Los juegos del hambre: la historia de los comedores comunitarios en el Edomex

* La delegación federal de la Secretaría de Desarrollo Social, encargada de Comedores Comunitarios, adeuda cuatro meses de salarios a todos los coordinadores del programa, desde agosto y lo que va de diciembre del 2014. Los sueldos que los empleados reclaman sin éxito van desde los 6 mil 800 pesos hasta los 18 mil mensuales. Las personas afectadas, de 450 a 500, desde operativos hasta administrativos, repartidas por todo el territorio mexiquense, trabajan hasta la fecha sin contrato alguno y la razón que el delegado de la Sedesol, Edmundo Rafael Ranero Barrera, anteriormente subsecretario de Operación del Transporte estatal, les da para no pagar es la más simple de todas: “no hay dinero”.

 

Miguel Alvarado

El programa federal Comedores Comunitarios que se desarrolla dentro del proyecto Cruzada Contra el Hambre es uno de los más emblemáticos de la administración del presidente mexicano Enrique Peña. El programa ha sido promocionado a nivel nacional como uno de los más exitosos pero al menos en el Edomex la realidad es otra.

Esa batalla contra el hambre es librada con recursos que empleados y voluntarios ponen de su propia bolsa. En todo el país este programa abrió espacios comunitarios para apoyar a los sectores sociales más desprotegidos, pero en tierras mexiquenses ha sido intervenido por autoridades municipales, como sucede en Metepec, donde la alcaldesa priista, Carolina Monroy, esposa de Ernesto Némer, subsecretario federal de Desarrollo Social, justamente la dependencia que desarrolla y opera los comedores, ha involucrado a personas que el ayuntamiento tiene inscritas en otro proyecto municipal, el Programa Metepequense de Seguridad Alimentaria, ProMesa. Monroy es, además, prima de sangre del presidente Peña Nieto.

También, la delegación federal de la Secretaría de Desarrollo Social, encargada de Comedores Comunitarios, adeuda cuatro meses de salarios a todos los coordinadores del programa, desde agosto y lo que va de diciembre del 2014. Los sueldos que los empleados reclaman sin éxito van desde los 6 mil 800 pesos hasta los 18 mil mensuales.

Las personas afectadas, de 450 a 500, desde operativos hasta administrativos, repartidas por todo el territorio mexiquense, trabajan hasta la fecha sin contrato alguno y la razón que el delegado de la Sedesol, Edmundo Rafael Ranero Barrera, anteriormente subsecretario de Operación del Transporte estatal, les da para no pagar es la más simple de todas: “no hay dinero”. Los empleados, sin embargo, deben seguir laborando porque es la única manera que les ofrecen para exigir un pago posterior, que además ha sido condicionado al cumplimiento de exigencias que en un inicio no estaban estipuladas. La delegación de Sedesol tiene recursos económicos que llegan puntuales desde la Federación, pero el rubro destinado a los salarios se pierde en algún lugar de la burocracia que administra el hambre en suelo mexiquense. Los empleados sin salario aseguran que, a estas alturas, pesa ya una amenaza para darlos de baja sin que puedan cobrar los adeudos. Una última reunión entre trabajadores y autoridades apenas pudo esbozar la promesa de un pago entre el 15 y el 18 de diciembre, aunque se les advirtió que solamente noviembre y diciembre serían liquidados.

Ese impago misterioso, llevado a la práctica hasta sus últimas consecuencias, ha generado que los comedores se transformen en cocinas económicas de carácter privado, donde los mismos empleados cobran las comidas hasta en 18 pesos “porque esa es la única manera que tenemos para sobrevivir”. Esa comida, que en los establecimientos del valle de México alcanza hasta 30 pesos por persona, tiene un valor al público, de origen, de 5 pesos, pues es parte de un programa subsidiado. Pero quienes venden la comida, por otra parte no gastan en ella, porque los insumos no han fallado y la Federación los suministra cada 30 días. Así, los salarios retenidos desde la Sedesol pervierten un programa que, dicen los mismos coordinadores, es bondadoso y está perfectamente armado.

Los afectados denuncian un fraude a partir de la retención de sus pagos, primero porque las razones que se les dan para no entregárselos son absurdas y después porque no hay ninguna bancarrota ni anuncio oficial que indique que el programa se haya detenido o perdido los fondos. En el Estado de México existen 957 comedores, coordinados a nivel estatal por Alfredo Sánchez Víquez, quien llegó en octubre del 2014, enviado desde la Subsecretaría del Transporte, donde era jefe de la Unidad de Movilidad Urbana. El cambio para Ranero y Sánchez fue drástico y los afectados entienden que los enviaron a “contener” los reclamos por salarios y otras irregularidades.

“Si negociaba con lo peor de lo peor del transporte público, y les ganaba, ¿qué podemos esperar nosotros?”, apunta uno de los demandantes. La presión es tal que muchos ya se han ido, sin cobrar.

“Yo quiero pagarles, pero…”, les dice Ranero cada vez que hablan del tema.

Los 957 comedores están ubicados en 19 regiones y atienden, de lunes a viernes, un promedio de 240 servicios diarios, la mitad en la mañana y la otra a la hora de comer. Cada servicio, con un costo de 5 a 10 pesos, está dirigido a población con características bien definidas: niños de hasta 11 años, discapacitados, embarazadas, adultos mayores de 65 años y personas en pobreza extrema. Los comedores son atendidos por voluntarios a cambio de comer allí y de que tres de sus familiares acudan también, sin costo. En general, forman equipos de hasta 5 personas que trabajan una semana al mes. Cada comedor, entonces, tiene 4 equipos de hasta cinco elementos aunque eso varía. Las cocineras y los jefes de Comedor tienen un horario de 6 de la mañana a 5 de la tarde, aunque es flexible. Por ser voluntarios, no reciben ningún salario. En total, se reparten 229 mil 680 raciones diarias en toda la entidad.

Unas 500 personas son las que colaboran con Sedesol en los comedores comunitarios, divididas en las cuatro figuras que marca el programa: empleados regionales, municipales promotores y microrregionales. Un promotor, por ejemplo, debe tener 5 comedores para hacer válido su cargo y optar al pago. Pero no todos cumplen ese requisito. Algunos tiene cuatro, y a pesar de que se trabaja, la Sedesol advierte que no pagará. Ese condicionamiento en el pago se deriva también de la desinformación. Los empleados desconocen, a estas alturas, cuáles son los requisitos exactos que exigen en la delegación. Al principio eran 12 los formatos requeridos pero al paso de los meses se “inventaron” otros. La idea estaba establecida: no pagar.

– La instrucción directa es ésa. Así nos dijeron los nuevos administradores, “háganle como quieran”. Eso nos dijo Víctor Calvillo, director general de Participación Social –apunta uno de los afectados.

La delegación de la Sedesol cambió recientemente a sus funcionarios y el programa se vio en apuros. Primero estaba Fernando Alberto García Cuevas, quien asumió su encargo en febrero del 2013. Duró allí 20 meses y su salida obedeció a acuerdos políticos entre el PRI mexiquense, el gobierno estatal y la propia Federación, que preparan ya las elecciones intermedias del 2015.

Una reunión en Zumpango, hace pocos meses, perfilaba ya los problemas que ahora arrastra el programa. García Cuevas todavía estaba al frente de la Sedesol y reclamaba los pagos atrasados.

– Este problema de los comedores se tiene que arreglar y, si no, yo aquí pongo mi renuncia –dijo el ex delegado.

– Si alguna renuncia debía estar aquí, es la de Víctor Calvillo –fue la respuesta de los representantes de Rosario Robles, secretaria federal de Desarrollo Social. Un primer pago llegó en abril del 2014, pero fue el único dinero que han visto los empleados.

Otra reunión desembocó más o menos en lo mismo. “Señores, su pago ya está, pero deben llenar una carpeta con información”. Al final el trámite se convirtió en un laberinto burocrático que en lugar de allanar el camino lo cerró todavía más y obligó a una degradación escalafonaria que algunos aceptaron a cambio de quedarse.

Hubo a quienes sí se les pago. Gente de Ecatepec, Cuautitlán Izcalli, por ejemplo, fueron los primeros y únicos beneficiados. A ellos se les pagó, sí, pero hasta en eso hubo irregularidades porque en Ecatepec no se ha abierto ningún comedor.

– Eso sí, hay pagos para la gente que dice trabajar allá por instrucción del gobernador del Edomex, Eruviel Ávila –aseguran. A ellos les pagaron seis meses. Pero esa estructura, la de Ecatepec, desapareció de inmediato, nada más cobrar, se desintegró.

Los quejosos recibieron un adelanto entre junio y julio del 2014 que se pactó como viáticos y gastos a comprobar. Así se firmaron esas entregas y así están las pólizas. Pero el nuevo delegado argumenta ahora que se trata de un préstamo solamente “y que ahora tenemos que pagar”.

La Sedesol no es cualquier delegación. Desde allí se operan los programas federales para la entidad más poblada del país, que concentra poco más de 15 millones de habitantes, la mitad de ellos, según el INEGI, ubicados en algún tipo de pobreza. En febrero del 2013 la tierra de Peña Nieto se colocaba dentro del grupo de cuatro estados que experimentaron un crecimiento en la pobreza. Oaxaca, Guerrero y Chiapas, según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) son los otros socios de este club de la miseria. En el 2012, el Edomex tenía 6.7 millones de pobres y un año más tarde había 7.32 millones. El porcentaje de la población en pobreza para la entidad era, en el 2010, del 42.9 por ciento. En el 2012 fue de 45.3 por ciento.

Según el propio García Cuevas, el presupuesto que la delegación de la Sedesol en el Edomex ejercía, en el 2013, era de 5 mil 300 millones de pesos pero con la inclusión de los 125 municipios al Fondo de Aportaciones a la Infraestructura Social Municipal (FIS), la partida aumentó y en el 2014 se operaron 10 mil millones de pesos “para mover los indicadores de pobreza”, aseguraba García en febrero del 2014. En conjunto, los gobierno del Estado de México y la Federación han invertido más de 6 mil millones de pesos en programas contra el hambre integrados en la Cruzada Nacional Contra el Hambre, afirmaba Ávila Villegas.

El Edomex, uno de los estados más ricos y productivos del país es, desde los conteos de la Federación, también uno de los más depauperados. Los números, en contraste con los discursos públicos de los tres niveles de gobierno, juegan un papel preponderante para el 2015, cuando haya elecciones en la entidad y el dispendio en campañas alcance, como históricamente lo hace, proporciones de ficción. Ese dinero, el del dispendio, deberá provenir de alguna parte.

Las ecuaciones que mezclan pobreza y comicios en programas sociales son perfectas. Quienes tienen más pobres también obtienen mayores recursos federales y estatales y pueden negociar aumentos. Cuna del Grupo Atlacomulco, enclave político de Peña Nieto, no es casualidad que el Edomex tenga, desde esas estadísticas, a la mitad de la población clasificada como pobre.

En medio de la corrupción imperante, el programa de Comedores Comunitarios toma ya un sesgo electoral, pero las pérdidas son incuantificables y los propios coordinadores saben que ese proyecto se cae por falta de capacitación y porque ha llegado a trabajar allí gente que no tiene idea de cómo operar. Las irregularidades se presentan hasta en la renta de las oficinas de la Sedesol, en realidad una casa-habitación ubicada en la calle Francisco del Paso Castañeda 107, en la colonia Universidad.

– Están pagando, junto con un anexo para estacionamiento que está a tres cuadras, 92 mil pesos al mes. Es una casa, enorme, sí, pero en la zona la renta no pasaría de la mitad. Está en una zona donde el uso de suelo es habitacional pero la usan para oficinas, no está adaptada y eso ya tiene consecuencias pues se ha quemado la acometida de electricidad por no tener la instalación adecuada. La gente que trabaja allí está sentada en un barril de pólvora porque las instalaciones son de tabla-roca. Se puede quemar todo. García Cuevas supo de ese riesgo.

– ¿De quién es esa casa?

– El dueño de la casa se llama Gordillo, Carlos Gordillo. Es un cuate que tiene un auto Lamborghini, el único auto así que anda por aquí.

Los afectados consideran que los nuevos delegados, Ranero y Víquez, hacen, literalmente, lo que se les pega la gana e involucran a un personaje más, Tania Pérez Olguín, sobre quien recae la nueva estructura. Sedesol, dicen, exprime a la gente, que a estas alturas no abre algunos comedores.

El poder de Pérez es absoluto en la nueva administración a pesar de no conocer la estructura. El primer comedor que se abrió se ubicó en Pueblo Nuevo, San José del Rincón, inaugurado por Peña Nieto y atestiguó la incapacidad de Pérez Olguín. Quince días después de inaugurado, fue y se enfrentó con los que allá trabajan.

– Este comedor, si quiero, lo cierro porque yo soy autoridad –dijo la funcionaria de Sedesol.

El conflicto generó deserciones; consta en reportes la conducta de Pérez, a quien califican como el terror del programa.

 

Un botín político

 

El proyecto de los Comedores en el Edomex comenzó sin un techo presupuestal y el testimonio de las propias cocineras de comedores en Metepec lo confirma. “Nosotras llegamos cuando no había nada, sólo el local vacío. No teníamos ni siquiera servilletas. Nosotras compramos cosas, acondicionamos y aguantamos por un tiempo para que esto funcione. Todavía le hacemos así”.

La Sedesol no venía a experimentar pues había registros de aperturas en Guerrero, Chiapas y Michoacán. Aun con eso, ni siquiera había un reglamento. Y si lo hubo, nadie lo leyó. Así, sabían de la importancia de pagar los servicios, por ejemplo, de la Secretaría de la Defensa Nacional o capacitaciones. A ellos sí les pagaron. Eran pagos importantes, de hasta millón y medio de pesos. Pero para las personas no hubo nada, ni siquiera viáticos.

La Sedesol nunca hizo ningún tipo de contrato con los afectados, todos los acuerdos han sido de palabra y podría desconocerlos en cualquier momento. La Secretaría del Trabajo no ayuda porque no hay constancias en papel. A eso se debe que una mayoría haya decidido abandonar el empleo.  La promesa inicial de Peña Nieto era abrir 2 mil comedores. Pero el impago detuvo todo.

– Nos quedamos en 957 comedores –dice otro de los demandantes –pero se empiezan a convertir en botín político. Y hay lugares, como es el caso específico de Toluca y Zincantepec donde no hay ninguna persona de Sedesol. En este último municipio sucede así.

– ¿Sedesol “abandona” o entrega la operación a los municipios?

– En el caso que narro, en Zina, pregunté primero quién era el representante de Sedesol y me dijeron: “nadie, todos somos del municipio”. No podía estar ese tipo de personas administrando el comedor. Y resulta que el jefe de ellos era la directora de Desarrollo Social municipal, Eloísa Contreras Archundia, quien en lo legal es el enlace entre el municipio y el programa Cruzada Contra el Hambre, pero no puede actuar como “administradora”.

Al menos en Toluca y Zinacantepec pusieron algunos comedores en locales donde operaban ya cocinas económicas. De lunes a viernes estaba el programa pero los fines de semana aprovechaban lo que había para venderlo. Y eso siguió creciendo. Hay comedores que ya se volvieron cocinas económicas porque quienes tendrían que supervisar no han cobrado sus salarios.

Los usuarios más frecuentes son los niños, por encima de los adultos y lo que se cobra, 5 ó 10 pesos funciona como cuota de recuperación. Ese precio se decide en una Asamblea. Sin embargo, las cuentas no salen. Los comedores que se volvieron cocinas económicas cobran 18 pesos por comida y usan esa diferencia monetaria para la gente que trabaja, pero nada se aplica para el comedor, que además ya se adapta para todo el público. Si nadie supervisa, nadie se entera, al menos de manera oficial. La mayoría de los comedores ya son negocios personales.

“La idea de los comedores -dice otro de los inconformes- está inspirada en una de Lula da Silva en Brasil, aunque allá eran para todos”. Y es que la gente, aunque no esté en la clasificación de Sedesol, ya reclama. “¿Por qué no voy a comer? Soy mexicano y es mi derecho. Ahí nosotros no podemos echarnos encima a la gente, porque además son nuestros vecinos”.

Luego de casi un año de abiertos los comedores, al menos la mitad en el Edomex está en esas condiciones de “negocios privados” y el esfuerzo que se hizo para levantar el programa ha quedado rebasado. El fenómeno se presentó primero en el valle de México y pronto el ejemplo se extendió. En Atlacomulco, la tierra del presidente Peña, hay denuncias por robo de abasto y cambios de sedes sin previo aviso pero eso no impidió que se abrieran 300 comedores en la región, incluyendo Ixtlahuaca, Acambay, San José, Progreso, entre otros. El valle de Toluca tiene unos 129 comedores. En el valle de México hay más de 200.

Sobre el control del abasto, un tema por el cual los trabajadores han sido amenazados de castigo, la Sedesol no toma en cuenta las raciones que consumen los voluntarios ni los tres familiares que cada uno de ellos tiene derecho a alimentar. Las raciones, por supuesto, aumentan. Los inventarios de la Sedesol no cuadran con sus propias órdenes. Los coordinadores tienen prohibido comer en los comunitarios pero cuando se cumplen cuatro meses de impagos, acuden al servicio por necesidad.

Pero el mensaje que se le envía a la opinión pública es distinto. La delegación escoge “cinco comedores de éxito”, los mejor organizados. Allí se envía a Televisa, por ejemplo, y filmaba para pasar las imágenes, luego, en los noticieros de aquella empresa.

Los empleados sin cobrar ironizan que la Sedesol se preocupa por los desposeídos, pero no por sus trabajadores. “No tenemos seguro social, hacemos recorridos a comunidades lejanas con recursos propios pero no hay respaldo de la delegación, nunca se nos dio”.

 

Triangulas o cuello

 

Todavía una irregularidad más esperaba a quienes aceptaron trabajar el programa y consistía en triangular los pagos. Así, el salario asignado originalmente lo compartieron con sus jefes.

– La estructura de Sedesol consta de 19 regiones y dentro de ellas nos asignaron una categoría, un puesto y un salario. Cada una de las 19 regiones tuvo un coordinador de programa federal, con un sueldo pagado por Sedesol. Ellos trabajaban programas para adultos mayores, para jefas de familia y microrregiones, entre otros. Ya tenían una coordinación, antes de que iniciara Comedores y se les asignó una región con nosotros. Para que ellos pudieran cobrar, primero a nosotros nos dieron un nombramiento como coordinadores regionales, que es nuestro cargo. El dinero que nosotros cobramos se lo tenemos que dar al coordinador de Área. Para esto se consiguieron prestanombres, para que nosotros pudiéramos también cobrar.

– ¿Los servidores públicos que ya trabajaban para Sedesol comenzaron a recibir dos salarios?

– Sí, el que ya tenían por su cargo y responsabilidades originales, y el que venía de nosotros, en el programa de Comedores. Claro que el salario más alto era el que ellos recibían por su trabajo inicial. En algunos casos esos coordinadores nos apoyaban directamente con vehículos o dinero para traslados pero en otras regiones los coordinadores no ayudaron en nada.

– ¿Cuál es la cantidad que se llevan esas personas por el trabajo de ustedes?

– El salario más alto en el programa de Comedores, que es el de coordinador regional, es de 18 mil 200 pesos mensuales. El siguiente salario es de 16 mil 800, netos, sin ninguna prestación. El salario más bajo que tenemos es el de los promotores, de 6 mil 800 pesos mensuales. Trabajamos de lunes a viernes, no tenemos hora de entrada ni de salida. Cuando se abren los comedores llegamos a las seis de la mañana y salimos a las siete u ocho de la noche. Estamos por honorarios.

– ¿Cuáles son las condiciones laborales en las que se encuentran ustedes ahora?

– De incertidumbre. No nos dicen si se nos va a pagar pero sí que sigamos. Y lo hacemos, pero con nuestro dinero.

– ¿Cuántos comedores se han cerrado?

– Ninguno todavía, pero siguen operando con recursos de los propios empleados y de las voluntarias. Nosotros supervisamos sus actividades. Ahora llevamos cuatro meses sin cobro, pero la primera vez fueron seis meses. Seguimos porque tenemos la esperanza de que se nos pague. Las personas que comen y pagan la cuota de recuperación hacen posible que los comedores no se caigan, porque con ese dinero se compran los insumos, el gas. Esto les sucede a todos, en mayor o menor proporción.

Otro ejemplo de fugas de dinero o pagos indebidos son los equipos de trabajo “particulares” de las autoridades encargadas, como sucedió con un mini-staff que armó Alberto García Cuevas y cuyos cheques se obtendrían de los presupuestos de los comedores. También hay administrativos a quienes se les dio la indicación de cobrar de esas partidas. La mayoría de estos “externos”, dicen los afectados, provienen de la estructura estatal del PRI.

– Hubo coordinadores regionales que no tenían promotores, o muy pocos. Entonces les dijeron que juntaran gente, la que fuera, para justificar sus pagos. Si un promotor iba a cobrar 24 mil pesos, debía entregar 14 mil pesos a sus coordinadores de Área –apuntan.

La triangulación del dinero estaba bien proyectada. Se reportaban 10 promotores cuando en realidad había tres, y los siete que faltaban se inventaban. Ni siquiera hay una cifra real de trabajadores porque fueron manipuladas por los coordinadores de Área.

– A cada región se le asignó un coordinador de Área, 19 en total, que funcionaba como enlace, entre otras cosas, con autoridades locales. Ellos cobraron con la triangulación del dinero.

 

Los comedores

 

Dos de los comedores en Metepec están ubicados dentro de parques públicos, en pequeños salones de no más de 4 por 7 metros cuadrados. Lonas rojas o blancas anuncian el programa. Tres mesas de plástico para 18 lugares esperan la hora de la comida. En el centro de ellas, un pequeño letrero recuerda a los asistentes los buenos modales. “Es desagradable comer en mesa y silla sucias. Limpia por favor cuando termines de tomar tus alimentos”. El único adorno de ese comedor es la foto de la alcaldesa de Metepec, Carolina Monroy, que observa desde su marco la llegada de los beneficiados.

En el saloncito debe caber todo, desde la cocina hasta las mesas para los usuarios. Las cocineras, son tres, son voluntarias y acuden sin salario alguno desde las seis de la mañana en jornadas de 11 horas, una semana de cada mes. Otras dos personas, administrativas, completan ese equipo. A pesar de no tener pagos, pueden llevar a comer a tres de sus familiares diariamente y ellas mismas comer allí, además de juntar una despensa con los sobrantes del abasto. En esa sede trabajan 31 voluntarias.

– En general atendemos a todo tipo de personas, además de las que se marcan en el programa. Vienen por algún motivo. No podemos dejar de atenderlas y se les cobra lo mismo. Aquí servimos unas 220 raciones diarias –señala una de las voluntarias, quien acepta que a estas alturas se necesita una “motivación para las cocineras, no un pago pero sí apoyo”.

Ese equipo trabaja en una cocina que no está totalmente adecuada y que debe hacer espacio incluso para tanque de gas, que no encuentran un lugar afuera. Las mujeres se han adaptado y entre los alimentos y las enormes ollas se organizan eficazmente.

– Para el desayuno damos leche, pan, algún tipo de guisado y en la tarde se ofrece arroz, otro guisado y agua.

– ¿Tienen algún tipo de desabasto?

– No, nunca. Estamos funcionando desde julio del 2014. La tesorera recaba el dinero y ella compra verduras, fruta, pan.

Los usuarios no caben en el local y optan por comer afuera, en las bancas que se encuentran en el mismo parque.

Otro testimonio afirma que los equipos de comedores se van apenas se dan cuenta de la dureza del trabajo. Las cocineras, incluso, deben ayudar a descargar los camiones que transportan el abasto. Los encargados de los comedores consideran que el gobierno no sabe cómo se está trabajando, que desde un principio no capacitó a la mayoría y también que ha faltado a los acuerdos previos, como apoyarlos con otro de tipo de programas. Incluso pidieron papeles para Mujeres que Logran en Grande, del gobierno mexiquense, pero nada se ha concretado, ni siquiera un curso de primeros auxilios.

– El programa es bueno, muy bueno, pero sin un marco de operación adecuado. Ya se están cerrando algunos comedores, como sucede en la comunidad de San Lucas Tunco, también en Metepec. Hay comedores que no tienen ni siquiera una tarja, como sucede en el del Hípico, (una colonia de Toluca). Es increíble que la gente que nos coordina no tenga salario. Si a ellos, que son los jefes, no les apoyan, nosotros no podemos esperar nada –dice una de las encargadas.

– ¿Cómo inició la operación del comedor que atiende?

– Como voluntarias hicimos una cooperación de 100 pesos cada una, para echarlo a andar. Juntamos 700 pesos y con ese dinero se compró verdura, tortillas… compramos el gas, cada tanque cuesta 700 pesos; escobas, jergas, trapos, jabón, eso no viene en el suministro.

– ¿Ustedes abrieron el programa federal con su dinero?

– Sí, con nuestro dinero, que recuperamos después pero de las mismas cuotas o pagos por la comida, de los cinco pesos. Y se sigue comprando. Nosotras tenemos cuotas de recuperación muy bajas. A veces sólo podemos dar de comer huevo en salsa verde. Incluso pongo mi coche para traer algunas cosas.

– Entonces la comida no alcanza…

– Así es. Las raciones completas servidas, al día, son unas sesenta.

– ¿Por qué trabaja en el comedor?

– Primero tuve tiempo pero después porque vi la problemática de la gente. El comedor funciona por la gente, no tanto por el apoyo del Estado.

Las opiniones de encargadas de otros comedores no varían. Pero uno de ellos, también en Metepec, revela que el ayuntamiento de ese lugar se involucra en el manejo del programa federal.

– La presidencia municipal de Metepec nos prometió apoyos –dice una de las encargadas del comedor –pero no se nos ha dado nada. Sabemos que a otros comedores les han dado utensilios. Afirman que el ayuntamiento debe ser informado hasta de la falta de tazas e incluso sobre quién se encarga de abrir el local, que prestó Metepec previo acuerdo con la Sedesol.

– ¿Por qué el ayuntamiento se involucró en un programa federal?

– Una vez vinieron al comedor y organizaron una junta. Argumentan que el salón es propiedad municipal. La persona que lo cuida está designada por el ayuntamiento de Carolina Monroy. Aquí el ayuntamiento mueve todo y colocó a su gente. Hay un programa llamado ProMesa, donde se reparten despensas y las vocales de ese programa fueron impuestas en Comedores por la alcaldía. Algo tan simple como poner una puerta para cuidar los insumos debe pasar por el ayuntamiento pero lo peor es que no lo hacen. Nos ponen trabas para que operemos un proyecto federal. Ellos no cobran desde Comedores pero no les hace falta, aunque se crea un conflicto de intereses. Como el ayuntamiento maneja el comedor, no quiere pedir apoyos a Sedesol o reportar carencias. Les dirían algo. Pero esas personas involucradas con el ayuntamiento reciben apoyos desde el ProMesa. Tampoco nosotras podemos arreglar nuestro lugar porque hasta de que ponemos un clavo toman registros fotográficos. Esas personas nos abandonan. Ahorita no están porque se fueron al Informe de Monroy (2 de diciembre). Si no van, les quitan sus apoyos. Están desintegrando el proyecto del presidente de la república.

– ¿Han hablado con Carolina Monroy?

– La presidenta nos pone trabas para hablar con Sedesol. Dice que no se puede. Pero hablamos con un encargado de Sedesol directamente y nos dijo que nos la saltemos. Y es que el ayuntamiento dio la orden de recoger el dinero de las ventas por comida. Eso se denunció a Sedesol, que dijo que no entregáramos ese dinero. El ayuntamiento nos pide oficios para todo, así que todo debe estar registrado.

– ¿El ayuntamiento interviene en el resto de los comedores de Metepec?

– Sí, en todos interviene. Mi hija, de ocho años, de pronto pregunta que por qué no se invita a Carolina “para venga a comer soya con nosotros”.

La versión de que beneficiarios del programa municipal ProMesa están involucrados en el manejo de los comedores la confirman ellos mismos, que operan un tercer establecimiento en Metepec.

– Somos de ProMesa y apoyamos porque desde ahí nos envían, nos pidieron apoyo para que se echara a andar el comedor.

– ¿Ustedes tienen salario?

– No tenemos ninguna ayuda, pero de todas maneras prestamos dinero para comprar verduras y lo que se ocupe. Luego lo recuperamos, pero no debería ser así. Siempre hay abasto pero ahora ha bajado. Traen menor cantidades, pues dicen que es para 21 días cuando al principio Sedesol decía que era para 30. Nosotros terminamos poniendo lo que falta –relata otra encargada- quien afirma que han estado cambiando también las marcas de los proveedores. “La leche era Alpura y ahora es de Liconsa. Los atunes eran Herdez en aceite y ahora son de marca libre, de agua”.

La intervención de los comedores por el ayuntamiento de Carolina Monroy, esposa de Ernesto Nemer, es un ejemplo de cómo un programa federal es echado a pique. La batalla contra el hambre, diseñada desde la peor de las ópticas y luego tomada como botín, es el ejemplo de una guerra perdida que ni siquiera ha librado sus batallas.

La jungla

* Silvia Díaz regresaba con sus hijos rumbo a su casa, a las 5 y media de la tarde, luego de recogerlos en una primaria de la colonia Izcalli IV, el viernes 5 de julio. Caminaban y tomaron su rumbo habitual, para llegar a la avenida Pilares, a la altura de las oficinas del DIF de Metepec. A lo lejos, vio correr a un joven, vestido de negro, que parecía no mayor de 15 años. Detrás de él, policías armados a pie lo perseguían y un poco más tarde seis camionetas repletas de agentes los siguieron.

 

Miguel Alvarado

La administración mexiquense de Eruviel Ávila tiene prioridades. Y su lista la encabezan los proyectos políticos personales de los miembros del gabinete, quienes ven en septiembre un mes de cambios radicales, aunque para la ciudadanía todo continúe igual. El supuesto cambio de gobernador y la llegada al poder de un grupo político distinto desatan pasiones en el palacio de Lerdo, frena inversiones y la derrama económica es selectiva, todavía más. Pero la inercia mantiene todo en movimiento. En Toluca y Metepec incluso se cumple aquel lugar común que llama a la ciudad “jungla de asfalto” con total desenfado, como si desde siempre la animalidad del hombre se impusiera.

Silvia Díaz regresaba con sus hijos rumbo a su casa, a las 5 y media de la tarde, luego de recogerlos en una primaria de la colonia Izcalli IV, el viernes 5 de julio. Caminaban y tomaron su rumbo habitual, para llegar a la avenida Pilares, a la altura de las oficinas del DIF de Metepec. A lo lejos, vio correr a un joven, vestido de negro, que parecía no mayor de 15 años. Detrás de él, policías armados a pie lo perseguían y un poco más tarde seis camionetas repletas de agentes los siguieron.

A ella, como a decenas de personas, le tocó presenciar una balacera entre secuestradores y policías en la avenida Pilares, la más grande y con mayor movimiento comercial que tiene Metepec. Repleta de comercios, bares, escuelas y edificios gubernamentales, la actividad en aquella zona no cesa a ninguna hora. Allí se había implementado un cerco para detener a dos autos, que huían de un enfrentamiento anterior. Al brincarse el retén, los policías abrieron fuego. Uno de los autos se estrelló contra la malla ciclónica que circunda la sede del DIF y uno de los tripulantes pudo todavía echar a correr.

Silvia recuerda que el joven de negro pudo esconderse en una dulcería, frente a un módulo policiaco, en una calle aledaña a Pilares, pero los vecinos y los comerciantes lo delataron. Por señas atrajeron a la policía, que pudo capturarlo fácilmente. Sin embargo, no todo fue tan fácil. En menos de 20 minutos, aquel encuentro entre secuestradores y policías dejó una mujer muerta y cinco heridos. Silvia se refugió en una de las tiendas cercanas cuando escuchó los primeros tiros y vio la corretiza. Luego, salió de aquel comercio y se dirigió a su casa. Pudo ver a la gente, escondida en otros establecimientos junto con niños de las escuelas cercanas. Dice que ella no hubiera denunciado al detenido “porque luego los dejan libres y van por la venganza. Además no se veía ni de 15 años”.

Luego la policía confirmaría que se trataba de un grupo de plagiarios, que operaban en Metepec y que tenían retenido a un doctor. La mujer muerta era parte del grupo, que dijo provenir de Michoacán. Dos días después, el diario local Alfa informaba que el hijo de un prominente matrimonio de Metepec había sido liberado, aunque no dio nombres ni tampoco si había conexión entre los sucesos.

De cualquier manera, la Procuraduría estatal confirma 89 secuestros en seis meses para el Edomex, cifra que no incluye los no denunciados y que elevaría la cifra 75 por ciento. La dependencia sostuvo que los plagios han aumentado.

El diario Alfa disecciona los números “este año se ha registrado un secuestro cada dos días, muy por encima de los números de años anteriores donde en el 2012 se denunciaba un secuestro cada tres días; mientras que en el 2011 la cifra era de un plagio cada 3.5 días”.

Metepec, desde hace años, es sede de operaciones de cárteles del narcotráfico que se encargan del trasiego y distribución, pero también de negocios alternos, como la distribución de productos pirata, cuyos negocios mantienen incluso locales comerciales que pagan renta e impuestos por servicios. La protección policiaca para estos negocios es evidente y se puede ver a plena luz del día. Los plagios son otra de las ramificaciones de esas organizaciones.

Los secuestros no sólo van dirigidos a quienes pueden pagar grandes sumas. Cualquiera es un objetivo del que se puede obtener dinero y las retenciones express son cada vez más comunes, como la sucedida en el centro de Toluca, en un estacionamiento, donde la policía rescató a un hombre por el que pedían 2 mil pesos.

La violencia parece no tener límite y encuentra cualquier pretexto. En Tultepec, en el valle de México, una palabra altisonante entre transeúntes terminó con dos muertos, 12 policías municipales detenidos y camionetas de seguridad reducidas a cenizas. No solamente el crimen organizado está inmerso en la fractura social. Ciudadanos comunes reaccionan con ira ante cualquier provocación y ven en las instancias policiacas a funcionarios públicos con permisos oficiales para ejercer la impunidad.

Otro hecho violento sucedió en Luvianos, donde elementos de la Marina detuvieron y torturaron a seis jóvenes de aquel municipio, en el sur mexiquense, el seis de julio. Los uniformados buscaban armas y drogas y entraron a un bar de la localidad, donde se llevaron a los presentes. Los amarraron y subieron a una camioneta, para dejarlos en un lugar de la sierra. Luego, cubrieron sus cabezas con bolsas y los golpearon. Liberados y bajo amenaza de muerte, relataron el episodio, que derivó en bloqueos carreteros entre Luvianos y Tejupilco por parte de los habitantes. A ese bloqueo se sumaron transportistas en protesta por la golpiza a un taxista, también en esos días, cuando sufría un asalto. Aquella región es tradicionalmente controlada por el narcotráfico y estuvo en constante disputa hasta que La Familia Michoacana obtuvo la posesión. El cártel impone autoridades y aplica reglamentos, legales o inventados y dice proteger a la población.

Los números sobre violencia también involucran los feminicidios, que en la entidad se contabilizan en 133 los dos últimos años y de los cuales 60 por ciento no tienen sentencia por alguna razón. Alfa señala que “de acuerdo con información de la Procuraduría, en 2011 se registraron 52 asesinatos de mujeres, en  2012 aumentó a 60 y en lo que va del año se han registrado 21 feminicidios… de marzo de 2011 a la fecha se han logrado 50 sentencias condenatorias por este delito, 39 de este sistema y 11 del anterior”.

La violencia exacerbada tiene sus motivos, aunque éstos parecen diluirse en los entramados sociales favoritos de la estadística y los políticos: el hambre, la educación, la pobreza, la falta de oportunidades, el desempleo, abstracciones que pierden en las cifras su valor efectivo. Las historias individuales certifican la descomposición social, como sucede con los testimonios de Silvia Díaz y uno de los retenidos por la Marina en Luvianos, cuya declaración reproduce la agencia local MVT: “nos estaban asfixiando, ahogando, como torturando. Los pies nos los hacían para adelante, las manos también, y amarrado me cargaban, pero con las manos hacia atrás, me cargaron demasiado, y amenace y amenáceme; me pusieron el rifle, una pistola atrás, me pegaban culatazos en la cabeza”.