Sin novedades

* La madre de “María” debe trasladarse constantemente a las instalaciones de la FEF para conocer el avance en las investigaciones para identificar al responsable de violar y asesinar a su hija. Sin embargo, casi siempre sale de ahí “sin ninguna novedad”.

 

Anaiz Zamora Márquez/ Cimacnoticias

México. “María” fue violada, torturada y asesinada; su cuerpo sin vida fue encontrado en una de tantas calles en el Estado de México. Su madre interpuso la denuncia –pues sin ella no hay delito que perseguir– ante el Ministerio Público (MP) correspondiente.

Tras varias averiguaciones, el MP determinó que se trataba de un feminicidio, por lo que envió el expediente a la Fiscalía Especializada de Feminicidios (FEF), creada en 2011 por la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM).

A esa fiscalía, según su decreto de creación, le compete “conocer, investigar y perseguir” los hechos constitutivos de los delitos de feminicidio y homicidio doloso de mujeres por razón de género.

La madre de “María” debe trasladarse constantemente a las instalaciones de la FEF para conocer el avance en las investigaciones para identificar al responsable de violar y asesinar a su hija. Sin embargo, casi siempre sale de ahí “sin ninguna novedad”.

Cimacnoticias visitó las instalaciones de la FEF para verificar su operación y efectividad. El primer obstáculo es la falta de información oficial para ubicar la dirección de la fiscalía.

La FEF carece de un sitio web propio para orientar a la ciudadanía. Ni siquiera la página electrónica de la PGJEM cuenta con un link de acceso directo a esa instancia.

Se tiene que buscar en el directorio de funcionarios y dependencias de la procuraduría, para finalmente saber que la fiscalía está en la misma sede de la PGJEM, es decir, en la ciudad de Toluca. Para colmo, la extensión telefónica de la FEF que aparece en el directorio es errónea.

Ya en el lugar, en la calle José María Morelos Oriente número 1300 esquina con Jaime Nunó, colonia San Sebastián, el ingreso se vuelve engorroso, toda vez que se debe explicar y registrar el motivo de la visita. Es cuando uno se da cuenta de que el personal de la entrada desconoce si ahí está la FEF.

En el ala izquierda del tercer piso de la PGJEM –sin letrero alguno que la identifique– está la fiscalía, la cual comparte espacio con la Subprocuraduría para la Atención de Delitos Vinculados a la Violencia de Género.

En la puerta de entrada sólo hay un cartel con los rostros y datos de mujeres y hombres desaparecidos que están incluidos en el Programa de Recompensas.

En el cristal que sirve de pared frontal de la FEF están pegadas las notificaciones sobre algunos casos, la mayoría data de 2012.

Para entrar a esa oficina, otra vez hay que proporcionar los datos personales, así como explicar el motivo de la visita y dar el nombre de la empleada o empleado que dará la atención.

 

Maraña burocrática

 

Personal de la FEF aclaró que los casos que atiende no son presentados o denunciados directamente por las madres o familiares de las mujeres asesinadas, sino que llegan ahí luego de ser canalizados por el MP donde se presentó la denuncia.

Así, los familiares deben proporcionar ante la fiscalía el número de expediente para acceder a una atención más rápida.

Igualmente, no todos los casos de feminicidio cometidos en la entidad mexiquense llegan a Toluca; algunos MP envían el expediente a la oficina de la FEF en Tlalnepantla, de la que no hay información en línea.

Cimacnoticias observó que hay madres que llegan solas o acompañadas de un familiar para preguntar de los avances en sus casos. Algunas de las que acuden por primera vez van acompañadas de un abogado particular o de oficio.

“Me dijeron que me diera la vuelta para ver cómo iban las cosas”, dice una de ellas al vigilante que pregunta a quién visita. Luego de esperar más de 20 minutos, un “licenciado” la atiende y poco después la mujer sale de la FEF porque le explicaron que “no hay nada nuevo”.

A la fiscalía también acuden las mujeres víctimas de violencia de género y cuyos casos también fueron canalizados desde un MP. La FEF carece de cubículos para atender de manera individual a quienes denuncian agresiones físicas o psicológicas por parte de sus parejas.

En la FEF prevalece el ajetreo característico de todas las oficinas de gobierno. Mujeres y hombres bien vestidos portan a la vista el gafete que los identifica como empleados del lugar, y de vez en cuando llega personal con placas de agente de seguridad estatal.

Cargan papeles, sacan copias, hacen llamadas telefónicas, hablan entre sí… todas estas actividades con el supuesto objetivo de dar con los responsables de los crímenes que ahí se investigan.

En la FEF también se brinda asesoría psicológica a las y los familiares relacionados de forma directa con la víctima. La atención se brinda a las pocas mujeres que piden el servicio. Muchas comentaron que por los tiempos de traslado no pueden asistir de manera frecuente.

Las pocas mujeres que acuden a la Fiscalía llegan confundidas y notablemente fatigadas por el trayecto. Regularmente salen de ahí confiando en que en la próxima visita ya habrá un resultado a su demanda de justicia.

Yocelyn, la mujer que no existe

* Yocelyn Buitimea Rojas debió haber sido su nombre. Quienes vivimos en Sonora sabemos que el primer apellido es de origen mayo, por lo que supuse debía ser integrante de la etnia del sur del estado. “Sí, mi amá era mayo, era de allá”, fue su respuesta. Yocelyn no es una migrante común, ya que ella migró más bien en el tiempo. Sin proponérselo, su madre le heredó la condición de pobre y no tuvo tiempo ni siquiera de darle una identidad.

 

Silvia Núñez Esquer/ Cimac

Hermosillo. Dueña de una mirada de desconfianza, Yocelyn llega al medio de comunicación por el que vemos desfilar a lo largo del año a muchas personas que acuden pensando que se les puede ayudar.

Dinero, cobijas, ropa, medicamentos, leche de bebé, pañales y muchos otros requerimientos son los que las personas de escasos recursos claman a través de los programas noticiosos de radiodifusoras, portales de internet y periódicos de Hermosillo.

“Señorita: vengo a ver si me pueden ayudar con pañales y leche”, suelta sin perder el tiempo Yocelyn dirigiéndose a la recepcionista. “Deja llamar a un reportero para que te atienda”, es la respuesta de rigor.

Con sus ojos de juventud preocupada, escudriña las paredes, las puertas de vidrio que conducen a otras áreas, y a las personas que nos encontramos en la recepción de la radio. Sus ojos tratan de alargar la visión como queriendo poder meterlos en las otras habitaciones para curiosear. Me pregunto: “¿Qué pensará Yocelyn que hay detrás de esas puertas?”.

Es 8 de marzo y 30 segundos después la recepcionista la despierta de sus elucubraciones: “no hay ningún reportero, si gustas esperar a que regresen para que te atiendan”.

“Sí, aquí espero, no traigo ni para devolverme al poblado (Miguel Alemán), así que mejor me espero”. Y es entonces cuando empiezo a aquilatar lo que está pasando.

Esta joven que podría ser una estudiante cualquiera con proyectos y sueños no anda “pidiendo”, sino que anda haciendo una gestión para sus hijos, pues llegó al medio de comunicación procedente de las oficinas de atención ciudadana del gobierno del estado, donde “sólo la traen dando vueltas”, según comentó, por lo que decidió cruzar la calle al ver que se ubicaba una estación de radio.

“¿Cuántos años tienes?”, pregunto sin poder contener la provocación de iniciar una entrevista periodística. “Veintiuno… casi veintidós”, contesta de inmediato como quien está acostumbrado a los interrogatorios.

“¿Y dices que necesitas leche y pañales?”, continúo sin que ella sepa quién soy ni para qué le pregunto eso. Después de varios cuestionamientos clave ya no veo el rostro de una chica de su edad, sino el de un grupo de mujeres que han sido excluidas por ser mujeres, por ser pobres, por ser migrantes, por ser indígenas, por ser nadie.

Yocelyn Buitimea Rojas debió haber sido su nombre. Quienes vivimos en Sonora sabemos que el primer apellido es de origen mayo, por lo que supuse debía ser integrante de la etnia del sur del estado.

“Sí, mi amá era mayo, era de allá”, fue su respuesta. Yocelyn no es una migrante común, ya que ella migró más bien en el tiempo. Sin proponérselo, su madre le heredó la condición de pobre y no tuvo tiempo ni siquiera de darle una identidad.

Hija menor de 16 hermanos, esta joven que es madre soltera de una niña de cuatro años y un bebé de seis meses, se sostiene limpiando vidrios, pues la epilepsia que padece no le permite emplearse como jornalera agrícola en la costa de Hermosillo, como lo ha hecho su hermana.

Aprovecha y trata de justificar su necesidad de pedir ayuda, pues las contrataciones en el campo son temporales: “Ahorita no hay”.

Su madre murió de un tumor cerebral cuando ella tenía nueve meses de edad, sin haberla registrado aún por lo que no cuenta con ningún documento que acredite su identidad.

Fue melliza de nacimiento, pero su hermano murió a los 33 días debido a la desnutrición. De pronto, al morir la madre, una de sus hermanas 14 años mayor que ella se convierte repentinamente y sin pedirlo, en madre, pues la acoge y cría como si fuera su hija.

Ambas han conocido la pobreza profunda, viviendo en jacales, en galeras, o como ahora, en una invasión “que está más lejos”, describe Yocelyn.

Han sobrevivido desempeñando los oficios del campo en la parte más difícil y agotadora. En tiempos infértiles valiéndose de cualquier hálito de energía para desempeñar un trabajo que les reditúe unos pesos para medio vivir.

“Dices que eres soltera y tienes hijos. ¿No estás inscrita en el programa Oportunidades?”, pregunto con excesiva ingenuidad, a lo que ella responde de inmediato: “No puedo porque no tengo credencial (de elector)”.

Poco a poco me doy cuenta que el de Yocelyn no es un problema de rutina, no es la falta de leche o pañales, no es que necesite ropa para sus hijos, tampoco es que no tenga ganas de andar de oficina en oficina “pidiendo” artículos para sus dependientes.

El problema de Yocelyn es nada menos que el de la exclusión social en el más amplio sentido. Su pobreza es extrema, y nunca ha tenido oportunidad de desarrollar capacidades.

No tiene acta de nacimiento, no cuenta con un aviso de nacimiento, no tiene credencial de elector, no sabe leer ni escribir, pues aunque acudió temporalmente a clases para adultos a los 15 años, nunca ha tenido la experiencia de ir a una escuela con compañeros de su edad, ni de graduarse de algún nivel básico, ni siquiera de un oficio manual, no tiene idea de lo que es la atención a la salud, como no sea en campañas masivas de vacunación, y atención hospitalaria las dos veces que ha parido, no sabe utilizar los anticonceptivos, y habla de que quisiera estudiar como cualquier otra joven.

Con ese panorama descrito por mi ahora entrevistada, me quedo sin una noción que me ayude a tratar de ubicar a Yocelyn en los grupos llamados “vulnerables”.

La “Cruzada contra el Hambre” anunciada recientemente por el gobierno federal es una salida ridícula si se piensa en contrarrestar lo que viven muchas familias de jornaleras y jornaleros en el poblado Miguel Alemán.

El peregrinar de Yocelyn y de su hermana mayor Mirna Elizabeth por las dependencias que les podrían ayudar a regularizar su situación de identidad, sólo ha servido para iniciar un juicio para lograr su acta en el registro civil, pero nadie se ha ocupado de garantizar que suceda.

No ha habido funcionario o funcionaria que dé seguimiento al caso de Yocelyn. Su hermana-madre ha acudido a cuanto funcionario o partido político ha visitado el poblado Miguel Alemán. El pretexto es que en la carta de inexistencia de documentos el nombre está escrito con J en lugar de Y.

“Todos nos han prometido que arreglarán esta situación, pero seguimos en lo mismo, ella no tiene acta y yo estoy desesperada”, expresa Mirna.

“¿Y tu papá?” –insisto en mi indagatoria–. “Vive en Navojoa, pero no me quiere, nunca me ha querido”, contesta inmediatamente Yocelyn. Su expresión es de desconfianza, de alerta, de impaciencia y de una gran necesidad de imprimir contundencia a sus palabras, tal vez para hacerlas creíbles.

Me doy cuenta de que en el fondo lo que sucede es que Yocelyn no existe. No sólo porque no tiene acta de nacimiento, sino porque nadie la ve. No hay quien capte que detrás de esa mujer tímida que lanza directa la petición de que necesita comida y ropa para sus hijos, está la realidad “real” del Estado.

No es cierto que seamos un Sonora en paz, mientras las mujeres no lo estemos. No es verdad que se practique una atención ciudadana con calidad, mientras haya personas sin nombre formal.

No existe una política de combate a la pobreza, si ella no puede acceder directamente a los programas de gobierno como Oportunidades, pues aunque su hermana sí lo tiene, a Yocelyn la cuentan como una hija y no como la jefa de familia que es.

El DIF no sirve de nada si permite que familias como Yocelyn y sus dos hijos dependan de que tenga una credencial para identificarse, y en lugar de acelerar los trámites, la lanzan a un mundo hostil para una analfabeta como ella.

Yocelyn no tendría por qué ser protagonista de un juicio tardado, ni pagar un cinco si quiera, pues ella no es la responsable de no haber sido registrada.

En Sonora viven 26 mil 56 mujeres indígenas y representan 2.3 por ciento de la población total. La mayor proporción de mujeres que hablan lengua indígena se expresan en mayo, lo que constituye 46.7 por ciento.

La tasa de analfabetismo entre indígenas mayores de 15 años es más alta en mujeres (20.4 por ciento) que en hombres (14.1 por ciento).

El poblado Miguel Alemán se ha convertido en una opción de residencia para migrantes indígenas y no indígenas que vienen de otros estados o de otros puntos de Sonora al trabajo como jornaleras y jornaleros.

Gran parte se quedó a vivir ahí por lo que sus hijas e hijos nacieron en territorio sonorense. Pero no todos los meses del año hay trabajo, así que algunos regresan, pero otros se quedan a esperar la próxima temporada. Por eso hay casos como el de la madre  de Yocelyn, quien tuvo ahí a sus hijos y falleció en el mismo lugar.

A la fecha no existe un programa que pueda hacer que la sonrisa vuelva al rostro de quien debería tener la seriedad como excepción. Yocelyn Sotelo Buitimea es el nombre que llevará cuando pueda ser registrada. “Son los apellidos de mi cuñado y mi hermana”, dice por fin entusiasmada. “Así me van a poner, como ellos”, reitera.

Mirna, su hermana, nos confirma: “La queremos registrar como hija, yo la he criado, y he visto por ella, pero como no tiene acta, estoy amarrada, ya no sé qué hacer”.

Su situación es inverosímil. No porque sus dichos parezcan falsos, sino porque no se puede creer cómo en el 2013, en un estado como Sonora que presume de riqueza y desarrollo, de abundancia, de paz, le “asesore” a una joven que no sabe leer una lista de trámites y documentos que debe conseguir para poder obtener su identidad, por los que además ha tenido que pagar.

Sus hijos son una especie de nietos de la hermana que la crió, a ellos los pudieron registrar con una credencial de Yocelyn, del sindicato de jornaleros, única identificación que ha tenido en la vida.

Siendo mexicana y sonorense esta joven trabajadora parece una extranjera en su tierra. Su respuesta a las preguntas de si tiene Seguro Popular, o si accede a beneficios de los programas contra la pobreza, de inmediato nos recuerda a las y los migrantes latinos en Estados Unidos: “No tengo papeles”.

Y es que, inconcebible, pero cierto, Yocelyn simplemente no existe, por eso no la ven. Y al despedirme de ella pienso: qué extraña forma de conmemorar el Día Internacional de la Mujer.

 

*Si alguien desea donar artículos útiles para niña de 4 años y niño de 6 meses, o para Yocelyn, comuníquese con Mirna Elizabeth Buitimea a los teléfonos 6622911549 y 6621964246.

La solución de Peña

* El gobierno de Enrique Peña Nieto pretendió dar por concluido el caso de 11 mujeres víctimas de tortura sexual ocurridos en los operativos policiacos del 3 y 4 de mayo de 2006 en San Salvador Atenco, Estado de México, pese a que ellas no han accedido a la justicia.

 

Anayeli García Martínez/ Cimac

El Estado mexicano se encamina a recibir más condenas por violar Derechos Humanos, al fallar en su pretensión de que los casos no sean revisados por la CIDH.

El gobierno de Enrique Peña Nieto pretendió dar por concluido el caso de 11 mujeres víctimas de tortura sexual ocurridos en los operativos policiacos del 3 y 4 de mayo de 2006 en San Salvador Atenco, Estado de México, pese a que ellas no han accedido a la justicia.

En la misma tónica, la cancillería y el Gobierno del Distrito Federal trataron de frenar el caso de la muerte de la abogada y defensora Digna Ochoa, para evitar que sea admitido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Esta semana, una comitiva del Estado mexicano acudió a Washington para responder ante la CIDH por ambos casos y aprovechar para dar por concluidas las acusaciones e impedir que sean motivo de escrutinio o de una eventual sentencia internacional.

Lía Limón, subsecretaria de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, y Juan Manuel Gómez-Robledo, subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la cancillería, fueron los encargados de esa tarea.

Ambos ofrecieron dar por concluido con una “solución amistosa” el caso de tortura sexual que puso en jaque la campaña presidencial de Peña Nieto, toda vez que el priista fue acusado de ordenar los operativos que dejaron como saldo 47 mujeres detenidas, 27 de ellas violadas sexualmente.

Como gobernador del Edomex, Peña Nieto aseguró que las denuncias de violación sexual podrían ser acusaciones prefabricadas, porque así eran las tácticas de grupos radicales, y más aún en mayo de 2012 como candidato presidencial reiteró que los operativos fueron una acción para “restablecer el orden”.

Luego del testimonio de Bárbara Italia Méndez, quien relató cómo fue detenida y torturada, el Estado mexicano reconoció que hubo excesos, pero Lía Limón sostuvo que no se trató de una estrategia orquestada por altos mandos, ofreció su “solidaridad” y manifestó su disposición de llegar a un acuerdo con las víctimas.

Gómez-Robledo dijo que México tenía una política de “soluciones amistosas” en casos ventilados ante la CIDH como una forma idónea de reconocer las obligaciones del Estado frente a las víctimas. Recordó que de 2006 a 2012 se concretaron 21 acuerdos de este tipo.

Incluso el subsecretario explicó que ya habían elaborado una propuesta que comprendería rubros como una revisión de las investigaciones penales, una compensación económica, tratamiento médico y psicológico, legislar sobre el uso legítimo de la fuerza, y apoyos como educación y vivienda.

Sin embargo el Estado fracasó en su intentona de dar por concluido el caso ante la CIDH, ya que las víctimas rechazaron la propuesta al señalar que desean seguir con el litigio hasta lograr que llegue ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), y eventualmente dicte una sentencia contra México.

 

PGJDF se lava las manos

 

En la otra audiencia, relacionada con la solicitud de la familia de la abogada Digna Ochoa  presuntamente asesinada en octubre de 2001– para que la CIDH dé entrada al caso, aún falta ver la decisión de los comisionados para saber si el Estado mexicano logró su pretensión de frenar la petición.

En 2012 este órgano autónomo de la Organización de Estados Americanos recibió 273 peticiones de casos de México, lo que lo convierte en el segundo país –sólo detrás de Colombia– con más acusaciones por violar los Derechos Humanos (DH).

La familia sostiene que el caso de Digna es emblemático por las irregularidades que se cometieron en las investigaciones, pero la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal rechazó las acusaciones.

En 2012 la dependencia capitalina concluyó que Ochoa se suicidó de tres balazos.

Jorge Antonio Mirón Reyes, subprocurador jurídico de la PGJDF, argumentó ante la CIDH que el caso ya se cerró en México, y que en todo caso la defensa legal estuvo en falta porque no impugnó la decisión, y por tanto no debe ser admitido.

Para justificar el “impecable” desempeño de la autoridad en las pesquisas, el funcionario presumió que la fiscalía especial que se creó para investigar lo ocurrido realizó mil 500 diligencias y 269 intervenciones policiales; obtuvo 282 declaraciones y analizó 595 informes de la policía y otras autoridades.

Dijo además que se agotaron las diversas líneas de investigación: la presunta participación de militares, hipótesis que fue desvirtuada conforme avanzaban las indagaciones; el trabajo de Digna en el estado de Guerrero, que tampoco prosperó, y la del suicidio, que al final se fortaleció.

Pero para la Asociación Nacional de Abogados Democráticos y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, en este caso debe quedar claro que las indagaciones fueron sesgadas y parciales.

Caso Atenco llega ante la CIDH

* En 2006, cuando ocurrieron los hechos, Enrique Peña Nieto era gobernador de la entidad y a su administración le tocó conducir las investigaciones que, cabe decir, no han dado resultados. De forma paradójica ahora como presidente de la República a su gobierno le corresponderá llevar el litigio contra las 11 peticionarias.

 

Anayeli García Martínez/ Cimacnoticias

México, DF. Por primera vez las 11 mujeres sobrevivientes de tortura sexual durante los operativos policiacos del 3 y 4 de mayo de 2006 en San  Salvador Atenco, Estado de México, confrontarán al gobierno mexicano cara a cara a la vez que podrán narrar su historia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Este 14 de marzo una representante de las 11 sobrevivientes asistirá a una audiencia en la CIDH, con sede en Washington, Estados Unidos, para evidenciar que el Estado mexicano fue cómplice de la violación sexual que vivieron hace casi siete años.

En este encuentro estarán frente a frente las víctimas, los comisionados de la CIDH, una delegación de funcionarios mexicanos y representantes del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional –estos dos últimos defensores ciudadanos de las 11 mujeres–, quienes escucharán lo sucedido en Atenco en 2006.

Esta semana se define a la sobreviviente de violencia que hablará a nombre de las 11 víctimas ante la CIDH. Eventualmente la delegación del Estado mexicano emitirá una postura al respecto o se limitará a escuchar los señalamientos.

Aunque pareciera ser una comparecencia más, en realidad –explica Bárbara Italia Méndez, una de las sobrevivientes– es la primera oportunidad de narrar su testimonio en un litigio internacional que inició en abril de 2008 contra las autoridades mexicanas, y que en su mayor parte ha consistido en comunicaciones escritas.

Este será el momento de escuchar parte del testimonio de las 11 denunciantes de violación y tortura sexual: Mariana Selvas, Georgina Edith Rosales, María Patricia Romero, Norma Aidé Jiménez, Claudia Hernández, Ana María Velasco, Yolanda Muñoz, Cristina Sánchez, Patricia Torres, Suhelen Gabriela Cuevas y Bárbara Italia Méndez.

En entrevista, Italia asegura que esta comparecencia tiene un costo emocional porque quien represente a las 11 mujeres tendrá que hablar de lo sucedido en Texcoco y San Salvador Atenco, en el Edomex, cuando 47 mujeres fueron detenidas y 27 de ellas golpeadas, insultadas y torturadas por policías estatales y federales.

En 2006 cuando ocurrieron los hechos Enrique Peña Nieto era gobernador de la entidad y a su administración le tocó conducir las investigaciones que, cabe decir, no han dado resultados. De forma paradójica ahora como presidente de la República a su gobierno le corresponderá llevar el litigio contra las 11 peticionarias.

Aunado a ello no se puede olvidar que el episodio de Atenco fue un hecho que repercutió en la campaña presidencial de Peña Nieto, luego de que en mayo de 2012, durante su visita a la Universidad Iberoamericana, estudiantes le cuestionaron su actuar en ese caso, le reprocharon los abusos de poder cometidos y a raíz de esa protesta surgiera el movimiento juvenil YoSoy132.

Italia apunta que en este litigio internacional ellas no están acusando a personajes en particular, sino a todo el Estado mexicano con todas sus instituciones. “No es un caso personal”, aclara.

“Fue un acto de Estado, una represión contra el pueblo. No es un pleito personal contra Genaro García Luna o contra Eduardo Medina Mora…”, añade al referirse a los entonces titulares de la Agencia Federal de Investigación (AFI) y de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), respectivamente.

Además explica que en ese operativo actuó una estructura represora del Estado que buscaba acallar a aquellos que apoyaron a un grupo de comerciantes a quienes se les impidió vender flores, mismos activistas que cuatro años antes se opusieron a la construcción de un aeropuerto en sus tierras.

Italia señala que el caso de la brutalidad policiaca contra las mujeres de Atenco, admitido ante la CIDH como “Mariana Selvas y otras”, las autoridades mexicanas no podrán negar lo ocurrido porque hay suficientes pruebas de las violaciones a DH y de la tortura ejercida por uniformados.

“La palabra de las mujeres no ha titubeado”, insiste la joven al señalar que ellas podrán ver a los ojos a los comisionados y decirles lo que sintieron como mujeres ese 3 y 4 de mayo.

Conscientes de que este camino aún requiere de un largo aliento, las mujeres de Atenco saben que será complicado demostrar que el Estado es un flagrante violador de DH, ya que ante la mirada internacional México mantiene una aparente postura a favor de las garantías individuales.

Y es que no es novedad que el Estado mexicano es uno de los defensores del Sistema Interamericano de Derechos Humanos en el proceso de fortalecimiento que vive, y en el cual países como Colombia y Venezuela se han pronunciado en contra de las facultades que tiene la CIDH.

“Hay mucho discurso, pero es aplastante la violación a los Derechos Humanos”, critica la activista.

Como ejemplo cita que en junio de 2012, durante la evaluación de México ante el Comité de Naciones Unidas de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), que se realizó en Nueva York, el Estado mexicano informó de “avances” en el caso Atenco.

El subsecretario de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Gobierno del Edomex, José Alfonso Sierra Palacios, dijo ante el Comité de la CEDAW que se ejerció acción penal contra tres policías implicados en la tortura sexual de las 26 mujeres, sin haber informado previamente a las víctimas y sus abogados, lo que en opinión de Bárbara Italia es señal de que la investigación de la Procuraduría estatal es una simulación.

“A mí me parece que no fue nada honesto”, dice sobre estas órdenes de aprehensión que se giraron un día por la mañana y que por la tarde ya se tenían a dos de los inculpados, toda vez que el otro ya había muerto, es decir, resulta extraño que después de seis años se lograra hacer esta consignación en un par de horas.

Al final, Italia recalca que esta audiencia que forma parte del proceso ante la CIDH es una forma de construir justicia, pero también de contribuir a la memoria porque al final lo que se busca es romper la impunidad para que no se repitan hechos similares.

Comer o buscar

* María Antonia Márquez, madre de Nadia, relata que en ocho años y medio de buscar justicia ha gastado cerca de 300 mil pesos. Agrega que desde la denuncia del crimen viajó tres veces por semana a Cuautitlán, Toluca o Tlalnepantla, gastando por día 200 pesos en pasajes y alimentos. Además tuvo que pagar 5 mil 400 pesos por las copias del expediente de su hija, de 3 mil 600 fojas. La copia de cada foja le costó 1.50 pesos. “Al inicio contraté a dos abogados; al primero le di un adelanto de 15 mil pesos y al segundo de 8 mil. Ambos abandonaron el caso”, detalla.

 

Gladis Torres Ruiz/ Cimac

Al buscar a sus seres queridos y realizar trámites judiciales, madres de mujeres desaparecidas empeñan hasta sus vidas con tal de lograr justicia.

Además de la negligencia del personal judicial en México para resolver las desapariciones y asesinatos de mujeres, las familias de las víctimas –en su mayoría de escasos recursos– tienen que lidiar con los fuertes gastos que implica el acceso a la justicia.

Al pago de abogadas o abogados que coadyuven en las investigaciones, se suman los costos de peritajes externos, amparos y copias de expedientes, así como los viáticos de las familias al buscar a sus hijas desaparecidas, o por los traslados a los juzgados o agencias del Ministerio Público (MP).

En el colmo, hay madres de víctimas que deben pagar hasta la comida y los saldos de celular de los agentes judiciales asignados a los casos.

Toda esa erogación suma en promedio al menos 300 mil pesos por familia, cifra que se multiplica según la complejidad del caso y la dilatación de las pesquisas, explican defensoras de Derechos Humanos.

El costo monetario de la justicia para las mujeres víctimas de violencia “es muy alto y nadie lo ve”, advierte Irma Villanueva, coordinadora del área jurídica del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Cedehm) de Chihuahua.

“No se habla tampoco de la pérdida de sus empleos, los gastos de comida y transporte, la desatención de las madres a sus otras hijas o hijos, nietas y nietos, así como el desgaste físico y emocional. Todo eso permanece en el anonimato”, critica la abogada.

El escenario se repite en prácticamente todo el país, donde las desapariciones de mujeres, el feminicidio y la impunidad judicial son el pan de cada día.

El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) reporta que de enero de 2010 a junio de 2011, mil 235 mujeres fueron asesinadas en México por razones de género.

Entre 2005 y 2011, en el Estado de México –entidad emblemática de la violencia contra las mujeres– el OCNF registró 922 víctimas de feminicidio.

En Chihuahua, tan sólo en 2010 hubo 600 casos de feminicidio, según organizaciones civiles. La abogada Irma Villanueva precisa que de 2007 a 2008, en la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género, se tenían 17 mil 700 carpetas de investigación, y que de ellas únicamente 531 fueron consignadas ante un juez.

“La mayoría de las mujeres víctimas de violencia no tiene idea de cómo presentar una denuncia, por ello muy pocos expedientes avanzan si no conocen el proceso judicial y cómo vigilar el trabajo del MP; por eso necesitan abogadas y abogados que las apoyen”, destaca. Tampoco las mujeres tienen dinero para seguir los trámites por lo que los casos se quedan “congelados”, lamenta.

 

Barril sin fondo

 

Villanueva detalla que contratar una abogada o abogado que coadyuve ante el MP en un caso de violencia de género cuesta entre 80 mil y 100 mil pesos.

Yuridia Rodríguez, defensora del OCNF, comenta que en el caso de Nadia Alejandra Muciño Márquez, víctima de feminicidio en el Edomex en 2004, se interpusieron siete amparos, cada uno por un costo de 7 mil pesos, por lo que la suma ascendió a 49 mil pesos.

María Antonia Márquez, madre de Nadia, relata que en ocho años y medio de buscar justicia ha gastado cerca de 300 mil pesos. Agrega que desde la denuncia del crimen viajó tres veces por semana a Cuautitlán, Toluca o Tlalnepantla, gastando por día 200 pesos en pasajes y alimentos. Además tuvo que pagar 5 mil 400 pesos por las copias del expediente de su hija, de 3 mil 600 fojas. La copia de cada foja le costó 1.50 pesos. “Al inicio contraté a dos abogados; al primero le di un adelanto de 15 mil pesos y al segundo de 8 mil. Ambos abandonaron el caso”, detalla.

Otro ejemplo: la madre de una joven de 21 años desaparecida en 2011 en el municipio mexiquense de Atizapán –que pidió se resguardara su identidad–, reporta que en año y medio de búsqueda ha gastado más de 200 mil pesos.

Entre los gastos de ida a las Unidades de Atención a Víctimas del Delito, viajes al interior del país e incluso al extranjero para dar con el paradero de su hija, y el pago de un peritaje externo, la madre también tuvo que pagar mil pesos al día en comidas, gasolina y crédito de celular a los agentes ministeriales.

“Al no ver resultados, contraté un detective privado que trabajó dos meses y también le pagaba mil pesos por día”, reclama.

Ante la inacción de las autoridades por la desaparición de Esmeralda Castillo Rincón, el 19 de mayo de 2009 en Ciudad Juárez, sus padres tuvieron que viajar en marzo pasado al DF para buscar a la adolescente en La Merced

La familia vendió hamburguesas en la calle para costear el traslado, ya que el padre (enfermo de cáncer) perdió el empleo en la búsqueda de su hija y la madre, por su edad, ya no consigue trabajo.

La Bestia

* Según la Subsecretaría de Población, Migración y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación, cada año ingresan al país 150 mil migrantes sin documentos, la mayoría provenientes de Centroamérica. De acuerdo con organizaciones civiles de Derechos Humanos, esta cifra asciende a 400 mil, de los cuales cerca de 30 por ciento son mujeres, casi todas centroamericanas. Las asociaciones defensoras de los derechos de migrantes estiman que 6 de cada 10 de las mujeres que ingresan de forma irregular al país, son violadas sexualmente.

 

Guadalupe Cruz Jaimes (CIMAC)

Las autoridades mexicanas deben supervisar al personal de las estaciones del tren conocidos como “garroteros”, pues se dedican a extorsionar a las personas migrantes y agreden sexualmente a las mujeres que suben a los ferrocarriles rumbo a la frontera norte.

Lo anterior lo señaló Maribel, migrante originaria del municipio hondureño de Progreso Yoro, entrevistada en el albergue San José del Hermano Migrante, ubicado en Huehuetoca, Estado de México.

La mujer de 41 años de edad tuvo que salir de su país porque fue despedida de su trabajo y nadie más la contrató. “A mi edad ya nadie nos emplea, sólo aceptan de 18 y 30 años”.

Ante la falta de recursos para mantener a sus tres hijos, tomó la decisión de migrar, aunque ello le implicara atravesar “un calvario” en su paso por México.

“Es duro, uno vive tantas injusticias, los ‘garroteros’ abusan de la mujer, creen que porque montan un tren tienen derecho de tener sexo con ella”.

A las mujeres, relató, les dicen que si quieren que las dejen subir a los ferrocarriles tienen que pagar y si no traen dinero las agreden sexualmente. “Si no les das para la soda, te piden otra cosa para montarte al tren”, mencionó.

Maribel refirió que la mayoría de las migrantes está expuesta a ese tipo de violencia porque “vamos con el dinero contado para comer algo en el camino”.

La hondureña todavía tiene que subir a tres trenes para llegar a la frontera norte. Ella salió de su país con 3 mil lempiras (mil 980 pesos mexicanos), pero sólo le duraron hasta Tenosique, Tabasco.

Según la Subsecretaría de Población, Migración y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación, cada año ingresan al país 150 mil migrantes sin documentos, la mayoría provenientes de Centroamérica.

De acuerdo con organizaciones civiles de Derechos Humanos, esta cifra asciende a 400 mil, de los cuales cerca de 30 por ciento son mujeres, casi todas centroamericanas.

Las asociaciones defensoras de los derechos de migrantes estiman que 6 de cada 10 de las mujeres que ingresan de forma irregular al país, son violadas sexualmente.

Ante esta situación, la centroamericana demanda la intervención de las autoridades mexicanas. “Necesitamos que supervisen a los garroteros que trabajan en las estaciones de los trenes, porque es injusto lo que hacen. Como mujeres, como seres humanos, merecemos respeto”, refirió categórica.

Maribel recordó que las y los migrantes “no salimos de nuestro país por gusto, salimos porque no tenemos de otra para sacar adelante a nuestra familia, para que nuestros hijos estudien”.

A diferencia de la gran mayoría de las migrantes, la hondureña no tiene como destino Estados Unidos, ella va a Saltillo, Coahuila, a trabajar con una señora que tiene una dulcería.

Esta es la segunda vez que migra, en el primer viaje conoció a la que ahora es su patrona en La Casa del Migrante de Saltillo y se quedó a laborar con ella “para no seguir padeciendo”.

Maribel gana 2 mil 600 pesos a la quincena, con ese ingreso mantiene los estudios de sus hijos, ésa es su meta, pues “en Honduras estamos llegando a una situación en la que el que no tiene título no halla trabajo”.

 

Narran vivencias

 

El libro “Nuestras voces en el camino. Testimonios de mujeres en la migración” muestra el costo emocional, físico y económico que implica para las mujeres salir de sus países a fin de mejorar la calidad de vida de sus familias.

La obra, que recién presentó el Instituto para las Mujeres en la Migración (Imumi), da voz a una decena de migrantes en su mayoría centroamericanas y sudamericanas, quienes relatan los obstáculos que han tenido que sortear para regularizar su estancia y conseguir empleo en las naciones de destino.

Además, ellas denuncian las dificultades que padecen para garantizar Derechos Humanos (DH) como salud, educación y la impartición de justicia.

Estas mujeres, quienes han sido capaces de superar situaciones adversas, atravesaron también distintas modalidades de violencia de género: física, sexual, psicológica, económica e institucional.

“Alba” es una de ellas. La guatemalteca, de 40 años de edad, salió de su país en 2003 rumbo a Canadá, mediante el Programa de Trabajo Agrícola Temporal.

Para ella y su esposo era una buena oportunidad para ganar más dinero y pagar los estudios de sus hijas. En ese año se inscribieron al programa a través de la Organización Internacional de las Migraciones (OIM), y en un par de meses los llamaron.

La guatemalteca llegó a Québec con un grupo de 30 mujeres, que tenían entre 20 y 40 años. Las trasladaron a una finca para trabajar en el corte de fresa.

Su jornada de trabajo era de lunes a sábado de 6 de la mañana a 7 de la noche. En ese horario no podían hablar entre ellas, ni tampoco ayudarse cuando alguna sufría un accidente o algún desmayo. “La capataz nos decía: ‘No se pueden acercar ¡Ustedes a su trabajo!’”, narra.

En la publicación del Imumi la centroamericana también denuncia que permanecían encerradas casi todo el tiempo. Sólo los jueves “la patrona pasaba por nosotras para llevarnos a Walmart donde hacíamos las compras para la semana”. Luego de esta experiencia, “Alba” refiere que no le gustaría que sus hijas migraran “porque allá el trabajo es duro”.

Además “no es fácil salir del país donde una nació, cuesta mucho dinero y a veces hasta la vida. Pero también sé que nadie migra por gusto, que las personas nos vamos de nuestros países por necesidad; con ese anhelo de ofrecerle a la familia una mejor vida viajamos a otros lugares en busca de esas oportunidades que no tenemos en nuestra tierra”, lamenta la ama de casa.

“Brenda” es otra migrante centroamericana que salió de su país con la intención de progresar. La mujer, de 36 años, salió de Honduras a Guatemala donde vivió siete meses, en ese tiempo abrió una microempresa de tortillas de harina. Entonces, la hondureña, de 29 años, quiso certificar su negocio, pero las autoridades guatemaltecas le pusieron “peros” para realizar el trámite por ser extranjera.

Decepcionada, “Brenda” decidió migrar a Estados Unidos con el apoyo de una de sus amigas, quien desde el país del norte le prestó 2 mil 500 dólares (poco más de 32 mil pesos mexicanos) para pagar un “coyote” (traficante de personas).

Así, llegó a la frontera México-Guatemala, cruzó el río Suchiate y espero el tren. En el trayecto, abatida por el cansancio, la joven estuvo a punto de caer, pero el conocido con quien viajaba la sostuvo. Cuando llegó a Oaxaca cambiaron de ferrocarril.

En la región oaxaqueña del Istmo de Tehuantepec, “Brenda” y el grupo de migrantes con los que estaba fueron amenazados por la comunidad y tuvieron que huir “al monte”, donde la persecución continuó. Escucharon voces de hombres que les gritaban: “¡Ahorita que los agarremos los vamos a matar y a echar al río como hacemos con todos!”. Ella y sus compañeros escaparon, y volvieron a caminar a la orilla del tren bajo el sol inclemente.

La hondureña se comunicó a EU y su amiga le dijo que el “coyote” que habían contratado estaba preso, y que tendría que esperar a que saliera de prisión para que la ayudara a cruzar la frontera norte. En tanto, la joven debía trasladarse con unos conocidos al Distrito Federal.

Una vez en la capital, “Brenda” fue apoyada por la organización Sin Fronteras para regular su estancia migratoria en el país, y también recibió apoyo emocional para superar el dolor que experimentó durante su tránsito por territorio nacional.

Hoy, “Brenda”, quien decidió quedarse en el DF, recuerda que “desde los siete años supe que migrar era mi posibilidad. Escuché los relatos de quienes se habían ido detrás del sueño americano. Parecía que el dinero estaba tirado en la calle y tu sólo ibas a recogerlo. Nadie te cuenta lo duro que es llegar”.

Otra mujer afectada por la migración es “Blanca”, una comerciante de El Salvador, quien desde hace más de dos años no sabe nada de su hijo menor que ese año salió de Centroamérica hacia EU. La mujer de 54 años narra en el libro que “la madrugada del 16 de abril de 2010 fue la última vez que lo tuve en mis brazos. Después de esa fecha pudieron comunicarse dos veces: la primera cuando su hijo estuvo en Guatemala, y la segunda en la Ciudad de México. Luego, “Blanca” supo (por otras personas) que Luis Roberto llegó a Piedras Negras, Coahuila, de donde el “coyote” lo trasladaría a Houston y después a Los Ángeles.

En julio de 2011, la salvadoreña participó en la Caravana por la Paz en México, donde expuso su caso ante Felipe González, relator para los Trabajadores Migratorios y Miembros de sus Familias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Dos meses después las autoridades la llamaron para informarle que buscaron en los centros de detención y hospitales mexicanos y no encontraron a Luis Roberto. Desde entonces no se han vuelto a comunicar. No obstante, “Blanca” refiere que “día a día esperamos que timbre el teléfono y sea él. Confiamos en Dios, en que un día del otro lado del auricular escucharemos su voz o simplemente cruzará la puerta de la casa”.

Ruta del miedo

* Entre la zozobra y el miedo, Aleyda, migrante hondureña de apenas 17 años, se resguarda temporalmente –en lo que reinicia su camino hacia la frontera norte– en la Casa del Migrante San Juan Diego, en el municipio de Huehuetoca, Estado de México. Con cuatro meses de embarazo, la adolescente cuenta que la violencia la hizo huir de su país. “No miraba futuro, hay veces en que en un día hay 30 muertos porque hay bastante delincuencia. Los ‘maras’ obligan a meterse en pandillas, a andar robando. Te llegan a matar por nada”, relata.

 

Guadalupe Cruz Jaimes/ Cimacnoticias

Huehuetoca. En el Estado de México las centroamericanas sufren el rechazo de habitantes, así como abusos de delincuentes y policías, sin que la autoridad las proteja.

Entre la zozobra y el miedo, Aleyda, migrante hondureña de apenas 17 años, se resguarda temporalmente –en lo que reinicia su camino hacia la frontera norte– en la Casa del Migrante San Juan Diego, en el municipio de Huehuetoca, Estado de México.

Con cuatro meses de embarazo, la adolescente cuenta que la violencia la hizo huir de su país. “No miraba futuro, hay veces en que en un día hay 30 muertos porque hay bastante delincuencia. Los ‘maras’ obligan a meterse en pandillas, a andar robando. Te llegan a matar por nada”, relata.

Así como Aleyda, otras migrantes centroamericanas llevan 15 días de viaje en trenes de carga desde la frontera sur de México. Lograron llegar al Edomex tras padecer las inclemencias del tiempo, los abusos de la policía y de la delincuencia organizada.

Tras el cierre el pasado 7 de junio del albergue que también se llamaba “San Juan Diego”, en Lechería, municipio mexiquense de Tultitlán, la situación para ellas se ha agravado.

El refugio administrado por la Diócesis de Cuautitlán fue clausurado ante las protestas de vecinos que se oponían a que las y los centroamericanos recibieran “ayuda gratuita”.

Ahora tienen que caminar cerca de 50 kilómetros desde Lechería para llegar a los albergues abiertos en agosto pasado en Huehuetoca. Quienes deciden descansar en Lechería aguardan unas horas para volver a “montar” un ferrocarril en trayecto al norte del país.

Ésas son algunas de las crudas estampas que observan las diputadas del Parlamento Europeo Satu Hassi y Ska Keller, durante su visita a la zona de tránsito de migrantes en Tultitlán y Huehuetoca.

 

Testimonio del abuso

 

El recorrido de las legisladoras inicia en Lechería, donde unos cuantos migrantes descansan a la sombra de los árboles a un costado de las vías. Resguardadas por policías federales y estatales, las eurodiputadas se entrevistan con hombres hondureños que esperaban la salida del próximo tren.

Esta localidad es insegura para las y los migrantes, ya que se han registrado secuestros masivos. Aún así, duermen en la calle pero están al pendiente de no ser presa de delincuentes.

Los migrantes narran las extorsiones que sufren de los “garroteros” (personal de las estaciones de tren) para que les permitan viajar en el ferrocarril, así como de la policía.

“Íbamos a comer unas sardinas, y uno (de nosotros) sacó una navaja para abrirlas, pero la policía municipal lo vio y se acercaron para revisarnos y nos quitaron todo lo que traíamos, como 2 mil 500 pesos”, cuenta un hondureño.

Durante su camino de casi una hora hacia los dos albergues en Huehuetoca, Satu Hassi y Ska Keller observan en las calles a migrantes que piden dinero para comer y seguir su viaje. Otros descansan bajo los puentes vehiculares.

El albergue San José del Hermano Migrante, abierto por organizaciones civiles y estudiantes, consta de dos habitaciones donde se guardan las donaciones de víveres y colchonetas. El resto es un patio de piso de tierra con techos provisionales de lona bajo los cuales pueden descansar alrededor de 100 migrantes.

Ahí reciben agua, alimentos, y lo necesario para asearse. Su estancia es breve. “El tiempo necesario para descansar y volver a montar el tren”, dice la hondureña Yoselin Alvareño, de 30 años, quien lleva ya un día en el albergue.

Ella platica que salió de su país porque no hay empleo y los salarios son muy bajos. Trabajaba como empleada del hogar, ganaba 2 mil lempiras al mes (mil 322 pesos mexicanos), insuficientes para mantener a sus cuatro hijos, ya que es madre soltera.

Yoselin migró acompañada de su cuñado, con quien subió a tres trenes para llegar a Lechería. “Ha sido muy duro, me caí algunas veces y me lastimé el brazo y la rodilla. También hay que aguantar el frío y la lluvia en las noches”, explica.

La hondureña es una de las cinco mujeres que habitan el albergue, pero cada día llegan decenas más de migrantes, 10 por ciento del sexo femenino.

El otro albergue, la Casa del Migrante San Juan Diego –instalado por autoridades mexiquenses y de la Diócesis de Cuautitlán– está alejado de la zona urbana en Huehuetoca y cobija a unos 50 migrantes. Aquí apenas hay tres mujeres, dos de ellas embarazadas, entre ellas Aleyda, la joven que inició este relato.

Ella dice que sólo pasará una noche más en el albergue, donde las y los migrantes únicamente pueden permanecer tres días, en los cuales se les prohíbe salir de las instalaciones.

“Al estar en medio de la nada se pone en riesgo a esta población, si los ‘levantan’ nadie se va a dar cuenta”, advierte Jorge Andrade, coordinador del albergue San José del Hermano Migrante.

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