Sin novedades

* La madre de “María” debe trasladarse constantemente a las instalaciones de la FEF para conocer el avance en las investigaciones para identificar al responsable de violar y asesinar a su hija. Sin embargo, casi siempre sale de ahí “sin ninguna novedad”.

 

Anaiz Zamora Márquez/ Cimacnoticias

México. “María” fue violada, torturada y asesinada; su cuerpo sin vida fue encontrado en una de tantas calles en el Estado de México. Su madre interpuso la denuncia –pues sin ella no hay delito que perseguir– ante el Ministerio Público (MP) correspondiente.

Tras varias averiguaciones, el MP determinó que se trataba de un feminicidio, por lo que envió el expediente a la Fiscalía Especializada de Feminicidios (FEF), creada en 2011 por la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM).

A esa fiscalía, según su decreto de creación, le compete “conocer, investigar y perseguir” los hechos constitutivos de los delitos de feminicidio y homicidio doloso de mujeres por razón de género.

La madre de “María” debe trasladarse constantemente a las instalaciones de la FEF para conocer el avance en las investigaciones para identificar al responsable de violar y asesinar a su hija. Sin embargo, casi siempre sale de ahí “sin ninguna novedad”.

Cimacnoticias visitó las instalaciones de la FEF para verificar su operación y efectividad. El primer obstáculo es la falta de información oficial para ubicar la dirección de la fiscalía.

La FEF carece de un sitio web propio para orientar a la ciudadanía. Ni siquiera la página electrónica de la PGJEM cuenta con un link de acceso directo a esa instancia.

Se tiene que buscar en el directorio de funcionarios y dependencias de la procuraduría, para finalmente saber que la fiscalía está en la misma sede de la PGJEM, es decir, en la ciudad de Toluca. Para colmo, la extensión telefónica de la FEF que aparece en el directorio es errónea.

Ya en el lugar, en la calle José María Morelos Oriente número 1300 esquina con Jaime Nunó, colonia San Sebastián, el ingreso se vuelve engorroso, toda vez que se debe explicar y registrar el motivo de la visita. Es cuando uno se da cuenta de que el personal de la entrada desconoce si ahí está la FEF.

En el ala izquierda del tercer piso de la PGJEM –sin letrero alguno que la identifique– está la fiscalía, la cual comparte espacio con la Subprocuraduría para la Atención de Delitos Vinculados a la Violencia de Género.

En la puerta de entrada sólo hay un cartel con los rostros y datos de mujeres y hombres desaparecidos que están incluidos en el Programa de Recompensas.

En el cristal que sirve de pared frontal de la FEF están pegadas las notificaciones sobre algunos casos, la mayoría data de 2012.

Para entrar a esa oficina, otra vez hay que proporcionar los datos personales, así como explicar el motivo de la visita y dar el nombre de la empleada o empleado que dará la atención.

 

Maraña burocrática

 

Personal de la FEF aclaró que los casos que atiende no son presentados o denunciados directamente por las madres o familiares de las mujeres asesinadas, sino que llegan ahí luego de ser canalizados por el MP donde se presentó la denuncia.

Así, los familiares deben proporcionar ante la fiscalía el número de expediente para acceder a una atención más rápida.

Igualmente, no todos los casos de feminicidio cometidos en la entidad mexiquense llegan a Toluca; algunos MP envían el expediente a la oficina de la FEF en Tlalnepantla, de la que no hay información en línea.

Cimacnoticias observó que hay madres que llegan solas o acompañadas de un familiar para preguntar de los avances en sus casos. Algunas de las que acuden por primera vez van acompañadas de un abogado particular o de oficio.

“Me dijeron que me diera la vuelta para ver cómo iban las cosas”, dice una de ellas al vigilante que pregunta a quién visita. Luego de esperar más de 20 minutos, un “licenciado” la atiende y poco después la mujer sale de la FEF porque le explicaron que “no hay nada nuevo”.

A la fiscalía también acuden las mujeres víctimas de violencia de género y cuyos casos también fueron canalizados desde un MP. La FEF carece de cubículos para atender de manera individual a quienes denuncian agresiones físicas o psicológicas por parte de sus parejas.

En la FEF prevalece el ajetreo característico de todas las oficinas de gobierno. Mujeres y hombres bien vestidos portan a la vista el gafete que los identifica como empleados del lugar, y de vez en cuando llega personal con placas de agente de seguridad estatal.

Cargan papeles, sacan copias, hacen llamadas telefónicas, hablan entre sí… todas estas actividades con el supuesto objetivo de dar con los responsables de los crímenes que ahí se investigan.

En la FEF también se brinda asesoría psicológica a las y los familiares relacionados de forma directa con la víctima. La atención se brinda a las pocas mujeres que piden el servicio. Muchas comentaron que por los tiempos de traslado no pueden asistir de manera frecuente.

Las pocas mujeres que acuden a la Fiscalía llegan confundidas y notablemente fatigadas por el trayecto. Regularmente salen de ahí confiando en que en la próxima visita ya habrá un resultado a su demanda de justicia.

Yocelyn, la mujer que no existe

* Yocelyn Buitimea Rojas debió haber sido su nombre. Quienes vivimos en Sonora sabemos que el primer apellido es de origen mayo, por lo que supuse debía ser integrante de la etnia del sur del estado. “Sí, mi amá era mayo, era de allá”, fue su respuesta. Yocelyn no es una migrante común, ya que ella migró más bien en el tiempo. Sin proponérselo, su madre le heredó la condición de pobre y no tuvo tiempo ni siquiera de darle una identidad.

 

Silvia Núñez Esquer/ Cimac

Hermosillo. Dueña de una mirada de desconfianza, Yocelyn llega al medio de comunicación por el que vemos desfilar a lo largo del año a muchas personas que acuden pensando que se les puede ayudar.

Dinero, cobijas, ropa, medicamentos, leche de bebé, pañales y muchos otros requerimientos son los que las personas de escasos recursos claman a través de los programas noticiosos de radiodifusoras, portales de internet y periódicos de Hermosillo.

“Señorita: vengo a ver si me pueden ayudar con pañales y leche”, suelta sin perder el tiempo Yocelyn dirigiéndose a la recepcionista. “Deja llamar a un reportero para que te atienda”, es la respuesta de rigor.

Con sus ojos de juventud preocupada, escudriña las paredes, las puertas de vidrio que conducen a otras áreas, y a las personas que nos encontramos en la recepción de la radio. Sus ojos tratan de alargar la visión como queriendo poder meterlos en las otras habitaciones para curiosear. Me pregunto: “¿Qué pensará Yocelyn que hay detrás de esas puertas?”.

Es 8 de marzo y 30 segundos después la recepcionista la despierta de sus elucubraciones: “no hay ningún reportero, si gustas esperar a que regresen para que te atiendan”.

“Sí, aquí espero, no traigo ni para devolverme al poblado (Miguel Alemán), así que mejor me espero”. Y es entonces cuando empiezo a aquilatar lo que está pasando.

Esta joven que podría ser una estudiante cualquiera con proyectos y sueños no anda “pidiendo”, sino que anda haciendo una gestión para sus hijos, pues llegó al medio de comunicación procedente de las oficinas de atención ciudadana del gobierno del estado, donde “sólo la traen dando vueltas”, según comentó, por lo que decidió cruzar la calle al ver que se ubicaba una estación de radio.

“¿Cuántos años tienes?”, pregunto sin poder contener la provocación de iniciar una entrevista periodística. “Veintiuno… casi veintidós”, contesta de inmediato como quien está acostumbrado a los interrogatorios.

“¿Y dices que necesitas leche y pañales?”, continúo sin que ella sepa quién soy ni para qué le pregunto eso. Después de varios cuestionamientos clave ya no veo el rostro de una chica de su edad, sino el de un grupo de mujeres que han sido excluidas por ser mujeres, por ser pobres, por ser migrantes, por ser indígenas, por ser nadie.

Yocelyn Buitimea Rojas debió haber sido su nombre. Quienes vivimos en Sonora sabemos que el primer apellido es de origen mayo, por lo que supuse debía ser integrante de la etnia del sur del estado.

“Sí, mi amá era mayo, era de allá”, fue su respuesta. Yocelyn no es una migrante común, ya que ella migró más bien en el tiempo. Sin proponérselo, su madre le heredó la condición de pobre y no tuvo tiempo ni siquiera de darle una identidad.

Hija menor de 16 hermanos, esta joven que es madre soltera de una niña de cuatro años y un bebé de seis meses, se sostiene limpiando vidrios, pues la epilepsia que padece no le permite emplearse como jornalera agrícola en la costa de Hermosillo, como lo ha hecho su hermana.

Aprovecha y trata de justificar su necesidad de pedir ayuda, pues las contrataciones en el campo son temporales: “Ahorita no hay”.

Su madre murió de un tumor cerebral cuando ella tenía nueve meses de edad, sin haberla registrado aún por lo que no cuenta con ningún documento que acredite su identidad.

Fue melliza de nacimiento, pero su hermano murió a los 33 días debido a la desnutrición. De pronto, al morir la madre, una de sus hermanas 14 años mayor que ella se convierte repentinamente y sin pedirlo, en madre, pues la acoge y cría como si fuera su hija.

Ambas han conocido la pobreza profunda, viviendo en jacales, en galeras, o como ahora, en una invasión “que está más lejos”, describe Yocelyn.

Han sobrevivido desempeñando los oficios del campo en la parte más difícil y agotadora. En tiempos infértiles valiéndose de cualquier hálito de energía para desempeñar un trabajo que les reditúe unos pesos para medio vivir.

“Dices que eres soltera y tienes hijos. ¿No estás inscrita en el programa Oportunidades?”, pregunto con excesiva ingenuidad, a lo que ella responde de inmediato: “No puedo porque no tengo credencial (de elector)”.

Poco a poco me doy cuenta que el de Yocelyn no es un problema de rutina, no es la falta de leche o pañales, no es que necesite ropa para sus hijos, tampoco es que no tenga ganas de andar de oficina en oficina “pidiendo” artículos para sus dependientes.

El problema de Yocelyn es nada menos que el de la exclusión social en el más amplio sentido. Su pobreza es extrema, y nunca ha tenido oportunidad de desarrollar capacidades.

No tiene acta de nacimiento, no cuenta con un aviso de nacimiento, no tiene credencial de elector, no sabe leer ni escribir, pues aunque acudió temporalmente a clases para adultos a los 15 años, nunca ha tenido la experiencia de ir a una escuela con compañeros de su edad, ni de graduarse de algún nivel básico, ni siquiera de un oficio manual, no tiene idea de lo que es la atención a la salud, como no sea en campañas masivas de vacunación, y atención hospitalaria las dos veces que ha parido, no sabe utilizar los anticonceptivos, y habla de que quisiera estudiar como cualquier otra joven.

Con ese panorama descrito por mi ahora entrevistada, me quedo sin una noción que me ayude a tratar de ubicar a Yocelyn en los grupos llamados “vulnerables”.

La “Cruzada contra el Hambre” anunciada recientemente por el gobierno federal es una salida ridícula si se piensa en contrarrestar lo que viven muchas familias de jornaleras y jornaleros en el poblado Miguel Alemán.

El peregrinar de Yocelyn y de su hermana mayor Mirna Elizabeth por las dependencias que les podrían ayudar a regularizar su situación de identidad, sólo ha servido para iniciar un juicio para lograr su acta en el registro civil, pero nadie se ha ocupado de garantizar que suceda.

No ha habido funcionario o funcionaria que dé seguimiento al caso de Yocelyn. Su hermana-madre ha acudido a cuanto funcionario o partido político ha visitado el poblado Miguel Alemán. El pretexto es que en la carta de inexistencia de documentos el nombre está escrito con J en lugar de Y.

“Todos nos han prometido que arreglarán esta situación, pero seguimos en lo mismo, ella no tiene acta y yo estoy desesperada”, expresa Mirna.

“¿Y tu papá?” –insisto en mi indagatoria–. “Vive en Navojoa, pero no me quiere, nunca me ha querido”, contesta inmediatamente Yocelyn. Su expresión es de desconfianza, de alerta, de impaciencia y de una gran necesidad de imprimir contundencia a sus palabras, tal vez para hacerlas creíbles.

Me doy cuenta de que en el fondo lo que sucede es que Yocelyn no existe. No sólo porque no tiene acta de nacimiento, sino porque nadie la ve. No hay quien capte que detrás de esa mujer tímida que lanza directa la petición de que necesita comida y ropa para sus hijos, está la realidad “real” del Estado.

No es cierto que seamos un Sonora en paz, mientras las mujeres no lo estemos. No es verdad que se practique una atención ciudadana con calidad, mientras haya personas sin nombre formal.

No existe una política de combate a la pobreza, si ella no puede acceder directamente a los programas de gobierno como Oportunidades, pues aunque su hermana sí lo tiene, a Yocelyn la cuentan como una hija y no como la jefa de familia que es.

El DIF no sirve de nada si permite que familias como Yocelyn y sus dos hijos dependan de que tenga una credencial para identificarse, y en lugar de acelerar los trámites, la lanzan a un mundo hostil para una analfabeta como ella.

Yocelyn no tendría por qué ser protagonista de un juicio tardado, ni pagar un cinco si quiera, pues ella no es la responsable de no haber sido registrada.

En Sonora viven 26 mil 56 mujeres indígenas y representan 2.3 por ciento de la población total. La mayor proporción de mujeres que hablan lengua indígena se expresan en mayo, lo que constituye 46.7 por ciento.

La tasa de analfabetismo entre indígenas mayores de 15 años es más alta en mujeres (20.4 por ciento) que en hombres (14.1 por ciento).

El poblado Miguel Alemán se ha convertido en una opción de residencia para migrantes indígenas y no indígenas que vienen de otros estados o de otros puntos de Sonora al trabajo como jornaleras y jornaleros.

Gran parte se quedó a vivir ahí por lo que sus hijas e hijos nacieron en territorio sonorense. Pero no todos los meses del año hay trabajo, así que algunos regresan, pero otros se quedan a esperar la próxima temporada. Por eso hay casos como el de la madre  de Yocelyn, quien tuvo ahí a sus hijos y falleció en el mismo lugar.

A la fecha no existe un programa que pueda hacer que la sonrisa vuelva al rostro de quien debería tener la seriedad como excepción. Yocelyn Sotelo Buitimea es el nombre que llevará cuando pueda ser registrada. “Son los apellidos de mi cuñado y mi hermana”, dice por fin entusiasmada. “Así me van a poner, como ellos”, reitera.

Mirna, su hermana, nos confirma: “La queremos registrar como hija, yo la he criado, y he visto por ella, pero como no tiene acta, estoy amarrada, ya no sé qué hacer”.

Su situación es inverosímil. No porque sus dichos parezcan falsos, sino porque no se puede creer cómo en el 2013, en un estado como Sonora que presume de riqueza y desarrollo, de abundancia, de paz, le “asesore” a una joven que no sabe leer una lista de trámites y documentos que debe conseguir para poder obtener su identidad, por los que además ha tenido que pagar.

Sus hijos son una especie de nietos de la hermana que la crió, a ellos los pudieron registrar con una credencial de Yocelyn, del sindicato de jornaleros, única identificación que ha tenido en la vida.

Siendo mexicana y sonorense esta joven trabajadora parece una extranjera en su tierra. Su respuesta a las preguntas de si tiene Seguro Popular, o si accede a beneficios de los programas contra la pobreza, de inmediato nos recuerda a las y los migrantes latinos en Estados Unidos: “No tengo papeles”.

Y es que, inconcebible, pero cierto, Yocelyn simplemente no existe, por eso no la ven. Y al despedirme de ella pienso: qué extraña forma de conmemorar el Día Internacional de la Mujer.

 

*Si alguien desea donar artículos útiles para niña de 4 años y niño de 6 meses, o para Yocelyn, comuníquese con Mirna Elizabeth Buitimea a los teléfonos 6622911549 y 6621964246.

La solución de Peña

* El gobierno de Enrique Peña Nieto pretendió dar por concluido el caso de 11 mujeres víctimas de tortura sexual ocurridos en los operativos policiacos del 3 y 4 de mayo de 2006 en San Salvador Atenco, Estado de México, pese a que ellas no han accedido a la justicia.

 

Anayeli García Martínez/ Cimac

El Estado mexicano se encamina a recibir más condenas por violar Derechos Humanos, al fallar en su pretensión de que los casos no sean revisados por la CIDH.

El gobierno de Enrique Peña Nieto pretendió dar por concluido el caso de 11 mujeres víctimas de tortura sexual ocurridos en los operativos policiacos del 3 y 4 de mayo de 2006 en San Salvador Atenco, Estado de México, pese a que ellas no han accedido a la justicia.

En la misma tónica, la cancillería y el Gobierno del Distrito Federal trataron de frenar el caso de la muerte de la abogada y defensora Digna Ochoa, para evitar que sea admitido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Esta semana, una comitiva del Estado mexicano acudió a Washington para responder ante la CIDH por ambos casos y aprovechar para dar por concluidas las acusaciones e impedir que sean motivo de escrutinio o de una eventual sentencia internacional.

Lía Limón, subsecretaria de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, y Juan Manuel Gómez-Robledo, subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la cancillería, fueron los encargados de esa tarea.

Ambos ofrecieron dar por concluido con una “solución amistosa” el caso de tortura sexual que puso en jaque la campaña presidencial de Peña Nieto, toda vez que el priista fue acusado de ordenar los operativos que dejaron como saldo 47 mujeres detenidas, 27 de ellas violadas sexualmente.

Como gobernador del Edomex, Peña Nieto aseguró que las denuncias de violación sexual podrían ser acusaciones prefabricadas, porque así eran las tácticas de grupos radicales, y más aún en mayo de 2012 como candidato presidencial reiteró que los operativos fueron una acción para “restablecer el orden”.

Luego del testimonio de Bárbara Italia Méndez, quien relató cómo fue detenida y torturada, el Estado mexicano reconoció que hubo excesos, pero Lía Limón sostuvo que no se trató de una estrategia orquestada por altos mandos, ofreció su “solidaridad” y manifestó su disposición de llegar a un acuerdo con las víctimas.

Gómez-Robledo dijo que México tenía una política de “soluciones amistosas” en casos ventilados ante la CIDH como una forma idónea de reconocer las obligaciones del Estado frente a las víctimas. Recordó que de 2006 a 2012 se concretaron 21 acuerdos de este tipo.

Incluso el subsecretario explicó que ya habían elaborado una propuesta que comprendería rubros como una revisión de las investigaciones penales, una compensación económica, tratamiento médico y psicológico, legislar sobre el uso legítimo de la fuerza, y apoyos como educación y vivienda.

Sin embargo el Estado fracasó en su intentona de dar por concluido el caso ante la CIDH, ya que las víctimas rechazaron la propuesta al señalar que desean seguir con el litigio hasta lograr que llegue ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), y eventualmente dicte una sentencia contra México.

 

PGJDF se lava las manos

 

En la otra audiencia, relacionada con la solicitud de la familia de la abogada Digna Ochoa  presuntamente asesinada en octubre de 2001– para que la CIDH dé entrada al caso, aún falta ver la decisión de los comisionados para saber si el Estado mexicano logró su pretensión de frenar la petición.

En 2012 este órgano autónomo de la Organización de Estados Americanos recibió 273 peticiones de casos de México, lo que lo convierte en el segundo país –sólo detrás de Colombia– con más acusaciones por violar los Derechos Humanos (DH).

La familia sostiene que el caso de Digna es emblemático por las irregularidades que se cometieron en las investigaciones, pero la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal rechazó las acusaciones.

En 2012 la dependencia capitalina concluyó que Ochoa se suicidó de tres balazos.

Jorge Antonio Mirón Reyes, subprocurador jurídico de la PGJDF, argumentó ante la CIDH que el caso ya se cerró en México, y que en todo caso la defensa legal estuvo en falta porque no impugnó la decisión, y por tanto no debe ser admitido.

Para justificar el “impecable” desempeño de la autoridad en las pesquisas, el funcionario presumió que la fiscalía especial que se creó para investigar lo ocurrido realizó mil 500 diligencias y 269 intervenciones policiales; obtuvo 282 declaraciones y analizó 595 informes de la policía y otras autoridades.

Dijo además que se agotaron las diversas líneas de investigación: la presunta participación de militares, hipótesis que fue desvirtuada conforme avanzaban las indagaciones; el trabajo de Digna en el estado de Guerrero, que tampoco prosperó, y la del suicidio, que al final se fortaleció.

Pero para la Asociación Nacional de Abogados Democráticos y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, en este caso debe quedar claro que las indagaciones fueron sesgadas y parciales.

Caso Atenco llega ante la CIDH

* En 2006, cuando ocurrieron los hechos, Enrique Peña Nieto era gobernador de la entidad y a su administración le tocó conducir las investigaciones que, cabe decir, no han dado resultados. De forma paradójica ahora como presidente de la República a su gobierno le corresponderá llevar el litigio contra las 11 peticionarias.

 

Anayeli García Martínez/ Cimacnoticias

México, DF. Por primera vez las 11 mujeres sobrevivientes de tortura sexual durante los operativos policiacos del 3 y 4 de mayo de 2006 en San  Salvador Atenco, Estado de México, confrontarán al gobierno mexicano cara a cara a la vez que podrán narrar su historia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Este 14 de marzo una representante de las 11 sobrevivientes asistirá a una audiencia en la CIDH, con sede en Washington, Estados Unidos, para evidenciar que el Estado mexicano fue cómplice de la violación sexual que vivieron hace casi siete años.

En este encuentro estarán frente a frente las víctimas, los comisionados de la CIDH, una delegación de funcionarios mexicanos y representantes del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional –estos dos últimos defensores ciudadanos de las 11 mujeres–, quienes escucharán lo sucedido en Atenco en 2006.

Esta semana se define a la sobreviviente de violencia que hablará a nombre de las 11 víctimas ante la CIDH. Eventualmente la delegación del Estado mexicano emitirá una postura al respecto o se limitará a escuchar los señalamientos.

Aunque pareciera ser una comparecencia más, en realidad –explica Bárbara Italia Méndez, una de las sobrevivientes– es la primera oportunidad de narrar su testimonio en un litigio internacional que inició en abril de 2008 contra las autoridades mexicanas, y que en su mayor parte ha consistido en comunicaciones escritas.

Este será el momento de escuchar parte del testimonio de las 11 denunciantes de violación y tortura sexual: Mariana Selvas, Georgina Edith Rosales, María Patricia Romero, Norma Aidé Jiménez, Claudia Hernández, Ana María Velasco, Yolanda Muñoz, Cristina Sánchez, Patricia Torres, Suhelen Gabriela Cuevas y Bárbara Italia Méndez.

En entrevista, Italia asegura que esta comparecencia tiene un costo emocional porque quien represente a las 11 mujeres tendrá que hablar de lo sucedido en Texcoco y San Salvador Atenco, en el Edomex, cuando 47 mujeres fueron detenidas y 27 de ellas golpeadas, insultadas y torturadas por policías estatales y federales.

En 2006 cuando ocurrieron los hechos Enrique Peña Nieto era gobernador de la entidad y a su administración le tocó conducir las investigaciones que, cabe decir, no han dado resultados. De forma paradójica ahora como presidente de la República a su gobierno le corresponderá llevar el litigio contra las 11 peticionarias.

Aunado a ello no se puede olvidar que el episodio de Atenco fue un hecho que repercutió en la campaña presidencial de Peña Nieto, luego de que en mayo de 2012, durante su visita a la Universidad Iberoamericana, estudiantes le cuestionaron su actuar en ese caso, le reprocharon los abusos de poder cometidos y a raíz de esa protesta surgiera el movimiento juvenil YoSoy132.

Italia apunta que en este litigio internacional ellas no están acusando a personajes en particular, sino a todo el Estado mexicano con todas sus instituciones. “No es un caso personal”, aclara.

“Fue un acto de Estado, una represión contra el pueblo. No es un pleito personal contra Genaro García Luna o contra Eduardo Medina Mora…”, añade al referirse a los entonces titulares de la Agencia Federal de Investigación (AFI) y de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), respectivamente.

Además explica que en ese operativo actuó una estructura represora del Estado que buscaba acallar a aquellos que apoyaron a un grupo de comerciantes a quienes se les impidió vender flores, mismos activistas que cuatro años antes se opusieron a la construcción de un aeropuerto en sus tierras.

Italia señala que el caso de la brutalidad policiaca contra las mujeres de Atenco, admitido ante la CIDH como “Mariana Selvas y otras”, las autoridades mexicanas no podrán negar lo ocurrido porque hay suficientes pruebas de las violaciones a DH y de la tortura ejercida por uniformados.

“La palabra de las mujeres no ha titubeado”, insiste la joven al señalar que ellas podrán ver a los ojos a los comisionados y decirles lo que sintieron como mujeres ese 3 y 4 de mayo.

Conscientes de que este camino aún requiere de un largo aliento, las mujeres de Atenco saben que será complicado demostrar que el Estado es un flagrante violador de DH, ya que ante la mirada internacional México mantiene una aparente postura a favor de las garantías individuales.

Y es que no es novedad que el Estado mexicano es uno de los defensores del Sistema Interamericano de Derechos Humanos en el proceso de fortalecimiento que vive, y en el cual países como Colombia y Venezuela se han pronunciado en contra de las facultades que tiene la CIDH.

“Hay mucho discurso, pero es aplastante la violación a los Derechos Humanos”, critica la activista.

Como ejemplo cita que en junio de 2012, durante la evaluación de México ante el Comité de Naciones Unidas de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), que se realizó en Nueva York, el Estado mexicano informó de “avances” en el caso Atenco.

El subsecretario de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Gobierno del Edomex, José Alfonso Sierra Palacios, dijo ante el Comité de la CEDAW que se ejerció acción penal contra tres policías implicados en la tortura sexual de las 26 mujeres, sin haber informado previamente a las víctimas y sus abogados, lo que en opinión de Bárbara Italia es señal de que la investigación de la Procuraduría estatal es una simulación.

“A mí me parece que no fue nada honesto”, dice sobre estas órdenes de aprehensión que se giraron un día por la mañana y que por la tarde ya se tenían a dos de los inculpados, toda vez que el otro ya había muerto, es decir, resulta extraño que después de seis años se lograra hacer esta consignación en un par de horas.

Al final, Italia recalca que esta audiencia que forma parte del proceso ante la CIDH es una forma de construir justicia, pero también de contribuir a la memoria porque al final lo que se busca es romper la impunidad para que no se repitan hechos similares.

La búsqueda

* El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) reportó que en 2011 en el Edomex hubo 600 desapariciones de mujeres entre los 10 y 20 años de edad.

 

Anaiz Zamora Márquez/ Cimac

Toluca. En un intento por detener la ola de desapariciones de mujeres en el Estado de México, madres de jóvenes que han desaparecido conformaron la “Red de mamás en busca de sus hijas”, para de manera organizada exigir a las autoridades se realice la búsqueda y hallazgo de sus familiares.

A tres meses de su formación esta red, integrada por unas 30 mujeres, ya logró entablar mesas de trabajo con el procurador de Justicia mexiquense, Miguel Ángel Contreras Nieto, las cuales derivaron en un programa de recompensas económicas para quien aporte información sobre el paradero de las jóvenes.

Encabeza la red Leticia Mora Nieto, madre de Georgina Ivonne Ramírez Mora –joven de 21 años que desapareció el 30 de mayo de 2011 al salir de su casa rumbo a un mini súper en el municipio de Atizapán–, quien por años ha enfrentado a las autoridades para exigir se localice a su hija.

En entrevista vía telefónica con Cimacnoticias, Mora Nieto dijo que las reuniones quincenales que se han tenido con el procurador mexiquense si bien no han derivado hasta ahora en el hallazgo de alguna de las jóvenes, representan una esperanza para las madres que buscan a sus hijas.

Los encuentros comenzaron hace dos meses; en ellas, la red propuso al procurador acciones para motivar a las personas que pudieran haber visto a las mexiquenses desaparecidas a aportar datos, y pidió se mantuvieran informadas a las madres sobre los avances de las investigaciones.

A raíz de ello, algunas jóvenes que han sido reportadas como desaparecidas fueron integradas al Programa de Recompensas de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM).

Dentro del programa, que también opera a nivel federal, se ofrece una recompensa de hasta 300 mil pesos a quien brinde datos útiles para dar con el paradero de las mujeres desaparecidas.

Durante las reuniones, la PGJEM informó a la red que una de las probables líneas de investigación, que hasta ahora no han generado resultados, está relacionada con la trata de personas con fines de explotación sexual, por lo que muchas de las jóvenes pudieron haber sido vistas en bares o antros donde las mujeres son explotadas sexualmente.

Leticia Mora consideró que las personas que acuden a estos lugares pueden identificar a las mexiquenses, y el hecho de que exista una motivación económica podría ayudar a que denuncien o aporten información.

Por otro lado, para prevenir las desapariciones de mujeres a manos de las redes de trata, las madres han acudido a algunas secundarias mexiquenses (ya que muchas de las jóvenes desaparecidas estudiaban en ese nivel escolar), a impartir pláticas y talleres a fin de alertarlas sobre las formas en las que operan esas bandas delictivas, principalmente a través de las redes sociales.

Lo anterior debido a que, según testimonios recopilados por la red, se tiene conocimiento de que varias menores de edad ahora desaparecidas fueron contactadas por Facebook por alguien desconocido que les ofrecía empleo o buscaba alguna relación amorosa.

La activista informó que la red ha tenido contacto con otros grupos civiles para recibir apoyo y asesoría sobre cómo encaminar sus acciones, tales como la Fundación Camino a Casa, el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, y la Fundación Reintegra.

El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) reportó que en 2011 en el Edomex hubo 600 desapariciones de mujeres entre los 10 y 20 años de edad.

En días recientes, Contreras señaló que en lo que va de 2013 se han reportado 212 personas desaparecidas en la entidad, de las cuales se han localizado 70 y 32 de ellas son mujeres.

“Las patronas” de La Bestia

* En el albergue La Esperanza, a sólo unos metros de las vías, todos los días se cuecen en el fogón 45 kilos de arroz y 15 de frijol. En un día normal “Las patronas” distribuyen hasta 200 bolsas de comida, que además de arroz y frijol, llevan tortillas, pan, galletas y agua. También avientan unas 100 latas de atún.

 

Flavia Morales/ Cimacnoticias/ Ayudahumanitarialaspatronas.blogspot.com

Amatlán, Veracruz. Cuando el silbato de “La Bestia” suena, las mujeres del albergue La Esperanza, en la localidad La Patrona de este municipio veracruzano, se aprestan a distribuir alimentos a las y los cientos de migrantes que viajan a bordo del tren de carga proveniente de Chiapas en dirección al norte de México.

Son al menos 25 mujeres, conocidas como “Las patronas” y encabezadas por Norma, quien inició esta labor hace 17 años, cuando ella apenas tenía 23.

Con carretas llenas de cazos de comida, Norma, Toña, Julia, Victoria y Karla, entre otras, se forman en fila al lado de las vías del ferrocarril, lanzan bolsas de comida y en menos de 10 minutos reparten “lonches” de supervivencia a las y los migrantes que viajan en el techo de “La Bestia”.

En el albergue La Esperanza, a sólo unos metros de las vías, todos los días se cuecen en el fogón 45 kilos de arroz y 15 de frijol. En un día normal “Las patronas” distribuyen hasta 200 bolsas de comida, que además de arroz y frijol, llevan tortillas, pan, galletas y agua. También avientan unas 100 latas de atún.

La entrada al albergue de La Patrona es austera y tiene un gran patio de tierra. Es un jacal detenido por apenas cuatro palos endebles; bajo él hay todo el tiempo una enorme olla de frijoles.

Las mujeres ya conocen los horarios del tren. A veces puede pasar hasta tres veces al día cargado con entre 400 y mil 500 migrantes. En ocasiones, “La Bestia” llega a gran velocidad y ellas apenas alcanzan a repartir unas cuantas bolsas de comida.

Para las y los miles de migrantes centroamericanos que cruzan México rumbo a Estados Unidos, la parada del tren en La Patrona es un alivio, quizá el único lugar donde puedan probar alimentos en varios días de trayecto.

Norma explica que las mujeres de La Esperanza se coordinan con otros albergues ubicados en la ruta del tren, para saber cuántos migrantes vendrán y así programar la cantidad de bolsas de comida.

A Norma se le conoce como “La Patrona”. Ella reconoce que la tarea ha sido difícil porque además de la comida, ahora cuentan con un pequeño albergue donde atienden a las y los migrantes en tránsito, muchas de ellas niñas y mujeres, lastimadas física y emocionalmente.

“Nos llegan enfermos, cansados y hay que tocar puertas de hospitales, de médicos, conseguir el medicamento y sobre todo cuidar que no vayan a morir”, relata.

En 17 años de labor altruista, Norma ha vivido casi todo: “Nos ha tocado ver mutilaciones y golpes; el tren en movimiento es muy peligroso”.

Además del trabajo del comedor, las mujeres de La Patrona se han dedicado a concientizar a la población y al personal de los hospitales de la zona, y a organizar una red de información y ayuda con otros albergues de migrantes en el país.

 

El Cristo Negro

 

En 1996, junto con su madre Leonila Vásquez y sus hermanas, Norma comenzó a repartir a las y los migrantes “lonches” de arroz, frijol y tortillas.

Una madrugada de ese año, llegaron a la casa de Norma dos  mujeres a suplicar ayuda para un migrante hondureño herido de arma blanca durante una pelea por defender a su pareja.

“A esa hora, a las 12:30, que agarro la camioneta de mi marido y que me voy hasta donde estaba el hombre. Cuando llegué y me encontré con cientos de migrantes en medio de la noche, sentí miedo, pero luego agarré valor”, relata la mujer.

Varias personas bajaron del tren a un hombre de tez morena, con el torso desnudo y ensangrentado. “Cuando vi cómo lo bajaban se me figuró un Cristo negro. Era una señal de que ése era el camino”, dice Norma, una ferviente católica.

Días después del incidente, cuenta que una tarde mientras repartía comida, un migrante se le acercó para regalarle la efigie de un Cristo negro. “Me dijo que era en agradecimiento por salvarle la vida, y que estaba seguro de que si (el Cristo) se quedaba conmigo yo iba a ayudar a más gente”, cuenta.

El Cristo negro que ese migrante hondureño le regaló a Norma está ahora en el altar central del albergue, y significa para la activista “un recordatorio permanente del sufrimiento y la necesidad de cientos de mujeres y hombres migrantes”.

Cuando Norma comenzó a organizarse con otras mujeres del pueblo para ayudar a las y los migrantes, fue mal vista por apoyar a “delincuentes”. “Sabíamos que nos podían acusar de traficantes, de cometer un delito, pero la necesidad era tanta, tan evidente, que hacía imposible no mirarla”.

 

Banco de datos

 

Ni las historias de dolor e injustica, ni las bandas del crimen organizado dedicadas al tráfico de mujeres y niñas, han detenido a estas mujeres.

Ellas tuvieron que aprender la Ley de Migración, la Constitución y los pasos a seguir para interponer una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

“En el tren van niñas, niños, bebés, mujeres embarazadas; hemos visto niños de 10 años viajando solos, a veces va toda la familia. Duele ver un tren hasta con 400 personas, muchas son niñas de 14 años”, narra Norma.

Abunda: “la mayoría de las historias son trágicas. Hace poco nos trajeron a un migrante de nombre Jesús que perdió sus dos piernas. Él estaba trabajando en Sonora y se regresó a Honduras a visitar a su madre enferma. De regreso a México por falta de dinero, volvió en tren y tuvo un accidente. Lo tuvimos tres días en coma en el Hospital de Yanga”.

Norma cuenta que también ha habido casos de migrantes muertos y en esos procedimientos se solicitan los restos, se practican los estudios de ADN, y se inhuman en el panteón de la comunidad.

Las mujeres de La Patrona han organizado un austero, pero efectivo banco de datos, toman fotografías y datos de los migrantes que pasan por la zona. Solo en 2012 llevan un registro de 800 personas, que han pernoctado en el albergue, y que quizá sea una pista o esperanza para las madres y familiares en caso de una tragedia.

Norma cuenta que a través de una red de ayuda con empresarios de la región, gobierno y organizaciones civiles se logra recaudar comida y fondos para el mantenimiento del albergue.

“Si cada quien jala por su lado esto no funciona, no se trata de pelear ni desmostar quién es más fuerte, sino unirse, poner nuestro granito de arena cada uno desde su trinchera”.

A sus casi 40 años se dice feliz y con proyectos e ideas para ayudar y formar nuevos grupos y generaciones de jóvenes de apoyo a las y los migrantes.

Comer o buscar

* María Antonia Márquez, madre de Nadia, relata que en ocho años y medio de buscar justicia ha gastado cerca de 300 mil pesos. Agrega que desde la denuncia del crimen viajó tres veces por semana a Cuautitlán, Toluca o Tlalnepantla, gastando por día 200 pesos en pasajes y alimentos. Además tuvo que pagar 5 mil 400 pesos por las copias del expediente de su hija, de 3 mil 600 fojas. La copia de cada foja le costó 1.50 pesos. “Al inicio contraté a dos abogados; al primero le di un adelanto de 15 mil pesos y al segundo de 8 mil. Ambos abandonaron el caso”, detalla.

 

Gladis Torres Ruiz/ Cimac

Al buscar a sus seres queridos y realizar trámites judiciales, madres de mujeres desaparecidas empeñan hasta sus vidas con tal de lograr justicia.

Además de la negligencia del personal judicial en México para resolver las desapariciones y asesinatos de mujeres, las familias de las víctimas –en su mayoría de escasos recursos– tienen que lidiar con los fuertes gastos que implica el acceso a la justicia.

Al pago de abogadas o abogados que coadyuven en las investigaciones, se suman los costos de peritajes externos, amparos y copias de expedientes, así como los viáticos de las familias al buscar a sus hijas desaparecidas, o por los traslados a los juzgados o agencias del Ministerio Público (MP).

En el colmo, hay madres de víctimas que deben pagar hasta la comida y los saldos de celular de los agentes judiciales asignados a los casos.

Toda esa erogación suma en promedio al menos 300 mil pesos por familia, cifra que se multiplica según la complejidad del caso y la dilatación de las pesquisas, explican defensoras de Derechos Humanos.

El costo monetario de la justicia para las mujeres víctimas de violencia “es muy alto y nadie lo ve”, advierte Irma Villanueva, coordinadora del área jurídica del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Cedehm) de Chihuahua.

“No se habla tampoco de la pérdida de sus empleos, los gastos de comida y transporte, la desatención de las madres a sus otras hijas o hijos, nietas y nietos, así como el desgaste físico y emocional. Todo eso permanece en el anonimato”, critica la abogada.

El escenario se repite en prácticamente todo el país, donde las desapariciones de mujeres, el feminicidio y la impunidad judicial son el pan de cada día.

El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) reporta que de enero de 2010 a junio de 2011, mil 235 mujeres fueron asesinadas en México por razones de género.

Entre 2005 y 2011, en el Estado de México –entidad emblemática de la violencia contra las mujeres– el OCNF registró 922 víctimas de feminicidio.

En Chihuahua, tan sólo en 2010 hubo 600 casos de feminicidio, según organizaciones civiles. La abogada Irma Villanueva precisa que de 2007 a 2008, en la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género, se tenían 17 mil 700 carpetas de investigación, y que de ellas únicamente 531 fueron consignadas ante un juez.

“La mayoría de las mujeres víctimas de violencia no tiene idea de cómo presentar una denuncia, por ello muy pocos expedientes avanzan si no conocen el proceso judicial y cómo vigilar el trabajo del MP; por eso necesitan abogadas y abogados que las apoyen”, destaca. Tampoco las mujeres tienen dinero para seguir los trámites por lo que los casos se quedan “congelados”, lamenta.

 

Barril sin fondo

 

Villanueva detalla que contratar una abogada o abogado que coadyuve ante el MP en un caso de violencia de género cuesta entre 80 mil y 100 mil pesos.

Yuridia Rodríguez, defensora del OCNF, comenta que en el caso de Nadia Alejandra Muciño Márquez, víctima de feminicidio en el Edomex en 2004, se interpusieron siete amparos, cada uno por un costo de 7 mil pesos, por lo que la suma ascendió a 49 mil pesos.

María Antonia Márquez, madre de Nadia, relata que en ocho años y medio de buscar justicia ha gastado cerca de 300 mil pesos. Agrega que desde la denuncia del crimen viajó tres veces por semana a Cuautitlán, Toluca o Tlalnepantla, gastando por día 200 pesos en pasajes y alimentos. Además tuvo que pagar 5 mil 400 pesos por las copias del expediente de su hija, de 3 mil 600 fojas. La copia de cada foja le costó 1.50 pesos. “Al inicio contraté a dos abogados; al primero le di un adelanto de 15 mil pesos y al segundo de 8 mil. Ambos abandonaron el caso”, detalla.

Otro ejemplo: la madre de una joven de 21 años desaparecida en 2011 en el municipio mexiquense de Atizapán –que pidió se resguardara su identidad–, reporta que en año y medio de búsqueda ha gastado más de 200 mil pesos.

Entre los gastos de ida a las Unidades de Atención a Víctimas del Delito, viajes al interior del país e incluso al extranjero para dar con el paradero de su hija, y el pago de un peritaje externo, la madre también tuvo que pagar mil pesos al día en comidas, gasolina y crédito de celular a los agentes ministeriales.

“Al no ver resultados, contraté un detective privado que trabajó dos meses y también le pagaba mil pesos por día”, reclama.

Ante la inacción de las autoridades por la desaparición de Esmeralda Castillo Rincón, el 19 de mayo de 2009 en Ciudad Juárez, sus padres tuvieron que viajar en marzo pasado al DF para buscar a la adolescente en La Merced

La familia vendió hamburguesas en la calle para costear el traslado, ya que el padre (enfermo de cáncer) perdió el empleo en la búsqueda de su hija y la madre, por su edad, ya no consigue trabajo.