Secuestrador premiado

* Margarito Salas Reyes trabajaba como intendente en la Cámara de Diputado local, en el centro de Toluca. El 20 de diciembre del 2011 había sido galardonado por la Junta de Coordinación Política, en la Ceremonia de Estímulos y Recompensas, en la categoría de Atención al Público. Margarito acudió a la ceremonia, junto con decenas de premiados, y escuchó las palabras de José Manzur Quiroga, en ese entonces diputado local y presidente de la JCP. Dos años después secuestraba y asesinaba a un joven estudiante de la capital del Edomex.

 

Miguel Alvarado

A Carlos Eduardo Martínez González la desatención de las autoridades del Estado de México le costó la vida. El 14 de febrero del 2013, este joven, estudiante de la escuela Montessori de Toluca, fue secuestrado por cuatro personas, entre ellos una mujer, y asesinado cuando lo empujaron desde el Puente de Calderón, en la carretera a Ixtapan de la Sal, desde una altura de más de 100 metros. Su cuerpo, encontrado y levantado por la policía ministerial, permaneció en la morgue de Tenancingo durante medio año, hasta que fue identificado por sus familiares luego de la detención de los culpables.

Uno de ellos, Margarito Salas Reyes trabajaba como intendente en la Cámara de Diputado local, en el centro de Toluca. El 20 de diciembre del 2011 había sido galardonado por la Junta de Coordinación Política, en la Ceremonia de Estímulos y Recompensas, en la categoría de Atención al Público. Margarito acudió a la ceremonia, junto con decenas de premiados, y escuchó las palabras de José Manzur Quiroga, en ese entonces diputado local y presidente de la JCP, quien dijo que los servidores públicos del poder Legislativo del Estado de México “son la imagen y presencia cotidiana de nuestra institución ante la sociedad, su esfuerzo representa la tarea fundamental de prestar todos los días, a toda hora, los servicios y las respuestas requeridas para el desarrollo armónico de las actividades y para la elevación de su bienestar personal”. El boletín 1681 emitido por la propia Cámara da cuenta de la ceremonia y se ´puede ubicar en el sitio web de la propia Legislatura, http://www.cddiputados.gob.mx.

Margarito, secuestrador pero bien educado y quien por aquel premio no se hizo famoso ni rico, era novio de Beatriz Alejandra Morales Sendo, de 24 años y empleada de una óptica. Era vecina comercial del negocio de Carlos Eduardo y su familia, quienes mantenían una tortería entre las calles de Juan Aldama y Morelos y allí acudía casi a diario a comer. Hizo amistad con el muchacho, según las versiones de los familiares, y logró subirlo a un auto para llevarlo a Tenancingo, a una casa de seguridad. Desde allí exigieron un rescate por 10 millones de pesos, que al paso de los días fue bajando hasta quedar en 2 millones. Sin embargo, el 17 de febrero los secuestradores decidieron asesinar de Carlos Eduardo. Los otros dos cómplices, Emiliano Victoria Reyes y Silverio Victoria Hernández, también están detenidos y esperan por una sentencia.

El caso evidencia el grado de descomposición social que ha alcanzado la ciudad, pero también comprueba, una vez más, la ineficiencia de las autoridades, poco aptas para realizar investigaciones elementales como corroborar la presencia de cuerpos en morgues mexiquenses. El diario local Alfa recuerda que al menos hay otro caso similar, el de Bárbara Reyes Muñiz, de 17 años, secuestrada en Cuautitlán Izcalli y hallada en una morgue de aquel municipio 20 meses después. También evidencia a la Cámara de Diputados local y su sistema de contrataciones, que no puede detectar perfiles sicológicos o tendencias criminales en sus empleados, aunque pareciera una paradoja, pues los diputados son tradicionalmente calificados de corruptos e ineficaces. El gobernador de la entidad, Eruviel Ávila, se pronuncia tibiamente sobre el crimen y cuestionada policía que mantiene el Estado, aunque una de sus principales promesas de campaña era reorganizarla. Lo púnico que ha hecho fue crear la Secretaría de Seguridad Ciudadana, aunque dejó los mismos cánones y reglamentos de la anterior Agencia de Seguridad Estatal. Criticado por  preferir aparecer en eventos de caridad como en Metepec, el 21 de agosto, donde acompañó a la actriz Angélica Rivero, esposa del presidente mexicano Peña Nieto, invitada por la Fundación Dondé a un acto de caridad. El padre del menor secuestrado había iniciado una serie de protestas afuera de la oficina del gobernador para demandar su intervención pero Ávila siempre guardó distancias y silencio, que autocalifica su gestión como “un gobierno humanista”. El 31 de julio d este año, el Ejecutivo mexiquense reconocía los altos índices de pobreza e inseguridad en su territorio. “Merecemos tranquilidad, merecemos paz en nuestros municipios”, diría hace más de un año el mandatario.

El Estado de México es una entidad incontrolable. Esto explica en parte que en el 2013 los plagios se incrementaran 15 por ciento, pues oficialmente hay 89 secuestros en seis meses, aunque el número sólo corresponde a casos denunciados. Este año han muerto seis víctimas a manos de sus captores. Durante junio, se capturó a 37 secuestradores en 15 días, dos diarios en promedio. Tamaulipas, Michoacán y el Edomex son líderes nacionales en denuncias por secuestro, según datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública. La entidad experimenta un incremento del 50 por ciento en los procesos judiciales iniciados, apunta la revista Proceso. Por su parte, el Centro de Investigación para el Desarrollo califica al secuestro en el Edomex como de afectación media y lo coloca en el lugar 16 a nivel nacional, en el 2012.

El secuestro ha incrementado la aparición de negocios relacionados con la seguridad, pero casi ninguno es accesible a la población media, que no puede pagar este tipo de servicios. La empresa Protecto Galss asegura que nada más en la ciudad de México, a partir del 2005, se presentan unos 56 mil secuestros express en el país, y que 156 mil de ellos ocurren en la ciudad de México. La empresa ofrece blindaje para automóviles pero el paquete más barato cuesta 400 mil pesos. De cualquier forma no se trata de protegerse contra el crimen, cualquier a que sea, sino de evitar que suceda. Los números para el Montielato, que cumple ya 14 años, están en contra de la buena voluntad e intenciones de cualquiera que intente gobernar una entidad en manos del interés particular.

Hambre

* Cifras del Inegi ubican 2 mil 905 homicidios en el Edomex nada más durante los primeros seis meses del 2012, matizado sin embargo por el porcentaje de 18 asesinatos por cada 100 mil habitantes, que comparado con los 77 que registra Guerrero, adquiere su correcta dimensión. De cualquier forma la estadística oficial, desde el gobierno federal de Enrique Peña, avala aquel primer lugar. Las dos cifras, con todos los contrastes que pueden tener, tienen más significado político que social. De este último, la abstracción evita a la mayoría tener una lectura reflexiva, que no impide, por otra parte, que esa pobreza numérica se viva en carne propia.  

 

Miguel Alvarado

Miguel Ángel Ramos Martínez, coordinador operativo de la Coordinación General de Comunicación Social, dice que las cifras sobre pobreza en el Estado de México tienen mala leche y presentan una visión tendenciosa acerca de la administración de Eruviel Ávila. No es casualidad, sin embrago, que en las mismas fechas se presenten dos datos importantes. El primero, que 45.3 por ciento de los mexiquenses vivan en algún tipo de pobreza, según cifras del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), y que el Edomex sea primer lugar nacional en homicidios, según el Inegi. Ramos Martínez, finalmente portavoz de la versión oficial, acepta que hay pobres, pero que no lo son tanto. Y repite los datos desde la perspectiva gubernamental avalados por Ávila, a quien le esperan 30 días de cuestionamientos pues se a por hecha su salida de la gubernatura, a pesar de que él mismo se ha encargado de difundir lo contrario. Si no se va, Ávila tiene ante sí las cifras federales que indican el rumbo de su administración. La interpretación, cualquiera que sea, no puede borrar la evidente pobreza que cada municipio sortea como puede. La cifra federal relata que la pobreza creció 2.4 por ciento en esta entidad.

Por su parte, cifras del Inegi ubican 2 mil 905 homicidios en el Edomex nada más durante los primeros seis meses del 2012, matizado sin embargo por el porcentaje de 18 asesinatos por cada 100 mil habitantes, que comparado con los 77 que registra Guerrero, adquiere su correcta dimensión. De cualquier forma la estadística oficial, desde el gobierno federal de Enrique Peña, avala aquel primer lugar. Las dos cifras, con todos los contrastes que pueden tener, tienen más significado político que social. De este último, la abstracción evita a la mayoría tener una lectura reflexiva, que no impide, por otra parte, que esa pobreza numérica se viva en carne propia.

Mientras Ramos Martínez considera que “la información del Coneval ciertamente habla de un crecimiento en la conocida como pobreza moderada… debido a que se abatió en 2.8 por ciento la pobreza extrema… entonces eso que están observando como “crece” (sic) es en realidad una mejoría en el extremo”, los casos individualizados relatan realidades opacadas por los promedios. Un ejemplo es el negocio de Pedro Cruz, de 80 años, quien posee un a péquela tienda en San Pablo Autopan y que atiende junto con su esposa, de la misma edad. Ellos invirtieron 5 mil pesos, hace pocos años, para comprar mercancía e iniciar el negocio que significa su única entrada y que hasta el momento los sostiene. Hoy, luego de casi cinco años de batallar, no han conseguido consolidar su inversión y apenas las cuentas les salen para volver a adquirir productos. La ganancia es de unos cuantos cientos de pesos, apenas 700 al mes. Cruz y su esposa, quienes viven con sus hijos en la casa familiar, asegura que no podría sobrevivir si no fuera por el apoyo de sus parientes, quienes deben pagar comidas y servicios del hogar con sus propios trabajos.

Un ex presidente estatal priista, Fernando Alberto García Cuevas, hoy delegado de la federal Secretaría de Desarrollo Social, donde es subsecretario Ernesto Nemer, ex secretario de Desarrollo Social en el Edomex, avala las cifras de pobreza. Los funcionarios, activos en los sexenios de Arturo Montiel y Enrique Peña, no se avergüenzan de descalificar los resultados de sus propios trabajos. La desmemoria social está de su lado. Eruviel Ávila no podría, el solo y aunque quisiera, arrastrar a a la entidad hasta los lugares de miseria que ocupa sin heredar los factores. La pobreza es herencia de los anteriores gobiernos y resultado, sobre todo, de los últimos 20 años. García Cuevas también apunta que los 32 municipios registrados en la Cruzada Nacional Contra el Hambre, pero no puede dejar de lado a los miserables históricos y que se ubican en el sur mexiquense: Luvianos, Sultepec, Tejupilco y los de mayoría indígena, San Felipe del Progreso y San José del Rincón.

México, el gobierno peñista pues, justifica esta crisis generalizada con más números y apunta que la inflación en México lo ubica en el segundo lugar dentro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Y como todo está conectado y el tema del petróleo podrá ser ventilado debido a los costos que tiene producir un barril, -60 dólares para el país, y en venta a 100- también lo mexiquense se cuela por ahí. La política peñanietista es la misma que se aplicó por seis años en el Edomex y por ello se sabe el rumbo y los resultados que dará esa administración a nivel nacional. El montielismo dejó claras lecciones, sospechosas cuentas por pagar y el mensaje de impunidad, pues todo se puede.

María Luisa Hernández tiene un puesto de gorditas y quesadillas en Paseo Tollocan. Todas las mañanas lo instala, cerca de las 9, y se retira entre 5 y 6 de la tarde. Siempre vende toda su mercancía porque tiene clientes que acuden a ella desde hace 10 años, pero dice que los últimos dos años no ha podido ganar lo que antes. Y es que para ella todo ha subido. Desde lo elemental, la masa para sus tortillas y el aceite, hasta los pocos refresco que enfría en una enorme tinaja de lámina. Las quesadillas cuestan 12 pesos cada una, un precio que no todos están dispuestos a pagar. Anciana, tiene dos acompañantes, familiares suyos, quienes hacen parte del trabajo. El negocio debe rendir para tres, quienes comparten los gastos. El comercio ambulante se ha convertido en una opción para quienes no tiene empleo fijo o no les es suficiente. Además de las esquinas y los cruceros, las colonias que antes eran exclusivamente habitacionales ya aceptan estos negocios. Camellones y las propias casas se han transformado en cafés, expendios de comida y tamaleros, garnacheros, dulceros y hasta lavacarros se colocan en las aceras en espera del cliente. Trabajo hay, también ingenio. Pero el dinero no circula. Este panorama se refleja en otras esferas. Pequeñas y medianas empresas que hacían la mayor parte de sus negocios como proveedores del gobierno estatal han cerrado al menos parcialmente en la ciudad. Los contratos existen pero se otorgan a pocos. La derrama no llega, el dinero es retirado, al menos de la entidad. Los anuncios de Eruviel sobre trabajo y  la misma pobreza representan la postura de su gobierno y la percepción que la ciudadanía tiene de él. Luego de seis años de monstruosa exposición mediática con Peña Nieto, algunas de las pocas mediciones que el elector tiene a la mano para valorar a Ávila, obra pública, discursos y apariciones, reflejan solamente zonas grises, abandono político y diferencias con quienes se supone, son sus jefes y le ayudaron para ganar las elecciones. El pago de favores no ha terminado y la salida de Eruviel representaría esa confirmación. Con Ávila no hay apapacho presidencial y si lo hubo se ha terminado. Así lo indican los 870 mil mexiquenses miserables, cerca del 10 por ciento de la población total, confirmados por la Federación y los 7 millones 712 mil pobres, cifra que aumenta sondeos del 2012.

Ávila interpreta al revés, casi discreto, y desde San Antonio la Isla afirma que ese mismo Coneval conforma la reducción de la pobreza extrema y el rezago educativo y de paso concede crédito, más de dientes para afuera, a la administración peñista. “Son buenos datos, buenas noticias, quieren decir que las acciones que impulsó la pasada administración estatal y las que hemos llevado a cabo en estos dos años de gobierno, a través de las Acciones por la Educación, Acciones por la Mujer, acciones en beneficio de la salud y los apoyos al campo están funcionando, pero para esto tenemos que trabajar, tenemos que redoblar el esfuerzo, impulsar programas como los que estamos llevando a cabo hoy día. Desde luego todavía más para poder superar estas cifras, siempre de la mano, siempre en coordinación con el gobierno federal”, dice en el comunicado oficial. Luego pone sus cifras: “la población en situación de pobreza extrema disminuyó, al pasar de 8.6 por ciento en 2010 a 5.8 por ciento en 2012;  la carencia por acceso a la alimentación bajó de 31.6 por ciento a 17.7 por ciento; el rezago educativo descendió de 18.5 por ciento a 15.4; la carencia por acceso a los servicios de salud disminuyó de 30.7 a 25.3 por ciento; las carencias por calidad y espacios de la vivienda y de acceso a servicios básicos en las mismas, se redujeron de 12.9 a 10.2 por ciento y de 15.9 a 11.5 por ciento, respectivamente”.

Acerca de los homicidios, poco ha cambiado el panorama desde enero del 2013. Los diarios locales Alfa y Tres PM reportan 7 ejecuciones en menos de 24 horas en el valle de México, entre el 30 y 31 de julio y una larga lista de robos, desfalcos y plagios sin resolver, como el del joven Carlos Eduardo, levantado hace 5 meses en el centro de la ciudad. Las investigaciones de la PGJEM no han obtenido resultado alguno y el reclamo del padre, Alfredo Martínez, a Miguel Ángel Contreras Nieto, procurador estatal, es público y desolador. Paradójicamente Contreras, que no puede con todos los crímenes, encuentra tiempo sin embargo para escribir cuentos y en las librerías de Toluca, como El Laberinto, circula su pequeño volumen, “Violetas para Luisa”, en una coqueta presentación y recomendado por figuras televisivas locales como Anayanssi Moreno.

El vocero gubernamental de Eruviel Ávila, Miguel Ángel Ramos Martínez tiene razón. La cifras del Coneval son tendenciosas no porque mientan, sino porque, precisamente, dicen la verdad.

El Barco Ebrio

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En los próximos 10 días saldrá de la imprenta “Los amos de la mafia sindical”, el nuevo libro del periodista mexiquense Francisco Cruz Jiménez, un texto que documenta cómo se fincaron en México imperios sindicales a través del terror, la intriga, la intimidación, el despotismo y, sobre todo, la complicidad gubernamental. En síntesis, la nueva entrega de Cruz Jiménez y editorial Planeta en 11 capítulos, entre los que destacan “Un asesino en el sindicato”; “Tribulaciones de un cacique”, “El largo manto de Salinas y Fidel”; “El sultán de Tamaulipas”; “Sospechoso comienzo” y “La gran estafa”, muestra las perversiones y deformaciones de la élite sindical mexicana.

 

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Y ya que se habla de escritores, uno que no la pasa nada bien es Jorge Toribio Cruz Montiel, investigador y periodista afincado en Toluca y que pertenece a una de las familias más poderosas del Edomex y el país. A Jorge Toribio se le imputa participar con una banda de secuestradores que usó su local, un estacionamiento en pleno dentro de la ciudad, para retener a una persona y cobrar un rescate que, dicen vecinos y enterados, era de 2 mil pesos, el pasado 5 de julio. Si está implicado y tiene responsabilidad, deberá afrontar las consecuencias de sus decisiones. El procurador estatal, Miguel Ángel Contreras Nieto, ha dicho que a su PGJM no le importa de quién se trate y que aplicará la ley como debe ser.

 

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Toribio es un investigador respetado. Ha colaborado en prácticamente todos los medios de comunicación locales y comparte trabajos académicos con el Tecnológico de Monterrey y otras instancias reconocidas. Por lo pronto, el también arqueólogo ha sido encarcelado en Almoloyita. Jorge Toribio Cruz Montiel resulta interesante. Es sobrino de sangre del ex gobernador del Edomex, Arturo Montiel Rojas, y primo en segundo grado del presidente de México, Enrique Peña Nieto. Conoce de primera mano las andanzas y desventuras de las familias que ahora ocupan un lugar prominente en el escenario político y empresarial del país, y que han ejercido el poder en tierra mexiquense desde hace unos 80 años, de manera ininterrumpida.

 

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Pero Toribio no es sólo el sobrino o el primo -en estos momentos, incómodo- de Arturo y Enrique. Es también uno de sus críticos más severos, que ha escrito parte de la vida de su familia y publicado en sendos libros, Grupo Atlacomulco: Revelaciones; Secretos y Negocios de Familia, este último en coautoría con Francisco Cruz, periodista de Metepec.

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Si el gobierno mexiquense ha decidido no proteger a acusados y aplicar la ley a quien sea culpable, a pesar de sus apellidos, sería de pensar que se está ante un umbral de cambio, en el que efectivamente el que la haga la pague. Pero es muy inocente pensar así. Por lo pronto, un personaje totalmente molesto para esas familias y que curiosamente es su propio pariente, deberá enfrentar al sistema judicial que tanto criticó por un crimen que está en proceso de investigación. A pesar de que Toribio es un personaje público, la prensa local se enteró de a poquito, aunque diez días después ya se publicaba la identidad del arrestado y sus nexos familiares.

 

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Y es que el secuestro fue real. La policía rescató a la víctima justo cuando se cobraba el rescate. Según la PGJEM, Toribio habría hablado con la familia para exigir condiciones y dinero, pero o contaba con que se llamaría a los uniformados. Si Toribio no estuviera implicado, las cosas tomarían otro cariz y las lecturas serían aterradoras.

 

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Por lo pronto, a este Semanario escribe la víctima, de quien se guarda su identidad: “he leído su reportaje acerca del señor Jorge Toribio Cruz Montiel, quien en compañía de Felipe Garduño Ruiz y José Manuel González González, fueron detenidos y he notado que destaca más sus libros que el hecho de que no solamente es dueño del estacionamiento donde yo me encontraba privado de mi libertad, sino que él participó del todo, creo que sería más prudente que se tome en cuenta el delito que ha cometido que sus roces políticos, ya que al fin y al cabo tendrá que responder ante la justicia. Le agradezco de la manera más atenta sea más razonable con esos comentarios, ya que esta persona no merece se le adule”. La acusación es directa. La víctima identifica a Toribio como participante activo. Habrá que esperar el dictamen de la Procuraduría.

 

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Tres policías de Metepec ganaron una demanda por despido injustificado a ese ayuntamiento. Obligada a pagar medio millón de pesos a cada uno, la administración que encabeza la priista Carolina Monroy ha comenzado a ver cómo cumplir, porque el hecho es que tienen, pero no quieren, pues se trata de montos no previstos que pueden desbalancear. Primero comenzaron por intentar negociar con los demandantes, a quienes ofrecieron 20 mil pesos para que se desistieran de la querella. Luego, la suma subió a 250 mil pesos pero los afectados no aceptaron. Finalmente, emitida la resolución, a Metepec no le quedó de otra que tragar polvo. Nada más como medida precautoria, cerraron al público el acceso al palacio municipal, que debe presentar una identificación oficial para entrar, pues temen que algún embargador les caiga por sorpresa y haga el problema todavía mucho más grave.

 

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El mayor problema del Estado de México y de Toluca es la inseguridad, aunque para algunas autoridades todo pase por la famosa percepción. Nadie quiere más obras públicas ni son necesarias. Nadie quiere que repavimenten el centro o que se haga un circuito bicicletero. Nadie quiere un teatro o más mercados. Lo que la ciudadanía necesita es una certeza. Mientras, el ayuntamiento anuncia un festival de cine donde exhibirán películas facturadas por Televisa para el entretenimiento público.

 

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¿Se va Eruviel Ávila o no? Si se va, ¿por qué no atiende sus funciones? Y si no se va, ¿por qué no atiende sus funciones? Tal vez sea cuestión de percepción.

Un honrado negocio

* Si bien la proveeduría y terciarización para las diferentes instancias de gobierno es cosa ya de usos y costumbres, no significa que sea legal y que las administraciones paguen, a veces sin saber, por productos cuyos costos han pasado ya por seis o siete manos antes de llegar al comprador final. Los jefes de Compras o Adquisiciones han encontrado una veta y la han explotado por decenios, aunque también es cierto que algunos de los que trabajan en esos departamentos son colocados por funcionarios más poderosos que los protegen para obtener participación de cualquier manera.

 

Miguel Alvarado

El sistema de proveeduría de los gobiernos municipales del Estado de México ha creado una serie de entramados que favorece a determinados negociantes y una serie de lineamientos no escritos, fuera de reglamentos y normatividades, se aplica para que los requerimientos de las dependencias sean cubiertos sólo por unos cuantos. Las licitaciones, como se le denomina al concurso de contratos, son una pantalla con vacíos legales que aprovechan los encargados de los departamentos de Compras o Adquisiciones para hacer negocios personales. Las adjudicaciones directas, otra forma de conseguir un contrato con el gobierno estatal, responden a conveniencias particulares que en una gran cantidad de casos ni siquiera responde a las necesidades de la administración estatal y se compra cualquier cosa con la única intención de ganar dinero.

Un ejemplo de lo anterior sucede en el DIF Estado de México, donde José María Iglesias es jefe de Adquisiciones, funcionario ligado a la ex alcaldesa de Toluca, María Elena Barrera Tapia, hoy senadora por el Edomex. Los proveedores que usualmente trabajaban con el DIF municipal han emprendido una serie de denuncias porque, señalan, Iglesias favorece empresas de amigos para que realicen las ventas correspondientes, a pesar de estar enterado de que los precios propuestos a la dependencia son inflados hasta mil por ciento.

“No podemos hacer nuestro trabajo porque Iglesias se ha encargado de no otorgar ninguna licitación o contrato si no le entras con sus reglas. Una de ellas nos obliga a entregar, nosotros mismos, tres o cuatro cotizaciones con precios distintos, a nombre de empresas distintas, para poder hacer el negocio. Nosotros mismos cotizamos contra nuestros precios para poder obtener la licitación. Es una práctica común en todas las dependencias, incluyendo las del gobierno estatal, pero en este caso Iglesias pide una participación y lo consigue triangulando proveedores, para que su nombre no aparezca en documentos oficiales. Él se encarga de revisar las cotizaciones y de autorizarlas, si así le conviene”, dice uno de los denunciantes, a quien Iglesias lo ha presionado para que participe al margen de los reglamentos si quiere continuar. Pero una forma de desalentar esta práctica la pone sobre la mesa el mismo Iglesias, en este caso, pues al final exige que los que participan en las triangulaciones deben pagar los impuestos generados, so pena de demandas y bloqueos. No es fácil cuando los impuestos pueden superar los 100 mil pesos o más y tampoco cuando la negociación es violentada por alguna de las partes.

“Nos exigen pagar los impuestos de una chamba que no es nuestra, en la que sólo fungimos como proveedores del proveedor y en la cual ni siquiera aparecemos en los documentos de contra-entrega. Como nos negamos, ahora Iglesias y sus asociados nos acosan hasta en nuestras casas”, apunta el afectado a Nuestro Tiempo.

Si bien la proveeduría y terciarización para las diferentes instancias de gobierno es cosa ya de usos y costumbres, no significa que sea legal y que las administraciones paguen, a veces sin saber, por productos cuyos costos han pasado ya por seis o siete manos antes de llegar al comprador final. Los jefes de Compras o Adquisiciones han encontrado una veta y la han explotado por decenios, aunque también es cierto que algunos de los que trabajan en esos departamentos son colocados por funcionarios más poderosos que los protegen para obtener participación de cualquier manera.

Un ejemplo de las cotizaciones que pide el DIF de Toluca está escrito en un documento enviado por la Comercializadora Orea, cuyo representante es Miguel Ángel Orea Montalbán y que tiene como  domicilio fiscal la Privada 10-C número 20, en la colonia Real de San Javier en Metepec, Estado de México.

Comercializadora Orea presentó una cotización por 20 productos relacionados con la ortodoncia y la ginecología, con un costo global de 413 mil pesos, de los cuales 57 mil 61. 60 pesos corresponden al IVA. El documento, sellado por el DIF Toluca con fecha del 23 de enero del 2012, está firmado por Orea Montalbán, quien estaba adscrito al ayuntamiento de Metepec como vocal en la Dirección de Servicios Públicos, hasta el trienio 2009-2012, cuando era alcaldesa la priista Ana Lilia Herrera. La lista de los 20 productos incluye, por ejemplo, 37 pinzas Mosquito rectas, 1 por 2 dientes, con un costo individual de 660 pesos, para un total de 24 mil 420 pesos, de la marca Dentamerica. En el mercado público, estas pinzas tienen un precio por unidad de 85 pesos.

Otro ejemplo lo representan las pinzas Kelly curvas, que el DIF compró por 15 unidades a un precio 799 pesos cada una, para un total de 11 mil 985 pesos, de la marca 6B. El precio público del instrumental es de 71 pesos aproximadamente.

Uno más es la compra de 15 pinzas Pozi, cuyo valor unitario fue tasado por Orea en 3 mil 900 pesos, para un total de 58 mil 500 pesos, de la marca 6B. El precio normal es de 100 pesos.

Los sistemas de compras de las dependencias gubernamentales exigen el registro de las empresas, una especie de alta para ser consideradas como potenciales proveedores. Los pagos a los mismos tardan entre 45 días y tres meses, a partir de la fecha de entrega, y se pide una inversión total por parte del empresario, quien debe poner a disposición del solicitante el producto comprado y luego esperar por el dinero.

La búsqueda

* El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) reportó que en 2011 en el Edomex hubo 600 desapariciones de mujeres entre los 10 y 20 años de edad.

 

Anaiz Zamora Márquez/ Cimac

Toluca. En un intento por detener la ola de desapariciones de mujeres en el Estado de México, madres de jóvenes que han desaparecido conformaron la “Red de mamás en busca de sus hijas”, para de manera organizada exigir a las autoridades se realice la búsqueda y hallazgo de sus familiares.

A tres meses de su formación esta red, integrada por unas 30 mujeres, ya logró entablar mesas de trabajo con el procurador de Justicia mexiquense, Miguel Ángel Contreras Nieto, las cuales derivaron en un programa de recompensas económicas para quien aporte información sobre el paradero de las jóvenes.

Encabeza la red Leticia Mora Nieto, madre de Georgina Ivonne Ramírez Mora –joven de 21 años que desapareció el 30 de mayo de 2011 al salir de su casa rumbo a un mini súper en el municipio de Atizapán–, quien por años ha enfrentado a las autoridades para exigir se localice a su hija.

En entrevista vía telefónica con Cimacnoticias, Mora Nieto dijo que las reuniones quincenales que se han tenido con el procurador mexiquense si bien no han derivado hasta ahora en el hallazgo de alguna de las jóvenes, representan una esperanza para las madres que buscan a sus hijas.

Los encuentros comenzaron hace dos meses; en ellas, la red propuso al procurador acciones para motivar a las personas que pudieran haber visto a las mexiquenses desaparecidas a aportar datos, y pidió se mantuvieran informadas a las madres sobre los avances de las investigaciones.

A raíz de ello, algunas jóvenes que han sido reportadas como desaparecidas fueron integradas al Programa de Recompensas de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM).

Dentro del programa, que también opera a nivel federal, se ofrece una recompensa de hasta 300 mil pesos a quien brinde datos útiles para dar con el paradero de las mujeres desaparecidas.

Durante las reuniones, la PGJEM informó a la red que una de las probables líneas de investigación, que hasta ahora no han generado resultados, está relacionada con la trata de personas con fines de explotación sexual, por lo que muchas de las jóvenes pudieron haber sido vistas en bares o antros donde las mujeres son explotadas sexualmente.

Leticia Mora consideró que las personas que acuden a estos lugares pueden identificar a las mexiquenses, y el hecho de que exista una motivación económica podría ayudar a que denuncien o aporten información.

Por otro lado, para prevenir las desapariciones de mujeres a manos de las redes de trata, las madres han acudido a algunas secundarias mexiquenses (ya que muchas de las jóvenes desaparecidas estudiaban en ese nivel escolar), a impartir pláticas y talleres a fin de alertarlas sobre las formas en las que operan esas bandas delictivas, principalmente a través de las redes sociales.

Lo anterior debido a que, según testimonios recopilados por la red, se tiene conocimiento de que varias menores de edad ahora desaparecidas fueron contactadas por Facebook por alguien desconocido que les ofrecía empleo o buscaba alguna relación amorosa.

La activista informó que la red ha tenido contacto con otros grupos civiles para recibir apoyo y asesoría sobre cómo encaminar sus acciones, tales como la Fundación Camino a Casa, el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, y la Fundación Reintegra.

El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) reportó que en 2011 en el Edomex hubo 600 desapariciones de mujeres entre los 10 y 20 años de edad.

En días recientes, Contreras señaló que en lo que va de 2013 se han reportado 212 personas desaparecidas en la entidad, de las cuales se han localizado 70 y 32 de ellas son mujeres.

Puro cuate

* El Edomex es el ejemplo cercano de cómo funcionó la administración de Enrique Peña y sus colaboradores en los seis años que les tocó gobernar. En el 2005 Arturo Montiel, el tío de Peña, había concretado una especie de gobierno medieval que incluía a familiares, compadres y socios en los primeros cuadros, que heredó a su sobrino y que éste se llevó a la campaña presidencial que lo colocó en Los Pinos.

 

Miguel Alvarado/ Última parte

La nueva administración federal de Enrique Peña ha detectado la quiebra de 19 municipios de la entidad y desde Los Pinos anuncia que no habrá rescate para los irresponsables, mientras la entidad es escenario de una de las temporadas más cruentas en cuestión de ejecuciones e inseguridad. La propia Secretaría de Seguridad Ciudadana cree que la lucha entre los cárteles del narcotráfico se centra en dos bandos, La Familia y una nueva escisión, Guerrero Unidos, que pelean la plaza desde el Triángulo de la Brecha, tradicional sede del cártel dominante. Una vez más, el paraje de Caja de Agua, en el municipio de Luvianos, arroja su muerto tradicional en una de las arenas más sangrientas del país, y que sirve como termómetro para interpretar al narcotráfico en el Edomex.

Mientras sicarios y policías se exterminan, el INEGI publica otros datos. Para 2011, el Edomex registraba 4 mil 781 víctimas por cada 10 mil unidades económicas, tecnicismo que se refiere a las empresas con sede propia o casas-habitación con acceso público. El delito más frecuente en las empresas de la entidad resultó ser el robo o asalto de mercancía, dinero, insumos o bienes. En el 69 por ciento de los delitos, se utilizó un arma y cada uno de ellos, en promedio, costó 38 mil 43 pesos. La percepción de inseguridad en el Edomex desde las empresas es de 90 puntos, una de las más altas del país, sólo debajo de Guerrero y Nuevo León, que obtienen 93. En este marco, para el procurador mexiquense, Miguel Ángel Contreras, los Zetas no tiene presencia en el estado, pero ni falta que hacen. Esperan los términos del combate y negociaciones entre La Familia y los Guerreros Unidos. Los cerca de mil ejecutados en diciembre del 2012 indican que estos acuerdos apenas encuentran mesa.

El Edomex es el ejemplo cercano de cómo funcionó la administración de Enrique Peña y sus colaboradores en los seis años que les tocó gobernar. En el 2005 Arturo Montiel, el tío de Peña, había concretado una especie de gobierno medieval que incluía a familiares, compadres y socios en los primeros cuadros, que heredó a su sobrino y que éste se llevó a la campaña presidencial que lo colocó en Los Pinos.

Y mientras la alcaldesa de Toluca, Martha Hilda González Calderón, política incondicional de Enrique Peña, llega en bicicleta a trabajar, el resto de los amigos ha comenzado a gobernar un país cada vez más convulso y desigual.

Héctor Eduardo Velasco Monroy, nacido en Atlacomulco y emparentado con las familias relacionadas a Peña, es el director de Diconsa. Es también un ejemplo de cómo funciona el Grupo Atlacomulco y la red familiar en la que se han convertido las administraciones que encabeza. Ha sido diputado federal y secretario particular en el gobierno del Edomex, apunta la revista Proceso. Lo que olvidó mencionar es que era secretario particular de Peña, en el 2004, cuando las elecciones para gobernador. Es primo de Marcela Velasco, una ex secretaria estatal de Desarrollo Económico y hermano de un ex director del ISSEMyM, Santiago Velasco. Coordinó las giras de Peña en su campaña. Es sobrino de Leopoldo Velasco, secretario general de Gobierno en la época de Alfredo del Mazo González. Este Leopoldo es un prócer de los de Atlacomulco y su nombre está inscrito hasta en una placa del lienzo charro de Cuautitlán Izcalli, debido a que “fue procurador estatal, magistrado y presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, y quien se distinguió por ser un promotor del deporte mexicano por excelencia”. Leopoldo falleció en el 2008. Héctor comenzó su carrera en Atlacomulco, como presidente del priista Frente Juvenil Revolucionario y como sexto regidor en 1995, al lado de un ex presidente municipal con apellidos imperdibles, René Montiel Peña. Ahora estará bajo las órdenes de Rosario Robles Berlanga, de extracción perredista.

El ex procurador de Justicia que exoneró a Arturo Montiel por enriquecimiento ilícito aparece ahora como secretario del Trabajo. Alfonso Navarrete Prida era un funcionario público en desgracia hasta que Montiel lo rescató y colocó en su administración. Su influencia era tal que logró amistad cercana con Maude Versini, ex esposa de Montiel, a través de la cual fue impulsado como aspirante a la gubernatura en el 2004, candidatura que recayó al final en Peña. Navarrete Prida declaró en público, el 15 de enero del 2006, que “yo respondo por Montiel”, al referirse a la investigación y exoneración del ex gobernador, cuyo caso había sido archivado por la PGJEM dos días antes. El periodista Francisco Cruz, autor del libro Tierra Narca, recuerda que Navarrete “llegó a Toluca en 2000 para incorporarse al gabinete montielista como subsecretario de Seguridad Pública. Un escándalo de espionaje político detonado en julio de 2001, que se disipó bajo su mediación, le valió ese año la designación como procurador. Aunque le precedían señalamientos de venta de plazas en la PGR, supo mover los hilos de la política local y tejer alianzas hasta llegar a ser unos de los rivales más serios de Enrique Peña Nieto. Sin embargo, su candidatura naufragó en diciembre de 2004, cuando se fue de la lengua después del asesinato del ingeniero Enrique Eduardo Salinas de Gortari”. Este último caso es también abordado por el periodista, quien recuerda que “el 6 de diciembre de 2004, el cuerpo de Enrique Salinas de Gortari, hermano menor del ex presidente Carlos Salinas, se había descubierto en Huixquilucan. El cadáver tenía una bolsa de plástico en la cabeza. Al lugar acudió Navarrete Prida. Asiduo a los reflectores y con aspiraciones políticas, se comprometió a esclarecer “a la brevedad” el crimen e incluso garantizó, en una entrevista para TV Azteca, que el caso ‘no quedaría en el olvido ni impune’, que ‘se haría justicia’. Luego de las primeras investigaciones sobre el asesinato, Navarrete Prida advirtió que ‘sacudiría’ al mundo de la política con los resultados obtenidos. Pero el 15 de febrero de 2006 abandonó el cargo sin sacudir a nadie, Su célebre frase se entendió en los círculos políticos como un recordatorio del ex procurador para hacer saber que él poseía la verdad y que la revelaría en caso de necesidad personal. El crimen del menor de los Salinas quedó en la impunidad, como él lo reconoció”.

Gerardo Ruiz Esparza es secretario de Comunicaciones y Transportes. Estuvo con Peña, en el Edomex, como secretario de Comunicaciones. Conocido por explicar en cadena nacional el accidente aéreo de la cantante Jenni Rivera, a Ruiz Esparza se le relaciona con el Grupo Atlacomulco casi desde el inicio de su carrera, en los años 70. El funcionario ha mantenido un perfil medio en sus encomiendas, pero el 30 de junio del 2012, Gerardo Ruiz Dosal, hijo del secretario, fue blanco de las críticas de los rivales de Peña. Y con razón. Por las redes sociales circularon fotos del joven en su muro de Facebook, donde aparecía viajando en avión y visitando lugares turísticos donde pesca a bordo de un yate en compañía de su padre. Ruiz Dosal había sido secretario particular del diputado David Penchyna y el PRD cuestionó el origen de los recursos para pagar aquel lujo “en un país donde la mitad de la población vive en la miseria”.

Alfredo del Mazo Maza es director general de Banobras. Ex alcalde de Huixquilucan y personaje del jet set nacional, la mayor virtud del joven Del Mazo es ser nieto del ex gobernador Alfredo del Mazo Vélez e hijo de Alfredo del Mazo González. Colocado como sucesor natural de Enrique Peña en la gubernatura del Edomex, perdió la candidatura del PRI en una extraña reunión que celebraba su nominación y la cual terminó en la designación de Eruviel Ávila, quien a su vez había abierto una ventana con el PRD para competir de cualquier manera. Perdida la aspirantía, Del Mazo no tuvo más remedio que respaldar la decisión de grupo de Peña y esperar mejores momentos. Los gobernadores Del Mazo son tíos directos de Peña Nieto.

“El grupo Del Mazo, derivación de los neoliberales de 82, hace su agosto en pleno diciembre. Se le han metido a Peña hasta la cocina. Tomaron el control de posiciones estratégicas como la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, con Gerardo Ruiz Esparza; la coordinación de Comunicación Social de la Presidencia, con David López; Pemex, con Emilio Lozoya; Banobras, con Alfredo del Mazo Maza; la subsecretaría de Transporte, con Carlos Almada y David Garay en la Unidad de Gobierno, en la Secretaría de Gobernación. De los clanes locales, se perfilan como los ganadores en la repartición del pastel, hasta el momento”, recuerda el diario local Alfa, en la ciudad de Toluca.

Faltan más, pues más de 400 funcionarios mexiquenses menores fueron llamados por la Federación, como Gustavo Cárdenas, subsecretario de Ordenamiento de la Propiedad Rural, Lorena Cruz, en el Inmujeres; Marcela González Salas, titular de Juegos y Sorteos y Alfonso Camacho, en el Comité Ejecutivo Nacional del PRI como secretario de Prensa, destacan también en la línea de Peña.

Puro cuate

* Son mexiquenses. Son amigos, compadres, socios o las tres cosas al mismo tiempo de Enrique Peña, con quien además comparten la responsabilidad, por llamarla de alguna forma, de gobernar México. Llamados por el nuevo presidente, los miembros más destacados del Grupo Atlacomulco cumplen su más codiciado sueño y por seis años tendrán el control de todo un país, luego de experimentar con el Estado de México todo el siglo pasado.

 

Miguel Alvarado/ Primera de dos partes

Todo es reconocimiento para el gobierno federal de Enrique peña Nieto. Hasta el poeta Javier Sicilia, uno de los más ácidos críticos del poder, ha debido aplaudir la iniciativa del presidente de México para desistirse sobre la controversia de la Ley de Víctimas, y que ampara ante el gobierno a familiares de los muertos. De entrada, dicen diarios como La Jornada, el de Peña es un gobierno con un punto de vista diametralmente opuesto al de Felipe Calderón, lo que se considera como una fuerte crítica al sexenio pasado. Peña, priista y cabeza visible del Grupo Atlacomulco, gobernó el Estado de México con mano dura para aquellos que consideraba contrarios a su gobierno, pero fue suave y benevolente con amigos, parientes y asociados, a quienes les dio todo tipo de facilidades para emprender negocios. Para finales del 2012, la administración del mexiquense Eruviel Ávila fue desmantelada cuando peña invitó a más de 400 funcionarios para que lo acompañaran en el inicio de su aventura presidencial. Así, el equipo de Peña es prácticamente el mismo que lo ayudó a gobernar el Edomex, y desde el cual se catapultó al cargo que hoy ocupa. Sobrino de sangre de Arturo Montiel, un ex gobernador que quiso pero nunca pudo acceder a los primeros planos del priismo, Peña supo reunir al poder. Apoyado en una de las máximas del espectáculo televisivo, que señala que quien no muestra no vende, contrató con Televisa un plan por 700 millones de pesos anuales, salidos del presupuesto público, para difundir su imagen. Así y todo, las elecciones del 2012 fueron severamente cuestionadas y el triunfo objetado públicamente hasta el primero de diciembre, cuando Peña tomó posesión.

Las fanfarrias de Sicilia no son gratuitas. En enero del 2013 el número de ejecutados relacionados con el crimen organizado fue superior a 700, comparado con los cerca de 90 que hubo en el primero enero de la administración calderonista.

Según el INEGI, “en el último mes de 2012, el Índice de Percepción sobre la Seguridad Pública (IPSP) aumentó 10.6%, al situarse en 109 puntos (abril de 2009=100) frente al reportado en igual mes de 2011 que se ubicó en 98.6 puntos”. Esto significa que la ciudadanía se siente más segura con respecto a enero del 2011 pues hace un año el 8.97 por ciento se sentía mucho peor en términos de seguridad pública. Hoy, esa cifra bajó, pues el 5.47 por ciento se siente más seguro.

Las diferencias entre percepciones y números crudos son abismales. Las primeras representan, sin embargo, las expectativas que tiene la ciudadanía acerca del nuevo gobierno. Otro dato señala que el 24.37 por ciento espera que la seguridad sea mucho mejor, lo que significa casi 10 puntos sobre el porcentaje del año anterior.

Así, el mismo equipo que cobijó al presidente durante su administración mexiquense se hará cargo de responsabilidades con alcance nacional. Destacados políticos y funcionarios no pudieron, sin embargo, evitar ser arrastrados por el proyecto político del de Atlacomulco. Algunos por convicción y otros porque era una orden, defendieron lo indefendible e hicieron lo impensable con tal de quedar bien y no fracturar el plan presidencial. En su momento fueron crucificados públicamente aunque para el 2013 hallaran reivindicación laboral y mediática a través del propio Peña Nieto.

Uno de ellos, tal vez el funcionario más recordado de la administración peñista, es Alberto Bazbaz Sacal, el ex procurador de Justicia encargado de investigar el asesinato de la niña Paulette Gebara en Huixquilucan, en marzo del 2010. Bazbaz hizo oficial la teoría de la PGJEM sobre el paradero del cuerpo de la niña, y que según él estuvo días atorado entre la base de la cama y el colchón. La niña, asfixiada, habría muerto así, aunque su cuerpo fue encontrado a pesar de que una amiga de la madre había dormido en la misma cama. Bazbaz sostuvo hasta el final esa tesis, la del colchón, y dejó de lado hipótesis que culpaban a los padres, protegiéndolos pues eran financiadores de campañas políticas en la entidad. Bazbaz renunció dos meses después, en mayo del 2010, reconociendo sus errores y achacando su salida al caso de la niña. Estuvo fuera de las actividades públicas hasta que fue llamado por Peña, en diciembre del 2012, para ocupar el cargo de titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, en la Secretaría de Hacienda federal.

También fue llamado el procurador mexiquense Alfredo Cervantes Castillo, quien antes de sustituir a Bazbaz, fue el encargado de conducir las investigaciones de la niña Paulette. Su equipo respaldó la versión de la cama y el colchón y desdeñó declaraciones de los propios padres, que aseguraban saber cómo había muerto la niña. Castillo aceptó sustituir a Bazbaz en el 2011 e hizo esfuerzos por resaltar los esfuerzos de la PGJEM contra la delincuencia. Se convirtió en un procurador mediático que incluso escribía una columna para el diario El Universal. Allí narraba las historias que los policías vivían combatiendo al crimen. Luego de algunos éxitos como la captura del líder de la banda La Mano con Ojos, Óscar Oswaldo García Montoya, la única historia que no quiso contar fue la fuga de El Coqueto, César Armando Librado Legorreta, un asesino serial de mujeres que pudo escapara de una habitación en cuarto piso de la delegación de la Procuraduría en Tlalnepantla y vigilado por tres agentes y que volvió a evidenciar las carencias de su dependencia. Luego de recapturarlo, Castillo renunció al cargo pues Peña Nieto lo integraría como subprocurador de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo de la PGR.

En las secretarías de Estado, Peña no tuvo problemas en reclutar a viejos conocidos como Emilio Chuayffet, un ex gobernador mexiquense y ex secretario de Gobernación en 1997, quien dejó la administración de Ernesto Zedillo luego de la matanza de 45 civiles en el poblado de Acteal, Chiapas. A Emilio se le considera parte fundamental del Grupo Atlacomulco y entró al gabinete de Peña para, aparentemente, enfrentar a Elba Esther Gordillo. El papel de ambos fue convincente. Se reformó lo que se tenía que reformar, como parte de una agenda larga que prevé la privatización de la educación y se impidió la fractura del magisterio. Chuayffet sabe lo que hace y cómo conseguirlo. Sin embargo, el fantasma de Acteal seguirá para siempre al funcionario mexiquense, quien comenzó su carrera pública como alcalde de Toluca, recorriendo las calles de esa ciudad en 1982, gracias a su cercanía con la familia Hank y a la familia Del Mazo. Cubrió las espaldas de Alfredo del Mazo cuando éste último dejó la gubernatura mexiquense para dirigir la Sener. Conoce el valor del voto y la valía de quien lo cuenta, pues también fue funcionario del IFE. El semanario Proceso recuerda que “en 1996, cuando hizo su aparición pública el Ejército Popular Revolucionario (EPR), Chuayffet sentenció: “yo no admito que se les llame guerrilla. Fue una pantomima montada para ganar publicidad”. Semanas después esa “pantomima” atacó instalaciones militares y policiacas en cuatro estados del país”. También se le recuerda por pactar el desafuero de Andrés Manuel López Obrador con Vicente Fox. Ahora, este hombre, a quien se le califica de autoritario, es el secretario de Educación.

Durante el primer año de gobierno de Eruviel Ávila, en el 2011, Chuayffet colocó a un personaje de su entera confianza como secretario de Gobierno, Ernesto Nemer, quien fue el verdadero operador de la administración en tanto pasaban las elecciones. Nemer, a su vez, comenzó su carrera como secretario particular de Chuayffet y casó con Carolina Monroy del Mazo, prima de Enrique Peña y de Alfredo del Mazo, ambos dilectos miembros del Grupo Atlacomulco. Mientras Chuayffet hacía carrera a nivel federal, Nemer, a la sombra y apoyado en nexos familiares, también lo hacía. Consiguió ser diputado local y secretario estatal de Desarrollo Social, aunque perdió las elecciones para la alcaldía de Metepec. Ernesto fue llamado al gobierno federal para desempeñarse como subsecretario de Desarrollo Social y Humano en la Secretaría de Desarrollo Social. Operador al fin y al cabo, estará allí para hacer contrapeso a la perredista más priista de México, Rosario Robles, titular de la dependencia.

Otro ex gobernador encontró nuevo oxigeno en la llegada de Peña al poder. César Camacho, un oscuro secretario de Gobierno mexiquense, había sido mandatario cuando sustituyó a Chuayffet en el poder. Hizo posible la llegada de los Montiel-Peña a la silla de Lerdo en Toluca y sentó las bases para el peñismo. Ahora como líder nacional de PRI, Camacho concitará el poder absoluto de Peña. Su misión es unir al priismo bajo la premisa de una opinión única, que no permite ninguna más. Como gobernador mexiquense, se le recuerda por regalar costosos relojes a los funcionarios de su administración justo cuando terminaba su periodo y por abrir las puertas de su casa a quienes quisieran felicitarlo el día de su cumpleaños, en el poblado de San Miguel Totocuitlapilco.

Humberto Benítez Treviño es un ejemplo más de permanencia en el poder. Ex secretario de Gobierno con Peña, Benítez tiene una larga carrera como duro funcionario, siempre relacionado con los rubros de seguridad y aplicación de justicia. Un ejemplo es el caso de San Salvador Atenco, donde Benítez supervisó el plan de acción del vicealmirante Wilfredo Robledo Madrid, que derivó en detenciones masivas, dos muertos y sentencias individuales por más de 200 años. Benítez es ahora titular de la Profeco, un cargo por el que también Emilio Chuayffet pasó. Relacionado para siempre con el Grupo Atlacomulco, Benítez fue procurador de Justicia de la república en 1994 y fue su administración la encargada de investigar el asesinato del aspirante presidencial Luis Donaldo Colosio y de Fernando Ruiz Massieu. Los lazos de lealtad con ese grupo político pusieron a Benítez siempre en el segundo lugar del poder en el Estado de México y se encargaron de negarle la oportunidad de gobernar la entidad. A Benítez no le importó demasiado, pues de cualquier forma ha estado siempre en cargos claves que le permiten continuar con una agenda política propia.

Luis Videgaray es ahora uno de los políticos más poderosos de México. Coordinador de las campañas de Eruviel Ávila y Peña, demostró su valía como operador cuando triunfó en ambos encargos. Es el único que conoce bien a bien usos y destinos del dinero público mexiquense, pues fue secretario de Finanzas para Arturo Montiel y para el sobrino presidente. Aunque no es un político de carrera, se sabe adaptar a su jefe en turno, lo que le ha colocado en posición de generar su propio bagaje político. Videgaray es uno de los indispensables de la actual Federación y es colocado en la línea sucesoria para el gobierno del Edomex. Ha sido diputado local y federal.

Amigo personal de Enrique Peña, Luis Miranda Nava también está en el gabinete federal. Cuestionado porque fue acusado de ser prestanombres de Arturo Montiel, Luis Miranda fue exonerado de todos los cargos e incrustado en el primer equipo del presidente. Perdió una elección para la alcaldía de Toluca y se le involucró en los escándalos de compra de despensas y votos de Monex y Soriana, el año pasado. Fue secretario de Gobierno en el Edomex y condujo las negociaciones con el SUMAEM, un sindicato independiente de maestros que puso de cabeza al poder sindical, para entorpecerlas. Miranda es un activo operador y no le importa la profundidad en la que tiene que bucear para conseguir lo que necesita. Ha sido la mano negra de los gobiernos donde ha trabajado y ahora está como subsecretario de Gobierno de la Secretaría de Gobernación. Comenzó su carrera gracias al apoyo de su padre, el magistrado Luis Miranda Cardozo, amigo personal de Arturo Montiel Rojas. Fue responsable de interponer denuncias penales a los comuneros de San Salvador Atenco quienes defendían sus tierras ante la construcción del Aeropuerto Internacional de Texcoco, en el año 2000. Ofreció pagar a los comuneros hasta 7 pesos por metro cuadrado. Cuando Miranda era secretario de Administración, contrató al despacho Protego para bursatilizar la deuda pública. Luis Videgaray fue el encargado de tal proyecto.

Llega también al poder federal el ex alcalde de Huixquilucan y ex secretario del Agua en el Edomex, David Korenfeld Federman. Durante su mandato, hace 9 años, el narcotráfico encontró en su municipio una base de operaciones casi inexpugnable y desarrollo un peculiar estilo de operación eligiendo fraccionamientos de lujo para que vivieran los capos y pudieran sobornar a funcionarios públicos. Korenfeld resultó útil para Arturo Montiel y Peña Nieto pues era uno de las conexiones más importantes entre la comunidad judía del valle de México y el gobierno estatal. Ahora es director de la Conagua.