Conciencia líquida

* En el municipio de Malinalco, con 25 mil 610 habitantes y situado en el Estado de México, vecino al Distrito Federal donde se asienta la capital, funciona una escuela del agua, centrada en rescatar la cuenca del río San Miguel y mejorar el manejo de las aguas negras (fecales) y grises (provenientes de la actividad doméstica).

 

Emilio Godoy/ IPS

Las llamadas escuelas del agua, espacios de formación e información sobre el recurso y su vínculo con el ambiente, el género y el cambio climático, pueden servir para fortalecer la conciencia sobre su adecuado manejo en México, cuando el país enfrenta una intensa sequía.

En varias localidades mexicanas se han establecido en los últimos años proyectos de este tipo, especialmente en sitios donde el agua escasea y donde se requieren medidas para un uso más eficiente.

“Nos capacitamos para entender la relación entre agua y género, para incidir en las políticas públicas. Logramos elaborar un diagnóstico de la problemática en las regiones de incidencia y luego una agenda en políticas hídricas”, indicó a IPS la presidenta de la organización no gubernamental Calmécac, Araceli Díaz.

La organización tomó el nombre de los centros de formación de la antigua nobleza azteca y en 2011 instaló una escuela del agua en la ciudad de Taxco, en el estado de Guerrero y a 152 kilómetros al sur de Ciudad de México, con la participación de promotores sociales de 12 municipios circunvecinos.

Esa región suroccidental padece una carencia crónica de agua y la contaminación de sus fuentes debido a la actividad de la minería de oro y plata, y por ello requiere de especiales acciones de conservación y saneamiento.

En general, México es altamente vulnerable en materia hídrica, debido a los efectos del cambio climático, que a mediano y largo plazo amenazan la disponibilidad del recurso, con impactos negativos sobre la alimentación, la agricultura, la salud humana y la biodiversidad, según subrayan expertos académicos y de la sociedad civil.

Al menos 100 de los 653 acuíferos existentes en el país están sobreexplotados, a lo que se suman problemas de contaminación.

Las escuelas del agua surgieron la década precedente en varios países de América Latina, ante la situación crítica del recurso, y buscan educar a las comunidades sobre su valor e instruirlas en usos eficientes y racionales. Además, introducen nuevos hábitos de reciclaje, reutilización y tratamiento.

También abordan el nexo entre el agua y las mujeres, puesto que en muchas comunidades son ellas las responsables de su abastecimiento, conservación y distribución, en especial allí donde el líquido escasea.

Estas experiencias, sustentadas en lo local, “son acercamientos importantes, valiosos, porque se capacita a escala local. Cada contexto local tiene una problemática muy distinta”, dijo a IPS la especialista Edith Kauffer, del público Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social.

Pero “tendría que haber construcción de capacidades locales y además mucho trabajo desde las políticas gubernamentales, porque son cosas complementarias”, planteó la investigadora, residente en la ciudad de San Cristóbal de las Casas, en el sureño estado de Chiapas.

“La solución no se encuentra solamente en manos de la sociedad civil. También los gobiernos tienen un papel”, remarcó.

Desde 2011, el centro y el norte de México son golpeados por una sequía que ha acarreado importantes daños en la agricultura y la ganadería. De hecho, varios estudios presagian a largo plazo una zona norte bajo estrés hídrico.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía indica que 30 por ciento de las viviendas carecen de agua potable entubada (corriente, por tubería) y otro 15 por ciento la reciben cada tres días por otras vías.

En el municipio de Malinalco, con 25 mil 610 habitantes y situado en el Estado de México, vecino al Distrito Federal donde se asienta la capital, funciona una escuela del agua, centrada en rescatar la cuenca del río San Miguel y mejorar el manejo de las aguas negras (fecales) y grises (provenientes de la actividad doméstica).

“Hacemos trabajo comunitario con la población para concienciarla sobre la contaminación de los cuerpos de agua. La clave ha sido el trabajo comunitario, hacer hincapié a la población en que si contaminamos el agua, nos estamos matando”, dijo a IPS su coordinadora, Macaira Vera.

La iniciativa impulsó la instalación de 125 biodigestores (colectores herméticos de desechos orgánicos) familiares y la construcción de cuatro plantas comunitarias para tratar las aguas residuales, que antes terminaban en el río.

Además, funciona un consultorio del agua para ayudar a la población a resolver situaciones específicas sobre su manejo.

Cada colector sirve a 18 familias y cada planta tiene una capacidad de procesamiento de 1,5 litros por segundo. Además, la organización analiza mensualmente la calidad del agua, en las plantas comunales y en los pozos a lo largo del efluente.

Degradado por los vertidos residuales y la contaminación de fertilizantes químicos, San Miguel es el eje del trabajo de la escuela, que identificó 125 descargas de aguas residuales al río en 2008.

“Nos propusimos tratar de difundir estos temas en la agenda pública, formamos algunas redes virtuales para estar en comunicación y tratar de incorporarnos a los espacios donde se discuten estos temas y se toman decisiones”, sostuvo Díaz.

El diagnóstico de Calmécac halló problemas en la disponibilidad y abastecimiento de agua, contaminación grave, infraestructura de distribución obsoleta y ausencia ciudadana en los espacios de toma de decisiones.

La organización busca fondos para instalar un sistema de tratamiento de aguas residuales mediante humedales y promueve las ecotecnias, tecnologías protectoras del ambiente, como la recolección de agua de lluvia y el reciclaje.

Además, impulsa la agricultura en huertos familiares, “para que la gente cambie los hábitos de consumo y aprenda a generar sus propios alimentos” y la siembra de hortalizas con el método de hidroponía, basado en el uso de soluciones minerales en vez de tierra convencional, detalló la presidenta de Calmécac.

“Las prioridades son el acceso a agua entubada, la calidad del agua y los enormes rezagos en el tratamiento de aguas residuales. Prácticamente no hay río que no esté contaminado”, dijo Kauffer, quien investiga las cuencas transfronterizas entre México, Guatemala y Belice, en la frontera sur.

Chiapas, uno de los estados más pobres del país y pródigo en recursos hídricos, cuenta con al menos 24 plantas de tratamiento de aguas residuales, pero la mitad operan de forma deficiente.

“Ha disminuido la contaminación, pero el principal problema es la basura. Hay menos basura inorgánica, pero hay más residuos orgánicos. Hay escasez de agua, no porque no haya suficientes manantiales, sino más bien por la mala distribución de la red, que es muy vieja”, sostuvo Vera.

La Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas aprobó en 2010 una resolución donde se reconoce el acceso al agua como derecho humano básico, que adquirió naturaleza vinculante por una resolución del Consejo de Derechos Humanos del organismo.

Las naciones adherentes están obligadas reformar sus legislaciones para respetarlo, pero México aún no adapta la Ley General de Aguas a esta norma intergubernamental.

Defensoras en el exilio

* Tras más de una década de lucha y ante la inacción del Estado mexicano para proteger a las defensoras de derechos humanos, la organización pionera en investigar el feminicidio en la fronteriza y norteña Ciudad Juárez dejará de operar en el país, para continuar sus labores desde el exterior.

 

Gladis Torres Ruiz/ IPS/ CIMAC

Por la ola de ataques en su contra, las fundadoras de la organización humanitaria Nuestras Hijas de Regreso a Casa decidieron dejar México y operar limitadamente desde el exilio.

Tras más de una década de lucha y ante la inacción del Estado mexicano para proteger a las defensoras de derechos humanos, la organización pionera en investigar el feminicidio en la fronteriza y norteña Ciudad Juárez dejará de operar en el país, para continuar sus labores desde el exterior.

“Sí, me voy, pero voy a seguir en la lucha donde quiera que yo esté. No me voy a quedar callada porque el gobierno tiene una deuda con mis hijos a quienes les quitó a su madre”, advierte Norma Andrade, una de las fundadoras de la organización y quien en menos de tres meses ha sufrido dos atentados.

Andrade y su familia recalcan que ante la impunidad que padecen por la ola de ataques y amenazas, recrudecida en su contra desde 2008, abandonan el país.

Andrade, junto con su hija Malú García Andrade y Marisela Ortiz, fundó Nuestras Hijas de Regreso a Casa, en 2001. Las tres han sido intimidadas, perseguidas y amenazadas de muerte, al igual que sus familias.

Ortiz abandonó el país en febrero de 2011 y García Andrade salió de Juárez en marzo del mismo año, pero tuvo que regresar a la ciudad fronteriza con Estados Unidos en diciembre pasado, luego del primer ataque contra su madre.

Con el exilio anunciado de madre e hija la organización ha quedado sumamente mermada.

 

Desmanteladas

 

“La organización quedará desmantelada. De hecho ya estamos desarticuladas”, lamenta Andrade. Relata que a partir de 2008, con las primeras amenazas contra su hija y Ortiz, decidieron trabajar menos en gestiones jurídicas y legales para acelerar los procesos de las víctimas y concentrarse en la gestión social.

“Desde 2008 empezamos a trabajar más en lo social, y lo jurídico lo hacíamos de bajo perfil; ya no tenemos oficinas. Marisela, desde donde se encuentra, se encarga de algunas actividades”, detalla la activista.

Añade que además “en Juárez tenemos enlaces para implementar el ‘Proyecto la Esperanza’, que consiste en talleres para madres de mujeres desaparecidas o asesinadas”.

Desde su creación, la organización ha recibido al menos 30 amenazas y hostigamientos, y sus oficinas fueron allanadas por desconocidos que sustrajeron documentos y computadoras con información sobre su trabajo, pero nada se investigó.

Por eso, desde 2008 decidieron no tener oficinas fijas, aunque cada integrante ha realizado su trabajo por separado.

Ante el peligro que corrían las activistas, el 13 de junio de 2008 la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) pidió al Estado mexicano garantizar su vida e integridad física y la de sus familias, a través de medidas cautelares.

 

Su historia

 

Andrade es madre de Lilia Alejandra García, una joven de 17 años y madre de dos menores de edad, que desapareció el 14 de febrero de 2001, y cuyo cuerpo fue encontrado con rasgos de tortura sexual el 21 de febrero siguiente, en un lote baldío aledaño a la avenida Tecnológico y Ejército Nacional, en Juárez.

Desde entonces y en demanda de justicia, la organización -integrada principalmente por madres de jóvenes desaparecidas y asesinadas– ha denunciado nacional e internacionalmente los asesinatos de mujeres en esa urbe, convirtiéndose en un referente de ayuda y rehabilitación para las sobrevivientes de violencia.

Uno de sus logros más importantes fue recurrir junto con otras organizaciones civiles ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para denunciar los asesinatos de mujeres ocurridos en el Campo Algodonero, en Juárez.

El máximo tribunal de justicia americano condenó al Estado mexicano por no proteger la vida de la población femenina.

También presentó ante la CIDH, en 2002, los casos de Lilia Alejandra Andrade y de Silvia Elena Rivera; ambos en espera de ser admitidos para su análisis.

 

Acoso sin fin

 

En 2011, Nuestros Hijas de Regreso a Casa denunció más de 200 raptos de niñas y adolescentes, presuntamente vinculados a redes de trata de personas. Andrade trabajaba en esos expedientes cuando arreciaron las agresiones en su contra.

A principios de ese año Malú García reveló la existencia de una red de trata que opera en el centro de Juárez, y a la que responsabilizó de la desaparición de decenas de jóvenes.

Dijo entonces contar con informes de mujeres que tras su desaparición fueron vistas en burdeles de Puebla, Tlaxcala y Tijuana.

Agregó que los resultados de estas investigaciones se darían a conocer el mismo año, pero salió de Juárez luego de que el 17 de febrero de 2011 unos desconocidos quemaron el techo de su casa.

Sucedió mientras participaba en un acto de apoyo a la familia Reyes Salazar, otros defensores de derechos humanos agredidos.

Andrade recuerda que no solo ella ha sufrido agresiones; también activistas como Irma Pérez, Eva Arce, Ramona Morales, Cipriana Jurado y Benita Monárrez.

Esta última fue una de las primeras en dejar el país y refugiarse en la ciudad estadounidense de Los Ángeles. “Y una de terca y aferrada que quiere seguir en su país. Hasta que ve las consecuencias”, apunta la defensora.

“La realidad es que no hay ninguna protección para las y los defensores; el 14 de febrero se cumplieron 11 años de buscar justicia para mi hija y 11 viviendo acosada todo el tiempo y protegiendo la vida”, advierte Norma Andrade.

 

El objetivo del acoso

 

El hostigamiento, amenazas y violencia contra las defensoras de derechos humanos en México, tiene como objetivo obligarlas a renunciar a su tarea humanitaria, según se desprende de un diagnóstico sobre los riesgos que afrontan las activistas en el ejercicio de su labor.

“En algunas ocasiones, las agresiones logran su cometido y las defensoras dejan completamente su trabajo o sus organizaciones se desintegran”, se asienta en el estudio “Defensoras de Derechos Humanos en México; diagnóstico 2010-2011 sobre las condiciones y riesgos que enfrentan en el ejercicio de su trabajo”.

La investigación realizada por las organizaciones civiles Red Mesa de Mujeres, Asociadas por lo Justo, y Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad, establece que el impacto de esta violencia no sólo las afecta a ellas.

También son víctimas de ella sus familias y los movimientos sociales, que ven disminuida su capacidad y condiciones para avanzar en sus agendas y propuestas a favor de los derechos humanos.

El Diagnóstico 2010-2011 señala que 84 por ciento de las defensoras entrevistadas afirmó que uno de los principales impactos que tiene la violencia en su contra es el daño emocional.

Este surge tanto por el miedo como por la suma de acciones y desgastes que implican defenderse a sí mismas, al tiempo que mantienen su trabajo de defensa y promoción de los derechos humanos.

El estudio explica que en casos extremos, la violencia las obliga a desplazamientos forzados y al cambio de residencia, ya sea en otra ciudad del país o incluso del extranjero.

En el diagnóstico se advierte que cada vez que una organización cierra, o un movimiento se desarticula, se produce un daño mayúsculo en las personas beneficiarias de su trabajo, así como en los procesos democráticos de cada comunidad y del país.

“El trabajo a favor de los derechos humanos de las mujeres es un bien social que todavía no se ha valorado en su justa dimensión; no apoyar a las defensoras reproduce la cultura de violencia y discriminación de género”, concluye el documento.

 

*Este artículo fue publicado originalmente por la agencia mexicana de noticias Comunicación e Información de la Mujer AC, Cimac.(FIN/2012)

Entre el éter e internet

* La ley mexicana no reconoce a las radios comunitarias como medios de comunicación. Los permisos otorgados a regañadientes a una treintena de emisoras no autorizan ninguna forma de venta de publicidad, lo que las coloca en desventaja ante las concesionarias públicas y privadas, explicó a IPS la integrante del área jurídica de Amarc México, Gisela Martínez.

 

Daniela Pastrana/ IPS

Amecameca. En este pueblo siempre hace frío. Está enclavado en la Sierra Nevada, a más de 2 mil 400 metros sobre el nivel del mar y en las faldas del activo volcán Popocatépetl, a 55 kilómetros de la capital de México.

Aquí, en el límite entre tres estados del centro de este país –Morelos, Puebla y México– viven 30 mil personas, y otras 20 mil se reparten en varias comunidades del municipio. Cualquier habitante da señas de La Voladora, la radioemisora que en 2011 llevó a la Suprema Corte de Justicia un litigio contra el Estado y ganó una importante batalla jurídica para asegurar la libre expresión.

La Voladora es una de las emisoras comunitarias con mayor impacto en este país, y ha consolidado además un proyecto de comunicación por internet.

“Hace algunos años la señal por internet era un plus (sic), pero ahora se ha convertido en algo fundamental porque tenemos muy buena audiencia pero, además, nos ha permitido trascender, romper lo encajonados que estamos con la potencia que tenemos”, dijo a IPS su directora, Verónica Galicia.

“Estamos llegando a otro tipo de audiencias que no necesariamente están en la comunidad”, explicó Galicia, licenciada en letras de 32 años, que ha dedicado la tercera parte de su vida a la radio comunitaria.

La Voladora nació en octubre de 2000, junto con otras emisoras libres que se crearon durante la huelga de estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México de 1999.

Al principio solo transmitía los domingos desde el kiosco del pueblo, y cubría apenas unas cuadras de la comunidad. Pero en 2003, el Popocatépetl tuvo una intensa actividad y una información equivocada difundida por la principal televisora del país provocó pánico en la comunidad, que entendió la importancia de tener una radio propia y cercana.

La Voladora inició emisiones diarias en la casa de cultura, hasta que las elecciones de ese año generaron un cambio en la administración municipal, y el nuevo alcalde, del conservador y gobernante Partido Acción Nacional, la consideró “proguerrillera”, pues tenía una línea temática favorable a los movimientos sociales, los derechos humanos y el ambiente.

En mayo de 2005, tras un largo y tortuoso proceso de negociación que incluyó amenazas, órdenes de aprehensión e intentos de desalojo, los impulsores del proyecto consiguieron, con apoyo de la sección mexicana de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (Amarc), un permiso para operar siete años con 300 vatios de potencia en la ubicación 97.3 FM.

“En teoría tendríamos que estar cubriendo 11 municipios. Pero cuando nos dieron el permiso, la frecuencia ya estaba ocupada por una radio concesionaria del estado de Morelos, que tiene más de 31 mil vatios de potencia”, explicó Galicia.

Un año más tarde, el país se vio sacudido por unos comicios denunciados como fraudulentos, y movilizaciones de campesinos de San Salvador Atenco, cercano a la capital, y de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca y del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, en el sur del país, dieron pie a un nuevo ataque a las radios comunitarias.

La Voladora sufrió un asalto y sus integrantes fueron amenazados de muerte. La denuncia radicada en la Fiscalía Especial de Agresiones contra Periodistas nunca prosperó.

“Jamás conocimos bien a bien nuestro expediente”, dijo Galicia. “Cooperamos hasta donde pudimos, hicimos lo que teníamos que hacer para que se diera con los responsables de las amenazas, y la autoridad no respondió”, sostuvo.

La ley mexicana no reconoce a las radios comunitarias como medios de comunicación. Los permisos otorgados a regañadientes a una treintena de emisoras no autorizan ninguna forma de venta de publicidad, lo que las coloca en desventaja ante las concesionarias públicas y privadas, explicó a IPS la integrante del área jurídica de Amarc México, Gisela Martínez.

En 2009, la emisora solicitó a la Secretaría de Salud que contratara con ella la emisión de sus campañas de comunicación social. Ante la negativa, recurrió al amparo de la Suprema Corte. En su fallo de julio de 2011, el máximo tribunal ordenó al ministerio entregar una nueva respuesta a la radio y asegurar la asignación de publicidad oficial bajo criterios equitativos.

En la Voladora trabajan voluntariamente 30 personas para mantener transmisiones de 24 horas, y cada una aporta ocho dólares por mes. Tienen un sistema de patrocinios de personas, comercios e instituciones de la comunidad y organizan rifas y festivales de rock para financiarse. “Nunca alcanza”, dijo Galicia.

En 2007 nació lavoladora.net, concebida como complemento de la emisora y que acabó dándole un giro importante. Ahora tiene podcasts http://podcast.lavoladora.net/, programas grabados en archivos de audio que pueden bajarse de la red, televisión por Internet y una fuerte presencia en redes sociales.

“Lo más difícil ha sido mantener la Voladora TV”, explicó Galicia. “No somos gente con una profesión de radio; estudiamos otras cosas, si es que estudiamos, pero la gente que hace la radio es gente que hace pan o el jubilado del sindicato de electricistas”, ejemplificó.

“Nos preocupa mucho”, agregó. “La tecnología va avanzando y tenemos que estar viendo cómo hacemos para irle alcanzando el paso”.

El colectivo cuenta con capacitaciones frecuentes y obligatorias de radiodifusión, periodismo y nuevas tecnologías. Sin embargo, y a pesar de la aceptación de la emisión por Internet, la apuesta sigue siendo el éter.

“Internet tiene un limitante, porque el sector de influencia es la comunidad”, sostuvo Galicia. “El don del bici taxi, el señor carnicero, el ama de casa no necesariamente pueden tener computadora o no tienen Internet. La legitimidad de la radio la da la comunidad”.

La Voladora tiene otros desafíos. Su permiso para operar vence en mayo y, si bien hace un año tramita su ratificación, no hay certeza de que la obtenga, pues no hay un procedimiento público y transparente para la asignación de permisos.

“No tendrían por qué decirnos no”, dijo Galicia. “Vamos a esperar a que nos notifiquen, pero nos ratifiquen o no el permiso, la decisión de la asamblea es continuar con el proyecto de la radio”.

 

* Artículo producido con apoyo de la Unesco.

“Halcones” abandonan bandada ante amenaza de guerra

* “Con seguridad, un ataque contra Irán unirá al pueblo iraní alrededor de los mulá y hará que el líder supremo redoble los esfuerzos para obtener capacidad nuclear, solo que a mayor profundidad bajo tierra y sin inspectores internacionales”.

 

Jim Lobe/ IPS

El ensayista británico Samuel Johnson (1709-1784) escribió que, cuando un hombre sabe que va a ser ahorcado, logra concentrarse de una forma maravillosa. Lo mismo podría aplicarse a los “halcones” en Estados Unidos, cuando ven que la idea de una guerra con Irán se hace más real.

La amenaza de Teherán de bloquear el estratégico estrecho de Ormuz acrecentó los temores de un conflicto bélico, mientras Israel habla de atacar instalaciones nucleares iraníes y continúa la escalada de sanciones económicas internacionales contra la República Islámica.

La tensión aumentó también este mes con el asesinato –en un atentado al parecer orquestado por la agencia de inteligencia israelí Mossad– del científico iraní Mustafa Ahmadi Roshdan, quien supervisaba la planta de enriquecimiento de uranio de Natanz. Se trató del quinto homicidio de un científico iraní en los últimos dos años.

Como si fuera poco, candidatos presidenciales del opositor Partido Republicano de Estados Unidos hicieron belicosas declaraciones contra Teherán, deseosos de mostrarles a los votantes fundamentalistas cristianos y judíos su amor por Israel, mientras la influyente revista Foreign Affairs publicó un artículo titulado “Hora de atacar a Irán. Por qué el ataque es la opción menos mala”.

El artículo fue escrito por Matthew Kroenig, quien acaba de terminar un periodo de anónimo analista estratégico en el Departamento (ministerio) de Defensa. En él aboga por una ofensiva aérea limitada y cuidadosamente calibrada contra las instalaciones nucleares iraníes y sus defensas antiaéreas.

Sin embargo, en el marco de la arenga a favor de una guerra, varias figuras de la elite de política exterior, incluidos varios destacados “halcones” (ala más belicista de Washington) que en su momento apoyaron la invasión a Iraq, ahora aconsejan a Estados Unidos e Israel frenar la escalada de amenazas.

“Otra vez tenemos esta terrible actitud”, escribió Leslie Gelb, presidente emérito del Consejo de Relaciones Exteriores, influyente centro de estudios en política exterior que publica Foreign Affairs, y llamó a realizar sesiones en el Senado para analizar las consecuencias de la guerra en Iraq.

“Como antes, estamos dejando que un montón de ignorantes, políticos torpes y especialistas en asuntos exteriores politizados hagan ultimátums. Como antes, estamos dejando que nos conduzcan rápidamente hacia una guerra”, dijo este arrepentido partidario de la invasión a Iraq, refiriéndose al coro de neoconservadores y otros halcones con quienes estuvo alineado.

Por su parte, el ex analista de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) Kenneth Pollack, cuyas opiniones han sido frecuentemente citadas por los halcones, escribió en The New Republic que no solo había que frenar la escalada, sino que el camino de las sanciones seguido por el gobierno de Barack Obama y la Unión Europea estaba resultando contraproducente.

Pollack, de la Brookings Institution, es autor del libro “The Threatening Storm: The Case for Invading Iraq” (La tormenta amenazante: los argumentos para invadir Iraq), de 2002, obra de referencia para los halcones antes de la guerra contra ese país de Medio Oriente.

“El problema es que las sanciones (contra el Banco Central de Irán) tienen tanto potencial dañino que pueden ser contraproducentes”, escribió, mencionando su posible impacto negativo sobre las atribuladas economías de Occidente y la dificultad de mantenerlas si causaran una catástrofe humanitaria como la que sufrió Iraq desde 1992 y hasta la invasión de 2003.

“Cuanto más añadimos tensión con Irán, más responderá ese país, y la forma en que le gusta hacerlo puede derivar en una escalada no planeada. Sin duda, una guerra afectará mucho, mucho más a Irán que a nosotros. Pero también será dolorosa para nosotros, y puede durar más de lo que todos quieren”, añadió.

Otra influyente figura entre los halcones liberales, Anne-Marie Slaughter, profesora de la Universidad de Princeton, señaló en el sitio web Project-syndicate-org que Occidente e Irán estaban en un juego peligroso. Estados Unidos y la Unión Europea ponen a Teherán en la disyuntiva de “retractarse públicamente, cosa que no hará, o aumentar sus provocaciones”, sostuvo.

“Cuanto más amenace Occidente públicamente a Irán, más fácilmente los líderes iraníes podrán presentar a Estados Unidos como el Gran Satán frente a sectores de la población iraní que en los últimos tiempos han tratado de considerar a este país como su amigo”, escribió Slaughter, quien renunció como directora de planificación de políticas en la oficina de la secretaria de Estado (canciller), Hillary Rodham Clinton.

“Es hora de que prevalezcan cabezas más frías, con una estrategia que ayude a Irán a retroceder”, añadió, sugiriendo que podría reactivarse el abortado esfuerzo de mediación de Turquía y Brasil, de 2010.

Otro halcón que apoyó la guerra en Iraq, Bill Keller, columnista en el periódico The New York Times, arremetió contra el artículo de Foreign Affairs, asegurando a sus lectores que excolegas de Kroenig en el Pentágono “estaban bastante sorprendidos por lo que había escrito”

El artículo de Kroenig, sostuvo, “combina el alarmismo de una amenaza nuclear de Irán con la más optimista idea de que Estados Unidos es capaz de mejorar las cosas”.

A diferencia de los pronósticos de Kroenig, Keller escribió: “Con seguridad, un ataque contra Irán unirá al pueblo iraní alrededor de los mulá y hará que el líder supremo redoble los esfuerzos para obtener capacidad nuclear, solo que a mayor profundidad bajo tierra y sin inspectores internacionales”.

“En el Pentágono, a veces lo escuchas planteado de esta manera: Bombardear a Irán es la mejor forma de lograr exactamente lo que queremos evitar”, añadió.

En una respuesta a Kroenig titulada “No es hora de atacar a Irán”, Colin Kahl, quien trabajó hasta diciembre en el Pentágono como jefe de políticas para Medio Oriente, arguyó que el escenario de un conflicto limpio y calibrado era un espejismo. “Una guerra contra Irán sería extremadamente violenta y un desastre, con una cantidad significativa de consecuencias y de víctimas”, alertó.

Entre otras objeciones, Kahl, del neoconservador Center for a New American Security, advirtió que un ataque preventivo contra Irán podría derivar en una guerra regional, consolidar el apoyo popular al régimen y transformar el discurso popular de la Primavera Árabe en uno decididamente antiestadounidense.

Eslavos esclavizados

*Más de 200 obreros extranjeros trabajaron desde inicios de este año en las lujosas villas que ocuparían los gobernantes que asistieran a la cumbre del Liga Árabe, pero la construcción se detuvo en abril por la Primavera Árabe que conmociona a toda la región y que obligó a suspender el encuentro. Pero 35 trabajadores se quedaron.

 

Rebecca Murray/ IPS

Bagdad. Trabajadores ucranianos y búlgaros acampan en una lujosa obra en construcción de la Zona Verde de Bagdad –un recinto seguro que alberga oficinas gubernamentales y diplomáticas– en reclamo de salarios impagos antes de que los embarquen de vuelta a sus países.

Aunque la Constitución iraquí de 2005 prohíbe la trata de personas, este país no tiene leyes contra el tráfico humano. Desde 2008 un grupo interministerial viene negociando un proyecto de ley para someterlo al parlamento.

Más de 200 obreros extranjeros trabajaron desde inicios de este año en las lujosas villas que ocuparían los gobernantes que asistieran a la cumbre del Liga Árabe, pero la construcción se detuvo en abril por la Primavera Árabe que conmociona a toda la región y que obligó a suspender el encuentro.

Pero 35 trabajadores se quedaron, desesperados por los salarios que no recibieron. Apiñados en el rudimentario edificio en el que viven y duermen, no tienen permiso de trabajo y escasa comida y agua en el tremendo calor del verano iraquí.

En la cerca que rodea la abandonada obra en construcción colocaron hace un par de semanas un cartel que es una imploración en defectuoso inglés: “Por favor ayuda estamos en problemas”. “SOS trabajadores ucranianos”.

El Salar Industrial Group, la empresa constructora turca contratada para realizar el proyecto y el cinco estrellas Baghdad Hotel, retiró los carteles e insiste en que les sigue suministrando alimentos sólo por “razones humanitarias”.

Yuri, uno de los obreros ucranianos, sostiene que la subcontratista kurda Noble House los trasladó a Bagdad prometiéndoles salarios mensuales de 2 mil 500 dólares. La mayoría de los hombres, desempleados que tienen familias a su cargo en un país con una economía en recesión, aceptaron sin dudar.

En enero ingresaron a Iraq por el norte en autobús, y allí los contactaron representantes de Salar. Les estamparon en sus pasaportes una visa de turista de 15 días y firmaron contratos por salarios más bajos que los prometidos. Durante cuatro meses trabajaron entre 12 y 16 horas diarias, dijo Yuri.

“Todos los meses nos decían que nos pagarían, pero después nos dijeron esperen, tenemos problemas, no hay dinero, y luego otra vez: no hay dinero, mañana, mañana…”

La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) los encontró el 4 de este mes y organizó una campaña para que les entreguen indemnizaciones y para que el gobierno iraquí adopte leyes laborales.

“Queremos que el gobierno se ocupe realmente, tanto el Ministerio de Trabajo como la policía”, dijo la representante de la OIM, Livia Styp-Rekowska. “Espero que el gobierno pueda presionar a la empresa para que indemnice a los trabajadores”.

Pero el gerente de Salar en Iraq, Ymer Ocac, sostiene que Noble House se fugó con un adelanto de más de un millón de dólares y niega que su empresa sea responsable de las acciones de la subcontratista. La mayoría de los trabajadores iniciales regresaron a sus países sin deudas, alega.

El investigador Samer Muscati, de Human Rights Watch (HRW), no está de acuerdo. “Que uno subcontrate parte del trabajo no quiere decir subcontrata su responsabilidad de lo que pase, especialmente con los trabajadores… Debe haber normas que el gobierno iraquí pueda aplicar para enfrentar a quien incurra en fraude y explotación”, dijo.

El viceministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Dara Hassa Rashid, se manifestó conmocionado por el caso de los ucranianos, y pidió que fuera presentado formalmente ante su cartera. “Eso se llama trata de personas… la corrupción está por todos lados”, dijo.

“Esto es ilegal según las leyes iraquíes y los procedimientos para obtener permisos de trabajo”, dijo el viceministro. “La empresa Salar es responsable de este contrato. Son ellos quienes lo firmaron y han violado la ley de este país. Deberían haber enviado a su subcontratista al ministerio. El contratista debe pagar un seguro nacional. Están incurriendo en ilegalidad al no pagar”.

La cartera estima que el desempleo iraquí ronda el 15 por ciento, si bien el subempleo podría ser tres veces superior.

El tráfico y trata de personas floreció en este país en los años de violencia devastadora y caos que caracterizó la ocupación estadounidense, iniciada en 2003. Se produjo entonces un masivo flujo de contratistas y abundante oferta de mano de obra extranjera y barata, sobre todo del sudeste asiático, así como de Europa oriental y África.

En junio, 41 obreros de la construcción srilankeses amenazaron con suicidarse en masa en el sur de Iraq cuando llevaban más de dos años trabajando sin salario para un empleador libanés. El gobierno intervino, los obreros recibieron 3 mil dólares cada uno y volvieron a su país.

Un informe publicado el año pasado por la Misión de Asistencia de las Naciones Unidas en Iraq y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos efectuó una descripción del fenómeno.

“Las agencias fraudulentas de empleo en los países de origen de los trabajadores migrantes, los empleadores inescrupulosos en Iraq, las instituciones iraquíes sobrepasadas o incapaces de reaccionar y la ausencia de representaciones diplomáticas de los países de donde provienen los trabajadores contribuyen a un ambiente de abuso y explotación de los trabajadores extranjeros”, dijo el reporte.

Si bien es difícil contar con estadísticas, la OIM estima que cada año hasta 800 mil personas son víctimas de trata humana internacional, y muchas más lo son dentro de fronteras nacionales.

La explotación sexual sobre todo de mujeres iraquíes también está en alza, tanto dentro de este país como hacia dos mayores destinos: Siria y los estados del Golfo.

En reacción a las crecientes denuncias sobre la trata humana, el gobierno jordano y la OIM organizaron una conferencia internacional para los países de la Liga Árabe en la pasada primavera boreal que se constituyó en punto de partida para adoptar una estrategia regional contra el tráfico y la explotación, incluyendo el desarrollo de una base de datos y la coordinación de medidas nacionales para identificar y proteger a las víctimas.

Pero para trabajadores explotados como los ucranianos y búlgaros que denunciaron sus penurias en sus embajadas hace meses, hablar no es suficiente.

“Debe haber forma de recurrir a las normas iraquíes para mitigar este problema”, dijo Muscati, de HRW. “Lamentablemente, el gobierno está tanto incapacitado como desinteresado para hacer frente a las denuncias de los trabajadores migrantes. Esto lleva a todo el problema de la trata… El gobierno debe tomar esto con más seriedad”.

El abuso comienza por casa

* En Guatemala, el abuso de menores ha alcanzado dimensiones exorbitantes. Solo el año pasado, 11 mil 356 niños fueron víctimas de abuso sexual, 7 mil 2 de maltrato físico y mil 152 sufrieron lesiones por negligencia de los adultos.

 

Danilo Valladares/IPS

Guatemala. Joshua Kotouk, un dentista originario de Hawai, llegó junto a un grupo de misioneros en 2006 a San Miguel Chicaj, en el norteño departamento guatemalteco de Baja Verapaz. El Gringo, como le apodaban en la comunidad, decidió quedarse para hacer “labor altruista”, pero tiempo después terminó en la cárcel.

Kotouk instaló una clínica dental en la aldea San Gabriel, en la cual ofrecía la consulta por una suma simbólica de tres centavos de dólar como “ayuda comunitaria”, a la vez que comenzaba a mostrar su inclinación sexual por los niños, a quienes atraía a su casa con juegos de video, películas y excursiones a otros municipios.

Pero los pobladores de la etnia maya Achí, en realidad, desconocían las verdaderas intenciones de Kotouk, hasta que un día la policía allanó su casa y encontró más de 2 mil fotografías con niños de la comunidad en ropa interior. Era la punta de un iceberg perverso.

El profesional estadounidense, entonces de 33 años, intentó suicidarse pero no pudo. El año pasado fue condenado a seis años de prisión tras ser encontrado culpable de abusar de cuatro niños de entre 10 y 11 años, aunque se sospecha que hay más víctimas.

En Guatemala, el abuso de menores ha alcanzado dimensiones exorbitantes. Solo el año pasado, 11 mil 356 niños fueron víctimas de abuso sexual, 7 mil 2 de maltrato físico y mil 152 sufrieron lesiones por negligencia de los adultos, informó la no gubernamental Comisión Nacional Contra el Maltrato y Abuso Sexual Infantil, tras haber investigado los casos atendidos en todos los hospitales públicos y centros de salud del país.

“Revisamos las boletas de los hospitales nacionales y esta información nos permitió que el país dimensionara la magnitud del problema del maltrato infantil”, dijo a IPS Miguel Ángel López, de la citada comisión. Quemaduras, lesiones, fracturas, infecciones de transmisión sexual son parte de la larga lista de vejámenes que sufren los niños y niñas, cuyos victimarios se encuentran, principalmente, en su propio entorno social, según el experto.

“En nueve de cada 10 casos, los agresores son familiares, y en ocho de cada 10, el abuso se cometió en la casa del menor”, precisó.

Los casos registrados por este estudio en Guatemala apenas representan la realidad de la situación. “A nivel internacional, donde se han hecho muchos estudios se ha evidenciado que por cada caso registrado hay al menos nueve que no lo están”, explicó López.

Es que estos delitos pocas veces se denuncian. “En los hospitales, por ejemplo, cuando se presenta un caso, los médicos tratan de salir de él cuanto antes para no verse involucrados en conflictos legales”, comentó.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), aproximadamente 20 por ciento de las mujeres y cinco a 10 por ciento de los hombres manifiestan haber sufrido abusos sexuales en su etapa de niñez, mientras que 25 a 50 por ciento de los niños de ambos sexos refieren maltratos físicos.

Nora Montoya, de la no gubernamental Fundación Sobrevivientes, la cual ofrece atención social, psicológica y legal a mujeres y niños abusados en Guatemala, indicó a IPS que atienden entre 25 y 40 casos diarios de violencia intrafamiliar, donde a menudo hay menores afectados.

De hecho en Salamá, donde permanecía Kotouk, la Fundación Sobrevivientes abrió una clínica de atención psicológica para atender a 32 niños, quienes presuntamente sufrieron abusos de parte del médico estadounidense.

“Hemos reparado que no son solo cuatro niños, sino 32 menores quienes fueron abusados sexualmente”, afirmó Montoya.

Pero la gran cantidad de casos de abuso infantil no reflejan, precisamente, un aumento en la incidencia.

Marco Antonio Garavito, de la no gubernamental Liga Guatemalteca de Higiene Mental, señaló a IPS que más bien se debe a que “las denuncias y la visibilización del problema han aumentado gracias al trabajo de movimiento sociales”.

Este experto explicó que la violencia ha crecido mucho en la sociedad, “lo cual ha generado un proceso de deshumanización y pérdida del valor de los otros, una situación que trae consigo fenómenos de agresividad y violencia, la cual es descargada en los más indefensos”.

En el caso de los abusos sexuales, Garavito dijo que la situación evidencia la falta de educación formal sobre sexualidad y la existencia de muchos tabúes sobre el tema, razón que hace “muy importante” la discusión de este asunto en el hogar y además, “porque muchos niños ni siquiera han llegado a la escuela y ya son víctimas de sus familiares”.

El reglamento de la Ley de Planificación Familiar de Guatemala que llevará la educación sexual a las aulas de educación primaria entró en vigencia en 2009. Sin embargo, a la fecha no ha arrancado aunque grupos sociales creen que será muy importante para contrarrestar el abuso infantil, y los embarazos de menores y adolescentes.

En respuesta a la alta incidencia de abuso infantil en el país, la Asociación Pediátrica Guatemalteca firmó un acuerdo para implementar un protocolo de atención de estas víctimas en los hospitales.

“El protocolo incluye lineamientos para identificar los casos, atenderlos y referirlos dada la gran cantidad de pacientes que llegan a los centros asistenciales”, explicó a IPS Jorge Luis Ortiz, de la Asociación.

La reglamentación también mandata la atención en su idioma de las víctimas de abuso infantil, un aspecto que en Guatemala es más que importante si se considera que en el país se habla, además del español, el garífuna y 22 idiomas mayas.

Los desaparecidos

* No hay cifras oficiales de este rostro de la tragedia mexicana. La única institución que da alguna pista es la estatal y autónoma Comisión Nacional de Derechos Humanos, que en abril informó que había recibido 5 mil 397 reportes de personas desaparecidas durante este gobierno y que hay casi 9 mil cuerpos sin identificar. Organizaciones no gubernamentales (ONG) calculan que el número puede llegar a 18 mil.

 

Daniela Pastrana /IPS

Monterrey. El ajedrecista Roberto Galván, de 33 años, fue detenido por la policía del nororiental estado mexicano de Nuevo León cuando tomaba el sol en una banca de la plaza central de General Terán, una localidad a 100 kilómetros de esta ciudad. Era el 25 de enero y nadie lo ha vuelto a ver.

La policía no registró la detención, que muchos atestiguaron, y solo la admitió por la presión del padre. Pero aseguró que después del interrogatorio, sin causa establecida, los agentes lo dejaron en una central de autobuses. “Lo único claro es que a partir de que la policía de caminos de Nuevo León lo detuvo, mi hijo está desaparecido”, dijo a IPS el padre, también llamado Roberto Galván.

Algo parecido viven los familiares de Jeiu Abraham Sepúlveda, de 24 años, detenido por policías municipales el 12 de noviembre de 2010 porque aparcó mal su camioneta en una calle de Monterrey, la industrial capital del estado.

Cuando su esposa lo llamó a su teléfono celular le dijo que estaba detenido en una agencia municipal y que no lo dejaban hacer llamadas. No contestó más.

Sus familiares recorrieron comisarías durante tres días, hasta que un comandante municipal les informó que agentes federales lo entregaron a la marina. Un video lo confirmó: el día que lo detuvieron, Sepúlveda salió de una agencia policial esposado y escoltado por efectivos federales.

Solo entonces, policías y marinos aceptaron la detención, pero aseguraron que fue liberado el mismo día y se fue en un taxi. Sepúlveda trabajaba en una constructora y tenía una hija de 5 meses.

“¿Por qué lo llevaron a la agencia en lugar de levantar una infracción? ¿Por qué no lo entregaron al juez? ¿Por qué lo llevaron a instalaciones de la marina? ¿Por qué el ministerial (federal) que se lo llevó dijo a nuestro abogado días después que estaba bien? ¿Por qué no hay registros en ningún lado?”, se preguntó Verónica Sepúlveda.

“Siento mucho coraje, impotencia, si se supone que ellos son los que nos cuidan, ¿de quién me voy a cuidar?”, dijo la hermana mayor del desaparecido, cuya búsqueda concentra ahora su vida. “No lo secuestraron a él, secuestraron a una familia. Somos ocho hermanos y solo nos reunimos para hablar de lo mismo”, afirmó a IPS desconsolada.

Los desaparecidos es un tema que puso sobre la mesa el Movimiento por la Paz y la Justicia con Dignidad, que encabeza el escritor Javier Sicilia y se contrapone a la militarización de la lucha contra las mafias del tráfico de drogas declarada por el conservador presidente Felipe Calderón, desde su llegada al poder en diciembre de 2006.

No hay cifras oficiales de este rostro de la tragedia mexicana. La única institución que da alguna pista es la estatal y autónoma Comisión Nacional de Derechos Humanos, que en abril informó que había recibido 5 mil 397 reportes de personas desaparecidas durante este gobierno y que hay casi 9 mil cuerpos sin identificar. Organizaciones no gubernamentales (ONG) calculan que el número puede llegar a 18 mil.

Muchas veces las desapariciones ocurrieron a la vista de todos. Hombres encapuchados y armados se llevan a las víctimas de sus hogares o de la calle. También hay casos en que los desaparecidos fueron detenidos por las policías, el ejército o la marina.

El Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias indicó el 31 de marzo en un informe preliminar que “más de 3 mil personas habrían desaparecido desde 2006” en México.

El organismo demandó al gobierno la creación de una base de datos y la elaboración de un protocolo para la búsqueda de personas.

Un reporte de ONG para el Grupo de Trabajo señala que, a diferencia de otras épocas, “se trata de personas que no tienen ninguna militancia social o política, que son señaladas o estigmatizadas como miembros de organizaciones criminales por parte del Estado o que se encontraban en medio de operativos militares o policiales y fueron desaparecidas”.

Sus familiares también aparcaron sus vidas para recorrer oficinas, revisar archivos y fotografías, peinar calles y realizar protestas. En el camino van encontrando a muchos más en su misma situación.

Julia Alonso ha recorrido varias veces los mil 300 kilómetros que separan el puerto sureño de Acapulco de Monterrey en busca de su hijo menor, Julio Alberto López, desaparecido en enero de 2008 con otros tres jóvenes, al salir de un centro recreativo.

López vivía en Acapulco y vino a Monterrey a una fiesta. Sus padres buscaron por toda el área. Denunciaron a las autoridades federales. Descubrieron que los jóvenes fueron secuestrados por hombres vestidos como policías. Pusieron un anuncio en los diarios dirigido a la Presidencia. Pero nada volvieron a saber de ellos.

El problema para quienes buscan a sus familiares desaparecidos es que la mayoría de los cadáveres sin identificar han perdido su identidad, en un país donde organizaciones y medios calculan que la llamada “guerra contra el narco” ha ocasionado 40 mil muertos.

El gobierno afirma que solo uno por ciento de los muertos civiles son “víctimas inocentes”, algo negado por investigaciones nacionales e internacionales y los testimonios recogidos por el Movimiento por la Paz, que también evidencian que detrás de las desapariciones y muertes no está solo el bando de los carteles.

En México no hay protocolos para recoger los datos de una persona desaparecida o para registrar la información los servicios forenses. Cada estado tiene su propio esquema de identificación de cadáveres. No se toman placas dactilares, ni radiografías dentales, ni muestras de ADN. Los muertos se van a las fosas sin historia.

Según los datos oficiales más recientes, desde 2006 se hallaron más de 150 fosas clandestinas diseminadas en 22 de los 32 estados, con 712 cadáveres, asesinados presumiblemente por los carteles.

Organismos internacionales recomiendan hacer un correcto levantamiento de la evidencia, lo que implica juntar los restos en forma “respetuosa y digna”. Pero, por ejemplo, en el noroccidental estado de Durango, donde se hallaron más de 200 cadáveres en los últimos tres meses, las excavaciones se realizaron con una pala mecánica.

El 7 de julio, Javier Sicilia y Emilio Álvarez, exombudsman del Distrito Federal, asiento de Ciudad de México, presentaron al procurador de justicia de Nuevo León 13 expedientes documentados de desaparecidos. Tras horas de reunión, los activistas y familiares salieron con rostros serios y la promesa de una nueva reunión el 10 de agosto.

“Las cosas no se van a resolver ni fácil, ni rápido, pero lo que toca es ir empujando. No dejemos que nos hagan más daño, ya nos hicieron suficiente”, dijo Álvarez a los familiares.

Estos se aferran a la esperanza. “No me voy a parar ni a cansar hasta no tener una respuesta”, dijo Julia Alonso a IPS. “Tampoco me voy a esconder. Si esto (el movimiento de víctimas) va a hacer que dejen de morir más jóvenes en este país, me doy por bien servida”, afirmó.

 

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