La autopista del licenciado Peña Nieto

* Xochicuautla, un pueblo de 5 mil habitantes en el municipio de Lerma, a 40 minutos de Toluca, está a punto de cambiar para siempre. Una supervía, construida por el empresario Juan Armado Hinojosa, atravesará parte del lugar y arrasará con una forma de entender la vida, construida al paso de los siglos por la nación otomí. El gobierno del mexiquense Eruviel Ávila comenzó un proceso de expropiación que por ahora ha sido detenido por amparos interpuestos por los afectados, pero la activación de las obras del nuevo aeropuerto de la ciudad de México, con el cual se conecta la autopista, podría cambiar todo llegado septiembre del 2015.

 

Miguel Alvarado

Xochicuautla, Lerma; 17 de febrero del 2015. Ignacia y su familia juegan con las flores cortadas al paso, nacidas al pie de su propia altura y se abrazan, afuera de su casa, junto a una varilla metálica envuelta en plástico que fosforesce, clavada en el césped. Muy juntos, se acompañan mientras apuntan sus dedos a la señal, límite de la carretera que pasará por allí, descifrado el mensaje que envía desde el óxido el gobierno administrado por el Grupo Atlacomulco. Para la familia ésos qué, ésos no eran nadie, ni siquiera cuando llegaron, hace ocho años, montados en la ola del confuso progreso que dictaba que encima de propiedades de la nación otomí habrá una autopista con centro comercial y de negocios como Santa Fe, en el Distrito Federal. Ésos no eran nadie hasta que en Xochicuautla se enteraron de que les quitarían sus casas, los llevarían a vivir a otro lado, arrasando de paso 960 mil metros cuadrados del Gran Bosque de Agua, parte de las 235 mil hectáreas que proveen de agua a los valles de Toluca y México. Según estudios de la UNAM, cada año se pierden 2 mil 400 hectáreas de ese bosque, “equivalente a nueve campos de futbol, diariamente”.

Los policías estatales, enviados por la administración del gobernador priista Eruviel Ávila, dicen a los vecinos que “si no se quitan los vamos a quitar”. La amenaza no se ha cumplido pero las varas amarillas permanecen encajadas como señal del futuro. Lo que se avecina es un centro comercial de primer mundo para que la autopista la autopista Aeropuerto Toluca-Interlomas Naucalpan- Nuevo Aeropuerto Ciudad de México tenga razón de ser, y un superfraccionamiento en Atarasquillo, Lerma, llamado Reserva Santa Fe, descrito por sus constructores, Taller de Operaciones Ambientales (TOA), como un “plan maestro diseñado dentro de una reserva ecológica, integrando zonas de conservación y restauración del bosque con un desarrollo residencial de bajo impacto ambiental. Fueron incluidas estrategias de restauración, captura y reutilización de agua, producción de energía, producción de alimento e integración comunitaria; así como un monitoreo del desempeño ecológico del sitio buscando generar prácticas de diseño y estilo de vida en México para comunidades de bajo impacto”.

Resbalosa y verde, en esa ladera escuchamos niños cantando y pensamos que allí había amor y odio y caminamos hacia ellos, cuidándonos de no caer. Se ocultaban en la maleza y los árboles que yacen. Los niños, tragados por las yerbas, cantaban lo mismo que se oye en la Tierra Colorada de Guerrero. Su “Zapata vive…” no tenía fecha de ayer ni era artilugio de protestas multitudinarias. Sólo cantaban porque sí.

Los que andan se detienen, prestan atención y observan. El canto parece que nace de los troncos.

Zapata vive. Xochicuautla sigue.

El Taller de Operaciones Ambientales no le ha preguntado a nadie en Atarasquillo si quieren ese superdesarrollo sustentable, pero en su página web fotos de los escenarios vislumbran lo que será ese proyecto. El perfil de TOA incluye el diseño del Parque Bicentenario de Metepec, en el 2008, para el gobierno del Estado de México, que se disfrazó como un triunfo ecologista de los vecinos de la zona, pero que en realidad representó un primer paso para la privatización de un predio público.

“Esta es la autopista del licenciado Peña Nieto”, les dicen a los vecinos los granaderos, cuya ausencia es más siniestra que sus patrullajes en los límites de un cerro condenado a la extinción por el trazo de la carretera, a cargo de Autovan desde el 2007, una empresa de Juan Armando Hinojosa, quien mantiene contratos vigentes en todo el país por casi 50 mil millones de pesos y que para esta carretera obtuvo 2 mil millones del erario público mexiquense, en el 2013. Y es que la obra era una promesa de campaña de Peña, cuando buscaba la gubernatura mexiquense.

Para que los comuneros aceptaran el plan, que arrasa ya con un ecosistema que sustenta a la región de una forma para entender la vida, Hinojosa les ofreció hasta 50 mil pesos a cada uno para conciliar y otras prebendas que, en conjunto, representaban cerca de 13 millones de pesos, en el marco de asambleas simuladas, forzadas para obtener la aprobación. Pero las denuncias y resistencia de los directamente afectados al final surtieron efecto, cuando “el 15 de mayo (del 2014) el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito anuló la asamblea general de comuneros de San Francisco Xochicuautla”, recuerda el semanario Proceso.

Los gobiernos apoyan de manera incondicional a la empresa de Hinojosa Cantú. La alcaldía de Lerma, por ejemplo, publicaba en el 2012 una resolución donde afirmaba que la región “carece de algún valor histórico, social o cultural” Eso se usó como punta de lanza para que, en el 2012, el gobernador Eruviel Ávila recurriera a la expropiación directa de tierras, como publicó la Gaceta de Gobierno del Estado de México el jueves 4 de octubre del 2012, en el número 66. En ese decreto, el gobierno mexiquense justifica que es “un factor determinante para el desarrollo económico y social de la Entidad, la consolidación ampliación y modernización de la red de autopistas de altas especificaciones que hagan más segura, económica y confortable la interconexión de polos de desarrollo industrial, turístico, comercial y en general el transporte de bienes y personas; destacando que esta obra carretera, enlaza directamente con el Aeropuerto Internacional de Toluca, a toda la zona norte y noreste de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México, lo que significa una enorme aportación al desarrollo socioeconómico no solo para el Estado de México, sino para todo el centro del país”.

Los amparos, para los afectados, sólo funcionaron en el papel. La obra, iniciada hace ocho años sin existir todavía un decreto, es un ejemplo de impunidad. El bosque, detrás de las casas, es devorado por talamontes nocturnos que ganan, silenciosos, metros para Autovan.

Para el gobierno federal, el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México no puede quedar incomunicado en la intrincación de pistas de cuota que marginan a quienes no puedan pagar los peajes y que cortan el paso común. Modernas fronteras internas, esas vías, construidas sobre propiedades comunales o privadas, usan dinero público para un negocio privado cuyos beneficiarios están relacionados con las familias en el poder.

La paciencia está de parte de los contratistas. El nuevo aeropuerto de la ciudad de México debió esperar quince años luego de que los comuneros de San Salvador Atenco defendieran sus tierras en el 2001 y en el 2006 sufrieran una de las peores represiones de parte del gobierno de Enrique Peña, entonces Ejecutivo mexiquense. Si las tierras del ex vaso de Texcoco no se vendieron por las malas, la Conagua montó una campaña silenciosa para comprarlas con otra excusa: la recuperación del entorno. Hace un año, ya había tierra suficiente para el aeropuerto y casi nadie se dio cuenta. Ahora, anunciadas las inversiones por 169 mil millones de pesos, es cuestión de tiempo para que todo cambie de manera radical.

En Xochicuautla, los afectados por Hinojosa denuncian que una compañía, Di Terra Consultores Ambientales, con sede en Metepec, Edomex, ha capturado y se ha llevado a los animales cuyo hábitat eran esos cerros, contratada por el gobierno estatal. Ese bosque es un silencio que desde la ceguera empresarial lanza una alerta que por lo pronto advierte que, además de Xochicuautla, otros poblados como Huizapa están en la mira. Los sitios emblemáticos de la nación otomí ya están afectados. La Cañada de Alférez está cercada, privatizada. La Campana, lugar donde se cree se originó la vida; La Palmita; la Piedra China; el Cerro de la Verónica o El Llanito, donde aparece la Virgen de Guadalupe, serán arrasados y se prepara el desvío de manantiales y ríos subterráneos hacia el DF.

“Con la construcción de la autopista se verá truncada la ruta sagrada Ndañu-Donikjä, en la cual se realizan diversas festividades ñhañhus milenarias, entre ellas la ceremonia del Fuego Nuevo. Esta ruta sagrada se hace anualmente desde la comunidad indígena de San Lorenzo Huitzizilapan hasta el punto más alto del municipio de Lerma. También quedarían cortados de tajo los senderos sagrados que conducen desde el lado norte hacia el santuario de Nacelagua, el cual, además, ha sido privatizado en 99 por ciento al venderse para la construcción de un fraccionamiento privado de lujo denominado Reserva Santa Fe, en lo que son parte de los terrenos de Santa María Atarasquillo, que fue el primer ejido en privatizar parte de sus tierras tras la reforma agraria impulsada por Carlos Salinas de Gortari”, apunta el Frente de Pueblos.

San Francisco Xochicuautla es una población de Lerma, a 40 minutos del centro de Toluca y separada de la cabecera municipal por un tramo carretero donde puede verse el trazo de la autopista, que espera imperturbable. Con unos 5 mil habitantes, el 14 por ciento hablante de alguna lengua indígena, conserva todavía tradiciones prehispánicas iniciadas por las comunidades ñhato, otomíes del Alto Lerma, protegidas por convenios internacionales y avaladas por el gobierno mexiquense y federal en su momento, y que ahora niegan, para que allí pase, por 300 hectáreas de bosque, la autopista.

Xochicuautla comparte el mismo destino carretero con los poblados de Huitzizilapan y Santa Cruz Ayotuxco, involucrados también en el trazo que Autovan presentó, y que tiene un costo estimado de 3 mil millones de pesos. Incluso, en septiembre del 2013, el propio presidente de México, Enrique Peña, firmaba ante la ONU documentos que garantizan respetar a la nación otomí, recuerda el periodista David Galeano.

Francisco Reyes Flores, de 25 años, es uno de los vecinos afectados. Campesino de la comunidad, fue detenido por la policía del Estado de México el 3 de noviembre del 2014, al mediodía, cuando los pobladores se dieron cuenta de que la empresa Autovan reanudaba las obras. Encabezados por el doctor Armando García Salazar, delegado y representante, presentaron amparos y argumentos que demostraban a los empleados de Hinojosa que no tenían derecho a reactivar los trabajos.

Cuando llegaron, ya había granaderos para proteger a los de Autovan. Una multitud presenciaba aquello y el Consejo Supremo, del lado de los colonos, decidió formar un comité de cinco personas para dialogar. La llegada de medios de comunicación no ayudó en nada y ese primer intento de acuerdo se rompería. Los dichos de los comuneros son grabados por las cámaras: los de Autovan permanecieron silenciosos, no respondieron a las peticiones para mostrar documentos que les permitieran continuar las obras. Finalmente, los medios se retiraron y en ese momento Autovan reaccionaría.

Los granaderos, en fila, esperaron la orden del comandante mientras los de Autovan regresaban a trabajar. La gente volvió a oponerse y esta vez ocho personas formaron una valla para impedir el avance.

-Nosotros traemos la autoridad –les decía el encargado de la obra.

Acto seguido, los granaderos apresaron a los colonos.

– ¿¡¡¡No que muy cabrón!!!? – increparon los gendarmes a Francisco Reyes, mientras lo arrastraban, aunque todavía alcanzaba a preguntarles qué había hecho.

La respuesta  viene en una patrulla. Francisco se ve levantado en vilo, aventado boca abajo y aunque se queja diciendo que ha sido lastimado, sólo obtiene un “¡cállate o aquí te rompemos la madre!”.

Luego, junto con otras siete personas, fue llevado a la Procuraduría, donde permaneció detenido 48 horas, en espera de que alguien los denunciara por algún delito. Nadie acudió y los colonos fueron liberados.

– ¿Te han amenazado después?

Los árboles crujieron y el silencio se recargó, escurriéndose en lo oscuro.

– No, no soy delincuente para que me anden amenazando, pero si llegara a pasar lo voy a publicar. Aquella vez nos quisieron interrogar antes de que declaráramos, pero nos negamos. La gente nos apoyó, nos defendió, junto con un abogado particular.

Luego voltea a ver el bosque, donde se observa el avance de los talamontes que atestigua árboles arrancados, abandonados en las brechas.

– Siembro maíz, el haba. A mi patrimonio se lo va a llevar la autopista. Los de Autovan alegan que una asamblea, la del 30 de abril del 2012, les da el poder de entrar a las tierras y trabajar en la obra. Pero todas las asambleas se han caído porque nosotros obtuvimos amparos que las anulan.

Esas reuniones fueron custodiadas por hasta 800 granaderos, estatales y municipales. En 1951 un decreto presidencial otorgaba a los otomíes la posesión comunal de mil 902 hectáreas. La Federación, ahora, desconoce esos tratados. El amparo 647/2011, emitido por el Tribunal Colegiado de Toluca y que mandataba al magistrado del Tribunal Unitario Agrario con Distrito Nueve, fue obtenido el 14 de agosto del 2012 y ordenaba una sentencia en la cual se comprueba que no hay ninguna causa que perseguir, ningún acuerdo realizado era válido y que las obras se debían detener. Desde esa fecha Autovan ha manejado todo de otra manera y eso incluye la intimidación con granaderos, la ocupación de calles y caminos con agentes de la policía que han comenzado por molestar a quienes pasan por allí, acosando a las jovencitas o solamente hablando a gritos sobre los que les va a pasar a quienes no se vayan. Otro amparo, el 503-2013 del 27 de mayo del 2013, ordenaba la suspensión provisional de las obras.

Pero esos documentos no le importan a Autovan. Con 109 comuneros a favor de la autopista y aprovechando que el resto -en total son 442- abandonara las asambleas, Autovan consiguió autorización para una ocupación previa. Así, la compañía comenzó a abrir brechas y establecer trazos para la autopista, de 22 kilómetros de largo, violando aquel amparo. Incluso la empresa ya ha realizado un pago –a los cuatro comisariados- para ejecutar el trabajo.

La autopista tiene la forma de una luna, la luna de una uña. El pueblo queda dentro pero las propiedades de los afectados son atravesadas por ese trazo, que invade primero la casa del delegado Armando Martínez, pero además destruye uno de los lugares de reunión para los otomíes, considerado como sagrado, la Primera Capilla, que marca el inicio de un camino de peregrinos. El trazo continúa hasta el Cerro de la Campana, cerrando el paso a los celebrantes.

El objetivo fundamental de pasar la carretera precisamente por estos puntos es quedarse con afluentes de agua y que riegan una gran parte de Lerma y Toluca. El trazo carretero reducirá en 250 millones de litros la producción de agua. Los mantos apenas contienen 30 por ciento del agua que un día acumularon. Actualmente, en la región hay el triple de pozos autorizados por la Comisión Nacional del Agua, operando sin control alguno. La carretera pasará entre las ciénegas de Chignahuapan y Chimaliapan, pertenecientes al Lerma, según datos del Frente de Pueblos Indígenas en Defensa de la Madre Tierra.

Porque en Atarasquillo estará el nuevo complejo Santa Fe, en un llano llamado La Sabanilla, que ya se eligió para zonas residenciales, un complejo de la Coca-Cola, otro de la Nestlé y un club de golf. A los actuales dueños se les ha ofrecido mil 500 pesos por metro cuadrado y ya hay inversiones chinas y francesas para esos procesos. La construcción del nuevo aeropuerto internacional de la ciudad de México comenzará en septiembre del 2015 y eso también afectará a las obras que lo complementan.

En la casa del delgado Armando Martínez, médico de profesión, un hombre trabaja sentado frente al enorme ventanal que domina Xochicuautla. Inmóvil, sólo sus manos se mueven en el oficio que practica y que alumbra el sol que entra. Xochicuautla a lo lejos, un valle desde esa altura, no parece, todavía, una población a punto de cambiar para siempre. Pero Martínez borra de inmediato esa idea y sostiene que el ecosistema será diferente porque un segmento del bosque y sus afluentes dejarán de existir. Los animales serán arrancados de sus hábitats y las tradiciones otomíes enterradas para siempre, a pesar de estar protegidas por tratados internacionales.

Pasaron los perros cruzando, regresando o gruñendo por brechas todavía más largas.

Debimos ver al sol puliendo el bosque, creciendo sobre cimientos de concreto, deshojándose en los ojos que nos seguían, pero no lo hicimos.

Y aunque algunos voltean y miran, no dicen qué, qué habrían de decir cuando sobrevuela un helicóptero de la policía del Estado de México destellando su ojo único de vidrio. Los ruidos del bosque fueron borrados por las hélices y las sombras dispersadas en el aspaviento.

Lo esperábamos.

Después llegaron los granaderos, a rondar por ahí.

Ignacia abraza los árboles mientras sus hijos la abrazan a ella.

El guión es este: no vayas todavía: está oscuro y las luces aún no se encienden en Xochicuautla.

Juan Armando Hinojosa: el poder de Tamaulipas

* Sus oficinas, en el corazón de Toluca, en la esquina de las calles Villada y Morelos, son parte de un edificio negro, impenetrable. Allí nadie conoce a Hinojosa. Apenas contestan llamadas y a nadie desconocido se recibe. Pero Hinojosa ha dejado de ser una aparición y se ha convertido en uno de los eslabones que unen al Grupo Atlacomulco con los intereses que controlan Tamaulipas.

 

Miguel Alvarado

Toluca, México; 8 de enero del 2015. En realidad, el consorcio Higa es una creación del Grupo Atlacomulco y las familias que controlan Tamaulipas. Ese poder familiar que controla al Estado de México y hoy está en la presidencia de México puede triangular multimillonarias operaciones sobre asignación de obras públicas y diversificar negocios. Lo hizo desde los últimos años de gobierno de Alfredo del Mazo González (1981-1986) cuando el empresario Juan Armando Hinojosa apareció desde Reynosa, Tamaulipas, para ganar sus primeros contratos. Pero fue en la administración de Arturo Montiel que reavivaría un modelo que ya era antiguo, inaugurado por Carlos Hank González, “El “Profesor”, en la década de los años sesenta, cuando era gobernador mexiquense y creó una “empresa estatal” para competir en licitaciones convocadas por su propio gobierno. No ganó todas, pero sí las más importantes.

Montiel armó en torno suyo a un grupo que le ayudara con su proyecto político y que no era otra cosa que un montaje que implicaba familiares y amigos para conservar el poder ganado en el Estado de México desde los años 40, con Isidro Fabela, y que se había extendido por todo el país gracias a la regla no escrita que seguían los de Atlacomulco: las relaciones de poder deben estar regidas por tres ejes: el lazo de sangre, un nexo empresarial y una razón de compadrazgo. Cumplido lo anterior, el grupo creció casi sin fracturas y desarrolló una estructura cuasi-medieval donde el poder y los erarios públicos eran de su propiedad. A ese grupo sólo le faltaba la presidencia de México, obtenida en el 2012 gracias a una alianza con Televisa, primero, y también a que Atlacomulco supo imponerse sobre el resto de las agrupaciones priistas a las que hizo a un lado en cuanto tuvo control del mismo PRI, encabezado en este momento por el ex gobernador mexiquense César Camacho, y de la propia Federación.

En el 2005 Arturo Montiel compitió por la presidencia de México. Armó un equipo, animado por su ex esposa, la francesa Maude Versini, a quien la idea de ser Primera Dama de México le rondaba desde que casara con Montiel, y se lanzó de cabeza en una gira, primero muy mexiquense y muy arropado por el voto duro del priismo y después a nivel nacional. Fue allí cuando se dio cuenta de que los políticos mexiquenses no tienen idea de cómo gobernar, antes de que sucedieran las elecciones internas del priismo, donde el contrincante del tío de Enrique Peña fue Roberto Madrazo, réplica del mexiquense pero con reflejos más aguzados.

El 20 de octubre del 2005, Montiel anunciaba el retiro de aquella atropellada precampaña presidencial. “Esta es la determinación más difícil de mi vida, pero también la más honorable”, dijo desde la sede del PRI estatal. Esa decisión obedecía a causas difíciles, sí, pero que no tenían nada de honrosas.

Madrazo había dado el primero y único golpe de las campañas negras internas de aquel año. La única virtud del tabasqueño fue la velocidad. Fue más rápido que Montiel, a quien se le vino el mundo encima cuando se publicaba que él y sus hijos eran investigados por Hacienda por supuesto enriquecimiento inexplicable. El tío de Peña Nieto no tuvo más remedio que abandonar aquella competición entre bribones, que al final también destruyó a Madrazo, cuando el panista Felipe Calderón ganaba los comicios del 2006.

Meses antes, en el 2005, Madrazo había enviado emisarios a Toluca, que se reunieron con la clase empresarial y con medios de comunicación para advertir sobre el Grupo Atlacomulco. No están dispuestos a compartir el poder, dijeron, y hay un plan para desintegrar como partido al PRI. Montiel y su grupo son un peligro, anunciaron hace 10 años.

Decir aquello en Toluca era predicar en el desierto. Los Montiel, ellos mismos ramificaciones desde Atlacomulco, dominan la capital sin piedad. La ciudad es de ellos y se hace lo que ellos dicen. Lo mismo en el resto del Estado de México. Poderosos pero provincianos, a los de Atlacomulco jamás les pasó por la cabeza que se cuestionaran sus decisiones, una vez ganada la presidencia del país. Los funcionarios mexiquenses que amurallaron  el feudalismo de Montiel y luego el descaro de Peña fueron convocados para hacerse cargo de México, que para ellos significó la oportunidad de sus vidas para convertirse en supermillonarios a costa del sufrimiento ajeno, del dinero público.

El Estado de México es el espejo al que se debió voltear desde el principio, antes de elegir a Peña, de darle una oportunidad a su administración. La prensa del Distrito Federal apenas “descubre” quiénes son los Golden Boy’s, cuál es la capacidad real del esposo de La Gaviota y cómo, desde la ignorancia, el desdén y la impunidad opera para su propio beneficio.

Todo eso ya estaba escrito, investigado, cuestionado. Todo, antes del 2012, en los pocos medios independientes del Estado de México y libros como los del periodista Francisco Cruz, cuyos títulos, “Negocios de Familia”, “Los Golden Boy’s” y “Tierra Narca” son, ahora, oráculos que pintan un futuro que ya sucedió en el Estado de México.

A Peña un equipo lo arropó para gobernar la entidad más poblada del país, con más de 15 millones de habitantes, un padrón nominal cercano a los 10 millones y poco más de 200 mil millones de pesos en presupuesto anual. Ese grupo fue seleccionado desde la época de Montiel Rojas, cuyo plan administrativo era el mismo que el de Peña. Antiguo propietario de dos camiones cerveceros y ex vendedor de casas en el fraccionamiento Los Cedros, en Toluca -cuando a Montiel le tocó un sexenio de sequía política a finales de los años 80- se rodeó de jóvenes ambiciosos y poco preocupados por sus funciones públicas. En cambio, tenían otras habilidades. Una de ellas era la gran capacidad para hacer negocios con los erarios; una lealtad a prueba de casi todo y la obediencia ciega para sus jefes políticos y mecenas. Jóvenes todos, en aquel 2005 ya tenían el poder en sus manos y harían los números para la administración estatal de Peña, de quien todos supieron en el Edomex, era el proyecto particular de Montiel, su delfín presidencial adelantadísimo debido, en parte, a que despertaba simpatías nada más verlo. Joven y apuesto, entraba en los rangos estéticos de Televisa y TV Azteca, los principales clientes del gobierno montielista, quien entendió desde sus limitaciones la subcultura de la imagen que desprende la pantalla chica y la necesidad de perpetuar el linaje.

Peña nunca fue brillante pero siempre estuvo en la lista de presentes. Escaló con facilidad cargos políticos gracias a sus relaciones familiares. Pertenece al Grupo Atlacomulco y por “derechos de herencia” pudo, incluso, despachar como secretario de Administración estatal en el 2003. Afiliado al PRI a los 18 años y cumpliendo papeles de bajo perfil, Peña aprendió de inmediato que la política en México no es una cuestión de capacidades sino de relaciones familiares. Las aprovechó bien, pues la competencia estaba dentro de su propio clan, con los juniors de la época. Carolina Monroy, su prima; Alfredo del Mazo Maza, también primo o sus parientes en el empresariado como la familia Alcántara, dueña del transporte público, constructores de terminales como Observatorio en el DF y otras en el Edomex y ahora concesionaria de las tarjetas de peaje IAVE. Todos querían lo mismo: poder y dinero. Los hijos de Montiel, Arturo y Pablo, también habían entendido las bondades de la mexiquense sangre azul. Ellos fueron los precursores de un mini-modelo que luego con Higa se desarrolló en términos monstruosos, salvajemente.

Juan Pablo Montiel creó algunas empresas que saltaron a lo público cuando Madrazo asestó su golpe. Una semblanza de la revista Quién, en el 2013, lo ubica viviendo en Miami, al igual que a su hermano, y recuerda que los negocios que fundó en el 2005, y siguen funcionando, son “Surtidora de Karne (con 55% de las acciones), junto con Jenaro Barrera Nemer (15%) y Florentino Raúl (30%); además de Arrendadora y Maquiladora de la Industria Textil”.

En febrero del 2006 la PGR investigó a Surtidora de Karne, un requisito nada más, para seguir un proceso que conduciría a ninguna parte. Documentos de la Secretaría de Hacienda federal indicaban dos depósitos por 35 millones de pesos a una cuenta a nombre de Juan Pablo Montiel, entre el año 2000 y el 2001. Otros 35 millones de pesos serían contabilizados a partir de propiedades en Acapulco, Valle de Bravo, Ixtapan de la Sal, Houston, Miami, Toluca y Francia. El reportero de La Jornada, Gustavo Castillo, recuerda que en el 2004 una primera investigación contra Montiel indicaba transferencias por 2 millones 8 mil pesos. Finalmente ni Hacienda, la PGR ni la Procuraduría estatal probarían nada y exonerarían a la familia.

A Juan Pablo Montiel también se le relacionó como socio de la empresa OFEM, demandada por otra, Belumex Internacional, por incumplimiento de pagos por 3.6 millones de pesos en una compra de electrodomésticos. OFEM es encabezada por el ex tenista Oliver Fernández y el hijo del ex presidente de México, Ernesto Zedillo, el junior Ernesto Zedillo Velasco. Oliver Fernández también fue parte de la junta directiva de la empresa Oceanografía, a la que apenas se le vinculó con un fraude por más de 400 millones de dólares.

Juan Pablo Montiel hizo negocios desde las relaciones de su padre y junto con Jenaro Barrera Nemer aparecieron en el consejo editorial de una revista mensual, Live Santa Fe, en el 2012,  que “reúne las noticias y acontecimientos del distrito corporativo y comercial más importante del país, así como negocios y estilo de vida”.

Pero si Juan Pablo fue discreto, Arturo Montiel junior no tuvo esos cuidados. Actualmente tiene 46 años y vive en Miami, dedicado a la construcción de unidades habitacionales desde su propia empresa. Casado dos veces, tiene dos hijos adolescentes y dos pequeños, y su actual esposa es Lorena Martín. A Montiel junior se le relacionó siempre en negocios cercanos a los cargos públicos de su padre. Se le señala, desde que el ex gobernador fue dirigente estatal del PRI, como el encargado de la publicidad del tricolor y también, ya en el sexenio que gobernó su pariente 1999-2005), distribuidor de desayunos escolares. Él mismo, asiduo a bares y restoranes en Toluca, presumía este negocio que, según él, le hacía ganar 600 mil pesos diarios. Se le relacionó siempre con testaferros y con la propiedad del restorán Santorini, los bares Loft, Aqua, El Mastín y Bamboo, a nombre de amigos cercanos. También se le ubicó como el constructor de casas de interés social en San Antonio la Isla, en el fraccionamiento Rancho San Dimas; con trámites de cambio de uso de suelo; con el fraccionamiento La Providencia en Metepec y al frente de una comercializadora cuyo cliente principal era el gobierno del Estado de México.

Al hijo mayor de Montiel Rojas se le conoció una empresa, Meitro, SA de CV, creada a principios del 2005, dedicada a importaciones y exportaciones. Estaba ubicada “en el quinto piso del edificio de Carrocerías Toluca, en avenida Independencia. Iba ocasionalmente a las oficinas rentadas; todavía el cajón de estacionamiento para sus lujosos carros tiene su nombre”, recuerda una nota de la página web Dossier Político.

En esa empresa, Meitro, Arturo junior aparece como socio con 50 por ciento de acciones, junto con Marco Antonio Reyner Portes Gil, quien tiene 25 por ciento, y al lado de Marco Antonio González Villa. Además, Montiel junior incluyó a sus hijos, Arturo y Santiago. También se le relaciona con una empresa gasolinera, Grupo Gasolinero Mexicano, a nombre de Rafael Salgado y que en el 2005 poseía más de 40 estaciones.

El socio, Marco Antonio Reyner Portes Gil, egresado de la Universidad Anáhuac en Derecho en el 2005, es ahora un empresario ampliamente conocido en México. Reporte Índigo lo menciona como socio del dueño de Grupo Gasolinero  Mexicano, “Javier Rodríguez Borgio, (dueño además de) los casinos Big Bola y socio de Oceanografía, la compañía acusada de haber defraudado a Banamex con facturas falsas de Pemex”, en el 2014.

La amistad de Montiel junior con Reyner Portes Gil, pariente del ex presidente mexicano Emilio Portes Gil, resultó el amuleto de la buena suerte para este último, activo todavía en el mundo de los negocios. Un ejemplo lo da el fraccionamiento Villa Fontana, que una empresa de Reyner construyó en Lerma, con una inversión de 57 millones 864 mil 500 pesos, para 550 viviendas y que realizó en el 2012.

Vermudo México fue constituida el 22 de mayo del 2009, “inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Distrito Federal, México, bajo el folio mercantil electrónico No. 404194-1, de fecha veinticuatro de septiembre” de ese mismos año. La Gaceta de Gobierno del Estado de México da cuenta de aquel fraccionamiento el 11 de diciembre del 2012.

El 12 de abril del 2013, la Gaceta del Estado de México publica “que mediante la Escritura Pública No. 23,205 de fecha quince de diciembre del dos mil nueve, otorgada ante la fe del Notario Público No. 82 del Distrito Federal, se hizo constar la Renuncia de los miembros del consejo de gerentes; la designación de los miembros del consejo de gerentes y la revocación y el otorgamiento de poderes que otorga la empresa “VERMUDO MÉXICO”, S. de R.L. de C.V., en donde se designan como miembros del consejo de gerentes a Marco Antonio Reyner Portes Gil, como Presidente y Marco Antonio González Villa, como secretario”. El círculo se cierra. González Villa fue socio de Montiel junior en aquella Meitro.

Los compañeros de Montiel junior se volvían a unir, sin él en lo legal, para seguir con los negocios.  Finalmente, el terreno para desarrollar Villa Toscana fue vendido a la constructora Consorcio Hogar de Sinaloa, dirigida en el 2013 por Ana Cristina Hernández Varela y que otorgaba un poder de representación Tipo A para Paul Davis Carstens, actual director y “pariente de Agustín Carstens gobernador del Banco de México y exsecretario de Hacienda”, documenta la revista Proceso. Reyner Portes Gil es también representante legal de la sociedad mercantil “METQRO”, S. A. de C.V., que tiene actividad en Querétaro. Reporte Índigo afirma que Reyner también participó en la empresa Java International, en 1998, junto con Javier Rodríguez Borgio.

Este era el caldo de cultivo en el Estado de México cuando Juan Armando Hinojosa llegaba, luego de 10 años de que su primera empresa, PACSA o Publicidad y Artículos Creativos, se instalara en Toluca para hacerse cargo de los impresos y las serigrafías del Ejecutivo.

 

Pasado nebuloso

 

Martín Mendoza, columnista del diario El Debate, de Sinaloa, ofrece una pista sobre la llegada de Hinojosa y sus relaciones con el Grupo Atlacomulco, cuando le pregunta al coordinador de Comunicación Social de la Presidencia de México, David López, de vacaciones de fin de año en el 2014 en Guamúchil, Sinaloa. López asegura que no fue él quien presentó al empresario de Tamaulipas con Del Mazo, sino Jorge Jiménez Cantú (1975-1981), ex gobernador mexiquense. La concordancia en los apellidos vuelve a engranar en una maquinaria donde nada es casualidad. Jiménez Cantú nació en el DF e Hinojosa Cantú en Reynosa. Nada hay que los relacione en grado de parentesco, al menos por ahora.

La línea genealógica del empresario más exitoso de los últimos años en México, con negocios actualmente por 49 mil millones de pesos, ha sido desglosada en una página de facebook, Historia de Reynosa, www.facebook.com/historia.dereynosa, dedicada a revisar la historia y los personajes de esa ciudad.

Eliseo Hinojosa Rodríguez es el más antiguo ciudadano rastreado con ese apellido. Nacido en 1890, “posiblemente en Herreras”, es el hilo conductor en la curiosa casta del empresario, desarrollada como una tela de araña.

Juan Armando Hinojosa Cantú tiene dos hermanos. El primero se llama Óscar Hinojosa Cantú, nacido en Reynosa en 1953; le sigue el empresario, quien vio la luz en la misma ciudad, en 1956 y por último aparece Thelma Ileana Hinojosa Cantú, sin fecha de nacimiento.

En aquel árbol escueto la pista de Thelma se pierde de inmediato, pero al menos hay una referencia sobre Óscar, desposado con Rosalía Camacho y por supuesto de Juan Armando, casado a la fecha con María Teresa García Cubria, “hija de Humberto García Gorena y Teresa Cubria Cavasos”.  En registros del gobierno del Estado de México María Teresa García Cubria aparece como apoderada de la empresa PACSA.

También consta el nombre de los padres de Juan Armando. Se trata de Óscar Hinojosa Sánchez, casado con Dora Patricia Cantú Moreno, “hija de Cayetano Cantú Cantú y de Dora Moreno Chapa”. El salto al pasado da para un poco más. El nombre de los abuelos redondea los orígenes aunque no aclara las circunstancias, las puertas abiertas del poder mexiquense con Hinojosa. Los abuelos fueron Eliseo Hinojosa Rodríguez, ese primer personaje fechado en 1890, casado con Rosa Sánchez Peña. El árbol se trunca allí. No hay constancia del hijo fallecido de Juan Armando y Teresa, Juan Armando Hinojosa Cantú -casado en 2007 y luego divorciado de la hija de Fidel Herrera, ex gobernador de Veracruz- muerto al accidentarse el helicóptero en el que viajaba desde la hacienda Cantalagua, Michoacán en julio del 2012.

Por ningún lado aparece un nexo con los apellidos del ex mandatario Jorge Jiménez, pero sí hay del resto de los Cantú, por ejemplo, el de Dora Patricia Cantú Moreno, citada por documentos del Congreso de Tamaulipas cambiando un terreno de su propiedad por otro, para que se construya un panteón, el 21 de enero del 2003 en un largo proceso que habría comenzado en los años 70 y que generó un conflicto legal, pues en parte de ese terreno, en 1992, se construyeron indebidamente oficinas de la Procuraduría de Tamaulipas. La compensación llegó tarde pero en forma de un terreno de 31 mil metros cuadrados a cambio de aquella donación, que tenía originalmente 41 mil metros cuadrados. Dora Patricia tiene un negocio: administrar cementerios como el Parque Funerario Valle de la Paz. Está inscrita en una lista de proveedores del gobierno de Tamaulipas, del 2014, http://transparencia.tamaulipas.gob.mx/wp-content/uploads/2014/02/XII.-PADRON-DE-PROVEEDORES-24012014.pdf, con el número 501980 y radicada en Matamoros.

Óscar Hinojosa Cantú, hermano mayor de Juan Armando, es el administrador del cementerio Valle de la Paz, la principal funeraria y consta en notas de prensa que “sustenta un contrato con el Ayuntamiento de Reynosa ciudad para el “levantamiento y sepultura” de cadáveres inidentificables”. De Thelma, la hermana, no hay registros.

La revista Impacto, http://impacto.mx/revista/BVA/pe%C3%B1a-otra-vez-al-rescate-de-sus-colaboradores, ubica a Juan Armado Hinojosa como pariente “de Ramiro Garza Cantú, propietario a su vez de 3 plataformas petroleras en aguas profundas por las cuales Pemex paga una renta diaria de medio millón de dólares por cada una”. Y es verdad. Como en Toluca, Tamaulipas observa la misma relación de apellidos con nexos con el poder y el dinero público. A los Hinojosa Cantú, por lazos de sangre, se les asocian los Garza, los Tijerina, los Ansaldua, los Villarreal, los Moreno, los Chapa, los Zamora y los Longoria, entre otros.

Garza Cantú es presidente del Grupo R y está considerado como el hombre más poderoso de Tamaulipas, pero también uno de los más influyentes de México. Es, literalmente, dueño de media ciudad de Reynosa y de la periferia que la circunda. Vive entre EU, Sudamérica y México. “El negocio que lo ubicó en las filas de los hombres más ricos de Tamaulipas… fue el de prestador de servicios y constructor de obra civil y mecánica al servicio de Petróleos Mexicanos”, recuerda el columnista Eligio Aguilar, del diario El Despertar de Tamaulipas. “La especulación inmobiliaria, la construcción y los contratos con PEMEX son las facetas visibles del negocio principal de Ramiro Garza Cantú, el negocio verdadero de una de las manos que mece la cuna en la política de Reynosa es, precisamente, la política”.

La relación que hace el columnista es reveladora y tiene la virtud de sacar del anonimato a Juan Armando Hinojosa, quien, a partir de ahora, tiene ya un lugar desde el pasado, en las conexiones políticas de sangre y empresariales que exigen los grupos que controlan al país. Ramiro, pues, representa el brazo político de los Hinojosa Cantú y es la verdadera conexión con el poder real de México. Ramiro mismo es la contraparte del Grupo Atlacomulco. Es hermano del ex alcalde de Reynosa, Rigoberto Garza Cantú y de Álvaro Garza Cantú, ex edil de Tamaulipas. Es tío de Rigoberto y Armando Garza, el primero presidente del Comité Directivo Municipal del PRI en Reynosa y el otro jefe de la Oficina Fiscal en Reynosa. Otros sobrinos, Javier y Ángel Garza, son gerente de Comercialización en la Comisión Municipal de Agua Potable y director de Ecología en Reynosa, respectivamente.

Además es propietario del diario pro-peñista La Razón y competidor directo de la empresa Oceanografía por los contratos de la paraestatal. Su empresa descubrió, frente a Tamaulipas, en el 2012, el yacimiento de petróleo más grande en México, calculado para generar 10 mil millones de barriles.

Otro círculo en la red de relaciones se cierra con Ramiro Garza Cantú. La hija del petrolero, de nombre Ana, está de novia y con boda en puerta con Eugenio Hernández Flores, ex-gobernador de Tamaulipas y uno de los hombres más ricos de esa entidad. Hernández es uno de los amigos más cercanos del presidente Peña Nieto y por ello, dice el analista Mauricio Fernández Díaz, tenía, en el 2014, amplias posibilidades de dirigir Pemex o controlar enlaces, esquemas y protocolos que se aplicarán con la reforma energética.

De todas maneras, nadie se explica cómo llegó Juan Armando Hinojosa a una ciudad como Toluca para poner un negocio de publicidad y serigrafía en 1988. Lo cierto es que no llegaba como cualquiera. Discreto, sí, pero con amplísimas recomendaciones que de inmediato lo pusieron a jugar golf en San Carlos, un club de Metepec, recuerda el propio David López. Ahí se conocieron. El resto es una ascendente espiral de dinero público entrando a las empresas de Hinojosa, que hasta ahora no sólo ha construido un emporio comercial, sino una serie de relaciones que incluyen al Grupo Hermes de la familia Hank y un fantasmal compadrazgo con Peña Nieto desde el 2005, que nadie en Toluca ha podido comprobar. Esas relaciones le alcanzan al empresario para nominar a uno de sus cercanos para la alcaldía de Reynosa y enfrentar el reclamo de los priistas de aquella ciudad, en un acto público en agosto del 2014, ante César Camacho, dirigente nacional. A Hinojosa los priistas lo llaman “El Padrino de Reynosa”.

Hinojosa entraría de lleno en el gran negocio de la construcción cuando se le otorga la concesión para edificar el hospital del ISSEMyM, en Metepec, cuyo costo excedió en unos 60 millones de pesos porque, se comentaba en los ámbitos palaciegos en la época de Montiel, de ahí saldría el pago del divorcio del tío de Peña Nieto, unos 30 millones de pesos. El resto es historia. Peña prohijó aquella relación que en Toluca no escandalizaba porque era una costumbre normal tener socios consentidos pero que alcanzó niveles de azoro cuando a Higa le abrieron la puerta de prácticamente todos los estados de la república. Sus oficinas, en el corazón de Toluca, en la esquina de las calles Villada y Morelos, son parte de un edificio negro, impenetrable. Allí nadie conoce a Hinojosa. Apenas contestan llamadas y a nadie desconocido se recibe. Pero Hinojosa ha dejado de ser una aparición y se ha convertido en uno de los eslabones que unen al Grupo Atlacomulco con los intereses que controlan Tamaulipas.

El bribón

* Luis Videgaray, actual secretario federal de Hacienda, tenía, antes del 2004, como cualidad principal, la de ser hermano del conductor de Televisa, Eduardo Videgaray. Pero ese brillante doctor en Economía no se conformaría con actuar a la sombra de nadie y comenzó casi en silencio una carrera meteórica al lado, primero, del ex gobernador mexiquense Arturo Montiel y después con el sobrino, Enrique Peña, quien lo ubicaría en su actual cargo. En el 2014, a Videgaray se le descubrió una propiedad en Malinalco, Estado de México, que compró al Gripo Higa, la empresa constructora preferida de Peña y que tiene contratos en el país cercanos a los 50 mil millones de pesos. Videgaray, como Peña y la primera dama de México, Angélica Rivera, usan el poder que les confieren sus encargos para realizar oscuras transacciones que solamente los benefician a ellos. México apenas descubre a ese Grupo Atlacomulco en sus verdadera dimensión, pero toda esa historia ya estaba investigada y escrita por el periodista Francisco Cruz, quien documentó el paso de Videgaray por el Estado de México en el libro Los Golden Boys, editado por Planeta en el 2012. “Brillante y poderoso, será cuestión de tiempo para que los mexicanos nos enteremos quién verdaderamente lleva las cuentas del peñanietismo”, pronosticaba Cruz hace dos años.

 

Francisco Cruz Jiménez

Consumada la imposición, avalados los resultados por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), desechadas las pruebas de compra del voto, ignorada la denuncia del periódico inglés The Guardian sobre la extraña —para evitar la palabra “comprada”— cobertura noticiosa de Televisa para favorecer a Enrique Peña Nieto y 72 años después, la profecía se ha cumplido.

Sobre Peña y su ascenso a la Presidencia se ha levantado toda clase de sospechas, como dudas sobre sus más cercanos colaboradores, Miranda Nava, en terrenos de amistad, y Videgaray, en el manejo de recursos públicos.

El PRI es un hervidero de versiones: que si Miranda es el operador negro, amo y señor de todos los dineros que los priistas usaron de manera irregular para la jornada del 1 de julio, que Videgaray es un triste parapeto. Y que, también, los recelos son parte del karma ineludible que persigue a los que tienen el corazón a la derecha y lo combinan con profundos conocimientos financieros y estómago todoterreno.

Desconfianzas hay para enumerar. De la muerte de su primera esposa Mónica Pretelini Sáenz, en circunstancias extrañas, hasta la muerte de Juan Armando Hinojosa García —hijo del empresario Armando Hinojosa Cantú—, luego de que el helicóptero en el que regresaba de una fiesta se estrellara, la noche del sábado 28 de agosto de 2012 en el municipio de Jiquipilco, al norte de Toluca.

Los saldos negros incluyen la ejecución de cuatro guardaespaldas de la familia Peña Pretelini en el puerto de Veracruz; la desaparición y muerte de Paulette Gebara Farah; la violenta incursión, represión y violación de mujeres en San Salvador Atenco; la criminalización de movimientos sociales y la invención de delitos para encarcelar a líderes sociales.

El manejo mediático hizo que la profecía “seis gobernadores saldrán de Atlacomulco. Y de este grupo compacto, uno llegará a la Presidencia de la República” se convirtiera en un mito fundante, como establece el doctor José Antonio González en su ensayo La profecía de Atlacomulco: rumor, leyenda y mito mágico-político; pero todavía se debe una explicación sobre el escandaloso número de mujeres asesinadas y desaparecidas durante el gobierno de Peña en el Estado de México.

Entre 2005 y 2011, durante el peñismo, en territorio mexiquense fueron asesinadas 922 mujeres, mientras que en 2011 se reportaron 600 desapariciones de niñas y jóvenes de entre diez y 20 años de edad. Pero también destaca la opacidad en la información.

Las cuentas pendientes se acumularon una tras otra: el Estado de México se convirtió, en el sexenio de Peña, en santuario para los grandes capos del crimen organizado, mientras el gobierno daba muestras sobre cómo se debe someter a un gremio: en 2008 torció y violó las leyes laborales —además de perseguir, reprimir y amenazar a un grupo de profesores— para impedir la creación del Sindicato Unificado de Maestros y Académicos del Estado de México; o las cuatro exoneraciones a su tío Arturo Montiel Rojas.

Las sospechas brotan por donde se mire o donde uno se pare. El miércoles 16 de febrero de 2011 la Auditoría Superior de la Federación (ASF) entregó a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión el informe sobre nueve auditorías practicadas a los recursos federales utilizados por el gobierno del Estado de México en 2009.

Poco alentadores, los resultados mostraron el desaseo con el que manejaba el presupuesto público, debido a que de cada cinco pesos de recursos federales, uno fue malversado, lo que implicaba presuntas violaciones graves a la normatividad, desviaciones, usos ilegales tipificados y posibles daños al erario.

En el Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal se observó como presunto desvío la cantidad de 2 mil 349 millones de pesos, de los cuales mil 198 millones no se transfirieron a Servicios Educativos del Estado de México (SEIEM), 331 millones se utilizaron para pagar a 948 personas que no se localizaron en ningún centro de trabajo del SEIEM.

Con 210 millones se realizaron pagos indebidos a 5 mil 642 trabajadores comisionados al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, 182 millones de pesos en apoyos indebidos al sindicato, 150 millones en pagos a personas con siete categorías no identificadas en el catálogo de cargos y puestos, 149 millones en pagos a 92 mil 107 trabajadores por 15 conceptos acordados por un convenio estatal con el sindicato y no registrados en las reglas generales del Fondo de aportaciones para la educación y 44 millones de pesos de productos financieros que no fueron transferidos al SEIEM.

Adicionalmente, dentro de los denominados montos menores, se utilizaron 30 millones de pesos en gastos no relacionados con la educación básica, 25 millones en el pago indebido a 262 trabajadores por honorarios, 19 millones gastados en 361 trabajadores de centros clausurados, 5 millones dirigidos a 115 personas que no se localizaron, 4 millones para pagar a 30 trabajadores que pidieron licencia sin goce de sueldo y 102 mil pesos en pagos indebidos a siete trabajadores de la educación.

El resultado de las auditorías observa otros rubros como servicios de salud, infraestructura social, fondo de aportaciones múltiples, fondo para la educación tecnológica y de adultos, seguridad pública, fortalecimiento de entidades federativas, fondo metropolitano del Valle de México, entre otros.

Este sintético reporte evidencia la forma en cómo se utilizaron los recursos públicos en el gobierno encabezado por Peña. La mayor parte de los montos descritos contaba con sus respectivos pliegos de observaciones, que son el antecedente para definir posibles sanciones resarcitorias a los funcionarios públicos implicados.

Junto a Peña siempre estuvo, como consejero principal, su secretario de Finanzas, el doctor Luis Videgaray Caso, un consultor económico de 44 años de edad de quien no se tenían muchas, por no decir ninguna, referencia en el ámbito público, sino hasta que, a finales de su administración, Arturo Montiel lo contrató en 2004, un año antes del término de su encargo, para renegociar la abultada deuda del gobierno del Estado de México.

Tecnócrata formado en el equipo de Pedro Aspe Armella —secretario de Hacienda en el salinato y “jefe” de la tecnocracia moderna—, con quien trabajó durante varios años en la firma especializada Protego Asesores, Videgaray fue responsable de renegociar en aquel 2004 una deuda pública de 30 mil millones de pesos.

La noticia se difundió con todas las de la ley en un boletín del gobierno montielista: “El artífice del milagro cuya negociación se llevó diez meses es la firma Protego, encabezada por Aspe y Videgaray. En tanto, el instrumento será un fideicomiso maestro en el que cabrá la totalidad de la deuda, cuyo respaldo único serán las participaciones del gobierno federal hacia el Estado de México”.

Cuando un reportero preguntó qué pasaría si el futuro gobernador intentaba hacer alguna enmienda, la respuesta fue simple: “El fideicomiso maestro está autorizado para apretar las tuercas, cobrarse a lo chino vía las participaciones federativas; cancelar los beneficios de la tasa fija o reducir los plazos de vencimiento del principal”.

Con esa frase de profeta, impuesto por Montiel, Videgaray llegó al gabinete estatal el 16 de septiembre de 2005. Fue ése el día del inicio del gobierno de Peña. En mayo de 2008, convenció a éste para entrar en otra renegociación: la de 25 mil 175 millones de pesos, u 87 por ciento de la deuda total.

Videgaray está lejos de ser una persona impreparada: según su hoja de vida, cursó dos carreras a la vez —derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y economía en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM)—. Además, es doctor en economía por el Instituto Tecnológico de Massachussets (MIT). Pues bien, aquello fue un milagro a medias, porque el nuevo gobierno se comprometió a pagar, durante cinco lustros y por concepto de intereses, más de 56 mil millones de pesos, un promedio de 2 mil 270 millones 785 mil pesos anuales.

Los mexiquenses pagarán a los bancos el equivalente a tres deudas públicas en 25 años. Como lo puso en una de sus columnas el periodista local Macario Lozano: “Para liquidar los empréstitos con todo e intereses se necesitará lo que resta del gobierno de Peña, los siguientes cuatro sexenios completos y, al menos, la mitad de un quinto periodo, siempre y cuando no haya más endeudamientos o una nueva renegociación”.

Protego es un nombre clave, por su relación con Aspe Armella. Sobre él, el joven periodista mexiquense escribió en junio de 2010: “El futuro financiero de Televisa es celosamente custodiado por Aspe, presidente del Consejo de Administración y ex secretario de Hacienda, forjador de la célebre frase de que el desempleo en este país era un ‘mito genial’.

”Experto en economía, conocido como ‘el ángel de la dependencia’, Aspe mantiene desde hace tiempo una estrecha relación con los gobiernos locales. En la administración de Montiel fue el artífice, a través de Protego, dirigida por Videgaray, de la restructuración de la deuda. La influencia de Protego en el manejo de las finanzas públicas mexiquenses se extendió hasta el gobierno de Peña, quien al inicio de su mandato nombró al joven tecnócrata Videgaray como su secretario de Finanzas, cargo al que renunció en el primer trimestre de 2009, cuando fue inscrito en la lista de los diputados federales plurinominales. Y ya en San Lázaro se apropió, nada más, de la presidencia de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, una de las tres más poderosas.

”La bitácora de Protego revela que ha conseguido para el gobierno de Peña un crédito simple de 160 millones de pesos, un crédito de corto plazo revolvente por 500 millones, además de encargarse del refinanciamiento de Certificados Bursátiles a través del Fideicomiso Maestro, en una operación que representó 570 millones de pesos.

”Protego representó durante años la empresa más exitosa del intelectual de las finanzas; sin embargo, en 2006 la firma fue adquirida por el grupo financiero estadounidense Evercore Partners, en una transacción de 7 millones de dólares, bajo la cláusula de que todo el equipo de Aspe se adhiriera a la nueva estructura que quedó copresidida por el propio ex secretario de Hacienda.

”La firma se promueve en la Red como una empresa líder fundada en 1996 y que ha estructurado más de 100 transacciones de banca de inversión como colocaciones de capital privado, financiamiento de proyectos de energía, restructuraciones financieras, fusiones y adquisiciones y financiamiento a estados y municipios. Y en 2005, antes de ser vendida a Evercore Partners, registró ventas por 19.5 millones de dólares.

”La fortuna amasada por Aspe hoy le permite participar al lado de empresarios como Carlos Slim, Emilio Azcárraga Jean y la firma centroamericana TACA en la administración de la aerolínea de bajo costo Volaris, que encontró en el Aeropuerto Internacional de Toluca todas las facilidades para establecer su base de operaciones.

”Aspe no sólo preside el Consejo de Administración desde la fundación de la aerolínea, sino que también supervisa 25 por ciento de las acciones a través del fondo de inversión internacional Discovery Americas que fundó en 2003 en sociedad con Discovery Capital Management, pero además se prevé que, con la inminente salida de Grupo Televisa de Azcárraga Jean e Inbursa de Carlos Slim, el fondo capitaneado por Aspe se apodere de otro 25 por ciento de acciones.

”Aspe Armella es también el máximo responsable de la catástrofe económica que estalló en México a finales de 1994, cuando apenas había dejado la titularidad de la SHCP, y también es señalado por enriquecimiento ilegal al amparo del poder que detentó como titular de la dependencia.”

 

Atando cabos

 

Muy tarde, en 2011, cuando Peña se encaminaba a la Presidencia y Videgaray había consolidado su poder, los mexiquense se enteraron de que la deuda real superaba los 52 mil millones de pesos y que, incluida la de los municipios, aumentaba hasta 75 mil millones de pesos.

Carlos Madrazo Limón, diputado local panista en esa época, hizo una precisión el miércoles 30 de noviembre de 2011. La deuda pública se ubica en 75 mil millones de pesos; es decir, 52 mil millones, un “poquito” más, de lo que se debía al 16 de septiembre de 2005, cuando Peña tomó posesión como gobernador.

Presidente de la Comisión de Vigilancia del Órgano Superior de Fiscalización de la Legislatura mexiquense, Madrazo precisó que, del total del adeudo, 52 mil millones 147 mil 329 pesos correspondían al gobierno estatal. El de los ayuntamientos sumaba 14 mil 454 millones; el de los organismos de agua, 8 mil 553, en tanto que los sistemas del DIF municipales tenían un adeudo de 227 millones de pesos.

Ese mismo año, el 11 de marzo, el libro Información programática y rendición de cuentas. Claves para entender el uso indebido de los recursos públicos en el gobierno de Enrique Peña Nieto denunció un desvío por 13 mil 365 millones de pesos ejercidos en 2008.

José Guadalupe Luna, diputado local por el PRD, explicó que esa cantidad se incrementó, en diversos programas públicos, en una proporción que no correspondía con el cumplimiento de las metas de cada uno. Y sugirió que ese dinero habría terminado en la operación electoral en favor de las campañas del PRI en 2009.

El periódico Reforma publicó el 12 de marzo de 2011: “En ese año fueron presupuestados 114 mil millones de pesos, pero el gobierno mexiquense recibió 32 mil millones adicionales de la administración federal.

Oficialmente, dichos recursos fueron aplicados en 64 programas, pero, de acuerdo con el libro, cuyo autor es asesor financiero del PRD, se distribuyeron en forma irregular y violatoria de la Constitución. […]

Del total de excedentes federales, 13 mil 365 millones no impactaron en las metas de los programas a los que fueron destinados”. Atrapado con las manos en la masa, ese mismo día el secretario de Finanzas, Raúl Murrieta Cummings —quien heredó el puesto de su amigo Videgaray—, negó que haya existido algún desvío de recursos.

Luego cantinfleó un poco. Muchas metas establecidas en el gasto estatal, señaló, son cualitativas y no sólo cuantitativas. Sólo él sabe qué exactamente quiso decir. La duda se quedó para siempre en las páginas del libro, editado por la bancada del PRD en la Legislatura mexiquense.

Aunque en 2004 llegó al Estado de México, todavía se sabe poco sobre Videgaray. Por eso, hay que conocerlo, en parte, a través de lo que las publicaciones dicen de él o de sus acciones, y cómo lo dicen, o hacerlo a través de lo que comentan los periodistas toluqueños, con quienes ha tenido más contacto, o de algunas situaciones extrañas, por llamarlas de una manera generosa.

Por ejemplo, tres semanas antes del 1 de julio de 2012, la sede priista del Estado de México en Toluca decidió hacer remodelaciones en su edificio, ubicado en la avenida Alfredo del Mazo, al norte de la capital. Para ello contrató a un albañil para que tirara una barda interna y ampliara el espacio.

Ese hombre había trabajado anteriormente para los priistas en la construcción de bodegas ubicadas en el valle de México y en el periodo electoral había participado en la construcción de al menos tres de ellas. Pero esta vez era distinto. Laboraría por la madrugada, en una sección que no conocía. Lo haría solo, pero rodeado de al menos 20 policías, que se limitaban a observarlo derrumbar aquella pared.

Finalmente aceptó las condiciones porque le pagaban bien y comenzó su tarea. No tardó mucho en echarla abajo. Detrás de aquella pared encontró un enorme cuarto lleno de bolsas negras, que empaquetaban algo. El escombro había caído cerca de algunas de ellas y le impedían trabajar adecuadamente, por lo que decidió quitarlas, reacomodarlas en otro lugar.

Así, de un puntapié intentó hacerlo pero la bolsa se abrió. El contenido se desbordó y dejó boquiabierto al albañil. Decenas de fajos de billetes se desparramaron por el suelo al mismo tiempo que sonaba una alarma y los policías rodeaban y detenían al desafortunado alarife.

Sin explicar nada, lo retuvieron ahí, amarrado, hasta que llegó El General, el jefe de seguridad de aquella zona fantasma, y lo interrogó más divertido que preocupado.

Como pudo, el trabajador le explicó lo sucedido. El General, con voz suave, ordenó a los policías que lo liberaran, y al asustado hombre, que siguiera su trabajo. “Nomás no digas nada, cabrón”, fue la recomendación final. El albañil terminó la ampliación y se apresuró a salir.

No pudo evitar, por más que quiso, mirar que aquellas bolsas de basura negras, del tamaño de un hombre, eran metidas a camionetas Van negras, con los vidrios polarizados. Luego llegó a su casa, se emborrachó y se lo contó a su mujer.

La sospecha, por decirlo de alguna manera, de que el aspirante priista presidencial Enrique Peña compró las elecciones del primero de julio será imposible de probar a pesar de relatos, testimonios y facturas que se han recabado por todo el país y que demuestran esa ilegalidad.

Las empresas involucradas con ese negocio han sido investigadas periodísticamente y se han encontrado verdades que no necesitan sino la voluntad de las instituciones para hacerlas legales. Televisa, Milenio y TV Azteca son los órganos informativos vinculados con Peña, cuyo equipo supo que aquellos escaparates serían insuficientes. Así, sumó los esfuerzos de Monex, una casa financiera que triangula dinero y se dedica al negocio de los depósitos electrónicos en tarjetas de prepago y los unió al de las tiendas Soriana, cadena de supermercados que trabaja habitualmente con el gobierno del Estado de México, que le ha comprado hasta 4 mil millones de pesos en mercancías los últimos años.

Por complicado que sea, el camino que sigue ese dinero y cuyas cantidades rebasan los topes de campaña autorizados por el IFE, el organismo encargado de organizar las elecciones federales, es rastreable.

Otras compañías se sumaron al esfuerzo priista por ganar la Presidencia de México. Incluso, hubo algunas que surgieron de la nada y cuyos dueños son obreros, albañiles y hasta un muerto. En otros escenarios, los dueños de aquellos negocios tienen nexos con personalidades priistas que operaron en todos los niveles la campaña del sobrino de Arturo Montiel, como sucedió con el Grupo Empresarial Tiguan S.A., involucrado con las tarjetas electrónicas de Monex y que ya en 2011 le vendió al PRI mexiquense 2 millones 554 mil pesos en relojes de mano, cilindros para agua y cubetas, para la campaña del actual gobernador mexiquense Eruviel Ávila.

Coordinador de campaña de Peña, Videgaray fue también jefe de las ansiedades gubernamentales de Ávila. Durante mucho tiempo, el mayor blasón de Videgaray fue ser el hermano inteligente de Eduardo Videgaray Caso, un conductor y humorista de Televisa que salía en programas de concursos o presentando videos musicales.

Estudiante aplicado del ITAM, Luis encontró acomodo en el despacho-negocio de Pedro Aspe Armella, un ex secretario de Hacienda cuyos días de gloria transcurrieron en la Presidencia de Carlos Salinas de Gortari.

Su firma Protego se dedica a reinventar las deudas públicas de los estados mexicanos, entre otras cosas, y hasta Toluca llegó el joven Videgaray, enviado por Aspe, para que le resolviera a Montiel y a Miranda Nava el embrollo que habían hecho de la cuenta pública mexiquense.

Tan bien le fue a Videgaray que pronto se codeó con la crema y nata del Grupo Atlacomulco y se integró sin dificultades a los Golden Boys, el selecto club formado por Montiel que escogía a lo más granado de la política mexiquense y que exigía ser joven, más o menos guapo, pero muy ambicioso, y que sirviera sin chistar las órdenes de aquel ex gobernador. Ni la inteligencia ni la educación eran necesarias.

En los Golden Boys se fortaleció la carrera pública de muchos políticos como Peña, Miranda, Videgaray, Laura Barrera, los hermanos Del Mazo Maza y una larga lista que incluía, faltaba más, a los parientes dilectos de ese ambicioso Arturo.

Videgaray se hizo de la Secretaría de Finanzas cuando Peña Nieto le encargó de administrar el “negocio familiar” —llamado gubernatura—, desde el palacio de la avenida Lerdo en Toluca. Luego fue diputado federal y desde ese cargo aprendió lo que le faltaba, que fue poco pero que le dio estómago para desprenderse de lo que no necesita la exigencia política.

Brillante y poderoso, será cuestión de tiempo para que los mexicanos nos enteremos quién verdaderamente lleva las cuentas del peñanietismo, aunque Peña envió los primeros guiños en un viaje que hizo a Nueva York, a mediados de noviembre de 2011, durante su precampaña presidencial. Y a propósito de esa visita, el 30 de abril de 2012, David

Luhnow escribió para el diario estadounidense The Wall Street Journal que Videgaray dejó satisfechos a los inversionistas en Estados Unidos. “Peña le dio a los inversionistas de Wall Street una idea de cómo sería su gobierno cuando llegó a Nueva York acompañado de una sola persona.

Mientras la mayoría de políticos mexicanos viajan con una verdadera corte, Peña llegó a finales de 2011 acompañado sólo por Videgaray, su jefe de campaña, asesor más cercano y tal vez el mexicano más influyente cuyo nombre pocos conocen.”

Si bien ambos fueron sometidos a una intensa sesión de preguntas, Luhnow recordó que “Peña es considerado un político fotogénico, pero carente de mucha sustancia; recibió buenos comentarios.

Pero, para algunos, la verdadera estrella fue el economista convertido en político sentado a su lado, quien es visto como el cerebro detrás del candidato”. Las intervenciones de ese hombre al lado de Peña impresionaron no sólo a los inversionistas, sino a algunos especialistas independientes, según los informes de Luhnow. “Un economista de Wall Street que escribe un boletín bisemanal dijo que Videgaray hizo preguntas detalladas sobre temas que él (el economista) había cuestionado durante el último año. Videgaray había hecho su tarea, lo cual no ocurre con muchos funcionarios mexicanos últimamente. […] Peña tiene cuatro asesores importantes: Videgaray, Videgaray, Videgaray y Videgaray, dijo en broma un alto dirigente del PRI.”

 

Recluta con sabor a Salinas

 

De aquel Videgaray que en 2004 llegó a Toluca serio y callado, muy trabajador, y que luego se transformó en un iracundo funcionario que lo mismo estallaba porque le tomaban una foto amarrándose las agujetas de sus zapatos que por un error en los protocolos, queda muy poco, escribió el 23 de julio de 2012 el periodista Miguel Alvarado, quien se ha convertido en uno de los mayores críticos de la clase gobernante del Estado de México.

Ni siquiera se recuerda que fue bautizado por un editor local como Harry Potter por hacer “magia” con las finanzas locales. Atrás quedó la historia que muy pocas veces contó públicamente y que ofrecía a una familia Videgaray sin figura paterna, donde la madre sacó adelante a tres hijos.

“La miseria de la cual dice venir —señaló Alvarado— no cuadra con el actual político, comprador delirante de elecciones presidenciales, artista burdo que no pudo mantener en la discreción los tratos que terminaron de deslegitimar a su jefe eterno. Su padre biológico, Luis Videgaray Alzada, murió joven, pero como empleado de la banca cultivó relaciones que años después aprovecharían los hijos. A ese padre le dio tiempo de fundar, el 15 de octubre de 1958, el Instituto Mexicano de Valuación con Antonio Fraga Magaña, alto funcionario de la banca y hermano de Gabino Fraga Magaña, prominente jurista y magistrado de la SCJN que fue siempre destacado representante de las élites posrevolucionarias.”

“La familia Fraga no sólo es priista de toda la vida, como reconoció Gabino Fraga Mouret, propietario del Grupo de Abogacía Profesional (GAP), sino que sus hijos Emilio y Gabino han prestado sus servicios a ese partido. […] Emilio Fraga Hilaire, dueño de la empresa Importadora y Comercializadora Efra que en la campaña presidencial pagó a Monex 91 millones de pesos por el servicio de un programa de monederos electrónicos, presuntamente usados para la compra masiva de votos a favor del PRI, aportó cuotas como militante entre 2000 y 2001. […] Su medio hermano Gabino Fraga Peña fue coordinador regional de compromisos de campaña de Enrique Peña Nieto en Tlaxcala y contratista del gobierno del Estado de México”, escribió Anabel Hernández el 22 de julio de 2012 en una nota para el periódico Reforma.

Nada es casualidad y nadie sabe para quién trabaja ni puede confiar en quienes contratan para contar dinero ajeno. La muerte de Juan Armando Hinojosa García, hijo del empresario mexiquense Armando Hinojosa Cantú, ha levantado toda clase de sospechas luego de que el helicóptero en el que viajaba se estrelló en Jiquipilco.

En otras fechas, el accidente sería eso, un error de alguien. Pero sucedió cuando el proceso electoral presidencial involucraba una demanda por fraude y compra de votos. Y la familia Hinojosa, que facturó unos 23 mil millones de pesos en la administración mexiquense de

Peña, se veía como parte del entramado que los lopezobradoristas denunciaron como parte del plan priista que tiene a Peña en Los Pinos, advirtió el periodista mexiquense Miguel Alvarado.

Sobre la muerte del hijo del empresario —quien estuvo casado con Rosa Herrera, hija del ex gobernador de Veracruz, Fidel Herrera—, se sabe que, antes de su muerte aquella noche del 28 de agosto de 2012, abandonó el hotel Cantalagua, en Contepec, Michoacán, donde se realizaba una fiesta para celebrar el cumpleaños desfasado de Peña. Y ahí estaban, entre otras figuras públicas, Videgaray, Miranda, Elba Esther Gordillo y el propio presidente electo.

Hinojosa García, de 30 años y con domicilio en el Fraccionamiento Providencia de Metepec, abordó, cerca de las 11 de la noche, uno de sus helicópteros de la marca Augusta, modelo 109 y que alquila a funcionarios mexiquenses desde hace años, para volar al aeropuerto de Toluca, a media hora de distancia. Pero en el camino se le atravesaron el mal tiempo y la impericia del piloto, un oficial de primera línea porque tenía que llevar a destino a políticos que no perdonan. Incluso, altísimos árboles fueron involucrados en ese desastre, que comenzó el sábado 28 de julio y terminó el domingo por la mañana, cuando el ejército y la policía encontraron los restos.

La muerte de Hinojosa García sigue sin desviarse un ápice de la línea de intriga y terror que la autollamada política de alto nivel practica desde tiempos de don Porfirio Díaz: quien no sirve a los intereses en turno, a pesar de su foja de servicios, debe ser desarticulado, por el bien de todos. Unos optan por el destierro diplomático. Otros, por la sumisión, el silencio y el retiro de la vida pública. Otros vuelven a obedecer, pero algunos pocos deben sacrificarse.

La barbarie del poder, apuntaló Alvarado, alcanza para todos. Los Colosio, Posadas, Mouriño, Blake, los mismos Salinas, los Ruiz saben de esas historias. A Juan Armando Hinojosa García, el joven entusiasta que se encargó de la logística en la campaña presidencial priista, todavía le alcanzó para estar en Cantalagua, propiedad de la extensa familia de Peña Nieto y que administra Mayolo del Mazo, empresario local enriquecido a la sombra de sus poderosos parientes políticos desde hace años.

A raíz de que Hugo Piña, director general de Seguridad Pública de la entidad, falleciera luego de que su helicóptero cayera sobre el edificio de la Procuraduría mexiquense en 2000, las naves estatales fueron depuradas porque Arturo Montiel era pasajero cotidiano de aquellas veleidades.

No fue sino hasta 2006 cuando la flotilla quedó por fin saneada. Curiosamente, Videgaray, entonces secretario de Finanzas, supervisó la venta de 12 helicópteros a la empresa Augusta, por 8 millones de dólares y que se integraría a un capital total de 13 millones de dólares que la misma Augusta facturó para entregar tres aeronaves nuevas.

El gobierno de Peña gastó 17 millones de pesos al año por mantenimiento y combustible. Luego, el remplazo de Videgaray en la Secretaría de Finanzas, Raúl Murrieta Cummings, completó compraventas por hasta 15 millones de dólares totales. Otros tres Augusta se agregaban a la flotilla estatal, pero además se adquirían tres helicópteros Koala a la misma empresa, que prometió enviar un último embarque con otras tres unidades.

Hinojosa García era el encargado de Logística de la campaña de Peña. Oficialmente, preparaba la llegada y salidas del entonces candidato priista a las diversas plazas que recorrió en las giras. Le rendía cuentas a varios, entre ellos al encargado de las negociaciones del PRI para obtener fondos y apoyos económicos, Luis Miranda Nava, secretario de Gobierno con Arturo Montiel y el propio Peña.

A Miranda se le ubica como el verdadero operador de la campaña presidencial, con un poder absoluto sobre el coordinador Videgaray, contratado para figurar en público por su aparente récord intachable. El 2 de agosto, el senador petista Ricardo Monreal exhibió públicamente una cuenta bancaria de Videgaray desde donde se habrían triangulado recursos dirigidos a las campañas presidenciales, ahora en el Estado de México. La cuenta, abierta en el Scotiabank a nombre del gobierno estatal, presentaba millonarios depósitos a partir de febrero de 2012, cuando se registró uno por mil 30 millones 724 mil 699 pesos.

Según la denuncia, esa cuenta era administrada por Videgaray, coordinador de las campañas de Peña, y en su momento del ahora gobernador mexiquense Eruviel Ávila, y tiene el número 03800806935. Recibió depósitos desde otra cuenta abierta en BBVA Bancomer. Según los números de Monreal, hubo desde febrero cinco depósitos, que juntos daban la cantidad de 8 mil 600 millones de pesos.

La relación de estados de cuenta —que se hizo pública— número 806935, con número de cliente 123941073, indicó que en marzo de 2012 se depositaron mil 621 millones 304 mil 570 pesos; en abril, se registraron 2 mil 584 millones 595 mil 854 pesos; en mayo hubo en la cuenta 3 mil 195 millones 35 mil 23 pesos, y en junio se realizó un último depósito por 250 millones 73 mil 878 pesos.

Videgaray, por su parte, calificó de “absolutamente falso” el informe del senador. El jueves 6 de septiembre, el todavía secretario de Finanzas del gobierno mexiquense, Raúl Murrieta, aceptó que durante la campaña presidencial, desde su dependencia, se hicieron tres depósitos millonarios a particulares, pero aseguró que se trató de un error.

En una comparecencia ante la Legislatura local en Toluca, admitió que durante y después de la campaña presidencial hubo tres errores en los registros de las cuentas bancarias del gobierno mexiquense.

Uno de esos pagos, explicó, fue reportado en el Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI), donde el particular Marcos González Pak apareció como beneficiario de 50 millones de pesos. Sin especificar montos ni nombres, mencionó que los otros depósitos se hicieron después de los comicios del 1 de julio.

La mea culpa de Raúl Murrieta cayó como balde de agua fría porque, en su momento, el PRI aseguró que los documentos presentados por Monreal eran falsos.

Durante aquella visita a Nueva York en noviembre de 2011, se hizo hincapié en el sentido de que las huellas de Videgaray ya se notaban con claridad en las propuestas de Peña, que incluían una reforma tributaria y un ambicioso plan para abrir el sector de los hidrocarburos a inversionistas de la iniciativa privada.

Peña, escribió Luhnow en The Economist, “buscará reformar rápidamente la Constitución para permitir que las compañías privadas se asocien al monopolio estatal Petróleos Mexicanos (Pemex) en la exploración y producción de crudo, además de invertir abiertamente en refinación. […] El que un candidato del PRI abogue por la apertura del sector energético es histórico. Después de todo, el PRI nacionalizó  la industria petrolera en 1938, un acontecimiento que celebró por décadas como el momento que definió el nacionalismo mexicano. ‘Ya es hora de que nos quitemos estas ataduras ideológicas’, dijo Videgaray.

[…] Debido a su formación técnica, Videgaray es considerado como alguien pragmático y ajeno a los círculos políticos tradicionales. Las críticas en su contra son escasas, incluso entre sus rivales políticos. La cuenta de Twitter del presidente Felipe Calderón muestra que la primera persona fuera de su partido a la cual siguió fue a Videgaray. […] No obstante, los críticos aseguran que la dependencia de Peña en Videgaray subraya sus falencias como candidato. Peña lo necesita ahora, dijo un legislador del opositor Partido de la Revolución Democrática. ¿Pero qué pasará cuando estén en el poder? ¿Y cuánto cambiará el poder a Luis?”

Muchos se preguntaron sobre el significado de la reforma tributaria, el plan para abrir algunos sectores de Petróleos Mexicanos (Pemex) a la iniciativa privada y algunos señalamientos sobre el sistema de salud.

Sólo encontraron una respuesta: el peñismo intenta crear un sistema universal, de seguridad social, que implica el seguro de desempleo, acceso a la salud, pensión para la vejez y seguro de riesgo de trabajo pero se hará sólo si se aprueba la reforma fiscal integral que eliminará, todavía más, si se puede, impuestos a los empresarios, a cambio de aumentar los gravámenes al resto de la población —en especial el Impuesto al Valor Agregado (IVA) a medicamentos y alimentos.

En otras palabras, se pondrá en marcha el Seguro Popular de los panistas, pero con un aumento generalizado de impuestos; se busca que prevalezca el actual modelo de economía de libre mercado en beneficio de las grandes empresas que controlan la dinámica económica mexicana, con mano de obra todavía más barata, mientras se concreta abrir Pemex y la generación de energía eléctrica a la inversión privada, aunque ya más del 50 por ciento de la generación está a cargo de empresas privadas, las que se la venden a la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Dicho sea de paso, quieren legalizar la situación y extenderla.

Si hay razón o no en los señalamientos, ya se verá. Pero de que hay influencias superiores a Videgaray, las hay. Él ya las probó y le dejaron un sabor amargo. En mayo de 2010, el periodista Alberto Aguirre escribió en la columna que publica en El Economista: “Pero no todo es política entre la fuerza mexiquense. Una historia reciente así lo comprueba. Resulta que Videgaray había consultado con el personal de la oficina del gobernador Peña si tendría una fecha disponible, entre marzo y abril. Quería asegurar que su ex jefe —Videgaray ya era diputado federal— estuviera presente en la fiesta que ofrecería, después de la primera comunión de su primogénita. ”Después de las vacaciones de Semana Santa, le respondieron. El segundo sábado de abril, completaron más adelante. Así pues, el legislador y su esposa se abocaron a preparar el banquete, al que Peña y su actual pareja, la actriz Angélica Rivera, serían invitados de honor… no obstante que entre ambas mujeres ha habido una relación ríspida. Belicosa.

”Todo estaba listo. Se giraron las invitaciones. La catedral estaba apartada… pero tres días antes de la fiesta, llegó una llamada de la oficina de Peña, disculpándolo. No podría acompañar a su amigo en tan importante ocasión. El mismo sábado que Videgaray daba su fiesta, Angélica Rivera ofrecía otra, para celebrar la primera comunión de Fernanda, la menor de las hijas que tuvo con Jorge Alberto “El Güero” Castro. El padrino fue Enrique Peña Nieto.

”A esa fiesta sí se presentó el gobernador mexiquense. En la lista de invitados, la mayoría eran actores, productores y cantantes de Televisa. En la mesa de honor; sin embargo, llamó la atención la presencia de dos personajes cercanísimos a la pareja Peña-Rivera: el empresario Juan Armando Hinojosa —propietario de la constructora Teya, a quien le apodan El Rey Midas en territorio mexiquense— y el diputado local Ernesto Némer Álvarez.

”Ya se sabía que Rivera tiene un control casi absoluto sobre la agenda social del mandatario mexiquense. Al grado de que en el último cumpleaños de Peña hubo dos fiestas: una para la clase política y los aliados. Y otra, para el elenco de El Canal de las Estrellas.”

El portazo de La Gaviota hizo poca mella. Videgaray tiene muchas otras cualidades. Sabe, por ejemplo, rodearse de profesionales brillantes. A él y a Aspe se les atribuye el reclutamiento de otro verdadero Golden: el chihuahuense Emilio Lozoya Austin, a quien, de no sufrir un traspié político, se le augura un futuro brillante en la Presidencia de Enrique Peña Nieto.

Licenciado en economía por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), maestro por la Universidad de Harvard y licenciado en derecho por la UNAM, Lozoya Austin es hijo de Emilio Lozoya Thalmann, un tecnócrata que perteneció al primer grupo de la Presidencia de Carlos Salinas de Gortari —como director general del ISSSTE y luego como secretario de Energía—, al lado de personajes como Manuel Camacho Solís.

En marzo de 2012, Lozoya Austin, de 37 años de edad, y ya integrado plenamente a la campaña peñista como coordinador de Asuntos Internacionales, fue designado uno de los 192 Jóvenes Líderes Mundiales, elegidos de 59 países, por el Foro Económico Mundial de Davos, con sede en Ginebra, Suiza. “Dentro de la comunidad del Foro Económico Mundial, los Jóvenes Líderes Mundiales representan la voz para el futuro y las esperanzas de la nueva generación. Me siento especialmente orgulloso de los honrados de este año y confío en que sabrán abordar los desafíos a los que nos enfrentamos de forma efectiva, mediante nuevas ideas y una verdadera participación”, señaló Klaus Schwab, fundador y presidente ejecutivo del Foro.

Esa distinción la recibieron 38 jóvenes de Asia Oriental, 19 de Asia Meridional, 46 de Europa, 15 de Oriente Medio y África del Norte, 18 de África Subsahariana, 37 de América del Norte y 19 de América Latina, Lozoya entre ellos.

“La posición de México ante el mundo ha perdido espacios a lo largo de los últimos 12 años. Después de haber gozado de una gran reputación en el ámbito global y diplomático durante más de 40 años, la imagen del país es cuestionada en el concierto internacional debido, principalmente, a los problemas que padece en materia de seguridad”, refirió Lozoya Austin en el amplio ensayo Una visión de México para el futuro, que escribió con Jorge Montaño Martínez, ex representante permanente de México ante la Organización de Naciones Unidas y ex embajador de México en Estados Unidos.

No dejó dudas sobre lo que piensa de los gobiernos panistas: “Tenemos 12 años con una relación deteriorada, desgastada, poco constructiva, y enderezarla deberá ser una de las prioridades del próximo Presidente. Es preocupante que en ningún ámbito —ni comercial ni migratorio ni de seguridad— hayamos tenido el menor avance”.

Integrante del Consejo de Administración de OHL —una de la empresas más beneficiadas por el gobierno de Peña Nieto en el Estado de México—, Lozoya Austin también ha condenado a las administraciones panistas porque han dado malos resultados en seguridad, han generado un incremento de la violencia, una baja inversión en infraestructura y un incremento del poder monopólico de los grupos empresariales hegemónicos.

Videgaray cumplió años el 10 de agosto de 2012. Es un nuevo político que, como lo dicen en Toluca, lo tiene todo. Si bien en privado no tolera a personajes muy cercanos a la profesora Elba Esther Gordillo, como a Mónica Arriola, la hija de ésta, ganó una elección, nadie le puede probar jurídicamente que hizo trampa en los comicios presidenciales y es amigo del “jefe de jefes”.

Además, tiene un hermano que trabaja en Televisa y es muy bueno para hacer cuentas. La vida le sonríe plenamente a un hombre que se gana el sustento con dinero público. La sonrisa, sin embargo, tendrá sus límites. Si el desarrollo político puede ser una primera realidad viciada, a su lado tendrá políticos de viejo cuño que pueden atragantarle el futuro. Ése es el caso de los ex gobernadores hidalguenses Jesús Murillo Karam y Miguel Ángel Osorio Chong.

Como quiera, a Videgaray le haría bien analizar la historia de los priistas de viejo cuño y sus malsanas pasiones políticas. Puede hacerlo con cualquiera, de los sexenios turbios de Gustavo Díaz Ordaz, Luis Echeverría, Carlos Salinas o al taimado de Adolfo Ruiz Cortines, el frívolo de José López Portillo, el oscuro de Miguel de la Madrid o el del “traidor”, como llaman los priistas al de Ernesto Zedillo Ponce de León. En todos, los “elegidos” se quedaron atrás o en el camino, valga decir.

Tanto poder lo tuvieron Gilberto Flores Muñoz, Ernesto P. Uruchurtu, Arsenio Farell Cubillas, Arturo El Negro Durazo Moreno, Manuel Camacho Solís, Alfredo del Mazo González, “el hermano que nunca tuve”, como lo llamaba De la Madrid, y Emilio Chuayffet.

Puede verse también, como buen segundo o segundón, en los zapatos del francés-mexicano José María Córdoba Montoya o en los del chihuahuense Liébano Sáenz Ortiz, marginados hoy de la responsabilidad política de “conducir” a un país.

Artífices del mal

* Las cuentas pendientes se acumularon una tras otra: el Estado de México se convirtió, en el sexenio de Peña, en santuario para los grandes capos del crimen organizado, mientras el gobierno daba muestras sobre cómo se debe someter a un gremio: en 2008 torció y violó las leyes laborales —además de perseguir, reprimir y amenazar a un grupo de profesores— para impedir la creación del Sindicato Unificado de Maestros y Académicos del Estado de México o las cuatro exoneraciones a su tío Arturo Montiel Rojas.

 

Francisco Cruz Jiménez

Consumada la imposición, avalados los resultados por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), desechadas las pruebas de compra del voto, ignorada la denuncia del periódico inglés The Guardian sobre la extraña, para evitar la palabra comprada, cobertura noticiosa de Televisa para favorecer a Enrique Peña Nieto y 72 años después, la profecía se ha cumplido.

Sobre Peña y su ascenso a la Presidencia se han levantado toda clase de sospechas, como dudas sobre sus más cercanos colaboradores, Miranda Nava, en terrenos de amistad, y Videgaray, en el manejo de recursos públicos.

El PRI es un hervidero de versiones: que si Miranda es el operador negro, amo y señor de todos los dineros que los priistas usaron de manera irregular para la jornada del 1 de julio, que Videgaray es un triste parapeto. Y que, también, los recelos son parte del karma ineludible que persigue a los que tienen el corazón a la derecha y lo combinan con profundos conocimientos financieros y estómago todo-terreno.

Desconfianzas hay para enumerar. de la muerte de su primera esposa Mónica Pretelini Sáenz, en circunstancias extrañas, hasta la muerte de Juan Armando Hinojosa García —hijo del empresario Armando Hinojosa Cantú—, luego de que el helicóptero en el que regresaba de una fiesta se estrellara, la noche del sábado 28 de agosto de 2012 en el municipio de Jiquipilco, al norte de Toluca.

Los saldos negros incluyen la ejecución de cuatro guardaespaldas de la familia Peña Pretelini en el puerto de Veracruz, la desaparición y muerte Paulette Gebara Farah, la violenta incursión, represión y violación de mujeres en San Salvador Atenco, la criminalización de movimientos sociales y la invención de delitos para encarcelar a líderes sociales.

El manejo mediático hizo que la profecía “seis gobernadores saldrán de Atlacomulco. Y de este grupo compacto, uno llegará a la Presidencia de la República” se convirtiera en un mito fundante, como establece el doctor José Antonio González en su ensayo La profecía de Atlacomulco: rumor, leyenda y mito mágico-político; pero todavía se debe una explicación sobre el escandaloso número de mujeres asesinadas y desparecidas durante el gobierno de Peña en el estado de México.

Entre 2005 y 2011, durante el peñismo, en territorio mexiquense fueron asesinadas 922 mujeres, mientras que en 2011 se reportaron 600 desapariciones de niñas y jóvenes de entre 10 y 20 años de edad. Pero también destaca la opacidad en la información.

Las cuentas pendientes se acumularon una tras otra: el Estado de México se convirtió, en el sexenio de Peña, en santuario para los grandes capos del crimen organizado, mientras el gobierno daba muestras sobre cómo se debe someter a un gremio: en 2008 torció y violó las leyes laborales —además de perseguir, reprimir y amenazar a un grupo de profesores— para impedir la creación del Sindicato Unificado de Maestros y Académicos del Estado de México o las cuatro exoneraciones a su tío Arturo Montiel Rojas.

Las sospechas brotan por donde se mire o donde uno se pare. El miércoles 16 de febrero del 2011 la Auditoría Superior de la Federación (ASF) entregó a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, el informe sobre nueve auditorías practicadas a los recursos federales utilizados por el gobierno del Estado de México en 2009.

Poco alentadores, los resultados mostraron el desaseo con el que manejaba el presupuesto público, debido a que de cada cinco pesos de recursos federales, uno fue malversado, lo que implicaba presuntas violaciones graves a la normatividad, desviaciones, usos ilegales tipificados y posibles daños al erario.

En el Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal se observó como presunto desvío la cantidad de 2 mil 349 millones de pesos, de los cuales mil 198 millones no se transfirieron a Servicios Educativos del Estado de México (SEIEM), 331 millones se utilizaron para pagar a 948 personas que no se localizaron en ningún centro de trabajo del SEIEM.

Con 210 millones se realizaron pagos indebidos a 5 mil 642 trabajadores comisionados al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, 182 millones de pesos en apoyos indebidos al sindicato, 150 millones en pagos a personas con siete categorías no identificadas en el catálogo de cargos y puestos, 149 millones en pagos a 92 mil 107 trabajadores por 15 conceptos acordados por un convenio estatal con el sindicato y no registrados en las reglas generales del Fondo de aportaciones para la educación y 44 millones de pesos de productos financieros que no fueron transferidos al SEIEM.

Adicionalmente, dentro de los denominados montos menores, se utilizaron 30 millones de pesos en gastos no relacionados con la educación básica, 25 millones en el pago indebido a 262 trabajadores por honorarios, 19 millones gastados en 361 trabajadores de centros clausurados, 5 millones dirigidos a 115 personas que no se localizaron, 4 millones para pagar a 30 trabajadores que pidieron licencia sin goce de sueldo  y 102 mil pesos en pagos indebidos a siete trabajadores de la educación.

El resultado de las auditorías observa otros rubros como servicios de salud, infraestructura social, fondo de aportaciones múltiples, fondo para la educación tecnológica y de adultos, seguridad pública, fortalecimiento de entidades federativas, fondo metropolitano del Valle de México, entre otros, sin embargo, por cuestiones de espacio en esta columna sólo describimos los referentes a educación.

Este sintético reporte evidencia la forma en cómo se utilizan los recursos públicos en el gobierno encabezado por Peña. La mayor parte de los montos descritos contaba con sus respectivos pliegos de observaciones que son el antecedente para definir posibles sanciones resarcitorias a los funcionarios públicos implicados.

Junto a Peña, siempre estuvo, como consejero principal, su secretario de Finanzas, el doctor Luis Videgaray Caso, un consultor económico de 44 años de edad de quien no se tenían muchas, por no decir ninguna, referencia en el ámbito público, sino hasta que a finales de su administración, Arturo Montiel lo contrató en 2004, un año antes del término de su encargo, para renegociar la abultada deuda del gobierno del Estado de México.

Tecnócrata formado en el equipo de Pedro Aspe Armella —secretario de Hacienda en el salinato y “jefe” de la tecnocracia moderna—, con quien trabajó por varios años en la firma especializada Protego Asesores, Videgaray fue responsable de renegociar aquel 2004 una deuda pública de 30 mil millones de pesos.

La noticia se difundió con todas las de la ley en un boletín del gobierno montielista: “El artífice del milagro cuya negociación se llevó diez meses es la firma Protego, encabezada por Aspe y Videgaray. En tanto, el instrumento será un fideicomiso maestro en el que cabrá la totalidad de la deuda, cuyo respaldo único serán las participaciones del gobierno federal hacia el Estado de México”.

Cuando un reportero preguntó qué pasaría si el futuro gobernador intentaba hacer alguna enmienda, la respuesta fue simple: “El fideicomiso maestro está autorizado para apretar las tuercas, cobrarse a lo chino vía las participaciones federativas; cancelar los beneficios de la tasa fija o reducir los plazos de vencimiento del principal”.

Con esa frase de profeta, impuesto por Montiel, Videgaray llegó al gabinete estatal el 16 de septiembre de 2005. Fue ese el día del inicio del gobierno de Peña. En mayo de 2008, convenció a éste para entrar en otra renegociación, aunque suene a pleonasmo, para renegociar 25 mil 175 millones de pesos, u 87 por ciento de la deuda total.

Caminos errados

* Hasta el 2012, los tramos concesionados eran 11 y la afluencia que manejan es enorme. Según datos del propio gobierno estatal, La Venta – Chamapa, por ejemplo, registra un tránsito promedio diario, anual, de 34 mil 779 autos, pero un cruce diario de 55 mil 920 vehículos para apenas 14 kilómetros. Hace un año, un auto pagaba 58 pesos. Hoy paga 61 pesos. La empresa constructora es Concesionaria de Vías Troncales, S.A. de C.V, que pertenece al Grupo Carso, de Carlos Slim.

 

Miguel Alvarado

Según el gobierno del Estado de México, la red carretera local, que consta de unos 15 mil kilómetros, está en perfectas condiciones, y lo convierten en la entidad mejor comunicada del país. La realidad es otra. Solamente las carreteras concesionadas, o “privadas”, que cobran por peaje, reciben mantenimiento y correcciones adecuadas. Estos tramos han sido concesionados a un reducido grupo de empresarios, antiguos aliados políticos y económicos de gobernadores y funcionarios públicos mexiquenses. El resto, las carreteras secundarias, que en términos concretos forman parte de la red de caminos estatales, se cae a pedazos.

Hasta el 2012, los tramos concesionados eran 11 y la afluencia que manejan es enorme. Según datos del propio gobierno estatal, La Venta – Chamapa, por ejemplo, registra un tránsito promedio diario, anual, de 34 mil 779 autos, pero un cruce diario de 55 mil 920 vehículos para apenas 14 kilómetros. Hace un año, un auto pagaba 58 pesos. Hoy paga 61 pesos. La empresa constructora es Concesionaria de Vías Troncales, S.A. de C.V, que pertenece al Grupo Carso, de Carlos Slim. Quien opera esa carretera es Promotora del Desarrollo de América Latina, S.A. de C.V, de la española OHL (Obrascon Huarte Laín), propiedad a su vez de Juan Miguel Villar Mir,  accionista de Banco Santander y ex ministro franquista. Financiador del Partido Popular en España, Villar se adjudicó contratos por 7 mil 758.21 millones de euros entre el 2002 y el 2009. Sin embargo, es más conocido por su afán de querer dirigir al equipo de futbol Real Madrid, y competir y perder por su presidencia en el 2006.

Otra carretera concesionada es la Toluca – Atlacomulco, construida por Banobras y operada por OATSA, S.A. de C.V. Esta carretera mide 53 kilómetros y tiene una afluencia anual promedio, diario, de 25 mil 743 unidades, con 51 mil 969 cruces diarios. En dos años, la tarifa aumentó dos pesos, de 62 a 66 que ya se cobran en el 2013. Banobras es propiedad del gobierno mexicano y la administración de Enrique Peña puso a administrarlo a Alfredo del Mazo Maza, primo del presidente  e hijo y nieto de Alfredo del Mazo González y Alfredo de Mazo Vélez, ex gobernadores de la entidad. Su familia es pilar del llamado Grupo Atlacomulco y a del Mazo Maza se le menciona como el próximo aspirante del PRI para competir por la gubernatura del Edomex, luego de que perdiera en el último minuto ese nombramiento, frente a Eruviel Ávila Villegas. OATSA pertenece a Hermes, de Carlos Hank Rhon, hijo de Carlos Hank González, el autollamado “Profesor”, ex gobernador del Estado de México y miembro del invisible Grupo Atlacomuclo. Por años, dirigió la política mexicana tras bambalinas y heredó a sus hijos un emporio comercial cuestionado por sus presuntas relaciones con el narcotráfico, sobre todo. OATSA también administra la autopista Lerma – Tenango del Valle, construida por la empresa Lerma – Santiago., también de la familia Hank. Sobre esa construcción, se reportó “la tala de 22 mil árboles de pino, encino y oyamel en 68 hectáreas del Estado de México y en 6.61 de Morelos”.

La autopista Peñón – Texcoco tiene 16 kilómetros y medio de largo. Fue construida por PAC, S.A. de C.V y la administra OPERVITE, S.A. de C.V.  Arroja un promedio diario de circulación, por año, de 29 mil 654 vehículos y cruces diarios de 30 mil 47 unidades. El peaje subió 10 pesos en menos de un año, pues pasó de 28 en el 2012 a 38 pesos en el 2013. PACSA pertenece a Juan Armando Hinojosa, empresario consentido de los sexenios de Arturo Montiel y Enrique Peña. Patrocinador económico de aquellos políticos, a Hinojosa se le recuerda también por perder a su hijo, Armando Hinojosa García, en un accidente aéreo después de que un su helicóptero cayera durante un vuelo desde Atlacomulco, en el 2012, y encontrado entre Jiquipilco y Villa del Carbón. El padre es dueño de la empresa Eolo, cuyos aviones utilizó Peña durante su campaña presidencial. Por su parte, OPERVITE pertenece a David Peñaloza, señalado por beneficiarse en el sexenio de Ernesto Zedillo de sus relaciones políticas y obtener así concesiones carreteras. Controla 900 kilómetros de vialidades en el país y tiene concesiones para 12 autopistas. Peñaloza es cercano a Carlos Salinas de Gortari. Fue acusado por defraudar a Nafinsa 33 millones dólares en 1997. Prófugo, fue encarcelado en España y soltado en el 2003. “El 26 de marzo de 1993… el gobierno del Estado de México obtuvo la concesión por 20 años para operar la autopista Peñón-Texcoco, pero Fox cedió todos los derechos a una subsidiaria de Tribasa, ahora Pinfra, por un plazo de 19 años y 10 meses”, recuerda un artículo de Reporte Índigo. Tribasa y Pinfra son empresas de David Peñaloza.

La autopista Tenango – Ixtapan de la Sal es un tramo de 42.7 kilómetros, construido por Autopista Tenango – Ixtapan de la Sal, S.A. de C.V. y operada por David Peñaloza y su OPERVITE. Al año circulan, en promedio diario, 5 mil 778 unidades pero cruzan esa pista 11 mil 453 unidades. En un año subió su peaje de 71 a 78 pesos en el 2013. Opervite fue denunciada por un arbitrario aumento en esa cuota. “De acuerdo a un análisis de la calificadora Fitch Ratings, hasta julio del año pasado registraba un tráfico promedio diario de 6 mil vehículos que le generaban ingresos por día de 376 mil 858 pesos, 137 millones 553 mil 170 pesos cada año. Con este incremento los ingresos por día serían de 528 mil pesos, es decir, al año PINFRA recibirá 194 millones 720 mil pesos, de los cuales tiene que pagar el 1.5 por ciento al gobierno, lo que se traduce en 2 millones 890 mil 800 pesos”, recuerda el diario local Alfa.

El Libramiento Ruta de la Independencia Bicentenario fue construido por C.F.C. Concesiones, S.A. de C.V, de Carlos Slim, y es operada por Promotora del Desarrollo de América Latina, S.A. de C.V, en un tramo de 30 kilómetros, por OHL. Por ella circulan en promedio anual 12 mil 936 vehículos diarios y la cruzan 15 mil 347 unidades. En un año, aumentó el peaje de 60 a 63 pesos.

La Autopista Toluca – Zitácuaro, Ruta de los Insurgentes Bicentenario mide 40 kilómetros y su cuota, como la de las demás, aumentó de 70 a 81 pesos en menos de un año. Tiene 11 mil 831 cruces diarios y fue construida por Acomex, S.A. de C.V. Es operada por la empresa Operadora de Autopistas, S.A. de C.V.

Acomex, Autovías Concesionadas Mexiquenses, es parte de la empresa Coconal, fundada por Enrique Lona Valenzuela en 1950 y encabezada actualmente por Héctor Ovalle, quien es considerado uno de “los 100 dueños de México”, según la revista Expansión y Operadora de Autopistas es también filial de Coconal.

Coconal y Acomex también construyen y administran la Autopista Circuito Exterior Mexiquense Bicentenario, de 113 kilómetros y con 23 mil 512 unidades circulando diario, en promedio anual. El peaje era hace un año de 206 pesos, aunque hoy se cobra 229.

La Autopista Viaducto Bicentenario es un tramo de 23 kilómetros y 24 mil 403 unidades diarias e circulación. Fue construida por Viaducto Bicentenario, S.A. de C.V y es administrada por Operadora Concesionaria Mexiquense, S.A. de C.V. Viaducto Bicentenario es una concesionaria de los españoles de OHL, lo mismo que Operadora, filial mexicana de los europeos.

La Autopista Naucalpan – Ecatepec Bicentenario fue realizada por Viabilis Infraestructura, S. A. de C. V y es administrada por Operadora Autopista Río de los Remedios, S.A.P.I. de C.V en un tramo de 13.2 kilómetros, con una afluencia anual de 8 mil 67 unidades por día, en promedio.

El consentido del presidente

* Las empresas de Juan Armando Hinojosa han acaparado los contratos más grandes otorgados por el gobierno del Estado de México. Cifras conservadoras aseguran que ha facturado unos 23 mil millones de pesos los últimos 12 años y su margen de ventas no disminuye, a pesar de que la muerte de su hijo, Armando Hinojosa, ensombreció por un tiempo sus relaciones públicas.

 

Miguel Alvarado

Lerma. La construcción de la carretera Toluca-Naucalpan está con concesionada al empresario consentido del presidente de México, Enrique Peña Nieto, el magnate Juan Armando Hinojosa, quien hizo fortuna en los sexenios de Arturo Montiel Rojas y el propio Peña, entre 1999 y el 2005.

Aquella carretera ha arrojado ya 16 detenidos, otomíes del poblado de Xochicuautla, en el municipio de Lerma, quienes se oponen a la realización de la pista, pues supone perder su patrimonio al atravesar terrenos y casas. Y aunque los protestantes ya fueron liberados señalan a la empresa, Autovan, de  construir una obra que no se necesita, pues existen al menos dos vías de comunicación alternas, según se desprende de la carta enviada al presidente mexicano, por la investigadora de la UNAM, Elisa Lipkau Henríquez, para que “reconsidere su posición de continuar con el proyecto de la Autopista Toluca- Naucalpan por el bien de la comunidad de Xochi, de los habitantes del Distrito Federal, ya tan aquejados de falta de agua y sobre todo, de la ecología en nuestro país, ya de por sí sobreexplotado. Pensamos que esta autopista, además, no es necesaria, ya que existe la autopista México-Toluca y la autopista a Naucalpan que cubre con las necesidades de transportación entre Santa Fe y el aeropuerto de Toluca”

El aeropuerto de la capital mexiquense se ha convertido en pretexto para la construcción de nuevas vialidades que afectan Toluca pero también otros destinos, con la explicación superficial de hacer más rápida la conexión terrestre entre el aeropuerto del DF y el mexiquense, este último con un registro negativo de uso y derrama comercial que lo ubica como un elefante blanco, a pesar de los anuncios gubernamentales de la llegada de más empresas aeronáuticas. Lo cierto es que números oficiales indican una caída del 50 por ciento en el tráfico aéreo y del 45 por ciento en operaciones. Fue construido por la empresa española OHL, otra de los socios consentidos en la era de Peña Nieto, y tiene el 489 por ciento de las acciones de esa terminal.

Apenas el 20 de mayo, el gobernador mexiquense Eruviel Ávila aventuraba las cifras totales respecto a la funcionalidad del puerto aéreo: 15 destinos nacionales y tres internacionales y que ya incluían las nuevas rutas, Veracruz y Tijuana, además de la empresa Aeromar.

Las empresas de Hinojosa han acaparado los contratos más grandes otorgados por el gobierno del Estado de México. Cifras conservadoras aseguran que ha facturado unos 23 mil millones de pesos los últimos 12 años y su margen de ventas no disminuye, a pesar de que la muerte de su hijo, Armando Hinojosa, ensombreció por un tiempo sus relaciones públicas.

Según el sitio web http://indigenasdf.org.mx/, que mantiene la Asamblea de Migrantes Indígenas, el proyecto carretero es una de las promesas no cumplidas de Peña como gobernador del Edomex porque los campesinos no dejaron que se talara un bosque ubicado en la ruta de la vía, y que tiene carácter de sagrado. Así, en el 2012 la empresa Autovan había entendido que el proyecto se detendría si no conseguía una nueva forma de sacarlo adelante. Esta forma llegó gracias a un crédito por 5 mil millones de pesos que Banobras le extendió a Juan Armando Hinojosa, apuntalado con un decreto de expropiación, publicado por las autoridades mexiquenses el 6 de octubre del 2012, donde el bosque se le entregaba a Autovan debido a que representaba “un bene

Este decreto dice, al pie de la letra, que “la autoridad municipal de Lerma, México certificó que los inmuebles a expropiar no cuentan con registro o antecedente alguno que los identifique con algún valor artístico, histórico o cultural” y pasó por alto las costumbres del pueblo Hñañhu, defensor y en quien recae el cuidado de esa región. La autopista se construye con capital privado y ello, dice http://indigenasdf.org.mx/, se opone a la Ley de Expropiación del Estado de México, que aclara en su artículo 2 que Artículo “en el Estado de México la propiedad privada sólo podrá ser expropiada por causa de utilidad pública y mediante indemnización”. En juego están más de 3 mil hectáreas que cuentan con propietarios que han acreditado su legítima posesión. Desde el 12 de mayo, una asamblea en el pueblo de Xochicuautla se realizó bajo la presión de agentes ministeriales, quienes intimidaron a los vecinos para que no asistieran. A los integrantes, se les presionó para decidir a favor de Autovan. Los habitantes denunciaron la presencia de policías que protegieron aquella asamblea e impusieron silencio a los pobladores. Así, se decidió a favor de la expropiación pero nunca se votó para ello. “Uno de los escrutadores de votos, José Luis Domínguez, se negó a firmar el acta de conformidad, denunciando diversas irregularidades, motivo por el cual fue secuestrado por una patrulla que lo mantuvo bajo custodia por unos minutos, aunque la presión de la comunidad permitió su liberación”, apuntan los habitantes. Ese convenio, dicen, no dice qué pasará con el agua que pasa por el terreno ni por qué los afectados directos no recibirían indemnización, al menos de inicio, pues se les negó información sobre eso.

Las empresas de Armando Hinojosa son muchas, pero destacan Grupo Higa; Aerotaxis Eolo; Constructora Teya- IGSA; Publicidad y Artículos Creativos; Autopistas de Vanguardia, S.A. de CV; Mezcla Asfáltica de Calidad; Señales y Mantenimiento, SA de CV, y Consorcio IGSA Medical del Perú, además de una red de amigos y conocidos, de estrecha relación con el primer círculo del presidente mexicano, y entre quienes se menciona a  José Luis Tinoco Gutiérrez, Juvenal Meléndez Arriaga, Ramón Salgado Vega, Raúl Alamo Naidar, y Carlos Acra.

Los terrenos otomíes afectados por el trazo de la Toluca-Naucalpan, que en realidad es una vía que llega a los centros de negocios de Sata Fe, son un caso más en la larga historia de despojo territorial en el Edomex. De maera general, la actividad empresarial de Juan Armando Hinojosa Cantú está relacionada con la obtención de contratos a través de la modalidad PPS, como la sobras del viaducto elevado y la obra y mantenimiento del Hospital Regional de Zumpango, que costó unos 7 mil millones de pesos al gobierno estatal. Ha realizado trabajos en conjunto con la familia Hank, como la autopista Durango-Mazatlán y acompañaba cotidianamente al ex gobernador Peña en sus viajes por el extranjero, con el fin de concretar negocios en otros países.

Juan Armando Hinojosa es un moderno Midas. No puede evitar cambiar en oro todos los negocios que hace, a pesar de la ayuda del Grupo Atlacomulco y el impulso inicial de Arturo Montiel Rojas, a quien le debe integrarlo a un grupo de 49 empresarios, en sus inicios, el Consorcio Integrador del Ramo de la Construcción. La trágica muerte de su hijo, quien estaba en una fiesta en el rancho Cantalagua, festejando el cumpleaños de Enrique Peña, no lo amedrentó más de lo normal. Ha sabido encontrar estómago de hierro y aprovechar las coyunturas. Que su mejor amigo sea presidente de México es una casualidad que le ha caído a las maravillas, y en cuento la Federación comience su programa de obras públicas, Hinojosa y Autovan estarán presentes.

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