¿Atrocidades institucionales?

* ¿Qué hará el Estado mexiquense? ¿El titular de la PGJEM avala estos métodos, propios de un probable Estado de Terror? ¿Está la sociedad de la entidad conforme con estas prácticas? Lo más grave que puede ocurrir es que, a pesar de que estos hechos son de conocimiento público, no pase nada, que todo siga igual, que las violaciones sigan ocurriendo y la supuesta instancia impartidora de justicia penal continúe con la violación a los derechos humanos garantizados en la Constitución Política y en convenios internacionales firmados por nuestro país.

 

Luis Zamora Calzada

Realmente difícil de entender por qué ocurre, entre “personas”, actuaciones contrarias a lo que puede ser la esencia del ser humano, como las descritas en narraciones oficiales dignas de ser parte de una novela de terror y ficción plasmadas en los numerales que integran la recomendación 51/2014 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), titulado “sobre los hechos ocurridos el 30 de junio de 2014 en Cuadrilla Nueva, Comunidad de San Pedro Limón, Municipio de Tlatlaya, Estado de México”, visible en la página principal de internet de la CNDH.

A manera de ejemplo, su numeral 314 narra que “la madrugada siguiente refiere que las trasladan a otro lugar cercano, ya que el trayecto duró alrededor de 20 minutos, en donde la meten a un baño con tres hombres, quienes le dicen que ahí ““ellos hacían hasta que los muertos hablaran””; en este lugar le jalan el cabello, le pegan en las costillas, y con una bolsa de una tienda ““como de mandado””, la asfixiaron en nariz y boca, sin poderse mover porque le colocaron los brazos y piernas cruzadas por la espalda. Intercalaban la interrogación y la bolsa durante varios minutos, alrededor de tres veces, hasta que uno dijo ““esa vieja se nos va a morir””. Posteriormente, metieron su cabeza a la taza del baño, alrededor de cuatro veces. Le decían que tenía que decir que las personas que fallecieron ““habían matado a diez””, a quienes pusieron en bolsas negras, y que ella daba de comer a los secuestrados”.

Lo anterior forma parte del apartado denominado “Responsabilidad de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México” (PGJEM), que por sí misma refleja violaciones  a la Ley Orgánica de la PGJEM al reglamento de la misma ley y, por supuesto, a derechos humanos garantizados en la Carta Magna de nuestro país.

Ante estas atrocidades, ¿qué hará el Estado mexiquense? ¿El titular de la PGJEM avala estos métodos, propios de un probable Estado de Terror? ¿Está la sociedad de la entidad conforme con estas prácticas?

Lo más grave que puede ocurrir es que, a pesar de que estos hechos son de conocimiento público, no pase nada, que todo siga igual, que las violaciones sigan ocurriendo y la supuesta instancia impartidora de justicia penal continúe con la violación a los derechos humanos garantizados en la Constitución Política y en convenios internacionales firmados por nuestro país.

 

Indiferencia normalista

 

En algunos sectores sociales, a partir de los lamentables hechos de la muerte y desaparición de estudiantes de la Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa ocurrieron reacciones inentendibles por su significado asociado a la criminalización.

En Toluca, Ixtapan de Sal, Tonatico, Coatepec Harinas, entre otros municipios, corrió entre los comerciantes la voz de que “ahí vienen los normalista”. Muchos cerraron sus negocios para evitar supuestos saqueos que construyeron en su imaginario, vinculando la imagen del estudiante normalista al de sujetos peligrosos, delincuentes.

Se asegura que en Coatepec Harinas las reacciones de mucha gente fueron apersonarse en el inmueble de la presidencia municipal para defenderlo de los “normalistas” que provocarían desmanes; según las narraciones recogidas, se reflejaba enojo en la gente reunida, dispuestos a responder con violencia contra los estudiantes, que jamás llegaron.

No puede pasar desapercibido que en nuestra entidad funcionan 36 normales estatales y la Normal Rural de Tenería, ubicada en Tenancingo, que por razones naturales ha suspendido labores en apoyo a los alumnos de Ayotzinapa. Mientras, en las estatales no ha existido manifestación alguna, como la solidaridad expresada de otras instituciones educativas del Estado de México.

La indiferencia que se percibe de los normalistas estatales es preocupante, algunos docentes de este nivel educativo aseguran que mientras no haya un orden de “arriba”, ellos no pueden emprender acción alguna.

Suponiendo sin conceder que la solidaridad requiera de “permiso de los de arriba” para manifestarlo, ¿qué tipo de futuro maestro se está formando en estas escuelas? Parece increíble, de ser cierto el comentario -la sensibilidad inherente a los lamentables hechos ha generado la solidaridad nacional e internacional, sin ser explicable desde cualquier razonamiento- que en las instituciones formadoras de docentes estatales pueda ordenarse que pase desapercibido a pesar de que los afectados son hermanos de profesión.

Lo anterior explica en parte los miedos inducidos en los profesores, provenientes de su probable formación, que se superaría con información, tal y como aseguró un docente: “a los maestros nos tendrán miedo cuando sepan que no tenemos miedo, pero para ello tenemos que leer, por el bien de nuestros alumnos”. Usted que piensa, amable lector.

Ley inaplicable

* Es obvio que los legisladores no revisaron la Constitución Política al aprobar la citada ley, de haberlo hecho habrían notado que atentarían contra un artículo de nuestra Carta Magna y de acuerdo con la postura de algunos especialistas en la materia, será una razón suficiente para que los jueces federales la declaren inconstitucional.

 

 

Luis Zamora Calzada

Es increíble, hasta ahora, que nadie se haya dado cuenta que la Ley General del Servicio Profesional Docente no es aplicable en materia laboral en ninguna parte del país.

Es obvio que los legisladores no revisaron la Constitución Política al aprobar la citada ley, de haberlo hecho habrían notado que atentarían contra un artículo de nuestra Carta Magna y de acuerdo con la postura de algunos especialistas en la materia, será una razón suficiente para que los jueces federales la declaren inconstitucional.

Los integrantes del Congreso de la Unión omitieron acatar lo establecido en el artículo 116 fracción VI, que en la parte que interesa dice:

“Artículo 116. El poder público de los estados se dividirá, para su ejercicio, en Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y no podrá reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el Legislativo en un solo individuo.

“Los poderes de los Estados se organizarán conforme a la Constitución de cada uno de ellos, con sujeción a las siguientes normas:

“VI. Las relaciones de trabajo entre los estados y sus trabajadores, se regirán por las leyes que expidan las legislaturas de los estados con base en lo dispuesto por el Artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y sus disposiciones reglamentarias”.

En tanto que la Ley General del Servicio Profesional Docente  en su artículo 1 establece que es “reglamentaria de la fracción III del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”, además ordena que el marco normativo aplicable en las entidades federativas se ajustará a las previsiones de dicha Ley, los servicios de Educación Básica y Media Superior que, en su caso, impartan los ayuntamientos se sujetarán a la misma y las autoridades educativas locales deberán realizar las acciones de coordinación necesarias con los ayuntamientos.

Es claro que esto no ocurrirá, dado que en las relaciones de trabajo estatales, regirá el Artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y sus disposiciones reglamentarias: Ley Federal del Trabajo y Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, por tanto no es aplicable la ley reglamentaria que proviene del artículo 3ro. Constitucional.

 

Otras omisiones

 

La Ley General del Servicio Profesional Docente viola el Convenio Internacional número 151 y la  Recomendación Internacional número 143, ambos de la Organización Internacional del Trabajo, los que se encuentran debidamente suscritos por nuestro país, estableciendo los fundamentos esenciales que deben tener los representantes de los trabajadores respecto al uso de tiempo laboral para realizar tareas sindicales, especificando con claridad el Convenio lo siguiente:

“Parte III. Facilidades que deben concederse a las organizaciones de empleados públicos.

Artículo 6

“1. Deberán concederse a los representantes de las organizaciones reconocidas de empleados públicos facilidades apropiadas para permitirles el desempeño rápido y eficaz de sus funciones durante sus horas de trabajo o fuera de ellas”.

La recomendación en sus disposiciones generales establece que a los efectos de la misma, la expresión “representantes de los trabajadores” comprende las personas reconocidas como tales en virtud de la legislación o la práctica nacional, determinando en su fracción III, respecto a la protección de los representantes, en su punto cinco que los mismos deberían gozar de protección eficaz contra todo acto que pueda perjudicarlos, incluido el despido por razón de su condición de representante de los trabajadores, de sus actividades como tales representantes, de su afiliación al sindicato, o de su participación en la actividad sindical, siempre que dichos representantes actúen conforme a las leyes, señalando en su punto 10.1), que los representantes de los trabajadores en la empresa deberían disfrutar,  sin pérdida de salario ni de prestaciones u otras ventajas sociales, del tiempo libre necesario para desempeñar las tareas de representación.

Por tanto el artículo 78 de la  Ley General del Servicio Profesional Docente, contraviene lo anterior al señalar que “las personas que decidan aceptar el desempeño de un empleo, cargo o comisión que impidan el ejercicio de su función docente, de dirección o supervisión, deberán separarse del Servicio, sin goce de sueldo, mientras dure el empleo, cargo o comisión”, a todas luces borra de un plumazo el derecho de uso de tiempo laboral para tareas sindicales, lo que es combatible desde un amparo federal.

 

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