Apapachan diputados al Ejército en Toluca

* Una iniciativa del gobernador mexiquense, Eruviel Ávila, fue aprobada para que, “con letras de oro”, se inscriba en los muros del Congreso una leyenda conmemorativa sobre los cien años de la Fuerza Aérea Mexicana.

 

Jorge Hernández

Toluca, México, 13 de enero del 2015. Como en ocasiones anteriores, la mayoría priista y sus satélites en el Congreso aprobaron inscribir con “letras de oro” en los “muros de honor” de la sede del Poder Legislativo del Estado de México, una leyenda conmemorativa del centenario de las Fuerza Aérea Mexicana.

Corresponderá a la Junta de Coordinación Política que preside el diputado Aarón Urbina Bedolla –a quien Televisa, la televisora aliada del presidente Enrique Peña Nieto, llama “El Cacique de Tecámac”- determinar cuándo realizar la inscripción y a qué altos mandos de la Fuerza Aérea se convidaría.

La iniciativa fue propuesta por el gobernador Eruviel Ávila Villegas en el marco de una intimidante exposición que el Ejercitó montó en las explanadas del zócalo de la capital mexiquense y el Teatro Morelos”, y de permanentes señalamientos contra los militares por violaciones probadas a los derechos humanos.

La leyenda se sumará a otras dos inscritas por esta LVIII Legislatura dedicadas también a las milicias del país: “Centenario del Ejército Mexicano, 1913 – 2013”, de abril de 2013 y “A la Armada de México en el Centenario de la gesta heroica del Puerto de Veracruz el 21 de abril de 2014”, de noviembre de 2014.

Durante la reunión de la Comisión dictaminadora de Gobernación y Puntos Constitucionales que preside el priista Apolinar Escobedo Ildefonso, el diputado del PT, Norberto Morales Poblete solicitó se pospusiera la calificación de la iniciativa debido a que las fuerzas armadas del país en el presente cuentan con diversos señalamientos en torno a presuntas violaciones a los derechos humanos.

En contraparte, el del PRI, Alfonso Arana Castro, defendió la iniciativa que consideró un homenaje y reconocimiento al ejército mexicano, que ha hecho numerosas contribuciones al país y a la paz social.

En la misma sesión se aprobó la propuesta del gobernador para modificar el régimen de concesiones para las autopistas de la entidad, que permite a los actuales concesionarios conservarlas aunque hayan recuperado su inversión original en un plazo menor al de la propia concesión, siempre y cuando acepten una nueva contraprestación para el gobierno estatal.

Los diputados del PRD, Octavio Vargas Martínez y Armando Portuguez Fuentes, así como el petista Norberto Morales se opusieron argumentando que el Estado puede y debe hacerse cargo de estos servicios, mientras que el panista Alfonso Guillermo Bravo la avaló sobre la base de que aquello que el Estado no pueda operar ni administrar debe dejarlo a los particulares.

Los mencionados opositores denunciaron también fallas en las autopistas privadas que no justifican el alto precio que cuesta circular por ellas, pero además advirtieron de tratos ocultos entre los funcionarios del ramo y los empresarios concesionarios.

Morena: la ruta del desastre

* En el Estado de México, el Movimiento de Regeneración Nacional se alista para afrontar sus primeras elecciones como partido político. Creación de Andrés Manuel López Obrador, Morena ha generado expectativa entre la izquierda mexiquense presentándose como una opción ante el debilitamiento del PRD. Pero con las elecciones encima, el partido de AMLO se debate entre actos de corrupción que nadie se atreve a calificar de malos entendidos, y desde la militancia se revela una ruta hacia el desastre provocada por su propia dirigencia, encargada ahora mismo de enterrar cualquier opción de triunfo que se hubiera planificado.

 

 

Francisco Cruz/ Miguel Alvarado

Toluca, México; 11 de febrero del 2015. Las proyecciones sobre el futuro del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) suelen ser tan exageradas que con frecuencia rayan en el extremo cómico. Detractores y simpatizantes representan un contrapunto llamativo como si sus opiniones, calificativos y análisis fueran cortes encargados por diseño y a la medida. Unos y otros se mueven en bandas coloridas que ocultan una verdad oscura del bisoño partido: invisible, la militancia es conducida mansamente y en rebaño al matadero, como pasa en el Estado de México.

Atraída por la promesa de “el cambio verdadero” que propaga su líder moral, el dos veces candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador, el sueño propio de la decencia política y el convencimiento de que sí puede limpiarse de corrupción el Estado de México, esa militancia mexiquense se ha convertido en testigo silenciosa del abuso sin recato de sus líderes estatales para hacerse de los millonarios recursos que empiezan a fluir a través de las prerrogativas partidistas.

Un breve análisis de las contabilidades públicas del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) —entre ellas el acuerdo CG-15/2015— aporta elementos incuestionables: la dirigencia estatal de Morena, cuya queja es eterna por la falta de recursos, recibirá este año nueve millones 713 mil pesos para actividades permanentes. También se le entregarán 2.9 millones para promoción del voto, otros 397 mil 382 para actividades especiales, al menos 150 mil pesos adicionales, cada mes, para gastos de oficina, secretaria, chofer y vehículo oficial, que se le entregan directamente a Luis Daniel Serrano Palacios.

Además de atestiguar lo que se llama “el agandalle”, esa militancia, último eslabón de los partidos, ve de reojo cómo sus dirigentes encabezados por Pedro Zenteno Santaella acaparan burdamente los primeros lugares en las listas de las candidaturas plurinominales a través de procesos de dudosa legalidad, amañados, fraudulentos y tramposos o de franca imposición para garantizar su ingreso, y el de algunos allegados, a las jugosas nóminas gubernamentales en el Congreso de la Unión.

Si antes de llegar a la dirigencia morenista el doctor Zenteno, como lo conocen sus amigos y colaboradores cercanos, prometió y se comprometió a no buscar cargos de elección popular porque quería servir desinteresadamente para consolidar un nuevo proyecto, y romper con la tradición de que el presidente de un partido siempre busca cargos para sí, en las últimas semanas ha demostrado que la “democracia” mexicana es muy benevolente, que las palabras se las lleva el viento y que siempre es muy placentero servirse con la cuchara grande.

Dividido y confrontado el Comité Ejecutivo Estatal, con bandos irreconciliables, en Morena mexiquense se hacen cada día más visibles los vicios que criticaban y por los que abandonaron al Partido de la Revolución Democrática (PRD) y todavía un poco antes, en muchos casos, al Revolucionario Institucional (PRI) para transformar “la realidad del país por la vía pacífica, y construir una sociedad realmente libre, justa, democrática […] una revolución ética de la vida pública y de la política, reivindicando este noble oficio como la vocación al servicio de la sociedad”, como advierten los documentos básicos de Morena.

En otras palabras, la democracia, la igualdad, la justicia y el derecho a disentir, como la autocrítica y la vocación de servicio, son algunos de esos tantos eufemismos en la vida diaria del mexicano común; palabras apenas sobresalientes en la discursiva partidista, en el Congreso de la Unión y en el Poder Ejecutivo federal.

 

Temas para preocuparse

 

Aciago, incierto y terco, el juego del poder ha colocado a los militantes mexiquenses de Morena en estados de ánimo y escenarios nada gratos de corto plazo: el temor ante el comportamiento cínico de sus dirigentes estatales y de que éstos se conformen con el 10 por ciento de los votos que obtendrían en automático en los comicios de junio próximo; la incertidumbre de que sus líderes nacionales —Martí Batres Guadarrama y López Obrador— se queden de brazos cruzados, y el descontento porque aún recuerdan el 2011, cuando apenas y con muchas penas pudieron aportar 132 mil sufragios de Morena a su candidato a gobernador, Alejandro Encinas Rodríguez.

Si bien ha puesto toda la carne al asador para sacar adelante el proyecto, esa misma militancia ha empezado a cuestionar. Ve como una quimera los lemas lopezobradoristas de “Morena, un partido diferente”, “Justicia y gobierno honrado” y “Organización para la revolución de las conciencias”. La política partidista a través de Morena Estado de México —la entidad con el mayor número de votantes, casi once millones, y más distritos electorales del país, aparece como un monstruo inmortal, una hidra cuyo aliento contamina el primer proceso electoral en el que participará como partido.

Cualquier observador medianamente informado se habría enterado que antes de terminar la primera semana de febrero, un grupo de militantes de Morena en Cuautitlán Izcalli hizo llegar a Batres y López Obrador una carta que documenta, en parte, la descomposición interna: “lo que ocurrió en la asamblea electoral del pasado 1 de febrero es uno de los actos contra los que siempre ha luchado el movimiento, de no permitir imposiciones por parte de ningún órgano de poder”.

Si los problemas se han enraizado o no, el tiempo lo dirá, pero la grosera imposición de Xóchitl Nashielly Zagal Ramírez, secretaria de Comunicación de la dirigencia estatal como candidata única a diputada federal enfureció a los morenistas locales y puso al descubierto parte del desaseo, de la forma en la que se maneja el partido, de las trampas para impugnar las candidaturas y de la protección que ofrece la presidencia estatal del partido para algunos de sus dirigentes. Firmada debidamente, la misiva alerta sobre una estrategia deliberada “con el objetivo de colocar sólo a los amigos” en los puestos clave de elección directa y de representación proporcional.

“De igual forma, se violentó la autonomía de la asamblea al especificar que no se iba a rendir (permitir) opinión alguna ni a discutir ningún aspecto; es decir, se negó” el debate interno y el derecho a disentir. La asamblea “se redujo a un ejercicio ya viejo y característico de los partidos opresores […] sólo se nos entregó un papel en blanco para emitir nuestro voto […] se montó un teatro haciendo alusión a un acto democrático (y) así salvaguardar la imposición”.

Y en Naucalpan amenazaron con llevar sus quejas hasta el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF, antes Trife) si sus dirigentes estatales mantienen sus políticas de ojos cerrados y oídos sordos, mientras en Toluca denunciaron acarreos, lo mismo que en los distritos del Valle de Chalco. En Huixquilucan y Villa Nicolás Romero fueron evidenciadas otras trampas, que incluyeron “asambleas” en domicilios particulares “a los que era imposible llegar”.

Los protagonistas del cambio documentaron 99 candidaturas ilegítimas o 99 candidatos impuestos a través de maniobras oscuras en sus primeros procesos internos. Por las fricciones internas evidentes y las pugnas con aquellos que intentan mantener su antiguo estatus de políticos consagrados, bañadas por la rumorología que proviene de la misma dirigencia estatal, Morena no tuvo capacidad para realizar asambleas formales —cumplir con el quórum reglamentario de 151 protagonistas del cambio— en 27 de los 40 distritos federales electorales.

Aunque medianamente funcionó el “arte” del acomodo e interpretación engañosa de los reglamentos, fueron esos los casos, entre otros, de los distritos que no lograron quórum aquellos con cabeceras en I Jilotepec, III Atlacomulco, IX Ixtlahuaca, XII Ixtapaluca, XIII Ecatepec, XIV Atizapán de Zaragoza, XV y XIX Tlalnepantla, Naucalpan XXI, XXVI y XXXIV Toluca, XXVII Metepec y el XL de Zinacantepec.

Como lo puso una protagonista del cambio en Tenancingo, a donde se quejaron de que la dirigencia estatal “intenta imponernos como candidato a un doctor, Guillermo Gómez Ramírez, que nadie conoce. Pero, como dicen en la dirigencia estatal: tiene dinero para pagar su campaña […] de tal manera que las candidaturas parecen estar en venta al mejor postor. […] Y le ha solicitado apoyo a la ex alcaldesa priista Tanya Rellstab Carreto —protegida del ex gobernador priista Arturo Montiel Rojas— para que algunas asambleas se realicen en sus salones de fiesta. […] Cuando reclamamos, Pedro Zenteno culpó enteramente a la dirigencia nacional… todavía cree que somos unos idiotas.

”Zenteno nos envío como su representante personal a Javier Prianti Velázquez, un ex regidor perredista del millonario municipio de Metepec, que no tiene cargo alguno en Morena, para advertirnos que es necesario tener candidatos que puedan sufragar sus campañas porque el partido requiere sacrificios en este momento”.

La sombra de preocupación es muy evidente: con el apoyo del grupo de Zenteno, Morena impuso a Maurilio Hernández como candidato a presidente municipal de Tultitlán, quien es hermano de Everardo Hernández—un político muy cercano a Carolina Monroy del Mazo, prima consentida de Enrique Peña Nieto, ex alcaldesa de Metepec, ex titular del Sistema de Radio y Televisión Mexiquense, ex secretaria de Estado, sobrina de Alfredo del Mazo González y actual aspirante priista a una diputación federal—.

En mayo de 2013, el dirigente de Morena Metepec, Agustín Lagunas Álvarez, y el secretario de la organización, Rolando Méndez Aguilar, acusaron a Everardo, entonces jefe de la Unidad Anti-Corrupción del gobierno municipal que encabezaba Monroy del Mazo, de intentar desestabilizar y sabotear la construcción de Morena como nuevo partido político: “no puede pasar inadvertido, dado que Everardo Hernández es un funcionario de primer nivel que se supone sólo responde a órdenes directas de la alcaldesa”.

 

Crónica terquedad

 

Los conflictos y las diferencias internas, que han dejado como saldo ya incluso algunas suspensiones de derechos, enmarcan ya una breve historia que empezó hacia finales de 2012: impulsado por el contador Manuel Álvarez —personaje con sólidas ligas en el movimiento Izquierda Democrática Nacional (IDN) que controla René Bejarano Martínez en el Partido de la Revolución Democrática— y protegido por Luis Daniel Serrano Palacios —secretario de Organización de Morena mexiquense, representante ante el IEEM y a quien se identifica como el poder real—, Zenteno se ha convertido en un dirigente camaleónico en la alta burocracia morenista, un “caníbal” que ha empezado a devorar a su partido y que se “metió” a las listas plurinominales federales con apenas 28 votos en el distrito II con cabecera en Teoloyucan.

Los secretos de Zenteno no están tan bien guardados: Álvarez es un empresario del ramo de la construcción con intereses en el municipios de Atizapán y en otros que controla directamente Zenteno, y Serrano —un bejaranista que ahora controla los recursos millonarios que empieza a entregar el IEEM a Morena—, es pareja sentimental de Iliana Almazán Cantoral, directora general de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) del Distrito Federal convertida en una agencia de empleo del grupo del profesor Bejarano, conocido más por su mote de El señor de las ligas. Almazán es suplente de la diputada bejaranista Ariadna Montiel Reyes, ex directora de esa empresa de transporte.

Con el apoyo efectivo de esos cuatros personajes —Álvarez, responsable del financiamiento, Serrano, Almazán y Montiel, además de Mauricio Hernández Núñez, responsable nada más en la Comisión de Honestidad y Justicia—, Zenteno ha pasado inadvertido o, como se dice, ha nadado de a muertito para sortear los vaivenes de la grilla interna y eludir las menciones frecuentes de su nombre en operaciones políticas dudosas, como la burda imposición de candidatos, la manipulación de asambleas distritales, la ausencia total de autocrítica y la difusión de rumores sobre presuntos actos de corrupción.

Pero viejos demonios acechan al grupo de Zenteno. La duda sobre su separación del PRD y en especial de la tribu bejaranista es permanente; pero también hay quienes lo ligan muy de cerca al Grupo de Acción Política encabezado por Higinio Martínez Miranda. La indignación aumenta porque en su apoyo también se ha visto muy activo a Hernández Núñez, funcionario de la Delegación Iztacalco del Distrito Federal, mientras que en el Consejo Estatal de Morena el grupo de Zenteno cuenta con el manto protector de María Eugenia González Caballero.

Nadie quiere acordarse de que Zenteno fue responsable directo del primer gran fracaso de Morena en el Estado de México; de la simulación en la que se convirtió el movimiento cuando le prometió al menos tres millones de votos efectivos a su candidato a gobernador Alejandro Encinas en 2011, pero que en esa gran farsa sólo pudo entregar cuentas por 132 mil. Esa historia fue documentada en el libro AMLO, mitos, mentiras y secretos que se publicó en 2012 bajo el sello temas de hoy de editorial Planeta México.

También se ha dejado por la libre al secretario general, Félix Santana Ángeles, quien en 2014 fue acusado, juzgado y sentenciado por la Comisión de Honestidad y Justicia de Morena Estado de México por “permitir el acarreo y las prácticas corporativistas” del Grupo Acción Política y la Unión Popular Revolucionaria Emiliano Zapata. A Santana Ángeles le salió barata la condena: seis meses proscrito de toda actividad partidista.

Hoy, personajes allegados a Zenteno han empezado a correr rumores en el sentido de que investigan a Santana por uso fraudulento de recursos internos y por salirse de la institucionalidad para promover intereses personales y de su grupo.

Entre la desconfianza, la turbación, el caos por la derrota de 2011, la animosidad y después del enojo inicial, Zenteno y su equipo tuvieron un margen de maniobra muy amplio para sortear el fracaso y dejar que este episodio y los pésimos resultados recayeran en los hombros de los equipos de Octavio Romero Oropeza; el hijo menor de Andrés Manuel —Andrés Manuel López Beltrán— y algunos otros operadores.

Pasadas las sospechas que prevalecían y la intriga, Zenteno y compañía sacaron la varita mágica para eludir cualquier señalamiento por el desastre electoral mexiquense. Aquel se hizo un personaje de todavía menor perfil. La protección directa de López Obrador y la llegada de Encinas al Senado, como primera minoría, lo alejaron de las calamidades del naufragio electoral, exiliándose en San Luis Potosí.

Contrariamente a lo que se pensaba, hasta el rancho con piscina a donde acostumbra descansar el doctor Pedro Zenteno Santaella y su colección de autos clásicos quedaron a buen recaudo. Si fue casualidad o buena suerte, el caso es que muy pocos recordaron que Morena Estado de México, todavía movimiento, prometió a Encinas tres millones de votos. Ateniéndose estrictamente a los hechos, la simulación fue de tal nivel que, pasado el proceso y digerida la derrota, la cúpula lopezobradorista descubrió lo que sospechaba y tanto temía: la “maquinaria” morenista era un fantasma en territorio mexiquense.

Los caciques priistas de barriada y el ejército magisterial que despachó el Sindicato de Maestros, controlado por el gobierno del estado, habían impuesto un sistema de control tan efectivo que en aquellos comicios sólo dos de cada diez protagonistas del cambio verdadero conocían la labor que les correspondía realizar. Morena quedó evidenciada, junto con urgente necesidad de cambiar de estrategia.

 

Golpe de timón

 

Rota hoy la dirigencia estatal por la disensión, los conflictos, la sospecha, el recelo, el abuso, muchos chismes, el canibalismo político y la prevalencia de intereses personales que alientan la creación de pequeños “dictadores”, morena mexiquense enfrentará en junio próximo a los demonios de 2011.

Regocijados por los escándalos de Morena, los priistas registraron el sábado 7 de febrero la llegada de José Ramón López Beltrán, el primogénito de Andrés Manuel López Obrador, y siguieron puntualmente una gira de reconocimiento que realizó por municipios de la zona sur: entre ellos Amatepec, Tejupilco, Zacazonapan, Otzoloapan y Luvianos, este último gobernado por militantes del PRD, pero considerado bastión lopezobradorista. Tlatlaya quedó pendiente porque la dirigencia estatal ocultó que no lo ha trabajado y es muy peligroso el trabajo político; Zenteno y compañía escondieron deliberadamente que el municipio se lo han dejado enteramente al PRD.

Sólo por curiosidad, militantes priistas de aquella zona difundieron con sorna que el enlace morenista en la región lleva por nombre José Benítez y que nada más es hijo del alcalde perredista de Luvianos. En otras palabras, parece que la dirigencia estatal está haciendo el trabajo político por el PRD.

Si fue mera coincidencia, fruto de un proyecto personal, de la desconfianza o la incertidumbre es difícil establecerlo en este momento, pero para los vecinos de enfrente, sus rivales priistas, no hay duda de que, con los comicios a la vuelta de la esquina, la necesidad de mantener su registro e impulsar una gran agenda legislativa, Andrés Manuel ha dado un golpe de timón para meter en cintura a su dirigente estatal porque los escándalos han trascendido, se acumulan y amenazan con estallar.

Frente a una dirigencia estatal erosionada, dispuesta a sacrificar a sus protagonistas del cambio en beneficio de las minorías, con los priistas siguiéndole la pista y un rosario de reclamos, José Ramón ciertamente ha tomado, sin hacerlo público, las riendas de Morena y se ha trazado una ambiciosa agenda de trabajo que incluye la revisión íntegra del padrón morenista, la consolidación de una estructura territorial con mando único. José Ramón no lo soltará ni lo prestará. Y Pedro, para mantener posiciones y prerrogativas, no parece dispuesto a reclamar el liderazgo perdido.

Inconstitucionalidad sin valor

* ¿Los diputados locales del Estado de México serán conscientes que la sindicación única que pretenden es contraria a la Libertad Sindical garantizada por el artículo 123 Constitucional y la Jurisprudencia XLV/2009 que la consolida en nuestro país o puede suponerse que esta información no la conocen, sobre todo cuando muchos de ellos han mostrado estar ajenos a la lectura?

 

Luis Zamora Calzada

El 10 de septiembre del 2009 la sentencia del amparo en revisión 72/2009 declaró la inconstitucionalidad de los artículos 138, 140 y 141 último párrafo de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, en las partes que interesa los magistrados federales determinaron:

“… Asimismo, de la citada tesis se advierte, de su sola lectura, que es temática, pues el aludido Alto Tribunal al emitirla señaló todas aquellas legislaciones y estatutos laborales que prevean la creación de un solo sindicato violan el artículo 123, apartado B, fracción X, de la Constitución al limitar la garantía de libertad de asociación de los trabajadores. Por tanto, es claro que ese criterio estableció que todas las legislaciones locales o federales en las que se colme el aludido supuesto serán contrarias a la Norma Fundamental”.

En el caso concreto, no existe duda de que las disposiciones invocadas en la demanda, que se tildaron contrarias a la Constitución adolecen de la irregularidad antes apuntada y, ante ello, el acto concreto de aplicación es igualmente violatorio de prerrogativas exclusivas de la Federación, lo que es así porque en los artículos que trata se prevé la sindicación única, tal como implícitamente lo dispuso la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis que anteriormente se transcribió.

En efecto, los citados artículos 138, 140 y 141 último párrafo de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, prevén la  sindicación única, lo que se matiza con el artículo 138 que, de manera expresa señala la obligación de las instituciones públicas de reconocer únicamente a un sindicato de servidores públicos general, a uno de maestros y aquellos que representen a los docentes en las instituciones de carácter educativo, siempre y cuando se establezca su autonomía.

También el artículo 140 prevé la sindicación única, porque al establecer que los servidores públicos no podrán dejar de pertenecer al sindicato, salvo en caso de expulsión, atenta contra el principio de libre sindicación, el cual incluye entre sus aspectos fundamentales, según el texto de la jurisprudencia 45/1999 del Tribunal en Pleno, el de la separación o renuncia del trabajador a formar parte de la asociación a que pertenezca, hipótesis estas últimas que resguardan la libre voluntad del trabajador a dejar de pertenecer al sindicato en cuya formación haya intervenido o al que se encuentre afiliado.

Por su parte, el artículo 141 precisa los requisitos que se deberán entregar a la autoridad laboral para efecto del registro, empero, otorga una facultad al tribunal consistente en que aún de reunir los requisitos, negará tal solicitud si existe otra asociación sindical; además para su constitución, exige la mayoría de los servidores públicos, lo que evidencia la constitución de un solo sindicato.

Luego, no cabe duda que los artículos 138, 140 y 141 último párrafo de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, aplicados al sindicato quejoso en la resolución del 22 de agosto del 2008, establecen la sindicación única y por tal motivo violan la libertad sindical establecida en el artículo 123 Constitucional…”.

Lo anterior no es válido ni causa efecto alguno en los diputados locales del Estado de México, que insisten en la sindicación única en la reforma realizada a la ley del Trabajo local, publicada el 16 de diciembre del 2014 en la gaceta del Gobierno de nuestra entidad.

 

Retroceso legislativo

 

Los trabajadores del subsistema educativo estatal luchamos por la actualización en materia sindical en nuestra entidad, mientras los diputados locales insisten en mantener al Estado de México en retroceso en la materia, al pretender mantener la sindicación única (existencia de un solo sindicato por instancia gubernativa) en la reforma a los artículos 138 y 141 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, tal y como acordaron en el decreto 355, publicado el 16 de diciembre del año pasado.

Los “flamantes legisladores” contraviniendo la determinación de inconstitucionalidad declarada por magistrados federales el 10 de septiembre del 2009, reformaron los citados artículos, quedando al tenor siguiente:

“Artículo 138.- Sindicato es la asociación de servidores públicos generales constituida para el estudio, mejoramiento y defensa de sus intereses comunes.

Las instituciones públicas en su conjunto, reconocerán como titulares de las relaciones colectivas de trabajo, únicamente a un sindicato de servidores públicos generales y a uno de maestros que serán los que cuenten con registro ante el Tribunal, así como a aquellos registrados que representen a los docentes en las instituciones de carácter educativo cuyo decreto de creación establezca su autonomía en su régimen sindical.

Artículo 141.- III. Lista de miembros en servicio activo que lo integran, con expresión del nombre y firma de cada uno, identificación oficial, estado civil, edad, puesto que desempeñan y sueldo que perciben, así como los documentos originales que amparen dichas condiciones y que dichos miembros no formen parte de otra organización sindical, registrada ante el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje;

  1. Constituirse por lo menos con 20 trabajadores en servicio activo

El Tribunal, al recibir la solicitud de registro constatará, por los medios legales que los documentos precisados en las fracciones anteriores, cuenten con los registros y formalidades que establece esta ley, para proceder, en su caso, al registro”.

Del artículo 138 eliminaron los dos párrafos finales, subsistiendo la inconstitucionalidad de las instituciones públicas de reconocer únicamente a un sindicato de servidores públicos general y a uno de maestros.

Del artículo 141 eliminaron la sindicación única prevista en su parte final, trasladándola al requisito III, que se deberá entregar a la autoridad laboral para efecto del registro y que no formen parte de otra organización sindical; agregaron la fracción V, determinando 20 trabajadores como mínimo, para formar un sindicato.

Lo anterior en nada afecta a los ya reconocidos con registro y toma de nota como es el caso del Sindicato Unificado de Maestros y Académicos del Estado de México (SUMAEM), con registro sindical R. S. 2/2007 y toma de nota de fecha 4 de junio del 2012.

Queda claro que lo legislado en un retroceso en materia sindical. ¿Los diputados locales del Estado de México serán conscientes que la sindicación única que pretenden es contraria a la Libertad Sindical garantizada por el artículo 123 Constitucional y la Jurisprudencia XLV/2009 que la consolida en nuestro país o puede suponerse que esta información no la conocen, sobre todo cuando muchos de ellos han mostrado estar ajenos a la lectura? Usted amable lector, ¿qué piensa al respecto?

¿El fin del PRD?

* Los reclamos de Cuauhtémoc Cárdenas para que la dirigencia actual renuncie implican un cierto reclamo ético y moral, pero no han surtido efecto. Aparte, el propio fundador del partido ha perdido tanto prestigio y autoridad moral que pocos le conceden esa autoridad para demandar algo, ya no digamos la renuncia de Navarrete y sus cortesanos.

 

Jorge Hernández

Como se veía venir, los hechos de Ayotzinapa, a medida que se van conociendo detalles y las relaciones políticas y delictivas de los presuntos responsables, han dado argumentos a más de uno para satanizar al PRD y darlo prácticamente por muerto del escenario político nacional.

Y no es para menos, su responsabilidad política, institucional, ética y moral en el proceso que llevó a José Luis Abarca a ocupar la presidencia municipal de Iguala para, desde ahí, dedicarse a la narco política, no se puede tapar con un dedo. Más allá de los nombres en particular de una u otra tribu, de uno u otro de sus líderes o dirigentes nacionales y locales, la responsabilidad es general, de todos ellos.

Pero si bien es cierto que el perredismo no tiene para dónde hacerse, vale preguntarse qué tan cierto es que su muerte o desaparición es inminente. ¿Son estos hechos el fin del PRD?

Lamentablemente no. El PRD no va a desaparecer de nuestro mapa político por múltiples razones. Una de las principales, si no la principal, es que se ha imbricado tan fuertemente en esta red que su falta haría imposible su funcionamiento. Para decirlo pronto, al sistema, al gobierno, a los poderes fácticos y las élites de este país les conviene la presencia del PRD. Sirve a la simulación democrática y la oferta de modernidad del gobierno tanto hacia afuera como adentro.

Tampoco va a desaparecer porque, a fin de cuentas, este PRD nada tiene que ver con el de hace 25 años, cuando nació como una fuerza opositora al sistema y mismo partido con el que hoy firma “pactos”.

No va a desaparecer porque su voto duro –a diferencia del PT o Movimiento Ciudadano- le garantiza mantener el registro legal –no se ve cómo pueda bajar su porcentaje de votación a menos del diez por ciento, tomando en cuenta que Morena pudiera restarle ocho por ciento-. Por mucho castigo electoral que reciba, sus electores leales –aquellos sujetos al corporativismo amarillo que obedecen a cambio de la despensa o las láminas o cemento en el mejor de los casos- lo mantendrán a flote.

Además, sobre la base de ese infame pragmatismo -¿oportunismo?- electoral que lo mismo los mueve a aliarse con los antes mencionados que incluso con el PAN, sin importar que pueda derivar en otros Abarca, conseguirá conservar no sólo el registro, sino seguir accediendo a espacios públicos y de gobierno o representación popular.

Contra estas realidades apenas se aprecian dos posibles vías para su desaparición. Una es algo que nunca han practicado con objetividad y seriedad en su corta vida, a pesar de que errores ha cometido todo el tiempo: un ejercicio de autocrítica sobre la  base de una mínima ética institucional e individual de sus miembros.

Los reclamos de Cuauhtémoc Cárdenas para que la dirigencia actual renuncie implican un cierto reclamo ético y moral, pero no han surtido efecto. Aparte, el propio fundador del partido ha perdido tanto prestigio y autoridad moral que pocos le conceden esa autoridad para demandar algo, ya no digamos la renuncia de Navarrete y sus cortesanos.

Pero esta sería precisamente la mejor de las salidas: una autocrítica que llevara al perredismo no sólo a disculparse por sus errores, como en el caso Abarca, sino a comprometerse con un verdadero cambio, lo que ellos mismos llaman refundación. Si de estos esfuerzos derivara la necesidad u obligación de decretar su desaparición, crecerían en estatura y calidad moral que al mismo tiempo les dría la posibilidad de volver a empezar. ¿Sueños guajiros?

Sí, desafortunadamente.

La otra vía de su desaparición es mucho más tangible. De vez en cuando dirigentes nacionales y locales admiten que el partido enfrenta grandes adeudos, y que incluso en algún momento podrían verse en bancarrota. Al respecto el Instituto Nacional Electoral informó que el PRD, en efecto, adeuda al fisco nada menos que 211 millones de pesos. Pero resulta que también adeuda a proveedores y bancos unos 270 millones de pesos, sin contar otros a comités estatales y hasta a empleados, como en Tabasco, cuyo dirigencia local advirtió incluso que podrían quedarse sin fondos para pagar a sus trabajadores. Por si fuera poco, sigue en pie el asunto Carlos Ahumada, quien lo demandó por más de 400 millones de pesos.

¿Será que sus acreedores se decidan a cobrarle y terminen por orillarlo a la bancarrota?

Lo que sea que venga para ese partido, sin embargo, no lo enfrentará sólo. Seguramente sus aliados entre los poderes fácticos harán lo necesario para mantenerlos en su lugar.

Simulación efectiva: tiene el Edomex presupuesto para el 2015

* El paquete, que incluye las leyes de Ingresos del Estado y los municipios, así como el presupuesto de Egresos del gobierno estatal y una miscelánea de reformas al Código Financiero y otras leyes secundarias, incorpora algunas modificaciones propuestas por el PAN y el PRD durante la reunión de las comisiones legislativas dictaminadoras, relacionadas básicamente con reasignaciones de partidas presupuestales tan discretas para el universo de dinero de que se trata, que poco o nada impactan al paquete en su conjunto y al gobierno en sus funciones.

 

Jorge Hernández

De mero trámite resultó la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados local, en la que éstos aprobaron el paquete fiscal para el año próximo, con un presupuesto de Egresos y unos ingresos estimados en poco más de 211 mil millones de pesos, poco menos del diez por ciento de incremento en relación con el presupuesto y los ingresos de este año.

El paquete, que incluye las leyes de Ingresos del Estado y los municipios, así como el presupuesto de Egresos del gobierno estatal y una miscelánea de reformas al Código Financiero y otras leyes secundarias, incorpora algunas modificaciones propuestas por el PAN y el PRD durante la reunión de las comisiones legislativas dictaminadoras, relacionadas básicamente con reasignaciones de partidas presupuestales tan discretas para el universo de dinero de que se trata, que poco o nada impactan al paquete en su conjunto y al gobierno en sus funciones.

Como suele ser el caso, tanto en la sesión de comisiones como en la ordinaria, la simulación prevaleció. Contra las propuestas que proponían el panismo y el perredismo, diputados del PRI presentaban otras como para presumir que habían analizado las iniciativas y necesitaba mejoras. Lo cierto es que sus “propuestas” les fueron remitidas por el personal de la Secretaría de Finanzas –encabezado por el propio titular Erasto Martínez- para hacer más efectiva la simulación.

Destacó en el trabajo de comisiones la presentación de los diputados Armando Portuguez y Octavio Martínez del PRD para acusar que cada año el gobierno termina ingresando más de lo que considera en las leyes de ingresos respectivas, y que se gasta más de lo presupuestado. Aunque para estos casos la ley mandata que el Ejecutivo informe al Legislativo sobre cambios sustanciales al paquete, sobre todo en el tema del gasto, los diputados no demandaron explicaciones, sino que se limitaron a proponer que de una vez se considerara en ambos rubros mil 600 millones de pesos más, que según sus cálculos sería lo que tal vez a fines de 2015 gastaría y recibiría de más el gobierno estatal. Obviamente la propuesta fue rechazada.

Posteriormente, en la sesión del pleno su compañero, Armando Soto Espino, insistió en modificar el presupuesto para situarlo por arriba de los 217 mil mdp, propuesta que le fue igualmente rechazada.

También resaltó la claudicación del panismo en el tema del inefable PAC o Programa de Apoyo Comunitario, que dota a los diputados de dos y medio millones de pesos a cada uno para hacer una supuesta gestión social. En el pasado el PAN había acusado que era un programa que facilitaba el clientelismo y permitía a los diputados ejercer presión electoral sobre sus potenciales electores, por lo que había venido pidiendo su desaparición. Esta vez, por medio de Alfonso Guillermo Bravo se limitó a pedir que en lugar de que fuera administrado por el gobierno estatal se transfiriera al presupuesto del Poder Legislativo, para que fuera éste el que lo administrara, lo que evidentemente fue rechazado por el priismo.

El panismo también intentó que se bajaran los cobros de trámites y documentación relacionados con las solicitudes de información pública, alegando que en aras de facilitar a la población el acceso a ella fueran más baratos o de plano gratuitos, pero sin mayor éxito.

Ya en la plenaria, se le aprobó a la diputada Adriana de Lourdes Hinojosa la propuesta de reformar uno de los artículos del presupuesto para precisar que en el presupuesto de la Procuraduría estatal se apartarán 15 millones de pesos para la operación de los albergues que sirven para cuidar a las mujeres y menores víctimas de trata de personas.

A diferencia de otros años, esta ocasión no hubo grandes aspavientos por el PAN o el PRD, tampoco del PT o Movimiento Ciudadano para su aprobación, tampoco hubo sesión de comisiones por días enteros y hasta bien entrada la madrugada. Una sola reunión de las comisiones mencionadas y otra más del pleno –que no duró más de dos horas- bastaron para pasar el paquete.

Sólo al final de la votación, Octavio Martínez intentó un breve y pobre “posicionamiento” a nombre del PRD. Dijo que se trataba de un presupuesto histórico y el más elevado entre todas las entidades del país, pero preguntó si sería suficiente para conseguir mejoras en la entidad. Cuestionó si el titular de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México sería capaz de aprovechar el presupuesto que se le entregaba –casi 142 millones de pesos- para cumplir con su trabajo y no estar de frívolo –en lo que va del año sólo ha emitido una recomendación, acusó.

A la sesión de comisiones asistieron unos veinte diputados, mientras que a la plenaria no llegaron 63 de 75 que son.

Manos arriba

* Como esta vez, muchas otras en el pasado hemos presenciado cómo los diputados del Estado de México ni siquiera cuentan con los dictámenes que aprueban, y que llegan a las comisiones sólo a levantar la mano. Más grosero aún es que ni siquiera lean las iniciativas y sus dictámenes, bajo el argumento de que así facilitan “el desarrollo de la sesión”.

 

Jorge Hernández

Bajo el mismo guión de los primeros dos años de la gestión, el pleno de la LVIII Legislatura estatal aprobó en sesión ordinaria del actual séptimo periodo, el 31 de noviembre del 2014, sin análisis previo ni un dictamen elaborado por los miembros de las comisiones correspondientes, desincorporar un predio ubicado en el centro de Ecatepec para donarlo sin condiciones de por medio a la Diócesis de la iglesia católica ahí radicada, que lo destinará, presuntamente, a la construcción de una Casa Hogar para sus ministros y oficinas de la misma.

Previamente, el legislador del PRD, Octavio Martínez Vargas, había impugnado la inclusión de este punto en la Orden del Día de la sesión, ya que, argumentó, el tema no se había discutido ni mucho menos dictaminado en comisiones, por lo que incluirlo para votarlo sin respetar el procedimiento era una violación incluso constitucional.

También afirmó que no se concebía semejante pretensión cuando era obvio que atentaba contra nuestro legado histórico y la separación Iglesia – Estado realizada desde tiempos de Juárez. No dejó de señalar que en el fondo se trataba de una decisión personal del presidente municipal local, Pablo Bedolla López, quien ni así se “ganará el cielo”.

Ante este reclamo, el controvertido diputado priista Aarón Urbina Bedolla López, presidente de la Junta de Coordinación Política, instruyó rápidamente al secretario de Asuntos Parlamentarios, Javier Domínguez Morales, para resolver el entuerto. Éste decidió que lo mejor era suspender por un momento la plenaria y convocar a reunión de la comisión dictaminadora, Patrimonio Estatal y Municipal, para cumplir el trámite y evitar alguna violación reglamentaria.

Suspendida la plenaria, dicha comisión legislativa dio curso al trámite y presentó un dictamen que ninguno de los ahí presentes conocía, aunque fue presentada como de su autoría. El diputado Martínez Vargas fue mayoriteado y el dictamen aprobado, consumando en los hechos dicha concesión. Todavía en el pleno, reanudada la sesión, Martínez y Norberto Morales Poblete, del PT, intentaron detener la calificación de este dictamen sin éxito alguno.

Pero más allá de este jaloneo -que también tuvo tintes cómicos cuando, durante su argumentación Martínez Vargas lamentó que algunos de sus compañeros fueran a votar a favor por el desconocimiento de nuestra historia, “lo que se comprende cuando muchos de ustedes ni siquiera terminaron la secundaria”-, el pasaje pone al descubierto una vez más el desaseo con el que se ha venido manejando esta LVIII Legislatura.

Nadie ignora que esto se debe a la mano del citado Urbina Bedolla –a quien iba dirigida esta última acusación- quien ha maniobrado para limitar al mínimo el accionar del Congreso. En este específico caso del estudio y dictamen de las iniciativas recibidas, ha detenido al máximo las que ingresan el PRD, el PAN, el PT y MC, no así las del gobernador, que se aprueban casi de inmediato.

También ha limitado el trabajo de las comisiones, que se reúnen el mismo día de la plenaria sólo para cumplir el trámite dictaminador. El peso del estudio recae ahora en las dizque “mesas de análisis”, donde se reúnen los asistentes y asesores de los legisladores para hacer este trabajo. Y al final de cuentas para decidir ellos qué se incluye y qué no en los dictámenes y proyectos de decreto.

Como esta vez, muchas otras en el pasado hemos presenciado cómo los diputados del Estado de México ni siquiera cuentan con los dictámenes que aprueban, y que llegan a las comisiones sólo a levantar la mano. Más grosero aún es que ni siquiera lean las iniciativas y sus dictámenes, bajo el argumento de que así facilitan “el desarrollo de la sesión”.

Lo que no deja de alentar Urbina Bedolla, sin embargo, es el trabajo político electoral de los legisladores del PRI y sus aliados, a quienes sigue insistiendo en repartir despensas y otros recursos entre sus electores. El verdadero trabajo de un diputado, para Urbina, es ése y no legislar.

En espera

* A resultas de la actual política de despidos que priva en el Poder Legislativo de la entidad(que ya rebasó los mil empleados de algo más de dos mil quinientos que eran antes de que llegaran esta LVIII Legislatura y el actual presidente de la Junta de Coordinación Política, el tecamaquense y casi paisano del gobernador Eruviel Ávila Villegas, Aarón Urbina Bedolla), en conferencia de prensa los diputados Armando Soto Espino del PRD y Norberto Morales Poblete afirmaron desconocer cuántas personas han sido despedidas y las razones.

 

Jorge Hernández

Mala cosa que un partido político de la espalda a sus principios por omisión o con intención. Peor resulta cuando ese partido se dice de izquierda, como parece ser el caso de las representaciones del PRD, el PT y Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados local.

A resultas de la actual política de despidos que priva en el Poder Legislativo de la entidad(que ya rebasó los mil empleados de algo más de dos mil quinientos que eran antes de que llegaran esta LVIII Legislatura y el actual presidente de la Junta de Coordinación Política, el tecamaquense y casi paisano del gobernador Eruviel Ávila Villegas, Aarón Urbina Bedolla), en conferencia de prensa los diputados Armando Soto Espino del PRD y Norberto Morales Poblete afirmaron desconocer cuántas personas han sido despedidas y las razones.

Presionados por los reporteros, admitieron que pueden ser unos 300, agregando que de sus respectivos grupos legislativos ningún trabajador ha sido removido. Morales Poblete había anunciado, no sin cierta candidez, que pedirán toda la información del caso ante la Junta de Coordinación y demandarán además que cesen los despidos injustificados.

Increíblemente, Soto Espino, quien por ratos parece asumir todavía posiciones más o menos opositoras y de izquierda en temas como el de la reforma energética, argumentó que por ahora su partido se encuentra en procesos internos que no les permiten atender este asunto laboral, por lo que no intervendrían en él.

En el aire quedó el cuestionamiento de por qué no saben de esta política laboral cuando hace dos años que se viene practicando, desde el inicio de la Legislatura a la que pertenecen, y menos de por qué no han dicho ni hecho nada.

Pero como en política dicen más los silencios que los dichos, las posiciones de ambos “diputados de izquierda” dejaron entrever muchos más detalles de los que a simple vista se ven. Por ejemplo, que desconocen también las intervenciones de sus coordinadores – Héctor Bautista del PRD y Óscar González del PT – en la Junta Coordinadora, si es que las han tenido, sobre el tema. Que desconocen las facultades y atribuciones legales del presidente de la junta en temas administrativos del Congreso. Que desconocen, por añadidura, los costos monetarios de tantos despidos y su impacto en el presupuesto de este poder.

Y seguramente desconocen o se hacen de la vista gorda ante otros temas que van de la mano de esta política laboral. Por ejemplo que se ha venido contratando gente de Ecatepec y Tecámac en sustitución de los que salieron. Que esos nuevos empleados están ganando el doble o triple de lo que percibían los ahora desempleados, con la justificación de que sus gastos de transporte, alimentación y hospedaje son altos. Que las remodelaciones en las instalaciones del poder legislativo, en términos monetarios, superan el supuesto ahorro que representó dejar sin trabajo a más de mil trabajadores.

Ante semejante postura, puede ser cierta una de las versiones que corren por los pasillos de la Cámara legislativa sobre las razones de tanta remoción. Se afirma que fueron los propios coordinadores – además de los ya citados, Higinio Martínez Miranda de Movimiento Ciudadano – en el Congreso de los partidos mencionados, así como sus presidentes estatales e incluso nacionales, los que recomendaron al gobernador Eruviel Ávila “limpiar” al Congreso estatal de afines y leales a los antiguos líderes legislativos del PRI, entre los cuales destacan, claro, el propio Enrique Peña Nieto y su primo y subsecretario de Desarrollo Social, Ernesto Nemer.

Según esta versión, desde que el PRD coqueteó con la posibilidad de hacerlo su candidato en la última elección de gobernador, y más recientemente a principios del año pasado cuando empezaron los rumores sobre su inminente “renuncia” que no sería otra cosa que su remoción por parte de Peña Nieto, le planteó esta necesidad. La mayoría de los trabajadores del Congreso estatal es afín al Presidente de la República y su primo el subsecretario de Desarrollo Social, es preciso quitarlos del camino para asegurarle el control real de dicho espacio.

Suena fantasioso, pero en los hechos es lo que sucede. Eruviel Ávila a través de Aarón Urbina es amo absoluto de la Cámara de Diputados. Tras su disputa con el Grupo Atlacomulco que casi le cuesta la gubernatura, ha hecho del Poder Legislativo su nueva trinchera. Ya veremos hasta dónde lo puede soportar.

Norberto Morales prometió citar a nueva conferencia con los medios para informar con datos precisos sobre este asunto. ¿Nos quedaremos esperando?

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