Pasta de Conchos

* “Ni el gobierno federal, encabezado por Vicente Fox Quesada, ni los propietarios de la mina supieron cómo reaccionar o, simplemente, decidieron, con una soberbia infinita, desdeñar, no a los deudos de las víctimas —63 viudas inicialmente, al menos 300 familiares directos y 165 huérfanos—, ni a un pueblo empobrecido, sino a un país entero que reclamaba explicaciones y pedía respuestas inmediatas. Hubo un pasmo institucional peligroso, o un silencio descarado”, escribe el periodista Francisco Cruz en el libro Los Amos de la Mafia Sindical, editado por Planeta en el 2013.

 

Francisco Cruz Jiménez

El exceso de confianza del gobierno foxista contrastaba con sus incapacidades. Fox, Martita, Foxilandia y el foxismo eran comidilla de todos los días. Las torpezas y ambiciones desmedidas de Salazar Sáenz habían permitido que el procedimiento, burdo e ilegal, para derrocar al líder minero e imponer a Morales Hernández se filtrara a toda la cúpula sindical. Si fue o no un desliz premeditado, sería cuestión de analizar los resultados, pero los napistas sabían todo, y quizás hasta mucho más. Era un juego de espías contra espías. Y, lo mejor para ellos, ya esperaban el golpe de timón.

La soberbia panista era notoria. Nadie se había preocupado por disimular siquiera la relación de Salazar Sáenz con los barones de la minería mexicana, enemigos declarados de Napoleón Gómez Urrutia. Los napistas, por ejemplo, de alguna manera se habían enterado, y así lo difundían, que la arremetida se había planeado en diciembre de 2005. Y como centro de lo que llamaron una conspiración ubicaban una de las residencias del empresario Julio Villarreal Guajardo, del Grupo Villacero. Como nunca, se evidenciaron los lazos del Grupo Industrial Minera México con la Presidencia de la República y, en concreto, con la Fundación Vamos México de la primera dama Marta Sahagún de Fox, Martita.

La prisa de las autoridades por encarcelar a Gómez Urrutia los orilló a cometer yerro tras yerro. Si bien es cierto que los agentes e investigadores federales tenían en la mano información bancaria y fiduciaria privilegiada, también lo es que nunca supieron qué hacer con ella. Para justificar la investigación por lavado de dinero, por ejemplo, sólo presentaron una prueba. El equipo de abogados de Napito no tuvo problemas para desacreditar toda clase de acusaciones, como la de la supuesta procedencia ilícita de los recursos. La magistrada Herlinda Velasco Villavicencio le concedió la razón. Por su parte, la Suprema Corte de Justicia la Nación tampoco pasó muchos trabajos para, literalmente, tirar de la dirigencia sindical a Elías Morales Hernández y obligar al gobierno a que se la regresara a Napito.

Bueno o malo, justificado o injustificado, todo lo que pasó antes y lo que pasó después se murió la madrugada del domingo 19 de febrero de 2006 con una explosión en la mina 8, Unidad Pasta de Conchos, de San Juan de Sabinas, Coahuila. En el percance murieron 65 humildes mineros. Ni el gobierno federal, encabezado por Vicente Fox Quesada, ni los propietarios de la mina supieron cómo reaccionar o, simplemente, decidieron, con una soberbia infinita, desdeñar, no a los deudos de las víctimas —63 viudas inicialmente, al menos 300 familiares directos y 165 huérfanos—, ni a un pueblo empobrecido, sino a un país entero que reclamaba explicaciones y pedía respuestas inmediatas. Hubo un pasmo institucional peligroso, o un silencio descarado.

La situación de los mineros de Pasta de Conchos no había cambiado mucho desde el porfiriato, con salarios que oscilaban entre mil 500 y 3 mil pesos mensuales, además de la subcontratación para algunas labores, un mecanismo aceptado por los dirigentes gremiales, pero al margen de las leyes laborales. El lunes 27, en un gran desplegado de prensa en el Distrito Federal, Gómez Urrutia y su esposa Oralia, ya seguros y cómodos en Vancouver, se unieron “a la gran pena, dolor e impotencia que embarga a las esposas, hijos, padres y demás familiares de los trabajadores mineros, sindicalizados y contratistas que lamentablemente perdieron la vida en la explosión de la mina 8, Unidad Pasta de Conchos, de San Juan de Sabinas, Coahuila. Elevamos nuestras oraciones para que, en estos momentos de inmenso dolor, su fe espiritual en el Señor les ayude a sacar fuerzas para seguir adelante. Descansen en paz”.

Con las autoridades pisándole los talones, el accidente le dio a Napito los medios para posicionarse en la conciencia de los comunicadores y los hacedores opinión, cuando calificó a esa explosión como un “homicidio industrial”. Gómez Urrutia también se dio el lujo de ponerle nombre y apellido al responsable de ese homicidio: el magnate Germán Feliciano Larrea Mota-Velasco, accionista mayor del Grupo México. Más adelante, consolidó el control de la agenda cuando sus contactos se encargaron de difundir ampliamente reportes de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) que mostraban que la Secretaría del Trabajo, con Francisco Xavier Salazar Sáenz a la cabeza, tenía un “conocimiento claro”, antes del accidente, de las condiciones de la mina que provocarían la explosión.

Aquel 19 de febrero de 2006 ningún reportero recordó que, en los hechos, a través de la toma de nota, Salazar Sáenz había derrocado a Napoleón Gómez Urrutia e impuesto a Elías Morales Hernández en la Secretaría General del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana. Todos, y eso incluye el país entero, buscaron a los responsables de la explosión de Pasta de Conchos.

Indirectamente, Napito recibió apoyo de casi todo el mundo. El estudio De Pasta de Conchos al 1 de mayo, la coyuntura de una movilización obrera, de Abel Pérez Ruiz, sicólogo de la UAM-Iztapalapa, y Sergio Sánchez Díaz, profesor-investigador del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores de Antropología Social (CIESAS) de México, encontró que “el accidente ha permitido evidenciar las serias limitaciones del aparato gubernamental en mostrarse como una entidad capaz de negociar y resolver con atingencia las consecuencias de este suceso coyuntural. Frente a la catástrofe de la mina, la respuesta fue la parálisis, la negligencia y la búsqueda fácil de un chivo expiatorio en la persona de Napoleón Gómez Urrutia”.

Trepado en la nube más alta de foxilandia, controlado por Martita y ya más con ganas de irse a su rancho, Fox, sus funcionarios y amigos empresarios mineros jamás entendieron la envergadura del problema de Pasta de Conchos. Como se plasmó en el documento concluyente del foro El conflicto minero de Cananea a Pasta de Conchos: “El grueso de los accidentes tiene su origen en las violaciones a las normas de seguridad industrial y a los contratos colectivos de trabajo. En todos los casos, estos ‘accidentes’ deben ser catalogados como crímenes industriales. Los responsables tienen nombre y rostro, abarcan tanto a los dueños de las empresas como a los funcionarios de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS). Germán Larrea, del Grupo Minero México, y Javier Lozano, titular de la STPS, son los principales rostros de la impunidad”.

Cuestionado y mal recibido durante su breve aparición por Nueva Rosita, la zona del accidente en Coahuila, aquel 19 de febrero, porque los mineros y los obreros de la metalurgia viven en plena esclavitud, Napito tomó sus providencias y desapareció de México con todo y familia. Desde Vancouver, Gómez Urrutia contrató a excelentes abogados, puso en marcha una campaña de defensa y, desde marzo de 2006 es, en los hechos, un perseguido del gobierno mexicano y goza de la protección de los sindicatos mineros de Canadá y Estados Unidos. Al margen de su muy dudoso pasado, aprovechó todos los atajos para convertirse en héroe por una explosión, la de Pasta de Conchos, que exhibió el nivel de los empresarios mineros y mostró el rostro cínico del foxismo.

Si los panistas lo querían o no preso, una breve declaración del gobernador de Coahuila, Humberto Moreira, el domingo 18 de febrero de 2007, un año después de la tragedia de Pasta de Conchos, aclara la situación. Según dijo, el entonces presidente Vicente Fox Quesada le pidió encarcelar a Napoleón Gómez Urrutia. Como un acto de contrición, reconoció que si lo hubiera denunciado (a Fox) en su momento, muchas de las tensiones políticas, incluidas algunas muertes, posteriores por el conflicto minero, se habrían ahorrado. Según Moreira, Fox le pidió encarcelar a gente inocente para encubrir a funcionarios de la Secretaría del Trabajo en torno a la tragedia de Pasta de Conchos: “En mi cara, en Los Pinos, me pidió que hiciera cosas que no tienen moral, inventar delitos para otras personas. Yo no me voy a callar, se equivocaron de gobernador. […] Estábamos en la oficina de Fox, si quieres se lo digo enfrente del ex presidente. […] Le digo eso y le digo también las llamadas que le hice en tono suplicante para que acudiera a mi estado, y él me dijo que tenía que ir a Chihuahua, y efectivamente, mientras estábamos en la tragedia, él estaba acampando en la sierra de Chihuahua”.

Socarrones, los reporteros le recordaron las versiones en el sentido de que Gómez Urrutia fue uno de los contribuyentes a su campaña por la gubernatura de Coahuila, el mayor estado minero.

Las extrañas cuentas de Oralia Casso

* “Investigadores de la PGR y Hacienda, con apoyo de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), habían detectado 40 cuentas propiedad de Gómez Urrutia y su esposa, y le seguían la pista a depósitos por 6 millones 595 mil 370 dólares en siete países —2 millones 620 mil 174.71 dólares a nombre de Gómez Urrutia y el resto al de Oralia Casso—. Las investigaciones involucraban también a los hijos del dirigente, así como a su chofer, Juan José Ruvalcaba”, escribe el periodista Francisco Cruz para el libro Los Amos de la Mafia Sindical, editado por Planeta en el 2013.

 

Francisco Cruz Jiménez

Dado el primer golpe, con demasiada información a la prensa sobre las supuestas actividades irregulares de Napito y su círculo cercano de colaboradores —incluidos su esposa Oralia Casso Valdés y dos hijos de la pareja—, Salazar Sáenz logró mantener alejados a los reporteros de la Secretaría del Trabajo que tenía sus planes propios. Debido a lo que sucedió en las siguientes semanas, puede compararse la desgracia de Gómez Urrutia con los derrocamientos de Carlos Jonguitud Barrios y Joaquín Hernández Galicia a cargo de Salinas de Gortari en 1989; así como el de la profesora Elba Esther Gordillo Morales por Enrique Peña Nieto en febrero de 2013.

Mientras los periodistas daban puntual seguimiento a las acusaciones por fraude y lavado de dinero, que por cierto este supuesto delito nunca existió, la Secretaría del Trabajo alistaba un segundo golpe. El 14 de febrero, el líder ferrocarrilero Víctor Flores aceptó, una vez más, jugar el papel de esquirol y prorrogar —ilegalmente— su mandato como presidente del Congreso del Trabajo. Todo mundo sabía que la orden había salido de su “jefe”, Vicente Fox Quesada, vía Salazar Sáenz. La autorización incluía el visto bueno de algunos magnates mineros, así como de operadores de la campaña presidencial calderonista. Flores y sus seguidores, quienes habían apostado por el panismo, también esperaban la victoria electoral de Calderón.

En su estudio, Congreso del Trabajo: reelección y conflicto, el doctor Max Ortega, profesor-investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), explica cómo el triunfo panista ratificó el empoderamiento de los distintos charros sindicales que controlaban el destino nacional: “El principal argumento esgrimido por Flores a favor de su reelección o ‘prolongación de mandato’ fue de carácter político. Según dijo a sus aliados, los altos mandos de la Secretaría del Trabajo le habían pedido que, ‘a toda costa’ y ‘cueste lo que cueste’, se mantuviera en el cargo hasta que concluyeran los comicios presidenciales. […] De un total de 25 organizaciones con registro vigente y con derecho a votar, 11 votaron por Flores, para un año más, mientras que otras 14 votaron por Isaías González Cuevas, líder de la CROC, para la presidencia, y Napoleón Gómez Urrutia, del sindicato minero, e Ignacio Paleta, de la CROM, como primero y segundo vicepresidentes”.

El viernes 17 de febrero, Salazar Sáenz tomó nota de la ampliación de mandato de Víctor Flores. Napito se había convertido en el dolor de cabeza del panismo —la Presidencia de la República y el cuartel del calderonismo—, así como en una ambición de carácter político porque, al menos así lo pensaban funcionarios del foxismo, su captura arrojaría buenos dividendos en los comicios que se realizarían en julio de 2006.

Literalmente, el Congreso del Trabajo era un muerto insepulto, como declaró López Mayrén. Y en sus conclusiones, Max Ortega hace un señalamiento concreto: “Se abrió la vertiente de una crisis de la relación del CT con el gobierno de Fox, dado que al avalar la Secretaría del Trabajo ‘la ilegalidad’ mediante la toma de nota [A Flores] quebró la autonomía del sindicalismo corporativo y proyectó al mismo tiempo su acción ominosa, amenazante, sobre el conjunto del sindicalismo mexicano”.

Visto en retrospectiva, la guerra político-judicial de los panistas contra Napoleón II ha sido una de las más atractivas en el México moderno. Si se vale la expresión, puede decirse que los gobiernos de Fox y Calderón estaban inmersos en una partida de póker, con Napito a la espalda, bebiendo una copa de champaña, riendo y viéndoles todas las cartas; y este último resultó un excelente jugador. De poco les sirvió a los panistas jugar primero de la mano de Salazar Sáenz y luego de la de Javier Lozano Alarcón, porque estaban jugando contra un fantasma. Nadie recordaba con precisión cuál era la última, o más reciente, referencia, pública, de Napoleón González Urrutia.

En esta contienda, las autoridades —la Procuraduría General de la República, así como las secretarías de Hacienda, y del Trabajo— le hicieron “manita de puerco” a Gómez Urrutia cuando filtraron informaciones para desprestigiar a su esposa Oralia Casso. De acuerdo con las investigaciones oficiales, le habían detectado, al menos, 19 cuentas bancarias, en México y el extranjero, en las que recibía fondos presuntamente relacionados con el sindicato. Y, en algunos casos, eran usadas exclusivamente para hacer transferencias a otras cuentas. Había de todos los calibres. En una de las transacciones detectadas, desde una cuenta con número 37498026-140, en el ING Bank de Ginebra, se transfirieron 50 mil dólares el 9 de julio de 2005 a otra en el Royal Bank of Scotland, con sede en la Isla de Jersey. Horas después, los mismos fondos habían pasado a otra cuenta en el Commonwealth Bank de las Bahamas. Pero había también de sucursales del Citibank en Ginebra y en Madrid; así como dos sucursales del Lloyds Bank, de Londres, a nombre de Oralia Casso, que canalizaron fondos a cuentas en las Bahamas, Islas Caimán, Isla de Jersey y la Isla de Man.

Sin embargo, Oralia Casso, al igual que su esposo, se había desvanecido sin rastros desde noviembre de 2005. Entre marzo y abril de 2006, el Servicio de Administración Tributaria no pudo localizarla ni siquiera en su domicilio ubicado en la ciudad de Monterrey para que respondiera a cuestionamientos sobre su ejercicio fiscal 2004. Le pedían que comprobara sus ingresos y el respectivo pago del impuesto sobre la renta (ISR). Para entonces, investigadores de la PGR y Hacienda, con apoyo de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), habían detectado 40 cuentas propiedad de Gómez Urrutia y su esposa, y le seguían la pista a depósitos por 6 millones 595 mil 370 dólares en siete países —2 millones 620 mil 174.71 dólares a nombre de Gómez Urrutia y el resto al de Oralia Casso—. Las investigaciones involucraban también a los hijos del dirigente, así como a su chofer, Juan José Ruvalcaba. Según un edicto publicado en el Diario Oficial de la Federación durante la segunda quincena de abril de 2006, las autoridades también indagaban a Juan Linares Montúfar y José Ángel Rocha Pérez, cercanos colaboradores de Napito e integrantes del sindicato minero.

La esposa de Gómez Urrutia no estaba dada de alta en el Registro Federal de Contribuyentes, por lo que fue requerida en su domicilio de Calzada Del Valle, en San Pedro Garza García, Nuevo León. La notificación señalaba que la información y documentación debía ser presentada de manera completa, correcta y oportuna en un plazo de 15 días. Debía dar cuenta de sus declaraciones anuales, copias contables de las actividades económicas que desempeñaba, monto de ingresos y de retenciones de impuestos, si había prestado servicios a empresas o alguna asociación civil, o si era socia, accionista o miembro de algún consejo.

Lentas o de plano incapaces en muchos casos, las autoridades panistas se aplicaron en éste y, según informaron —aunque, conspirativos y revanchistas como eran, en la campaña de desprestigio todo lo filtraban como parte de la rumorología del tema—, se le rastrearon adquisiciones de muebles antiguos en la tienda Allan Knight and Associates, en Dallas, empresa especializada en mobiliario de colección, donde pagó 500 mil pesos a través del JP Morgan Chase Bank. También había registros de compras a la Talebi Rug Gallery, en la misma ciudad, por efecto de accesorios, artículos de baño y cocinas, con un monto superior a 333 mil pesos.

Por la forma en la que filtraron la información, siempre se abrió paso a la especulación. Hubo un linchamiento mediático bien dirigido por las autoridades panistas. El caso se litigó en los medios. Según la PGR, las cuentas de Oralia Casso, que rondaban los 4 millones de dólares, se distribuían de la siguiente manera: en los bancos HSBC y Solbank Londres, el saldo era de 199 mil 905.31 dólares; en el Solbank y Banco de España había 390 mil 770.92 dólares; en Suiza, los depósitos en el Fortis Bank ascendían a 7 mil 859.33 dólares; en México, en los bancos Scotiabank Inverlat y RBC —por Royal Bank of Canada— sumaban un millón 63 mil 690 dólares; en Bahamas, las cuentas del Ansbacher tenían 768 mil 751 dólares; mientras en Jersey, en el banco Hambros, RBC y Fortis Bank, contemplaban en total un millón 545 mil 219 dólares.

Un tipo refinado

* “El primero de junio de 2005 la Presidencia de la República confirmó la renuncia de Abascal Carranza para ser nombrado, de inmediato, titular de la Secretaría de Gobernación. Ese mismo día se encendieron las alarmas en el campamento de Napoleón Gómez Urrutia al conocer el nombre del nuevo secretario del Trabajo. Se trataba de Francisco Xavier Salazar Sáenz, un viejo político panista relacionado en forma muy estrecha, desde la década de 1970, con la cúpula de la organización secreta de extrema derecha conocida como El Yunque”, escribe el periodista Francisco Cruz en el libro Los Amos de la Mafia Sindical, editado por Planeta en el 2013.

Francisco Cruz Jiménez

“…Napoleón es un tipo refinado, elegante, que había hecho 20 años de carrera financiera, de servicios e industrial, además de su desarrollo en la administración pública federal y sus afiliaciones al Colegio Nacional de Economistas, la Academia Mexicana de Finanzas Públicas y la Wadham College Society —reconocida por su tendencia progresista-liberal, y entre cuyos integrantes destacan Rowan Williams, ex arzobispo de Canterbury, primado de la Iglesia de Inglaterra y líder espiritual de la Comunión Anglicana; y la escritora y novelista bangladesí Monica Ali, autora de Brick Lane, Alentejo Blue, In The Kitchen y Untold Story—; con posgrados en universidades de Alemania y Reino Unido, a su llegada al sindicato minero rompió el estereotipo de los líderes mexicanos, y eso no lo puede decir cualquiera de los dirigentes sindicales.

”Encumbrado, utilizó experiencia y conocimientos para internacionalizar el sindicato, los canadienses mordieron el anzuelo, se fortaleció su relación, que se haría muy estrecha con el paso del tiempo; y no sólo lo aprovecharon, sino que lo protegieron, recibieron y, al margen del tipo de visa, en 2006 lo exiliaron con los brazos abiertos a través de la protección de los grandes sindicatos mineros, así como la International Metalworkers Federation (IMF) y la United Steelworkers, que representa a 850 mil trabajadores en Estados Unidos y Canadá. Y, poco a poco, los canadienses han ganado terreno en México, con pocas inversiones, pero grandes ganancias. Esa situación no es obra de la casualidad. Napito sabe cómo hacer amigos. Tiene muchas habilidades, pero sobresale una: habla de lo que le interesa y quiere saber la persona que tiene enfrente; puede sobrevivir en un mercado de ideas porque es talentoso para los negocios y encantar a una serpiente”.

Antes de que salieran a la superficie sus conflictos con algunos empresarios, había cuestiones que Gómez Urrutia no podía ocultar y que se reflejaban en el empobrecimiento de los mineros y su trabajo. En 2004 llegó a una serie de acuerdos con ejecutivos del Grupo México —su enemigo declarado—, avalados por la Secretaría del Trabajo, con los que consolidó convenios con empresarios terceros o subrogación de servicios, y que extendería a la mayoría de las secciones sindicales. El significado real: subcontratar trabajadores con otras empresas que se encargaban, por ejemplo, de las medidas de conservación y mantenimiento dentro de las instalaciones de la mina Pasta de Conchos, en Nueva Rosita, Coahuila. La transacción era apetitosa: de las aportaciones que hacían las empresas contratistas por cada trabajador designado a realizar labores en las plantas mineras y metalúrgicas, 40 por ciento se quedaba en las secciones locales y el restante se entregaba al Comité Ejecutivo Nacional. Sólo en 2005, el sindicato acumuló 350 millones de pesos como compensación por permitir las labores de las empresas contratistas.

Ciertamente, hubo fricciones en la relación Abascal Carranza-Gómez Urrutia. Se notaba la desconfianza mutua, reflejada en los intentos de Napoleón por crearse la imagen de líder independiente. Como advierten las reseñas cronológicas del sindicato: “Del año 2001 al 2005 fue creciendo la presencia en diversos foros y tema; en las revisiones contractuales y salariales se distinguió por lograr aumentos por encima de los topes y promedios nacionales; por oponerse a la reforma laboral de Fox, de 2002 a 2004, y a la reforma fiscal de 2003 y 2005; así como a los aumentos al salario mínimo de esos años; por presentar alternativas de cambio en la directiva del Congreso del Trabajo, distintas a las oficiales, surgidas y controladas desde la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) y en otros aspectos más”.

Napito movía sus piezas, pero, desde el primer día de su reconocimiento oficial y durante los siguientes tres años, sus relaciones con Abascal Carranza y el foxismo parecieron una luna de miel. Ninguno cuestionaba ni se preguntaba sobre los costos políticos futuros. La confianza alcanzó niveles insospechados. El heredero los había encantado; de otra forma no puede explicarse por qué el 3 de marzo de 2005 —después de un acuerdo pactado en octubre de 2004— Abascal Carranza autorizó transferir a las cuentas bancarias del sindicato 55 millones de dólares depositados muy a fuerza por el Grupo México para repartirlos, proporcional y equitativamente, entre los, aproximadamente, 6 mil 500 obreros afectados en el proceso de privatización de las empresas estatales Mexicana de Cobre en Nacozari, en 1988, y Compañía Minera Cananea, en Cananea, en 1990, el centro minero más importante del país, y uno de los yacimientos cupríferos más grandes del mundo, quebrado a propósito, según las evidencias, por el salinismo.

Como escribió en noviembre de 2006 el periodista Alberto Barranco, lo dramático del asunto no es que Abascal Carranza haya concedido la toma de nota, sino que haya avalado el traspaso de los recursos con la simple promesa de Gómez Urrutia de repartirlo con equidad y justicia.

De forma imprevista, el primero de junio de 2005 la Presidencia de la República confirmó la renuncia de Abascal Carranza para ser nombrado, de inmediato, titular de la Secretaría de Gobernación. Ese mismo día se encendieron las alarmas en el campamento de Napoleón Gómez Urrutia al conocer el nombre del nuevo secretario del Trabajo. Se trataba de Francisco Xavier Salazar Sáenz, un viejo político panista relacionado en forma muy estrecha, desde la década de 1970, con la cúpula de la organización secreta de extrema derecha conocida como El Yunque y, en su momento, activista del Movimiento Universitario de Renovadora Orientación (MURO), otro grupo radical derechista. Pero lo que más causó inquietud en la cúpula del sindicato minero fue que Salazar Sáenz era uno de los funcionarios foxistas cercanos a los magnates del sector minero enemigos de Napito.

Entre esos barones de la minería mexicana destacaba Germán Larrea Mota Velasco, quien, después de un largo proceso y algunas huelgas, fue obligado a depositar los 55 millones de dólares del fideicomiso especial para las indemnizaciones mencionadas líneas arriba. Muy cercanos al magnate se encontraban Alberto Bailleres González, presidente de Grupo Bal, en cuyo conglomerado figura Industrias Peñoles; los hermanos Julio César, Pablo y Sergio Villarreal, del Grupo Villacero; y Alonso Ancira Elizondo, del Grupo Acerero del Norte, empresas todas que resintieron negativamente el vertiginoso e inesperado ascenso de Napito a la dirigencia sindical en el lugar de Napoleón Gómez Sada.

Una vez que estuvo a cargo de la Secretaría del Trabajo, Salazar Sáenz mantuvo, en apariencia, la misma política hacia los sindicatos que su antecesor: hacerse de la vista gorda, permitiendo la explotación de los obreros y el saqueo de los gremios. Sin embargo, su nombramiento no podía separarse de la consolidación de Felipe Calderón Hinojosa como precandidato panista a la Presidencia de la República; hecho que presagiaba muchas y malas noticias.

El 20 de enero de 2006, siete meses después de los cambios en la Secretaría del Trabajo, se materializaron los miedos del sindicato. Elías Morales Hernández, Miguel Castilleja Mendiola y José Martín Perales presentaron, ante la Unidad de Investigación Especializada en Delitos Fiscales y Financieros de la Procuraduría General de la República (PGR), una acusación por defraudación y probable lavado de dinero, irregularmente saqueado del fideicomiso F/9645-2, y del cual se desconocía el destino final. En el escándalo se veían involucrados Napoleón II y 27 personas, así como el banco Scotiabank Inverlat. Según la denuncia y las posteriores indagaciones de la PGR, Napito había resultado un “uña larga” y estaba apropiándose del fideicomiso de los 55 millones de dólares destinados a los mineros de la Sección 65.

Ni con mucho fue lo peor de todo. Sobre si estaba presente o no la mano negra de los empresarios en esos movimientos, a fines de abril de 2007 el fallecido periodista Miguel Ángel Granado Chapa escribió en su columna “Plaza Pública”: “Larrea Mota-Velasco, con la fuerza que le da ser uno de los empresarios más ricos de México, con actividad minera en Estados Unidos y Perú, así como exploraciones en Australia, Irlanda, Chile y Canadá, ha emprendido una batalla mediática contra Gómez Urrutia. Por un lado, aunque no reconozca haberlo hecho, patrocina la difusión de un anónimo mensaje de televisión, ofensivo tanto como oneroso, contra el dirigente minero, al que se pide que regrese (se halla en Canadá, prófugo de la justicia), pero que regrese lo que se llevó. Hizo publicar, por otro lado, un desplegado en el que desmiente afirmaciones de Gómez Urrutia y a su vez lo denuesta. Y, por último, está sancochando información que el año pasado deslizó la Procuraduría General de la República que, incapaz de montar una acusación sólida contra el líder minero, como parte del embate en su contra, eligió el camino de la difamación por la vía de filtrar informes sobre presuntos movimientos financieros y patrimoniales del dirigente”.

Encantador de serpientes

* ¿Cómo puede alguien obtener el control de 80 mil personas y sacar el máximo provecho para sí mismo? ¿Por qué los sindicatos son armas, casi siempre, de doble filo, usados pero también defenestrados por gobiernos y líderes? ¿Cuánto gana un líder de sindicatos en México? El periodista Francisco Cruz hace un viaje por la epidermis de esos personajes, estrafalarios pero poderos, capaces de cualquier cosa, en el libro Los Amos de la Mafia Sindical, editado por Planeta.

 

La derrota del candidato presidencial priista, Francisco Labastida Ochoa, en los comicios presidenciales de julio de 2000 y el ascenso del panismo de la mano del guanajuatense Vicente Fox Quesada resultaron aliados providenciales de Napoleón I, aunque éste no alcanzó a ver el resultado final porque el 11 de octubre de 2001, a los 87 años de edad, y después de cumplir 41 años como líder nacional, murió en la Ciudad de México.

Las esquelas le hicieron los honores correspondientes. Después de ocupar la dirigencia local del sindicato en Torreón, Coahuila, y algunos otros cargos como delegado del Comité Ejecutivo General, en 1960 —con el visto bueno del presidente Adolfo López Mateos, quien ya controlaba con mano dura los sindicatos petrolero, magisterial y ferrocarrilero, y había encarcelado a dirigentes sindicales independientes— fue elegido líder nacional. Gómez Sada ocupó el cargo de secretario general hasta su muerte. Presidió en cuatro ocasiones el Congreso del Trabajo. Fue Senador por Nuevo León de 1964 a 1970 y de 1976 a 1982.

Año tras año, los mineros lo recuerdan en su semblanza oficial: delegado a la XI Convención General Ordinaria, por la Sección 64, de la minera Peñoles en Monterrey, que se celebró en mayo de 1960. Después del golpe para derrocar a Filiberto Ruvalcaba —que encarnaba un sindicalismo de obediencia al gobierno— y al ruvalcabismo, para muy pocos fue una sorpresa que las secciones 14, 67, 20, 123, 9, 62, 97, 11, 30, 167, 5, 2 y 162, lo postularan como candidato a la Secretaría General del Sindicato Industrial de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana, para el periodo 1960-1966. El 28 de mayo de aquel año ganó con 54 mil 539 votos.

Fue un personaje. El periodista Abel Barajas escribió: “Si un calificativo cabe para Napoleón Gómez Sada es el de sobreviviente. Nació en 1914, en el municipio de Cadereyta, Nuevo León, el mismo año en que Venustiano Carranza asumió la Presidencia que abandonó el dictador Victoriano Huerta. Ingresó al Partido Nacional Revolucionario en 1934, que después se llamaría de la Revolución Mexicana y más tarde Partido Revolucionario Institucional. Y el sindicalista seguía ahí. Su carrera en el sindicato de mineros data de 1935, cuando ocupó la titularidad de la Secretaría General de la Sección 64, con sede en Torreón.

”El gremio también cambió de denominación: se llamaba Sindicato Industrial de Trabajadores Mineros y en 1974 se convirtió en Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana. […] Desde el desarrollo estabilizador y el periodo de sustitución de importaciones de la década de los 60, hasta los programas de regulación económica neoliberales, Gómez Sada siempre ha sido fiel a la ideología del sexenio en turno. Del presidente Adolfo López Mateos a Ernesto Zedillo, desde que las minas pasaron de manos extranjeras a nacionales, y desde que las empresas mineras eran paraestatales hasta su total privatización en el actual sexenio. […] Ha sabido lo que son los elogios presidenciales cada seis años y el único museo de minería en el país, inaugurado el 18 de marzo del año pasado en Fresnillo, Zacatecas, lleva su nombre. Napoleón Gómez Sada también se llama una avenida de este poblado zacatecano y una asociación de jubilados mineros en Nuevo León. […] Una de las últimas incursiones de Gómez Sada en la política nacional sucedió el año pasado, cuando apareció en la lista de los 353 integrantes del Consejo Político Nacional del PRI, que el 17 de mayo decidió las reglas del proceso interno para la elección de su candidato presidencial”.

Con algunas maniobras cuidadosamente planeadas antes de morir —como aquel inesperado reconocimiento a Fox, tras su elección como presidente de México, interpretado más como un gesto de docilidad, servilismo y entrega ciega al régimen panista—, Gómez Sada logró que el nuevo secretario del Trabajo, el dirigente patronal José Carlos María Abascal Carranza, hiciera aquello a lo que se negó su antecesor priista Palacios Alcocer: el reconocimiento y aceptación oficial, o la famosa toma de nota. Cuando nadie lo esperaba y casi perdían la esperanza, el 3 de diciembre de 2001, a ocho días de cumplirse el segundo mes del fallecimiento de don Napoleón, Gómez Urrutia se convirtió, oficialmente, en heredero del reino.

El reconocimiento también pagó con creces los tragos amargos del último trimestre de 1990 y el primero de 1991, cuando fallaron las gestiones personales “secretas” de Gómez Sada para hacer de su junior candidato del PRI a gobernador de Nuevo León. Aunque puso todo su empeño, la cúpula priista —léase Carlos Salinas de Gortari— inclinó el socorrido dedazo por la postulación del ex alcalde regiomontano Sócrates Cuauhtémoc Rizzo García. No sólo fracaso, al año siguiente atestiguó la debacle de su hijo como funcionario de gobierno y, por consiguiente, su marginación de la cúpula del priismo neoliberal encarnado por los salinistas.

Napito obtuvo el poder absoluto sobre más de 80 mil mineros y obreros de la metalurgia. Aprovechando las ventajas de un sector industrial multimillonario, el nuevo líder empezó a crearse una fachada que lo hacía aparecer más monumental que su padre. Como si nadie conociera su pasado ni sus acciones, le armaron una pinta de líder democrático y muchos de los individuos cercanos a él emprendieron la tarea de reescribir la historia de Napoleón II, Napito, El Heredero, El Junior de las Manos de Seda o El de Sangre Azul. Pero, aunque sus allegados le adjudicaron una personalidad encantadora, los sindicalizados no dejaron de considerarlo simplemente como un vago marrullero, afortunado y feliz.

Una actitud populista —porque incluso en las fiestas de los obreros no sólo se hacía acompañar por su esposa Oralia Casso Valdés de Gómez, sino que sus hijos Alejandro, Ernesto y Napoleón Gómez Casso estaban entrenados para saludar de mano, con el nombre respectivo, a cada trabajador, según las enseñanzas de Napoleón el viejo— y un discurso muy bien estudiado le permitieron ir progresando tranquilamente a la sombra del recuerdo de su padre.

Sus palabras, desde luego con el apoyo de Abascal Carranza desde la Secretaría del Trabajo, tenían el efecto práctico de legitimar su presencia en el sindicato, aunque sólo las mentes más retorcidas del sector laboral llegaron a pensar que entre estos dos había nacido una incipiente amistad. De su lado, confiesan algunos viejos sindicalistas, Napito llegó a estar convencido que tenía al gobierno panista “bien agarrado por los huevos”. Sobre todo después de su fallido triunfo, de Napito claro está, el 14 de febrero de 2006, como vicepresidente electo del Congreso del Trabajo. Al sudcaliforniano Isaías González Cuevas, de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC), tampoco lo dejaron asumir la presidencia del organismo.

Los extraños acuerdos con Abascal Carranza, su trato exquisito “de gente fina”, visión de negocios, contactos, dominio sobre el mapa minero en todo el territorio mexicano, un activismo mayor en minas y empresas de sus enemigos —donde apretaba más por mejores salarios y prestaciones— y, como lo consignaron dos ex ejecutivos de una empresa consultora a quienes se les comisionó para investigarlo, una “labia” capaz de convencer hasta el más incrédulo de que él era el salvador le dieron herramientas para contener las presiones sindicales internas.

Ni Morales ni Ortiz Elizalde estaban preparados para eso. “A Napito —advierten los ex ejecutivos de Kroll— debe entendérsele por su preparación; no era un dirigente sindical como el resto, por más que algunos de sus comportamientos siguieran el camino cínico, por ejemplo, del ferrocarrilero Víctor Flores, de la caída en desgracia Elba Esther Gordillo Morales, del petrolero Carlos Romero Deschamps o del burócrata Joel Ayala Almeida. Él tiene el don de la palabra educada, del caro buen vestir, puede sentarse a la mesa para discutir sobre grandes inversiones con empresarios extranjeros y convencerlos de las oportunidades que brinda la minería mexicana.

”Puede uno encontrarle cualquier cantidad de defectos, mostrar sus carencias políticas, documentar sus abusos y enumerar sus excesos o los de su familia, incluidos su esposa y extinto padre, pero Napoleón es un tipo refinado, elegante, que había hecho 20 años de carrera financiera, de servicios e industrial, además de su desarrollo en la administración pública federal y sus afiliaciones al Colegio Nacional de Economistas, la Academia Mexicana de Finanzas Públicas y la Wadham College Society —reconocida por su tendencia progresista-liberal, y entre cuyos integrantes destacan Rowan Williams, ex arzobispo de Canterbury, primado de la Iglesia de Inglaterra y líder espiritual de la Comunión Anglicana; y la escritora y novelista bangladesí Monica Ali, autora de Brick Lane, Alentejo Blue, In The Kitchen y Untold Story—; con posgrados en universidades de Alemania y Reino Unido, a su llegada al sindicato minero rompió el estereotipo de los líderes mexicanos, y eso no lo puede decir cualquiera de los dirigentes sindicales.

Política educativa: la evaluación

* Las autoridades educativas, conjuntamente con el Instituto Estatal de Evaluación Educativa, serían las autorizadas para dar a conocer a los maestros, alumnos, padres de familia, organismos sindicales del profesorado, medios de difusión y a la sociedad en general, los resultados de las evaluaciones de alumnos y docente, así como la información global que contenga los parámetros para conocer el desarrollo, los avances de la educación en nuestra entidad y de las acciones decididas para el mejoramiento de los servicios educativos que se brindan.

 

 

Luis Zamora Calzada

El registro y la toma de nota del Sindicato Unificado de Maestros y Académicos del Estado de México (SUMAEM), representa la actualización de nuestra entidad en Materia Sindical, al superar la existencia de un solo sindicato por instancia gubernativa, que establecía la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios hasta septiembre de 2009, finalizando con la sindicación única que imperaba en nuestra entidad y que violaba el derecho a la libertad sindical garantizada en el Artículo 123 Constitucional.

Sin embargo, la aportación de la organización gremial naciente no se ha reducido al ámbito sindical. Desde su inicio, en 2006, se difundió una serie de planteamientos para la definición de una política educativa estatal, inherentes a la propia constitución del sindicato, concentrada en la iniciativa de Ley de Educación del Estado de México, ingresada el 14 de mayo del 2010 a la LVII Legislatura de la Cámara de Diputados para su análisis, discusión y aprobación, que ocurrió en 2011.

Entre los más importantes, que hoy es parte de la política educativa nacional, se identifica al tema de la evaluación del Sistema Educativo Estatal, que se reconoce de interés público y sus resultados deberán ser tomados como base para que la autoridad educativa, en el ámbito de su competencia, adoptará las medidas procedentes en la planeación estatal, regional, municipal, de zona escolar y en los diferentes planteles.

Al respecto, destaca el contenido del artículo 19, que señaló como el encargado de la evaluación al Instituto Estatal de Evaluación Educativa, como órgano autónomo del Ejecutivo del Estado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, y que evaluaría en forma sistemática y permanente al Sistema Educativo Estatal, de conformidad con la Ley General de Educación, la Ley de Educación estatal y los ordenamientos legales aplicables; integrando un sistema general de evaluación, que permitiría contar con la información necesaria para racionalizar el funcionamiento del Sistema Educativo Estatal.

El Ejecutivo del Estado, en coordinación con la autoridad educativa estatal presentaría las propuestas de integrantes de los órganos directivos del Sistema General de Evaluación, tal como se establecería en el decreto de creación que para tal efecto expidiera la Legislatura.

Las propuestas se presentarían al Congreso, el cual tendría 10 días hábiles para dictaminar cada caso en particular, fundamentando así sus decisiones y quienes habrían de integrar los órganos directivos.

Esto último no ocurrió en nuestra entidad. Al depender el Instituto de la Secretaría de Educación local se pierde la autonomía y se circunscribe a lo que la propia instancia le mandate, con grandes riesgos de ser parcial en sus informes y resultados.

 

 

II

El planteamiento de la evaluación del Sistema Educativo Estatal, del Sindicato Unificado de Maestros y Académicos del Estado de México (SUMAEM), aporte académico visible en los artículo 18 al 23 de la iniciativa de Ley de Educación del Estado de México, ingresada el 14 de mayo del 2010 a la LVII Legislatura de la Cámara de Diputados, proponía evaluar el rendimiento de los alumnos, en todos los tipos y niveles del sistema educativo.

El Instituto Estatal de Evaluación Educativa elaboraría los instrumentos para medir el rendimiento de los alumnos en lo individual de los conocimientos, las habilidades, las destrezas, capacidades entre otros y, en general, del logro de los propósitos establecidos en los planes y programas de estudio.

Se encargaría también de integrar los instrumentos para determinar el desempeño docente, así como las percepciones de los actores sociales en torno al proceso educativo. Dichos instrumentos serían objetivos y pertinentes, es decir, acordes a la realidad en que se encuentra inmerso el estudiante, así como lo contemplado en el currículo del nivel educativo correspondiente y basarse en las pruebas y estándares nacionales aplicables.

Respecto al desempeño de los docentes se concatenaría a las realizadas por las instancias del gobierno federal, en colaboración con la Coordinación Estatal de Carrera Magisterial, de acuerdo a sus Lineamientos Generales.

Los resultados de las evaluaciones del desempeño docente serían el fundamento básico para la determinación de los acreedores a estímulos y recompensas que otorga el gobierno del Estado.

El Instituto evaluaría a los directivos y supervisores escolares, así como a los administradores de la educación en el Estado, acorde a los lineamientos e indicadores determinados en el Programa de Desarrollo Educativo, que se emite a inicios de cada sexenio de los gobiernos en turno.

Las autoridades educativas, conjuntamente con el Instituto Estatal de Evaluación Educativa, serían las autorizadas para dar a conocer a los maestros, alumnos, padres de familia, organismos sindicales del profesorado, medios de difusión y a la sociedad en general, los resultados de las evaluaciones de alumnos y docente, así como la información global que contenga los parámetros para conocer el desarrollo, los avances de la educación en nuestra entidad y de las acciones decididas para el mejoramiento de los servicios educativos que se brindan.

En la evaluación docente nunca se contempló la reprobación de los instrumentos como causal de rescisión de la relación laboral del profesor con el Estado, al ser la ley de educación emanada del artículo 3ro. Constitucional, diferente de las leyes secundarias del artículo 123 de nuestra Carta Magna, que rigen en materia laboral.

Los traidores imaginarios

* Acosado por las acusaciones de malversación de fondos, de aquel fideicomiso de 55 millones de dólares, Napoleón Gómez Urrutia aguarda pacientemente en Vancouver, una de las diez ciudades con mejor calidad de vida en el mundo, donde lo ven como uno de los representantes del “nuevo” sindicalismo mexicano, un líder democrático e independiente que tuvo la osadía de enfrentarse al gobierno de su país.

 

Francisco Cruz Jiménez

Antes de heredar todo el poder a su vástago, Gómez Sada había tenido tiempo para reestudiar las redes de poder dentro de la política mexicana, conociéndola casi de memoria con todas las reglas, escritas y no escritas que garantizaban la continuidad del régimen y los reacomodos en cada uno de los sexenios a partir del de Adolfo Ruiz Cortines. Atestiguó el encumbramiento de cada uno de los funcionarios de poder en el sexenio salinista, cuando su hijo tuvo la desgracia de toparse con el secretario de Hacienda, Aspe Armella. También atestiguó el encumbramiento del secretario de Energía, Minas e Industria Paraestatal, Fernando Hiriart Balderrama, y del titular del Trabajo (luego de la Función Pública), Arsenio Farell Cubillas.

También conocía a detalle el ascenso, ya en el sexenio de Ernesto Zedillo, de los secretarios de Energía, Luis Téllez Kuenzler, y de Trabajo, Mariano Palacios Alcocer, así que para enero de 2000, ya enfermo, tomó el papel de padre amoroso: olvidó los porqués del violento despido de su hijo de la Casa de Moneda en 1992, así como su destierro político, y le heredó en vida un futuro prometedor, productivo e inesperado como dirigente vitalicio de casi 90 mil obreros y trabajadores agrupados en el Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana.

Gómez Sada no era diferente a ninguno de los charros sindicales contemporáneos. En 1950, durante el marco de la sexta convención de su sindicato, vivió en pleno la domesticación minera resultado de la política delineada por la presidencia del veracruzano Miguel Alemán Valdés. Durante este periodo, el sindicalismo en general cosechó los frutos de la labor emprendida algunos años antes, durante el sexenio de Manuel Ávila Camacho. Alemán Valdés fue conocido como “el amigo de los obreros”, entre sus “logros” estuvo el de mantener el control férreo de los trabajadores mineros a través del llamado ruvalcabismo —de Filiberto Ruvalcaba— y cuyo liderazgo le fue arrebatado por un movimiento “democrático” que culminó con la imposición, en 1960, de Napoleón Gómez Sada, pero que en realidad fue concebido por empresarios. Con los mismos vicios de su antecesor, Gómez Sada se tomó su tiempo para levantar un imperio que heredó a Napito.

Para 2000, Napoleón I había ordenado la expulsión de, al menos, una quincena de sus opositores y modificado los estatutos del sindicato para facilitar el ascenso de su heredero. El 13 de marzo de ese año el Comité Ejecutivo hizo oficial la decisión. El acta con la notificación correspondiente fue muy escueta y describía a Gómez Urrutia como agremiado de la sección minera 120, en La Ciénega de Nuestra Señora, Municipio de Santiago Papasquiaro, Durango. Sorpresivamente, justo un mes después de la asignación, la Dirección de Registro de Asociaciones rechazaría el registro a Napito, a través de la negación de la llamada toma de nota. Controlada por el priista Mariano Palacios Alcocer, titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, aquella dependencia “menor” había recibido instrucciones para declarar improcedente el nombramiento por herencia.

Las autoridades argumentaron y documentaron que el nombramiento en cuestión violaba el artículo 215 de los estatutos del gremio minero, los cuales marcaban como única instancia para tales designaciones a la Convención General del sindicato. “Si los mineros quieren elegir a quien ellos consideren, están en su derecho. […] El gobierno no puede prejuzgar, juzgar ni tomar decisiones a nombre de los sindicatos”, advirtió Palacios Alcocer. Gómez Sada se encontró, de la noche a la mañana, predicando en el desierto. Su capacidad para persuadir, su intenso trabajo y habilidad se estrellaron, una y otra vez, contra el muro de las desconfianzas priistas. La humillación fue mayor porque el martes 2 de mayo, en Los Pinos, el todavía presidente Ernesto Zedillo tomó protesta a los 97 delegados de la convención ordinaria número 31 del sindicato minero. Con esa decisión, en apariencia daba su aval a la sucesión hereditaria. Pero Palacios Alcocer —quien sólo recibía órdenes del presidente de la República— se mantuvo en su macho y ratificó el desconocimiento.

Atónito como estaba por esa ambigüedad zedillista, Gómez Sada ordenó el traslado de los sumisos delegados mineros a la sede del sindicato en la calle de Doctor Vértiz del Distrito Federal, donde sesionaron en secreto. Para evitar la intromisión de los disidentes, prohibió la entrada a los integrantes de su Comité Ejecutivo Nacional. Ni para disimular hubo una convocatoria a los integrantes del Comité Electoral del sindicato.

La inesperada sorpresa gubernamental cayó como balde de agua fría, sobre todo en un desconcertado Napito, quien dio la impresión de querer embarcase en una guerra de declaraciones: “He sido minero, soy trabajador comisionado en el sindicato haciendo tareas de auxiliar y de asesor del Comité Ejecutivo”, repetía a los reporteros que lo inquirían y tratando de convencerse a sí mismo que no había llegado a la Secretaría General por una cuestión hereditaria. Según sus declaraciones, pertenecía al gremio, con el pleno goce de todos sus derechos, desde 1995. Y sobre el nombramiento, aunque nadie le creyó, advirtió: “Ni me enteré ni estuve presente en la reunión cuando se tomaron los acuerdos”. Encabezados por Morales Hernández y Ortiz Elizalde, sus detractores tenían a la mano argumentos sólidos para la impugnación: “La Sección 120 del sindicato de Durango —a la que El Cachorro se aferra como sindicalista activo— no tiene ni cinco años de creada; por tanto, tampoco tiene la antigüedad que exigen los estatutos para aspirar a algún cargo de representación” sindical.

La Secretaría del Trabajo dio la razón a los opositores. Los rebeldes y funcionarios de la Secretaría del Trabajo habían llegado a la misma conclusión: el 8 de septiembre de 1995 se dio a conocer que existía una nueva sección minera creada y cuyos procesos de certificación comenzaron a partir del 24 de agosto de ese año. Hasta entonces, y según los expedientes, dicha empresa se constituyó con el nombre de Minera Mexicana Peñoles, S.A., pero cambió de razón social a Minera Mexicana La Ciénega, S.A. de C.V., en la que laboraban 289 personas. En aquella época, luego de presentarse la documentación reglamentaria, la Secretaría del Trabajo resolvió aprobar la constitución de la citada sección, ya que “cumple con lo previsto por las fracciones I, IV y último párrafo del artículo 365 de la Ley Federal del Trabajo”.

Si en verdad Napito entró a trabajar a esa empresa a partir del 24 de octubre de 2005 como auxiliar contable con un raquítico salario de 15 mil pesos mensuales, entre el 13 de marzo y el 2 de mayo de 2000 —cuando fue nombrado y ratificado en su cargo de secretario general suplente— todavía no cumplía con los requisitos estatutarios para ocupar un cargo de elección en el sindicato minero. Nada valió. Morales Hernández, Ortiz Elizalde y otros compañeros suyos fueron acusados de “traición y deslealtad” y expulsados del sindicato por órdenes de Napoleón Gómez Sada.

Acosado por la prensa, Gómez Urrutia, que en los hechos manejaba la abultada agenda de su padre desde 1993, tenía su propia argumentación sobre los despidos: “Se reacciona así ante alguien que no obedece, y la democracia se da de esa manera”. Y, a los 86 años de edad, el patriarca insistía: “No estoy muerto”, y se decía tranquilo porque “ya se nombró suplente mío, que es Napoleón Gómez Urrutia; por aquí anda también. […] Me faltan casi dos años para terminar mi periodo [pero] si no regreso, Dios que los bendiga a todos”. Y aún tuvo fuerza para manifestar su apoyo “hasta morir” y el de todos los mineros, al candidato presidencial priista en 2000, Francisco Labastida Ochoa. Para el 16 de junio, la intimidación había alcanzado al secretario de Contrataciones Colectivas, Armando Martínez Molina, conocido como El Kadafi, uno de los dirigentes de la histórica sección de Cananea, a quien le aplicaron un procedimiento de suspensión temporal luego de 37 años de servir al gremio. Gozando de cabal salud, Gómez Sada ordenó, al mismo tiempo, aplicar la cláusula de exclusión a otros cinco integrantes de la cúpula gremial.

A pesar de los sobresaltos internos, la ilegitimidad, pérdida de afiliados, secciones y posiciones en el Partido Revolucionario Institucional, la dolorosa ambigüedad del presidente Zedillo, y una aguerrida oposición que, incluso, le hizo abandonar el hospital por un tiempo, Gómez Sada mantuvo la decisión de heredar el puesto a su hijo Napito. La decisión ya estaba tomada.

El 13 de enero de 2000, en el centro vacacional y recreativo Ex Hacienda de Xala, propiedad del sindicato ubicada en el municipio mexiquense de Axapusco, Gómez Sada festejó por adelantado su cumpleaños 86 y aprovechó para presentar, oficialmente, al heredero. Los mineros presentes —por no decir Napoleón I y Napoleón II, junto con decenas de acarreados— esperaban concretar así una alianza perdurable con el candidato presidencial priista Francisco Labastida Ochoa.

Como se documentó en las crónicas del momento, en medio de la barbacoa de 20 borregos, las carnitas de 20 marranos, cervezas Lager, Indio y brandy Don Pedro, Napito se adueñó de la situación y mostró por primera vez su recién adquirido lenguaje sindical: “¿Qué prefieren?, ¿quieren hampones al frente del sindicato, eso es lo que prefieren?, ¿gente desprestigiada que sólo viene a corromperse y a violar los contratos colectivos y a venderlos?, ¿eso es lo que prefieren los medios de comunicación, o prefieren a gente que elige democráticamente la autoridad máxima del sindicato?”.

—¿Su llegada a la dirigencia es la más correcta? —soltó a bocajarro el periodista Javier Peralta del periódico Reforma.

—El lunes platicamos con mucho gusto. Hay que preguntárselo a la gente, a ver qué piensa. Aquí hay mil representantes de todas las secciones; todos los delegados de la Convención Nacional tienen autoridad máxima del sindicato, y esto que quede bien grabado, ¿porque me estás grabando, verdad?

—El asunto es: ¿se vale tomar el poder de este modo?

—Pregúntale a la gente, el lunes con mucho gusto platicamos en mi oficina.

La crónica misma de Peralta dio cuenta de la función: “Todo el escenario [está] fincado a la sombra de imaginarios traidores que no entendieron que la sucesión-sucedida era fruto de la vocación 100 por ciento democrática de los parroquianos; el príncipe, ahora rey ad perpetuam del Sindicato de Trabajadores y Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana, dijo: ‘Bueno, pues, qué quieren?’ A las 13:10 en punto, llegado de una ficticia isla de Elba, vía helicóptero, Napoleón padre, don Napoleón, se encaramó en un Grand Marquis placas 776JGT blindado, para recorrer 20 metros hacia los jardines de la ex hacienda. […] Valla de por medio, el sempiterno líder llegó al presídium para dar cuenta de la buena nueva donde la profecía se cumplía y un Napoleón emperador habría de dejar el poder a su hijo, Napoleón también de nombre. Transcurrida la participación del artista de radio, televisión, cine y anexas, el popular y reconocido Pancho Pantera, que no se cansó de alburear a los asistentes, y justo cuando cada comitiva de las secciones mineras del país colocaba, a manera de ofrenda, regalos a los pies de don Napoleón, su hijo Napoleón cuestionó al cuestionador, pero luego echó reversa. ‘Hablamos cuando quieras en una entrevista, en la oficina, con muchísimo gusto. Si quieres el lunes, el martes, encantado de la vida; hacemos una entrevista de veras, no hay ningún problema, de los temas que quieras, las preguntas que quieras. No hay nada que ocultar, está todo abierto, con muchísimo gusto, de veras. [Reforma] es un periódico al que respetamos mucho y que refleja muy bien la opinión, pero yo creo que ha habido excesos que más vale platicarlos seriamente en mi oficina, no en un acto social como éste’”.

De nueva cuenta

* ¿Se descarta Fernando Zamora, ex líder magisterial del SMSEM, para la alcaldía de Toluca? ¿Qué le pasó al todavía diputado federal que no pudo o no lo dejaron competir desde el PRI por el cargo?

 

Luis Zamora Calzada

Ya no se habló del profesor, diputado federal otomí, de hecho tampoco se presentó Luis Ángel Jiménez Huerta, de la Dirección General de Educación Básica, mucho menos el subdirector de Secundarias, ambos de la Secretaría de Educación del gobierno del Estado de México, de donde se asegura salió la convocatoria para reunir al “grupo político”;  la atención a los profesores estuvo a cargo de una maestra comisionada.

La cita fue en Metepec, atrás de donde se realiza la feria, por donde se estacionan los camiones. A los invitados les pidieron acudir a las once de la mañana, el pasado viernes 23 de enero; se asegura que el número de asistentes fue numeroso, llegaron al lugar docentes del turno matutino y vespertino sin importar que, de nueva cuenta, se salieran de sus escuelas dejando a muchos alumnos sin clases, sin tomar en consideración que el próximo viernes 30 se suspenderán otra vez las labores escolares por los Consejos Técnicos programados, quedando la normalidad mínima pregonada en mero discurso.

En la reunión se habló de estar alertas y preparados para bajar los programas que ya venían trabajando y otros nuevos que van a incorporar, como el apoyo a adultos y a jóvenes que serán contratados por medio de una beca.

En particular, se hizo hincapié en cerrar filas en las seccionales, sobre todo con los directores escolares que tienen a su cargo cinco o seis de las mismas y a un número diversos de maestros para estos trabajos, tales como el reparto de despensas a grupos de señoras ya determinadas, y que en ocasiones anteriores se ha llegado al extremo de realizar la entrega al interior de las propias escuelas.

Entre los asistentes, algunos se preguntaron extrañados, del por qué ya no se tocaba el tema de la presidencia municipal de Toluca; los supuestos profesores más cercanos al diputado federal otomí, quien aspiraba a dicha candidatura, murmuraban que finalmente empezó a entender que no contaba con el apoyo de la gente y tampoco de las estructuras (sin señalar cuáles), incluso afirmaron: “en sus oficinas ya no se para casi nadie, uno que otro despistado acude a solicitar algo, pero ya no se dan los amontonamientos de otros tiempos, algo está pasando, el clima está muy enrarecido…”, comentaban en voz baja.

De ser cierta la percepción y los comentarios, ojalá aprendan que ya no deben utilizar a maestros en acciones que no son de su competencia (su materia de trabajo es la docencia), que en nada contribuyen al cumplimiento de lo establecido en la reforma al artículo tercero y 73 constitucionales que impulsa el gobierno federal, impidiendo, entre otras, el cumplimiento del calendario escolar y lo más grave, colocan en entredicho la imagen magisterial al incurrir en probables delitos electorales.

 

Nulidad urgente

 

La parte toral de la reforma al artículo tercero constitucional fue el mandato referente al ingreso al servicio docente y la promoción a cargos con funciones de dirección o de supervisión en la educación básica y media superior que imparta el Estado, los que se llevarán a cabo mediante concursos de oposición que garanticen la idoneidad de los conocimientos y capacidades que correspondan. La ley reglamentaria del artículo fijó los términos para el ingreso, la promoción, el reconocimiento y la permanencia en el servicio, determinando la nulidad de todos los ingresos y promociones que no sean otorgados conforme a la ley; lo que a todas luces no se cumple a cabalidad en nuestra entidad.

El acuerdo para la creación de la comisión paritaria de estudio y dictamen de plazas de nueva creación, vacantes y ascensos por vía administrativa del subsistema educativo estatal, de fecha 4 de diciembre del 2000, firmado por el secretario de Educación del Gobierno del Estado México en turno y la representación sindical única de ese entonces, contraviene el mandato de la reforma constitucional del artículo tercero; la asignación discrecional de plazas en los términos actuales es nula, al no cumplir con la Ley General del Servicio  Profesional Docente.

La sola vigencia del citado acuerdo es contrario a la ley, contraviene al Estado de Derecho que continúe firmando un documento algún titular de la dependencia educativa y un representante del Sindicato único hasta el 2010, mediante el cual “acuerdan” asignar una plaza para algún “elegido”, lo que carece de validez legal por el mandato de la reforma educativa y sus leyes secundarias. Nuestra entidad tiene la obligación de cumplir con lo establecido y detener la emisión de más nombramientos en dichas condiciones.

Los integrantes del “grupo político” de la Dirección General de Educación Básica que aspiren a alguna promoción al amparo del acuerdo del 4 de diciembre del 2000 y por más trabajo político que hagan, ya no podrán tener la seguridad de lograrlo, la Secretaría de Educación deberá determinar la nulidad de dicho acuerdo, para iniciar el ascenso de la escuela pública a niveles de calidad planteados, en donde ya no caben más recomendados. Es urgente retomar nuevamente los buenos resultados, la preparación profesional y por supuesto los resultados que el maestro obtenga en los exámenes.

La cuna del titular del Ejecutivo federal deberá entender que los concursos de oposición que garanticen la idoneidad son el eje de la reforma para garantizar una docencia con un pensamiento pedagógico construido a partir de ubicar en el núcleo educativo a nuestros alumnos, como la razón de ser de la escuela y aspirar alcanzar el reto más importante que todo maestro debe tener: lograr que sus estudiantes quieran lo que  hagan en el aula y no hagan lo que quieran, como lamentablemente ocurre en muchos salones de clase.