“Las patronas” de La Bestia

* En el albergue La Esperanza, a sólo unos metros de las vías, todos los días se cuecen en el fogón 45 kilos de arroz y 15 de frijol. En un día normal “Las patronas” distribuyen hasta 200 bolsas de comida, que además de arroz y frijol, llevan tortillas, pan, galletas y agua. También avientan unas 100 latas de atún.

 

Flavia Morales/ Cimacnoticias/ Ayudahumanitarialaspatronas.blogspot.com

Amatlán, Veracruz. Cuando el silbato de “La Bestia” suena, las mujeres del albergue La Esperanza, en la localidad La Patrona de este municipio veracruzano, se aprestan a distribuir alimentos a las y los cientos de migrantes que viajan a bordo del tren de carga proveniente de Chiapas en dirección al norte de México.

Son al menos 25 mujeres, conocidas como “Las patronas” y encabezadas por Norma, quien inició esta labor hace 17 años, cuando ella apenas tenía 23.

Con carretas llenas de cazos de comida, Norma, Toña, Julia, Victoria y Karla, entre otras, se forman en fila al lado de las vías del ferrocarril, lanzan bolsas de comida y en menos de 10 minutos reparten “lonches” de supervivencia a las y los migrantes que viajan en el techo de “La Bestia”.

En el albergue La Esperanza, a sólo unos metros de las vías, todos los días se cuecen en el fogón 45 kilos de arroz y 15 de frijol. En un día normal “Las patronas” distribuyen hasta 200 bolsas de comida, que además de arroz y frijol, llevan tortillas, pan, galletas y agua. También avientan unas 100 latas de atún.

La entrada al albergue de La Patrona es austera y tiene un gran patio de tierra. Es un jacal detenido por apenas cuatro palos endebles; bajo él hay todo el tiempo una enorme olla de frijoles.

Las mujeres ya conocen los horarios del tren. A veces puede pasar hasta tres veces al día cargado con entre 400 y mil 500 migrantes. En ocasiones, “La Bestia” llega a gran velocidad y ellas apenas alcanzan a repartir unas cuantas bolsas de comida.

Para las y los miles de migrantes centroamericanos que cruzan México rumbo a Estados Unidos, la parada del tren en La Patrona es un alivio, quizá el único lugar donde puedan probar alimentos en varios días de trayecto.

Norma explica que las mujeres de La Esperanza se coordinan con otros albergues ubicados en la ruta del tren, para saber cuántos migrantes vendrán y así programar la cantidad de bolsas de comida.

A Norma se le conoce como “La Patrona”. Ella reconoce que la tarea ha sido difícil porque además de la comida, ahora cuentan con un pequeño albergue donde atienden a las y los migrantes en tránsito, muchas de ellas niñas y mujeres, lastimadas física y emocionalmente.

“Nos llegan enfermos, cansados y hay que tocar puertas de hospitales, de médicos, conseguir el medicamento y sobre todo cuidar que no vayan a morir”, relata.

En 17 años de labor altruista, Norma ha vivido casi todo: “Nos ha tocado ver mutilaciones y golpes; el tren en movimiento es muy peligroso”.

Además del trabajo del comedor, las mujeres de La Patrona se han dedicado a concientizar a la población y al personal de los hospitales de la zona, y a organizar una red de información y ayuda con otros albergues de migrantes en el país.

 

El Cristo Negro

 

En 1996, junto con su madre Leonila Vásquez y sus hermanas, Norma comenzó a repartir a las y los migrantes “lonches” de arroz, frijol y tortillas.

Una madrugada de ese año, llegaron a la casa de Norma dos  mujeres a suplicar ayuda para un migrante hondureño herido de arma blanca durante una pelea por defender a su pareja.

“A esa hora, a las 12:30, que agarro la camioneta de mi marido y que me voy hasta donde estaba el hombre. Cuando llegué y me encontré con cientos de migrantes en medio de la noche, sentí miedo, pero luego agarré valor”, relata la mujer.

Varias personas bajaron del tren a un hombre de tez morena, con el torso desnudo y ensangrentado. “Cuando vi cómo lo bajaban se me figuró un Cristo negro. Era una señal de que ése era el camino”, dice Norma, una ferviente católica.

Días después del incidente, cuenta que una tarde mientras repartía comida, un migrante se le acercó para regalarle la efigie de un Cristo negro. “Me dijo que era en agradecimiento por salvarle la vida, y que estaba seguro de que si (el Cristo) se quedaba conmigo yo iba a ayudar a más gente”, cuenta.

El Cristo negro que ese migrante hondureño le regaló a Norma está ahora en el altar central del albergue, y significa para la activista “un recordatorio permanente del sufrimiento y la necesidad de cientos de mujeres y hombres migrantes”.

Cuando Norma comenzó a organizarse con otras mujeres del pueblo para ayudar a las y los migrantes, fue mal vista por apoyar a “delincuentes”. “Sabíamos que nos podían acusar de traficantes, de cometer un delito, pero la necesidad era tanta, tan evidente, que hacía imposible no mirarla”.

 

Banco de datos

 

Ni las historias de dolor e injustica, ni las bandas del crimen organizado dedicadas al tráfico de mujeres y niñas, han detenido a estas mujeres.

Ellas tuvieron que aprender la Ley de Migración, la Constitución y los pasos a seguir para interponer una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

“En el tren van niñas, niños, bebés, mujeres embarazadas; hemos visto niños de 10 años viajando solos, a veces va toda la familia. Duele ver un tren hasta con 400 personas, muchas son niñas de 14 años”, narra Norma.

Abunda: “la mayoría de las historias son trágicas. Hace poco nos trajeron a un migrante de nombre Jesús que perdió sus dos piernas. Él estaba trabajando en Sonora y se regresó a Honduras a visitar a su madre enferma. De regreso a México por falta de dinero, volvió en tren y tuvo un accidente. Lo tuvimos tres días en coma en el Hospital de Yanga”.

Norma cuenta que también ha habido casos de migrantes muertos y en esos procedimientos se solicitan los restos, se practican los estudios de ADN, y se inhuman en el panteón de la comunidad.

Las mujeres de La Patrona han organizado un austero, pero efectivo banco de datos, toman fotografías y datos de los migrantes que pasan por la zona. Solo en 2012 llevan un registro de 800 personas, que han pernoctado en el albergue, y que quizá sea una pista o esperanza para las madres y familiares en caso de una tragedia.

Norma cuenta que a través de una red de ayuda con empresarios de la región, gobierno y organizaciones civiles se logra recaudar comida y fondos para el mantenimiento del albergue.

“Si cada quien jala por su lado esto no funciona, no se trata de pelear ni desmostar quién es más fuerte, sino unirse, poner nuestro granito de arena cada uno desde su trinchera”.

A sus casi 40 años se dice feliz y con proyectos e ideas para ayudar y formar nuevos grupos y generaciones de jóvenes de apoyo a las y los migrantes.

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La Bestia

* Según la Subsecretaría de Población, Migración y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación, cada año ingresan al país 150 mil migrantes sin documentos, la mayoría provenientes de Centroamérica. De acuerdo con organizaciones civiles de Derechos Humanos, esta cifra asciende a 400 mil, de los cuales cerca de 30 por ciento son mujeres, casi todas centroamericanas. Las asociaciones defensoras de los derechos de migrantes estiman que 6 de cada 10 de las mujeres que ingresan de forma irregular al país, son violadas sexualmente.

 

Guadalupe Cruz Jaimes (CIMAC)

Las autoridades mexicanas deben supervisar al personal de las estaciones del tren conocidos como “garroteros”, pues se dedican a extorsionar a las personas migrantes y agreden sexualmente a las mujeres que suben a los ferrocarriles rumbo a la frontera norte.

Lo anterior lo señaló Maribel, migrante originaria del municipio hondureño de Progreso Yoro, entrevistada en el albergue San José del Hermano Migrante, ubicado en Huehuetoca, Estado de México.

La mujer de 41 años de edad tuvo que salir de su país porque fue despedida de su trabajo y nadie más la contrató. “A mi edad ya nadie nos emplea, sólo aceptan de 18 y 30 años”.

Ante la falta de recursos para mantener a sus tres hijos, tomó la decisión de migrar, aunque ello le implicara atravesar “un calvario” en su paso por México.

“Es duro, uno vive tantas injusticias, los ‘garroteros’ abusan de la mujer, creen que porque montan un tren tienen derecho de tener sexo con ella”.

A las mujeres, relató, les dicen que si quieren que las dejen subir a los ferrocarriles tienen que pagar y si no traen dinero las agreden sexualmente. “Si no les das para la soda, te piden otra cosa para montarte al tren”, mencionó.

Maribel refirió que la mayoría de las migrantes está expuesta a ese tipo de violencia porque “vamos con el dinero contado para comer algo en el camino”.

La hondureña todavía tiene que subir a tres trenes para llegar a la frontera norte. Ella salió de su país con 3 mil lempiras (mil 980 pesos mexicanos), pero sólo le duraron hasta Tenosique, Tabasco.

Según la Subsecretaría de Población, Migración y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación, cada año ingresan al país 150 mil migrantes sin documentos, la mayoría provenientes de Centroamérica.

De acuerdo con organizaciones civiles de Derechos Humanos, esta cifra asciende a 400 mil, de los cuales cerca de 30 por ciento son mujeres, casi todas centroamericanas.

Las asociaciones defensoras de los derechos de migrantes estiman que 6 de cada 10 de las mujeres que ingresan de forma irregular al país, son violadas sexualmente.

Ante esta situación, la centroamericana demanda la intervención de las autoridades mexicanas. “Necesitamos que supervisen a los garroteros que trabajan en las estaciones de los trenes, porque es injusto lo que hacen. Como mujeres, como seres humanos, merecemos respeto”, refirió categórica.

Maribel recordó que las y los migrantes “no salimos de nuestro país por gusto, salimos porque no tenemos de otra para sacar adelante a nuestra familia, para que nuestros hijos estudien”.

A diferencia de la gran mayoría de las migrantes, la hondureña no tiene como destino Estados Unidos, ella va a Saltillo, Coahuila, a trabajar con una señora que tiene una dulcería.

Esta es la segunda vez que migra, en el primer viaje conoció a la que ahora es su patrona en La Casa del Migrante de Saltillo y se quedó a laborar con ella “para no seguir padeciendo”.

Maribel gana 2 mil 600 pesos a la quincena, con ese ingreso mantiene los estudios de sus hijos, ésa es su meta, pues “en Honduras estamos llegando a una situación en la que el que no tiene título no halla trabajo”.

 

Narran vivencias

 

El libro “Nuestras voces en el camino. Testimonios de mujeres en la migración” muestra el costo emocional, físico y económico que implica para las mujeres salir de sus países a fin de mejorar la calidad de vida de sus familias.

La obra, que recién presentó el Instituto para las Mujeres en la Migración (Imumi), da voz a una decena de migrantes en su mayoría centroamericanas y sudamericanas, quienes relatan los obstáculos que han tenido que sortear para regularizar su estancia y conseguir empleo en las naciones de destino.

Además, ellas denuncian las dificultades que padecen para garantizar Derechos Humanos (DH) como salud, educación y la impartición de justicia.

Estas mujeres, quienes han sido capaces de superar situaciones adversas, atravesaron también distintas modalidades de violencia de género: física, sexual, psicológica, económica e institucional.

“Alba” es una de ellas. La guatemalteca, de 40 años de edad, salió de su país en 2003 rumbo a Canadá, mediante el Programa de Trabajo Agrícola Temporal.

Para ella y su esposo era una buena oportunidad para ganar más dinero y pagar los estudios de sus hijas. En ese año se inscribieron al programa a través de la Organización Internacional de las Migraciones (OIM), y en un par de meses los llamaron.

La guatemalteca llegó a Québec con un grupo de 30 mujeres, que tenían entre 20 y 40 años. Las trasladaron a una finca para trabajar en el corte de fresa.

Su jornada de trabajo era de lunes a sábado de 6 de la mañana a 7 de la noche. En ese horario no podían hablar entre ellas, ni tampoco ayudarse cuando alguna sufría un accidente o algún desmayo. “La capataz nos decía: ‘No se pueden acercar ¡Ustedes a su trabajo!’”, narra.

En la publicación del Imumi la centroamericana también denuncia que permanecían encerradas casi todo el tiempo. Sólo los jueves “la patrona pasaba por nosotras para llevarnos a Walmart donde hacíamos las compras para la semana”. Luego de esta experiencia, “Alba” refiere que no le gustaría que sus hijas migraran “porque allá el trabajo es duro”.

Además “no es fácil salir del país donde una nació, cuesta mucho dinero y a veces hasta la vida. Pero también sé que nadie migra por gusto, que las personas nos vamos de nuestros países por necesidad; con ese anhelo de ofrecerle a la familia una mejor vida viajamos a otros lugares en busca de esas oportunidades que no tenemos en nuestra tierra”, lamenta la ama de casa.

“Brenda” es otra migrante centroamericana que salió de su país con la intención de progresar. La mujer, de 36 años, salió de Honduras a Guatemala donde vivió siete meses, en ese tiempo abrió una microempresa de tortillas de harina. Entonces, la hondureña, de 29 años, quiso certificar su negocio, pero las autoridades guatemaltecas le pusieron “peros” para realizar el trámite por ser extranjera.

Decepcionada, “Brenda” decidió migrar a Estados Unidos con el apoyo de una de sus amigas, quien desde el país del norte le prestó 2 mil 500 dólares (poco más de 32 mil pesos mexicanos) para pagar un “coyote” (traficante de personas).

Así, llegó a la frontera México-Guatemala, cruzó el río Suchiate y espero el tren. En el trayecto, abatida por el cansancio, la joven estuvo a punto de caer, pero el conocido con quien viajaba la sostuvo. Cuando llegó a Oaxaca cambiaron de ferrocarril.

En la región oaxaqueña del Istmo de Tehuantepec, “Brenda” y el grupo de migrantes con los que estaba fueron amenazados por la comunidad y tuvieron que huir “al monte”, donde la persecución continuó. Escucharon voces de hombres que les gritaban: “¡Ahorita que los agarremos los vamos a matar y a echar al río como hacemos con todos!”. Ella y sus compañeros escaparon, y volvieron a caminar a la orilla del tren bajo el sol inclemente.

La hondureña se comunicó a EU y su amiga le dijo que el “coyote” que habían contratado estaba preso, y que tendría que esperar a que saliera de prisión para que la ayudara a cruzar la frontera norte. En tanto, la joven debía trasladarse con unos conocidos al Distrito Federal.

Una vez en la capital, “Brenda” fue apoyada por la organización Sin Fronteras para regular su estancia migratoria en el país, y también recibió apoyo emocional para superar el dolor que experimentó durante su tránsito por territorio nacional.

Hoy, “Brenda”, quien decidió quedarse en el DF, recuerda que “desde los siete años supe que migrar era mi posibilidad. Escuché los relatos de quienes se habían ido detrás del sueño americano. Parecía que el dinero estaba tirado en la calle y tu sólo ibas a recogerlo. Nadie te cuenta lo duro que es llegar”.

Otra mujer afectada por la migración es “Blanca”, una comerciante de El Salvador, quien desde hace más de dos años no sabe nada de su hijo menor que ese año salió de Centroamérica hacia EU. La mujer de 54 años narra en el libro que “la madrugada del 16 de abril de 2010 fue la última vez que lo tuve en mis brazos. Después de esa fecha pudieron comunicarse dos veces: la primera cuando su hijo estuvo en Guatemala, y la segunda en la Ciudad de México. Luego, “Blanca” supo (por otras personas) que Luis Roberto llegó a Piedras Negras, Coahuila, de donde el “coyote” lo trasladaría a Houston y después a Los Ángeles.

En julio de 2011, la salvadoreña participó en la Caravana por la Paz en México, donde expuso su caso ante Felipe González, relator para los Trabajadores Migratorios y Miembros de sus Familias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Dos meses después las autoridades la llamaron para informarle que buscaron en los centros de detención y hospitales mexicanos y no encontraron a Luis Roberto. Desde entonces no se han vuelto a comunicar. No obstante, “Blanca” refiere que “día a día esperamos que timbre el teléfono y sea él. Confiamos en Dios, en que un día del otro lado del auricular escucharemos su voz o simplemente cruzará la puerta de la casa”.

Ruta del miedo

* Entre la zozobra y el miedo, Aleyda, migrante hondureña de apenas 17 años, se resguarda temporalmente –en lo que reinicia su camino hacia la frontera norte– en la Casa del Migrante San Juan Diego, en el municipio de Huehuetoca, Estado de México. Con cuatro meses de embarazo, la adolescente cuenta que la violencia la hizo huir de su país. “No miraba futuro, hay veces en que en un día hay 30 muertos porque hay bastante delincuencia. Los ‘maras’ obligan a meterse en pandillas, a andar robando. Te llegan a matar por nada”, relata.

 

Guadalupe Cruz Jaimes/ Cimacnoticias

Huehuetoca. En el Estado de México las centroamericanas sufren el rechazo de habitantes, así como abusos de delincuentes y policías, sin que la autoridad las proteja.

Entre la zozobra y el miedo, Aleyda, migrante hondureña de apenas 17 años, se resguarda temporalmente –en lo que reinicia su camino hacia la frontera norte– en la Casa del Migrante San Juan Diego, en el municipio de Huehuetoca, Estado de México.

Con cuatro meses de embarazo, la adolescente cuenta que la violencia la hizo huir de su país. “No miraba futuro, hay veces en que en un día hay 30 muertos porque hay bastante delincuencia. Los ‘maras’ obligan a meterse en pandillas, a andar robando. Te llegan a matar por nada”, relata.

Así como Aleyda, otras migrantes centroamericanas llevan 15 días de viaje en trenes de carga desde la frontera sur de México. Lograron llegar al Edomex tras padecer las inclemencias del tiempo, los abusos de la policía y de la delincuencia organizada.

Tras el cierre el pasado 7 de junio del albergue que también se llamaba “San Juan Diego”, en Lechería, municipio mexiquense de Tultitlán, la situación para ellas se ha agravado.

El refugio administrado por la Diócesis de Cuautitlán fue clausurado ante las protestas de vecinos que se oponían a que las y los centroamericanos recibieran “ayuda gratuita”.

Ahora tienen que caminar cerca de 50 kilómetros desde Lechería para llegar a los albergues abiertos en agosto pasado en Huehuetoca. Quienes deciden descansar en Lechería aguardan unas horas para volver a “montar” un ferrocarril en trayecto al norte del país.

Ésas son algunas de las crudas estampas que observan las diputadas del Parlamento Europeo Satu Hassi y Ska Keller, durante su visita a la zona de tránsito de migrantes en Tultitlán y Huehuetoca.

 

Testimonio del abuso

 

El recorrido de las legisladoras inicia en Lechería, donde unos cuantos migrantes descansan a la sombra de los árboles a un costado de las vías. Resguardadas por policías federales y estatales, las eurodiputadas se entrevistan con hombres hondureños que esperaban la salida del próximo tren.

Esta localidad es insegura para las y los migrantes, ya que se han registrado secuestros masivos. Aún así, duermen en la calle pero están al pendiente de no ser presa de delincuentes.

Los migrantes narran las extorsiones que sufren de los “garroteros” (personal de las estaciones de tren) para que les permitan viajar en el ferrocarril, así como de la policía.

“Íbamos a comer unas sardinas, y uno (de nosotros) sacó una navaja para abrirlas, pero la policía municipal lo vio y se acercaron para revisarnos y nos quitaron todo lo que traíamos, como 2 mil 500 pesos”, cuenta un hondureño.

Durante su camino de casi una hora hacia los dos albergues en Huehuetoca, Satu Hassi y Ska Keller observan en las calles a migrantes que piden dinero para comer y seguir su viaje. Otros descansan bajo los puentes vehiculares.

El albergue San José del Hermano Migrante, abierto por organizaciones civiles y estudiantes, consta de dos habitaciones donde se guardan las donaciones de víveres y colchonetas. El resto es un patio de piso de tierra con techos provisionales de lona bajo los cuales pueden descansar alrededor de 100 migrantes.

Ahí reciben agua, alimentos, y lo necesario para asearse. Su estancia es breve. “El tiempo necesario para descansar y volver a montar el tren”, dice la hondureña Yoselin Alvareño, de 30 años, quien lleva ya un día en el albergue.

Ella platica que salió de su país porque no hay empleo y los salarios son muy bajos. Trabajaba como empleada del hogar, ganaba 2 mil lempiras al mes (mil 322 pesos mexicanos), insuficientes para mantener a sus cuatro hijos, ya que es madre soltera.

Yoselin migró acompañada de su cuñado, con quien subió a tres trenes para llegar a Lechería. “Ha sido muy duro, me caí algunas veces y me lastimé el brazo y la rodilla. También hay que aguantar el frío y la lluvia en las noches”, explica.

La hondureña es una de las cinco mujeres que habitan el albergue, pero cada día llegan decenas más de migrantes, 10 por ciento del sexo femenino.

El otro albergue, la Casa del Migrante San Juan Diego –instalado por autoridades mexiquenses y de la Diócesis de Cuautitlán– está alejado de la zona urbana en Huehuetoca y cobija a unos 50 migrantes. Aquí apenas hay tres mujeres, dos de ellas embarazadas, entre ellas Aleyda, la joven que inició este relato.

Ella dice que sólo pasará una noche más en el albergue, donde las y los migrantes únicamente pueden permanecer tres días, en los cuales se les prohíbe salir de las instalaciones.

“Al estar en medio de la nada se pone en riesgo a esta población, si los ‘levantan’ nadie se va a dar cuenta”, advierte Jorge Andrade, coordinador del albergue San José del Hermano Migrante.

Defensoras en el exilio

* Tras más de una década de lucha y ante la inacción del Estado mexicano para proteger a las defensoras de derechos humanos, la organización pionera en investigar el feminicidio en la fronteriza y norteña Ciudad Juárez dejará de operar en el país, para continuar sus labores desde el exterior.

 

Gladis Torres Ruiz/ IPS/ CIMAC

Por la ola de ataques en su contra, las fundadoras de la organización humanitaria Nuestras Hijas de Regreso a Casa decidieron dejar México y operar limitadamente desde el exilio.

Tras más de una década de lucha y ante la inacción del Estado mexicano para proteger a las defensoras de derechos humanos, la organización pionera en investigar el feminicidio en la fronteriza y norteña Ciudad Juárez dejará de operar en el país, para continuar sus labores desde el exterior.

“Sí, me voy, pero voy a seguir en la lucha donde quiera que yo esté. No me voy a quedar callada porque el gobierno tiene una deuda con mis hijos a quienes les quitó a su madre”, advierte Norma Andrade, una de las fundadoras de la organización y quien en menos de tres meses ha sufrido dos atentados.

Andrade y su familia recalcan que ante la impunidad que padecen por la ola de ataques y amenazas, recrudecida en su contra desde 2008, abandonan el país.

Andrade, junto con su hija Malú García Andrade y Marisela Ortiz, fundó Nuestras Hijas de Regreso a Casa, en 2001. Las tres han sido intimidadas, perseguidas y amenazadas de muerte, al igual que sus familias.

Ortiz abandonó el país en febrero de 2011 y García Andrade salió de Juárez en marzo del mismo año, pero tuvo que regresar a la ciudad fronteriza con Estados Unidos en diciembre pasado, luego del primer ataque contra su madre.

Con el exilio anunciado de madre e hija la organización ha quedado sumamente mermada.

 

Desmanteladas

 

“La organización quedará desmantelada. De hecho ya estamos desarticuladas”, lamenta Andrade. Relata que a partir de 2008, con las primeras amenazas contra su hija y Ortiz, decidieron trabajar menos en gestiones jurídicas y legales para acelerar los procesos de las víctimas y concentrarse en la gestión social.

“Desde 2008 empezamos a trabajar más en lo social, y lo jurídico lo hacíamos de bajo perfil; ya no tenemos oficinas. Marisela, desde donde se encuentra, se encarga de algunas actividades”, detalla la activista.

Añade que además “en Juárez tenemos enlaces para implementar el ‘Proyecto la Esperanza’, que consiste en talleres para madres de mujeres desaparecidas o asesinadas”.

Desde su creación, la organización ha recibido al menos 30 amenazas y hostigamientos, y sus oficinas fueron allanadas por desconocidos que sustrajeron documentos y computadoras con información sobre su trabajo, pero nada se investigó.

Por eso, desde 2008 decidieron no tener oficinas fijas, aunque cada integrante ha realizado su trabajo por separado.

Ante el peligro que corrían las activistas, el 13 de junio de 2008 la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) pidió al Estado mexicano garantizar su vida e integridad física y la de sus familias, a través de medidas cautelares.

 

Su historia

 

Andrade es madre de Lilia Alejandra García, una joven de 17 años y madre de dos menores de edad, que desapareció el 14 de febrero de 2001, y cuyo cuerpo fue encontrado con rasgos de tortura sexual el 21 de febrero siguiente, en un lote baldío aledaño a la avenida Tecnológico y Ejército Nacional, en Juárez.

Desde entonces y en demanda de justicia, la organización -integrada principalmente por madres de jóvenes desaparecidas y asesinadas– ha denunciado nacional e internacionalmente los asesinatos de mujeres en esa urbe, convirtiéndose en un referente de ayuda y rehabilitación para las sobrevivientes de violencia.

Uno de sus logros más importantes fue recurrir junto con otras organizaciones civiles ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para denunciar los asesinatos de mujeres ocurridos en el Campo Algodonero, en Juárez.

El máximo tribunal de justicia americano condenó al Estado mexicano por no proteger la vida de la población femenina.

También presentó ante la CIDH, en 2002, los casos de Lilia Alejandra Andrade y de Silvia Elena Rivera; ambos en espera de ser admitidos para su análisis.

 

Acoso sin fin

 

En 2011, Nuestros Hijas de Regreso a Casa denunció más de 200 raptos de niñas y adolescentes, presuntamente vinculados a redes de trata de personas. Andrade trabajaba en esos expedientes cuando arreciaron las agresiones en su contra.

A principios de ese año Malú García reveló la existencia de una red de trata que opera en el centro de Juárez, y a la que responsabilizó de la desaparición de decenas de jóvenes.

Dijo entonces contar con informes de mujeres que tras su desaparición fueron vistas en burdeles de Puebla, Tlaxcala y Tijuana.

Agregó que los resultados de estas investigaciones se darían a conocer el mismo año, pero salió de Juárez luego de que el 17 de febrero de 2011 unos desconocidos quemaron el techo de su casa.

Sucedió mientras participaba en un acto de apoyo a la familia Reyes Salazar, otros defensores de derechos humanos agredidos.

Andrade recuerda que no solo ella ha sufrido agresiones; también activistas como Irma Pérez, Eva Arce, Ramona Morales, Cipriana Jurado y Benita Monárrez.

Esta última fue una de las primeras en dejar el país y refugiarse en la ciudad estadounidense de Los Ángeles. “Y una de terca y aferrada que quiere seguir en su país. Hasta que ve las consecuencias”, apunta la defensora.

“La realidad es que no hay ninguna protección para las y los defensores; el 14 de febrero se cumplieron 11 años de buscar justicia para mi hija y 11 viviendo acosada todo el tiempo y protegiendo la vida”, advierte Norma Andrade.

 

El objetivo del acoso

 

El hostigamiento, amenazas y violencia contra las defensoras de derechos humanos en México, tiene como objetivo obligarlas a renunciar a su tarea humanitaria, según se desprende de un diagnóstico sobre los riesgos que afrontan las activistas en el ejercicio de su labor.

“En algunas ocasiones, las agresiones logran su cometido y las defensoras dejan completamente su trabajo o sus organizaciones se desintegran”, se asienta en el estudio “Defensoras de Derechos Humanos en México; diagnóstico 2010-2011 sobre las condiciones y riesgos que enfrentan en el ejercicio de su trabajo”.

La investigación realizada por las organizaciones civiles Red Mesa de Mujeres, Asociadas por lo Justo, y Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad, establece que el impacto de esta violencia no sólo las afecta a ellas.

También son víctimas de ella sus familias y los movimientos sociales, que ven disminuida su capacidad y condiciones para avanzar en sus agendas y propuestas a favor de los derechos humanos.

El Diagnóstico 2010-2011 señala que 84 por ciento de las defensoras entrevistadas afirmó que uno de los principales impactos que tiene la violencia en su contra es el daño emocional.

Este surge tanto por el miedo como por la suma de acciones y desgastes que implican defenderse a sí mismas, al tiempo que mantienen su trabajo de defensa y promoción de los derechos humanos.

El estudio explica que en casos extremos, la violencia las obliga a desplazamientos forzados y al cambio de residencia, ya sea en otra ciudad del país o incluso del extranjero.

En el diagnóstico se advierte que cada vez que una organización cierra, o un movimiento se desarticula, se produce un daño mayúsculo en las personas beneficiarias de su trabajo, así como en los procesos democráticos de cada comunidad y del país.

“El trabajo a favor de los derechos humanos de las mujeres es un bien social que todavía no se ha valorado en su justa dimensión; no apoyar a las defensoras reproduce la cultura de violencia y discriminación de género”, concluye el documento.

 

*Este artículo fue publicado originalmente por la agencia mexicana de noticias Comunicación e Información de la Mujer AC, Cimac.(FIN/2012)

Las aguas termales

* Tonatico es un discreto balneario que pervive al lado de la popular Ixtapan de la Sal, hogar de políticos como el aspirante presidencial Enrique Peña y algunos miembros de su equipo de campaña como Luis Miranda Nava o el propio Arturo Montiel. Poco a poco, la región ha sido “colonizada” por un grupo de nuevos ricos que ha encontrado bondades y retiro a 2 horas de Toluca, la capital del Edomex. Allí, en los dos municipios, una industria turística se desarrolla todo el año gracias al clima semitropical que los cobija. Pero no es suficiente, al menos para Tonatico, que depende económicamente de lo que envían quienes viven en Estados Unidos.

 

Miguel Alvarado

El sur del Estado de México es una región transparente. Narcotráfico y migrantes representan las dos principales actividades económicas de la región, que luce boyante a pesar de la inactividad palpable. Claro, hay cientos de comercios y el dinero circula en Tejupilco, Tlatlaya, Amatepec, Luvianos y Tonatico, entre otros. En este último municipio, migrar es una costumbre y Waukegan, en Illinois, el destino escogido por quienes saben de oportunidades.

Tonatico, la cabecera, es un discreto balneario que pervive al lado de la popular Ixtapan de la Sal, hogar de políticos como el aspirante presidencial Enrique Peña y algunos miembros de su equipo de campaña como Luis Miranda Nava o el propio Arturo Montiel. Poco a poco, la región ha sido “colonizada” por un grupo de nuevos ricos que ha encontrado bondades y retiro a 2 horas de Toluca, la capital del Edomex. Allí, en los dos municipios, una industria turística se desarrolla todo el año gracias al clima semitropical que los cobija. Pero no es suficiente, al menos para Tonatico, que depende económicamente de lo que envían quienes viven en Estados Unidos.

Hasta el año 2006, en ese municipio se había detectado una merma en su población debido al imán que representa Waukegan desde hace años. Y aunque las rutas para quienes parten están más que estudiadas, todavía algunos deben pagar para obtener los beneficios que otorga trabajar en Estados Unidos. Así, un pollero en la frontera de Nogales, cobra desde mil 500 dólares a quien desee pasar, pero la oferta se dispara casi hasta los 3 mil 500 cuando la seguridad se endurece en los pasos. Tonatico tiene registrados al menos a 5 mil de sus habitantes en algún punto de Illinois, principalmente, pues también los hay en Chicago y California.

Sólo  a principios de cada año la cabecera municipal cobra vida, la última semana de enero y la primera de febrero. Una enorme feria, que conmemora la fiesta patronal del municipio, es instalada en casi la mitad del pueblo, donde acuden a comerciar y divertirse los ausentes. Allí, a la sombra de bailes masivos y la presencia de concheros en el atrio de la iglesia, la feria despliega juegos mecánicos, peregrinaciones en honor a la virgen de la Candelaria, comida, alcohol, artesanías y juegos de azar. Por más de una semana, quienes han trabajado todo el año en otro país, desquitan la ausencia. Así es desde hace años y casi nunca se alteraban las cosas, hasta ahora, que un invitado no deseado pudo ingresar en la región.

Y es que si para el narcotráfico una población debidamente asentada no representa problemas para introducirse, mucho menos resistencia encuentra en una en la que a veces sólo caminan por las calles mujeres, niños y ancianos. Los Amates, por ejemplo, en ese municipio, registra apenas 30 por ciento de sus habitantes en suelo mexiquense

La migración en Tonatico se registra desde 1940, cuando apenas 3 mil 500 habitantes se encontraban en el municipio. Pero el fenómeno, dice un estudio, coincide con el impulso del Programa Bracero, que enviaba mano de obra nacional al extranjero. Setenta y dos años después, aquella necesidad se ha transformado y aunque muchos no tengan que hacerlo, se van nada más porque se ha establecido una pauta. Allá los esperan trabajos en hoteles, en compañías de limpieza y en el sector agrícola.

Los envíos de dinero de los migrantes de todo el Edomex alcanzaron, hasta el año pasado, el 2011, mil 400 millones de dólares. Esa es la principal razón por la que a los gobiernos no les interesa retener a la población. Nunca podrían generar tal cantidad de dinero si se quedaran, reactivaran el campo y la ganadería o establecieran negocios al abrigo de la ley. Hoy, sólo el narcotráfico podría superar la cifra en menos tiempo y con menor esfuerzo, aunque a costa de riesgos que pueden costar la vida.

El dinero proveniente de Estados Unidos coloca a la entidad en el cuarto lugar nacional del rubro, detrás de Michoacán, Jalisco y Guanajuato y explica en parte la bonanza económica que experimenta el Edomex cuando los programas sociales y de desarrollo económico no son suficientes ni incluyentes

Tonatico no sufre la pobreza de otros municipios ni registra los índices criminales de Ecatepec, Neza, Naucalpan o Tlalnepantla, en el valle de México. La población se ha adaptado, incluso a la presencia de grupos del narco que comienzan a cobrar protección a los comercios de los alrededores. Las tiendas Oxxo, por ejemplo, han debido organizarse entre la red que despliegan en el Estado de México, pues a ellas se les exige electrodomésticos cada mes, a cambio de la consabida seguridad. Los independientes pagan desde 100 pesos, módicas erogaciones que permiten al narco permanecer con bajo perfil pero establecerse con fuerza para futuras operaciones. Es, a pesar de aquello, un municipio ampliamente vigilado debido a la cercanía de las residencias de los políticos mexiquenses, en Ixtapan de la Sal, pero eso no inhibe al crimen. Hace pocos años, el alcalde ixtapense de extracción priista, Salvador Vergara, fue ejecutado debido a desencuentros con narcomenudistas. Y hasta el año pasado, el paradisiaco Ixtapan era declarado por el secretario de Seguridad, Salvador Neme, como la región con mayor índice delincuencial. Incluso, hasta hace menos de dos meses, las autoridades aseguraban que el ejército patrullaba esos rumbos, incluido Tonatico. Para nadie es un secreto la operación de la Familia Michoacana en el municipio donde nace el sol. Incluso, a mediados del 2011 fue asegurado un laboratorio donde se procesaban cristal y cocaína. Todos en el pueblo sabían de él, pero nadie se atrevía a decir nada. “Eran fuereños”, recuerda uno de los habitantes, mientras intenta cambiar de tema y recuerda cómo en la iglesia se quemaron tres enormes castillos, repletos de cohetes.

El fenómeno del narco no espanta a nadie e incluso, en el 2009, una precandidata a la alcaldía, Ana Patricia Díaz Morales, del disuelto Partido Socialdemócrata, PSD, proponía entre sus proyectos la despenalización de la mariguana “como forma de abatir el narcotráfico”. Aventada pero poco realista, Díaz Morales vio cómo sus propuestas, que incluían llamados al presidente norteamericano Barak Obama para salvaguardar la integridad de los migrantes, se diluían en la maraña de politiquerías que acompaña a los minipartidos en el país. Luego, todo se olvidó de manera definitiva. En el 2011, una curiosa forma de transportar cocaína había sido implementada por los narcos de aquella región y consistía en usar los chocolates de la marca Kinder Sorpresa como empaques para la sustancia. Los productos eran comercializados en Tonatico.

La costumbre de migrar en Tonatico, si bien responde a eso, también está relacionada con los números que sobre pobreza presentan los propios gobiernos locales y estatales. Un estudio del Instituto Electoral mexiquense y el PRI sobre aquel municipio señalaba que “la población económicamente activa en 2000 tan sólo representaba 44.19% del total de la población” y que “10.7% de la población ocupada no percibe ningún ingreso por su trabajo”. Esa misma estadística apunta que el 42 por ciento de esos hogares recibe dinero desde Estados Unidos. El 31 por ciento de esos envíos se destina a la compra de alimentos, mientras que el 29 va para el vestido, el 23 por ciento para salud y el 17 por ciento para educación.

En el 2008, según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), 7 millones 117 mil 187 personas vivían en pobreza de patrimonio, casi la mitad de la población total mexiquense, pero la entidad tiene un rezago denominado bajo. Así, cuando Enrique Peña comenzó su administración en el 2005, el 52 por ciento no tenía seguridad social y el municipio de San José del Rincón era el más pobre entre los 125 mexiquenses.

Tonatico no sólo es balnearios, narcotráfico y remesas. En el 2007 fue escenario de un bizarro encuentro político entre el presidente de México, Felipe Calderón; Josefina Vázquez, en ese momento secretaria de Educación y la lideresa magisterial Elba Esther Gordillo, en el marco del Cuarto Congreso Nacional de Educación. Allí, Calderón se comprometía a aumentar recursos a los maestros mientras la profesora juraba que haría un nuevo sistema educativo. Vázquez, hoy candidata a la presidencia de México, recibía órdenes para trabaja en conjunto con Gordillo, quien usaba todavía la misma camioneta que Peña Nieto para trasladarse en el Estado de México.

La caravana

* Desde el 2000, cada año las centroamericanas vienen a México en busca de sus familiares. Martha Sánchez, integrante del MMM y coordinadora de la caravana, explica que en 11 años se ha logrado saber el destino de 59 mujeres y hombres desaparecidos en México.

 

Guadalupe Cruz Jaimes/ Cimac

México. La hondureña Olga Romero Medina llegó a Tapachula, Chiapas, hace dos años en busca de un mejor empleo. La última vez que se comunicó con su madre fue el 27 de enero de 2010, desde entonces “no se sabe nada de ella”.

Su madre, Irma Pilar Escobar Medina, originaria del municipio de El Progreso, Honduras, relata que Olga, de 30 años, trabajaba en una papelería en la ciudad fronteriza.

“De que salió para acá me llamaba y me mandaba dinero para mantener a sus hijos; me dejo cinco, la niña de 10 años es la que más pregunta por ella, y le lloramos juntas”, narra.

El último envío de dinero que Irma Escobar recibió fue el 14 de enero de 2010; dos semanas después hablaron por teléfono. Olga le dijo a su mamá que unas amigas la habían invitado a un parque, pero que no iría porque era peligroso. La noche de ese día, “mi hija mayor le llamó y ya no le contestó”.

Irma se unió a la caravana con otras 32 madres de mujeres y hombres desaparecidos –que llegó a México en días recientes–, con la esperanza de encontrar a su hija. A su paso por Tenosique, Tabasco, “muchachos hondureños me dijeron que conocían a mi hija, dicen que la vieron en Lechería (Tultitlán, Estado de México)”, cuenta.

Escobar confía en encontrar a su hija en los albergues de migrantes ubicados en el Edomex.

 

Secuestros y trata

 

La caravana está conformada por 33 madres, cuatro nicaragüenses, 28 hondureñas y una salvadoreña; vienen acompañadas por el Movimiento Migrante Mesoamericano (MMM) y organizaciones de Derechos Humanos.

Desde el 2000, cada año las centroamericanas vienen a México en busca de sus familiares. Martha Sánchez, integrante del MMM y coordinadora de la caravana, explica que en 11 años se ha logrado saber el destino de 59 mujeres y hombres desaparecidos en México.

De acuerdo con la CNDH, de septiembre de 2009 a febrero de 2010 se registraron más de 10 mil secuestros de migrantes en el país; esta cifra rebasó los 9 mil 780 registrados en el mismo semestre de 2008 a 2009.

La CNDH advierte que mil 600 migrantes son víctimas de secuestro cada mes. No obstante, el gobierno federal cuestionó los datos y señaló que en 2009 sólo recibió 15 denuncias de plagios de migrantes. Organizaciones centroamericanas han documento 6 mil desapariciones de migrantes, apunta Sánchez.

La activista mexicana precisa que alrededor de un tercio de las personas migrantes desaparecidas son mujeres, y que su condición de género las expone a más riesgos. “Es común que la desaparición de las centroamericanas esté relacionada con el delito de trata, sobre todo con fines de explotación sexual”, añade.

Para colmo, remarca que 6 de cada 10 de las migrantes indocumentadas son violadas sexualmente. Ellas representan entre 10 y 30 por ciento de quienes transitan por México rumbo a EU. Se calcula que cada año ingresan al país 400 mil personas.

 

¿Dónde están?

 

La hondureña Ceila Cárdenas Chacón llegó a México con la intención de alcanzar el “sueño americano”, relata su madre, Yaneth Chacón, también integrante de la caravana.

La originaria de San Pedro Sula emprendió el recorrido hace 8 días por México en busca de su hija, con quien se comunicó por última vez el 15 de febrero 2003. “Ella me dijo que estaba bien, trabajaba en Tuxtla Gutiérrez limpiando casas”, señala.

Ceila compraba una tarjeta y hablaba con su madre desde un teléfono público, también le mandaba dinero para su hija de 3 años de edad, quien actualmente tiene 12 años.

“Su idea era irse a Estados Unidos, pero no sabemos qué pasó, ella no me hubiera dejado de llamar si estuviera viva o libre”, dice la madre desconsolada, y suplica a las autoridades federales y de Chiapas que le ayuden a buscar a su hija, quien en noviembre próximo cumple 29 años de edad.

La edad de Ceila es casi el tiempo que Isabel Hernández lleva esperando para escuchar de nuevo la voz de su hija, Silvia Ordóñez Hernández, quien migró a México huyendo del maltrato de su esposo.

Doña Isabel sostiene que seguirá buscando a su hija desaparecida desde hace 24 años. Silvia salió de Honduras con la idea de llegar a EU, pero se quedó en Veracruz porque no le alcanzó el dinero.

“Entró a trabajar en un hotel y me contó en sus cartas que un marino la sacó de trabajar y desde entonces no sé nada de ella; no sé si no la deja escribir o si le hizo daño; he venido a tres caravanas y no la puedo encontrar”, expone.

Otra madre, Olga Marina Hernández, está desesperada por saber qué pasó con Lenis, su hijo de 29 años, quien se comunicó por última vez de Nuevo Laredo, Tamaulipas, en 2008.

Olga recibió llamadas de “un supuesto coyote” que le decía que su hijo estaba en Houston, y que debía pagar 2 mil dólares. La señora le dijo que no podía pagar esa cantidad, así que le pidieron 200 dólares. La hondureña los consiguió y realizó el pago… pero ya no volvió a saber de Lenis.

Las mujeres en caravana recorrieron ya Tabasco, Veracruz, Tamaulipas, Coahuila, y se dirigen a San Luis Potosí, Querétaro, Estado de México, DF, Oaxaca y Chiapas. Los 15 días de recorrido concluirán el próximo 13 de noviembre.

Sistema fallido

* Un informe publicado a principios de septiembre del 2011 y realizado por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, las organizaciones Derecho a Decidir, Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, Red de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos, Greenpeace, Servicios Legales e Investigación y Estudios Jurídicos, junto con Promoción y Defensa de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales presenta la realidad de los derechos humanos en el Estado de México y dicen que “es posible conocer diversos casos relacionados con el sistema de justicia penal, la violencia hacia las mujeres, los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, así como con la vigencia del derecho a defender los derechos humanos en dicho estado. Las conclusiones de este informe apuntan no sólo a una persistente omisión en la responsabilidad estatal de garantizar los derechos humanos, sino a una deliberada violación de los mismos, casi como si se tratase de una política pública”. Titulado “La violación sistemática de derechos humanos como política de Estado”, se enfoca exclusivamente en la entidad gobernada hoy por Eruviel Ávila Villegas, el informe se convierte en un viaje de 103 puntos por los casos más importantes de represión en la administración peñista y recoge las historias de San Salvador Atenco, del luchador social Santiago Pérez Alvarado, los feminicidios y obras públicas que han afectado patrimonio de particulares, entre otros puntos, recordando además índices de pobreza y el dinero destinado a la procuración de justicia y sus resultados, además de las recomendaciones emitidas por la estatal Comisión de Derechos Humanos. En este espacio serán recordados, uno por uno, los ejemplos con los que fue elaborado el trabajo y cada semana será publicado íntegramente.

 

Nuestro Tiempo

Un desafío para lograr la igualdad de las mujeres es que exista verdadera procuración e impartición de justicia; en el caso específico de la violencia, nos encontramos con que el Estado “no investiga el delito adecuadamente. Además, cuando un Estado no actúa con suficiente diligencia para responder a la violencia contra las mujeres –utilizando el sistema de justicia penal y proporcionando reparación– a menudo viola con ello el derecho de las mujeres a la igualdad ante la ley”. A pesar de que se cuenta claramente con lo establecido en el artículo 7° de la Convención Belém do Pará, las mujeres siguen enfrentando grandes obstáculos para la prevención y la sanción.

Como ya ha sido detectado, “en varios países existe un patrón de impunidad sistemática en el procesamiento judicial y en las actuaciones en torno a casos de violencia contra las mujeres debido al hecho de que la mayoría de estos casos carece de una investigación, sanción y reparación efectiva”.

Las siguientes variables visibilizan las fallas en el sistema de justicia que están vinculadas al contexto de discriminación contra las mujeres, según las acciones que realizan los operadores de justicia.

 

a) Estatus legal del caso

 

En la mayoría de los casos de feminicidio que reporta la PGJEM se ha iniciado una averiguación previa, pero sólo en el 42% de éstas se logró hacer una consignación (únicamente el 15% ha concluido en una sentencia condenatoria, lo cual es lamentable cuando existe una gran cantidad de consignaciones). Esta situación hace evidente la falta de un debido proceso, pues hay una inadecuada e insuficiente integración de las investigaciones para consignar el caso ante los tribunales competentes; además, se han encontrado inconsistencias en los expedientes. Por ejemplo, en el caso de la relación del victimario con la víctima se desconoce quién es éste en un 57% de los casos. Sin embargo, la autoridad se excusa no asumiendo la responsabilidad de investigar, argumentando que “la falta de elementos para perseguir a los culpables y el desconocimiento de la identidad de la víctima impiden ejecutar acción penal contra los culpables”, según lo indicó Adriana Cabrera, fiscal encargada de perseguir estos delitos.

Las actuaciones de la autoridad antes señaladas son identificadas como obstáculos que impiden el acceso a la justicia a las víctimas de violencia, debido a que “en varios países de la región existe un patrón de impunidad sistemática en el procesamiento judicial y en las actuaciones en torno a los casos de violencia contra las mujeres, debido al hecho de que la gran mayoría de estos casos carece de una investigación, sanción y reparación efectiva”.

 

b) Identidad de las víctimas

 

La sentencia del Campo Algodonero condenó al Estado Mexicano por la mala diligencia en la determinación de la identidad de los restos, de las circunstancias y causa de las muertes, el retraso en la entrega de los cadáveres y la ausencia de la información sobre el desarrollo de las investigaciones. Por lo cual, una de las resoluciones de la Corte ordenó:

i)                    la creación o actualización de una base de datos que contenga la información personal disponible de mujeres y niñas desaparecidas a nivel nacional.

ii)                   la creación o actualización de una base de datos con la información personal que sea necesaria, principalmente genética y muestras celulares, de los familiares de las personas desaparecidas que consientan –o que así lo ordene un juez para que el Estado almacene dicha información personal únicamente con objeto de localizar a la persona desaparecida.

iii)                 la creación o actualización de una base de datos con la información genética y muestras celulares proveniente de los cuerpos de cualquier mujer o niña no identificada que fuera privada de la vida en el estado de Chihuahua. El Estado en todo momento deberá proteger los datos personales contenidos en dichas bases de datos.

Con todo esto, podemos afirmar que el Estado de México incumple con las obligaciones nacionales e internacionales que el país ha ratificado en tratados como la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Convención de Belem do Para), que su artículo 8 establece que los Estados Parte convienen en adoptar, en forma progresiva, medidas específicas para garantizar la investigación y recopilación de estadísticas y demás informes pertinentes sobre las causas, consecuencias y frecuencia de la violencia contra la mujer, con el fin de evaluar la eficacia de las medidas para prevenir, sancionar y eliminar la violencia contra la mujer y de formular y aplicar los cambios que sean necesarios.

 

c) Victimarios

 

Como ya se mencionó anteriormente, en el 57% de los casos las propias autoridades ignoran o desconocen al homicida; sin embargo, en los casos en los que tiene mayor información, el 35%, argumenta que son cometidos por una persona conocida (pareja, familiar o vecino). A pesar de que la autoridad reconoce que menos de 300 asesinatos son cometidos por la pareja de la víctima, los funcionarios públicos han declarado públicamente que la problemática del feminicidio solamente se encuentra en el ámbito doméstico, como lo señala Adriana Cabrera Santana, Fiscal Especial de Homicidios Dolosos cometidos contra la Mujer y Delitos Relacionados con Violencia Familiar y Sexual, al indicar que “los homicidios [de mujeres] los comenten principalmente la pareja, pues hay mucha violencia intrafamiliar, celos y otros factores que influyen en esta situación”.

Esta reducción de la problemática del feminicidio se traduce en la falta de investigación de otros tipos de feminicidios, como el sexual sistémico, que requiere una investigación especial que las autoridades nunca realizan. En este sentido, las Procuradurías de Justicia Estatales registran con mayor detalle los homicidios de mujeres y niñas cometidos por la pareja o algún familiar. Sin embargo, las víctimas de homicidio en las que se desconoce al victimario por lo general carecen de información sobre el motivo y la causa de la muerte, datos que son fundamentales para una adecuada investigación criminal que derive en una sentencia condenatoria.

 

d) Lugar de origen de las víctimas

 

Según la autoridad, del total de mujeres víctimas de feminicidio del 2005 al 2010, en 99 casos se desconoce la identidad de la víctima. Esta situación es preocupante, pues el Estado de México es considerado un lugar de tránsito de migrantes y reconocido en el Cuarto Informe Sobre la Situación de los Derechos Humanos de los Migrantes en Tránsito por México72 como la tercera entidad en la que se registran más actos de violencia contra migrantes. Además, en el más reciente reporte de Amnistía Internacional Víctimas Invisibles: Migrantes en Movimiento en México, las mujeres y las niñas migrantes, corren mayor peligro de sufrir violencia sexual a manos de bandas delictivas, traficantes de personas, otros migrantes o funcionarios corruptos. La violencia sexual, o la amenaza de violencia sexual, a menudo se utilizan como medio para aterrorizar a las mujeres y sus familias.

Por lo tanto, saber el origen de la víctima y su lugar de residencia son datos importantes para el reconocimiento de su identidad. Si bien el 43% de las víctimas son originarias del Estado de México, el 27% son originarias de otra entidad o país y el 30% restante corresponde a mujeres de las que se desconoce su lugar de origen, llama la atención que la información proporcionada en esta variable por la PGJEM sólo se comenzó a registrar a partir del 2009 hasta la fecha, pues las autoridades argumentan no contar con la información de años anteriores. Esta situación refleja lo afirmado por el Comité de la CEDAW en su informe de México del 2005, donde se mostró claramente que en el país no existen registros claros y convincentes sobre la cantidad de mujeres asesinadas y desaparecidas.

 

e) Municipios con mayor número de asesinatos y violencia sexual

 

En 2010, la PGJEM, en su comparecencia ante la Comisión Especial para conocer y dar seguimiento puntual y exhaustivo a las acciones que han emprendido las autoridades competentes en relación a los feminicidios registrados en México, de la Cámara de Diputados, señaló a los diez municipios del Estado de México con la mayor incidencia de feminicidios, pues concentran el 54% de estos crímenes:

Ecatepec de Morelos con 118 casos.

Netzahualcóyotl con 71 casos.

Tlalnepantla de Baz con 53 casos.

Toluca con 45 casos.

Naucalpan de Juárez con 40 casos.

Tultitlán con 35 casos.

Ixtapaluca con 31 casos.

Valle de Chalco con 30 casos.

Cuautitlán Izcalli con 25 casos.

Los diez municipios antes citados son también los que reportan el mayor número de denuncias de violencia sexual; sin embargo, ni las autoridades municipales ni estatales proporcionan información sobre el estatus legal de agresor (si está prófugo, libre, consignado o sentenciado).

Tampoco hay un diagnóstico sobre el tratamiento que las autoridades encargadas de atender y sancionar la violencia sexual (DIF, SSA, Procuradurías de Justicia, Institutos de las Mujeres, etc.) dan a las víctimas de ésta por lo que no se puede determinar la verdadera magnitud del problema y cómo están impactando las políticas públicas de seguridad para la atención y erradicación de la violencia. El mecanismo de AVG77, cuyo objetivo es ubicar las zonas del territorio nacional con mayor índice de violencia hacia las mujeres para implementar acciones urgentes para erradicarla, funciona a nivel local y estatal; sin embargo, ha sido politizado, por lo que se vuelve complejo y difícil de aplicar.

Se puede concluir, entonces, que existe un vínculo entre la discriminación de género, la omisión en la impartición de justicia y la violación de derechos humanos de las mujeres, como factores que propician y perpetúan el feminicidio en el Estado de México, mismos que se concretan en la mentalidad de los operadores de justicia y en la misoginia de los perpetradores del crimen. Esto debido a:

La minimización del problema por parte de las autoridades administrativas y judiciales, quienes no responden con la debida seriedad y diligencia para investigar, procesar y sancionar a los responsables. Esta situación se corrobora con los argumentos que las autoridades dan a las causas que provocan los feminicidios, destacando que entre ellas se encuentran la pérdida de valores, los problemas económicos y la situación de riesgo en que se colocan las propias mujeres. Estos razonamientos no se pueden sostener, pues en el 56.72% de los casos las propias autoridades desconoce a los perpetradores de los crímenes.

En este sentido, el argumento de las autoridades de que el feminicidio está acotado al espacio doméstico es insostenible, pues la documentación ha permitido registrar que la mayoría de las mujeres asesinadas eran jóvenes y desarrollaban sus actividades diarias en espacios públicos (la escuela, el trabajo, etc.). Además, el tipo de feminicidio más recurrente en el Estado de México es que no se puede identificar, por lo que incluso, muchas veces las autoridades ignoran los datos fundamentales de las víctimas.

En un gran número de casos se desconocen las razones que llevaron a los asesinos a quitarle la vida a la mujer. A pesar de que no hay investigaciones concretas y eficaces, la valoración que hace la autoridad de los motivos que llevan a las mujeres a ser asesinadas presenta una perspectiva profundamente discriminatoria hacia las mujeres, al responsabilizarlas de lo sucedido y concentrarse más en la vida privada de la víctima que en el esclarecimiento de los hechos.

La existencia de errores en los procedimientos de investigación, negligencia y parcialidad conducen a que en la mayoría de los casos no se haya podido detener a los responsables. Esta situación genera condiciones de impunidad que hacen al Estado de México acreedor de responsabilidad internacional de violaciones a los derechos de las mujeres.

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