El “Castillo” de Paulette

* ATM, a primera vista pasa desapercibida. Es una fundación más dedicada a canalizar aportaciones empresariales deducibles de impuestos, que a labores de ayuda. Pero, para el Estado de México, Ayúdame que yo También soy Mexicano representa uno de los casos más lamentables sobre aplicación de justicia en la entidad que guarda relación con el fallecimiento, en marzo del 2010, de Paulette Gebara en el municipio de Huixquilucan, en el valle de México. Este texto es parte del libro Los Golden Boy´s, editado por Planeta y escrito por el periodista Francisco Cruz.

 

Francisco Cruz Jiménez

Premiado siempre por sus fallas, Alfredo Castillo Cervantes ha escalado en la esfera política desde que el caso de la muerte de la niña Paulette Gebara Farah —en el conjunto residencial Interlomas— lo catapultó al primer círculo del entonces gobernador del Estado de México. Su boleto fue la renuncia a la titularidad de la Procuraduría General de la República el 8 de agosto de 2012, que le valió ser considerado como parte de la lista de los Golden Boy’s.

Una nota publicada el 8 de agosto de 2012 en el diario electrónico Crónica de Poder dio cuenta de la renuncia: “Castillo se cayó, este día, para arriba. En medio de la peor crisis de seguridad que vive el estado, dejó la Procuraduría para incorporarse en el equipo de Peña. […] Deja la Procuraduría justo el día en que un comando irrumpió en un bar de Ciudad Nezahualcóyotl y mató a seis personas, cuatro hombres y dos mujeres”.

En ese contexto, el ex procurador  hizo otra vez equipo con Enrique, a quien reportaba personalmente los avances del caso Paulette en 2010 —quien supuestamente desapareció el domingo 21 de maro y fue encontrada muerta, en su casa, nueve días después—, cuando estaba a cargo de las investigaciones dirigidas por Alberto Bazbaz, procurador general de justicia; Alfredo Castillo Cervantes fue el cuarto procurador en la administración de Peña, y el primero en la del gobernador Eruviel Ávila Villegas.

Cómo olvidar que fue Castillo Cervantes quien no consideró pertinente asegurar todo el sitio de las investigaciones, lo que entorpeció el proceso. El caso de Paulette pasó por 14 reconstrucciones, el despido de Alberto Bazbaz Sacal y hasta una página web para aclarar a la opinión pública los dislates del equipo de la Procuraduría, pero hasta hoy muy pocos creen en la versión oficial.

La actuación de Castillo se documentó en un libro, Paulette. Lo que no se dijo, del periodista Martín Moreno, que recupera parte de las declaraciones oficiales de los padres de la niña, Mauricio Antonio Gebara Rahal y Lizette Farah Farah, ante la Procuraduría estatal: “Sí, yo sé dónde se encuentra Paulette, y solamente se los diré si me ayudan, de forma legal, para que yo no tenga ningún problema con la justicia… tengo el temor de irme a la cárcel… estoy desesperado —reveló Mauricio al subcomandante Juan José Granjeno Olascuaga y al policía ministerial R-3, Ricardo Arturo Prida Galicia, quienes formaron parte de la investigación para encontrar a Paulette…”.

Lizette Farah, madre de la niña, en su declaración confirmó lo dicho por su esposo: “Yo sé dónde está Paulette, y también sé quiénes la desaparecieron… fue mi esposo Mauricio —declaró a los agentes de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM), que regresaron con Mauricio—. “Su esposa lo acusa de haberlo planeado todo”, le dijeron.

Martín Moreno apunta que lo anterior se encuentra asentado en la averiguación previa AM/HUIX/III/286/2010, donde también se puede leer la puntada que tuvo Castillo Cervantes para explicar que el cadáver de la niña no olía porque “estaba como embalsamada” y, por esa razón, no se dieron cuenta de que siempre estuvo ahí.

El caso le costó a Bazbaz, jefe de Castillo, el cargo de procurador, pero al segundo le abrió la oportunidad política de su vida. Primero fue nombrado por Peña encargado del despacho y luego oficializado al frente de la PGJEM. Sin embargo, su nueva inclusión al círculo selecto de Peña, no es un mero golpe de suerte o una casualidad, pues Alfredo Castillo es el primer custodio de uno de los “secretos” más penosos generados en la administración de Peña al frente del gobierno del Estado de México, que reveló el grado de corrupción en la Procuraduría estatal, confirmando que ésta es efectiva sólo para quienes pueden comprar la justicia.

A través de una aparente ingenuidad, el caso sobre la desaparición, “aparición” y muerte de Paulette sembró más dudas el 14 de noviembre de 2011, cuando Miguel Alvarado aportó nuevos y esclarecedores datos en una crónica publicada en el  Semanario Nuestro Tiempo Toluca:

“Olivia Gaxiola Montaño es una mujer afortunada. Dedicada a causas sociales, ganó a principios de noviembre del 2011 el concurso Iniciativa México, dotado con 30 millones de pesos que apoya a proyectos que ayuden a resolver algún tipo de problema en México. El concurso, patrocinado por Televisa, medios de comunicación, intelectuales orgánicos, grandes empresas y escuelas de alto nivel, surge en el marco del Bicentenario de la Independencia y Centenario de la Revolución. En 2010, cuarenta de los medios de comunicación electrónicos e impresos más importantes del país se unieron en torno a una idea: rescatar y exaltar al México dinámico y emprendedor”.

Olivia Gaxiola es la directora de la fundación Ayúdame que yo también soy Mexicano AC (ATM), creada por la familia Gebara— la misma de Paulette—, y que se involucra en la construcción y el mejoramiento de viviendas rurales, razón por la que fue elegida para ganar el concurso Iniciativa México. A ella se le ha asignado la tarea de impulsar los programas de ATM y presentarlos ante quienes  puedan apoyarlos; también participa en el Grupo Técnico de la federal Comisión Nacional de Vivienda, donde representa a la fundación de Gebara.

ATM, a primera vista pasa desapercibida. Es una fundación más dedicada a canalizar aportaciones empresariales deducibles de impuestos, que a labores de ayuda. Pero, para el Estado de México, Ayúdame que yo También soy Mexicano representa uno de los casos más lamentables sobre aplicación de justicia en la entidad que guarda relación con el fallecimiento, en marzo del 2010, de Paulette Gebara en el municipio de Huixquilucan, en el valle de México.

Reportada por sus padres como desaparecida. El caso de Paulette Gebara alarmó a casi todo el país, que estuvo al pendiente durante los nueve días que duró el proceso, el cual  concluyó  con la aparición del cadáver de la niña debajo del colchón de su propia cama.

Las especulaciones no se hicieron esperar, convirtiéndose en una  ola de voces que señalaba a la madre como la principal responsable. Luego de una “investigación de juguete” encabezada por Bazbaz se determinó que un accidente había puesto fin a la vida de la niña. Nadie era culpable, según las pesquisas del encargado del caso, Alfredo Castillo Cervantes.

La respuesta que dio la Procuraduría para explicar la misteriosa desaparición no pudo calmar los rumores que involucraban también  los nombres de poderosos funcionarios y empresarios de la entidad, que tenían algún tipo de relación con la familia Gebara. Así fue como, por las páginas de los medios, desfilaron los apellidos de los Del Mazo, Funtanet, Korenfeld e incluso Montiel, a quien se le vio en el funeral de la niña.

Al alcalde de Huixquilucan, Alfredo del Mazo Maza, se le mencionaba como pareja de Arlette, la hermana de la madre de Paulette, pero pasó mucho tiempo antes de que se supiera por qué el gobierno estatal protegía a esa familia, sobre todo a Mauricio Gebara Rahal, esposo de Lizette Farah, con quien procreó a la niña Paulette.

Sobre los orígenes de Paulette, se sabe que su madre  es hija de un emigrante libanés, quien tenía un negocio de ropa llamado Confecciones Farah, el cual heredó a su familia y actualmente administra su viuda, Lidia Farah Morales. El currículum de Lizette dice que estudió hasta la preparatoria en el Colegio Oxford del Distrito Federal y Derecho en la Universidad Iberoamericana.

El padre de Paulette, Mauricio, está en el negocio inmobiliario. Fundó, junto con sus hermanos, la  asociación Ayúdame que yo también soy mexicano (ATM), cuyo aparente objetivo principal es “trabajar por la justicia social”. En la red, su dirección está en http://www.atm.org.mx/, donde se explica que sus casas cuestan unos 70 mil pesos. Aquí también se puede ver que la directora de Enlace Ejecutivo  es  Olivia Gaxiola; el director de Proyectos es José Andrés Fuentes y el director de Vivienda Sustentable es José Antonio Bojalil, quienes atienden en la colonia Roma, en el DF. Algunas de las casas que ha construido esta empresa se pueden ver en territorio mexiquense como  Valle de Bravo y El Oro.

Mauricio Gebara es hermano de Anthony, coordinador de  proyectos para los Tecnológicos de Monterrey.  Su nombre aparece en el Consejo de Administración de la empresa Préstamos para Crecer S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R, que se dedica a otorgar créditos para comprar viviendas con apoyo del gobierno federal, además de ofertar un paquete de seguros. Tiene una subempresa llamada La Tía, especializada en préstamos para mujeres que se puede consultar en el sitio http://www.crecer.com.mx.

El otro hermano es Christopher Gebara Rahal, que aparece en directorios como el presidente fundador de Ayúdame que yo también soy mexicano. Luego de que ATM ganó el concurso, Christopher recibió diversos reconocimientos, entre ellos las menciones que la particular Universidad Iberoamericana le dedicó. También ganó el segundo lugar en el Premio Ibero Compromiso Social 2011.

Su hermana, Margaret Gebara Rahal, está casada con Humberto Lemus Castillo desde el 18 de octubre de 1999. Su boda apareció, como casi todos los actos sociales de la familia, en páginas de sociedad, en donde se destaca la importante presencia de los Funtanet, amigos cercanos de la familia.

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Pasado presidencial

* “La ejecución de los escoltas de la familia Peña Pretelini, la muerte de Mónica Pretelini y las llamadas interceptadas por la PGR pertenecen al anecdotario o la historia política de una entidad que, en el sexenio de Peña, vio pasar a cuatro titulares de la Procuraduría de Justicia: Alfonso Navarrete Prida, Abel Villicaña Estrada, Alberto Bazbaz Sacal y Alfredo Castillo Cervantes—. Con dos, Navarrete y Castillo, insertos en 2012 en el equipo presidencial peñista”, escribe el periodista Francisco Cruz en su libro Los Golden Boy’s, editado por Planeta en el 2012 y al cual pertenece este texto.

 

Francisco Cruz Jiménez

Transcurría la mañana del 11 de enero (del 2007) cuando fuentes extraoficiales confirmaron que, en los primeros minutos de la madrugada de ese jueves, Mónica Pretelini de Peña, en ese entonces esposa del gobernador mexiquense, Enrique Peña Nieto, había muerto a los 44 años de edad. La noticia estremeció y puso a la expectativa a todo el país. Encabezado por Peña, el gobierno del Estado de México calló deliberadamente y no hizo nada por aclarar rumores de todos los calibres —incluidos uno sobre suicidio y otro sobre homicidio—, ni las contradicciones que se hicieron públicas y se convirtieron en una fuente inagotable de especulaciones que aún persiguen a Peña.

Seis años después, nadie sabe a ciencia cierta qué sucedió. No lo saben ni siquiera los médicos que la atendieron aquella noche en la Cruz Roja, ni los empleados del Centro Médico de Toluca —en Metepec— y del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMyM), a quienes se les preguntó insistentemente si allí se encontraba internada una persona de apellido Pretelini, debido a que muchos sabían que, antes del traslado a la Ciudad de México, en esos tres lugares se había atendido a la esposa del gobernador. Sin embargo, el tiempo se ha encargado de diseminar y alimentar las dudas en torno al súbito fallecimiento.

Miguel Alvarado escribió el 11 de enero de 2009 en el semanario Nuestro Tiempo: “La vida de Peña se convulsionó a partir de entonces, epilépticamente desgarrada. Pero el luto no duró mucho. Pronto estaba de vuelta, tratando muy a su manera la administración estatal. El nombre de Mónica pronto fue sustituido y una larga lista de aspirantas [sic] al DIF estatal apareció en la agenda del llamado Viudo de Oro”.

En el sótano quedaron los recuerdos de Mónica, sus reclamos por las aventuras extramaritales de Peña y los secretos de una enfermedad desconocida. No obstante, su muerte no ha dejado de ser un amasijo de secretos mal guardados, mezclados con habladurías que el tiempo y el manejo que de ellos hizo el ex gobernador la han mantenido vigente. Todavía, más allá del simple morbo que representa ver sufrir a una familia por cuestiones del corazón, falta conocer el desenlace de historias paralelas, tal es el caso del asesinato de los guardias que cuidaban la seguridad de la familia Peña-Pretelini, una pista poco explorada, al menos en lo periodístico.

El atentado ocurrió la noche del 10 de mayo de 2007 y cobró la vida de los agentes mexiquenses Roberto Delgado Nabor, Erick Rey López Sosa, Guillermo Ortega Serrano y Fermín Esquivel Almazán —de 24, 37, 34 y 35 años de edad, respectivamente—, todos elementos de élite y  confianza comisionados por la Agencia de Seguridad Estatal.

Pequeños detalles contenidos en documentos de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) —archivados en juzgados federales o agencias del Ministerio Público a los que se tiene acceso en los primeros días de enero de 2012— muestran, entre otras cosas, por qué las autoridades mexiquenses se apresuraron a declarar, anticipándose a las autoridades judiciales veracruzanas, que los cuatro guardaespaldas de la familia Peña Pretelini fueron víctimas de matones al servicio del narcotráfico.

Ciertamente, el atentado estuvo a cargo de los capos del crimen organizado —como declaró Humberto Benítez Treviño, secretario general de Gobierno en esos tiempos— la noche en que los escoltas de Peña resguardaban la seguridad de sus hijos Paulina, Alejandro y Nicole, quienes vacacionaban en el puerto acompañados por su abuelos maternos Hugo Pretelini y Olga Sáenz, además de Claudia, hermana de Mónica. Pero se omitió decir quién había dado la orden, así como los intereses que se movían detrás.

Muertos los cuatro escoltas, los asesinos se perdieron en la zona turística del puerto. El caso quedó enterrado en los panteones de Zinacantepec y Toluca junto con los cuerpos, ya sin vida, de los cuatro agentes. Mientras  a los familiares se les consoló  con 370 mil pesos de seguros  y una compensación por cada uno de los muertos, a cambio de discreción. Todos callaron, pero muy pocos repararon en que Fermín Esquivel era una de las pocas personas que conocía detalles de la vida matrimonial de Enrique Peña y Mónica Pretelini porque su comisión oficial con la pareja no había comenzado el día de su asesinato, sino que llevaba varios años trabajando como escolta de la familia.

El asesinato terminó por perderse en una maraña burocrática judicial a partir del lunes 20 de mayo de 2008, cuando un comando de encapuchados irrumpió en un domicilio de la avenida 16 de Septiembre en Luvianos —un pequeño municipio al sur del estado, sumido en la pobreza y bajo el dominio de El Chapo Guzmán, Los Zetas y La Familia Michoacana—, y ejecutó al maestro Ranferi González Peña, un supervisor escolar de zona de cuarenta y cinco años de edad, considerado hasta ese momento cabecilla de los asesinos a sueldo de La Familia.

El homicidio fue perpetrado con, al menos, una decena de descargas de armas de fuego de alto poder. Los asesinos encapuchados —quienes vestían uniformes negros con las siglas de la Agencia Federal de Investigaciones  (AFI) y la Agencia de Seguridad Estatal  (ASE)— abordaron dos camionetas que los esperaban y huyeron. Pero cuando la familia de la víctima aún no salía del estupor, regresaron por el cadáver y lo metieron en uno de los vehículos. De allí se dirigieron a una casa de materiales, donde secuestraron al arquitecto Ranferi González Rodríguez, hijo de González Peña.

Aunque sólo se habló de dos camionetas, vecinos de la familia recuerdan que, a las ocho y diez de la mañana, por la avenida 16 de Septiembre apareció un convoy, instaló un retén en dos esquinas y, en un par de minutos, unos cinco sicarios descendieron de dos camionetas con vidrios polarizados, irrumpieron en el domicilio de González Peña y lo asesinaron, frente a su madre y dos de sus hermanas, de nueve y diez años de edad, respectivamente.

En las calles de Luvianos nadie habla. Se respira el miedo. Pero todavía se recuerda que, en los días previos a la ejecución y al secuestro, allegados al maestro Ranferi —hermano de Alberto González Peña, El Coronel, jefe de una célula de Los Zetas en la zona, desde donde lo ascendieron a Veracruz— abrieron la boca y alardearon sobre algunas propiedades “liberadas” luego de una incursión al puerto de Veracruz para silenciar a un grupo de agentes del Estado de México.

La segunda semana de enero de 2012, un documento abrió nuevas interrogantes. Perdida en un expediente sobre delincuencia organizada, de más de cinco mil fojas, en la averiguación previa PGR/SIEDO/UEIDCS/231/2008, aparece la transcripción de llamadas —de un teléfono intervenido—, en las que un par de narcotraficantes da a conocer pormenores de la ejecución de los cuatro escoltas de la familia Peña Pretelini. Las llamadas se transcriben en 42 hojas tamaño oficio y, desde el inicio, ponen de manifiesto  que se trata del Estado de México.

Aunque prácticamente en cada una de las páginas se hace alusión a la entidad mexiquense, es al llegar a las primeras líneas de la página 14 cuando aparece pleno el tema de la ejecución de los cuatro escoltas de la familia Peña Pretelini:

—Nada más Manzur. Hay la posibilidad de que se vaya a Veracruz. Pero con este, Miguel [Fidel] Herrera, lo pidió para allá por una chamba especial que se hizo para el gobernador [Peña].

—Ajá, ajá. —responde Eduardo.

—Entonces pues, le dan en la madre a los de seguridad de Peña Nieto.

—Sí, sí, sí. —lacónica es la respuesta de Eduardo.

Más claro, ni el agua, Peña había echado mano de sus otros aliados para concluir con el caso de su esposa Mónica, pues, con el asesinato de Fermín Esquivel, se borró la posibilidad de reconstruir cualquier momento de su vida al lado de Peña.

La ejecución de los escoltas de la familia Peña Pretelini, la muerte de Mónica Pretelini y las llamadas interceptadas por la PGR pertenecen al anecdotario o la historia política de una entidad que, en el sexenio de Peña, vio pasar a cuatro titulares de la Procuraduría de Justicia: Alfonso Navarrete Prida, Abel Villicaña Estrada, Alberto Bazbaz Sacal y Alfredo Castillo Cervantes—. Con dos, Navarrete y Castillo, insertos en 2012 en el equipo presidencial peñista.

Pero, más allá del brillo que puede dar un llamado para unirse al equipo presidencial, hay otras caras ocultas que comenzaron a ser visibles a través de la ley del plomo y de una extraña prosperidad que sólo se nota en las organizaciones criminales que se han asentado en una entidad en la que se tiene por costumbre negar la violencia, como si los mexiquenses fueran ciegos o no la vivieran en carne propia.

Aunque los temas no salen a la luz pública, el peñanietismo dejó oscuros pendientes a su paso por la entidad: la venganza e imposición del régimen de terror a través de corporaciones policiacas estatales, la criminalización de movimientos sociales e invención de delitos a sus líderes —destacan los ejemplos de Ignacio del Valle Medina, Juan Carlos Estrada Romero, Julio César Espinoza Ramos, y el del activista y defensor de indígenas mazahuas Santiago Pérez Alvarado—, o las cuatro exoneraciones endilgadas a Montiel.

A toda esta maraña de corrupción, muertes inexplicables, venganzas, feminicidios, se puede sumar otra,  igual de interesante, que tiene que ver con la extraña  “desaparición” —entre la noche del domingo  21 y la madrugada del 22 de marzo de 2010— de la niña Paulette Gebara Farah. Caso que se integra con las turbias investigaciones sobre su supuesta “aparición”, nueve días después, así como las razones de su muerte. Sombras de duda han quedado desde entonces, por más estudios científicos que la Procuraduría se afanó en difundir.

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