Preludio del adiós

* Como si Eruviel Ávila fuera el único culpable, la Federación “aconsejó” la imposición de Canales. Ese mismo aparato que administra el priista Enrique Peña ha gobernado el territorio mexiquense por más de ocho décadas y desde que el tío del actual presidente estaba como mandatario en la entidad, Arturo Montiel, el fenómeno del narcotráfico y la impunidad se manifestaron con fuerza.

 

Miguel Alvarado

Prontamente el Estado de México se llenó de combatientes. Más de dos mil agentes, militares, marinos y encubiertos patrullan las zonas más peligrosas, según mapas e intereses del gobierno federal, ahora a cargo de la seguridad pública. Hoy, hasta órdenes de cateo solicitadas y emitidas por internet deberán agilizar la aplicación de la ley, según el panorama que plantea el nuevo titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Damián Canales, un policía calificado como duro pero con un pasado que lo exhibe y siembra dudas acerca de su capacidad como funcionario público. La anterior secretaria, Rocío Alonso, propuesta del Ejecutivo mexiquense Eruviel Ávila, pasó por la dependencia con silenciosa irresponsabilidad. En su periodo, que duró cerca de tres meses, los índices de inseguridad se dispararon dejando al Edomex virtualmente en el primer lugar de todas las modalidades de crimen.

Como si Eruviel Ávila fuera el único culpable, la Federación “aconsejó” la imposición de Canales. Ese mismo aparato que administra el priista Enrique Peña ha gobernado el territorio mexiquense por más de ocho décadas y desde que el tío del actual presidente estaba como mandatario en la entidad, Arturo Montiel, el fenómeno del narcotráfico y la impunidad se manifestaron con fuerza. Montiel fue el creador de los Golden Boy´s, grupo de jóvenes yuppies que tenían como primer encargo servir al ex mandatario y luego formar cuadros políticos que apuntalaran un futuro todavía más prometedor. Allí estaban, rodeando al tío, el propio Peña, Luis Miranda Nava, Ernesto Némer, Ana Lilia Herrera y María Elena Barrera, entre otros, todos ellos ahora mencionados para suceder a Eruviel en un relevo que ya se cocinó desde Los Pinos. Otro incondicional de Montiel, aunque más que de él, de su ex esposa, la francesa Maude Versini, ha entrado a las listas de posibles gobernadores, Alfonso Navarrete Prida, ex procurador del Estado de México y actual mente secretario del Trabajo federal. Otra de las manos fuertes del peñismo gobierna Michoacán con mano extraña, también fue ex procurador del Edomex, Alfredo Castillo.

Damián Canales fue enviado para bajar los índices delictivos y aunque él mismo ha dicho que no se puede comprometer a nada, también afirma que “no le vamos a fallar a la gente”, como si algún ciudadano, uno solo, lo hubiera solicitado. Si se acepta que a la clase política gobernante en México no le interesa en absoluto el bien común y que ejerce para apuntalar y expandir sus propios intereses, se debe entender que Michoacán y el Estado de México experimentan un reordenamiento en la administración del narcotráfico y en la actividad electoral por venir. Ningún tipo de crimen organizado sería posible sin la participación activa de las autoridades. Quienes gobiernan lo saben. El cambio de gerencia en el narco es evidente. Valle de Bravo, de pronto capital alternativa de los cárteles de La Familia y los propios Templarios en el Estado de México está bajo fuego y las 82 ejecuciones que hasta febrero se registraban en la entidad confirman que el narco se ha asentado en todo el territorio, donde ahora los Zetas comienzan a pelear plazas.

El trabajo de Canales es encontrar un orden cuando las milicias sofoquen la rebelión de los criminales que ya no obedecen a las reglas tradicionales de colaboración. El nuevo secretario de Seguridad Ciudadana se ha preocupado, primero, por aparecer en público y filtrar un discurso comprometido con la eficacia. El gobierno federal sabe que dejar de hablar de un tema desintegra en gran parte su impacto social. A Canales, si le falla su plan, pues debe tenerlo, le bastará con guardar silencio. Era jefe de la División de Investigaciones de la Policía Federal en el 2013, donde jugaba el papel de allegado del recién renunciado Comisionado Nacional de Seguridad, Manuel Mondragón. A Canales se le vincula con La Hermandad, legendario grupo que controla en la Secretaría de Seguridad Pública del DF la asignación de cargos y trafica con influencias desde la década de los años 70. En el 2013, la policía federal fue “invadida” por antiguos mandos de La Hermanada, a la que se les entregó cargos e influencias. Canales también era jefe de la División de Investigación y jefe de la Policía Judicial del DF, en la época de López Obrador.

Trabajó también en Hidalgo cuando el actual secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong era mandatario de aquella entidad. Damián fue secretario de Seguridad Pública y en aquel estado se le cuestionó a su administración por presuntas relaciones con cárteles del narcotráfico como los Zetas. Cuando rompe con ellos, los persigue y encarcela pero facilita por otro lado salidas y protecciones. Damián, sin embargo, hizo público que los Zetas lo habían amenazado de muerte debido a las detenciones realizadas. Incluso policías de Hidalgo aseguraban que el actual secretario de Seguridad del Edomex había sido secuestrado por integrantes de la propia policía de Hidalgo cuando no pudieron llegar a acuerdos sobre el reparto del poder dentro de la instancia.

Como casi todos los jefes policiacos y procuradores que han llegado últimamente, Canales no se salva de su pasado, pero el problema de la inseguridad en el Edomex es distinto debido al poder político que representa la entidad gobernada anteriormente por el grupo de Peña Nieto. El Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, por ejemplo, acusa al gobierno mexiquense de maquillar cifras acerca de la violencia. “De acuerdo con el estudio La inseguridad en el Estado de México y el cerco criminal de la capital del país”, dicha manipulación es el primer problema para determinar la realidad de la seguridad en el Estado de México, pues las cifras no son confiables. El Consejo pone como primer ejemplo los reportes de los años 1997 y 1998 y de 2001 a 2011, en los cuales la PGJEM indicó que no se registraron denuncias por extorsiones, calificando en reporte como improbable. Otro de los delitos en los cuales se acusa al gobierno estatal de maquillar las cifras es en el delito de homicidio doloso, pues entre 1997 y 2006 en promedio se registraban dos mil 700 homicidios por año. De pronto se produjo un “milagro”: en 2007 los homicidios bajaron 59 por ciento respecto a 2006, en el 2007 el índice presentó una baja, justo cuando el entonces gobernador Enrique Peña Nieto, aspiraba a contender por la presidencia del país, reducción que mejoraría su imagen. El Consejo revela que las cifras proporcionadas por el gobierno contrastan con las del INEGI, pues este último reporta 83 por ciento más que la PGJEM”, apunta el diario local Alfa.

Al actual gobernador mexiquense, Eruviel Ávila, se le concede poco tiempo en su cargo. Los relevos están decididos y algunos aseguran que sería la Semana Santa del 2014 cuando el de Ecatepec deje su responsabilidad. La salida del mandatario no garantiza que la inseguridad baje, así como la presencia de Canales al frente de la SSC tampoco es síntoma de querer mejorar. El movimiento en Seguridad responde más bien al entorno político y proyectos de grupo que nada tienen que ver con el bienestar social. El Edomex es un enorme negocio que se prepara para abrir las puertas de cara a las elecciones del 2015. Para eso los movimientos y nada más.

Artífices del mal

* Las cuentas pendientes se acumularon una tras otra: el Estado de México se convirtió, en el sexenio de Peña, en santuario para los grandes capos del crimen organizado, mientras el gobierno daba muestras sobre cómo se debe someter a un gremio: en 2008 torció y violó las leyes laborales —además de perseguir, reprimir y amenazar a un grupo de profesores— para impedir la creación del Sindicato Unificado de Maestros y Académicos del Estado de México o las cuatro exoneraciones a su tío Arturo Montiel Rojas.

 

Francisco Cruz Jiménez

Consumada la imposición, avalados los resultados por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), desechadas las pruebas de compra del voto, ignorada la denuncia del periódico inglés The Guardian sobre la extraña, para evitar la palabra comprada, cobertura noticiosa de Televisa para favorecer a Enrique Peña Nieto y 72 años después, la profecía se ha cumplido.

Sobre Peña y su ascenso a la Presidencia se han levantado toda clase de sospechas, como dudas sobre sus más cercanos colaboradores, Miranda Nava, en terrenos de amistad, y Videgaray, en el manejo de recursos públicos.

El PRI es un hervidero de versiones: que si Miranda es el operador negro, amo y señor de todos los dineros que los priistas usaron de manera irregular para la jornada del 1 de julio, que Videgaray es un triste parapeto. Y que, también, los recelos son parte del karma ineludible que persigue a los que tienen el corazón a la derecha y lo combinan con profundos conocimientos financieros y estómago todo-terreno.

Desconfianzas hay para enumerar. de la muerte de su primera esposa Mónica Pretelini Sáenz, en circunstancias extrañas, hasta la muerte de Juan Armando Hinojosa García —hijo del empresario Armando Hinojosa Cantú—, luego de que el helicóptero en el que regresaba de una fiesta se estrellara, la noche del sábado 28 de agosto de 2012 en el municipio de Jiquipilco, al norte de Toluca.

Los saldos negros incluyen la ejecución de cuatro guardaespaldas de la familia Peña Pretelini en el puerto de Veracruz, la desaparición y muerte Paulette Gebara Farah, la violenta incursión, represión y violación de mujeres en San Salvador Atenco, la criminalización de movimientos sociales y la invención de delitos para encarcelar a líderes sociales.

El manejo mediático hizo que la profecía “seis gobernadores saldrán de Atlacomulco. Y de este grupo compacto, uno llegará a la Presidencia de la República” se convirtiera en un mito fundante, como establece el doctor José Antonio González en su ensayo La profecía de Atlacomulco: rumor, leyenda y mito mágico-político; pero todavía se debe una explicación sobre el escandaloso número de mujeres asesinadas y desparecidas durante el gobierno de Peña en el estado de México.

Entre 2005 y 2011, durante el peñismo, en territorio mexiquense fueron asesinadas 922 mujeres, mientras que en 2011 se reportaron 600 desapariciones de niñas y jóvenes de entre 10 y 20 años de edad. Pero también destaca la opacidad en la información.

Las cuentas pendientes se acumularon una tras otra: el Estado de México se convirtió, en el sexenio de Peña, en santuario para los grandes capos del crimen organizado, mientras el gobierno daba muestras sobre cómo se debe someter a un gremio: en 2008 torció y violó las leyes laborales —además de perseguir, reprimir y amenazar a un grupo de profesores— para impedir la creación del Sindicato Unificado de Maestros y Académicos del Estado de México o las cuatro exoneraciones a su tío Arturo Montiel Rojas.

Las sospechas brotan por donde se mire o donde uno se pare. El miércoles 16 de febrero del 2011 la Auditoría Superior de la Federación (ASF) entregó a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, el informe sobre nueve auditorías practicadas a los recursos federales utilizados por el gobierno del Estado de México en 2009.

Poco alentadores, los resultados mostraron el desaseo con el que manejaba el presupuesto público, debido a que de cada cinco pesos de recursos federales, uno fue malversado, lo que implicaba presuntas violaciones graves a la normatividad, desviaciones, usos ilegales tipificados y posibles daños al erario.

En el Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal se observó como presunto desvío la cantidad de 2 mil 349 millones de pesos, de los cuales mil 198 millones no se transfirieron a Servicios Educativos del Estado de México (SEIEM), 331 millones se utilizaron para pagar a 948 personas que no se localizaron en ningún centro de trabajo del SEIEM.

Con 210 millones se realizaron pagos indebidos a 5 mil 642 trabajadores comisionados al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, 182 millones de pesos en apoyos indebidos al sindicato, 150 millones en pagos a personas con siete categorías no identificadas en el catálogo de cargos y puestos, 149 millones en pagos a 92 mil 107 trabajadores por 15 conceptos acordados por un convenio estatal con el sindicato y no registrados en las reglas generales del Fondo de aportaciones para la educación y 44 millones de pesos de productos financieros que no fueron transferidos al SEIEM.

Adicionalmente, dentro de los denominados montos menores, se utilizaron 30 millones de pesos en gastos no relacionados con la educación básica, 25 millones en el pago indebido a 262 trabajadores por honorarios, 19 millones gastados en 361 trabajadores de centros clausurados, 5 millones dirigidos a 115 personas que no se localizaron, 4 millones para pagar a 30 trabajadores que pidieron licencia sin goce de sueldo  y 102 mil pesos en pagos indebidos a siete trabajadores de la educación.

El resultado de las auditorías observa otros rubros como servicios de salud, infraestructura social, fondo de aportaciones múltiples, fondo para la educación tecnológica y de adultos, seguridad pública, fortalecimiento de entidades federativas, fondo metropolitano del Valle de México, entre otros, sin embargo, por cuestiones de espacio en esta columna sólo describimos los referentes a educación.

Este sintético reporte evidencia la forma en cómo se utilizan los recursos públicos en el gobierno encabezado por Peña. La mayor parte de los montos descritos contaba con sus respectivos pliegos de observaciones que son el antecedente para definir posibles sanciones resarcitorias a los funcionarios públicos implicados.

Junto a Peña, siempre estuvo, como consejero principal, su secretario de Finanzas, el doctor Luis Videgaray Caso, un consultor económico de 44 años de edad de quien no se tenían muchas, por no decir ninguna, referencia en el ámbito público, sino hasta que a finales de su administración, Arturo Montiel lo contrató en 2004, un año antes del término de su encargo, para renegociar la abultada deuda del gobierno del Estado de México.

Tecnócrata formado en el equipo de Pedro Aspe Armella —secretario de Hacienda en el salinato y “jefe” de la tecnocracia moderna—, con quien trabajó por varios años en la firma especializada Protego Asesores, Videgaray fue responsable de renegociar aquel 2004 una deuda pública de 30 mil millones de pesos.

La noticia se difundió con todas las de la ley en un boletín del gobierno montielista: “El artífice del milagro cuya negociación se llevó diez meses es la firma Protego, encabezada por Aspe y Videgaray. En tanto, el instrumento será un fideicomiso maestro en el que cabrá la totalidad de la deuda, cuyo respaldo único serán las participaciones del gobierno federal hacia el Estado de México”.

Cuando un reportero preguntó qué pasaría si el futuro gobernador intentaba hacer alguna enmienda, la respuesta fue simple: “El fideicomiso maestro está autorizado para apretar las tuercas, cobrarse a lo chino vía las participaciones federativas; cancelar los beneficios de la tasa fija o reducir los plazos de vencimiento del principal”.

Con esa frase de profeta, impuesto por Montiel, Videgaray llegó al gabinete estatal el 16 de septiembre de 2005. Fue ese el día del inicio del gobierno de Peña. En mayo de 2008, convenció a éste para entrar en otra renegociación, aunque suene a pleonasmo, para renegociar 25 mil 175 millones de pesos, u 87 por ciento de la deuda total.

Ajustes

* Que Luis Miranda sea mencionado para suceder a Eruviel Ávila no es casualidad, a pesar de que se le considera un funcionario sin popularidad ni peso político público. Ni falta le hace pues se considera la habilidad y lealtad mostrada a Montiel y Peña, a quienes ayudó a conseguir el caro sueño de la presidencia mexicana, máximo negocio que puede conseguirse en el país.

 

Miguel Alvarado

Luis Miranda Nava visita su ciudad. La diferencia es que ahora lo hace con otros ojos, distinto de cuando la recorrió cuando era aspirante a la alcaldía por Toluca, en el 2006 y que perdió ante el panista Juan Rodolfo Sánchez. Ahora sabe que puede suceder al gobernador Eruviel Ávila en el cargo, una silla casi tan importante como la presidencia de México, pues del Edomex se extraen recursos económicos y humanos que afianzan o derriban proyectos políticos. Siempre ha sido así. Y Miranda siempre ha sido el operador político más eficaz del Grupo Atlacomulco, desde que Arturo Montiel lo incorporó a su equipo cercano de trabajo. Moreno y de mediana estatura, a Miranda siempre lo ha seducido el poder pero no se ha sentado a esperarlo, a pesar de que proviene de una familia de políticos, encabezada por Luis Miranda Cardozo, un ex magistrado y ex presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, y quien contaba, hasta el 2006, con 126 propiedades en el Estado de México según el Registro Público de la Propiedad, cada una con un valor promedio de un millón de pesos. Casado dos veces, la primera con una familiar de la senadora María Elena Barrera, comenzó su carrera política en 1999 como coordinador de Asuntos Jurídicos, pero demostró su lealtad a Montiel Rojas cuando operó parte del esquema de compra de tierras a los ejidatarios de San Salvador Atenco, que debían vender sus propiedades para la construcción del nuevo aeropuerto de la ciudad de México. A Miranda le correspondió, a partir de octubre del 2001, interponer denuncias penales contra quienes no querían deshacerse de las tierras. Pero las parcelas, si bien eran declaradas interés de la Federación, eran compradas por funcionarios mexiquenses por 7 pesos el metro cuadrado, pero las revendían al gobierno estatal. Miranda actuaba allí como intermediario. Entre los compradores estaban Arturo Montiel Rojas, gobernador, y el obispo de Ecatepec, Onésimo Cepeda. El proyecto aeroportuario costaba unos 5 mil de dólares. Finalmente cancelado, a  Mirando aquello no le dejó sino relaciones cercanísimas con Montiel y su equipo, tanto que se le encomendó la Secretaría de Administración, en el 2002. Él encaminó la llamada bursatilización de la deuda pública, que la transformaba en bonos de inversión y fue el enlace para contrata al despacho Protego, propiedad de Pedro Aspe, para que hiciera la operación, Luis Videgaray, hoy secretario federal de Hacienda, era el líder de aquel proyecto. Los bonos de inversión fueron puestos a la venta, pero se compraron en el primer círculo de Montiel Rojas. Hoy, la deuda pública de la entidad es de 75 mil millones de pesos si se toman e cuanta los proyectos PPS, licitaciones directas a empresas y definidas por el mismo gobierno del Edomex como “contratos de largo plazo que establece el sector público con un inversionista del sector privado, mediante el cual éste se compromete a financiar, desarrollar obras y prestar servicios, ampliando la capacidad presupuestal del Gobierno, para crear infraestructura”. Quienes acceden a los Proyectos para la Prestación de Servicios son los empresarios que participan al mismo tiempo en cargos del gobierno mexiquense.

El Estado de México no es el mismo del 2006, aunque su transformación ha sido política. Mientras Miranda y los intereses que lo contratan progresaron económicamente y adquirieron hasta el poder presidencial, el resto vive en la depauperación cotidiana. Cada día, su dinero vale menos pero también las oportunidades reales de progreso se limitan a empleos temporales y casi todos mal pagados. Uno de los principales problemas que enfrenta la ciudadanía es la inseguridad. En la entidad, la guerra entre cárteles por posesión de plazas ha sido silenciada por los gobiernos locales, quienes interpretan que el gobierno federal no necesita ese tipo de publicidades. Pero el Edomex tiene su narcomapa bien definido y las alianzas más que establecidas. Sin ellas, los grupos criminales no podrían operar sin impunidad. Mientras el gobernador Eruviel Ávila es arrastrado por las noticas de su remoción o sustitución, el narcotráfico se ha posicionado en los tres puntos geográficos fundamentales que forman el sur, el valle de Toluca y el valle de México. El 27 de mayo siete ejecuciones en menos de 72 se registraban en la entidad, pero ninguna se relacionó con el narcotráfico, oficialmente. En Toluca, cinco homicidios en una semana confirmaban la lucha armada que se intensificó en enero, cuando 15 ejecuciones en menos de 10 horas tuvieron lugar en las calles de la capital.

El narco en la ciudad no es un fenómeno nuevo, pero sí ha crecido de manera exponencial. Pero los funcionarios públicos son parte importante de esa historia, pues permiten y participan desde sus cargos en esas actividades ilegales. Ejemplos hay muchos, pero siempre se recordará al narco de La Familia que llegó a la dirección de Inteligencia del Ayuntamiento de la ciudad, en el trienio de María Elena Barrera. Germán Reyes tuvo control parcial de los municipales por al menos durante 9 meses. Otro caso es el del ex delegado de la PGR en la entidad, José Manzur Ocaña, a quien se investigó por presuntos vínculos con los cárteles. Se le señalaba de entregar la plaza de Toluca dos veces, una a La Familia y otra a Los Zetas, lo que ocasionó venganzas y enfrentamientos, en el 2008. Luego de separado, se le integró en alguna parte de la administración policiaca, para luego desaparecer sin explicación, Hace dos años se supo que vivía en Canadá, aunque eventualmente volvía al país. En uno de esos viajes, extraoficialmente fue levantado por un grupo armado y no se supo más de él. Sin comprobar todavía, el hecho recuerda en cambio que las operaciones criminales son podrían ejecutarse si no existiera complicidad oficial. Manzur Ocaña es medio hermano de José Manzur Quiroga, actual diputado federal y ex subsecretario general de Gobierno con Enrique Peña.

Así, la transición de la entidad se completaba. Una administración filtrada por el crimen organizado es el sueño de todos. Impunidad y desarrollo económico para unos cuantos es una de las metas intermedias, que se encaminan a conseguir el poder de principio a fin. La legitimación del crimen es cosa corriente en la historia de México. Actores como Miranda, Montiel o el propio Peña son necesarios en ese entramado. Son ejecutores a quienes la ley no los alcanza, pus están por encima de cualquier constitución.

Que Luis Miranda sea mencionado para suceder a Eruviel Ávila no es casualidad, a pesar de que se le considera un funcionario sin popularidad ni peso político público. Ni falta le hace pues se considera la habilidad y lealtad mostrada a Montiel y Peña, a quienes ayudó a conseguir el caro sueño de la presidencia mexicana, máximo negocio que puede conseguirse en el país.

Las Golden Queen’s

* “A dos años de haber quedado viudo, la pregunta obligada y común era de qué había muerto su esposa. Cuestionamiento que incomodó al entonces gobernador mexiquense, Enrique Peña, quien tras el titubeo y sus palabras cantinfleadas, no supo dar razón a su entrevistador Jorge Ramos. Claro que las cosas hubieran sido diferentes si en el lugar de Peña estuviera María Elena Barrera, ella sí que tenía la respuesta bien ensayada para complacer la curiosidad de los medios, además de conocer a la perfección, no sólo la verdad, sino también los pormenores del escabroso asunto”, apunta Francisco Cruz, periodista y escritor en el libro Los Golden Boy’s, editado por Planeta y del cual se reproduce un fragmento.

 

Francisco Cruz

Discreta y disciplinada, ex alcaldesa de Toluca, ex secretaria de Salud estatal, ex cuñada de Luis Enrique Miranda Nava y actual senadora mexiquense, María Elena Barrera Tapia es parte del primer círculo, incluso puede decirse que está un poco más cerca del Presidente; lo ha acompañado en gran parte de su trayectoria política.

Tal es la confianza entre ambos que cuando Peña llegó al gobierno mexiquense como secretario de Administración en los primeros años del sexenio de Arturo Montiel, la llevó como su secretaria particular. Impuesto como candidato a diputado local por un distrito de Atlacomulco y, más tarde, en su ascenso a la coordinación de los diputados del PRI en la Legislatura estatal, la mantuvo a su lado como su confidente y secretaria privada. María Elena conoce todos sus secretos; años de lealtad, servicio y complicidad le conceden el privilegio.

Un médico que atiende a sus pacientes en el Centro Médico de Toluca —ubicado en Metepec—, señaló que, en enero de 2007, ella fue la responsable de hacer todos los trámites, incluidos los traslados, para la atención urgente de Mónica Pretelini Sáenz de Peña un día antes de que se le declarara muerta, víctima, según su doctor de cabecera, de complicaciones por un brote de epilepsia tónica generalizada que le ocasionó un derrame cerebral y un paro respiratorio.

Mónica y Enrique habían estado juntos por 14 años, si contamos a partir del momento en el que se conocieron: julio de 1993. Por eso, señaló el médico, él no supo responder de qué murió su esposa el 11 de enero de aquel 2007, en la entrevista que le realizó el periodista Jorge Ramos, en febrero de 2009, para la cadena estadunidense Univisión.

A dos años de haber quedado viudo, la pregunta obligada y común era de qué había muerto su esposa. Cuestionamiento que incomodó al entonces gobernador mexiquense, Enrique Peña, quien tras el titubeo y sus palabras cantinfleadas, no supo dar razón a su entrevistador Jorge Ramos. Claro que las cosas hubieran sido diferentes si en el lugar de Peña estuviera María Elena Barrera, ella sí que tenía la respuesta bien ensayada para complacer la curiosidad de los medios, además de conocer a la perfección, no sólo la verdad, sino también los pormenores del escabroso asunto.

Además de Arturo Montiel, ella es la única persona que conoce los detalles y las confidencias de amistad entre Peña y Maude Versini Lancry —quien estuvo casada con Montiel del 22 de junio de 2002 a mayo de 2007, aunque la demanda de divorcio se interpuso en agosto de 2006—.

En un ambiente de secretismo, María Elena representa una buena alternativa para Enrique, razón por la que fue considerada como el plan “B” peñista si en 2011 hubiera fallado alguno de los mecanismos para hacer candidato a gobernador a Eruviel Ávila Villegas.  Egresada de la Universidad Autónoma del Estado de México, en 2005 fue investida por el propio gobernador como secretaria de Salud, cargo al que renunció el 28 de febrero de 2009 cuando la convirtió en candidata del PRI para ser alcaldesa de Toluca.

Forjada en las más radicales mañas del PRI, su paso por la dirigencia del ayuntamiento mexiquense tuvo su base en la impunidad y corrupción, lo que le acarreó numerosos escándalos. El primero estalló cuando, apenas al asumir el cargo, nombró a su hija María Elena López Barrera como titular del DIF con un salario de 60 mil pesos.

En forma paralela, se presentaron denuncias públicas de nepotismo porque, en la misma época, nombró a su cuñado Ángel —hermano de José López Millán— como subdirector de Formación y Desarrollo de la Dirección General de Seguridad Pública y Gobernación; y luego a su sobrino Carlos Fernando Ramírez Barrera como subdirector de Finanzas del Organismo de Agua y Saneamiento de Toluca.

Descubiertas las viejas prácticas, la presión de algunos líderes sociales como Abraham Águila Boudib, presidente de la Unión de Pueblos, Barrios y Colonias de Toluca, Barrera fue obligada a despedir y reacomodar a sus parientes; a pesar de ello, Águila denunció en 2011 que la alcaldesa entregó un bono especial de liquidación por 4 millones de pesos a Carlos Ocaña Ponce, esposo de su prima-hermana Martha Verónica Tapia Mejía, quien se desempeñaba como director de Administración y Finanzas del Organismo de Agua y Saneamiento, cesado luego de evidenciarse su parentesco con la edil.

La alcaldesa de Toluca también guardó un ominoso silencio cuando, a mediados de 2011, ejidatarios y habitantes del pueblo de San Pedro Totoltepec denunciaron que supuestos representantes de poderosos empresarios —entre ellos el magnate Emilio Azcárraga Jean—, asociados con funcionarios del gobierno estatal y políticos ligados al Grupo Atlacomulco amenazaban con despojarlos de sus terrenos para construir una nueva pista de aterrizaje en el aeropuerto de Toluca, cuya concesión se reparten el grupo empresarial OHL (49 por ciento), el gobierno estatal (26 por ciento) y el gobierno federal el restante 25 por ciento.

Presidente del Colegio de Arquitectos y Urbanistas del Estado de México, Arturo Chavarría Sánchez declaró a la revista Proceso, en agosto de 2011: “A la trasnacional española —OHL— la trajo al estado el Grupo Atlacomulco, encabezado por la familia Del Mazo y Hank Rhon, bisagra articuladora en esos negocios, a los que se sumaron Slim, Azcárraga y la familia Alemán, cuya línea aérea Interjet opera en el aeropuerto. Peña es sólo un títere manejado por esos empresarios sin escrúpulos que han obtenido las concesiones de las principales obras de su gobierno, como el Viaducto Bicentenario y el Circuito Exterior Mexiquense”.

Encarrilada en su desprestigio, Barrera libró una denuncia que interpusieron militantes del Partido Acción Nacional (PAN) ante el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) —controlado por el PRI—, por la publicación de una historieta en la que promocionaba su imagen en la campaña por la alcaldía de Toluca en 2009. Y Águila Boudib la hizo pasar por una vergüenza mayor cuando la denunció por delitos de cohecho porque, dijo, la amiga de Peña aceptó un viaje que empresarios chinos le pagaron para visitar su país.

A los cuatro meses de comenzada su administración, la alcaldesa ya había liquidado a poco más de mil 26 trabajadores heredados de la administración del panista Juan Rodolfo Sánchez Gómez como parte de la supuesta restructuración del organigrama municipal, que no fue otra cosa más que el pago de los compromisos adquiridos con quienes la apoyaron en la campaña.

Barrera Tapia dedicó los primeros esfuerzos de su administración en reacomodar y consentir a funcionarios del gobierno peñista y ex servidores públicos municipales con los cargos de primer nivel. Entre estos nombramientos, destaca el de Andrés González Nieto, primer síndico, en quien María Elena encontró a su principal hombre de confianza.

González Nieto es uno de los activos políticos más cercanos al ex secretario general de Gobierno, Luis Enrique Miranda Nava. Fue el encargado de rearticular el nuevo ayuntamiento de Toluca —después de tres gobiernos consecutivos del PAN—, y el responsable de designar tareas específicas a cada uno de los regidores de la nueva administración.

Fue regidor de la capital mexiquense en la administración del panista Juan Carlos Núñez Armas, de 2000 a 2003, y después fue secretario particular de Miranda Nava; en el PRI estatal ha sido secretario general de Organización e integrante de grupos juveniles. González Nieto fue también el apoyo incondicional de Miranda Nava en su fallido intento por llegar a la alcaldía de Toluca en 2006.

En la Secretaría del Ayuntamiento, Barrera nombró al maestro en Administración Pública, Guillermo Legorreta Martínez, cuyos apellidos lo emparentan con el atlacomulquense Arturo Martínez Legorreta, que fue alcalde de Toluca de 1973 a 1975, presidente del PRI estatal de 1981 a 1984 y secretario de Desarrollo Agropecuario de 1991 a 1993; también emparentados con el fallecido primer obispo de Toluca, Arturo Vélez Martínez, quien con las “limosnas” y donativos de sus feligreses levantó un emporio hotelero conocido hoy como Del Rey.

Legorreta fue titular de la dirección general de Gobierno en la Región Ixtapan de la Sal y subsecretario de Gobierno del Valle de Toluca en la administración de Peña. En su partido, se ha desempeñado como presidente del Instituto de Capacitación y Desarrollo Político (Icadep). Es uno de los nuevos cachorros del Grupo Atlacomulco y la alcaldía de Barrera fue un importante trampolín para su proyección.

En Desarrollo Urbano y Obras Públicas, la alcaldesa apostó por la añeja “ley de las amistades” conocida más como compadrazgo político o amiguismo pleno. Se llevó a una vieja conocida suya, Ana Leticia Rodríguez Peña, arquitecta egresada de la máxima casa de estudios de la entidad y quien ha ocupado dos cargos en la administración estatal, primero fue directora general de Inversión para el Desarrollo Social de la Secretaría de Desarrollo Social en 2007 y, después, en el cargo de directora de Administración del Instituto de Salud del Estado de México (ISEM) en 2009 cuando Barrera era Secretaria de Salud. Contratación que le salió muy cara, pues por su negligencia e ineptitud el Ayuntamiento perdió cerca de 10 millones de pesos, tal y como denunció en marzo de 2011, Luis Adolfo Lanuz Osegueda, tercer síndico procurador.

Previsora como es, y para evitarse conflictos en el manejo de las arcas públicas, apenas se hizo cargo de la alcaldía, nombró en la Tesorería y Administración municipal a Pedro Antonio Mena Alarcón, hermano del ex titular del Órgano Superior de Fiscalización del estado, Octavio Mena Alarcón.

El acomodo de Pedro Antonio en el ayuntamiento se interpretó como una designación directa del gobernador Peña. Inició su trabajo con 494 pesos que les dejó en caja el panista Juan Rodolfo Sánchez Gómez. Mena Alarcón es ahijado político de Martha Hilda González, actual  presidenta municipal de Toluca.

Por su parte, Carlos Ocaña Ponce fue nombrado director de Administración del Organismo de Agua municipal; laboró con Barrera Tapia como jefe del Departamento de Servicios Generales del Instituto de Salud del Estado de México (ISEM) donde fue señalado por compras fraudulentas, ficticias y comprobaciones de gastos con facturas apócrifas, aunque, gracias a las influencias de su jefa, nunca se pudo comprobar nada.

Los amigos de Enrique

* “El reclutamiento de Luis Enrique Miranda Nava para formar parte de los nuevos Golden Boy’s llegó junto con la búsqueda de un grupo de mujeres que diera la apariencia de equilibrio de género en el equipo presidencial. Además de armar un gran elenco en coordinación con la iglesia católica, empresarios, tecnócratas y los mejores dinosaurios del PRI para el estreno de una gran obra —Cómo ganar las elecciones por un copete— digna del más delicado espectador. Así fue como, ocupadas todas las localidades, hicieron su aparición las Golden Queens acompañadas de las Golden Girls, todas listas para empezar la función”, escribe el periodista Francisco Cruz en el libro Los Golden Boy’s, editado por Planeta, donde repasa nombres y desventuras del primer gabinete presidencial de Enrique Peña Nieto.

 

Francisco Cruz Jiménez

Después de las acusaciones y la derrota electoral en 2006, Luis Miranda se retiró por un tiempo de la vida pública. Pero el 29 de septiembre de 2007 fue invitado por Peña para hacerse cargo de la Subsecretaría General de Gobierno, en lugar de José Manzur Quiroga, puesto desde el que sostuvo una dura posición contra disidentes del sindicato estatal de maestros, a quienes negó el reconocimiento oficial, entre otras cosas.

La última semana de enero de 2008, los representantes legales del Sindicato Unificado de Maestros y Académicos del Estado de México (SUMAEM) presentaron ante el agente del Ministerio Público de la Agencia Central de la Procuraduría General de Justicia una demanda penal en contra del subsecretario general de Gobierno, Luis Enrique Miranda Nava, a quien señalaron como autor intelectual del encarcelamiento ilegal del profesor Manuel García García; además de amenazas de muerte en contra de integrantes de esa agrupación y la suspensión de sueldos y plazas laborales en contra de 20 afiliados a quienes se les despidió de manera injustificada.

La exoneración lo dejó, al menos en lo oficial, libre de culpas, mas no de sospechas, porque en los primeros meses de 2007 salió a la luz un incidente mayor. La primera semana de noviembre de 2006, Miranda llegó a la procuraduría estatal para querellarse por difamación contra el regidor Cortés Trejo, porque este había basado su demanda —la de las 123 propiedades— en documentos públicos en los cuales los inmuebles aparecían a nombre de familiares. Afirmó que las operaciones se habían realizado antes de 1999, pero en la demanda contra Cortés Trejo, a Miranda se le olvidó  que las acusaciones de corrupción en su contra no provenían sólo del regidor y dejó de lado una nota documentada por los reporteros Mónica Ramírez e Israel Martínez, publicada el 31 de octubre de 2005 en el diario Milenio Toluca, sobre la “bonanza económica de Luis Miranda a la sombra de Montiel”.

Días después, una crónica publicada en la edición de Milenio del 11 de noviembre de 2005 quedó como valor intrínseco de esa extraña moral del gobierno mexiquense, así como de los enojos por la investigación de Mónica e Israel: “En algún momento, un encolerizado, prepotente y electrizado Miranda sostuvo ante los medios de comunicación ser víctima de maniobras políticas para afectar sus aspiraciones a la alcaldía de Toluca, y luego de identificar a la reportera de Milenio Toluca, dejó de dirigirse a todos los periodistas presentes, se le acercó y le advirtió: ‘No aceptaré chantajes de absolutamente nadie, que quede claro’, pretendiendo cobardemente, ante cámaras y grabadoras, que este diario lo ha chantajeado. […] No es posible que el debate por la alcaldía o por cualquier otro puesto público se base en difamaciones, se base en chantajes, o se base en forma irresponsable en atacar a gente que no solamente no va a contender, como es mi padre, sino de una familia entera […] y eso es para cualquiera”.

Como respuesta a la perorata de Miranda, en esa edición del 11 de noviembre, Milenio publicó de nueva cuenta las acusaciones contra el funcionario, con el encabezado “Investigación de Milenio Toluca”: “Miranda no sólo tiene a su nombre negocios y propiedades, sino que también sus hijos, menores de edad, están registrados como dueños de inmuebles en Toluca e Ixtapan de la Sal, lo que hace que la fortuna del aspirante a alcalde alcance cantidades incuantificables. […] Los documentos permiten conocer desde la concesión obtenida para convertirse en apoderado legal, para pleitos y cobranzas con todas las facultades generales, aun las especiales, de Cablenet Internacional —otorgado por Emilio Murillo (sic) Azcárraga— […]. O la conformación de la empresa denominada Grupo Textil Mexiquense (cuando ya era secretario de Finanzas) de la cual es presidente y accionista mayoritario”.

El primer recluta de los nuevos Golden Boy’s se colgó otros milagritos: el 30 de octubre de 2009, ya como secretario de Gobierno peñanietista, Miranda firmó, en calidad de testigo de honor, un impúdico acuerdo secreto entre los dirigentes nacionales del PRI y el PAN —Beatriz Paredes Rangel y César Nava Vázquez— avalado por el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, para evitar alianzas en el proceso electoral de 2011, en el que se elegiría al sucesor de Peña.

Palabras más, palabras menos, la historia fue así: aquel día, los dirigentes nacionales del PAN, César, y del RPRI, Beatriz, cerraban los portones de la Secretaría de Gobernación para signar un documento cuya cláusula principal establecía que los firmantes “se abstendrían de formar coaliciones electorales con otros partidos políticos cuyas ideología y principios sean contrarios a los establecidos en sus respectivas declaraciones de principios”.

Aquel documento, además de las rúbricas de Nava y Paredes, también incluyó las de Gómez Mont y Miranda, quien acudía a la negociación en representación de Enrique Peña Nieto. Firmaban en calidad de “testigos de honor”

Los rubricantes negaron, hasta donde pudieron, la existencia del documento, pero no tuvieron más remedio que desdecirse de sus discursos cuando el martes 2 de marzo del 2010 Peña se hizo presente en Televisa, donde reconoció la existencia del documento. En una charla que extendió por espacio de 30 minutos, la conductora Adela Micha recibió a un gobernador que había perdido el glamur.

Desencajado, con la mandíbula adelantada y encorvado sobre sí mismo; en medio de acotaciones sobre su próximo enlace matrimonial y las inundaciones en Valle de Chalco, reconoció la existencia del documento, pero negó cualquier temor a una alianza entre panistas y perredistas en el Estado de México.

Firmado en la más absoluta clandestinidad, el “contrato” sólo tenía vigencia para el Estado de México y pronto se convirtió en un aquelarre que hasta el momento sigue arrojando más dudas que certezas y más mentiras que verdades.

Los priistas mexiquenses tenían una explicación: las alianzas, en especial una eventual PAN-PRD, pondrían en riesgo la continuidad del PRI en el Palacio de Gobierno estatal de Toluca. Y, por ende, una situación de esa naturaleza acabaría con las aspiraciones presidenciales del gobernador Peña. El acuerdo sacó a la luz  toda la podredumbre en que está sumida la clase política mexicana.

“El lance concretado en ese documento está impregnado de candorosas perversidades, que en este caso no son términos contradictorios. La retórica notarial del documento es ridícula, porque incluye explicar obviedades, como la naturaleza de las partes, el PAN y el PRI, como si se ignorara que son partidos políticos con registro en el IFE. La vacuidad formal obliga también a no expresar los cargos de los testigos de honor, Fernando Gómez Mont y Luis Miranda, que aparecen como si fueran hijos de vecino, extraños que pasaban por allí y se les solicitó la firma como se hace al expedir cartas-poder sin mayor trascendencia, como la que se requiere para retirar del correo un paquete. Se omite que son el secretario de Gobernación de la administración federal y el secretario de Gobierno de la mexiquense, omisión ingenua o tramposa si lo que se pretendía con ella era expresar que actuaban al margen de sus responsabilidades formales”, escribió, el 7 de marzo de 2010, el finado periodista Miguel Ángel Granados Chapa.

Con Miranda cobró vida un señalamiento que la primera semana de aquel mes y de aquel año hizo Beatriz Paredes Rangel, entonces lideresa nacional priista, a propósito del aniversario número 81 de la creación del PRI: “La política es el esfuerzo del conglomerado social por resolver, de manera civilizada, sus contradicciones. Hoy la política y los políticos en nuestro país estamos profundamente desprestigiados”.

El papel real de Miranda en el equipo peñanietista ha constituido un misterio, pero en abril de 2010 el diario toluqueño Amanecer le dedicó un espacio muy amplio:

“Pese a los grandes esfuerzos de algunos poderosos para ¡dar carpetazo! al caso de la extraña muerte de la pequeña Paulette Gebara Farah, todo parece indicar que éste continuará su curso. […] Luis Enrique Miranda Nava ha sido el principal responsable para empantanar el asunto, al grado de que ha utilizado a servidores públicos de diferentes niveles para que le apoyen a tapar sus abusos. […] Aunque él lo niega, su novia, Alma Saldaña Farah resultó ser prima hermana de la flamante Lissette Farah, madre de Paulette y principal sospechosa de la muerte de la niña. […] Hubo mano negra en el oscuro caso, para transformar la investigación de homicidio” a una lamentable muerte accidental.

De nuevo llamó la atención en noviembre de 2011, cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación le negó un amparo para echar abajo un crédito fiscal de 4.5 millones de pesos. El Sistema de Administración Tributaria (SAT) determinó que los ingresos y erogaciones totales de Miranda en 2002 y 2003 ascendieron a 8 millones 792 mil pesos, de los que omitió declarar 5 millones 390 mil.

El 10 de marzo de 2011 le tocó uno de sus últimos  “ires y venires” como funcionario estatal: Sandra García escribió en el periódico Reforma: “A seis meses de que concluya su sexenio, el gobernador Enrique Peña Nieto entregó dos notarías públicas a abogados cercanos a su equipo de trabajo. Una es para el ex presidente del Tribunal Superior de Justicia mexiquense Luis Miranda Cardoso, padre del secretario de Gobierno, Luis Miranda Nava; la otra es para Guadalupe Monter, ex secretaria de Educación y de Turismo con Peña. Desde el pasado 1 de marzo, la notaría 166, ubicada en la capital mexiquense y que fue otorgada a Miranda Cardoso, tiene una oficina abierta aun cuando el nombramiento legal no se ha publicado en la Gaceta de Gobierno. En una revisión a la hemeroteca de la Gaceta, se constató que desde 2010 no se han publicado nombramientos para las notarías de Miranda Cardoso y Monter”.

El reclutamiento de Luis Enrique Miranda Nava para formar parte de los nuevos Golden Boy’s llegó junto con la búsqueda de un grupo de mujeres que diera la apariencia de equilibrio de género en el equipo presidencial. Además de armar un gran elenco en coordinación con la iglesia católica, empresarios, tecnócratas y los mejores dinosaurios del PRI para el estreno de una gran obra —Cómo ganar las elecciones por un copete— digna del más delicado espectador. Así fue como, ocupadas todas las localidades, hicieron su aparición las Golden Queens acompañadas de las Golden Girls, todas listas para empezar la función.

Algunas de ellas tenían un rosario de “ex” para impresionar tanto a la prensa como al electorado, mientras que, a otras, las destacaba la cualidad de saber responder al “fuego” y a los jaloneos políticos internos del PRI. Había un inventario de apellidos que llenaban páginas enteras en su respectiva ciudad: Robles, Scherman, Ortega, Viggiano, Herrera, Del Moral, Trujillo, Guillén, Gordillo o Barrera.

Cuando en el quipo de confianza se mencionaban algunos nombres, cada uno sabía qué se quería decir. “En el fondo —advirtió un funcionario del PRI estatal— se manejó un número muy reducido de mujeres que tuvieran capacidad para inducir a los priistas a reconocer, sin cuestionamientos, la figura de Peña en cada rincón del país. Había un objetivo común: apagar las aspiraciones del senador sonorense —hoy diputado federal— Manlio Fabio Beltrones Rivera”.

Tras semanas de especulaciones y negativas, los nombres de las primeras Golden Girls empezaron a fluir. En la lista estaban María Esther de Jesús Scherman Leaño, la “izquierdista” y ex perredista Rosario Robles Berlanga, Georgina Trujillo Zentella, Carolina Viggiano Austria, Mercedes del Carmen Guillén Vicente —hermana del subcomandante Marcos—, Ana Lilia Herrera Anzaldo —ex diputada local, ex alcaldesa de Metepec, ex coordinadora de Comunicación Social de Arturo Montiel, ex titular del Consejo Estatal de Población y ex titular de la Secretaría de Desarrollo Social—, Paulina Alejandra del Moral Vela —la joven alcaldesa de Cuautitlán Izcalli, ex dirigente de Mujeres Jóvenes del PRI mexiquense, responsable política de la ruta 40 en Cuautitlán Izcalli en la campaña del gobernador Peña Nieto— y María Elena Barrera Tapia —ex presidenta municipal de Toluca, ex secretaria estatal de Salud,  ex secretaria particular de Peña y actual senadora—.

Luego se sumaron nuevos rostros, las llamadas Golden no tan boys, o las Golden no tan jóvenes, pero capaces de influir: las Golden Queens. El primer nombre que apareció fue el de la gobernadora yucateca Ivonne Aracely Ortega Pacheco, quien ha sabido ganarse la estima de Emilio Azcárraga Jean y toda su tropa en Televisa, gracias a las grandes cantidades de dinero que destina para hacerse publicidad en esa televisora.

Este grupo tiene como presidenta legítima a Elba Esther Gordillo, la lideresa que, a través del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE),controlaba a casi un millón 250 mil maestros en todo el país —se maneja hasta un millón 500 mil—, que no constituyen una fuerza educativa sino una fuerza electoral, una herramienta del Estado que, advierten los especialistas — como Marion Lloyd, coordinadora de proyectos de la Dirección General de Evaluación Institucional de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)— nació bajo el gobierno del Partido de la Revolución Mexicana, precursor del PRI, pero fue creado con el propósito explícito de apoyar al partido en el poder.

Artífice de un juego perverso, salinista pura y dirigente de un partido político —Nueva Alianza, que controla, a través de su hija, la senadora Mónica Arriola Gordillo—, la maestra entró con el pie derecho a la nueva administración.

Aunque la cámara no enfoque a Elba Esther y su nombre aparezca como un agregado en las notas periodísticas que hablan sobre la presencia de Enrique Peña Nieto en diferentes eventos sociales, se sabe que la maestra estaba allí, no como una más, sino como la acompañante principal

Con todo el descaro que hay en el priismo, las Golden Queens debían cumplir con un requisito indispensable: lealtad absoluta a Peña, antes que al partido, así como reconocimiento a los liderazgos de Alfredo del Mazo, Carlos Salinas y Arturo Montiel. Todas pertenecen a un grupo que ejerce la autocracia sin permitir la menor objeción.

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