El otro procurador

* Como corolario de la carrera de este nuevo Golden Boy quedaron las 328 personas ejecutadas de forma violenta del 1 de enero al 7 de agosto de 2012, mientras los estudios de la ONU confirman que la entidad mexiquense es una de las que concentra el mayor número de feminicidios cometidos sin aclarar en México. Este fragmento pertenece al libro los Golden Boy’s, del escritor Francisco Cruz, editado por Planeta en el 2012.

 

Francisco Cruz Jiménez

Alfredo Castillo es uno de los hombres más importantes para Peña Nieto, quien prefiere tenerlo cerca, con lo que demuestra que entre sus prioridades está amarrar sus cabos sueltos.

Un día después de su renuncia, que se hizo pública el 7 de agosto, Milenio Diario recordó: “La investigación de la muerte de la niña Paulette no fue el único caso polémico en el que Castillo participó. Ya como procurador, presentó a los medios a César Armando Librado Legorreta, ‘El Coqueto’, acusado de violar a ocho mujeres y asesinar a otras siete. Sin embargo, ‘El Coqueto’, quien era vigilado por tres policías, se escapó de las instalaciones de la Subprocuraduría mexiquense en Tlalnepantla, lo que provocó fuertes críticas. Finalmente el atacante fue capturado”.

En septiembre de 2011, Castillo informó a la Comisión Especial de Feminicidio de la Cámara de Diputados que, en 56 por ciento de los asesinatos dolosos de mujeres de los últimos cinco años en la entidad, “se desconocía al responsable”. Según el OCNF (Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio), de enero de 2005 a agosto de 2010—durante la gestión de Peña —, se reportaron 922 homicidios dolosos de mujeres, la mayoría en los municipios de Ecatepec, Nezahualcóyotl, Tlalnepantla, Toluca, Chimalhuacán, Naucalpan, Tultitlán, Ixtapaluca, Valle de Chalco y Cuautitlán.

Durante la gestión de Castillo se tipificó el delito de feminicidio el 17 de marzo de 2011, pero para la coordinadora del OCNF, Luz Estrada, la tipificación es “tramposa”, ya que resulta imposible acreditar el delito porque se debe comprobar que la víctima sufrió discriminación.

La Coalición contra el Tráfico de Mujeres y Niñas (CATWLAC, por su sigla en inglés), encabezada por Teresa Ulloa, solicitó, en varias ocasiones, la renuncia del funcionario por su trabajo incompetente para resolver los casos de violencia contra la mujer. Durante junio y julio de 2012, nuevamente el escándalo y la impunidad llegaron a la PGJEM con el caso de Jessica Lucero, de 14 años, quien denunció ante el Ministerio Público de San Cristóbal, Ecatepec, haber sido víctima de violación, identificando como su agresor a Carlos García Sanjuán, de 22 años, mejor conocido como “El Quico”.

Sin embargo, las autoridades no lo detuvieron, ni tomaron medidas de protección para la niña, pero sí le exigieron 2 mil pesos para “agilizar los trámites”. El 14 de julio Jessica fue asesinada a pedradas y su cuerpo hallado en un terreno baldío de la colonia El Parque en San Cristóbal, Ecatepec.

“El Estado de México está convertido en un infierno para las mujeres, ahí el número de violaciones rompe la media nacional y en muchos casos este crimen viene acompañado del asesinato de la agraviada”, escribió Marcela Turati en un amplio reportaje que se publicó el 2 de septiembre de 2012 en el número 1870 de la revista Proceso. El encabezado fue elocuente: “El paraíso de las violaciones”: “Según cifras oficiales, en el Estado de México se denuncian 6.5 violaciones  sexuales cada día. Esta cifra queda lejos de la realidad, ya que ocho de cada diez casos no se denuncian”.

Pero, sin lugar a dudas, el evento que puso en evidencia que el trabajo de Castillo fue sólo una apariencia, tiene que ver con la rápida detención— con que sorprendió a varios antes de su renuncia—  de un grupo de 17 presuntos asaltantes que, el  12 de junio de 2012, asaltó y violó a varias mujeres en un campamento de jóvenes cristianos en el parque El Colibrí, en el municipio de Chalco. Sin embargo, su hazaña se demeritó en el momento en que se le ocurrió presentar en los medios de comunicación, no sólo al grupo de asaltantes, sino también el video donde estos explicaban la forma en la que violaron a las menores. Esta “buena idea” provocó la molestia de los familiares y representantes de las víctimas, así como de organismos defensores de derechos humanos, quienes hicieron un reclamo público argumentando daño a la dignidad de los afectados.

Durante la administración de Castillo Cervantes, los agentes judiciales investigadores se volvieron más atrevidos o descarados: en un cateo para capturar  a Óscar Oswaldo García Montoya, “El Compayito”, líder de la organización delictiva “La mano con ojos,” allanaron la casa del poeta Efraín Bartolomé, en la colonia Torres de Padierna, delegación Tlalpan del Distrito Federal, de donde un agente ministerial identificado como Michell Salas, se robó un reloj Mont Blanc, que apareció luego de que el dueño demandó el incidente.

El caso Bartolomé no fue el único. Un día después de la partida de Cervantes —8 de agosto de 2012—, el diario toluqueño Alfa hizo públicos algunos irregulares cateos en la colonia Morelos de Toluca, “donde la familia Quiroz acusó a elementos de la PGJEM de haber registrado ilegalmente su casa ubicada en la  calle Javier Molina y de donde los uniformados se llevaron 50 mil pesos en efectivo, 100 mil pesos en joyas, aparatos electrodomésticos y celulares; es decir; 300 mil pesos entre dinero y artículos.”

Como corolario de la carrera de este nuevo Golden Boy quedaron las 328 personas ejecutadas de forma violenta del 1 de enero al 7 de agosto de 2012, mientras los estudios de la ONU confirman que la entidad mexiquense es una de las que concentra el mayor número de feminicidios cometidos sin aclarar en México.

La llegada de Peña a la residencia oficial de Los Pinos ha generado condiciones para la aparición de una nueva élite en el poder que, necesariamente, empieza por alimentarse de personajes que laboraron bajo sus órdenes en el gobierno del Estado de México. Y en ese grupo destaca, en particular, el nombre del ex procurador Alfonso Navarrete Prida, quien ha incursionado también en el “periodismo” de opinión. En 2010 y 2011, por ejemplo, hizo su aparición como co-conductor de un programa de la presentadora Dolores de la Vega, una de las creadoras y practicantes del “periodismo con pose”.

 

El otro procurador

 

Llegó a Toluca en 2000 para incorporarse al gabinete montielista como subsecretario estatal de Seguridad Pública. Un escándalo de espionaje político detonado en julio de 2001— y que dejaba mal parados al gobernador Arturo Montiel y al secretario de Administración, Enrique Peña—, que se disipó bajo su mediación, le valió a Navarrete Prida, en ese 2001, la designación como procurador general de Justicia.

Aunque le precedían señalamientos de manejos extraños en la PGR —y fue sometido a una investigación por parte de la Unidad Especializada en Delincuencia Organizada (UEDO) por presunta venta de plazas, cuando era subprocurador; en dicha averiguación también se investigó una supuesta relación con el Cártel de Juárez—, supo mover los hilos de la política local y tejer alianzas hasta convertirse en uno de los rivales más serios de Enrique Peña Nieto para la sucesión de Montiel. Sin embargo, su candidatura naufragó en diciembre de 2004, cuando se fue de la lengua después del asesinato del ingeniero Enrique Eduardo Salinas de Gortari.

Ya como gobernador, en septiembre de 2005 Peña Nieto aprovechó un vacío legal y lo ratificó como procurador, pasando por encima de los diputados de la Legislatura local. Con los alfileres que da el poder, lo sostuvo durante cinco meses. La imagen pública de Navarrete sufrió un golpe severo porque aprovechó ese tiempo para exonerar públicamente a su ex jefe Arturo Montiel. Más tarde, Peña lo envió a la Secretaría de Asuntos Metropolitanos en la que Navarrete aguantó hasta el 22 de enero de 2009. Ese año, al PRI estatal llegó una orden para hacerlo candidato a diputado federal por el distrito que incluye la exclusiva zona residencial de Interlomas, en el municipio de Huixquilucan.

Aunque, en febrero de 2006, era de conocimiento público que se alistaba para romper con el grupo Peña-Montiel y sumarse a la campaña de Roberto Madrazo Pintado— el 15 de febrero recogió sus pertenencias y se despidió de sus más cercanos colaboradores para marcharse “con la conciencia tranquila, sin culpas y con la satisfacción del deber cumplido”, bromeaba el propio Navarrete”—, esto no fue así, sino que dejó la Procuraduría estatal para ponerse a las órdenes  de Enrique Peña Nieto.

Sin duda, uno de los primeros casos que le tocó cubrir como procurador fue el asesinato de Enrique Salinas de Gortari, hermano menor del ex presidente Carlos Salinas, cuyo cuerpo fue descubierto en Huixquilucan el 6 de diciembre de 2004., El cadáver tenía una bolsa de plástico en la cabeza y se hallaba dentro de un automóvil Passat gris abandonado en la esquina de las calles Contabilidad y Ampliación Empresarios. Al lugar acudió Navarrete Prida. Asiduo a los reflectores y con aspiraciones políticas, se comprometió a esclarecer “a la brevedad” el crimen e incluso garantizó, en una entrevista para TV Azteca, que el caso “no quedaría en el olvido ni impune”, que “se haría justicia”.

Luego de las primeras investigaciones sobre el asesinato, Navarrete Prida advirtió que “sacudiría” al mundo de la política con los resultados obtenidos, pero el 15 de febrero de 2006 abandonó el cargo sin sacudir ni su conciencia. Su célebre frase se entendió en los círculos políticos como un recordatorio del ex procurador para hacer saber que él poseía la verdad y que la revelaría en caso de necesidad personal. El crimen del menor de los Salinas quedó en la impunidad, como él lo reconoció, aunque argumentó que un juez federal había determinado que el caso era de competencia federal y, por lo tanto, correspondía a las autoridades federales esclarecerlo.

Navarrete también pasará a la historia por ser el procurador que exoneró a Montiel en las investigaciones que se le siguieron por enriquecimiento ilícito. Montiel lo había rescatado del desempleo luego de que, a inicios del año 2000, fuera señalado en un fraude derivado de una supuesta venta de plazas en la Procuraduría General de la República (PGR). Más adelante, a finales de 2005 y principios de 2006, fue la inexplicable fortuna que amasaron el ex gobernador y su parentela la que ocupó las primeras planas de diarios locales y nacionales.

Para aquellos días, el malogrado precandidato presidencial era dueño —en sociedad con su esposa Maude Versini— de innumerables propiedades, algunas en el extranjero, como un lujoso departamento en París valuado en no menos de diecisiete millones de pesos. Aquel escándalo le costó a Montiel la candidatura presidencial y una investigación judicial. Los involucrados se tranquilizaron cuando, el 13 de enero de 2006, prácticamente después de haber declarado, Navarrete sentenció que no había delito que perseguir, y envió a la reserva aquel simulacro de investigación.

Los periodistas Miguel Alvarado y Elpidio Hernández recordaron que, después, el ex procurador justificó, como si él hubiera sido el representante legal de la familia Montiel, que las diferencias entre las declaraciones patrimoniales que el ex gobernador presentó en 1997 y las que se investigaron se debían a que, en 1999, Montiel recuperó los dividendos de todas las empresas en que participaba. En una entrevista radiofónica, Navarrete explicó que el tío de Peña Nieto construyó, entre 1995 y 1996, más de 3 mil 500 casas en el valle de Toluca, pero que después retiró  sus acciones en la constructora, lo que le representó ingresos “muy importantes”. Añadió que Montiel también se retiró de la empresa Cocinas Quetzal.

El par de temas que dejó en el tintero —Montiel y Salinas— será una sombra inseparable en la trayectoria del diputado federal Navarrete, como quedó de manifiesto en septiembre de 2009 durante la comparecencia del secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, en San Lázaro, cuando panistas y perredistas no desaprovecharon la oportunidad para recordárselo en su cara. Muy sagaz, Navarrete Prida repartió las culpas.

Sobre el asesinato de Enrique Salinas  afirmó que se actuó hasta donde se pudo y que sus indagaciones apuntaban a elementos de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI), que en ese tiempo encabezaba García Luna.

Señaló que, cuando se pretendió llamar a declarar a dichos elementos, se les envío a  un curso fuera del país, y que al pedir información a la PGR sobre las llamadas realizadas a la casa de Enrique Salinas, la respuesta que obtuvo fue que el “conmutador estaba descompuesto”.

El 23 de octubre de 2006, en su columna “Plaza Pública” que aparecía en el periódico Reforma, el extinto periodista Miguel Ángel Granados Chapa escribió: “Subsisten las preguntas a cuya respuesta Navarrete creyó, o nos hizo creer que estaba aproximándose. Seguimos sin saber quién y por qué mató al menor de los Salinas de Gortari, que no pereció víctima de un asalto callejero o tras un incidente de tránsito, de manera casual. ¿Está su muerte vinculada a los caudales que poseía y que se pretendiera arrebatarle?”.

Y en cuanto a la exoneración de Montiel, argumentó: “Las pruebas que hay en ese expediente tienen que ver con la Cuenta Pública aprobada por el Congreso del Estado [que], por cierto, se aprobó por unanimidad con el concurso de los diputados de Acción Nacional y no había falla alguna”. bó por unanimidad con el concurso de los diputados de Acción Nacional y no había falla alguna”.

Percepción

* Toluca, tan apática como le permite la apariencia, se escandaliza por las vallas anti-tamales, rejas móviles colocadas en el primer cuadro de la ciudad, que impiden a los ambulantes vender en esa zona. Sin embargo, las historias que comprometen la capacidad y revelan la verdadera naturaleza de quienes deberían controlar la seguridad, están presentes en cada uno de los ciudadanos. Apenas la semana pasada, un secuestro, silenciado por los mismos afectados, dibujó de cuerpo entero la incapacidad oficial y la desesperanza ciudadana.

 

Miguel Alvarado

Vivir Toluca es recorrer las calles centrales y sus avenidas periféricas para llegar al destino deseado. Desde lejos, la ciudad parece tranquila y hasta bonachona. Ningún extranjero sabría que aquí se concentra parte del poder político mexicano y una buena fracción del narcotráfico de guante blanco, el que de verdad controla aquel comercio. Fuera de eso todo es burocracia y hasta se puede cumplir el anhelo del ayuntamiento local, que observa al municipio como una ciudad estudiantil e intenta redirigir sus objetivos sociales, así como adecuar servicios para esa población. Tantos estudiantes pero tan poco estudio es una de las frases que circula entre los alumnos, que no se toman tan en serio aquello de ciudad de aulas y más bien se preocupan por el transporte, llegar a tiempo y a momentos, por la seguridad de cada uno. Y es que la seguridad, un tema que el municipio considera “de percepción”, es el que más incide en las actividades regulares. No es Toluca nada más, pero los crímenes y robos que suceden en la capital del Estado de México no encuentran solución. No todo es narcotráfico, que de hecho representa el 20 por ciento de los delitos, sino la enorme descomposición social en torno a la impunidad, el delito por el cual todo es permitido.

Y Toluca, tan apática como le permite la apariencia, se escandaliza por las vallas anti-tamales, como califica el diario local Tres PM a rejas móviles colocadas en el primer cuadro de la ciudad, que impiden a los ambulantes vender en esa zona. Sin embargo, las historias que comprometen la capacidad y revelan la verdadera naturaleza de quienes deberían controlar la seguridad, están presentes en cada uno de los ciudadanos. Apenas la semana pasada, un secuestro, silenciado por los mismos afectados, dibujó de cuerpo entero la incapacidad oficial y la desesperanza ciudadana.

Un hombre dedicado a las artes gráficas trasladó hace años su negocio a las afueras de la ciudad, sobre la Calzada del Pacífico, en la carretera que conduce al volcán Xinantécatl. Allí construyó su hogar pero también su comercio floreció. En poco tiempo pudo encontrar capital y tranquilidad económica. Hace una semana una de sus hijas, de al menos 15 años, fue secuestrada. Trabajaba con su padre, en la administración del negocio. Sustraída, los plagiarios se comunicaron con la familia para exigir por la menor un millón y medio de pesos, que fue recabado y pagado de manera puntual por los afectados. Días después la adolescente fue encontrada, muerta, en un paraje cerca de las faldas del volcán. El rescate había sido entregado de acuerdo a las indicaciones recibidas, pero nada fue suficiente para salvar a la niña. La policía no sabe quiénes fueron ni tiene pistas para iniciar algún tipo de investigación, aunque los parientes saben que nada podrán hacer, aunque tuvieran manera. No confían en la policía y han optado por cerrar su negocio e irse de la ciudad.

Los retratos de una muerte que no debió suceder arman, en conjunto, un mural que revela las verdaderas condiciones del Estado de México. El diario Tres PM daba cuenta de más sangre, esta vez en el cercano municipio de Lerma, donde la mitad de un hombre fue hallado en el campo. Segú ese diario, es el tercer sujeto hallado en las mismas condiciones, además de otro cadáver.

Este caso es un ejemplo de lo que significa la inseguridad para Toluca. Apenas reportado, las autoridades culparon a la familia por la tardanza del aviso. De cualquier forma, no es un hecho aislado, pues una ex regidora también fue abatida en la misma semana.

Irene Romero Castillo había sido reportada como desaparecida. Ella trabajó el trienio anterior como octava regidora en la administración de la priista María Elena Barrera, pero hace un mes que no se sabía nada de ella, hasta que su cuerpo fue hallado, en un barranco, en el barrio de La Soledad, de Almoloya de Juárez. Golpeada en la cabeza, a este crimen se le han añadido características pasionales aunque su camioneta, modelo Captiva, no ha sido encontrada. Esto es más o menos la versión conocida en instancias públicas. Como funcionaria, en realidad mantuvo bajo perfil, aunque algunos la relacionan con desavenencias con grupos como Antorcha Campesina, que confirma las diferencias en su página web, donde refiere que en San Mateo Otzacatipan los antorchistas gestionaron servicios de luz, ganándole a Romero, “quien defendía allí intereses personales”. Lo más destacado de su gestión fue un viaje a España y Francia, junto al panista Gerardo Lamas Pombo, cuyo padre fue incriminado con el narcotráfico en tiempos electorales. Lamas Pombo se dijo extorsionado por Germán Reyes Figueroa, ex director de Inteligencia municipal y miembro del cártel de La Familia, a quien la administración de María Elena Barrera contrató sin investigarlo.

La priista Barrera Tapia es hoy senadora pero también una de las aspirantes a suceder en la gubernatura mexiquense al doctor Eruviel Ávila, debido a la cercanía con Enrique Peña, de quien ya fue secretaria particular, secretaria de Salud y hasta hace un año presidenta municipal de Toluca. La llegada de Barrera resolvería la búsqueda de una figura que garantiza el control y obediencia del estado más importante del país, pues siempre se ha mantenido fiel al Grupo Atlacomulco y a los equipos de Arturo Montiel y Enrique Peña.

Sin embargo, esta fidelidad y acaso las buenas intenciones del resto de los funcionarios no resolverán los crímenes ni disminuirán la inseguridad en el municipio, aunque tampoco en el Estado de México, que hasta mayo de este año reportaba 42 ejecutados para ese mes, y 269 para todo el año.

Las instancias oficiales reconocen, sin embargo, la actuación de las autoridades, aunque no alcance ni para proteger a sus amigos. La Conago, por ejemplo, aplaudía en abril al gobernador por combatir al crimen, pero es una costumbre que al gobernador se le aísle en giras públicas cuando se detectan grupos o personas que le reclaman sobre el tema, como sucedió en Chiconcuac. Este selectivo comportamiento de la autoridad máxima sirve de ejemplo. En el Estado de México, en Toluca, la inseguridad es cuestión de percepción.

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