Quebrantado

* Un ejemplo del microcosmos del poder federal es la administración de Zinacantepec, encabezada por la priista Olga Hernández, y de quien se esperaba saneara las finanzas públicas quebrantadas por el anterior alcalde, de extracción panista, Gustavo Vargas. A 100 días de trabajo, la administración de ese municipio, colindante con la capital mexiquense y parte del Valle de Toluca, es cuestionada por sus habitantes por los resultados entregados.

 

Miguel Alvarado

Toluca. La victoria priista en las elecciones del 2011 y 2012 fue total. Acapararon todo. Alcaldías y diputaciones fueron recuperadas o afianzadas y usadas posteriormente para apuntalar el triunfo peñista en los comicios presidenciales de hace un año. Después del triunfo, los ánimos locales eran de lo mejor. El sector empresarial pensaba que Enrique Peña, por mexiquense, dotaría de recursos a la entidad y propiciaría la derrama. Así sucedió, pero sólo entraron a ese reparto cuatro o cinco grandes compañías, entre ellas Televisa, de Emilio Azcárraga; la OEM, de Mario Vázquez Raña y Teya, de Armando Hinojosa. Tampoco a los ciudadanos comunes les fue mejor. Según el diario local Alfa, la Subsecretaría de Desarrollo Social federal, al mando del mexiquense Ernesto Némer, dio de baja a 54 mil 403 adultos mayores del programa “65 y Más” porque no comprobaron que siguen vivos. Así, programas altamente burocratizados y administraciones perdidas en sus complejidades perfilan poco a poco un país al que el presidente Peña le ha prometido todo, pero sólo le ha cumplido a sus allegados. Los primeros seis meses de gobierno federal se han constituido para pagar promesas de campaña con los patrocinadores. Y como indica el periodista Jorge Zepeda, los cercanos a Peña cobran desde ya. Así, menciona al empresario Miguel Afif como el ganador del primer gran contrato de Pemex, que ale entre 114 y 162 millones de dólares. Según Zepeda, Afif era señalado como defraudador de la misma Pemex en los años 90, pero amigo del Grupo Atlacomulco.

Televisa, por su parte, obtuvo una condonación en impuesto por más de 3 mil millones de pesos y la familia Maccise ha sido colocada en la carrera por obtener un permiso para operar señales televisivas abiertas. Tampoco faltan los Hank ni el mencionado Armando Hinojosa.

La presidencia de México significa un negocio anual por más de tres billones 931 mil 289 millones de pesos para gastos, que incluyen sueldos pero también pagos por contratos a proveedores. La suma es enorme y los resultados raquíticos. Pero lo que propone el Ejecutivo federal se refleja en todos los niveles y es imitado con certera burocracia.

Un ejemplo del microcosmos del poder federal es la administración de Zinacantepec, encabezada por la priista Olga Hernández, y de quien se esperaba saneara las finanzas públicas quebrantadas por el anterior alcalde, de extracción panista, Gustavo Vargas. A 100 días de trabajo, la administración de ese municipio, colindante con la capital mexiquense y parte del Valle de Toluca, es cuestionada por sus habitantes por los resultados entregados.

Desde las redes sociales, una página en Facebook documenta las actividades de los miembros de aquel cabildo y revela historias detrás de los cargos. Una de ellas, por ejemplo, publicada en el muro Valor Zinacantepec en la dirección https://www.facebook.com/valor.zinacantepec?fref=ts, da cuenta de la llegada del tercer regidor a esas tierras, Sabino B. Pérez Díaz, quien además es presidente de la Comisión de Educación, Preservación y Restauración del Medio Ambiente. Amigo personal del Niño Verde, Jorge Emilio González, el regidor cobra 88 mil pesos 606 pesos mensuales por hacer su trabajo, 2 mil 83 pesos diarios. Lo malo, dice la página ciudadana, es que ha asistido a la mitad de los cabildos pues está comisionado para hacer campañas en entidades de la república donde habrá elecciones. Según el señalamiento, el tercer regidor va a su oficina una vez a la semana. El diario Reforma también le dio seguimiento a Sabino, de quien documentó que posee un departamento en la Torre Residencial Emerald de Cancún, con un costo de un millón y medio de dólares.

Otro cuestionamiento para la administración de Zinacantepec es que contrató funcionarios de otros municipios, que no conocen las problemáticas locales o que no están comprometidos con la población. Zinacantepec, sin embargo, convive con uno de los mayores de inseguridad en el valle de Toluca. El narcotráfico logró consolidarse en la anterior administración y anunció su llegada con sendos asesinatos, entre el 2009 y el 2012, pero instaló una marca de 15 ejecutados en enero del 2013, lo que obligó a patrullar al ejército durante un tiempo.

Por allí ha pasado de todo. Los jefes locales del narcotráfico han encontrado en Zinacantepec un espacio geográfico apto para su expansión pero también estratégico para controlar el trasiego de droga, como sucedió con Serapio Solís Vergara, La Rana, capturado en el 2009 cuando ya había armado una red de distribución que abarcaba rutas desde Guerrero hasta Tamaulipas. Junto a él se aprehendió a José Luis Morales Ortiz, de 35 años, un kaibil guatemalteco que se encargaba de la seguridad de La Rana. El cártel michoacano de La Familia es el que ha encontrado mejores condiciones para apoderarse de aquella plaza y junto con la colonia El Seminario, en la ciudad de Toluca, se convirtió en uno de sus primeros bastiones. La actual alcaldesa, Olga Hernández, sostiene que su municipio ha sido elegido como tiradero de cadáveres. Una línea similar asumía Gustavo Vargas, quien afirmaba que la llegada de los militares había limpiado de narcos la región.

Vargas fue siempre cuestionado debido al exceso con el que se condujo. Un diario de Zicanantepec, Contexto Mexiquense, había documentado algunas propiedades del ex edil. En marzo del 2012 presentaba un contrato de compra-venta por una casa que compraba el ex alcalde, en Residencial Los Arcos en el Conjunto Diamante, y que medía 285 metros cuadrados. Por esta propiedad, comprada a Carlos Montes de Oca Guadarrama, el ex presidente pagó 3 millones 500 mil pesos. También compró una casa en el centro de Zinacantepec y la reconstruyó totalmente, erogando 4 millones y medio de pesos; adquirió  al menos 4 camionetas de lujo y seis caballos de buena raza.

En mayo del 2012 protagonizó una pelea en un restorán de su comunidad, al encontrarse con el periodista Raúl González Nova, a quien tundió a golpes y amenazó de muerte, aunque la más grave de todo fue la declaratoria de quiebra del municipio. Vargas explicó la situación financiera a los 300 trabajadores afectados por la retención de su pago, a principios de octubre del 2012, como una consecuencia de un favor político que concedió al líder sindical del SUTEyM, Édgar Salazar Sánchez. Luego explicaría que su municipio tal vez no estuviera en bancarrota, aunque aceptó afectaciones “por sentencias condenatorias en materia laboral y administrativa, así como con proveedores en materia civil, afectando la ejecución de pagos”. La deuda pública de Zinacantepec asciende a 394 millones de pesos. En promedio, su presupuesto anual es de 434 millones de pesos.

En el 2011, el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México auditaba las cuentas de Zinacantepec y concluía que el 42 por ciento de los egresos se destinaban al pago de salarios, 182 millones 831 mil 500 pesos; el  10 por ciento a servicios generales y el 14 por ciento para el pago de la deuda pública. Apenas el 9 por ciento era usado para inversión pública. En el 2011, la deuda pública eras apenas de 63 millones 790 mil 600 pesos. Una de las recomendaciones del OSFEM decía que Zinacantepec “presenta una distribución del gasto en la que refleja un desequilibrio en la apropiada aplicación del mismo”.

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