132

* El antecedente más notable de movilización juvenil data de 1968, cuando miles de alumnos reclamaron una reforma educativa y la apertura del sistema político, dominado entonces monolíticamente por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), que gobernó México sin interrupciones durante siete décadas hasta 2000. La respuesta del gobierno de la época, presidido por el hoy fallecido Gustavo Díaz Ordaz (1964-1970), fue brutal.

 

Emilio Godoy/ IPS

El movimiento de indignados en México se asentó en las universidades, con miles de estudiantes en las calles insuflando aire fresco a una campaña electoral sosa y superficial, un fenómeno que no se había visto desde 1968 y que ha obligado a los partidos a prestar atención a un segmento antes ignorado.

“Somos un movimiento que lo que pide es la democratización de los medios de comunicación, que se presente información de forma veraz”, explicó Sofía Alessio, una de las estudiantes que se sumó a las protestas desde el comité de organización del privado Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM).

“Es un movimiento apolítico y pacífico”, dijo a IPS esta alumna de la carrera de ciencias políticas.

En México, con 112 millones de habitantes, hay 2,5 millones de universitarios, una de las tasas de educación superior más bajas de América Latina. Además, hay siete millones de jóvenes que no estudian ni trabajan.

El antecedente más notable de movilización juvenil data de 1968, cuando miles de alumnos reclamaron una reforma educativa y la apertura del sistema político, dominado entonces monolíticamente por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), que gobernó México sin interrupciones durante siete décadas hasta 2000.

La respuesta del gobierno de la época, presidido por el hoy fallecido Gustavo Díaz Ordaz (1964-1970), fue brutal. La represión alcanzó su apoteosis sangrienta el 2 de octubre de ese año en la plaza Tlatelolco, donde soldados y paramilitares emboscaron a los estudiantes. Nadie fue condenado y ni siquiera se conoce con exactitud cuántos murieron, aunque se calcula que fueron 200 o más.

Las movilizaciones estudiantiles esta vez, que en marcos electorales son comunes en este país, enfocan sus dardos hacia la “fuerte concentración de medios electrónicos que limita la libertad de expresión y el derecho a la información”, indicó a IPS el investigador Luís Vázquez, de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales.

“Para evitar un régimen autoritario hay que democratizar los medios de comunicación. Esa se ha convertido en la demanda principal”, analizó el académico.

Una visita el 11 de este mes a la jesuita Universidad Iberoamericana del candidato presidencial del opositor PRI, Enrique Peña, prendió la mecha de las protestas.

En esa ocasión los universitarios lo increparon y le reclamaron por su responsabilidad en ataques a los derechos humanos cuando gobernó el Estado de México, vecino a la capital del país, entre 2005 y 2011.

Presentados por los medios electrónicos como intolerantes y sectarios, los estudiantes se levantaron contra esa imagen y arremetieron contra la cadena privada Televisa, que domina el mercado televisivo mexicano con la también privada TV Azteca.

“El poder joven puede ser muy grande si se consolida vía la organización y la intervención política. Es importante que los jóvenes se hagan cargo de su peso en la sociedad”, comentó a IPS el académico Rolando Cordera, profesor emérito de la Facultad de Economía de la estatal Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

La ciudadanía mexicana está convocada para ir a las urnas el 1 de julio para elegir a 500 diputados y 128 senadores, que iniciarán su tarea el 1 de septiembre, y al sucesor o sucesora del presidente Felipe Calderón, del conservador Partido Acción Nacional para un nuevo mandato de seis años a partir del 1 de diciembre.

Además, habrá elecciones en 15 de los 32 estados de la república mexicana para renovar administraciones estaduales y municipales.

De un padrón de 77 millones de electores, unos 10 millones de jóvenes votarán por primera vez. En 2010 había casi 19 millones de personas entre 20 y 29 años de edad, según el censo nacional de ese año.

Sin líderes visibles y de constitución horizontal, los universitarios han aprovechado al máximo redes sociales como Facebook y Twitter para convocar a las marchas y armonizar sus posturas. Además, ya crearon un sitio electrónico para difundir información.

“Sabemos que siendo un movimiento algunos iban a querer colgarse políticamente de él y no lo vamos a permitir. No es que sólo los jóvenes nos vamos a beneficiar de los resultados. Involucramos a universitarios de todo el país porque creemos que juntos podemos lograr más cosas”, indicó Alessio.

El movimiento Yo Soy 132, nombrado así como símbolo de seguimiento a los 131 estudiantes que asistieron acreditados como tales al acto de Peña en la Universidad Iberoamericana, publicó ya un código ético, en el cual propugna mantener el perfil apartidista, el cariz pacífico y expresar puntos de vista individuales y no colectivos.

Luego del fracaso propagandístico en la UIA, el PRI osciló entre la condena a las protestas, bajo el argumento de intolerancia y de que había sido motorizada por la izquierda, al discurso del respeto a opiniones contrarias, en una estrategia de control de daños.

El alemán Karl Marx (1818-1883) escribió que la historia se repite, la primera vez como tragedia, y la segunda como farsa. El tropezón de Peña y la posterior reacción de su partido rememora lo que le sucedió al presidente Luís Echeverría en 1975, cuando visitó la UNAM y fue virtualmente expulsado por los estudiantes.

Mientras salía de la Facultad de Medicina, Echeverría gritó “fascistas” a los universitarios.

Yo Soy 132 organizó el miércoles 23 manifestaciones en al menos 20 ciudades importantes del país, mientras crece el bloque estudiantil, en una corriente que algunos observadores ya han bautizado como “la Primavera Mexicana”, en alusión a los levantamientos populares en naciones como Egipto y Túnez.

Si bien comparte aspectos como su espíritu democrático y el uso de plataformas tecnológicas, la gesta estudiantil difiere de movimientos afines como el de los indignados en España y el Ocupa Wall Street en Estados Unidos, que buscan cambios de fondo en el sistema político y económico.

“El movimiento debe trascender a la cuestión electoral. Puede elaborar una agenda de resultados políticos y culturales”, planteó Cordera.

La sudoriental ciudad de Cancún será la sede del Foro Mundial de Universitarios 2012, de junio a noviembre próximos, y en el cual se abordarán temas relacionados con ese segmento.

“Se ha reactivado el voto joven. El alcance es de una importancia superlativa, esperamos lograr nuestro objetivo”, resaltó Alessio.

La explotación española de Cabo Pulmo

* Situado cerca de Baja California Sur, este arrecife coralino posee una variedad de especies marinas (5 mil) inigualable en México. Según Greenpeace, tiene una productividad biológica cinco veces mayor que el promedio de los arrecifes en el Golfo de California. Cabo Pulmo, de hecho, podría ser el arrecife más viejo del Pacífico americano. Es uno de los tres únicos arrecifes vivos que quedan en Norteamérica.

 

Víctor Martín Gómez/ Rebelión

Cabo Pulmo es de esos lugares paradisíacos que dejan a uno con la boca abierta cuando los ve. Situado cerca de Baja California Sur, este arrecife coralino posee una variedad de especies marinas (5 mil) inigualable en México. Según Greenpeace [1], tiene una productividad biológica cinco veces mayor que el promedio de los arrecifes en el Golfo de California. Cabo Pulmo, de hecho, podría ser el arrecife más viejo del Pacífico americano. Es uno de los tres únicos arrecifes vivos que quedan en Norteamérica.

No sólo cuenta con una enorme variedad marina y un escenario natural único, sino que cuenta también con una comunidad humana que está dispuesta a protegerlo. Hace más de 15 años, los pescadores de la zona decidieron abandonar su labor para dedicarse enteramente a su preservación. Según la organización Cabo Pulmo Vivo, “la protección y recuperación de la comunidad marina y el arrecife ha permitido el regreso de especies migratorias como el tiburón ballena, las mantas gigantes, las ballenas jorobadas y las tortugas marinas (2)”. Es más, en esta zona anidan cinco de las siete especies de tortugas marinas que existen en el mundo, algunas de ellas en peligro de extinción. En 1995, se declaró como Parque Nacional Marino con una reserva marina de 7 mil 111 hectáreas. Y en 2005 empezó a formar parte de la lista de Patrimonio Natural de la Humanidad por la UNESCO.

Tres años después, en 2008, se inicia el conflicto cuando la empresa Hansa Urbana pide una autorización para construir un complejo turístico, llamado Cabo Cortés, cercano al Parque Nacional. La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) lo aprobó. En 2011 se amplía el proyecto permitiendo a Hansa Urbana la construcción de, entre otras cosas, dos campos de golf, un complejo de 27 mil habitaciones, un puerto marino con 490 amarres. Todo ello sobre una extensión de 3 mil 800 hectáreas. Es decir, se estaría permitiendo la construcción de un complejo similar al de Cancún, que cuenta con 33 mil habitaciones de hotel, con la diferencia de que el terreno y la localidad de Cabo Pulmo es muchísimo menor (sólo 150 habitantes). Además, la SEMARNAT permitió que la empresa duplicase sus tiempos de construcción y cumplimiento de condiciones, lo cual supone una violación de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

En el caso de Cabo Pulmo, las asociaciones ecologistas, los científicos y académicos y, en especial, los habitantes de la región, han solicitado al Gobierno que frene este proyecto. Se les ha negado y recientemente lo han vuelto a intentar por segunda vez. El tema volvió a los medios en marzo pasado tras la protesta de activistas de Greenpeace en el Zócalo de la Ciudad de México [3] . De momento, esta organización internacional encabeza una lista de 14 asociaciones que cuenta con más de 100 mil firmas que se entregarán a las autoridades. Alejandro Olivera, coordinador de la campaña de Océanos y Costas de Greenpeace en México, denuncia que “después de esto no cabe duda de que Elvira Quesada y Mauricio Limón (titular de la dependencia y subsecretario) siguen defendiendo Cabo Cortés”. “Elvira dijo en su comparecencia ante senadores de la República que iba a ser respetuoso de la ley pero esto lo contradice. Ya existen suficientes elementos e ilegalidades para cancelar el proyecto turístico, ¿qué más necesitan?” cuestionaba en rueda de prensa [4].

Según los opositores a este macro proyecto, su construcción supondría un riesgo vital para el ecosistema del lugar. Aumentaría de manera escandalosa la contaminación marina con la navegación de numerosas nuevas embarcaciones. Los vertidos de residuos (basura, aguas residuales, etc.) al mar sería un peligro para la supervivencia de las especies marinas. La demanda de agua potable se volvería mortal para la zona, que ya cuenta con problemas e insuficiente de agua potable. Además, ni el terreno ni el mar podrían soportar una presión demográfica tan fuerte como la que supondría un complejo de 27 mil habitaciones para turistas. “No estamos en contra del turismo, apoyamos el turismo de bajo impacto, el cual incluso es promovido por la comunidad de la zona”, afirma Alejandro Olivera. De hecho, los habitantes de Cabo Pulmo promueven un ecoturismo limitado, ecológico y respetuoso. Rechazan, no obstante, el turismo depredador que conlleva proyectos como el de Cabo Cortés.

Estos complejos turísticos son numerosos en México. Los Cabos, Acapulco, Puerto Vallarta, Riviera Maya o Cancún son zonas especialmente receptoras de turismo internacional. Los habitantes de Cabo Pulmo conocen el impacto que ha tenido ese tipo de turismo en dichas zonas y no están por la labor de permitir que ocurra lo mismo en su hábitat. México posee zonas naturales de valor medioambiental incalculable tanto en el interior como en las costas. Los Gobiernos saben que el valor turístico de estos lugares es uno de los principales motores de su economía. Es por ello que las autoridades, una vez más, deben elegir entre preservar su naturaleza o explotarla al máximo para fortalecer la economía del país. Desgraciadamente, viendo lo que ha ocurrido en otros sectores (petróleo, minas, ruinas arqueológicas, macrocultivos) es de suponer que elegirán la segunda opción, que es la que da dinero. Con el tiempo se verá finalmente qué nos sale más caro.

 

¿Quién es Hansa Urbana?

 

El diario mexicano La Jornada acaba de publicar la denuncia de los investigadores y científicos que entienden que, en el caso de Cabo Cortés, esta empresa ha basado sus estudios ambientales para justificar su proyecto en información falsa. Hansa Urbana, por cierto, tiene en México otro proyecto del mismo tipo, en Quintana Roo, llamado Nuevo Cancún.

Hablamos de una empresa inmobiliaria española, firma de la familia Galea, con más de 20 años de trayectoria. La Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) posee el 30% de esta compañía, lo que le ha facilitado mucho las cosas en materia fiscal (“se ha librado de declarar la suspensión de pagos gracias a que la entidad ha aceptado en pago por su abultada deuda varios terrenos en Zaragoza, Valladolid y México” [5] ). Llegó a tener en 2010 una deuda de 250 millones con los bancos (la ya mencionada CAM, el Banco Santander, el Sabadell y el Banesto estuvieron involucrados en esto) [6]. Es más, ha sido investigada por un fraude millonario [7].

Esta inmobiliaria se ha caracterizado en España por ser promotora del ladrillazo en la costa mediterránea. Un caso es el Novo Carthago, complejo situado en Murcia con unas 5 mil viviendas, campos de golf y varios hoteles en una zona donde la falta de agua es notable. El proyecto está paralizado. Ahora que en España no hay cabida para la construcción, empresas como Hansa buscan sus oportunidades en nuevos terrenos extranjeros, como México, para llevar a cabo sus proyectos inmobiliarios y turísticos. Son su forma de recuperar ingresos y salir de una situación financiera crítica. La pregunta es ¿a costa de qué?

Notas:

[1] http://www.greenpeace.org/mexico/es/Campanas/Oceanos-y-costas/Que-amenaza-a-nuestros-oceanos/Turismo-depredador/Cabo-Pulmo-paraiso-en-riesgo/

[2] http://www.cabopulmovivo.org/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=2&Itemid=29&lang=es

[3] http://www.milenio.com/cdb/doc/noticias2011/c0c8c404194df61831d445d8185c0079

[4] http://www.oem.com.mx/elsudcaliforniano/notas/n2503266.htm

[5] http://www.levante-emv.com/economia/2012/02/12/relacion-privilegiada-hansa-urbana/880702.html

[6] http://www.diarioinformacion.com/economia/2011/07/06/hansa-urbana-renegocia-bancos-deuda-250-millones/1145714.html

[7] http://www.laverdad.es/murcia/20100511/economia/juez-investiga-presunto-fraude-201005111448.html

* Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.

De ignorantes y sabiondos

* Lo sustancial para el sistema, lo importante y trascendente, es la manutención de esas estructuras de clase; la reproducción de las relaciones de explotación y de los patrones de acumulación del capital. Si los candidatos o presidentes son ignorantes o sabiondos, letrados o iletrados, torpes o avezados es un asunto minúsculo que se puede desechar en las cloacas del olvido.

 

Adrián Sotelo/ Rebelión

A raíz de un desliz en que incurrió el candidato del PRI, “puntero” en las encuestas electorales a la presidencia de la república, respecto a una pregunta que un periodista le formuló en el marco de la Feria Internacional del Libro en Guadalajara en noviembre de 2011, acerca de cuáles eran los tres libros que consideraba habían marcado su vida personal y política, el candidato se equivocó y respondió con una serie de pifias y dislates que rayaron en el ridículo. A partir de este acontecimiento se desató, en la prensa burguesa (oficial y privada) y en las llamadas “redes sociales”, una andanada de críticas por parte de tirios y troyanos alarmados que pusieron el grito en el cielo exclamando que cómo era posible que alguien con semejante ignorancia fuera el futuro gobernante del país. Como si el poder político y su racionalidad dependieran de las cualidades “cognoscitivas” de una persona, y no de un sistema político y social inmerso en la lucha de clases, en el choque de ideologías y en la diversidad de intereses antagónicos que son los que verdaderamente determinan la dinámica de las sociedades.

Para la lógica de las clases dominantes y del sistema de explotación del capital, es absolutamente irrelevante si un presidente o candidato es docto o ignorante, si ha leído mucho o ha escrito obras que, incluso, ha publicado o si desconoce las leyes elementales de la gramática o de la naturaleza. ¡Qué más da que hayan leído, por ejemplo, Las aventuras de Alicia en el país de las maravillas del escritor inglés Charles Lutwidge Dodgson —conocido como Lewis Carroll—; Mi lucha de Adolfo Hitler; Cecilia Valdés del escritor cubano Cirilo Villaverde o Gazapo del mexicano Gustavo Sainz!

Para los objetivos de la dominación de clase y la manutención del orden existente, la cultura o sabiduría del presidente se coloca en segundo o tercer planos, ya que lo substancial consiste en que asimile, encarne y ponga en práctica —estratégicamente— los intereses dominantes que dinamizan al sistema económico y social.

Y allí están los ejemplos paradigmáticos de un George Bush en Estados Unidos o de un Vicente Fox en México cuya “ignorancia”, sin embargo, no fue obstáculo para garantizar la dominación e imponer y reproducir los intereses fundamentales del capital y de las clases dominantes de la sociedad. En el caso de Estados Unidos, la “ignorancia” de George Bush hijo no impidió la invasión imperialista de las tropas norteamericanas a Irak y Afganistán; por el contrario, fue bienvenida por la llamada “comunidad internacional” que con su silencio cómplice avaló la intervención. Tampoco la “ignorancia” de un Vicente Fox impidió que millones de personas engrosaran las abultadas filas de la miseria y del desempleo en México durante su administración gubernamental. Y los ejemplos se podrían multiplicar con creces.

Cuántos empresarios, dirigentes políticos, intelectuales que se sienten iluminados, burócratas e ideólogos del sistema son ignorantes y, sin embargo, no constituyen ningún peligro u obstáculo para mantener el sistema de relaciones sociales y de poder vigente en el capitalismo. Más bien, es este último el que termina por imponer su lógica e intereses al conjunto de las clases sociales en el país, incluyendo a los miembros del gobierno y de la partidocracia. Esta, representada por los partidos políticos que “contienden” por la presidencia de la república, constituye un verdadero subsistema de dominación que se impone sobre las clases populares y obreras para avalar su existencia y mantener sus privilegios. Si un candidato presuntamente de “izquierda” pregona la “república amorosa”, “la renovación moral”, otro más el “México competitivo” y un último difunde sin empacho la entrega del país a los intereses extranjeros, no sucede absolutamente nada; y si son “sabios” o “ignorantes”, asiduos lectores y bebedores de libros, es completamente irrelevante para el poder del Estado capitalista.

En efecto, en su Miseria de la filosofía dice Marx que: “El sistema capitalista no necesita de individuos cultivados, sólo de hombres formados en un terreno ultraespecífico que se ciñan al esquema productivo sin cuestionarlo”. Y obviamente que este sistema productivo “incuestionable” es el capitalista que soporta y reproduce la explotación del trabajo y los intereses de la burguesía, porque, como sostiene en el Manifiesto Comunista, “El poder político es simplemente el poder organizado de una clase para oprimir a otra.” En esta misma obra Marx resume lo que es el poder político del Estado capitalista: “…viene a ser, pura y simplemente, el Consejo de administración que rige los intereses colectivos de la clase burguesa.”

Basta recordar aquella memorable frase de John Foster Dulles, secretario de Estado del gobierno de Dwight Eisenhower cuando en 1956, —haciendo abstracción de las personas y de sus cualidades: si son finos o brutos, letrados o ignorantes, blancos o negros, liberales o dictadores, centroizquierdistas o monárquicos—, enfáticamente expresó que: “Estados Unidos no tiene amigos, sino sólo intereses”, expresión que hasta la fecha constituye el principio fundamental de la política exterior de intromisión extranjera de ese país.

Lo sustantivo del análisis consiste, al decir de Agustín Cueva, en que “Las relaciones de clase son… relaciones de explotación… para que este tipo de relaciones se mantenga es necesario que simultáneamente exista una relación de poder, es decir, que la clase explotadora sea al mismo tiempo la clase dominante” (La teoría marxista. Categorías de base y problemas actuales, Editorial planeta, Quito, 1987, página 44). De esto se deduce la importancia que en un país capitalista, sustentado en una “democracia representativa” —aquella que sustituye la intervención directa del pueblo por los privilegiados miembros de la partidocracia (diputados y senadores)— tiene el poder que ejerce el Estado y la burguesía a través de determinados instrumentos y aparatos de dominación como son los medios de comunicación (radio, televisión, cine), la iglesia, la escuela, el corporativismo, el ejército, la represión y la ideología.

A cinco meses de las elecciones presidenciales, la coyuntura electoral de México pondera el sistema de encuestas que avalan los medios de comunicación, manipulando y direccionando, en función de los intereses de los grupos privados de poder, quienes son los “candidatos punteros” y hasta ahora el que lleva la batuta es justamente el candidato del PRI, seguido del PAN y en último lugar figura el de las autodenominadas “izquierdas”. Sin embargo, esencialmente los tres comparten el mismo proyecto y las mismas políticas neoliberales y protocapitalistas, sin ofrecer absolutamente nada trascendente para la población.

La ideología dominante en la sociedad es la ideología de la clase que detenta el poder y ejerce la dominación sobre las clases explotadas y subalternas. Los trazos de esa ideología son el individualismo, la competencia y la supuesta prevalencia del mercado capitalista como motor del desarrollo humano y social. Es en función de estos dogmas de la ideología capitalista neoliberal que se pretende presentar la dinámica política de las elecciones y del sistema de dominación como resultado de la acción voluntarista e individualista de sujetos aislados; de sus “cualidades culturales” y de sus “aptitudes intelectuales”, ocultando su condición de representantes de los intereses de determinadas clases y fracciones de clase de la sociedad.

Sin embargo, como dijimos, lo sustancial para el sistema, lo importante y trascendente, es la manutención de esas estructuras de clase; la reproducción de las relaciones de explotación y de los patrones de acumulación del capital. Si los candidatos o presidentes son ignorantes o sabiondos, letrados o iletrados, torpes o avezados es un asunto minúsculo que se puede desechar en las cloacas del olvido.

 

* Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.

Un viaje al corazón

* No sólo es que no gobiernen para los de abajo, sino que los consideran feos, sí, feos. Por eso, por ejemplo quieren desplazar a las vendedoras indígenas de Chichén Itza, por eso quieren sacar a los puestos del mercado de Texcoco, porque afean el paisaje y no son buenos para el turismo. La cámara de Déffossé responde a esta ignominia.

 

Luis Martín-Cabrera/ Rebelión

Hace ya mucho tiempo que llegó el momento de reconocer alto y claro que no todo el pensamiento crítico y la cultura vinieron de Europa o de los Estados Unidos, que cuando casi todos en el Norte estábamos tratando bien de recuperarnos de la caída del Muro de Berlín bien celebrando el final de la historia, tuvo que ser un grupo de indígenas chiapanecos en el Sureste de México el que nos enseñara otra vez el sentido de la dignidad rebelde, la fuerza de los corazones que laten abajo y a la izquierda. El 1 de enero de 1994, el mismo día que entraba en vigor el Tratado de Libre Comercio de las Américas (NAFTA), todo el planeta pudo escuchar el grito de “ya basta” de los zapatistas en la Selva Lacandona. Pero los zapatistas no sólo resistieron heroicamente las políticas neoliberales acordadas con nocturnidad, premeditación y alevosía por las élites financieras de México, Estados Unidos y Canadá, también y sobre todo, crearon una nueva forma de hacer y pensar la política: fueron la primera guerrilla en América Latina que disparó más palabras que balas, porque son soldados “para que un día no haya soldados”; en lugar de tratar de tomar el Estado para transformar la sociedad como habían hecho otras guerrillas trataron de forzar al mal gobierno para que “mandara obedeciendo a los de abajo”; frente al narcisismo e individualismo que impulsaban las políticas consumistas neoliberales gritaron “para nosotros nada, para todos todo”; frente a las políticas racistas del estado mexicano mostraron e hicieron visible su invisibilidad con el pasamontañas y le dijeron a la sociedad civil, “detrás de nosotros estamos ustedes”; renovaron el lenguaje y la forma de hacer política, se acercaron a todos los oprimidos –gays, lesbianas, transexuales, estudiantes, trabajadores, mujeres, campesinos, los jodidos, los de abajo—unieron distintas resistencias desde su indigenismo y desde la Lacandona dijeron muchas veces, “en este mundo caben muchos mundos, somos iguales, porque somos diferentes”

Es inevitable escuchar ecos de la Lacandona en los intentos de Tahir por hacer que la democracia sea democrática y no un significante vacío, es inevitable escuchar en el lenguaje no sexista o en el horizontalismo de las decisiones de la Puerta del Sol o de la Plaza Zucotti la misma dignidad rebelde que hizo a los zapatistas decir “ya basta” y es que los primeros indignados no fueron blancos europeos con Facebook y Twiter, fueron hombres y mujeres indígenas que en muchos casos ni siquiera hablaban una de las lenguas imperiales, sus sueños se decían y se dicen en tojolabal, en quiché o en tzotzil. A partir del año 2004 y tras el fiasco de los Acuerdos de San Andrés y otros intentos de negociación con el gobierno mexicano, los zapatistas se replegaron y se dedicaron a desarrollar formas de autonomía política en los “caracoles”, como llamaron a estas unidades de autogobierno. Este repliegue y la victoria de los gobiernos bolivarianos en el subcontinente hizo a algunos analistas superficiales, como el filósofo Slavoj Zizek, contraponer el modelo indigenista de la Bolivia de Evo Morales con el de los zapatistas y tildar al subcomandante Marcos de superficial e ingenuo por no decidirse a tomar el Estado en buena lógica leninista. No es este el lugar de entrar en esta discusión, pero sí el sitio de decir que ha llegado la hora de dejar de aplicar plantillas y modelos europeos a una realidad que siempre es mucho más compleja que estos modelos, que en el zapatismo hay no sólo mucho que aprender, sino también mucho futuro.

 

En junio del 2005 los zapatistas sacan a la luz la “Sexta declaración de la Selva Lacandona”, al año siguiente y coincidiendo con las elecciones generales del 2006, lanzan “La otra campaña”. En línea con el modelo de organización horizontal y apartidista, “La otra campaña” no se proponía ganar las elecciones, sino más bien ser un espejo de ese México invisible que vive abajo y a la izquierda ignorado por el México de arriba y por los gestores del capitalismo. “¡Viva México!” es un documental que se enfoca justamente en una parte importante del viaje que hace Marcos “el delegado Zero” para unir distintas resistencias al modelo capitalista neoliberal a lo largo de todo el territorio mexicano. No obstante, la función del “Delegado Zero” no era imponer el modelo zapatista a otras comunidades en lucha, sino actuar de espejo y amplificador de esas luchas, acumular suficiente fuerza, rabia y conocimiento para no tener que depender del sistema electoral y de los políticos corruptos para hacer justicia. Al nivel más básico, la cámara de Nicolas Défossé no es más que el espejo de ese espejo, el amplificador de ese amplificador que es el “Delegado Zero”, para que se escuchen y se vean las luchas y los sueños de ese otro México olvidado y despreciado. Y justamente porque la cámara es amplificador solidario, contenedor de sueños y no deseo fálico de saber patriarcal, la película no recurre a la voz en off ni a la narración omnisciente, no da una interpretación final, pero por supuesto toma partido a través del montaje y sobre todo a través de las voces e imágenes múltiples que conforman esta “anti-road movie” que ya no trata, como en el formato Hollywood, de solucionar una crisis de identidad individual, sino que más bien busca una poética visual colectiva, rebelde y zapatista.

Tal vez sorprenda a quienes vean el documental que el viaje empiece en Los Ángeles, pareciera como si empezáramos por el final, pero en realidad Défossé no podría haber escogido un mejor comienzo y ello no sólo por hacer un gesto hacia el México que vive del otro lado de la frontera, sino porque la historia que cuenta el documental es la historia de la “acumulación primitiva”, la historia de un colonialismo que no deja de reiniciarse con cada ciclo de acumulación de capital. En la historia de la acumulación primitiva, Marx explica como el capitalismo opera despojando a los campesinos de la tierra, cercando las tierras comunes, desposeyendo a los trabajadores de sus medios de producción, “liberándoles” del yugo del feudalismo, para transformarles en trabajadores libres, es decir, en cuerpos cuyo único poder es vender su fuerza de trabajo al mejor postor legalizando así distintas intensidades de explotación que van desde la esclavitud al trabajo asalariado y precario. Aún a riesgo de decir lo más obvio, hay que recordar que la inmigración no es un fenómeno atmosférico, no depende de la ira de los dioses o de la buena o mala fortuna de los migrantes, sino que es el producto de la acumulación primitiva, del despojo colonial. y la explotación. Nadie ejemplifica mejor esta dinámica que un señor que el documental encuentra en un parque de Los Ángeles tocando la guitarra. Tras terminar una de sus canciones el señor explica cómo llegó al país como parte del Programa Bracero y cuándo le preguntan si viaja de vuelta a México explica que le devolvieron a Tijuana más de 120 veces y siguió volviendo al Norte, porque el coyote y los inmigrantes “ilegales” los creó JFK cuando decidió cerrar la frontera.

La historia de este señor no es en absoluto independiente del resto de las historias que refleja el espejo caminante del “Delegado Zero”. Sorprenderá a quiénes vean el documental comprobar hasta qué punto la historia del México neoliberal que inauguró la firma de NAFTA es la historia de la intensificación de la acumulación por desposesión, un violento y creciente proceso de saqueo neo-colonial que continúa desplazando a miles de mexicanos que, sin embargo, se resisten a ser simplemente apartados por la mano blanca y criolla del mercado. De este modo, la película muestra, por ejemplo, a un grupo de pobladores pobres en Isla Mujeres, al lado de Cancún, que formaron una comunidad autogestionada y a quienes las autoridades están tratando de desalojar para venderle la tierra a las cadenas hoteleras norteamericanas y españolas, un grupo de pescadores de Nayarit que no pueden seguir subsistiendo a quienes el gobierno quiere desplazar para desarrollar complejos hoteleros, un grupo de vendedoras indígenas ambulantes de Chichén Itzá que el gobierno quiere desplazar para construir un centro comercial, un grupo de ganaderos de Zacatecas que se niegan a instalar más molinos de viento de una empresa española, porque la base de 40 toneladas de cemento seca la tierra y hace su supervivencia imposible, unos campesinos de San Salvador de Atenco que se niegan a vender la tierra para que construyan un aeropuerto. En todos los casos se trata de imponer la ley del dinero sobre los derechos de los pueblos, en todos los casos el turismo se revela como el dispositivo sobre el que operan nuevas formas de dominación y desposesión neo-colonial, como en el caso de Colima donde una erupción del volcán sirvió de pretexto, al más puro estilo de la infame doctrina del shock, para tratar de despojar a la gente de sus tierras.

La racionalización de este despojo pasa, como a menudo menciona Marcos en sus discursos, por la deshumanización del México de abajo. No sólo es que no gobiernen para los de abajo, sino que los consideran feos, sí, feos. Por eso, por ejemplo quieren desplazar a las vendedoras indígenas de Chichén Itza, por eso quieren sacar a los puestos del mercado de Texcoco, porque afean el paisaje y no son buenos para el turismo. La cámara de Déffossé responde a esta ignominia con un sonoro ¡Viva México! que a muchos les sonara a anuncio publicitario, pero que en realidad es una rotunda celebración no sólo de los paisajes de México, sino también de la belleza y la dignidad de sus gentes de las y los que resisten abajo y a la izquierda. Visualmente esto se logra con la atención al detalle, la cámara está siempre ahí mirando sin entrometerse, pero captando la belleza de las manos ajadas por el trabajo pero llenas de dignidad de un poblador de Isla Mujeres, el sonido del hielo raspado del heladero, las manos de un grupo de mujeres haciendo tamales, la mirada de una abuela que cuida de sus nietos mientras sus hijos trabajan, esta no es otra película de paisajes y puestas de sol en México, es la película de las imágenes que el turismo neocolonial y las dinámicas de acumulación primitiva tratan de poner entre paréntesis o simplemente desaparecer.

Pero, sin duda, el momento culminante de “¡Viva México!”, el lugar donde explotan todas las historias que la película va acumulando son los sucesos de San Salvador de Atenco de mayo del 2006 en el Estado de México. El gobierno local de la municipalidad de Texcoco, del PRD, decide sacar a las vendedoras ambulantes del mercado. El Frente de Pueblos Libres de la vecina localidad de Atenco decide acudir en apoyo de las vendedoras. A partir de ese momento, la película recurre a un montaje dialéctico en el que se superponen las imágenes de TV Azteca, una cadena originalmente pública y ahora en manos del Grupo Salinas (otra arista más del proceso de despojo y acumulación primitiva), con entrevistas a miembros del Frente de Pueblos Libres y a participantes de las protestas. Las imágenes de TV Azteca muestran a un grupo de policías corriendo por una carretera acosados por un grupo de manifestantes que les tiran piedras y les persiguen con palos y machetes en ristre. Los presentadores del programa, esas y esos que tan poco se parecen al pueblo mexicano, comentan las imágenes y empiezan a pedir mano dura contra los manifestantes, porque es “una vergüenza ver a la policía correr así”. Un par de escenas más tarde aparece una de las imágenes más brutales de la película es el cuerpo muerto de Francisco Javier, un adolescente de 14 años asesinado vilmente por la policía en Atenco. Mientras volvemos a ver las imágenes filmadas desde el helicóptero de Tele Azteca, escuchamos ahora a una mujer explicar que la narrativa de la cadena de televisión excluye un hecho clave: que lo que enardeció a la gente fue justamente que Francisco Javier ya había muerto, que al final la gente no es capaz de aguantar humanamente todo, porque “no tienen atole en las venas, tienen sangre”.

Al final los granaderos, haciéndose cargo de la narrativa de TV Azteca, entran en Atenco y reprimen con premeditación, alevosía e indiscriminadamente a los habitantes de la localidad; el mismo cuerpo represivo cuya disolución pedían los estudiantes en el 68 y por el cual muchas y muchos fueron masacrados en Tlatelolco. Sin embargo, la película no termina ahí termina con una gran manifestación de apoyo al pueblo de Atenco organizada por “La otra campaña”. Después vinieron las acusaciones e incluso los intentos de incriminar a los Zapatistas en esta sangrienta represión. La película termina con unas imágenes del 2002: un líder del Frente de Pueblos Unidos de Atenco habla con un machete en alto de la defensa de la tierra, su hijo lo abraza resguardando la cabeza en su vientre, la última imagen es la cara de este niño llorando de rabia y dignidad con el puño en alto, como todas y todos los demás, y gritando: ¡Zapata vive, la lucha sigue, sigue! ¡Viva México!” En esa imagen de este extraordinario documental está cifrada la esperanza de un pueblo que no se resiste a vivir de rodillas, la historia sigue abierta.

* Para Daniela Contreras y Jessica, que nos trajeron un pedazo del zapatismo a San Diego a cambio de nada y para todas y todos los zapatistas de San Diego, por todos los eneros zapatistas que nos han brindado en rebeldía.

* Web del documental para más información: http://www.vivamexicofilm.com/esp.html

* Luis Martín-Cabrera es Profesor de Literatura y Estudios Culturales en la Universidad de California, San Diego.

* Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.

El Estado del crimen organizado

* De unos 50 mil asesinatos registrados desde 2006, las autoridades han investigado menos de un 10% de los casos. Durante el mismo período, más de 4 mil quejas han sido presentadas por civiles contra los militares; y un solo oficial ha sido declarado culpable hasta ahora.

 

Paul Imison/ CounterPunch/ Traducido del inglés para Rebelión por Germán Leyens

La misma semana en que una coalición de activistas mexicanos apeló a la Corte Penal Internacional (CPI) para que investigara por crímenes de guerra al presidente Felipe Calderón, un destacado miembro del movimiento por la paz del país fue asesinado a tiros en el estado septentrional de Sonora. Fuera de las repercusiones en todo el movimiento por la paz, representa un ejemplo más de la frágil seguridad pública en un país en el que ha habido unos 50 mil homicidios desde 2006.

La petición, con 23 mil firmas –la mayor queja ciudadana jamás presentada al CPI– insta a la Corte a que investigue tanto a los jefes del crimen organizado como a los actores estatales por crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad durante los cinco años de la “Guerra de la Droga”. Desde diciembre de 2006, el presidente Calderón ha desplegado unos 50 mil soldados y agentes federales por todo el país a fin de tomar medidas contra los narcotraficantes, y desde entonces hace tiempo que la violencia se ha salido de todo control.

El destacado activista por la paz Nepomuceno Moreno Núñez fue asesinado el martes pasado por siete disparos de pistoleros mientras conducía por la ciudad de Hermosillo. Se había unido al movimiento por la paz de base ciudadana “No más sangre” después de la desaparición de su hijo el año pasado. Las autoridades habían negado repetidamente dar protección policial a Moreno a pesar de múltiples amenazas contra su persona y su familia por su papel en la campaña.

Reina la impunidad. Lejos de condenar la ejecución de Moreno, el procurador general de Sonora, Abel Murrieta Gutiérrez, simplemente informó en una conferencia de prensa de que la víctima tenía antecedentes criminales: fue arrestado y encarcelado en 2005 por llevar armas de fuego. Murrieta no mencionó que Moreno fue posteriormente liberado de la prisión y absuelto de las acusaciones.

El Movimiento Por la Paz, que se opone a las bandas de la droga y a la política de militarización del gobierno, ganó fuerza en mayo con una marcha de 100 mil manifestantes a la plaza del Zócalo de Ciudad de México. Fue organizada por un poeta llamado Javier Sicilia, quien se ha convertido en el líder simbólico del movimiento desde que su hijo fue asesinado antes este año en un caso aparente de identidad equivocada.

“Su familia está aterrorizada”, dijo Sicilia en la televisión nacional en respuesta al asesinato de Moreno. “Esto es colusión con el crimen. De otra manera, no es posible que un hombre sea asesinado de esta manera… No sé dónde termina el Estado y comienza el crimen organizado”.

Irónicamente, Moreno fue uno de varios representantes del movimiento que se reunieron públicamente con el presidente Calderón en julio. Sintiendo el creciente ímpetu de la campaña, el gobierno actuó para cooptarla, complaciendo a Sicilia y sus compañeros con una elegante operación de relaciones públicas en el Castillo Chapultepec de Ciudad de México.

Pero Sicilia y muchos como él no se han apartado de su posición. Desde la marcha inicial en mayo, el movimiento ha organizado “Caravanas por la Paz” que han recorrido México para promover una estrategia alternativa en la “guerra contra la droga”.

En Guadalajara la semana pasada, Sicilia propuso una tregua entre las bandas de la droga y las autoridades que dure dos días después de Navidad (24-25 de diciembre) mientras los principales actores reflexionan sobre la destrucción que han causado. Una banda –los Caballeros Templarios del estado de Michoacán– incluso ha afirmado que respetará el alto el fuego, siempre que el gobierno haga lo mismo.

No solo el grave fracaso de la política de seguridad del gobierno provoca la inquietud de tantos mexicanos, sino también el acopio de evidencia de colusión gubernamental con el crimen organizado. Los dos principales partidos políticos –el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido de Acción Nacional (PAN)– tienen ambos una historia de acuerdos de capa y espada con organizaciones del narcotráfico, respaldando a menudo a un grupo para eliminar a otro. El PAN de Felipe Calderón, en el poder desde el año 2000, ha sido repetidamente vinculado a la mayor organización criminal del país, el Cártel Sinaloa; dirigido por el miembro de la Lista de Ricos de Forbes, Joaquín “El Chapo” Guzmán.

Como resultado de esta frustración una coalición de activistas, abogados, académicos y periodistas comenzó a recolectar firmas para pedir a la Corte Penal Internacional que investigue a Calderón, junto a otros funcionarios gubernamentales y destacados capos de la droga, por su papel en la violencia. Netzai Sandoval, el abogado que representa la queja, argumenta que ambos lados han sido cómplices en asesinatos, violaciones, desapariciones forzosas, torturas y ataques contra la población civil.

Las estadísticas hablan por sí solas. De unos 50 mil asesinatos registrados desde 2006, las autoridades han investigado menos de un 10% de los casos. Durante el mismo período, más de 4 mil quejas han sido presentadas por civiles contra los militares; y un solo oficial ha sido declarado culpable hasta ahora. En uno de los casos más notorios, los soldados mataron a dos estudiantes universitarios en Monterrey y luego colocaron armas en la escena para que pareciera que se trataba de pistoleros, matices del escándalo de los “falsos positivos” en Colombia.

La Corte Penal Internacional ha investigado hasta ahora a ocho países por crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad o genocidio, siete de los cuales son naciones africanas. Tres de estos casos fueron presentados por los Estados en cuestión, dos por el Consejo de Seguridad de la ONU y dos por fiscales de la CPI. La corte solo puede investigar a países que sean parte del Estatuto de Roma que la fundó y, a diferencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, solo puede considerar casos contra individuos, no Estados.

Sandoval presentó a la CPI una lista de nombres involucrados a ambos lados del conflicto de la “Guerra de la Droga” de México, desde Calderón y sus ministros de Seguridad Pública y Defensa a varios destacados capos de la droga, lo que suscita la provocadora, aunque improbable, imagen de Calderón y “El Chapo” Guzmán compartiendo el banquillo de los acusados en La Haya.

La petición también acusa al Estado mexicano de ignorar los derechos de migrantes, tanto mexicanos como centroamericanos, que arriesgan a diario secuestros, golpizas, extorsión y muerte mientras transitan por el país. La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) del gobierno informó de 214 casos de secuestros masivos solo en 2010, con un total de 11 mil 333 víctimas.

Semejantes abusos se pierden frecuentemente en la bruma de la cobertura noticiosa sobre la violencia relacionada con la droga, aunque ocasionalmente son lo mismo. El espantoso descubrimiento de 193 presuntos migrantes en una fosa común en agosto –una masacre generalmente atribuida al cártel de la droga de los Zetas– llegó a los titulares de todo el mundo.

No obstante, numerosos expertos internacionales en derecho dudan de hasta qué punto tendría éxito una investigación de México por la CPI si, por cierto, la Corte encuentra motivos para procesar en absoluto. Sobre la base de su historia reconocidamente breve, el CPI prefiere investigar una gama específica y limitada de crímenes y se reserva el derecho de rechazar casos que no correspondan a su “umbral de gravedad” (se negó a investigar a las fuerzas de la coalición en Iraq dando ese motivo). La corte recibe hasta 3 mil quejas individuales cada año, y abre investigaciones en no más de doce.

Un profesor de derecho internacional de la Universidad Middlesex de Gran Bretaña dijo al Guardian inglés que: “[Hasta ahora] el fiscal se ha concentrado mucho en África. El modelo es que se mantiene dentro de la zona confortable para EU… el enjuiciamiento de mexicanos por la guerra contra la droga cae fuera de esa zona confortable”.

Para ilustrar el punto, la CPI ha estado realizando investigaciones preliminares respecto a Colombia, que tiene el peor historial de derechos humanos en Latinoamérica, desde 2006. Las autoridades estatales han sido acusadas de utilizar la doble guerra contra el narcotráfico y las guerrillas izquierdistas como cobertura para todo tipo de abusos contra dirigentes sindicales, movimientos sociales y comunidades marginadas. Como México, sin embargo, Colombia ha recibido miles de millones de dólares de ayuda estadounidense para comprar equipamiento militar y es presentada por Washington como “una de las principales democracias de la región”.

El gobierno de Calderón salió a luchar contra las afirmaciones, calificó de “absurda” la petición a la CPI y amenazó con acción legal contra los organizadores. Cuanto más se critica al PAN, más derechista se vuelve. El miércoles pasado en el Senado, el partido argumentó una vez más a favor de una legislación que califique como terroristas a los movimientos sociales que “presionan a las autoridades con sus demandas”; un agregado a anteriores reformas contra el terrorismo. Va más allá de la ironía; el período de seis años de Calderón comenzó con protestas masivas y exigencias de un recuento después de ser acusado de victoria fraudulenta sobre su rival de izquierdas.

Es poco probable que la reforma se imponga sobre los oponentes políticos, pero provoca la pregunta de qué constituye exactamente “terrorismo” en un país en el cual la impunidad, la corrupción y el asesinato son eventos diarios.

* Periodista radicado en Ciudad de México. Para contactos: paulimison@hotmail.com.

* Fuente: http://www.counterpunch.org/2011/12/06/mexicans-call-on-int%E2%80%99l-criminal-court-to-investigate-both-mexican-state-and-drug-gangs/

Tratos con el diablo

* En abril de 2009, el presidente Obama viajó a México para su primera visita de Estado. Se negó a restablecer la prohibición estadounidense de armas de asalto pero prometió ayuda al gobierno mexicano en su concentración en el contrabando de armas y tráfico de armas. En otoño, la filial de Phoenix de la Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego lanzó la Operación Rápido y Furioso.

Michelle Garcia/ Salon/Alternet/ Traducido del inglés para Rebelión por Germán Leyens/

Un comandante del ejército mexicano enviado para proteger una región de aldeas y ranchos en el norte de México contra el Cártel del Golfo y los Zetas puede describir, en detalle, el perfil de su enemigo asignado, los cárteles de la droga de peor fama del país.

“Esos sujetos están mal de la cabeza”, dice, mirando a la maleza y al mezquite desde detrás de sus gafas de aviador, hacia los campos del “enemigo”. “Siguen un ideología enfermiza, son animales”. Sin perder el ritmo, sigue diciendo: “Mire, no hay empleo, la pobreza es terrible; no hay suficientes escuelas. No hay nada para estos chicos y los cárteles les ofrecen un empleo. Les dicen: ‘Puedes tener cualquier tipo de todoterreno que quieras’, afirma. “¡Les pagan más que lo que cobramos nosotros!”.

El comandante y sus soldados vigilan un parque a orillas del lago cerca de esta aldea colonial, proporcionando seguridad para el torneo anual de pesca. Burócratas del departamento de turismo estatal y soldados, algunos de ellos a cargo de ametralladoras montadas en vehículos militares, exceden vastamente en número a los pocos turistas. A pesar de ello, periodistas de TV Azteca preparan un informe promocional sobre el evento, una imagen que se esfuerza por convencer a los turistas de que la “frontera chica”, el apodo para esta área fronteriza, es segura y lista para recibir turistas. El año pasado, cuando el Cártel del Golfo y los Zetas lanzaron su sitio de la frontera chica, el entonces gobernador de

Tamaulipas descartó los informes de decapitaciones, coches incinerados y tiroteos como solo “paranoia colectiva”.

Ese es el panorama de la violencia en México, un campo de batalla distorsionado de propaganda, impunidad y duplicidad en medio de la muerte. Ese es el conflicto en el cual el gobierno de EU se ha visto firmemente involucrado durante los últimos cuatro años desde que el recién elegido presidente Felipe Calderón lanzara su controvertida “guerra contra los cárteles de la droga” respaldada por EU. El conflicto ha costado entre 40 mil y 50 mil vidas y la violencia ha empeorado con el despliegue militar estadounidense-mexicano, según un reciente informe sobre la violencia global de la Delegación de Ginebra. La violencia en algunas partes de México sobrepasa ahora los niveles de muchas zonas de guerra.

En Washington, expertos y políticos golpean los tambores de guerra pidiendo más intervención. El representante Michael McCaul, republicano de Texas, convocó recientemente audiencias sobre una ley para calificar de “terroristas” a grupos del crimen organizado de México.

El general en retiro, Barry McCaffrey, ex zar de la droga, habló ante una reciente conferencia sobre crimen y terrorismo en la Universidad George Washington para dar la alarma sobre una “amenaza a través de la frontera”, y dijo: “En nombre de Dios, esa gente lucha por sus vidas, están siendo asesinados, esos hombres y mujeres del mantenimiento del orden público… tenemos que apoyarlos”.

Mientras tanto, los republicanos disparan munición política contra el gobierno de Obama y el Fiscal General Eric Holder, en particular por la catastrófica Operación Rápido y Furioso del Departamento de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos [AFT, por sus siglas en inglés], la versión 2.0 de la operación Wide Receiver del gobierno de Bush en 2007. Ambas enviaron armas de alto calibre a México y a las manos ansiosas de criminales. Bajo Rápido y Furioso, las armas fueron enviadas en su mayor parte al cártel Sinaloa, un sindicato de narcotráfico que se convirtió en una fuerza formidable en la última década.

Algunos en Washington han sugerido que la guerra tal como la libra Calderón, respaldado por EU, ha protegido efectivamente al cártel Sinaloa. Cuando le preguntaron sobre las afirmaciones en la conferencia, el general McCaffrey respondió enigmáticamente: “Casi nada en la vida es sí o no”.

Habla un capo del cártel

Desde dentro de la sala de un tribunal en Chicago, un capo de alto nivel del cártel Sinaloa basó su defensa en la denuncia del tenebroso funcionamiento interno del crimen organizado y de la estrategia del gobierno de EU en México. Un televisor transmite la imagen de

Jesús Vicente Zambada Niebla, su frágil imagen vestida de una camisa blanca de modelo carcelario, de una prisión de mínima seguridad en Michigan donde los funcionarios transfirieron a Zambada para darle acceso a aire fresco mientras minimizaban el peligro de una fuga o asesinato.

Zambada fue supuestamente un importante agente del cártel. Dicen que manejó la logística del transporte de heroína y cocaína a Chicago y entregaba los ingresos de las ventas de la droga –unos mil 300 millones de dólares en tres años– a dos dirigentes del cártel Sinaloa, Ismael “Mayo” Zambada García y Joaquín “Chapo” Guzmán.

El caso Zambada ha electrificado a la clase política mexicana y confundido a la prensa estadounidense después que sus abogados afirmaron que agentes del gobierno de EU aprobaron sus operaciones criminales. Abogados de la defensa han demandado documentos del gobierno relacionados con operaciones que permitieron que armas llegaran a manos del cártel Sinaloa y con informantes del gobierno responsables por asesinatos y transporte de drogas. Zambada y sus abogados argumentan que el gobierno de EU ha ayudado efectivamente al cártel Sinaloa, o que por lo menos condonó su actividad criminal. La defensa de Zambada, en esencia, es una ofensiva legal mexicana contra las tácticas de EU en la guerra contra los cárteles.

Es una lucha legal sin escrúpulos. De un lado hay dos veteranos abogados del crimen organizado, George Panzer y George Santangelo (a quien un juez neoyorquino describió una vez como abogado de la empresa de John Gotti). Por la otra está el fiscal federal

Patrick Fitzgerald, mejor conocido por haber encausado el atentado del World Trade Center de 1993 y por la preparación de la primera acusación contra Osama bin Laden. Los fiscales de EU dicen que el argumento de Zambada se basa en “el pretexto infundado e implausible de que un agente autorizado del gobierno de EU aprobó que no solo el acusado, sino la totalidad de una de las mayores organizaciones criminales del mundo, traficaran con cantidades ilimitadas de drogas”.

Sin embargo, las sospechas mexicanas respecto a las acciones de EU son mayores que nunca. Como la desastrosa operación Rápido y Furioso de AFT que lanzó miles de armas a las calles de México, el caso Zambada tiene grandes implicaciones para las relaciones entre EU y México. Luis Astorga, autor e investigador del narcotráfico, dice que los mexicanos pueden comenzar a ver un aliado con dos caras: “una amistosa que quiere apoyar las instituciones de México, y la otra que hace tratos y emprende operaciones como Rápido y Furioso”, dijo. “Si resulta que hubo algún tipo de acuerdo, sería un golpe bajo contra México porque el que paga el coste en sangre y política es México, no EU”.

El informante como traficante

El caso Zambada se basa en gran parte en su relación con el abogado mexicano y antiguo confidente llamado Humberto Loya. En 1998, cuando Loya enfrentaba la acusación federal en San Diego por acusaciones relacionadas con la droga, se reunió con agentes de la DEA en la ciudad mexicana de Monterrey y se alistó como informante. Los agentes de la DEA arreglaron el caso con el comité de Revisión de Actividades Confidenciales del Departamento de Justicia, que supervisa operaciones potenciales controvertidas o de alto riesgo.

Según el acuerdo sometido al tribunal, se autorizó a Loya a comprar y entregar drogas y a infiltrar cárteles de la droga. Según la defensa, lo que no ha sido rebatido hasta ahora por el gobierno, Loya suministró a contactos con la DEA información sobre cárteles rivales. La información provenía de Zambada, su padre, Ismael “Mayo” Zambada, y del propio Joaquín “Chapo” Guzmán. Los abogados de Zambada dicen que los agentes estadounidenses sabían que la información provenía de Zambada y Guzmán quienes dieron su beneplácito al alcahueteo de Loya, ellos también están cubiertos por el trato – un acuerdo implícito.

El gobierno mexicano no estaba al corriente respecto al acuerdo. Por cierto, Zambada dice que agentes estadounidenses informaron a Loya y al cártel de Sinaloa sobre operaciones mexicanas de mantenimiento del orden público. Según un agente de la DEA que habló bajo condición de anonimato, los acuerdos con informantes son hechos a la medida de cada caso, y el narcotráfico de los informantes solo es permitido bajo los ojos vigilantes de los agentes.

“Todo lo que hacen es bajo nuestra dirección”, dijo. “No los vamos a dejar libres para que hagan lo que les venga en gana”.

Es concebible, dijo el agente, que los agentes de la DEA hayan sobrentendido que Loya estaba cooperando con el permiso expreso de Chapo Guzmán. Se negó a comentar sobre si los acuerdos entre funcionarios estadounidenses e informantes del cártel eran mantenidos secretos ante el aliado ostensible de EU, el gobierno mexicano.

“Mire, precisa tipos malos para llegar a los tipos malos”, dijo un agente del orden público ocupado del narcotráfico en la frontera de Texas. “A veces hay que hacer un trato con el diablo”.

Para Loya su cooperación valió la pena y las acusaciones fueron descartadas. La acusación federal de 1998, que también menciona a Chapo Guzmán, reveló las confortables relaciones que el cártel de Sinaloa tenía con algunas personas del gobierno mexicano. Loya era supuestamente responsable del pago a funcionarios mexicanos para asegurarse de que cargamentos de droga no fueran interceptados, según archivos del tribunal. Y si un miembro del cártel de Sinaloa era arrestado, Loya simplemente sobornaba as funcionarios en la oficina del fiscal general de México, para tener acceso a los archivos a fin de alterarlos.

“Los propios cárteles no son poderosos”, dice la periodista investigativa Anabel Hernández, autora de Los Señores del Narco, un libro popular sobre los dirigentes de los cárteles. “Si Chapo no dependiera de la protección del gobierno mexicano, no podría haber crecido tanto o ser capaz de comprar tanta droga. Chapo estudió hasta el tercer grado. El poder que tiene no se debe a que el gobierno mexicano sea tonto. Se debe a la corrupción”.

Agentes del ICE escuchan un asesinato

Los abogados de Zambada han resucitado algunos casos menos conocidos de relaciones de informantes que han ido mal, citándolos como ejemplos de agentes estadounidenses que hacen caso omiso ante la actividad criminal – a menudo en beneficio del cártel de Sinaloa.

En Ciudad Juárez, el ex jefe de policía Jesús Fierro-Méndez recibía órdenes de Guzmán mientras suministraba al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EU. (ICE, por sus siglas en inglés) información sobre el rival cártel de Juárez mientras contrabandeaba droga para el cártel Sinaloa. Agentes de la DEA terminaron por arrestar a Fierro-Méndez.

Más notorio fue Guillermo Ramírez Peyro, alias Lalo. Sirvió como informante 913 de EU para el ICE. También compró la cinta y la cal viva utilizadas para disolver por lo menos un cuerpo en la infame “Casa de la Muerte” en Juárez en 2003, donde la policía encontró los restos de 12 personas. Según las informaciones agentes del CIE en El Paso escucharon durante un asesinato en el que Ramírez estuvo presente. Los agentes hicieron lo posible por proteger a su informante. El veterano periodista sobre el narcotráfico Alfredo Corchado de Dallas Morning News informó que después del descubrimiento de la “Casa de la Muerte”, los agentes adulteraron un memorando interno para que pareciera que Ramírez solo “supervisó” en lugar de haber participado activamente.

El gobierno de EU colaboró con Ramírez durante cuatro años, según documentos judiciales en su caso de inmigración. Agentes del ICE le otorgaron inmunidad y 220 mil dólares en efectivo a cambio de información sobre el rival cártel de Juárez. Su información llevó a más de 50 arrestos. Este año Ramírez fue liberado de un centro de inmigración después de seis años de detención. Funcionarios de EU aceptaron anular su orden de deportación citando el riesgo de muerte por el gobierno mexicano o el crimen organizado. No cumplió ninguna condena por los asesinatos. Ha solicitado una tarjeta verde de EU.

“Armamos al cártel… repugnante”

El caso de los policías corruptos llegó a juicio mientras el cártel de Sinaloa libraba una violenta ofensiva para capturar la lucrativa ruta de Ciudad de Juárez del cártel de Juárez, con la ayuda aparente de los militares mexicanos. Según un cable diplomático estadounidense de 2009 publicado por WikiLeaks, el ejército hizo poco por acabar con la violencia: “Existe la opinión generalizada de que el ejército se siente a gusto al permitir que los cárteles de Sinaloa y Juárez disminuyan mutuamente su fuerza mientras luchan por el control de la plaza (con el corolario de que al ejército quisiera que venciera el cártel de Sinaloa)”.

En abril de 2009, el presidente Obama viajó a México para su primera visita de Estado. Se negó a restablecer la prohibición estadounidense de armas de asalto pero prometió ayuda al gobierno mexicano en su concentración en el contrabando de armas y tráfico de armas. En otoño, la filial de Phoenix de la Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego lanzó la Operación Rápido y Furioso que envió unas 2 mil armas de fuego de alto poder a México al permitir que testaferros –intermediarios– realizaran compras de armas y las entregaran a grupos del crimen organizado. La idea catastróficamente descaminada era rastrear las armas hasta los cárteles de la droga.

Los agentes supieron casi de inmediato que las armas terminaban en manos del cártel de Sinaloa, según un informe de una investigación del Congreso. El agente de la ATF, José Wall, escribió en un correo electrónico: “[el jefe del cártel de Sinaloa] se arma para una guerra”. En una audiencia del Congreso, el agregado de la ATF Carlos Canino testificó: “Armamos al cártel [de Sinaloa]. Es repugnante.”

Unas 200 personas fueron halladas muertas en escenas del crimen en las que se encontraron armas vinculadas a la Operación Rápido y Furioso. Hasta la fecha, se ha recuperado la mitad de las armas.

La investigación de Rápido y Furioso ha revelado perspectivas dispares de la violencia en México tal como es vista en EU y en ese país.

“No puedo ver a nadie que tenga un ápice de preocupación por la vida humana que esté de acuerdo con esto”, dijo el denunciante John Dodson. Pero informes del Congreso muestran que en su busca de “gente más importante” el gobierno de EU prestó poca atención a las muertes de mexicanos. Dodson testificó que el supervisor de la ATF, David Voth “estaba jovial, si no mareado… porque, 20 de nuestros fusiles fueron recuperados anoche con 160 kilos de droga en México”.

Para algunos agentes de la ATF la presencia de armas de fuego de Rápido y Furioso en las escenas del crimen significaba que su plan daba resultados; que estaban estableciendo una conexión entre los testaferros bajo vigilancia y las organizaciones de narcotráfico. La ATF terminó la operación recién en diciembre de 2010, cuando un estadounidense, un agente de la Patrulla de Fronteras llamado Brian Terry, fue muerto con un arma vinculada a la operación.

Vacíos en la defensa

La defensa de Zambada, si el caso llega a juicio –ambas partes han emprendido tres veces negociaciones de un trato– será puesta a prueba ante el tribunal en la próxima primavera. Lo que los abogados de Zambada han sugerido como señales de complicidad podría ser el resultado de la falta de compartimiento de información y de coordinación que mortifica desde hace tiempo a las agencias de inteligencia, como lo citan auditorías del gobierno. El Centro de Inteligencia de El Paso, ubicado al otro lado del río de Juárez, que alberga 21 agencias con el objetivo de impedir el tráfico de drogas, armas y seres humanos, fue criticado mordazmente el año pasado por el inspector general del Departamento de Justicia por su inefectividad.

No cabe duda de que Zambada se movía en un mundo traicionero. Justo antes del fin de Rápido y Furioso en diciembre de 2010, sus abogados se reunieron con el informante Loya en el hotel Four Seasons en Ciudad de México. Se dice que en una declaración jurada presentada al tribunal, Loya dijo que agentes de la DEA le advirtieron que sería desastroso para todos si se descubrían vínculos entre el gobierno de EU y el cártel de Sinaloa. Un abogado de la defensa que sirvió de intérprete firmó una declaración jurada a ese efecto, pero no Loya. Rechazando el argumento, el gobierno dice que Loya dijo a los agentes que no estaba de acuerdo con las afirmaciones de inmunidad de Zambada y ofreció reunirse con fiscales del gobierno para “decir la verdad”. El gobierno, por su parte, no grabó esas conversaciones con Loya, según documentos del tribunal. Finalmente, Loya anuló la reunión con los fiscales del gobierno, supuestamente por temor a la venganza. Y por ahora parece que ambas partes se quedaron con las manos vacías.

Ambas partes están de acuerdo en lo siguiente: El 18 de marzo de 2009, Loya acompañó a Zambada al Hotel Four Seasons en Ciudad de México para reunirse con agentes de la DEA, y comenzar conversaciones sobre una relación “directa” como informante. Noticias de la reunión fueron filtradas a un periódico mexicano lo que llevó a que un supervisor de la DEA cancelara el plan. Pero Loya, según el gobierno, hizo caso omiso de las órdenes de no llevar a Zambada y todas las partes cruzaron sus caminos esa noche. Zambada fue arrestado solo cinco horas después de la reunión.

El argumento de Zambada es que EU hace un doble juego cuando se trata del cártel Sinaloa, e incluso el presidente Calderón no está en desacuerdo. Chapo Guzmán, el capo de la droga más buscado “no está en territorio mexicano, y supongo que Chapo está en territorio estadounidense,” dijo recientemente Calderón al New York Times.

A lo largo de la frontera

Mientras las barcas de pesca circulan por el lago cerca de Ciudad Mier, el comandante y yo discutimos la inminente llegada de unos 600 soldados que habían partido recientemente con gran fanfarria de Ciudad de México. Se esperaba que Calderón inaugurara los recién construidos barracones militares. A largo plazo, si los soldados expulsan al cártel del Golfo y a los Zetas, el área estaría en su punto para tomar posesión. Pero eso es solo más especulación en el mundo misterioso de las guerras de la droga, donde los sujetos malos pueden ser albergados por cualquier.

El comandante caminó hacia el lago y con los dos soldados que le siguen por doquier, imita un disparo a los cercanos patos negros y se ríe. Luego se agacha, selecciona una piedra de buen tamaño, la hace girar en su mano, se pone en posición de pítcher y lanza la roca a los patos. A pesar de todo el teatro, la piedra no llega a su objetivo, y causa ondas en el agua, asustando a unos pocos patos rezagados, pero parece que el grupo principal apenas se inmuta.

* Michelle García es periodista y directora del documental Against Mexico-the making of Heroes and Enemies que es transmitido actualmente por PBS.org. Actualmente trabaja en un libro sobre la masculinidad y la frontera EU-México.

Fuente: http://www.alternet.org/story/153110/

El terror

* Actualmente los narcos ya no son únicamente traficantes de sustancias ilícitas. La acumulación primitiva que han realizado en tan poco tiempo les permite controlar sectores enteros de la vida social, invertir donde quieren y gravar con impuestos lo que quieren. Los narcos son al día de hoy un poder que ha penetrado una sociedad metódicamente desarmada. La fuerza capaz de oponérsele no vendrá de arriba, del Estado, sino de abajo, de comunidades organizadas y armadas dispuestas a defender su territorio. El monopolio de la violencia que caracteriza al Estado ya no tiene en México nada de legítimo.

 

 

Alèssi Dell’Umbria

2010 iba a ser un año excepcional, de hacer caso a los paneles informativos que el gobierno habíainstalado a lo largo de las autopistas: un México moderno iba a celebrar al mismo tiempo elbicentenario de la guerra de la Independencia y el centenario de la Revolución. Y, ciertamente, ha sido un año excepcional. Cada año, el seis de enero, los niños que acuden a los pies del Ángel de la Independencia, en ciudad de México, depositan sus cartas a los Reyes Magos. «Queridos Reyes Magos, no queremos la guerra de Calderón», ésa era la carta para el año 2011, escrita en la pancarta que portaba un niño de diez años. Si México aún existe en 2110, 2010 se recordará comouno de los años más sangrientos de toda su historia. La «guerra al narcotráfico» ha causado a día de hoy 34 mil muertos y casi la mitad han sido asesinados en 2010. Una gran parte de esos muertos se consideran «daños colaterales».

¿Es preciso hacer las espantosas cuentas? El 22 de octubre de 2010, el periódico Reforma computaba 9 mil 598 ejecuciones en el país desde el 1 de enero. Pero la cuenta aumenta cada hora que pasa; aquel mismo día, 14 adolescentes eran asesinados en una fiesta de cumpleaños en Ciudad Juárez, Chihuahua. El día 24, 13 jóvenes que completaban un programa de desintoxicación eran asesinados en un centro de rehabilitación en Tijuana, Baja California. El 28, un grupo de pistoleros atacaba tres autocares que transportaban al personal de una maquiladora de Ciudad Juárez, matando a cinco obreros e hiriendo a catorce. El 30, 15 jóvenes, de los cuales 11 seguían un programa de desintoxicación, eran asesinados en un carwash en Tepic, Nayarit. En enero de 2011, el portavoz del gabinete de seguridad nacional ha reconocido 13.593 ejecuciones para todo el año 2010, lo que significa por lo tanto, si se compara esta cifra con la del diario Reforma, 3 mil 995 ejecuciones solo en las diez últimas semanas del año.

Quienes sólo están de paso hacia los Estados Unidos tampoco se libran del peligro. Los Zetas, con la evidente complicidad de la policía, controlan la extorsión a los inmigrantes y ejecutan a los recalcitrantes. En el mismo mes de octubre de 2010 se descubrió una fosa en San Fernando (Tamaulipas), a un centenar de kilómetros de la frontera, y en ella se encontraron los cadáveres de 72 inmigrantes centroamericanos. Hay que suponer que esa fosa era un mensaje.

Cuanto más se acerca la frontera, más se concreta el peligro. La frontera ya no es solamente una línea de demarcación entre el primer mundo y el resto, hecha de muros y de alambradas de espino. La frontera se ha convertido en una relación social, que implica violencia -quienquiera que explote la frontera traficando en ella ha de controlar las vías de paso, eliminar a la competencia e intimidar a los malos pagadores. La droga, al igual que el inmigrante clandestino, es una mercancía, y ambos multiplican su valor por el simple hecho de pasar la frontera. En cierto punto, sin embargo, la balanza comercial entre ambos lados tiende a equilibrarse: si la droga latina cruza la frontera en un sentido, las armas de fabricación yanki la cruzan en el inverso.

La paranoia, inherente a la nación americana, contamina México no a pesar de la frontera, sino gracias a ella. En los últimos años, varias películas han ilustrado bien esta esencia paranoide de la frontera, como No es país para viejos, de los hermanos Cohen, o Los tres entierros de Melquíades Estrada, de Tommy Lee Jones. La novedad de la guerra de Calderón, que dio comienzo hace cuatro años, deriva de que la lógica de la frontera se está extendiendo mucho más allá de la línea fortificada, con el objetivo de convertir los Estados del norte de México en la zona de seguridad de los Estados Unidos. Esas fueron las consignas que Felipe Calderón recibió de George Bush en 2006. Pero cuanto más extenso el glacis de seguridad alrededor de la frontera, más provecho sacan los mercaderes que la cruzan (así, un pollero que ganaba 600 dólares por llevar a un inmigrante clandestino de Tijuana a Los Ángeles hace unos quince años, ganará -ahora que los controles se han multiplicado- no menos de 2 mil). No hay pues ninguna razón para que este circuito infernal se agote. Todo esto tiene un coste social: a día de hoy, según afirman hasta los muy prudentes observadores de la ONU, México se encuentra al nivel de Iraq y de Afganistán en materia de violencia.

La guerra del narcotráfico quedará como el gran logro del presidente Felipe Calderón. El candidato del PAN (Partido de Acción Nacional), elegido en medio de un gigantesco fraude electoral en 2006, dirige desde entonces el país en consonancia. La corrupción de los cuerpos de policía fue el argumento que permitió desplegar al ejército en todo el país bajo el pretexto de desmantelar los cárteles de la droga. Está claro que la policía saca tajada, de eso no cabe ninguna duda; en 2009 más de 2 mil policías fueron expulsados del cuerpo e incluso denunciados por colusión con alguno de los grupos criminales… Pero éstos sólo son los subalternos: los «arrepentidos» han terminado por confirmar lo que se rumoreaba, a saber, que desde hace años los altos mandos de la policía escoltan los convoyes de la droga hacia los Estados Unidos y garantizan la protección a los big bosses.

¿Estaría el ejército al margen? El hecho de que los narcos dispongan de armamento y munición directamente proveniente de los arsenales militares tiende a probar lo contrario, y más todavía el hecho de que unas cuantas decenas de tránsfugas del cuerpo de élite del ejército, los «Grupos Aeromóviles de Fuerzas Especiales» (GAFES) creasen en 1999 una de las organizaciones criminales más temibles del país, los Zetas, grupo de asesinos inicialmente al servicio del cártel del Golfo. Recordemos igualmente que los GAFES, de los que han surgido los Zetas, fueron creados en 1995 para luchar específicamente contra la insurrección en Chiapas, y fueron entrenados en los Estados Unidos y en Israel. El ejército americano hace también su aportación, ya que muchos chicanos exmarines, a la vuelta de Irak o de Afganistán, venden sus servicios a alguno de los cárteles mexicanos.

Actualmente, uno de cada tres detenidos por participación en el narcotráfico forma o ha formado parte de un servicio de policía o de un cuerpo del ejército -hasta tal punto es más provechoso para los cárteles contratar a un madero o a un soldado ya formado en lugar de tener que preparar un asesino. Por otra parte, es sabido que la casi totalidad de los servicios de inteligencia del Estado, policiales o militares, venden a alguno de los cárteles información indispensable para poder localizar y eliminar a la competencia.

El aparato de justicia está igualmente corrupto, con sus magistrados perfectamente capaces de fabricar cargos imaginarios para encarcelar a los rebeldes, pero curiosamente incapaces de encarcelar a ciertos asesinos con decenas de homicidios a sus espaldas. Los fiscales, siempre prestos a joder a la gente humilde por sumas irrisorias, son igualmente incapaces de detectar los millones de dólares del narcotráfico invertidos a la vista de todo el mundo en mansiones de lujo, en flotas de automóviles, hoteles, restaurantes, etc.

Por lo demás, el término corrupción se queda corto cuando se trata más bien de complicidad activa por parte de los servicios del Estado y de cada uno de los tres grandes partidos políticos. A nivel federal, no ha habido, desde hace mucho tiempo, un presidente que no haya tenido vínculos privilegiados con uno u otro cártel. Hasta tal punto que se dice que si nadie ha conseguido detener al «Chapo» Guzmán, huido desde 2001, es porque cuenta con el favor del gobierno -cosa que se confirma ante el escaso número de miembros del cártel de Sinaloa detenidos, en comparación con el resto. Desde el más modesto escalón del poder político hasta el más alto, si uno sale elegido es por medio de la corrupción y la intimidación, y eso cuesta dinero. Un dinero que, obviamente, no puede declararse.

Todo habría ido a pedir de boca en el peor de los mundos, donde toda la clase política recibía subvenciones de los narcotraficantes. Pero el gran hermano yanki, en lugar de apechugar con la «guerra al narcotráfico» en el interior de sus propias fronteras, prefiere exportarla al otro lado. El asunto es neutralizar un país que, desde 1994, es un polvorín. El resultado es que desde hace cuatro años todo México, y especialmente el norte del país, vive en un estado de excepción no declarado.

El artículo 29 de la Constitución autorizaría al poder legislativo a declararlo; los generales mexicanos, molestos por no tener ningún marco legal preciso que respalde su actuación, estarían a favor. En realidad, la declaración no sería más que una formalidad jurídica, y el gobierno también puede ahorrársela. El general Guillermo Galván, Secretario de la Defensa Nacional, ha declarado en enero de 2011 que la presencia militar en las calles del país va a tener que prolongarse todavía diez años. El general lamenta que tenga que ser así, y sugiere que una colaboración más estrecha con los Estados Unidos podría acortar ese tiempo. Afirma estar dispuesto a aceptar cualquier propuesta en ese sentido. Este pequeño chantaje parece preparar el terreno a una presencia militar norteamericana en el territorio mexicano, conforme a los preceptos aplicados en Colombia, donde desde 2009 se han instalado una decena de bases americanas con el consentimiento del gobierno, en nombre de la lucha «contra el narcotráfico y el terrorismo», éste último asimilado a los movimientos de guerrilla. Amalgama en la que Hillary Clinton insiste una y otra vez al evocar el espectro de una «narcoinsurgencia» en sus visitas a la capital mexicana. Añadamos a esto que miles de soldados y miles de oficiales mexicanos reciben periódicamente entrenamiento militar en Colombia.

El 14 de abril de 2010 tuvo lugar una reunión inédita en Washington: el almirante Michael Mullen, jefe del Estado Mayor de los Estados Unidos -dirigió la invasión de Afganistán- reunía en su despacho al mencionado general Guillermo Galván y al almirante Mariano Francisco Saynez, responsable de la Marina Nacional mexicana, con el general Freddy Padilla, jefe de las Fuerzas Armadas colombianas. Se trataba de «reforzar la cooperación en la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo». Era la primera reunión trilateral de este tipo. El mismo general Mullen ha declarado el 12 de febrero de 2011: «En ciertos aspectos, esta guerra contra la droga y nuestra manera de conducirla son muy similares a lo que hemos visto en otras guerras que hemos librado». El uso de la primera persona del plural es por sí mismo muy significativo, y, de hecho, diversas voces han barajado en los últimos tiempos la hipótesis de una próxima «invasión americana de México».

Ésta, sin embargo, tiene pocas posibilidades de producirse. En primer lugar porque la presencia de soldados norteamericanos en territorio mexicano tendería a provocar reacciones que para el gobierno mexicano serían muy difíciles de controlar. Pero sobre todo, esa presencia sería perfectamente superflua. Porque los Estados Unidos ya han invadido México. La invasión comenzó hace dieciséis años con el tratado de libre comercio del NAFTA [North America Free Trade Agreement] a iniciativa del PRI (Partido Revolucionario Institucional), en el poder desde hacía décadas. Pero al abrir el país a los capitales y las mercancías norteamericanas, el PRI cortaba la rama en la que estaba subido. Con la entrada en vigor del NAFTA, tenía inevitablemente que dejar paso a otro tipo de gobernanza, más acorde con la ideología neoliberal.

La victoria del PAN en las elecciones presidenciales en 2000 marcó este cambio de época. Vicente Fox, antes de convertirse en presidente de la República aquél año, era el director general de Coca- Cola para América Latina. El PAN no es otra cosa que el partido de los Estados Unidos en México. El grueso de su electorado se encuentra ente las clases medias acomodadas, que ven en su ortodoxia ultraliberal y su ideología conservadora la garantía de su nivel de vida a la americana. El PRI sigue no obstante haciendo estragos en un buen número de municipios y de gobiernos regionales en los que su consumado dominio de los viejos mecanismos clientelares le asegura cierta fidelidad electoral.

La actual violencia no enfrenta a dos bandos claramente identificados, como pretende la propaganda de Estado. Alianzas complejas y transversales entre cárteles, partidos, sectores del Estado y del ejército se hacen y se deshacen, y una gran parte de las ejecuciones resultarán inexplicables para quien dé crédito a los discursos del presidente. Los cárteles rivales se matan entre sí, tal grupo narco se enfrenta en un tiroteo a militares que cubren por otra parte al grupo que le hace la competencia, cargos del gobierno y policías son asesinados (por ser incorruptibles o por estar, al contrario, demasiado comprometidos, ¿quién sabe?) y sobre todo, miles de civiles son víctimas de ambos bandos. Transeúntes alcanzados por balas perdidas en tiroteos cruzados, automovilistas abatidos por haber dudado un segundo en un puesto de control, jóvenes acribillados por intentar huir de una redada del ejército, borrachos que mueren porque no han entendido los avisos, chavos en cura de desintoxicación masacrados por haber cometido el error de salir del circuito del deal, etc. Más triste todavía, las decenas de niños de corta edad que mueren por balas, y no todos víctimas de tiroteos cruzados. Quienes pasan por las manos de la Policía Federal y del cuerpo de policía militarizado y con equipo pesado, de formación bastante reciente, equivalente a la Gendarmerie francesa y a los Carabinieri italianos. La PF fue la encargada de reprimir la insurrección de Oaxaca en noviembre de otras fuerzas militares, en particular las tropas de la Marina, no tienen ninguna posibilidad de salir: hay que hacer caja, lo que supone personas cogidas al azar y torturadas durante días, confesiones arrancadas por la fuerza, pobres diablos encarcelados sin el más mínimo indicio que sostenga la acusación. En ciertas ciudades del norte, no hay ninguna necesidad de declarar el toque de queda, se ha convertido en algo obvio para todo el mundo. ¡Ay de los civiles que caigan en medio de esta guerra sucia! Uno no muere por ser culpable, uno es culpable porque muere. El presidente Calderón, comentando el asesinato de dieciséis mineros en Ciudad Juárez durante una fiesta, declaró: «Probablemente han sido asesinados por algún grupo rival». Las familias de las víctimas colocaron pancartas en sus casas: «Señor Presidente, hasta que no encuentre un responsable, usted es el asesino». Sucede incluso que los hijos de la clase media acomodada figuran entre las víctimas de esta estrategia de intimidación global, como esos dos estudiantes de económicas abatidos a sangre fría por los soldados en Monterrey, Nuevo León, en abril de 2010. ¡Y pensar que sus padres seguramente habían votado a Calderón en 2006!

Esta violencia recuerda inevitablemente a la guerra civil que dio comienzo en Argelia a partir de 1992. Recuerda a esas masacres de pueblos enteros, cuyos autores y cuyos móviles es imposible identificar (¿los yihaddistas? ¿el ejército? ¿los vecinos del pueblo de al lado?). Confrontados con el trágico sinsentido de semejantes matanzas, la mayoría de los argelinos, ya presos de incontables dificultades en su día a día, terminaron por sucumbir al asco y a la fatalidad: y ahí radica precisamente la verdadera razón de estas masacres. Si lo propio de una acción militar es ser juzgada únicamente por su resultado, esta irrupción brutal e inesperada de la muerte, tanto más aterradora porque no hace distinciones, tiene como resultado que cualquier racionalidad abandona el cuerpo social, en Argelia igual que en México. Ya nadie trata de comprender, sino de sobrevivir. El miedo atomiza, destruyendo las capacidades colectivas de resistencia e instilando el veneno de la desconfianza generalizada. La «guerra de Calderón» funciona perfectamente como una estrategia de intimidación a gran escala.

Ciudad Juárez era ya mundialmente célebre por las 400 mujeres que fueron asesinadas allí a lo largo de una decena de años. Pero este feminicidio metódico no fue, por desgracia, más que el principio, y esta ciudad fronteriza aún iba a tener que ascender en el hit-parade del horror hasta convertirse actualmente en la ciudad más peligrosa del mundo. No menos de 2.700 personas -de las cuales casi la mitad eran menores- han sido asesinadas en Ciudad Juárez en 2010. «Genocidio contra jóvenes», afirman las ONG, que reclaman abiertamente la intervención de la ONU. «Estamos frente a juvenicidios que deben atenderse con una estrategia diferente a la actual. Ciudad Juárez se está vaciando de actividades sociales, públicas y de negocios por el terror en la población», declaró el 25 de noviembre de 2010 Nashiely Ramírez, miembro de Ririki Intervención Social. «¡Ya basta de esta situación absurda y abyecta! Esto parece más una lucha contra la sociedad que contra el narcotráfico!», declara Gabriela Meyra, del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria. «Estamos en un narcoestado policiaco-militar», añade Adrián Ramírez, de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos. Señalemos que uno de los magistrados encargados de ayudar a Calderón en la gestión de esta guerra fue procurador general en Ciudad Juárez durante la época de los feminicidios, y que destacó por su inactividad frente a esos asesinatos. El 29 de octubre de 2010, los soldados abrieron fuego contra la «Kaminata contra la muerte» de los estudiantes de Ciudad Juárez, que desfilaban para exigir la salida de la Policía Federal y la desmilitarización de la ciudad. José Orrontia, conocido miembro de la Otra Campaña, fue gravemente herido en la espalda. En un comunicado, la Procuradora General de la República intentó justificar este ataque a traición por el hecho de que algunos manifestantes estaban enmascarados (con el rostro pintado o con pasamontañas).

En Sonora, un tarahumara de 22 años acaba de ser liberado, declarado inocente después de dos años en prisión. Este jornalero agrícola, herido por los tiros cruzados durante un tiroteo, no hablaba castellano y era incapaz de comprender lo que querían de él y de explicarse ante los polis y los magistrados. Que el ejército se cargue civiles a las primeras de cambio, ¿qué hay más normal que eso? ¿Qué otra cosa hacía cuando masacraba en Chiapas o en el Estado de Guerrero, no hace tanto tiempo? Ahora es en Chihuahua, donde el ejército asesina a quienes cometen el error de abrir el pico. Asesinado fue Armando Villareal Martha, líder campesino en aquel Estado y organizador de varias campañas de impago contra las tarifas de la Comisión Federal de Electricidad. En la misma Ciudad Juárez, asesinados fueron Manuel Arroyo, investigador de la condición obrera en las maquiladoras, así como Geminis Ochoa, representante de los vendedores ambulantes, después de haber sido ambos amenazados por la Policía Federal, por haber anunciado una marcha contra los abusos del ejército. Asesinada fue Josefina Reyes, que había sufrido el acoso del ejército a causa de sus denuncias públicas de la militarización del Valle de Juárez. Asesinado fue Benjamín Le Baron, promotor de movilizaciones contra los secuestros. Asesinada, Susana Chávez, que denunció incansablemente el feminicidio de Ciudad Juárez. Algunos han sido víctimas de los cárteles, pero muchos han sido ejecutados por los asesinos de la PF, de la Marina o de las tropas aerotransportadas. Por no hablar de los periodistas asesinados o empaquetados por la policía y molidos a palos por haber difundido las denuncias de civiles contra los procedimientos de los soldados -algunos han tenido incluso que exiliarse en los Estados Unidos.

El ejército es la última ratio del Estado. ¿Quién, aparte de los electores más convencidos del PAN, podría fiarse realmente del ejército? En diciembre de 2010, el Centro Internacional de los Derechos del Hombre (CIDH) hizo pública una declaración contra el Estado mexicano, relativa al arresto de Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera, apresados por el ejército el 2 de mayo de 1999, detenidos y torturados durante varios días. Estos dos campesinos defendían el bosque de su pueblo de Petatlán (Guerrero), cedido por el poder central a una multinacional maderera. Fueron detenidos y condenados bajo la acusación de narcotráfico. Sólo con el cambio presidencial de 2000 pudieron ser liberados por «razones humanitarias», en noviembre de 2001. Es sólo uno de los ejemplos recientes, que se suma a miles más de la misma ralea. Este asunto en concreto ha llevado al CIDH a exigir al Estado mexicano una reforma del Código de Justicia Militar… Reforma que, se supone, prevé el juicio y la condena de los militares culpables de maltratos, torturas o muertes de civiles inocentes, y que se encuentra bloqueada en el Senado a causa de la presión de los militares.

Los soldados puestos de cocaína o medio borrachos que fríen a tiros a cualquiera no tienen, así pues, nada que temer, al menos mientras se contenten con freír civiles (dos soldados bebidos tuvieron la mala idea de matar a un policía en el metro de ciudad de México el 20 de enero…).

*

Una violencia virtuosa, la del Estado, pretende poner fin a la violencia mafiosa de los narcos. Pero la barbarie de los segundos tiene la marca de fábrica del primero. Cuando se sabe qué cantidad de ex-maderos y ex-soldados hay en los comandos de asesinos al servicio de los cárteles, sorprende menos la repugnante atrocidad y el sadismo espectacular de muchos de estos asesinatos. Recuerdan, hasta llegar a confundirse con ellos, a las operaciones de represión de la época de la «guerra sucia» de los años 1960-1980, con las desapariciones de opositores al régimen, las masacres de manifestantes desarmados, las aldeas enteras exterminadas… Y ciertas innovaciones macabras, como la de colgar los cadáveres de los puentes de las autopistas o la de exponer las cabezas cortadas en la plaza pública, prácticamente llevan firma: ¿dónde se aprende a matar y a mutilar de ese modo, a sangre fría, sino en los comandos de contrainsurgencia y en los grupos paramilitares? La violencia paramilitar es sin duda la matriz de toda esta violencia que baña actualmente México. Es el medio informal en el que se cruzan durante años soldados profesionales que se sacan un sueldo extra, narcotraficantes y tarados del PRI. Con la diferencia de que las exacciones de paramilitares se dirigían contra comunidades rebeldes, mientras que la guerra de Calderón aspira a condicionar a todo el mundo. ¿Y de dónde procede el dinero que ha servido para reclutar, armar y entrenar a estos grupos paramilitares que siguen haciendo estragos en los Estados de Chiapas, de Oaxaca, de Guerrero o de Michoacán? De los fondos secretos del Estado, sin ninguna duda; ¿y por qué no de los fondos igualmente secretos del narcotráfico? ¿Existe realmente alguna diferencia entre ambos?

El 12 de agosto de 2009, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ordenaba la liberación de los autores de la masacre de Acteal. Recordemos que en diciembre de 1997 estos sujetos asesinaron a 45 personas, principalmente mujeres y niños, pertenecientes a la comunidad de Las Abejas, en la aldea de Acteal, en Chiapas. Debido a que profesaba la no-violencia, esta comunidad no se había adherido al Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), si bien simpatizaba con este movimiento. El mensaje de Acteal era muy claro: quien no rechazase categóricamente cualquier

contacto con el EZLN podía morir de la misma manera. Estas muertes traicionaban la influencia de los centros de formación anti-guerrilla, por ejemplo, el hecho de destripar y de desmembrar los cadáveres, tal y como se hacía en la vecina Guatemala en la época de la contrainsurgencia. La liberación de los ejecutores materiales de la masacre -los mandatarios nunca fueron identificados formalmente- en pleno apogeo de la guerra de Calderón constituyó un segundo mensaje.

Es este tipo de mensaje el que unos y otros protagonistas de la «guerra al narcotráfico» se envían actualmente a golpe de masacre. Pues todos estos muertos hablan; hablan una lengua, la de esta paranoia que caracteriza el ejercicio de un poder absoluto. A la paranoia de los narcotraficantes responde la del Estado. Por definición, el narcotráfico erige la sospecha y el temor obsesivo a la traición en regla de conducta. Por definición, el Ejército considera a todo civil como un sospechoso.

Se sabe perfectamente que los soldados de Estados Unidos desplegados en Iraq han sido entrenados para desconfiar de todo transeúnte -un viejo, un chiquillo pueden llevar una bomba, más vale no correr ningún riesgo y disparar primero. Toda ella sospechosa, la población iraquí ha pagado el precio de esta psicosis yanki. Es exactamente esta paranoia la que los dirigentes norteamericanos han conseguido imponer en todo México por medio del gobierno del PAN.

Los narcos desarrollan esta misma paranoia militar hacia todo civil. En diciembre de 2010, los cuerpos de 22 michoaqueños que habían desaparecido a finales de septiembre en Acapulco fueron encontrados enterrados. Se trataba de obreros de una empresa que cada año se regalaba una pequeña excursión en grupo a Acapulco. Murieron únicamente porque venían de Michoacán. En efecto, por un «arrepentido» se ha sabido que los Zetas los tomaron por hombres de la Familia venidos para operar en la capital turística de Guerrero.

Lo cierto es que hasta ahora los territorios estaban definidos. El cártel del Golfo controlaba la costa este, desde Guatemala hasta la frontera texana, los del Pacífico (cártel de Sinaloa, cártel de Juárez, Familia, etc.) controlaban la costa oeste y la frontera de Tijuana hasta Ciudad Juárez. Los Zetas, que se han separado del cártel del Golfo desde la muerte de su fundador, están llevando a cabo una ofensiva generalizada con el objetivo a largo plazo de controlar todas las rutas hacia la frontera. Cosa que no va a ser pan comido: por ejemplo, el cártel de Sinaloa ha reivindicado la muerte de 27 Zetas en un solo día de enero de 2011. Se habla ahora mismo de un «efecto cucaracha»: la dispersión de las organizaciones narco y de sus actividades por todo el territorio, lo que promete una difusión aún más capilar de la violencia.

Paz es lo que reclamaba la “sociedad civil” frente a la intervención militar en Chiapas posterior a la insurrección zapatista de enero de 1994. Luego, las grandes marchas sobre la capital no dejaron de reafirmar el carácter pacífico del movimiento de desobediencia y de resistencia. Pero esto de ahora es la guerra. Y la indignación, las protestas, las denuncias sirven de poco.

La «sociedad civil» que creía poder oponerse al «malgobierno» se muestra impotente frente a esta guerra que se le impone desde hace cuatro años. Exacerbada de este modo, esta oposición entre la «sociedad civil» y el Estado revela que la primera no es nada frente al poder universal del segundo. La «sociedad civil» no pudo impedir finalmente la aplicación de los acuerdos del NAFTA. Menos aún puede impedir que la guerra de Calderón transforme el país en un infierno. La moraleja de esta historia es sin embargo muy simple: los que tienen el poder y el dinero nunca nos dejarán en paz. Es inútil llorar y suplicar, y aún más invocar la «vuelta a la legalidad».

Un indígena que ha pasado algunos años en la prisión de Cintalapa, Chiapas, donde se encontraban igualmente encarcelados los asesinos de Acteal, nos ha contado que el jefe de este grupo controlaba todo el tráfico de droga en el interior de este establecimiento existiese una legalidad que trasciende las muy reales relaciones de fuerza que constituyen la razón de ser del Estado. En última instancia, la legalidad es un puesto de control militar en una carretera desierta, donde nadie vendrá en tu ayuda si los soldados te maltratan.

Erigir una virtuosa sociedad civil contra un Estado corrupto es perfectamente idealista. La corrupción es precisamente el vínculo entre ambos. Basta observar las elecciones para convencerse… La sociedad civil es lo que, en los países occidentales, ha reemplazado las formas de vida comunitarias, metódicamente destruidas por el Estado y por la hegemonía burguesa -en su época, Marx, que tuvo ocasión de observar esta transformación, ya definió la sociedad civil como la simple suma de los intereses privados. Lo que denominamos americanización no es nada más que esta transformación -no se olvide nunca que los Estados Unidos son la verdad de Europa occidental. La violencia actual es la consecuencia de esta americanización de México. ¿Por qué se matan unos a otros a este lado de la frontera, sino para abastecer un mercado estadounidense, en este caso el de la marihuana y la heroína? México no se está americanizando sólo porque una parte no despreciable de su población viva o haya vivido en los Estados Unidos, y porque a cambio los Estados Unidos inunden México con su quincalla industrial; sino también y sobre todo porque toda la política de los gobiernos mexicanos desde hace veinte años ha estado dirigida contra las formas de vida comunitarias que perduraban, y que incluso habían salido reforzadas de la Revolución.

Porque el éxodo rural que ha provocado deliberadamente el NAFTA destruye poco a poco los vínculos de la comunidad y pulveriza a los indígenas en el espacio informe de las colonias o por los caminos de la emigración. Produce individuos libres de cualquier vínculo, es decir, indefensos. El hecho de que la violencia actual se concentre en los Estados del Norte, casi totalmente desprovistos de comunidades indígenas, confirma que la americanización gana terreno allí donde la sociedad civil y el individuo singular constituyen ya la norma.

Desde 1994, el éxodo rural masivo ha generalizado la colonia como tercer modelo y que es, después de la ciudad y de la comunidad rural, el promovido a partir de ahora. Frente a la plebe de las colonias, desposeída de todo, las clases medias se atrincheran y siguen el ejemplo de los ricos, tal y como lo muestra la película de Rodrigo Pla, La Zona, filmada en la capital mexicana. En las ciudades del norte, la gente de clase media actualmente prefiere huir a los estados fronterizos de los Estados Unidos, hasta el punto de que se habla a este respecto de una verdadera «migración dorada»: ésta no pasa a escondidas por la noche, sino a plena luz del día a bordo de un 4×4.

Welcome! Americanizada antes ya de pasar la frontera, esta población va a instalarse en las gathed communities. Los pobres se quedan al otro lado de la frontera, para hacer funcionar las maquiladoras de Ciudad Juárez o de Monterrey. El dinero en los Estados Unidos, el trabajo en México, ¿no es el objetivo soñado de los acuerdos del NAFTA? En estas colonias los narcos reclutan a los chavales sin futuro, los nini -ni estudios ni trabajo. Se ha hablado de juvenicidio con toda la razón, dado que las principales víctimas de la guerra de

Calderón son estos chavos, reclutados a veces con catorce años por los narcos, o ejecutados por los militares porque viven en el barrio equivocado. Pero no ha lugar a sorprenderse ahora de que muchos de estos olvidados sueñen con convertirse a su vez en un nuevo «Chapo» Guzmán. Después de todo, «El Chapo» no es sino el Carlos Slim de los pobres. ¿Habría que sorprenderse de que los chavos se tomen en serio la propaganda neoliberal, el «enriquecerse»? En cuanto a los que se han quedado en el campo, muchos de ellos, arruinados por las consecuencias del NAFTA, están muy contentos de tener en la marihuana y la amapola un cultivo sustitutorio. Los gringos les imponen su maíz, ellos les envían sus cosechas de amapola.

El narcotráfico es sólo la forma exacerbada del «sueño americano» en el que está sumido el país. Y poco importa que este sueño haya adquirido tintes de pesadilla, seguirá agitando el mal sueño de un país devastado. Según un informe de Stratfor, una de las principales consultoras estadounidenses en materia de seguridad, habría 46 millones de pobres en México, de los cuales un 1% son susceptibles de entrar a formar parte del crimen organizado, lo que constituye un ejército de reserva de 500 mil personas. Carlos Slim, hombre de negocios mexicano de origen libanés, se convirtió en el hombre más rico del mundo gracias a su amistad con el presidente Salinas de Gortari (1988-1994), el mismo que firmó los acuerdos del NAFTA y ofreció a Slim varios servicios públicos mexicanos a cambio de una miseria. Por otra parte, la revista americana Forbes causó un escándalo colocando al «Chapo» Guzmán en su lista de los 400 hombres más influyentes del mundo -un poco más abajo, no obstante, que Carlos Slim.

El caso de cártel michoacano de La Familia es extremadamente instructivo. Esta organización envía un mensaje a finales de noviembre en el cual propone replegarse a Michoacán e incluso disolverse a fin de «no seguir siendo el argumento con el cual las autoridades federales pisotean los derechos humanos de los michoacanos». Se trata de una propuesta de alto el fuego, conforme a la cual el Ejército se retira de Michoacán y la Familia tan sólo pide «volver a nuestras actividades productivas», al tiempo que se declara dispuesta en caso de rechazo a proseguir con el pulso: «No matamos inocentes; si es necesario seguir en la lucha lo haremos». Respuesta de la Procuraduría General de la República: «El Estado es el garante de la legalidad y de la Constitución, y, por ende, no se puede dejar de perseguir a ningún delincuente. (…) El Estado mexicano es sólido, no se pueden hacer compromisos con quienes nunca han respetado ese estado de derecho, transgreden la ley y atentan contra la paz social…». La misma lengua de palo de siempre.

Tumbiscatío, Michoacán, contaba 7 mil habitantes hasta 2010. Ya no quedan más que 4 mil. Los demás han partido, a Morelia, al DF, a lo largo de los últimos meses del año. En esta parte de Michoacán, la Familia constituye el verdadero gobierno. Ha puesto en pie una estructura de justicia paralela, a la cual se dirigen por ejemplo las mujeres maltratadas, cansadas de la indiferencia de las autoridades oficiales antes sus denuncias. Una mujer se encarga de recoger sus quejas; los autores de esos maltratos reciben poco después una visita poco agradable. El personal de la Familia fija un impuesto para los vendedores ambulantes, en vez de los municipios; fija los horarios de noche de bares y comidas; los taxis pagan también su protección, al igual que las grandes empresas agrícolas.

Un empleado despedido se dirige a la Familia, que envía a alguien a explicarle al patrón que más le vale contratar de nuevo al empleado. Recuerda bastante a los procedimientos de la ‘ndrangheta.

Por lo que no es ninguna sorpresa que después de una gran operación contra la Familia en diciembre de 2010 se hayan visto manifestaciones en Morelia, capital de Michoacán, doscientas o trescientas personas cada vez, agitando pancartas que rezaban «Queremos paz», «Queremos trabajo, no policías». Durante las dos últimas semanas de 2010, los habitantes de Pátzcuaro, Tumbiscatío, Zitácuaro, Apatzingán eran reclutados y transportados gratuitamente en taxi a la capital para estas manifestaciones exprés de una hora como máximo.

A los jefes de la Familia no les falta aplomo. El discurso que han desplegado a lo largo de todo el mes de diciembre se resume así: los Zetas no han comprendido que en el business hay que respetar ciertas reglas. Nosotros, la Familia, hacemos negocios y protegemos a la gente de nuestro Estado, los Zetas no respetan nada y además están protegidos por el gobierno. Este discurso obviamente se dirige antes que nada a los habitantes de Michoacán sobre los que la Familia ejerce su control.

Sin embargo, es precisamente la Familia la que está detrás de la decena de asesinatos cometidos. Se equivoca quien se limite a encogerse de hombros ante esta voluntad de justificarse, de ponerse en el papel del bueno. Esta voluntad demuestra un dato inquietante: que si los cárteles remedan de este modo los comunicados de la guerrilla es porque tienen su público. Así, cuando los Zetas hacen público en Oaxaca un comunicado reivindicando la ejecución de dos paramilitares vinculados al PRI, ocurrida el 2 de noviembre de 2010 en pleno centro de la ciudad, saben lo que se hacen: las dos víctimas habían participado en las Caravanas de la Muerte contra los insurgentes de Oaxaca en 2006 y nadie los ha llorado. Los Zetas justifican la ejecución porque estos dos personajes habían extorsionado a los vendedores ambulantes haciéndose pasar por Zetas, cuando precisamente ellos, los Zetas, dejan en paz a los trabajadores oaxaqueños (no así a los inmigrantes centroamericanos que suben al tren…). Su comunicado –si es verdad que ellos son realmente los autores- pone además mucho cuidado en desmarcarse de otros asesinatos cometidos los días anteriores en el Estado de Oaxaca contra líderes de grupos contestatarios: «Nos deslindamos de las ejecuciones de dirigentes sociales». El mismo día, los Zetas exhiben una banderola con grandes letras de imprenta, muy bien hecha, sobre un puente de la autopista a la entrada de Oaxaca, dirigida a los soldados que pasan por allí: «Grupo Operativo ‘Los Zetas’ te quiere a ti, militar o ex-militar. Te ofrecemos buen sueldo, comida y atenciones a tu familia. Ya no sufres maltratos y ya no sufres hambre. Nosotros NO te damos de comer sopa maruchan. Relajientos absténganse de llamar. Interesados comunicarse Tel 867 16 87 423». Los Zetas están presentes en la ciudad de Oaxaca por su situación estratégica con respecto a América Central. Uno de sus jefes ha sido arrestado allí el 18 de enero de 2011. Ostula, organizada en milicia comunal armada, siguen plantando cara a la Familia por una parte, y a la Marina por la otra.

En el fondo, nada nuevo bajo el sol. Los militares quieren la guerra y los civiles quieren la paz. Todavía se alzan voces que reclaman que el cuerpo legislativo controle al Ejército. ¿Y quién va a controlar entonces a los diputados del PAN, del PRI y del PRD? ¿Quién va, en fin, a desmontar las piezas de estas máquinas de poder? ¿Quién va a controlar a un ejército que, desde hace 150 años, no ha matado más que a mexicanos? La guerra es el fundamento del Estado, tanto en el exterior de las fronteras como en el interior. Ninguna denuncia democrática y ciudadana cambiará eso.

Como dice Paco Ignacio Taibo II, «los mexicanos sabemos que históricamente la policía y el Ejército no son una fuerza de orden sino una fuerza semilegalizada, represiva (…). Pero, ¿cómo limpiarla sin debilitar al mismo tiempo la esencia represiva del propio Estado mexicano?»7 La respuesta, que él no se atreve a dar, procede sin embargo de esos mismos que están desde hace tanto tiempo expuestos a esta violencia de Estado.

Vemos, en efecto, una perspectiva para salir de esta guerra absurda. La vemos en la autodefensa armada de las comunidades indígenas. En esta desintegración inexorable de todo lo que constituía una sociedad, el solo y único punto de resistencia que aguanta, a pesar de las amenazas, los asesinatos y las desapariciones, son las comunidades indígenas armadas, en la selva de Chiapas o en la costa de Michoacán. Reforzar el sistema comunitario, todo aquello que lo constituye en la práctica, todo aquello que hace de él una fuerza segura, es la única respuesta concreta a la violencia actual. Hasta tal punto que la experiencia de las comunidades indígenas puede servir incluso de ejemplo para el mundo mestizo.

En San Luis Acatlán, en la región mixteca y tlapaneca de Guerrero, el 15 de octubre de 2010, la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) celebró sus 15 años haciendo desfilar a sus 600 integrantes. 62 comunidades y 11 municipios, que reúnen a 180 mil habitantes, se agrupan en la CRAC. Mientras la milicia desfilaba en armas por las calles, ese 15 de octubre, la gente aplaudía y gritaba eslóganes en recuerdo de Genaro Vásquez, oriundo de la ciudad…

Esta milicia comunitaria armada se atreve ya a acometer proyectos de radio, centros de salud y a anunciar que va a oponerse a la entrada de comida basura en las comunidades. La misma Coordinadora organiza en estos momentos la resistencia al proyecto de una empresa minera canadiense en la sierra. Guerrero es uno de los Estados más pobres de México y sus habitantes han padecido décadas de violencia estatal. A principios de los años setenta, se desarrollaron dos movimientos de guerrilla como reacción a las innumerables masacres de campesinos cometidas por el Ejército. La represión se llevó a cabo siguiendo las enseñanzas de los especialistas norteamericanos en contrainsurgencia. Invirtiendo la famosa fórmula de Mao Tse Tung, se trataba de quitar el agua al pez. En 1972, Genaro Vásquez y luego, dos años después, Lucio Cabañas, los dos líderes de estas guerrillas, fueron abatidos al término de varios años de cacería militar.

Más tarde, a principios de los años noventa, los habitantes de esta región limítrofe con el Estado de Oaxaca sufrieron otra ola de violencia ciega: robos de ganado, ataques en las carreteras, extorsiones, violaciones. El gobierno de Guerrero dejó hacer, cuando no alentó bajo cuerda a los autores de estas agresiones cometidas contra los campesinos: de todos modos los habitantes de estas montañas son siempre sospechosos. ¿Qué familia no tuvo antaño a uno de los suyos en la guerrilla? Conforme la región va cayendo en el caos, las comunidades se van despoblando, y va Porque la izquierda también está en el ajo. El ex-gobernador de Michoacán por el PRD, Godoy Toscano, está sometido a día de hoy a una investigación por cohecho en relación con la Familia.

La milicia comunitaria se ha empleado con éxito, desde finales de los años 90, en contrarrestar este proceso y en restablecer la tranquilidad en la región. Ha conseguido asimismo cortar de raíz cualquier forma de narcotráfico en las comunidades. El servicio en esta milicia es voluntario y gratuito -se inscribe en la tradición del tequio-, y los cargos son rotatorios8. Cualquier persona que cometa abuso de poder estando en el cargo es revocada por la asamblea comunitaria. Desde hace diez años, la CRAC ha instaurado además su propio sistema de justicia, basado en la tradición comunitaria: nada de tribunales con sus magistrados formados por el Estado y que hablan un idioma extranjero, sino un examen público de los hechos en la asamblea bajo la vigilancia de los Ancianos. Nada de cárcel, destinada a quebrar al individuo, sino un trabajo de interés colectivo en el marco de un diálogo entre el acusado y la comunidad. Cuando la Familia pretende ejercer la justicia en su territorio, es fácil ver que ésta se caracteriza por la arbitrariedad: como capi mafiosi, los jefes deciden, sin dar cuentas a nadie, quién debe vivir y quién debe morir. La CRAC se sitúa exactamente en el polo opuesto: emanación de las asambleas comunitarias, su policía y su justicia son objeto de un debate público que se renueva constantemente. Su finalidad no es justificar un poder incontrolado y paranoico, que redistribuye cual magnánimo soberano un poco de dinero a la plebe sumisa; no, sino reforzar los vínculos en el interior de la comunidad y, cosa extremadamente importante, entre las diferentes comunidades. Es además digno de nota que la CRAC, aunque comprende a una mayoría de comunidades mixtecas y tlapanecas y algunas comunidades nahuas, comprende también siete comunidades mestizas. Ahí tenemos una prueba de que el sistema comunitario puede extenderse también al mundo no indígena.

Pues es precisamente este mundo no indígena, llamado mestizo, el que da lugar a los narcos y se encuentra indefenso frente a la violencia de Estado. Actualmente los narcos ya no son únicamente traficantes de sustancias ilícitas. La acumulación primitiva que han realizado en tan poco tiempo les permite controlar sectores enteros de la vida social, invertir donde quieren y gravar con impuestos lo que quieren. Los narcos son a día de hoy un poder que ha penetrado una sociedad metódicamente desarmada. La fuerza capaz de oponérsele no vendrá de arriba, del Estado, sino de abajo, de comunidades organizadas y armadas dispuestas a defender su territorio. El monopolio de la violencia que caracteriza al Estado ya no tiene en México nada de legítimo.