalía Especializada de Feminicidios (FEF), creada en 2011 por la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM).

A esa fiscalía, según su decreto de creación, le compete “conocer, investigar y perseguir” los hechos constitutivos de los delitos de feminicidio y homicidio doloso de mujeres por razón de género.

La madre de “María” debe trasladarse constantemente a las instalaciones de la FEF para conocer el avance en las investigaciones para identificar al responsable de violar y asesinar a su hija. Sin embargo, casi siempre sale de ahí “sin ninguna novedad”.

Cimacnoticias visitó las instalaciones de la FEF para verificar su operación y efectividad. El primer obstáculo es la falta de información oficial para ubicar la dirección de la fiscalía.

La FEF carece de un sitio web propio para orientar a la ciudadanía. Ni siquiera la página electrónica de la PGJEM cuenta con un link de acceso directo a esa instancia.

Se tiene que buscar en el directorio de funcionarios y dependencias de la procuraduría, para finalmente saber que la fiscalía está en la misma sede de la PGJEM, es decir, en la ciudad de Toluca. Para colmo, la extensión telefónica de la FEF que aparece en el directorio es errónea.

Ya en el lugar, en la calle José María Morelos Oriente número 1300 esquina con Jaime Nunó, colonia San Sebastián, el ingreso se vuelve engorroso, toda vez que se debe explicar y registrar el motivo de la visita. Es cuando uno se da cuenta de que el personal de la entrada desconoce si ahí está la FEF.

En el ala izquierda del tercer piso de la PGJEM –sin letrero alguno que la identifique– está la fiscalía, la cual comparte espacio con la Subprocuraduría para la Atención de Delitos Vinculados a la Violencia de Género.

En la puerta de entrada sólo hay un cartel con los rostros y datos de mujeres y hombres desaparecidos que están incluidos en el Programa de Recompensas.

En el cristal que sirve de pared frontal de la FEF están pegadas las notificaciones sobre algunos casos, la mayoría data de 2012.

Para entrar a esa oficina, otra vez hay que proporcionar los datos personales, así como explicar el motivo de la visita y dar el nombre de la empleada o empleado que dará la atención.

 

Maraña burocrática

 

Personal de la FEF aclaró que los casos que atiende no son presentados o denunciados directamente por las madres o familiares de las mujeres asesinadas, sino que llegan ahí luego de ser canalizados por el MP donde se presentó la denuncia.

Así, los familiares deben proporcionar ante la fiscalía el número de expediente para acceder a una atención más rápida.

Igualmente, no todos los casos de feminicidio cometidos en la entidad mexiquense llegan a Toluca; algunos MP envían el expediente a la oficina de la FEF en Tlalnepantla, de la que no hay información en línea.

Cimacnoticias observó que hay madres que llegan solas o acompañadas de un familiar para preguntar de los avances en sus casos. Algunas de las que acuden por primera vez van acompañadas de un abogado particular o de oficio.

“Me dijeron que me diera la vuelta para ver cómo iban las cosas”, dice una de ellas al vigilante que pregunta a quién visita. Luego de esperar más de 20 minutos, un “licenciado” la atiende y poco después la mujer sale de la FEF porque le explicaron que “no hay nada nuevo”.

A la fiscalía también acuden las mujeres víctimas de violencia de género y cuyos casos también fueron canalizados desde un MP. La FEF carece de cubículos para atender de manera individual a quienes denuncian agresiones físicas o psicológicas por parte de sus parejas.

En la FEF prevalece el ajetreo característico de todas las oficinas de gobierno. Mujeres y hombres bien vestidos portan a la vista el gafete que los identifica como empleados del lugar, y de vez en cuando llega personal con placas de agente de seguridad estatal.

Cargan papeles, sacan copias, hacen llamadas telefónicas, hablan entre sí… todas estas actividades con el supuesto objetivo de dar con los responsables de los crímenes que ahí se investigan.

En la FEF también se brinda asesoría psicológica a las y los familiares relacionados de forma directa con la víctima. La atención se brinda a las pocas mujeres que piden el servicio. Muchas comentaron que por los tiempos de traslado no pueden asistir de manera frecuente.

Las pocas mujeres que acuden a la Fiscalía llegan confundidas y notablemente fatigadas por el trayecto. Regularmente salen de ahí confiando en que en la próxima visita ya habrá un resultado a su demanda de justicia.

Retratos mortales

* El Estado de México tiene su propia realidad y a nadie le gusta. Los diversos grupos apuntan 200 homicidios dolosos contra las mujeres en un año, pero 50 más catalogados como feminicidios, según el Comité Pro Derechos Humanos del Estado de México.

 

Miguel Alvarado

Delia Rojas, madre del ex gobernador mexiquense Arturo Montiel, murió a los 92 años en su casa de Toluca, el 15 de abril del 2013. En un hospital de la ciudad, pasó sus últimos momentos en compañía de su familia, quienes esperaban ya el desenlace. No todas tienen la fortuna de vivir y morir en esas condiciones. En el Estado de México, en el 2013, se reportan más de 100 desapariciones de mujeres, aunque en tres años son más de mil los casos registrados.

Enrique Peña, presidente de México, entregó su administración cuando era gobernador mexiquense con 922 feminicidios, en el 2011. Esta cifra se fue diluyendo en un extraño conteo que primero segmentó aquel bloque en meses y luego en años. Para el primer trimestre del 2013 sólo se recordaba 7 casos de feminicidio y desde marzo del 2011 el conteo recomenzó con 119, 27 de ellos sin resolver.

Las confusiones están documentadas. En junio del 2012, el diario El Universal, con datos oficiales, decía que hasta esa fecha había 77 casos. En agosto del 2012, el mismo medio indicaba que había 90 muertas, pero estaban resueltos 78 casos. Al término del 2011, las muertas eran 227, aunque para marzo de ese año, la PGJEM señalaba que tenía resueltos el 83 por ciento de los casos.

La violencia mortal contra las mujeres no tiene su origen en esta administración, ni tampoco en la de Peña Nieto, pero sí fue en la del sobrino de Montiel cuando las cifras se dispararon, a pesar de que en el sexenio de Arturo experimentaron la primera gran escalada, que fue minimizada por el entonces procurador estatal, Alfonso Navarrete, hoy secretario del Trabajo federal. Los casos eran tantos o más como los de Ciudad Juárez, que en el periodo 1999-2005 ocupaba las informaciones centrales del tema. El gobierno mexiquense explicaba que la mayoría de los casos eran clasificados desde el reporte médico, pues las mujeres acudían a hospitales antes que a la justicia. Allí, se describían las lesiones pero no las causas, por lo que la violencia femenina fue burocráticamente confundida con un problema de salud pública. Navarrete Prida es uno de los funcionarios públicos que desarrolló su trabajo a la sombra del grupo de Arturo Montiel y Enrique Peña.

El feminicidio está explicado como el crimen contra una mujer por situaciones de género y que sucede cuando un hombre asesina porque la mujer gana más que él, situaciones de celos y otros. Pero los crímenes están presentes en todo el país, donde organizaciones y activistas reclaman a la Federación su inacción al respecto. Morelos, uno de los estados más pequeños, reclamaba en voz de organizaciones de mujeres los números rojos: “en 13 años, del 2000 a abril de 2013, se han encontrado 357 cuerpos de mujeres abandonados en calles, baldíos, barrancas, zonas de construcciones, ríos, cuartos de hotel o casas de seguridad, muchas de ellas atacadas en sus hogares”, informa la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos en una carta a Peña Nieto.

El Estado de México tiene su propia realidad y a nadie le gusta. Los diversos grupos apuntan 200 homicidios dolosos contra las mujeres en un año, pero 50 más catalogados como feminicidios, según el Comité Pro Derechos Humanos del Estado de México.

Otras cifras revelan un panorama muy conocido pero olvidado entre la información oficial, que los gobiernos difunden acerca de sus logros. “Cien de los 125 municipios del Edomex tienen una tasa de asesinatos de mujeres por encima del promedio nacional. Casi el 23 por ciento de todos los asesinatos se registran en nuestro Estado”, recuerda una página en Facebbok dedicada a combatir la violencia de género, “¡No más FEMINICIDIOS en el Estado de México!”, en la dirección http://www.facebook.com/groups/122103887807143/?fref=ts.

Otro muro, el Frente Femenino contra feminicidios. Edo. Méx en la dirección http://www.facebook.com/groups/FFCF.Edomex/?fref=ts, recuerda el caso de Bárbara, desaparecida un año y ocho meses y encontrada a dos kilómetros de su casa, en Cuautitlán Izcalli. Este caso representa la forma más común de actuar de los responsables de las búsquedas. El cuerpo de la mujer había sido encontrado dos meses después de desaparecida, pero los responsables del Servicio Médico Forense del Centro de Justicia de Cuautitlán no reportó el cadáver, que permaneció en calidad de desconocido mientras los padres buscaban a la hija por toda la entidad. Buscaron en bases de datos escritas a mano porque no se cuenta con estructura electrónica y finalmente la madre la localizó en una fosa común de un panteón local, identificándola primero por la ropa y después por las pruebas de ADN. Hallar a desaparecidos en el Edomex enfrenta también la incapacidad de las autoridades responsables, pues quienes encuentran a sus parientes son precisamente los familiares en la mayoría. Por Bárbara, la Procuraduría estatal había ofrecido una recompensa, la primera en su género, por 300 mil pesos en octubre del 2012. La ausencia de bases de datos y el silencio de los empleados, quienes no informan sobre procedimientos y ni siquiera de las direcciones de los centros forenses, ralentiza la búsqueda y la vuelve poco menos que imposible. A veces, sólo los golpes de suerte o el dinero de particulares resuelven los casos. Las estadísticas no pueden transmitir la pena de los familiares, pero a veces algunos hacen público su duelo, como la carta escrita por los padres de Bárbara.

“Hoy, a 20 meses de ardua búsqueda, de frustración, dolor y lágrimas… mi Pequeña, te hemos encontrado, no como nosotros (papá, mamá, hermanas, familia y amigos) queríamos, pero al fin dimos contigo, mi amor. Nunca estuviste perdida en tus cobijas y no siempre fuimos escuchados pero la fuerza, inteligencia y determinación de tu madre dio el fruto de encontrarte.

“La última que nos hicieron, un malnacido te quitó la vida aproximadamente entre el 15 y 20 de septiembre del 2011 y te arrojó en un baldío… no es consuelo pero agradezco al Señor que no sufriste más que unos días.

“Discúlpanos por nuestra ineficiencia y tardanza de 19 meses en encontrarte… pero otros burócratas malnacidos que no realizaron su trabajo y te mandaron a una FOSA COMÚN en las peores condiciones, nos obstaculizaron… pero no importó, finalmente te encontramos y recuperamos como te lo habíamos prometido y en breve estarás al lado de tus abuelitas, abuelitos y tíos.

“Gracias a algunas autoridades que nos auxiliaron y apoyaron siempre, pero a otros mis reclamos en sus fallas, errores, omisiones, maltratos y demás, lleven en su conciencia lo que han y no han hecho y a las puertas de San Pedro… no pregunten por qué no se abrirán para ustedes, porque estoy seguro que la justicia se aplicará en todas partes.

“Así también, nuestro eterno agradecimiento a todos aquellos que nos apoyaron y acompañaron en este terrible trance, sólo me queda pedirles que no te olviden ni olviden a tantos desaparecidos y sus familias que sufren su ausencias, les pido no voltear la cara y seguir desde su trinchera ayudando.

“Hoy nuestra lucha cambia y te aseguro y prometo que se hará justicia, tanto para quien te arrebató el último suspiro como (para) aquellos ineptos que no cumplieron con su labor para impedir lo que te sucedió y lo que nos hicieron durante 20 meses.

“Nosotros necesitamos recargar fuerzas y nos daremos un tiempo para reiniciar y asegurarnos que tendrás la justicia. Te prometemos y que siempre te hemos cumplido… que así será.

“En breve indicaremos dónde y cuándo dispondremos de los servicios funerarios.

“Descansa en Paz, mi AMOR.

“Familia Reyes Muñiz”.

Este caso dio pie para que el padre de Bárbara, Alejandro Reyes Aceves, demandara penalmente a la Procuraduría estatal, “contra… quien resulte responsable por la omisión de recibir el cuerpo de su hija y no reportar su hallazgo, ni realizar la pruebas genéticas para ayudar a su localización”, difundieron medios.

Mientras, el presidente Enrique Peña declaraba el 16 de abril desde Monterrey que han bajado diversos delitos en el país, sin decir cuáles, cómo o dar cifras. Según el procurador general, Jesús Murillo, el presidente se refería al homicidio. Pero lo mismo hace la alcaldesa de Toluca, Martha Hilda González Calderón, cuando habla de la inseguridad en la ciudad. Par su ayuntamiento, este tema es una cuestión de percepción, y que puede ser visto desde distintos ángulos. Peña y su equipo parecen vivir en otro país, donde las inversiones son posibles, el ahorro es una realidad, la miseria alcanza apenas al 10 por ciento de la población y la cruzada contra el hambre integra a los grandes monopolios, que ofrecen atole, Pepsi y una cámara digital como armas para combatirla. Más preocupado por las formas, el gobierno federal ha desterrado el narcotráfico de la agenda pública de prioridades y minimiza la miseria con datos que apenas retratan a un sector. Quienes gobernaron el Edomex con Peña lo hacen ahora en México. Las cosas no tendrían por qué cambiar y los mil ejecutados por mes que registra su administración plantean preguntas que más bien se entienden como explicaciones.

Según el informe Violencia feminicida en México: características, tendencias y nuevas expresiones en las entidades federativas, el 2010 fue el año más cruento porque se registraron 6.4 feminicidios diarios. “En materia de violencia contra las mujeres, el número de violaciones denunciadas por 100 mil mujeres aumentó entre 2005-2010, lo cual hizo que para ese último año el Estado de México ocupara el lugar número cinco a nivel nacional. No obstante, es una de las entidades que presenta la menor proporción de egresos hospitalarios públicos femeninos por causa de violencia”, complementa el mismo estudio, que también informa que el 5 por ciento de las lesiones atendidas en hospitales corresponden a mujeres víctimas de violencia familiar.

La solución de Peña

* El gobierno de Enrique Peña Nieto pretendió dar por concluido el caso de 11 mujeres víctimas de tortura sexual ocurridos en los operativos policiacos del 3 y 4 de mayo de 2006 en San Salvador Atenco, Estado de México, pese a que ellas no han accedido a la justicia.

 

Anayeli García Martínez/ Cimac

El Estado mexicano se encamina a recibir más condenas por violar Derechos Humanos, al fallar en su pretensión de que los casos no sean revisados por la CIDH.

El gobierno de Enrique Peña Nieto pretendió dar por concluido el caso de 11 mujeres víctimas de tortura sexual ocurridos en los operativos policiacos del 3 y 4 de mayo de 2006 en San Salvador Atenco, Estado de México, pese a que ellas no han accedido a la justicia.

En la misma tónica, la cancillería y el Gobierno del Distrito Federal trataron de frenar el caso de la muerte de la abogada y defensora Digna Ochoa, para evitar que sea admitido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Esta semana, una comitiva del Estado mexicano acudió a Washington para responder ante la CIDH por ambos casos y aprovechar para dar por concluidas las acusaciones e impedir que sean motivo de escrutinio o de una eventual sentencia internacional.

Lía Limón, subsecretaria de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, y Juan Manuel Gómez-Robledo, subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la cancillería, fueron los encargados de esa tarea.

Ambos ofrecieron dar por concluido con una “solución amistosa” el caso de tortura sexual que puso en jaque la campaña presidencial de Peña Nieto, toda vez que el priista fue acusado de ordenar los operativos que dejaron como saldo 47 mujeres detenidas, 27 de ellas violadas sexualmente.

Como gobernador del Edomex, Peña Nieto aseguró que las denuncias de violación sexual podrían ser acusaciones prefabricadas, porque así eran las tácticas de grupos radicales, y más aún en mayo de 2012 como candidato presidencial reiteró que los operativos fueron una acción para “restablecer el orden”.

Luego del testimonio de Bárbara Italia Méndez, quien relató cómo fue detenida y torturada, el Estado mexicano reconoció que hubo excesos, pero Lía Limón sostuvo que no se trató de una estrategia orquestada por altos mandos, ofreció su “solidaridad” y manifestó su disposición de llegar a un acuerdo con las víctimas.

Gómez-Robledo dijo que México tenía una política de “soluciones amistosas” en casos ventilados ante la CIDH como una forma idónea de reconocer las obligaciones del Estado frente a las víctimas. Recordó que de 2006 a 2012 se concretaron 21 acuerdos de este tipo.

Incluso el subsecretario explicó que ya habían elaborado una propuesta que comprendería rubros como una revisión de las investigaciones penales, una compensación económica, tratamiento médico y psicológico, legislar sobre el uso legítimo de la fuerza, y apoyos como educación y vivienda.

Sin embargo el Estado fracasó en su intentona de dar por concluido el caso ante la CIDH, ya que las víctimas rechazaron la propuesta al señalar que desean seguir con el litigio hasta lograr que llegue ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), y eventualmente dicte una sentencia contra México.

 

PGJDF se lava las manos

 

En la otra audiencia, relacionada con la solicitud de la familia de la abogada Digna Ochoa  presuntamente asesinada en octubre de 2001– para que la CIDH dé entrada al caso, aún falta ver la decisión de los comisionados para saber si el Estado mexicano logró su pretensión de frenar la petición.

En 2012 este órgano autónomo de la Organización de Estados Americanos recibió 273 peticiones de casos de México, lo que lo convierte en el segundo país –sólo detrás de Colombia– con más acusaciones por violar los Derechos Humanos (DH).

La familia sostiene que el caso de Digna es emblemático por las irregularidades que se cometieron en las investigaciones, pero la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal rechazó las acusaciones.

En 2012 la dependencia capitalina concluyó que Ochoa se suicidó de tres balazos.

Jorge Antonio Mirón Reyes, subprocurador jurídico de la PGJDF, argumentó ante la CIDH que el caso ya se cerró en México, y que en todo caso la defensa legal estuvo en falta porque no impugnó la decisión, y por tanto no debe ser admitido.

Para justificar el “impecable” desempeño de la autoridad en las pesquisas, el funcionario presumió que la fiscalía especial que se creó para investigar lo ocurrido realizó mil 500 diligencias y 269 intervenciones policiales; obtuvo 282 declaraciones y analizó 595 informes de la policía y otras autoridades.

Dijo además que se agotaron las diversas líneas de investigación: la presunta participación de militares, hipótesis que fue desvirtuada conforme avanzaban las indagaciones; el trabajo de Digna en el estado de Guerrero, que tampoco prosperó, y la del suicidio, que al final se fortaleció.

Pero para la Asociación Nacional de Abogados Democráticos y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, en este caso debe quedar claro que las indagaciones fueron sesgadas y parciales.

Comer o buscar

* María Antonia Márquez, madre de Nadia, relata que en ocho años y medio de buscar justicia ha gastado cerca de 300 mil pesos. Agrega que desde la denuncia del crimen viajó tres veces por semana a Cuautitlán, Toluca o Tlalnepantla, gastando por día 200 pesos en pasajes y alimentos. Además tuvo que pagar 5 mil 400 pesos por las copias del expediente de su hija, de 3 mil 600 fojas. La copia de cada foja le costó 1.50 pesos. “Al inicio contraté a dos abogados; al primero le di un adelanto de 15 mil pesos y al segundo de 8 mil. Ambos abandonaron el caso”, detalla.

 

Gladis Torres Ruiz/ Cimac

Al buscar a sus seres queridos y realizar trámites judiciales, madres de mujeres desaparecidas empeñan hasta sus vidas con tal de lograr justicia.

Además de la negligencia del personal judicial en México para resolver las desapariciones y asesinatos de mujeres, las familias de las víctimas –en su mayoría de escasos recursos– tienen que lidiar con los fuertes gastos que implica el acceso a la justicia.

Al pago de abogadas o abogados que coadyuven en las investigaciones, se suman los costos de peritajes externos, amparos y copias de expedientes, así como los viáticos de las familias al buscar a sus hijas desaparecidas, o por los traslados a los juzgados o agencias del Ministerio Público (MP).

En el colmo, hay madres de víctimas que deben pagar hasta la comida y los saldos de celular de los agentes judiciales asignados a los casos.

Toda esa erogación suma en promedio al menos 300 mil pesos por familia, cifra que se multiplica según la complejidad del caso y la dilatación de las pesquisas, explican defensoras de Derechos Humanos.

El costo monetario de la justicia para las mujeres víctimas de violencia “es muy alto y nadie lo ve”, advierte Irma Villanueva, coordinadora del área jurídica del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Cedehm) de Chihuahua.

“No se habla tampoco de la pérdida de sus empleos, los gastos de comida y transporte, la desatención de las madres a sus otras hijas o hijos, nietas y nietos, así como el desgaste físico y emocional. Todo eso permanece en el anonimato”, critica la abogada.

El escenario se repite en prácticamente todo el país, donde las desapariciones de mujeres, el feminicidio y la impunidad judicial son el pan de cada día.

El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) reporta que de enero de 2010 a junio de 2011, mil 235 mujeres fueron asesinadas en México por razones de género.

Entre 2005 y 2011, en el Estado de México –entidad emblemática de la violencia contra las mujeres– el OCNF registró 922 víctimas de feminicidio.

En Chihuahua, tan sólo en 2010 hubo 600 casos de feminicidio, según organizaciones civiles. La abogada Irma Villanueva precisa que de 2007 a 2008, en la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género, se tenían 17 mil 700 carpetas de investigación, y que de ellas únicamente 531 fueron consignadas ante un juez.

“La mayoría de las mujeres víctimas de violencia no tiene idea de cómo presentar una denuncia, por ello muy pocos expedientes avanzan si no conocen el proceso judicial y cómo vigilar el trabajo del MP; por eso necesitan abogadas y abogados que las apoyen”, destaca. Tampoco las mujeres tienen dinero para seguir los trámites por lo que los casos se quedan “congelados”, lamenta.

 

Barril sin fondo

 

Villanueva detalla que contratar una abogada o abogado que coadyuve ante el MP en un caso de violencia de género cuesta entre 80 mil y 100 mil pesos.

Yuridia Rodríguez, defensora del OCNF, comenta que en el caso de Nadia Alejandra Muciño Márquez, víctima de feminicidio en el Edomex en 2004, se interpusieron siete amparos, cada uno por un costo de 7 mil pesos, por lo que la suma ascendió a 49 mil pesos.

María Antonia Márquez, madre de Nadia, relata que en ocho años y medio de buscar justicia ha gastado cerca de 300 mil pesos. Agrega que desde la denuncia del crimen viajó tres veces por semana a Cuautitlán, Toluca o Tlalnepantla, gastando por día 200 pesos en pasajes y alimentos. Además tuvo que pagar 5 mil 400 pesos por las copias del expediente de su hija, de 3 mil 600 fojas. La copia de cada foja le costó 1.50 pesos. “Al inicio contraté a dos abogados; al primero le di un adelanto de 15 mil pesos y al segundo de 8 mil. Ambos abandonaron el caso”, detalla.

Otro ejemplo: la madre de una joven de 21 años desaparecida en 2011 en el municipio mexiquense de Atizapán –que pidió se resguardara su identidad–, reporta que en año y medio de búsqueda ha gastado más de 200 mil pesos.

Entre los gastos de ida a las Unidades de Atención a Víctimas del Delito, viajes al interior del país e incluso al extranjero para dar con el paradero de su hija, y el pago de un peritaje externo, la madre también tuvo que pagar mil pesos al día en comidas, gasolina y crédito de celular a los agentes ministeriales.

“Al no ver resultados, contraté un detective privado que trabajó dos meses y también le pagaba mil pesos por día”, reclama.

Ante la inacción de las autoridades por la desaparición de Esmeralda Castillo Rincón, el 19 de mayo de 2009 en Ciudad Juárez, sus padres tuvieron que viajar en marzo pasado al DF para buscar a la adolescente en La Merced

La familia vendió hamburguesas en la calle para costear el traslado, ya que el padre (enfermo de cáncer) perdió el empleo en la búsqueda de su hija y la madre, por su edad, ya no consigue trabajo.

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