La cuadratura del Tao

* En el 2005 cada enganchador o “buen samaritano” controlaba a 7 niños en promedio, que le generaban entre todos unos 700 pesos diarios. Hoy la cuota diaria ha subido casi al doble. El DIF estatal asegura que hay 90 niños trabajando a pesar de que las autoridades municipales de pronto niegan su presencia, como lo hizo sistemáticamente la ex alcaldesa priista María Elena Barrera.

 

Miguel Alvarado

Se asomó a la ventana y no vio nada. Estaba lloviendo y la calle apenas era la mancha pétrea reflejada en el cristal. Habían pagado el pasaje, ocho pesos cada uno, para recorrer de punta a punta aquella ruta luego de trabajar en un crucero por 8 horas. A él le fue bien. A su amigo no, porque no se había aguantado la sed y compró dos refrescos. Dos. A trece peses cada uno. No iba a entregar buenas cuentas pero como su enganchador es buena onda no está preocupado. Los niños son parte de un sistema de subempleados que mueve una industria en la que casi nadie piensa. El control comercial de calles y cruceros es una de las empresas informales más redituables de Toluca. Allí, en la calle se calcula que trabajan unos 100 niños, más los que los acompañan, otro tanto igual, aunque no desempeñan labor alguna, sólo están de apoyo y aprenden, aunque son pequeños y el destino de la mayoría no siempre se cumple en esta ciudad.

Un estudio realizado en el 2006 por Jaciel Montoya señala que la actividad más desarrollada por los niños de la calle es la venta de chicles, con 34 por ciento del total ocupacional, seguido por limpiar parabrisas, con 24 por ciento. Según Montoya, la mayoría de los niños proviene de municipios rurales y permanece hasta 5 años en la misma situación. Crecen pero sólo cambia su denominación. Se vuelve adultos, comerciantes informales o, en el peor de los casos, delincuentes.

Los dos niños en el camión observan el pegote de Stereo Joya y preguntan qué es aquello. Mientras uno se cambia el suéter y se pone ropa limpia que saca de una maleta porque su mamá lo recogerá en la bajada, el otro le dice que es una tienda de grabadoras y luego se suelta riendo. Mira a la cámara y pregunta que si la foto es para saber cómo son.

– No. Son para saber cómo soy yo.

– ¿Y cómo eres?

– Pues como ustedes, ahorita como ustedes.

– ¿Y luego?

– No sé. Tampoco me interesa. ¿A ti?

– No, no sé, no entiendo, pero eso qué. Hay muchas cosas que me interesan, pero nomás que termine de trabajar. No me gusta la escuela pero en la calle aprendo un chingo de madres. Nosotros no pasamos hambres ni fríos porque nuestros papás nos dan cobijas y comida y el que nos cuida nos da más comida después. Si se le olvida, podemos comprar cosas, como hoy- dice el más grande mientras es observado por su amigo. Se llaman Jorge y El Chava. Así se dicen. Uno tiene 12 años y el otro dice que siete. Uno lleva 120 pesos y el otro 70, lo que ganaron en la jornada. Las cosas casi siempre resultan así.

El estudio de Montoya, realizado para la colección Papeles de Población, de la UAEM, dice que en el 2005 cada enganchador o “buen samaritano” controlaba a 7 niños en promedio, que le generaban entre todos unos 700 pesos diarios. Hoy la cuota diaria ha subido casi al doble. El DIF estatal asegura que hay 90 niños trabajando a pesar de que las autoridades municipales de pronto niegan su presencia, como lo hizo sistemáticamente la ex alcaldesa priista María Elena Barrera.

Cuadras adelante sube otro niño al camión. Apenas son las cinco de la tarde y la jornada para él ha terminado. Tiene 6 años y viste una chamarra café y gorra contra el frío. Trae una caja de chicles, que intenta vender entre los pasajeros sin ninguna suerte. Luego se sienta y se permite ver la ciudad por la ventana. Él es otro de los que deben llegar con sus familias para entregar dinero y los productos sobrantes. Los niños saben qué hacen, dónde están, cómo los utilizan y conocen el valor de las monedas. Para ellos el viaje de regreso es una sucesión de imágenes, ventanas que les permiten acceso o los corre a madrazos. Es lo mismo las puertas de un parque que las entrañas de una oficina donde un contador hace los números diarios. Esa ventana, la del contador, es la opción educativa en la que uno cree que se prepara pero accede, de manera casi automática y sin sentir, a obligaciones laborales, sociales, hacendarias, casi todas inútiles. Allí se refuerzan los estereotipos del Mickey Mouse que todos llevamos dentro pero también, en contadas ocasiones, se vislumbra la antítesis, murallas de fuego donde arden oscuros ratones de orejas rojas, a la izquierda. Al final, un día, uno entiende que es lo mismo, que no merecen ni el reojo los extremos perversos. Al final las marchas contra los gobiernos se parecen demasiado a victorias futboleras celebradas en El Ángel, en la fuente del Águila. De las revoluciones ni hablar. Los pobres no las hacen pero las ejecutan y de cualquier manera el mundo sigue su marcha. Los honores para los muertos y las gestas –los gestos, más bien- para los vivos son remedos oscurísimos que laberintean en compactas programaciones al servicio de alguien, tan malo como Dios, tan humano como el Diablo.

Pero mejor que estudien porque la calle no es un buen lugar y en todo caso las oficinas, los cubículos al menos no son peligrosos. No tanto, aunque de todas maneras la cárcel, el barrote invisible del mundo acristalado de la producción, sirve lo mismo para adentro que para afuera. La diferencia, si la hay, deberá descubrirla el niño, el alumno, el profesional o quien se siente detrás de un innecesario escaparate a contar dinero, facturar para otros o para sí, de nueve de la mañana a diez de la noche, con una hora para comer y baño con toallitas de papel marrón.

Detrás de la ventana ocurre todo. Cuadrado Tao, giratoria suerte, mutación invariable, intrascendencia de la mayor importancia. La muerte a la vuelta de la esquina, en una caja de chicles o gotas que arrugan la lluvia a las cuatro de la noche, es respuesta que a todos cuestiona.

Parada ahí, esperando porque sí, en el lugar que le corresponde desde siempre la mujer se envuelve en su rebozo y se une al mundo que no la quiere o necesita, pasa por un lado y se pierde en dos movimiento de manos, como una cuenta por pagar. La ancianidad es niñez alrevesada, quizás peor porque no hay vuelta atrás. Peor cuando hay que estar bajo la lluvia, detrás del cristal, por fuera, siempre por fuera, fuego lúgubre atornillado en la mandíbula inferior.

La vuelta es una casa de paredes enormes por donde pasa el tren, aullido a las cinco de la mañana y las 10 de la noche, religiosamente, que pasa, como la misa, inalterable en su trayectoria, que lleva o eso parece, a vivos y muertos por igual.

La ventana asoma al jardín en un disturbio de bárbaros vegetales, como si cayeran en cuenta de la epifanía matinal, asunción del barrio que conserva hasta la basura para sobrevivir otro día. Toluca y sus ventanas es la misma madre aleatoria, matlazincas engallados arrastrando su fru-frú, acodados en pupitres no aptos para clases donde se enseña inglés como lengua madre y mántricos padresnuestros o santísimas vírgenes. La pobreza extrema no paga impuestos pero tiene celador, a veces dios o su digital reflejo en televisión.

Y es que el fracaso sabe a jugo de naranja, a dos refrescos de trece pesos más tapita plástica con premio incluido.

 

Las razones del miedo

* El último reporte del Secretariado Ejecutivo Nacional del Sistema Nacional de Seguridad Pública señala que desde el primero de diciembre del 2012 y hasta el último día de octubre del 2013, la administración de Enrique Peña acepta 17 mil 68 asesinatos. Si la estadística se mantiene, el próximo sexenio terminaría con 102 mil 408 homicidios. Otros datos contabilizan 500 ejecutados al mes desde ese diciembre, por nexos con el crimen organizado, unas 20 personas diariamente.

 

Miguel Alvarado

– Órale, pinche puto, ¿pues qué te traes?

La camioneta de la cual se baja el hombre es una Lincoln, cubierta de polvo, maltratada pero que todavía deja ver un color que pudo ser dorado en mejores tiempos. Le ha cerrado el paso a un camión de pasajeros, que cubre la ruta de Ciudad Universitaria a La Pila, en Metepec. El incidente, en la avenida Baja Velocidad, frente al edificio de cristal del Instituto Electoral es presenciado por patrulleros estatales, que vigilan en Paseo Tollocan el tráfico.

– Órale, pinche puto, ¿pues qué te traes?

El hombre que baja de la Lincoln va armado. Saca de sus ropas una pistola y con ella se dirige al chofer del autobús, que ha frenado violentamente al tener enfrente la camioneta. El hombre con el arma luce más alto de lo que es en realidad. La pistola le otorga el aura de poder e impunidad necesarios para lograr los objetivos vitales.

– No, pues es que yo me hice a un lado para que pasaras –atina a decir el atribulado conductor, que no puede despegarse de la ventanilla, pues ya se le apunta diligente, profesionalmente con el arma. Un golpe en el vidrio lo silencia por completo. Mientras, los patrulleros se hacen de la vista gorda. No se van pero no bajan de las unidades. Son dos, una estacionada a metros de la otra, en el acotamiento del carril de alta velocidad. Todos las ven, también el empistolado, quien permanece junto al camión en espera de respuesta, como si hubiera alguna para esos casos.

– Ya te dije que… -trata de explicar el operador, pero un nuevo golpe lo disuade. Alto, con camisa de cuadros, anaranjada, de manga corta, pantalón de mezclilla, cumple casi a la perfección con el estereotipo del militar, del policía vestidos de paisanos, encubiertos o de plano de un sicario.

– Pinche mugroso de porquería –le vuelve a decir el de la pistola. “Es un pinche guarura”, suelta uno de los pasajeros, más espantado que curioso porque el monólogo con la pistola ya rasguña la histeria. Pero ellos son así, algunos, pues. Bajan de sus autos y amenazan con lo que tienen a la mano. No importa lo que suceda después. No temen morir, que alguien más espantado que ellos se decida a disparar por pura inercia. El hombre sube a su camioneta y arranca luego de simular, antes de cerrar la puerta, un disparo contra el camión. El chofer deja que la camioneta se aleje y después sigue la ruta. Todos bajan de la unidad en cuanto pueden. Nadie sabe con certeza por qué sucedió aquello pero cualquier pretexto es suficiente para desatar cualquier cosa.

A nivel nacional, la violencia no ha disminuido. El último reporte del Secretariado Ejecutivo Nacional del Sistema Nacional de Seguridad Pública señala que desde el primero de diciembre del 2012 y hasta el último día de octubre del 2013, la administración de Enrique Peña acepta 17 mil 68 asesinatos. Si la estadística se mantiene, el próximo sexenio terminaría con 102 mil 408 homicidios. Otros datos contabilizan 500 ejecutados al mes desde ese diciembre, por nexos con el crimen organizado, unas 20 personas diariamente.

En el Edomex los policías asesinados forman un grupo muy especial, una estadística cuidada con el mayor esmero por las autoridades. A pesar de las discreciones, los conteos existen y dependencias como la Procuraduría mexiquense aceptaban, en el 2008, un promedio anual de 37 policías caídos nada más en enfrentamientos contra el narcotráfico y bandas organizadas. La PGR, por su lado, decía en el 2008 que “hubo 23 agentes caídos, cinco de ellos en el Estado de México”, en una nota del portal electrónico 24 Horas.

La estadística, desde entonces, no ha variado mucho, pero no dejaba de preocupar a la misma PGJEM que en el 2012, al menos 360 policías habían sido cesados, separados o encarcelados por presuntas relaciones con cárteles. La seguridad pública ha estado comprometida por años por el narcotráfico, la corrupción y la impunidad. En enero del 2012, la Federación aceptaba que “2 mil 997 militares, miembros de órganos de inteligencia y policías federales, estatales y municipales han muerto en la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico”, reproducía el diario Excélsior. Para el Edomex, el índice delictivo es de 40.36 por ciento, que ubica a la entidad en el tercer lugar nacional entre las entidades con el índice más bajo. Según datos de la PGR los delitos contra la salud en el Estado de México representan el 54.92 por ciento del total cometidos y los relacionados con posesión de armas y explosivos alcanzan el 20.57 por ciento del total.

Las corporaciones policiacas en la entidad son más bien botines políticos desde donde se negocian resultados políticos pero también el reparto de plazas con el crimen organizado. Enrique Peña y luego Eruviel Ávila sostenían que la prioridad de sus gobiernos era precisamente la seguridad pública y nada más ganar las elecciones, el primero en el 2005 y el segundo en el 2011, borraron de un plumazo las instituciones existentes. Señaladas las dos administraciones por efectuar cambios sólo de nombre, la situación nunca mejoró pero sí se hizo evidente la impunidad en la que se desenvuelven los mandos policiales. Primero llegó la Agencia de Seguridad Estatal, que tardó más de un año en ser oficializada pero que sólo duró hasta la entrada de Ávila Villegas a la gubernatura. El nuevo Ejecutivo repitió el ejemplo de su antecesor y creó la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Pero un nombre distinto no ayudó a nadie, ni siquiera a sus gestores, que no involucraron planes de trabajo en el interior de las instancias. Siempre fueron los mismos, con distintos uniformes y nada mejoró.

Pero si la ciudadanía se pregunta por el grado de corrupción policiaca, encuentra en los salarios parte de las razones. Nueve mil quinientos pesos mensuales en el rango de policía R-2 por jugarse la vida pueden no ser razones suficientes para agentes estatales y municipales. El tabulador para los jefes es otra cosa. Un comandante de Región R-1 ganaba, hasta el 2012 según el tabulador de Transparencia, 22 mil 488.20 pesos brutos al mes, por ejemplo, pero el secretario obtiene 196 mil 852 pesos brutos cada mes mientras que los mandos superiores y medios, catalogados entre los niveles 30 y 31 superan los 100 mil pesos brutos mensuales.

Caminos errados

* Hasta el 2012, los tramos concesionados eran 11 y la afluencia que manejan es enorme. Según datos del propio gobierno estatal, La Venta – Chamapa, por ejemplo, registra un tránsito promedio diario, anual, de 34 mil 779 autos, pero un cruce diario de 55 mil 920 vehículos para apenas 14 kilómetros. Hace un año, un auto pagaba 58 pesos. Hoy paga 61 pesos. La empresa constructora es Concesionaria de Vías Troncales, S.A. de C.V, que pertenece al Grupo Carso, de Carlos Slim.

 

Miguel Alvarado

Según el gobierno del Estado de México, la red carretera local, que consta de unos 15 mil kilómetros, está en perfectas condiciones, y lo convierten en la entidad mejor comunicada del país. La realidad es otra. Solamente las carreteras concesionadas, o “privadas”, que cobran por peaje, reciben mantenimiento y correcciones adecuadas. Estos tramos han sido concesionados a un reducido grupo de empresarios, antiguos aliados políticos y económicos de gobernadores y funcionarios públicos mexiquenses. El resto, las carreteras secundarias, que en términos concretos forman parte de la red de caminos estatales, se cae a pedazos.

Hasta el 2012, los tramos concesionados eran 11 y la afluencia que manejan es enorme. Según datos del propio gobierno estatal, La Venta – Chamapa, por ejemplo, registra un tránsito promedio diario, anual, de 34 mil 779 autos, pero un cruce diario de 55 mil 920 vehículos para apenas 14 kilómetros. Hace un año, un auto pagaba 58 pesos. Hoy paga 61 pesos. La empresa constructora es Concesionaria de Vías Troncales, S.A. de C.V, que pertenece al Grupo Carso, de Carlos Slim. Quien opera esa carretera es Promotora del Desarrollo de América Latina, S.A. de C.V, de la española OHL (Obrascon Huarte Laín), propiedad a su vez de Juan Miguel Villar Mir,  accionista de Banco Santander y ex ministro franquista. Financiador del Partido Popular en España, Villar se adjudicó contratos por 7 mil 758.21 millones de euros entre el 2002 y el 2009. Sin embargo, es más conocido por su afán de querer dirigir al equipo de futbol Real Madrid, y competir y perder por su presidencia en el 2006.

Otra carretera concesionada es la Toluca – Atlacomulco, construida por Banobras y operada por OATSA, S.A. de C.V. Esta carretera mide 53 kilómetros y tiene una afluencia anual promedio, diario, de 25 mil 743 unidades, con 51 mil 969 cruces diarios. En dos años, la tarifa aumentó dos pesos, de 62 a 66 que ya se cobran en el 2013. Banobras es propiedad del gobierno mexicano y la administración de Enrique Peña puso a administrarlo a Alfredo del Mazo Maza, primo del presidente  e hijo y nieto de Alfredo del Mazo González y Alfredo de Mazo Vélez, ex gobernadores de la entidad. Su familia es pilar del llamado Grupo Atlacomulco y a del Mazo Maza se le menciona como el próximo aspirante del PRI para competir por la gubernatura del Edomex, luego de que perdiera en el último minuto ese nombramiento, frente a Eruviel Ávila Villegas. OATSA pertenece a Hermes, de Carlos Hank Rhon, hijo de Carlos Hank González, el autollamado “Profesor”, ex gobernador del Estado de México y miembro del invisible Grupo Atlacomuclo. Por años, dirigió la política mexicana tras bambalinas y heredó a sus hijos un emporio comercial cuestionado por sus presuntas relaciones con el narcotráfico, sobre todo. OATSA también administra la autopista Lerma – Tenango del Valle, construida por la empresa Lerma – Santiago., también de la familia Hank. Sobre esa construcción, se reportó “la tala de 22 mil árboles de pino, encino y oyamel en 68 hectáreas del Estado de México y en 6.61 de Morelos”.

La autopista Peñón – Texcoco tiene 16 kilómetros y medio de largo. Fue construida por PAC, S.A. de C.V y la administra OPERVITE, S.A. de C.V.  Arroja un promedio diario de circulación, por año, de 29 mil 654 vehículos y cruces diarios de 30 mil 47 unidades. El peaje subió 10 pesos en menos de un año, pues pasó de 28 en el 2012 a 38 pesos en el 2013. PACSA pertenece a Juan Armando Hinojosa, empresario consentido de los sexenios de Arturo Montiel y Enrique Peña. Patrocinador económico de aquellos políticos, a Hinojosa se le recuerda también por perder a su hijo, Armando Hinojosa García, en un accidente aéreo después de que un su helicóptero cayera durante un vuelo desde Atlacomulco, en el 2012, y encontrado entre Jiquipilco y Villa del Carbón. El padre es dueño de la empresa Eolo, cuyos aviones utilizó Peña durante su campaña presidencial. Por su parte, OPERVITE pertenece a David Peñaloza, señalado por beneficiarse en el sexenio de Ernesto Zedillo de sus relaciones políticas y obtener así concesiones carreteras. Controla 900 kilómetros de vialidades en el país y tiene concesiones para 12 autopistas. Peñaloza es cercano a Carlos Salinas de Gortari. Fue acusado por defraudar a Nafinsa 33 millones dólares en 1997. Prófugo, fue encarcelado en España y soltado en el 2003. “El 26 de marzo de 1993… el gobierno del Estado de México obtuvo la concesión por 20 años para operar la autopista Peñón-Texcoco, pero Fox cedió todos los derechos a una subsidiaria de Tribasa, ahora Pinfra, por un plazo de 19 años y 10 meses”, recuerda un artículo de Reporte Índigo. Tribasa y Pinfra son empresas de David Peñaloza.

La autopista Tenango – Ixtapan de la Sal es un tramo de 42.7 kilómetros, construido por Autopista Tenango – Ixtapan de la Sal, S.A. de C.V. y operada por David Peñaloza y su OPERVITE. Al año circulan, en promedio diario, 5 mil 778 unidades pero cruzan esa pista 11 mil 453 unidades. En un año subió su peaje de 71 a 78 pesos en el 2013. Opervite fue denunciada por un arbitrario aumento en esa cuota. “De acuerdo a un análisis de la calificadora Fitch Ratings, hasta julio del año pasado registraba un tráfico promedio diario de 6 mil vehículos que le generaban ingresos por día de 376 mil 858 pesos, 137 millones 553 mil 170 pesos cada año. Con este incremento los ingresos por día serían de 528 mil pesos, es decir, al año PINFRA recibirá 194 millones 720 mil pesos, de los cuales tiene que pagar el 1.5 por ciento al gobierno, lo que se traduce en 2 millones 890 mil 800 pesos”, recuerda el diario local Alfa.

El Libramiento Ruta de la Independencia Bicentenario fue construido por C.F.C. Concesiones, S.A. de C.V, de Carlos Slim, y es operada por Promotora del Desarrollo de América Latina, S.A. de C.V, en un tramo de 30 kilómetros, por OHL. Por ella circulan en promedio anual 12 mil 936 vehículos diarios y la cruzan 15 mil 347 unidades. En un año, aumentó el peaje de 60 a 63 pesos.

La Autopista Toluca – Zitácuaro, Ruta de los Insurgentes Bicentenario mide 40 kilómetros y su cuota, como la de las demás, aumentó de 70 a 81 pesos en menos de un año. Tiene 11 mil 831 cruces diarios y fue construida por Acomex, S.A. de C.V. Es operada por la empresa Operadora de Autopistas, S.A. de C.V.

Acomex, Autovías Concesionadas Mexiquenses, es parte de la empresa Coconal, fundada por Enrique Lona Valenzuela en 1950 y encabezada actualmente por Héctor Ovalle, quien es considerado uno de “los 100 dueños de México”, según la revista Expansión y Operadora de Autopistas es también filial de Coconal.

Coconal y Acomex también construyen y administran la Autopista Circuito Exterior Mexiquense Bicentenario, de 113 kilómetros y con 23 mil 512 unidades circulando diario, en promedio anual. El peaje era hace un año de 206 pesos, aunque hoy se cobra 229.

La Autopista Viaducto Bicentenario es un tramo de 23 kilómetros y 24 mil 403 unidades diarias e circulación. Fue construida por Viaducto Bicentenario, S.A. de C.V y es administrada por Operadora Concesionaria Mexiquense, S.A. de C.V. Viaducto Bicentenario es una concesionaria de los españoles de OHL, lo mismo que Operadora, filial mexicana de los europeos.

La Autopista Naucalpan – Ecatepec Bicentenario fue realizada por Viabilis Infraestructura, S. A. de C. V y es administrada por Operadora Autopista Río de los Remedios, S.A.P.I. de C.V en un tramo de 13.2 kilómetros, con una afluencia anual de 8 mil 67 unidades por día, en promedio.

El ghetto

* Xalostoc seguirá siendo lo que es, una entidad arraigada al pie de carretera sujeta a las circunstancias. Lo mismo sucede con cada una de las colonias marginadas del país. No se esperan mejorías en nada, las habría habido, en todo caso, desde San Juanico.

 

Miguel Alvarado

Las ciudades, diseñadas sobre la premisa del transporte primero y la economía de recursos después, cobran factura. París, por ejemplo, trazada en el mapa del miedo de los gobernantes a las revueltas, era un laberinto que encallejonaba a los manifestantes en caso de protestas violentas. La antigua Lutecia era una trampa con corredores sin salida que garantizaba la masacre. La gigantesca área metropolitana del Valle de México, con más de 25 millones de habitantes, es antes que nada una ratonera, un nido de hormigas plagado de pobreza y malaventura. Allí están los pueblos sometidos. San Salvador Atenco, para empezar, donde el 5 y 6 de mayo del 2006 la policía entró a sangre y fuego para reducir al Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra. Zonas pobres, depauperadas, tienen sin embargo la riqueza del espacio, los últimos grandes terrenos, codiciados ahora por constructores y empresarios “para impulsar el desarrollo” a costa de cualquier cosa.

Es ese Valle de México, que no conoce límites territoriales y se extiende en una mancha gris donde todo sucede. Creció al amparo de la miseria, primero como pueblos conquistados por españoles y católicos y luego como parte del conglomerado cuyo único objetico fue acoger a quienes no cabían en la ciudad de México. Guarda sus respetables oasis. Satélite, en Tlalnepantla, o los fraccionamientos de Huixquilucan dan fe de esto. Un cerro o una calle divide el suelo del cielo y lo cotidiano se vuelve aceptable. Luego de una barda, un camellón o un solar las cosas cambian. Las colonias son amontonadas habitaciones que resuelven la necesidad esencial del dormitorio y la cocina, pero nada más. Construidas a costa de vidas, las colonias han ido tomando forma, la que ellas mismas decidieron, por no tener opción, cuando eran asentamientos. La respuesta fue una sinuosidad inoperante que ha terminado por ser, de vez en cuando, una expresión de un nuevo ghetto, con todas sus características.

El accidente de Xalostoc, Ecatepec, el 8 de mayo del 2013, es nada más un ejemplo de lo que pasa en las ciudades perdidas, abiertas de tajo para solventar la primaria necesidad de la comunicación o ubicadas allí debido a que los caminos fortalecen las microeconomías de manera casi inmediata. Nadie pensaría jamás en que pipas de doble remolque, cargadas con gas circularían en autopistas que parten las colonias más favorecidas, los fraccionamientos residenciales. Tragedias de este tipo siempre han sucedidos en asentamientos perdidos, como en 1984, cuando una salchicha de gas LP se rompió y estalló en la comunidad de San Juanico, ubicado en Ixhuatepec, Tlalnepantla. Allí murieron hasta 600 personas y los heridos se estimaron en cerca de 2 mil. Pemex fue responsabilizada.

Xalostoc, “En la Cueva de Arena”, donde los muertos de mayo suman 23, es una comunidad obrera, donde la abundancia de empresas hace pensar que el trabajo no es problema. Sin embargo, algunas estimaciones afirman que el ingreso per cápita de aquella región de Ecatepec es de apenas 20 mil pesos al año. Partida por autopsitas federales, la comunidad creció a la sombra de fraccionadores y las mismas necesidades de los desplazados, que se acomodaron como pudieron junto a las vías terrestres.

La empresa de la pipa que se accidentó y explotó en Xalostoc es Termogas, aunque su razón social es Mercantil Distribuidora, SA de CV y maneja más de 20 plantas en siete estados del país. Está ligada a Virgilio Garza Flores, fundador del Grupo Vigía, que aglutina empresas de combustible y transporte. Garza Flores era un empresario regiomontano, fallecido en el 2012 y a quien se le atribuye el proyecto Bioparque Estrella, que rescata entornos naturales.

Pero Xalostoc, el área siniestrada, con explosión o sin ella, representa sin querer la realidad de la desigualdad. Los campos de exterminio de guerras y dictaduras encuentran en el Valle de México sus referencias en la ciudad que nunca termina, pero que tampoco acaba por satisfacerse a sí misma. Allí, los más, desarrollan su vida y obtienen provecho de ella. Aprenden a quererla y generan identidad. La miseria extrema encuentra también su hábitat y genera condiciones de resignación. El velorio de los fallecidos en Xalostoc se realizó en la calle, pues las moradas estaban destruidas. El gobierno estatal anunció que destinaría 25 mil pesos a cada uno de los afectados, para iniciar la reconstrucción y el gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila, suspendió algunas de sus actividades en El Vaticano, donde había viajado la semana anterior.

Pero aparte de esto, Xalostoc seguirá siendo lo que es, una entidad arraigada al pie de carretera sujeta a las circunstancias. Lo mismo sucede con cada una de las colonias marginadas del país. No se esperan mejorías en nada, las habría habido, en todo caso, desde San Juanico. El diario la Jornada publicaba que la Comisión de Transporte de la Cámara de Diputados federal tiene detenidas iniciativas que prohibirían “a las empresas de autotransporte federal utilizar camiones de doble remolque para el transporte de sus mercancías en las carreteras de cuota, federales y avenidas y calles de las ciudades… la iniciativa refiere que en la red carretera nacional se registran cada año 35 mil accidentes, de los cuales en más de 20 mil se ven involucrados vehículos de autotransporte federal de carga”.

En México el transporte tiene prioridad, pues significa derrama económica, no siempre bien dirigida. También está inmiscuido el narcotráfico y su necesidad perenne de llevar la droga donde se pueda vender. Pero el problema de fondo no son las regulaciones comerciales, sino los asentamientos humanos, imposibles de reubicar a estas alturas. Xalostoc, Atenco o San Juanico podrían ser evitados si no se desdeñara la migración, la impunidad, la pobreza, la desigualdad social. El Valle de México no sólo padece los accidentes de tránsito más mortíferos. También presenta una dosis de ejecuciones que hace parecer la explosión un juego de niños, dada la cotidianidad con la que los homicidios se registran. El diario local Tres PM apunta que entre el lunes 6 y el martes 7 de mayo, al menos 11 cadáveres aparecieron en cuatro distintos municipios, derivados de ejecuciones relacionadas con el narcotráfico y el crimen organizado.

Las casas dañadas en Xalostoc serán reconstruidas y serán casi idénticas a las viviendas siniestradas. Los mismos metros cuadrados, el diseño similar y las carencias aumentadas, esta vez, por las pérdidas humanas. Los 25 mil pesos serán apenas empequeñecidos paliativos para intentar, otra vez, reconstruir el ghetto.

Ruta del miedo

* Entre la zozobra y el miedo, Aleyda, migrante hondureña de apenas 17 años, se resguarda temporalmente –en lo que reinicia su camino hacia la frontera norte– en la Casa del Migrante San Juan Diego, en el municipio de Huehuetoca, Estado de México. Con cuatro meses de embarazo, la adolescente cuenta que la violencia la hizo huir de su país. “No miraba futuro, hay veces en que en un día hay 30 muertos porque hay bastante delincuencia. Los ‘maras’ obligan a meterse en pandillas, a andar robando. Te llegan a matar por nada”, relata.

 

Guadalupe Cruz Jaimes/ Cimacnoticias

Huehuetoca. En el Estado de México las centroamericanas sufren el rechazo de habitantes, así como abusos de delincuentes y policías, sin que la autoridad las proteja.

Entre la zozobra y el miedo, Aleyda, migrante hondureña de apenas 17 años, se resguarda temporalmente –en lo que reinicia su camino hacia la frontera norte– en la Casa del Migrante San Juan Diego, en el municipio de Huehuetoca, Estado de México.

Con cuatro meses de embarazo, la adolescente cuenta que la violencia la hizo huir de su país. “No miraba futuro, hay veces en que en un día hay 30 muertos porque hay bastante delincuencia. Los ‘maras’ obligan a meterse en pandillas, a andar robando. Te llegan a matar por nada”, relata.

Así como Aleyda, otras migrantes centroamericanas llevan 15 días de viaje en trenes de carga desde la frontera sur de México. Lograron llegar al Edomex tras padecer las inclemencias del tiempo, los abusos de la policía y de la delincuencia organizada.

Tras el cierre el pasado 7 de junio del albergue que también se llamaba “San Juan Diego”, en Lechería, municipio mexiquense de Tultitlán, la situación para ellas se ha agravado.

El refugio administrado por la Diócesis de Cuautitlán fue clausurado ante las protestas de vecinos que se oponían a que las y los centroamericanos recibieran “ayuda gratuita”.

Ahora tienen que caminar cerca de 50 kilómetros desde Lechería para llegar a los albergues abiertos en agosto pasado en Huehuetoca. Quienes deciden descansar en Lechería aguardan unas horas para volver a “montar” un ferrocarril en trayecto al norte del país.

Ésas son algunas de las crudas estampas que observan las diputadas del Parlamento Europeo Satu Hassi y Ska Keller, durante su visita a la zona de tránsito de migrantes en Tultitlán y Huehuetoca.

 

Testimonio del abuso

 

El recorrido de las legisladoras inicia en Lechería, donde unos cuantos migrantes descansan a la sombra de los árboles a un costado de las vías. Resguardadas por policías federales y estatales, las eurodiputadas se entrevistan con hombres hondureños que esperaban la salida del próximo tren.

Esta localidad es insegura para las y los migrantes, ya que se han registrado secuestros masivos. Aún así, duermen en la calle pero están al pendiente de no ser presa de delincuentes.

Los migrantes narran las extorsiones que sufren de los “garroteros” (personal de las estaciones de tren) para que les permitan viajar en el ferrocarril, así como de la policía.

“Íbamos a comer unas sardinas, y uno (de nosotros) sacó una navaja para abrirlas, pero la policía municipal lo vio y se acercaron para revisarnos y nos quitaron todo lo que traíamos, como 2 mil 500 pesos”, cuenta un hondureño.

Durante su camino de casi una hora hacia los dos albergues en Huehuetoca, Satu Hassi y Ska Keller observan en las calles a migrantes que piden dinero para comer y seguir su viaje. Otros descansan bajo los puentes vehiculares.

El albergue San José del Hermano Migrante, abierto por organizaciones civiles y estudiantes, consta de dos habitaciones donde se guardan las donaciones de víveres y colchonetas. El resto es un patio de piso de tierra con techos provisionales de lona bajo los cuales pueden descansar alrededor de 100 migrantes.

Ahí reciben agua, alimentos, y lo necesario para asearse. Su estancia es breve. “El tiempo necesario para descansar y volver a montar el tren”, dice la hondureña Yoselin Alvareño, de 30 años, quien lleva ya un día en el albergue.

Ella platica que salió de su país porque no hay empleo y los salarios son muy bajos. Trabajaba como empleada del hogar, ganaba 2 mil lempiras al mes (mil 322 pesos mexicanos), insuficientes para mantener a sus cuatro hijos, ya que es madre soltera.

Yoselin migró acompañada de su cuñado, con quien subió a tres trenes para llegar a Lechería. “Ha sido muy duro, me caí algunas veces y me lastimé el brazo y la rodilla. También hay que aguantar el frío y la lluvia en las noches”, explica.

La hondureña es una de las cinco mujeres que habitan el albergue, pero cada día llegan decenas más de migrantes, 10 por ciento del sexo femenino.

El otro albergue, la Casa del Migrante San Juan Diego –instalado por autoridades mexiquenses y de la Diócesis de Cuautitlán– está alejado de la zona urbana en Huehuetoca y cobija a unos 50 migrantes. Aquí apenas hay tres mujeres, dos de ellas embarazadas, entre ellas Aleyda, la joven que inició este relato.

Ella dice que sólo pasará una noche más en el albergue, donde las y los migrantes únicamente pueden permanecer tres días, en los cuales se les prohíbe salir de las instalaciones.

“Al estar en medio de la nada se pone en riesgo a esta población, si los ‘levantan’ nadie se va a dar cuenta”, advierte Jorge Andrade, coordinador del albergue San José del Hermano Migrante.

¿Por qué se está aprobando la reforma laboral en México?

* Si nos preguntamos por qué se está aprobando la reforma laboral, tendríamos que contestar secamente: porque pueden, porque nada se los impide realmente y la burguesía no se detiene por sí misma, se le detiene con la fuerza organizada de quienes son explotados por ella. Donde no se le detiene, simple y sencillamente avanza.

 

Andrés Ávila Armella/ Rebelión

En estos días, los trabajadores en México miran y escuchan atónitos, en general desinformados y desmovilizados, que en las cámaras parlamentarias se aprueba una reforma tendiente a abaratar su trabajo y a debilitar su capacidad para defender sus derechos. Se trata de los derechos que de por sí eran pisoteados en los hechos, pero ahora son quitados también del papel. Estamos presenciando más que otra cosa, la forma en que la burguesía se precia públicamente de reivindicar en el plano ideológico, lo que ya venía aplicándose en el plano de la realidad material; de formalizar en la superestructura, la forma de cómo organiza el trabajo y la producción en la estructura. Se encuentran legalizando su pretendido derecho a disponer del trabajo ajeno de la forma y en el tiempo que el capital lo requiera, al modo insaciable y desenfrenado que caracteriza a la burguesía como clase social.

Para explicar las condiciones que permiten que esta imposición se esté concretando, estableceré algunos puntos breves a manera de condiciones históricas:

1.- La burguesía nunca ha tenido la iniciativa de otorgar derecho alguno a los trabajadores, por el contrario, su comportamiento como clase le ha indicado desde la etapa temprana del desarrollo capitalista que la fuerza de trabajo debe explotarse al máximo, es decir, de obtener la mayor cuota de plusvalía, el máximo beneficio por la fuerza de trabajo, habiendo pagado lo menos posible por ella.

2.- Todas las restricciones a este impulso capitalista que hoy pueda conocer el mundo, son producto de la lucha de los trabajadores, ya sea porque lucharon por imponerle al capital algunos límites en su explotación de manera directa, a través de la lucha por el derecho a la contratación colectiva, a la jornada de ocho horas, al seguro médico, el derecho a huelga, etc. O bien, de manera indirecta, cuando el avance de la lucha de los trabajadores por su emancipación, dio pasos significativos, como lo fue el caso de la revolución bolchevique y del avance del socialismo en el siglo XX.

3.- En México, el nivel máximo de conquista de los derechos laborales en el plano legal, se da con la aprobación del artículo 123 constitucional en febrero de 1917, en medio de una revuelta nacional, dentro de la cual participaban ejércitos populares de fama mundial como lo fueron la División del Norte y el Ejército Libertador del Sur (ELS). Si bien estas dos fracciones fueron excluidas del Congreso Constituyente, existía una disputa por la base social de la revolución. De alguna manera, los generales que redactaron y promovieron la aprobación de dicho artículo sabían que sin la promesa de cristalizar los derechos que demandaba el movimiento obrero, difícilmente podría ser pacificado el país y dejarían en manos de Villa y Zapata la posibilidad de lograr una alianza definitiva entre los campesinos y la clase obrera; no hay que olvidar por ejemplo, que el ELS había promulgado en Morelos, una ley del trabajo más ambiciosa en términos de las demandas obreras que la propuesta en el artículo 123.

4.- La historia posterior a 1917 sin embargo, mostró a los trabajadores mexicanos que no es lo mismo conquistar un derecho en el papel que en los hechos. La política burguesa dirigida por el gobierno post- revolucionario, no tuvo la voluntad de cumplir el artículo 123 sino hasta que el nuevo auge del movimiento obrero de los años 20 y 30 lo fue forzando a hacerlo. El movimiento obrero, entonces, era dirigido en gran parte por comunistas y anarcosindicalistas, quienes acogiéndose simplemente a su tradición de lucha y a la redacción del 123 constitucional, dieron la lucha obrera con independencia de clase, con la organización decidida e independiente de los trabajadores. No se pedía permiso para irse a huelga ni para formar sindicatos, ni para manifestarse. La lucha se ganaba en las barricadas, en los centros de trabajo y en las calles.

5.- El Estado mexicano no tuvo más opción que maniobrar ante la situación. Para la burguesía, en ese entonces no quedaba otro remedio que aceptar que si quería evitar la radicalización del movimiento obrero y una nueva etapa de la revolución mexicana que amenazaba con mirar hacia el socialismo, tenía que aceptar que habría de conceder a ellos ciertos derechos, los cuales, de ninguna forma acababan con la explotación del trabajo asalariado, sin embargo le ponían algunas restricciones.

6.- Burguesía y Estado idearon entonces la forma de pactar con el movimiento obrero, de cooptarlo en gran medida y de corromper a algunos de sus dirigentes para así aislar a los “rojos” y poderlos reprimir. En ese contexto se aprueba la Ley Federal del Trabajo de 1941, la cual, más que otra cosa, restringe los derechos que se otorgaban en el artículo 123. Es decir, lo que aparece como derecho en la constitución, la LFT, le impone tiempos y formas que sin duda dificultan más su defensa que su violación. Las restricciones que impone la LFT a los derechos consagrados en el artículo 123, han permitido durante años que la burguesía pisotee y se burle del derecho a huelga, a la contratación colectiva, a la estabilidad laboral, etc. Para lograr por ejemplo la reinstalación de un despedido, la burocracia puede tener a un trabajador, 15 años dando vueltas en los tribunales hasta que se le otorgue su reinstalación. Después de tanto tiempo, ¿quién podría hablar de justicia? Como es lógico, la mayoría de las veces la burguesía no ha sufrido consecuencias por la violación de los derechos laborales, y si la ha sufrido alguna es excepcional, lo cual implica que desde el punto de vista de la explotación, les sale bastante barato.

7.- En lo general, la burguesía sólo ha aceptado el cumplimiento de los derechos laborales ante aquellas situaciones que se lo exigían como un imperativo político. El régimen priista le aseguró a la burguesía que no tendría más problemas laborales, pero que confiara en su estructura para controlar al movimiento obrero, y claro, ese control tenía un costo, por lo que en algunos casos ese costo era precisamente respetar algunos derechos laborales con la finalidad de que el líder sindical “charro”, mantuviera controlada a la base de los trabajadores.

Con dicha práctica sindical, el Estado mexicano logró mantener al movimiento obrero en la lucha exclusiva por la obtención de reivindicaciones económicas, los charros se encargaban de eso, pero también de mantener a los obreros alejados de la política; con ello la clase obrera fue perdiendo capacidad e independencia política. El supuesto de que la lucha política podía sacrificarse en función de los beneficios económicos, ha llevado a la postre, a la pérdida también de los derechos inmediatos y elementales.

8.- Con dichas condiciones, con la clase obrera fragmentada, dividida y corporativizada, con el silencio de los líderes sindicales corruptos, la burguesía simplemente ha venido aplicando en los hechos las reformas que ahora está aprobando. Junto con la precarización del trabajo, estas medidas, aplicadas de facto han contribuido a profundizar la crisis política de la clase obrera en México.

Muchos de quienes hoy dicen oponerse a la reforma laboral, en los hechos, se han quedado mudos a la hora de pelear dentro de su gremio por la defensa y aplicación irrestricta de los derechos laborales conquistados. El outsourcing, la subcontratación, el pago por horas, etc, se aplica por ejemplo dentro de los centros de trabajo de los sindicatos de la Unión Nacional de Trabajadores (UNT); Teléfonos de México y la UNAM, ejemplos claros de ello.

Es necesario comprender que este tipo de ajustes legales se da por la necesidad imperiosa del capital de aumentar la cuota de plusvalía y la tasa de ganancia, no son una simple puntada de un presidente o personaje público del aparato estatal. Por tanto, para revertir dicha tendencia se requiere de una lucha férrea y decidida en contra de los dueños del capital y en contra del Estado mexicano.

La reforma laboral no se echará para atrás con convocatorias fantasiosas ni con simples declaraciones, el tema central es la correlación de fuerzas entre el capital y el trabajo. Esta situación es, a mi parecer, reflejo de la correlación de fuerzas en la lucha de clases, revertir no solamente la reforma laboral, sino revertir las políticas patronales más agresivas, requiere principalmente de construir la fuerza organizada de los trabajadores, con independencia de clase.

Los derechos conquistados por los trabajadores no se pelearon en el parlamento sino en las calles, en las barricadas, en la lucha popular, en la huelga que se aplicaba de facto, aún en la ilegalidad; plantear que la aprobación de la reforma laboral es un tema de correlación de fuerzas en la Cámara de Diputados es más que una falsedad, un argumento que tiende a seguir promoviendo la dependencia política de los trabajadores para con partidos políticos burgueses.

Si nos preguntamos por qué se está aprobando la reforma laboral, tendríamos que contestar secamente: porque pueden, porque nada se los impide realmente y la burguesía no se detiene por sí misma, se le detiene con la fuerza organizada de quienes son explotados por ella. Donde no se le detiene, simple y sencillamente avanza.

A estas alturas, los operadores políticos del Estado mexicano saben perfectamente qué tan en serio deben tomar la palabrería de los líderes sindicales corruptos, quienes sin embargo ocupan un discurso izquierdista. Pero en cambio, las organizaciones que verdaderamente se estén planteando la organización de la clase obrera con los principios teóricos del marxismo leninismo, deben saber perfectamente que la lucha de clases es un asunto más serio, y que la fuerza organizada de los trabajadores no brotará de la nada, ni de la voluntad de funcionarios de Estado, sino del trabajo tenaz y de base que se realice entre la clase trabajadora. Cuando esto ocurra, tendremos otra correlación de fuerzas y entonces podremos pelear por algo más que una ley, podremos pelear por el mundo que le pertenece a los trabajadores.

 

* Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.

¿Reforma laboral?

* Datos extraoficiales señalan que en México 26 millones de personas trabajan en la informalidad. En un país de 114 millones, menos de la mitad trabaja. Las pequeñas y medianas empresas proveen el 75 por ciento de los empleos. Eso puede explicar el precario equilibrio económico en una nación donde las reservas, según las cuentas de Felipe Calderón, llegan a 160 mil millones de dólares, de los que 75 millones de mexicanos no ven ni de pasada.

 

Miguel Alvarado

En México las cosas son lo que parecen. No hay engaños. El presidente Peña lo es. Hizo trampa. El Grupo Atlacomulco gobierna de manera total al país y extiende su influencia en cada “gira” que su cabeza visible realiza. Hará lo imposible por conseguir las reformas constitucionales que terminarán e consolidarlos para siempre en el poder público. México tiene dueños, pero no son los mexicanos.

Datos extraoficiales señalan que en México 26 millones de personas trabajan en la informalidad. En un país de 114 millones, menos de la mitad trabaja. Las pequeñas y medianas empresas proveen el 75 por ciento de los empleos. Eso puede explicar el precario equilibrio económico en una nación donde las reservas, según las cuentas de Felipe Calderón, llegan a 160 mil millones de dólares, de los que 75 millones de mexicanos no ven ni de pasada. El turismo, el petróleo y ahora el narcotráfico inyectan, cada uno en un año, 40 mil millones de dólares. De ese monto, el que proviene del narco es que el circula más libremente, tanto que se ha convertido en sostén principal del mexicano. Otra cifra alude que el narco en realidad produce los 160 mil millones de dólares anuales que no alcanzan para sacer de la pobreza extrema a 50 millones de habitantes. Así, dice el investigador Fernando Valadez, del Comité Contra la Tortura, que “el 20% de la población posee el 80 por ciento de la riqueza y el 80 por ciento vive con el 20 por ciento”.

El ciudadano común no entiende la reforma laboral, sumida todavía en la jerga política y tecnócrata de los analistas. Pero hay dos posturas, los que la aceptan, aunque sea imperfecta y los que creen que terminará de hundir a los trabajadores mexicanos. Por un lado, el empresariado se centra en que al menos terminará con los abusos por parte de empleados que demandan indemnizaciones por 50 meses de salarios caídos cuando en realidad algunos laboran una semana o menos. Las quiebras de las pequeñas empresas, dicen, se deben en gran parte a esa actividad, que se ha convertido en modus vivendi de un gran sector de la población. Parcos, los empresarios aseguran que no hay que considerar por ahora la postura de los sindicatos.

El otro lado de la moneda ubica, precisamente, a los sindicatos y a políticos de izquierda, al menos del PRD. Criticados los dos sectores, tan villanos como los patrones y la derecha, opinan sin embargo que agudizará “inestabilidad en el empleo, bajos salarios, pago por horas, negación del pago de horas extras y vacaciones, eliminación de la contratación colectiva y el derecho de huelga”, aseguran los opinadores Marco Aurelio Palma y Juliana G. Quintanilla.

Según ese punto de vista, esa iniciativa viola 65 convenios internacionales, “entre ellos el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Político, el Pacto Internacional de los Derechos Económicos Sociales y Culturales y diversos convenios de la OIT”, escriben Palma y Quintanilla.

Vale la pena citar algunas consideraciones, claras al menos en la escritura: “se destruye el derecho y principio constitucional de la estabilidad en el empleo, sustituyéndolo por empleos eventuales implementando contratos de prueba. Se elimina la posibilidad de que un trabajador acumule antigüedad en su empleo y mejore su salario. Una persona podría estar por años laborando bajo contratos eventuales. También se crea la figura del libre despido, se exime al patrón de entregar causales de despido y se emplaza el pago de salarios caídos hasta por un año. Las mujeres serían las primeras en perder el empleo bajo la ideología machista de que deben regresar a casa a hacerse cargo de la familia. Además se pulveriza el salario con la modalidad de pago por hora, lo que equivaldría a 8 pesos considerando que el salario mínimo actual es de 59 pesos”.

Casi todos los asalariados -término hasta peyorativo popularizado por las leidis de Polanco, actrices de Televisa reclamaban su detención por escandalizar- se preguntarán qué tiene lo anterior de novedoso.

La mayor parte de los mexicanos trabajan desde hace años en esas condiciones. ¿Eso no lo sabe la izquierda? ¿Eso no lo saben los sindicatos? En el perverso juego de hacerse el tonto para sacar provecho, los partidos “progresistas” se enojan y satanizan cuando es sabido que “dios le paga un salario al diablo”. La pobre izquierda, depredada por ella misma, nada hará a favor de las clases trabajadoras, condenadas a obedecer por siempre jamás, incluso en regímenes socialistas. Menos los que ahora se hacen llamar “neocons”.

Por lo que se refiere al “derecho y principio constitucional de la estabilidad en el empleo”, la figura se pinta sola. ¿Estabilidad? ¿Principio constitucional? ¿Es algo que el IFE, por ejemplo, promueve con el ejemplo? ¿O los mismos partidos políticos? ¿La Suprema Corte de Justicia? La risa es la respuesta.

Otro punto: “empleos eventuales implementando contratos de prueba”. En la realidad, uno siempre está a prueba y acepta porque, por el momento, no hay de otra. Pocos patrones garantizan, ni siquiera, un contrato de prueba y se ahorran el papeleo implementándolo de “palabra”, misma que cumplen la mayoría de las veces.

Uno más: “se elimina la posibilidad de que un trabajador acumule antigüedad en su empleo y mejore su salario. Una persona podría estar por años laborando bajo contratos eventuales”. Otra vez, la ceguera o estupidez de los políticos de izquierda y los sindicatos. Cualquiera que haya trabajado ha pasado por una experiencia similar y da lo mismo que se legalice, pues ya se practica. Es un uso, es una costumbre. Injusta, ilegal, pero costumbre.

La lista es larga: el libre despido, las mujeres embarazadas que no encuentran trabajo o son corridas debido a que su estado les impide trabajar pero seguirán cobrando, los pagos por hora o por trabajo realizado, como free-lances sin la seguridad social, pero que además su pago puede quebrar a pequeñas y medianas empresas y finalmente, el salario mínimo y la regulación de la subcontratación.

La farsa de la reforma laboral está diseñada para un país como éste, donde cualquiera como Peña Nieto puede ser presidente, donde Televisa tiene el carácter de Secretaría de Estado y un negocio ilegal es el principal sostén de la economía. Así, 95 mil muertos son “transformados en filosofía, ideología, postura social y de vida” y son absolutamente necesarios para legitimar el trabajo de un presidente al que algunos califican de valiente por “enfrentar” a narcotraficantes cuando ésa es su obligación y para ello fue elegido y se le paga.

Los objetivos de la reforma laboral pintan de cuerpo entero la realidad mexicana: “promueve la exportación de mano de obra mexicana permitiendo al gobierno deslindarse de su responsabilidad prevista en el artículo 123 sobre crear empleos y garantizar la organización social para el trabajo… para el sector minero, prevé medidas de seguridad ya establecidas por la ley vigente que son deliberadamente ignoradas por las empresas. Las sanciones que propone la reforma son mínimas aún en caso de que los trabajadores pierdan la vida en la mina”. Algo así como Pasta de Conchos o el programa mexiquense que envía campesinos y enfermeras al Canadá, para que trabajen allá legalmente, por un año.

No es necesario abundar en que casi todos trabajan más de 8 horas, excepto algunos sindicalizados. Todos los días se enfrentan condiciones de despido propiciadas por las infames condiciones en que se labora y que se firma una renuncia antes de ser contratado.

En un país de simulaciones, algún día será necesario oficializarlas. La reforma será aprobada y causará polémicas, enfrentamientos políticos pero no un estallido social lo suficientemente fuerte como para despertar conciencias porque los mexicanos vivimos en esa reforma hace decenas de años. 

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