Todo el poder en familia

* Estadísticas que la PGR y la PGJEM han elaborado sobre asesinatos con características de ejecución o ligados al crimen organizado —cuerpos con señales de tortura, maniatados, mutilados, con los ojos vendados y, en su gran mayoría, con el tiro de gracia— indican que en el Estado de México las muertes violentas por arma de fuego aumentaron de 111 en 2007, a 364 en 2008, 490 en 2009 y 623 en 2010. Este texto es un extracto del libro Los Golden Boy’s, escrito por Francisco Cruz en el 2012, editado por Planeta.

 

Francisco Cruz Jiménez

El asesinato de Christopher Salvador Vergara Cruz fue, para muchos, un claro indicio de cómo andaban las cosas en el estado de México. Ni la sólida relación comercial entre Televisa y Peña pudo ocultar los pactos de algunos funcionarios con el crimen organizado, entre los que destacan los  casos de José Manzur Ocaña, delegado de la PGR en el estado de México en 2007 —heredero de uno de los apellidos de mayor abolengo político mexiquense en las últimas décadas—, y del extinto atlacomulquense Cuitláhuac Ortiz Lugo —jefe de la Policía Ministerial del Estado de México y primo de sangre de Peña—, quienes en el sexenio peñanietista abrieron la puerta para convertir al estado de México en el refugio de los grandes capos del narcotráfico, tal y como se advierte en los libros Tierra narca y AMLO, mitos, mentiras y secretos, publicados por la Editorial Planeta.

Como dato curioso, el 22 de junio de 2009 se instruyó un pliego de ejercicio de acción penal, por delincuencia organizada y otros delitos, contra Manzur Ocaña, delegado de la PGR en el estado de México del 1 de agosto de 2007 al 7 de julio de 2008. Hoy es considerado prófugo de la justicia federal y desde aquel día nadie sabe nada de él. Por si pocos lo saben, el caso no es menor. Como referencia puede señalarse que Manzur Ocaña es medio hermano del diputado federal José Manzur Quiroga, quien por tres años se desempeñó como subsecretario general de Gobierno en la administración de Peña, cargo que también ocupó durante el sexenio de Montiel. Los Manzur son originarios de El Oro, municipio localizado al norte de la entidad mexiquense.

Cuitláhuac Ortiz, cuya carrera policial despegó con Peña —unidos por lazos de sangre a través de la madre del comandante y el finado padre del gobernador—, fue involucrado en la cadena de jefes de las policías del estado de México comprometidos con Joaquín El Chapo Guzmán y los hermanos Beltrán Leyva, pero que se habían acercado a La Familia.

Aunque el parentesco con el gobernador Peña le sirvió como manto protector y nunca se le abrió una investigación formal, a Ortiz Lugo se le implicó en el robo de tres  millones de dólares que La Familia habría entregado a un grupo de policías mexiquenses. Esa cantidad era independiente de las que la organización destinaba cada mes para el delegado de la PGR, José Manzur Ocaña.

El 15 de noviembre de 2009, desde las corporaciones policiacas mexiquenses se informó que Ortiz Lugo había muerto porque, en estado de ebriedad, estrelló contra un árbol la camioneta Silverado que conducía. Esto sucedió a las afueras del lujoso fraccionamiento en el que se encontraba su residencia, en una de las exclusivas zonas de Atlacomulco. Con su muerte se fueron para siempre las acusaciones y los señalamientos públicos de su complicidad con el crimen organizado. Y nadie recordó su parentesco con Enrique, o muy pocos se atrevieron a hacerlo.

Para ilustrar la situación en que se encuentra el Estado de México basta con enumerar a los “distinguidos” personajes del crimen organizado que, en los sexenios de Montiel y Peña, se asentaron en algunas de las más exclusivas zonas como Interlomas en Huixquilucan, Condado de Sayavedra en Atizapán de Zaragoza, Naucalpan, Lerma, Metepec, Valle de Bravo, Luvianos y Coacalco:

Los hermanos Beltrán Leyva, Joaquín Guzmán Loera—“el Chapo Guzmán”—”, el texano Édgar Valdés Villareal —“LaBarbie”—, Carlos González Montemayor —“El Charro”—, Jorge Balderas Garza —“El JJ”—,  Jorge Gerardo Álvarez Vázquez —“El Indio”—, José Filiberto Parra Ramos — “La Perra”—, y el colombiano Pablo Emilio Reyes Hoyos —“El Chaparrito”—, quienes se distinguían por ser el otro brazo fuerte del entonces gobernador Enrique.

Como muestra se puede recordar que en pleno poder del peñanietismo en territorio mexiquense nacieron dos cárteles: La mano con ojos y Los templarios. Y que en septiembre de 2008 se reportó la primera gran matanza colectiva del país en la zona boscosa del parque nacional de La Marquesa, donde un escuadrón de la muerte integrado por policías municipales y estatales bajo el mando de Raúl Villa Ortega —“El R”, por reclutador—, asesinó a 24 humildes albañiles, de quienes se sabe que vivían en una relación homosexual. Fue este un trabajo de “limpieza social”.

Estadísticas que la PGR y la PGJEM han elaborado sobre asesinatos con características de ejecución o ligados al crimen organizado —cuerpos con señales de tortura, maniatados, mutilados, con los ojos vendados y, en su gran mayoría, con el tiro de gracia— indican que en el Estado de México las muertes violentas por arma de fuego aumentaron de 111 en 2007, a 364 en 2008, 490 en 2009 y 623 en 2010.

Un análisis elaborado en mayo de 2005 con estadísticas de la PGJEM, y publicado después en el libro Tierra narca, el Estado de México, refugio de los grandes capos del narcotráfico sorprendió al gobierno estatal: “Durante los últimos cinco años se han cometido más de un millón 220 mil 142 delitos, o unos 637 por día, un crimen cada dos minutos, promedio.”

Reportes de la Agencia de Seguridad Estatal (ASE) establecen: “Llos delitos de alto impacto, como son secuestro, homicidio y violación se incrementaron en casi 21 por ciento en el periodo comprendido del 2005 a 2007. […] En materia de secuestro, el porcentaje se incrementó en casi 21.5 por ciento entre 2005 y 2007, con 140 casos en total. […] Y el homicidio aumentó [cerca de] 23 por ciento, ya que en 2005 se reportaron 5 mil 108 ocho casos, contra 2 mil 365 denuncias de 2006 y 6 mil 274 en 2007”.

Las organizaciones que pelean el territorio son los cárteles de Sinaloa, Los Zetas, La Familia Michoacana —que dio paso a La mano con ojos—, Los Pelones, Pacífico Sur, los remanentes del cártel de los hermanos Beltrán Leyva y el grupo del hoy detenido Édgar Valdez Villarreal, La Barbie. En municipios al norte, como Atlacomulco y su vecino, El Oro, se han identificado grupos del cártel de Juárez. Y en Valle de Bravo se ha documentado la presencia de células que responden directamente a El Chapo Guzmán.

Si uno se atiene a documentos que obran en investigaciones de fiscales federales, escuchas telefónicas o reportes internos elaborados por agentes de la PGR, hay dos casos en especial que, por sus peculiaridades, se insertan en la tradición más oscura de la política mexicana priista, es decir, las eternas dudas sobre la muerte de Mónica Pretelini y el asesinato de los cuatro escoltas de la familia Peña Pretelini en el puerto de Veracruz.

Al paso de los años, cohíben las permanentes imágenes de estos eventos. Ambos se resumen neciamente entrelazados en la intimidad; sus fibras se arremolinan enmarañándose más. Se van para volver de nuevo. Detrás de la fachada de “olvido” persisten las dudas.

Aunque hay datos en voluminosos expedientes de investigaciones que encabezan fiscales federales de la PGR, nada se ha esclarecido respecto al tema, y a muchos, entre ellos Peña, les conviene que se olvide.

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El prestanombres

* “El caso de Luis Miranda es especial, además de amigo personal de Peña, conoce el manejo de las cuentas y la deuda pública, pues se encargó —con Luis Videgaray Caso, a la sazón ejecutivo estrella de la empresa Protego de Pedro Aspe Armella— de renegociar la deuda mexiquense en el sexenio montielista”, explica el periodista Francisco Cruz, en el libro los Golden Boy´s, escrito por él en el 2012 y publicado en Editorial Planeta.

 

Francisco Cruz Jiménez

A Luis Miranda también se le imputó su participación en desvío de recursos, lavado de dinero y delincuencia organizada al prestar su nombre para que Arturo Montiel comprara inmuebles. Se le documentaron las 123 propiedades en el Estado de México a nombre de sus familiares. Sin embargo, el 13 de enero del 2006, la Procuraduría estatal, dirigida por Alfonso Navarrete Prida, otro de los Golden Boy’s montielistas, exoneró a Montiel, la familia de éste y al propio Miranda Nava.

La versión que Navarrete ofreció fue precisa: “José Luis Cortés Trejo, décimo quinto regidor de Tlalnepantla, presentó ante la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM) un escrito con fecha 6 de enero del 2006, en el cual pretendió desistirse de su denuncia con el argumento de que la misma fue presentada por él, basada en notas periodísticas y a través de internet, y que no le constan los hechos materia de la investigación […] dentro del marco legal, la Procuraduría está abierta a entregar copia de la Averiguación Previa a cualquier institución legalmente competente que lo solicite y así dejar en claro que la actuación de esta dependencia, fue en todo momento apegada a derecho”.

Cortés también entregó la lista de las 123 propiedades de la familia Miranda en la PGR, donde se abrió una investigación paralela. La denuncia del entonces regidor fue desestimada por la PGJEM, que citó a Miranda a declarar. Según la Procuraduría, el investigado rechazó las imputaciones y que sus familiares fueran dueños de las propiedades mencionadas. Presentó papeles de 23 de ellas, que sí eran de su familia, de las cuales 15 estaban escrituradas antes del 16 de septiembre de 1999, cuando Luis ingresó al servicio público.

Sólo dos propiedades acreditó con su nombre, registradas en 1983 y 1991, respectivamente. Otras tres tienen registros de 2001 a 2004, pero uno de ellos, del 3 de junio del 2002, correspondía a Luis Enrique, aunque a través de un poder “que se le otorga como representante legal de una empresa, en la cual participa con 30 acciones”. Con respecto a una casa en Tonatico, “su actuación en el mismo quedó acreditada y fue como poderdante, no para sí, sino para otra persona”.

Se estableció ministerialmente que, en la relación de 123 inmuebles presentada por el denunciante, Cortés Trejo, aparecen varios registros repetidos y Miranda Nava señaló que la mayor parte de los propietarios que aparecen en la lista no son sus familiares, a pesar de llevar apellidos similares, es decir, que se trata de homónimos, concluyó la procuraduría.

Respecto a Montiel, se presentó a declarar el 11 de enero de 2006, “acompañado de su abogado, respondió al interrogatorio formulado por el agente del Ministerio Público y negó los hechos que se le imputan. Declaró trabajar desde los 13 años en actividades empresariales, manifestó haber iniciado su vida laboral con su padre, quien fue concesionario de una cervecería y de varias marcas de refrescos en Atlacomulco, haberse desempeñado como director general del primer auto-lavado de vehículos automático en la Ciudad de México, siendo aún estudiante universitario; haberse dedicado al negocio de engorda de ganado, venta de autos usados y desde 1979 como accionista de una importante firma fabricante de cocinas integrales, proveedora de grandes empresas nacionales y transnacionales, a invitación de uno de sus profesores universitarios.

”Señaló que en 1982 creó una empresa dedicada a la explotación de materiales pétreos (Calefa Construcciones S.A.) habiendo vendido su parte accionaria en 1992; que entre 1982 y 1989 se dedicó a la construcción y venta de viviendas de interés social, interés medio y residencial en Toluca y Metepec, particularmente en los fraccionamientos conocidos como Residencial Las Flores y Residencial Los Cedros, que personalmente escrituró a nombre de los compradores ante notario público; señaló que participó en la construcción del centro comercial denominado Plaza Las Américas, en conjunto con empresarios michoacanos, dedicados a la construcción de salas de exhibición de películas; en el año de 1982, se dedicó también al transporte de carga y materiales para construcción para lo cual creó, junto con otras personas, una empresa que se liquidó a la muerte de uno de los accionistas.

”En 1984 creó la empresa Desvastes y Trefilados, S.A., cuyas acciones fueron vendidas a principios de los 90; señaló haber fungido como consejero y vicepresidente de la Asociación de Industriales del Estado de México y por su vinculación con ese sector, haber sido invitado a fungir como secretario de Desarrollo Económico en la administración de Emilio Chuayfett Chemor. Textualmente manifestó que ‘todo lo anteriormente señalado me permitió consolidar un patrimonio y una sólida posición económica antes de desempeñar el alto cargo como gobernador constitucional del estado de México, como queda acreditado con toda la documentación que exhibo y con las declaraciones de manifestaciones de bienes que por alta presenté ante la Secretaría de la Contraloría del Estado de México, declaración patrimonial que, reitero, fue certificada por Notario Público’”.

Montiel aceptó “haber adquirido, a través de Luis Enrique Miranda Nava, un inmueble en Tonatico; ello debido a que Miranda tenía una mejor relación con los señores Visetti, propietarios del inmueble y pudo obtener un mejor precio, agregó que dicho inmueble fue declarado en su oportunidad en su manifestación de modificación patrimonial”.

Al final, la Procuraduría estatal determinó que, “por todos esos hechos comprobados, la Dirección General de Responsabilidades de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, encargada de la indagatoria, ha determinado la reserva de la averiguación previa, al no encontrar datos que acrediten el cuerpo del delito y la probable responsabilidad en la comisión de los delitos de peculado y enriquecimiento ilícito por parte de Arturo Montiel, su esposa Maude Versini; la señora Paula María de Jesús Yáñez Villegas y el licenciado Luis Enrique Miranda Nava, ex secretario de Finanzas y Administración del gobierno del Estado de México”.

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