Mariana

* Rodolfo Domínguez, abogado de la familia de Mariana Lima, explicó que el caso fue atraído por la SCJN luego de que se agotaron y no resultaron favorables una serie de recursos jurídicos presentados como lo mandata la ley penal mexiquense, tales como el amparo y la revisión.

 

Anaiz Zamora Márquez

México, DF/ Cimac.  La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) atrajo el caso de Mariana Lima Buendía, joven presuntamente asesinada en el Estado de México en junio de 2010, al considerar que la falta de investigación con debida diligencia, la no aplicación de protocolos de investigación con perspectiva de género, y la impunidad con la que se resolvió el homicidio, son cuestiones de interés y trascendencia para la sociedad mexicana.

El miércoles pasado, la Primera Sala de la SCJN decidió ejercer su facultad de atracción en el caso de la joven de 29 años presuntamente asesinada por el agente judicial mexiquense Julio César Hernández Ballinas, en el cual las autoridades mexiquenses se han empeñado en afirmar que fue un suicidio y no un caso de feminicidio.

Presentado para su admisión por el ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, el caso abre la posibilidad de que la SCJN siente jurisprudencia sobre la adecuada forma de indagación en estos delitos, pues es el primer caso de feminicidio que atrae la Corte y en el que se analizarán las faltas e irregularidades que se cometieron en las investigaciones.

Rodolfo Domínguez, abogado de la familia de Mariana Lima, explicó a Cimacnoticias que el caso fue atraído por la SCJN luego de que se agotaron y no resultaron favorables una serie de recursos jurídicos presentados como lo mandata la ley penal mexiquense, tales como el amparo y la revisión.

Informó que en febrero pasado se presentó una solicitud de ejercicio de facultad de atracción ante la SCJN exponiendo que el caso se mantiene en la impunidad, pues en todo momento las autoridades se han negado a abrir una línea investigación para resolver el caso por violencia feminicida, como se denunció desde un principio, y además las pesquisas no se han realizado con la debida diligencia.

El 28 de junio de 2010, según las declaraciones de Julio César Hernández, la joven se quitó la vida ahorcándose, aunque el cuerpo se encontró acostado en la cama. El policía judicial argumentó que había movido el cuerpo de lugar.

En ese momento comenzaron las irregularidades en el caso. Las autoridades realizaron una inspección de sólo 10 minutos al levantar el cuerpo, no resguardaron las evidencias y no acordonaron la zona. Sólo se quedaron con la versión dada por el judicial mexiquense.

Cabe mencionar que el presunto homicida nunca fue detenido, pese  a que la joven sostenía una relación sentimental con Hernández Ballinas, de quien sufrió violencia física, sexual y psicológica que en su debido momento fue denunciada como parte de la tipificación del delito de feminicidio en el Edomex.

Domínguez consideró que la decisión de la Corte es de suma importancia para toda la población y especialmente para las mujeres que buscan acceder a la justicia, pues la SCJN al indagar si se investigó de manera adecuada el caso y si se cumplieron o no los procedimientos y protocolos mandatados para el delito de feminicidio, sentará las bases para otros casos y fijará criterios sobre cómo se debe proceder con relación a la violencia feminicida.

Cabe destacar que además de contar con el tipo penal de feminicidio, las autoridades  mexiquenses cuentan desde abril de 2010 con el Protocolo de Actuación e Investigación del Homicidio desde la Perspectiva de Feminicidio.

Además –resaltó Rodolfo Domínguez– con este caso también se abre la posibilidad de determinar la aplicación y alcance de la sentencia de 2009 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) contra el Estado mexicano, resultado de la impunidad, negligencia y violación a Derechos Humanos (DH) con las que las autoridades mexicanas se manejaron en el esclarecimiento de tres de los ocho casos de jóvenes asesinadas y encontradas en 2001 en el Campo algodonero de Ciudad Juárez.

A decir del abogado integrante del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, en este caso se “están repitiendo las mismas violaciones a DH por las que fue sentenciado México en 2009”, y recordó que la sentencia de Campo Algodonero mandató acciones para la no repetición de los hechos, que no se han llevado a la práctica.

Domínguez acotó que se está en espera de que se determine quién va a ser el ministro ponente del caso, a quien corresponderá realizar la propuesta de resolución que será discutida por la Primera Sala de la Corte, aunque no hay un plazo específico para ello.

Sin novedades

* La madre de “María” debe trasladarse constantemente a las instalaciones de la FEF para conocer el avance en las investigaciones para identificar al responsable de violar y asesinar a su hija. Sin embargo, casi siempre sale de ahí “sin ninguna novedad”.

 

Anaiz Zamora Márquez/ Cimacnoticias

México. “María” fue violada, torturada y asesinada; su cuerpo sin vida fue encontrado en una de tantas calles en el Estado de México. Su madre interpuso la denuncia –pues sin ella no hay delito que perseguir– ante el Ministerio Público (MP) correspondiente.

Tras varias averiguaciones, el MP determinó que se trataba de un feminicidio, por lo que envió el expediente a la Fiscalía Especializada de Feminicidios (FEF), creada en 2011 por la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM).

A esa fiscalía, según su decreto de creación, le compete “conocer, investigar y perseguir” los hechos constitutivos de los delitos de feminicidio y homicidio doloso de mujeres por razón de género.

La madre de “María” debe trasladarse constantemente a las instalaciones de la FEF para conocer el avance en las investigaciones para identificar al responsable de violar y asesinar a su hija. Sin embargo, casi siempre sale de ahí “sin ninguna novedad”.

Cimacnoticias visitó las instalaciones de la FEF para verificar su operación y efectividad. El primer obstáculo es la falta de información oficial para ubicar la dirección de la fiscalía.

La FEF carece de un sitio web propio para orientar a la ciudadanía. Ni siquiera la página electrónica de la PGJEM cuenta con un link de acceso directo a esa instancia.

Se tiene que buscar en el directorio de funcionarios y dependencias de la procuraduría, para finalmente saber que la fiscalía está en la misma sede de la PGJEM, es decir, en la ciudad de Toluca. Para colmo, la extensión telefónica de la FEF que aparece en el directorio es errónea.

Ya en el lugar, en la calle José María Morelos Oriente número 1300 esquina con Jaime Nunó, colonia San Sebastián, el ingreso se vuelve engorroso, toda vez que se debe explicar y registrar el motivo de la visita. Es cuando uno se da cuenta de que el personal de la entrada desconoce si ahí está la FEF.

En el ala izquierda del tercer piso de la PGJEM –sin letrero alguno que la identifique– está la fiscalía, la cual comparte espacio con la Subprocuraduría para la Atención de Delitos Vinculados a la Violencia de Género.

En la puerta de entrada sólo hay un cartel con los rostros y datos de mujeres y hombres desaparecidos que están incluidos en el Programa de Recompensas.

En el cristal que sirve de pared frontal de la FEF están pegadas las notificaciones sobre algunos casos, la mayoría data de 2012.

Para entrar a esa oficina, otra vez hay que proporcionar los datos personales, así como explicar el motivo de la visita y dar el nombre de la empleada o empleado que dará la atención.

 

Maraña burocrática

 

Personal de la FEF aclaró que los casos que atiende no son presentados o denunciados directamente por las madres o familiares de las mujeres asesinadas, sino que llegan ahí luego de ser canalizados por el MP donde se presentó la denuncia.

Así, los familiares deben proporcionar ante la fiscalía el número de expediente para acceder a una atención más rápida.

Igualmente, no todos los casos de feminicidio cometidos en la entidad mexiquense llegan a Toluca; algunos MP envían el expediente a la oficina de la FEF en Tlalnepantla, de la que no hay información en línea.

Cimacnoticias observó que hay madres que llegan solas o acompañadas de un familiar para preguntar de los avances en sus casos. Algunas de las que acuden por primera vez van acompañadas de un abogado particular o de oficio.

“Me dijeron que me diera la vuelta para ver cómo iban las cosas”, dice una de ellas al vigilante que pregunta a quién visita. Luego de esperar más de 20 minutos, un “licenciado” la atiende y poco después la mujer sale de la FEF porque le explicaron que “no hay nada nuevo”.

A la fiscalía también acuden las mujeres víctimas de violencia de género y cuyos casos también fueron canalizados desde un MP. La FEF carece de cubículos para atender de manera individual a quienes denuncian agresiones físicas o psicológicas por parte de sus parejas.

En la FEF prevalece el ajetreo característico de todas las oficinas de gobierno. Mujeres y hombres bien vestidos portan a la vista el gafete que los identifica como empleados del lugar, y de vez en cuando llega personal con placas de agente de seguridad estatal.

Cargan papeles, sacan copias, hacen llamadas telefónicas, hablan entre sí… todas estas actividades con el supuesto objetivo de dar con los responsables de los crímenes que ahí se investigan.

En la FEF también se brinda asesoría psicológica a las y los familiares relacionados de forma directa con la víctima. La atención se brinda a las pocas mujeres que piden el servicio. Muchas comentaron que por los tiempos de traslado no pueden asistir de manera frecuente.

Las pocas mujeres que acuden a la Fiscalía llegan confundidas y notablemente fatigadas por el trayecto. Regularmente salen de ahí confiando en que en la próxima visita ya habrá un resultado a su demanda de justicia.

“Las patronas” de La Bestia

* En el albergue La Esperanza, a sólo unos metros de las vías, todos los días se cuecen en el fogón 45 kilos de arroz y 15 de frijol. En un día normal “Las patronas” distribuyen hasta 200 bolsas de comida, que además de arroz y frijol, llevan tortillas, pan, galletas y agua. También avientan unas 100 latas de atún.

 

Flavia Morales/ Cimacnoticias/ Ayudahumanitarialaspatronas.blogspot.com

Amatlán, Veracruz. Cuando el silbato de “La Bestia” suena, las mujeres del albergue La Esperanza, en la localidad La Patrona de este municipio veracruzano, se aprestan a distribuir alimentos a las y los cientos de migrantes que viajan a bordo del tren de carga proveniente de Chiapas en dirección al norte de México.

Son al menos 25 mujeres, conocidas como “Las patronas” y encabezadas por Norma, quien inició esta labor hace 17 años, cuando ella apenas tenía 23.

Con carretas llenas de cazos de comida, Norma, Toña, Julia, Victoria y Karla, entre otras, se forman en fila al lado de las vías del ferrocarril, lanzan bolsas de comida y en menos de 10 minutos reparten “lonches” de supervivencia a las y los migrantes que viajan en el techo de “La Bestia”.

En el albergue La Esperanza, a sólo unos metros de las vías, todos los días se cuecen en el fogón 45 kilos de arroz y 15 de frijol. En un día normal “Las patronas” distribuyen hasta 200 bolsas de comida, que además de arroz y frijol, llevan tortillas, pan, galletas y agua. También avientan unas 100 latas de atún.

La entrada al albergue de La Patrona es austera y tiene un gran patio de tierra. Es un jacal detenido por apenas cuatro palos endebles; bajo él hay todo el tiempo una enorme olla de frijoles.

Las mujeres ya conocen los horarios del tren. A veces puede pasar hasta tres veces al día cargado con entre 400 y mil 500 migrantes. En ocasiones, “La Bestia” llega a gran velocidad y ellas apenas alcanzan a repartir unas cuantas bolsas de comida.

Para las y los miles de migrantes centroamericanos que cruzan México rumbo a Estados Unidos, la parada del tren en La Patrona es un alivio, quizá el único lugar donde puedan probar alimentos en varios días de trayecto.

Norma explica que las mujeres de La Esperanza se coordinan con otros albergues ubicados en la ruta del tren, para saber cuántos migrantes vendrán y así programar la cantidad de bolsas de comida.

A Norma se le conoce como “La Patrona”. Ella reconoce que la tarea ha sido difícil porque además de la comida, ahora cuentan con un pequeño albergue donde atienden a las y los migrantes en tránsito, muchas de ellas niñas y mujeres, lastimadas física y emocionalmente.

“Nos llegan enfermos, cansados y hay que tocar puertas de hospitales, de médicos, conseguir el medicamento y sobre todo cuidar que no vayan a morir”, relata.

En 17 años de labor altruista, Norma ha vivido casi todo: “Nos ha tocado ver mutilaciones y golpes; el tren en movimiento es muy peligroso”.

Además del trabajo del comedor, las mujeres de La Patrona se han dedicado a concientizar a la población y al personal de los hospitales de la zona, y a organizar una red de información y ayuda con otros albergues de migrantes en el país.

 

El Cristo Negro

 

En 1996, junto con su madre Leonila Vásquez y sus hermanas, Norma comenzó a repartir a las y los migrantes “lonches” de arroz, frijol y tortillas.

Una madrugada de ese año, llegaron a la casa de Norma dos  mujeres a suplicar ayuda para un migrante hondureño herido de arma blanca durante una pelea por defender a su pareja.

“A esa hora, a las 12:30, que agarro la camioneta de mi marido y que me voy hasta donde estaba el hombre. Cuando llegué y me encontré con cientos de migrantes en medio de la noche, sentí miedo, pero luego agarré valor”, relata la mujer.

Varias personas bajaron del tren a un hombre de tez morena, con el torso desnudo y ensangrentado. “Cuando vi cómo lo bajaban se me figuró un Cristo negro. Era una señal de que ése era el camino”, dice Norma, una ferviente católica.

Días después del incidente, cuenta que una tarde mientras repartía comida, un migrante se le acercó para regalarle la efigie de un Cristo negro. “Me dijo que era en agradecimiento por salvarle la vida, y que estaba seguro de que si (el Cristo) se quedaba conmigo yo iba a ayudar a más gente”, cuenta.

El Cristo negro que ese migrante hondureño le regaló a Norma está ahora en el altar central del albergue, y significa para la activista “un recordatorio permanente del sufrimiento y la necesidad de cientos de mujeres y hombres migrantes”.

Cuando Norma comenzó a organizarse con otras mujeres del pueblo para ayudar a las y los migrantes, fue mal vista por apoyar a “delincuentes”. “Sabíamos que nos podían acusar de traficantes, de cometer un delito, pero la necesidad era tanta, tan evidente, que hacía imposible no mirarla”.

 

Banco de datos

 

Ni las historias de dolor e injustica, ni las bandas del crimen organizado dedicadas al tráfico de mujeres y niñas, han detenido a estas mujeres.

Ellas tuvieron que aprender la Ley de Migración, la Constitución y los pasos a seguir para interponer una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

“En el tren van niñas, niños, bebés, mujeres embarazadas; hemos visto niños de 10 años viajando solos, a veces va toda la familia. Duele ver un tren hasta con 400 personas, muchas son niñas de 14 años”, narra Norma.

Abunda: “la mayoría de las historias son trágicas. Hace poco nos trajeron a un migrante de nombre Jesús que perdió sus dos piernas. Él estaba trabajando en Sonora y se regresó a Honduras a visitar a su madre enferma. De regreso a México por falta de dinero, volvió en tren y tuvo un accidente. Lo tuvimos tres días en coma en el Hospital de Yanga”.

Norma cuenta que también ha habido casos de migrantes muertos y en esos procedimientos se solicitan los restos, se practican los estudios de ADN, y se inhuman en el panteón de la comunidad.

Las mujeres de La Patrona han organizado un austero, pero efectivo banco de datos, toman fotografías y datos de los migrantes que pasan por la zona. Solo en 2012 llevan un registro de 800 personas, que han pernoctado en el albergue, y que quizá sea una pista o esperanza para las madres y familiares en caso de una tragedia.

Norma cuenta que a través de una red de ayuda con empresarios de la región, gobierno y organizaciones civiles se logra recaudar comida y fondos para el mantenimiento del albergue.

“Si cada quien jala por su lado esto no funciona, no se trata de pelear ni desmostar quién es más fuerte, sino unirse, poner nuestro granito de arena cada uno desde su trinchera”.

A sus casi 40 años se dice feliz y con proyectos e ideas para ayudar y formar nuevos grupos y generaciones de jóvenes de apoyo a las y los migrantes.

Ruta del miedo

* Entre la zozobra y el miedo, Aleyda, migrante hondureña de apenas 17 años, se resguarda temporalmente –en lo que reinicia su camino hacia la frontera norte– en la Casa del Migrante San Juan Diego, en el municipio de Huehuetoca, Estado de México. Con cuatro meses de embarazo, la adolescente cuenta que la violencia la hizo huir de su país. “No miraba futuro, hay veces en que en un día hay 30 muertos porque hay bastante delincuencia. Los ‘maras’ obligan a meterse en pandillas, a andar robando. Te llegan a matar por nada”, relata.

 

Guadalupe Cruz Jaimes/ Cimacnoticias

Huehuetoca. En el Estado de México las centroamericanas sufren el rechazo de habitantes, así como abusos de delincuentes y policías, sin que la autoridad las proteja.

Entre la zozobra y el miedo, Aleyda, migrante hondureña de apenas 17 años, se resguarda temporalmente –en lo que reinicia su camino hacia la frontera norte– en la Casa del Migrante San Juan Diego, en el municipio de Huehuetoca, Estado de México.

Con cuatro meses de embarazo, la adolescente cuenta que la violencia la hizo huir de su país. “No miraba futuro, hay veces en que en un día hay 30 muertos porque hay bastante delincuencia. Los ‘maras’ obligan a meterse en pandillas, a andar robando. Te llegan a matar por nada”, relata.

Así como Aleyda, otras migrantes centroamericanas llevan 15 días de viaje en trenes de carga desde la frontera sur de México. Lograron llegar al Edomex tras padecer las inclemencias del tiempo, los abusos de la policía y de la delincuencia organizada.

Tras el cierre el pasado 7 de junio del albergue que también se llamaba “San Juan Diego”, en Lechería, municipio mexiquense de Tultitlán, la situación para ellas se ha agravado.

El refugio administrado por la Diócesis de Cuautitlán fue clausurado ante las protestas de vecinos que se oponían a que las y los centroamericanos recibieran “ayuda gratuita”.

Ahora tienen que caminar cerca de 50 kilómetros desde Lechería para llegar a los albergues abiertos en agosto pasado en Huehuetoca. Quienes deciden descansar en Lechería aguardan unas horas para volver a “montar” un ferrocarril en trayecto al norte del país.

Ésas son algunas de las crudas estampas que observan las diputadas del Parlamento Europeo Satu Hassi y Ska Keller, durante su visita a la zona de tránsito de migrantes en Tultitlán y Huehuetoca.

 

Testimonio del abuso

 

El recorrido de las legisladoras inicia en Lechería, donde unos cuantos migrantes descansan a la sombra de los árboles a un costado de las vías. Resguardadas por policías federales y estatales, las eurodiputadas se entrevistan con hombres hondureños que esperaban la salida del próximo tren.

Esta localidad es insegura para las y los migrantes, ya que se han registrado secuestros masivos. Aún así, duermen en la calle pero están al pendiente de no ser presa de delincuentes.

Los migrantes narran las extorsiones que sufren de los “garroteros” (personal de las estaciones de tren) para que les permitan viajar en el ferrocarril, así como de la policía.

“Íbamos a comer unas sardinas, y uno (de nosotros) sacó una navaja para abrirlas, pero la policía municipal lo vio y se acercaron para revisarnos y nos quitaron todo lo que traíamos, como 2 mil 500 pesos”, cuenta un hondureño.

Durante su camino de casi una hora hacia los dos albergues en Huehuetoca, Satu Hassi y Ska Keller observan en las calles a migrantes que piden dinero para comer y seguir su viaje. Otros descansan bajo los puentes vehiculares.

El albergue San José del Hermano Migrante, abierto por organizaciones civiles y estudiantes, consta de dos habitaciones donde se guardan las donaciones de víveres y colchonetas. El resto es un patio de piso de tierra con techos provisionales de lona bajo los cuales pueden descansar alrededor de 100 migrantes.

Ahí reciben agua, alimentos, y lo necesario para asearse. Su estancia es breve. “El tiempo necesario para descansar y volver a montar el tren”, dice la hondureña Yoselin Alvareño, de 30 años, quien lleva ya un día en el albergue.

Ella platica que salió de su país porque no hay empleo y los salarios son muy bajos. Trabajaba como empleada del hogar, ganaba 2 mil lempiras al mes (mil 322 pesos mexicanos), insuficientes para mantener a sus cuatro hijos, ya que es madre soltera.

Yoselin migró acompañada de su cuñado, con quien subió a tres trenes para llegar a Lechería. “Ha sido muy duro, me caí algunas veces y me lastimé el brazo y la rodilla. También hay que aguantar el frío y la lluvia en las noches”, explica.

La hondureña es una de las cinco mujeres que habitan el albergue, pero cada día llegan decenas más de migrantes, 10 por ciento del sexo femenino.

El otro albergue, la Casa del Migrante San Juan Diego –instalado por autoridades mexiquenses y de la Diócesis de Cuautitlán– está alejado de la zona urbana en Huehuetoca y cobija a unos 50 migrantes. Aquí apenas hay tres mujeres, dos de ellas embarazadas, entre ellas Aleyda, la joven que inició este relato.

Ella dice que sólo pasará una noche más en el albergue, donde las y los migrantes únicamente pueden permanecer tres días, en los cuales se les prohíbe salir de las instalaciones.

“Al estar en medio de la nada se pone en riesgo a esta población, si los ‘levantan’ nadie se va a dar cuenta”, advierte Jorge Andrade, coordinador del albergue San José del Hermano Migrante.

Los asesinos de Nadia

* Luego de estar prófugo durante ocho años, Bernardo López fue detenido el pasado 14 de junio; tres días después le dictaron auto de formal prisión, y el 26 de ese mes solicitó un amparo, que será resuelto por la Primera Sala Colegiada Penal de Tlalnepantla del TSJEM, la misma que absolvió a “Matute”.

 

Guadalupe Cruz Jaimes/ Cimacnoticias

A ocho años de pugnar por el esclarecimiento del asesinato de su hija Nadia Muciño, y a casi cuatro meses de la aprehensión de uno de los presuntos homicidas de la joven, María Antonia Márquez exigió justicia a las autoridades del Estado de México.

Márquez dijo que este llamado se debe al temor de que Bernardo López quede libre, como ocurrió con su hermano Isidro López, apodado “Matute”, quien luego de ser sentenciado a 40 años de cárcel por el homicidio doloso con agravantes de Nadia, fue absuelto por el Tribunal Superior de Justicia mexiquense (TSJEM).

Y es que luego de estar prófugo durante ocho años, Bernardo López fue detenido el pasado 14 de junio; tres días después le dictaron auto de formal prisión, y el 26 de ese mes solicitó un amparo, que será resuelto por la Primera Sala Colegiada Penal de Tlalnepantla del TSJEM, la misma que absolvió a “Matute”.

Aunque el caso será revisado por otros magistrados, ya que no había garantías de imparcialidad por parte de quienes revisaron la apelación de Isidro López y lo dejaron en libertad, María Antonia Márquez pide a las autoridades de justicia que el homicidio de su hija no quede impune.

Cabe recordar que según los testimonios de los hijos de Nadia Muciño (como lo ha documentado Cimacnoticias), ella fue asesinada en febrero de 2004 por Bernardo López, quien era su pareja y padre de sus tres descendientes, en complicidad con el “Matute”.

Bernardo e Isidro golpearon a la mexiquense y después la colgaron en el baño, simulando un suicidio en la casa de la joven, en el municipio de Villa Nicolás Romero, de acuerdo con las declaraciones de los menores de edad.

Márquez indicó que a la par de la revisión del amparo, corre el proceso en contra de Bernardo por el homicidio doloso de Nadia, con la causa penal 187/12, y a la fecha se han realizado siete audiencias en las que la defensa presentó dictámenes periciales y sus testigos. En este periodo el acusado rindió y amplió su declaración.

La madre de la mexiquense, asesinada a los 24 años de edad, mencionó que López “negó todo, dijo que él amaba a mi hija, que nunca la golpeó y menos la secuestró”.

En mayo de 2003 denunció la desaparición de su hija ante el Centro de Apoyo para localización de Personas Extraviadas y Ausentes. Una semana después apareció con vida y en compañía de su mamá levantaron un acta en el Edomex por agresiones y secuestro en contra de Bernardo López.

 

Juicio irregular

 

En la próxima audiencia, programada para este miércoles, se realizará el careo entre el acusado y la madre y padre de Nadia Muciño.

A diferencia del proceso penal en contra del “Matute”, Márquez refiere que hasta ahora el agente del Ministerio Público (MP) de la Procuraduría General de Justicia del Edomex (PGJEM) “me comunica cómo va el caso y mantiene un trato respetuoso”.

Cabe mencionar que durante la averiguación y el juicio contra Isidro López “hubo muchas irregularidades o ‘errores humanos’, desde que levantaron el cuerpo de mi hija”, recordó Márquez.

Entre las “equivocaciones” de la PGJEM destaca que los peritos perdieron la soga y la agujeta que rodeaban el cuello de Nadia, y también “extraviaron” muestras de sangre halladas en una camisa que estaba en la casa, entre otras.

Pese a la “falta de evidencia” la autoridad concluyó que había sido un suicidio.

Por las irregularidades, en enero de 2009 María Antonia Márquez presentó una denuncia penal ante la Mesa de Responsabilidades de la PGJEM en Tlalnepantla, en contra de los funcionarios que resulten responsables de dichos “errores humanos”.

Sin embargo, a más de tres años la oficina de la Procuraduría en ese municipio “ni siquiera ha notificado a estos funcionarios que enfrentan un proceso penal”, acusó la madre de Muciño.

Por ese motivo, Márquez dirigió una carta al entonces titular de la PGJEM, Alfredo Castillo –ahora en el equipo de transición de Enrique Peña Nieto–, para que el personal de la Procuraduría sea juzgado “conforme a derecho”.

En respuesta a su petición, la Procuraduría en Toluca atrajo la demanda el pasado 20 de julio, “pero todavía no hay avances”.

En este escenario, la mamá de Nadia, preocupada por el acoso que sufre su familia por parte de personas cercanas a los agresores de su hija, ya que con frecuencia rondan por su casa, llamó a las autoridades mexiquenses a cumplir con su labor de impartición de justicia, “que no hagan oídos sordos”, reclamó.

Desdén oficial

* Amparo Vargas es madre de Eva Cecilia Pérez Vargas, de 16 años, víctima de “El Coqueto” –feminicida detenido en febrero pasado–. La adolescente desapareció el 26 de noviembre de 2011. No regresó a su casa y no contestó su teléfono después de subir a un microbús de la ruta 2 que la llevaría a su casa en Tlalnepantla, Estado de México.

 

Gladis Torres Ruiz/ Cimac

“Yo misma he tenido que buscar a mi hija; las autoridades solamente me dicen: ‘No se preocupe, señora, su hija a lo mejor anda en Acapulco o se fue con su novio’”, relata Leticia Mora Nieto, madre de Georgina Ivonne Ramírez Mora, una de las 600 jóvenes desaparecidas en el Estado de México durante 2011.

Georgina Ivonne, de 21 años, desapareció la tarde del 30 de mayo de 2011 en el municipio de Atizapán de Zaragoza, luego de que salió de compras a un mini súper.

Leticia Mora lleva un año de búsqueda sin que las autoridades mexiquenses le den respuesta. Ella ahora encabeza una red de madres de niñas y jóvenes desaparecidas en la entidad que esperan se les haga justicia.

“Ya pasé el momento de pedir… iba humildemente a pedir que buscaran a mi hija aunque me cerraran las puertas. Yo seguía tocando puertas muy humildemente. Creo que ya no es momento de pedir, es momento de exigir que nos regresen a nuestras hijas”, dice a Cimacnoticias.

El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) ha reportado que tan sólo en 2011, en el Estado de México, hubo 600 desapariciones de mujeres de entre 10 y 20 años de edad.

De acuerdo con las familias de mujeres y niñas desaparecidas y asesinadas en el Edomex, las autoridades judiciales se han caracterizado por su negligencia para resolver los casos.

Las madres de las víctimas denuncian que hasta han tenido que pagar la gasolina, comida y los saldos de los celulares de los policías ministeriales que son asignados en la búsqueda de las jóvenes.

 

Burla

 

Amparo Vargas es madre de Eva Cecilia Pérez Vargas, de 16 años, víctima de “El Coqueto” –feminicida detenido en febrero pasado–. La adolescente desapareció el 26 de noviembre de 2011. No regresó a su casa y no contestó su teléfono después de subir a un microbús de la ruta 2 que la llevaría a su casa en Tlalnepantla, Estado de México.

Amparo recuerda que ella misma dijo a las autoridades que quien plagió a su hija podía estar en la ruta de microbuses, ya que la última vez que se le vio fue al abordar la unidad de la ruta 2 que, después se supo, manejaba “El Coqueto”. Los ministeriales nunca investigaron esa hipótesis.

La mamá de Eva Cecilia cuenta que en la búsqueda de su hija, la Procuraduría de Justicia estatal le asignó dos agentes, a quienes les pagó la gasolina y en ocasiones también el crédito de sus celulares.

Los ministeriales “la acompañaban” a las direcciones donde podría estar su hija, sin embargo la esperaban en el auto y ella era quien entraba a las casas a buscarla arriesgando su seguridad.

“Cuando salía, los agentes únicamente me preguntaban ‘¿qué pasó? ¿la encontró?’”, narra Amparo Vargas. Por ello, advierte, decidió integrarse a la lucha de las madres de mujeres desaparecidas en el Edomex, para exigir justicia.

 

Feminicidio en la entidad

 

Entre 2005 y 2011, durante la gubernatura del ahora candidato presidencial por el PRI-PVEM, Enrique Peña Nieto, fueron asesinadas 922 mujeres, registra el OCNF.

La mayoría de los crímenes ocurrieron en los municipios de Ecatepec, Nezahualcóyotl, Tlalnepantla, Toluca, Chimalhuacán, Naucalpan, Tultitlán, Ixtapaluca, Valle de Chalco y Cuautitlán.

Araceli Estrada también forma parte de la recién creada red de madres en la entidad. Su hija es Viviana Lizbeth Vázquez Estrada, joven de 19 años que desapareció el 22 de noviembre de 2011, en el municipio de Cuautitlán de Romero Rubio.

En entrevista con Cimacnoticias, recuerda que las autoridades antes de buscar a Viviana le dijeron que probablemente “se había ido con su novio y que ya regresaría”.

“La autoridad no investiga y encima de todo niega los casos, como si no existieran. Una vez fueron dos policías ministeriales a mi casa para preguntarme si no tenía noticias, porque ellos no encontraban nada. Me dijeron que mi hija es la única desaparecida en el Estado de México, que no hay más, cuando yo sé que no es cierto porque hay muchas mamás que están buscando a sus hijas”, denuncia Araceli.

Claudia Rojas es madre de Daniela Xóchitl Elizarrarás, de seis años. La niña fue vista por última vez en 2006 cuando jugaba en el jardín de su casa, en un fraccionamiento “cerrado” de Arcos de Tultepec, en el municipio del mismo nombre.

Su madre señala que a pesar de las pistas que indican que la niña, ahora de 12 años, pudo ser llevada a Carolina del Norte, Estados Unidos, o a Catemaco, Veracruz, hasta ahora la policía sigue sin localizarla. La mujer que cuidaba a su hija, de nombre Alicia Martínez y originaria de ese municipio veracruzano, fue detenida y al poco tiempo liberada porque, según su versión, ella no supo qué pasó con Daniela.

La red de madres de jóvenes desaparecidas en el Edomex está en proceso de creación y es acompañada por la Coalición Contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina, encabezada por Teresa Ulloa, quien informa que actualmente llevan 20 casos de desapariciones en la entidad.

El estigma de la influenza

* El caso de Julieta se remonta a febrero pasado cuando surgió el rumor de que la profesora de la Universidad de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, y también columnista del diario El Financiero, supuestamente padecía influenza AH1N1, diagnóstico que resultó falso tras realizarse exámenes en el sector salud. El hecho provocó que Julieta sufriera atropellos en su lugar de trabajo.

 

Anayeli García Martínez/ CIMAC

Ricardo Bucio, presidente del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), rechazó que en el caso de la periodista y profesora Julieta Buendía Hernández –quien argumenta ser víctima de discriminación– el organismo que preside haya sido omiso, y enfatizó que hasta ahora no puede determinar si hubo discriminación o no en ese asunto.

El caso de Julieta se remonta a febrero pasado cuando surgió el rumor de que la profesora de la Universidad de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, y también columnista del diario El Financiero, supuestamente padecía influenza AH1N1, diagnóstico que resultó falso tras realizarse exámenes en el sector salud.

El hecho provocó que Julieta sufriera atropellos en su lugar de trabajo, pues sin explicación alguna fue removida de los grupos donde daba clases y confinada a un cubículo de la biblioteca de la universidad, lo que ella calificó como actos de discriminación en su contra (Cimacnoticias 29 marzo 2012).

En su momento, Buendía aseguró que la supuesta enfermedad no sólo provocó una alarma en la institución educativa –que incluso cerró durante tres días por una posible epidemia de influenza–, sino también el desprecio de autoridades universitarias, padres de familia y conocidos en contra de ella.

El contrato laboral de Julieta no fue renovado, por lo que el pasado 19 de abril fue su último día en la universidad.

Julieta denunció los hechos ante la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) y el Conapred –ambas instancias dependientes de la Secretaría de Gobernación–. Las dos se comprometieron a dar seguimiento a su caso.

Tiempo después, Buendía Hernández cuestionó la razón de ser del Conapred, pues lejos del apoyo solicitado, la instancia la excluyó de una reunión de mediación que como quejosa solicitó entre las autoridades universitarias y personal del consejo.

 

Versión oficial

 

En entrevista con Cimacnoticias, Ricardo Bucio sostuvo que no hubo omisión del Conapred en el análisis del expediente de Julieta Buendía, y que hasta ahora no se puede afirmar si hubo o no discriminación contra la profesora y periodista.

Argumentó que esa es una conclusión que se dará a conocer una vez que esté cerrada la investigación, y aseguró que hasta el pasado 22 de mayo –día en que se realizó esta entrevista– el expediente del caso no se había concluido.

“Aún no está cerrado, pero se va a concluir por no sometimiento”, dijo el funcionario, quien explicó que este concepto es una causal de cierre que determina la ley y se refiere a la falta de voluntad y aceptación del particular para conciliar con la o el peticionario que presentó la queja. En este caso, precisó Bucio, no se logró un acuerdo porque la universidad no quiso.

Al cuestionarle si en este caso el Conapred “no pudo” lograr la conciliación entre la quejosa (Julieta Buendía) y el particular (la Universidad de Cuautitlán Izcalli), el funcionario respondió: “No. Eso tal cual es un énfasis equívoco. La institución no quiso conciliar. Es muy distinto. Es distinto decir que el policía no pudo detener al coche que se pasó el alto, a decir el particular se pasó el alto. El responsable no es el policía, el responsable es el particular”.

En su opinión, la institución a su cargo actuó conforme a los lineamientos establecidos en el estudio y trámite de una queja de esta naturaleza, y tomó en cuenta los argumentos de ambas partes. Sin embargo consideró que fueron las autoridades de la universidad quienes no llegaron a un acuerdo con la periodista.

“Conapred habló con las autoridades (universitarias); las autoridades están de acuerdo con unas cosas y no están de acuerdo con otras. Pero al final con lo que no están de acuerdo es con conciliar con la peticionaria”, explicó Ricardo Bucio.

Si bien no se logró la conciliación, se le preguntó al presidente del Conapred si la situación vivida por Julieta en su lugar de trabajo y que se extendió a su vida privada por haber sido estigmatizada de padecer influenza AH1N1, podría ser considerada como discriminación, a lo que respondió: “No lo podemos catalogar antes de (investigar) como ella dice que está sufriendo un acto de discriminación. Nosotros la buscamos para hacer la valoración, no podemos catalogar. Yo creo que eso no lo puede hacer ninguna institución pública responsable a partir de una nota periodística”.

 

Contradicciones

 

Sin embargo, Bucio aclaró que fue el propio Conapred el que buscó a Julieta tras leer la información publicada en algunos diarios sobre el caso de la profesora.

“Nosotros leemos el artículo y nosotros la buscamos. En el artículo ella nombra al consejo –nosotros eso lo monitoreamos–. Yo leo el artículo y le pido al área de Quejas que la busque para ver si quiere presentar una queja por discriminación”, abundó.

Cabe recordar que en recientes declaraciones a Cimacnoticias, Julieta Buendía afirmó que fue ella la que acudió a pedir apoyo al Conapred e interponer una queja por discriminación, en contraste a lo señalado por Ricardo Bucio.

Lo que hace el Conapred –prosiguió el funcionario– “después de llamarle a Buendía” es abrir el expediente de quejas y ponerse en contacto con la universidad. Bucio insistió en que si no hay un convenio de conciliación, es muy complicado determinar si hay o no discriminación.

“Es como decir que el juez determina que alguien es culpable porque alguien lo leyó; puede presuponer que hay un delito, incluso quienes son los responsables, pero no puede determinar que hay un delito”, agregó.

A la pregunta de por qué Julieta fue excluida de la reunión entre abogadas del Conapred y el rector de la Universidad de Cuautitlán Izcalli, Juan Manuel Gutiérrez, Bucio respondió: “no creo que haya sido así. Nosotros tenemos un procedimiento de defensa”.

El funcionario reiteró que el Conapred sólo puede hacer lo que la ley le obliga, y que queda en manos del Legislativo otorgarle más atribuciones. “Por eso queremos que la ley nos permita más, por eso impulsamos esta iniciativa, por eso esperamos que haya una solución favorable”, sostuvo.

“Faltan reformas legales para mejorar las posibilidades de defensa de la ciudadanía”, concluyó Bucio al explicar que la institución recibe todos los casos de discriminación que le llegan, y que no sólo tiene interés en asuntos mediáticos o relacionados con grupos vulnerables.

 

¿Qué dice la ley?

 

El Conapred surgió a raíz de la promulgación el 11 en junio de 2003 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación. El objetivo del organismo es “contribuir a que toda persona goce sin discriminación de todos los derechos y libertades”.

De acuerdo con la ley, el Conapred debe implementar las acciones de las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo federal en materia de prevención y eliminación de la discriminación, y “proteger a todos los ciudadanos de toda distinción o exclusión”.

De acuerdo con el Estatuto Orgánico del Conapred una queja es la denuncia o petición formulada por conductas presuntamente discriminatorias atribuidas a particulares (en el caso de Julieta Buendía, la instancia particular es la Universidad de Cuautitlán Izcalli).

Según la misma normatividad, una reclamación es la denuncia o petición formulada por conductas presuntamente discriminatorias atribuidas a autoridades o servidores públicos.

Sobre los servidores públicos, el artículo 95 del estatuto estipula que si el consejo “comprueba que los servidores públicos o autoridades federales denunciadas cometieron alguna conducta discriminatoria, formulará la correspondiente resolución por disposición (recomendación)”.

Respecto a los particulares que cometan actos de discriminación, la  Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación en su artículo 81 establece que si cualquiera de las partes en conflicto o ambas no aceptan el procedimiento conciliatorio del Conapred, éste “atenderá la queja correspondiente y brindará orientación al quejoso para que acuda ante las instancias judiciales o administrativas correspondientes”.

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