Apapachan diputados al Ejército en Toluca

* Una iniciativa del gobernador mexiquense, Eruviel Ávila, fue aprobada para que, “con letras de oro”, se inscriba en los muros del Congreso una leyenda conmemorativa sobre los cien años de la Fuerza Aérea Mexicana.

 

Jorge Hernández

Toluca, México, 13 de enero del 2015. Como en ocasiones anteriores, la mayoría priista y sus satélites en el Congreso aprobaron inscribir con “letras de oro” en los “muros de honor” de la sede del Poder Legislativo del Estado de México, una leyenda conmemorativa del centenario de las Fuerza Aérea Mexicana.

Corresponderá a la Junta de Coordinación Política que preside el diputado Aarón Urbina Bedolla –a quien Televisa, la televisora aliada del presidente Enrique Peña Nieto, llama “El Cacique de Tecámac”- determinar cuándo realizar la inscripción y a qué altos mandos de la Fuerza Aérea se convidaría.

La iniciativa fue propuesta por el gobernador Eruviel Ávila Villegas en el marco de una intimidante exposición que el Ejercitó montó en las explanadas del zócalo de la capital mexiquense y el Teatro Morelos”, y de permanentes señalamientos contra los militares por violaciones probadas a los derechos humanos.

La leyenda se sumará a otras dos inscritas por esta LVIII Legislatura dedicadas también a las milicias del país: “Centenario del Ejército Mexicano, 1913 – 2013”, de abril de 2013 y “A la Armada de México en el Centenario de la gesta heroica del Puerto de Veracruz el 21 de abril de 2014”, de noviembre de 2014.

Durante la reunión de la Comisión dictaminadora de Gobernación y Puntos Constitucionales que preside el priista Apolinar Escobedo Ildefonso, el diputado del PT, Norberto Morales Poblete solicitó se pospusiera la calificación de la iniciativa debido a que las fuerzas armadas del país en el presente cuentan con diversos señalamientos en torno a presuntas violaciones a los derechos humanos.

En contraparte, el del PRI, Alfonso Arana Castro, defendió la iniciativa que consideró un homenaje y reconocimiento al ejército mexicano, que ha hecho numerosas contribuciones al país y a la paz social.

En la misma sesión se aprobó la propuesta del gobernador para modificar el régimen de concesiones para las autopistas de la entidad, que permite a los actuales concesionarios conservarlas aunque hayan recuperado su inversión original en un plazo menor al de la propia concesión, siempre y cuando acepten una nueva contraprestación para el gobierno estatal.

Los diputados del PRD, Octavio Vargas Martínez y Armando Portuguez Fuentes, así como el petista Norberto Morales se opusieron argumentando que el Estado puede y debe hacerse cargo de estos servicios, mientras que el panista Alfonso Guillermo Bravo la avaló sobre la base de que aquello que el Estado no pueda operar ni administrar debe dejarlo a los particulares.

Los mencionados opositores denunciaron también fallas en las autopistas privadas que no justifican el alto precio que cuesta circular por ellas, pero además advirtieron de tratos ocultos entre los funcionarios del ramo y los empresarios concesionarios.

Justicia expedita

* La alcaldesa de Zinacantepec, Olga Hernández, fue encarada al término de su Segundo Informe de labores, por manifestantes que le reclamaban actos de corrupción. Detenidos por la policía y encarcelados 48 horas, salieron libres. Pero ahora la Procuraduría está a punto de girarles orden de aprehensión.

 

Miguel Alvarado

Zinacantepec, México; 24 de enero del 2015. A Alejandro Iglesias lo detuvieron policías municipales y estatales cuando protestaba, junto con otras 70 personas, afuera del auditorio del Sindicato de Maestros, en Zinacantepec, el 3 de diciembre del 2004. Apresado junto con otros cinco, fue llevado a los separos de la Procuraduría estatal, donde estuvo 48 horas, acusado de irrumpir y obstruir en vías públicas, durante el Segundo Informe de Gobierno de la alcaldesa priista Olga Hernández. En ese lugar estaba el gobernador del Edomex, Eruviel Ávila, a quien esperaban los manifestantes para reclamarle la falta de obra en ese municipio, los salarios excesivos de los funcionarios y la corrupción de la administración. Ávila, al ver a los quejosos, optó por no salir y esperar a que un helicóptero lo sacara, junto con la alcaldesa, de aquel edificio. Retirados los políticos, se desataron las detenciones en las que lesionaron a uno, a Santiago Morales.

Contra Iglesias, de 19 años, declararon personas que él nunca vio, que desconoce quiénes son. Robado, insultado y amenazado por la policía en ese diciembre, salió en libertad creyendo que su detención terminaría allí. Se equivocaba.

El 13 de enero del 2015 recibió, del Juzgado de Control de Toluca, una Cédula de Notificación, “por el posible hecho delictuoso constitutivo del delito de ataques a las vías de comunicación y medios de transporte, cometido en agravio de la seguridad de las vías de comunicación”.

En esa notificación, los agentes del Ministerio Público, Víctor Hugo Rodríguez Cárdenas y Juan Rafael Gasca Argueta, agentes adscritos al Primer Turno de la Agencia Central número 4, de la Unidad “A” de Averiguaciones Previas Toluca, solicitan “fecha y hora, dentro de la carpeta administrativa a efecto de que se lleve a cabo la Audiencia de Formulación de imputación sin detenido por la comisión de hechos delictuosos”.

En otro párrafo, más adelante, esa citación señala que “se instruye al Administrador genere a través del Sistema de Gestión Judicial penal, AUDIENCIA PARA FORMULACIÓN DE IMPUTACIÓN SIN DETENIDO Y/O EN SU CASO DE SOLICITUD DE ORDEN DE APEREHENSIÓN”. Esa petición había sido realizada desde el 9 de diciembre del 2014, cuatro días después de ser liberados los involucrados, pero por un error en el sistema de la PGJEM no se había registrado.

No sólo él ha sido notificado que el delito por el que fue detenido en diciembre sigue su curso de investigación. Los otros cinco apresados también han sido requeridos por la Procuraduría. A Iglesias, además, se le acusa de “ultrajes en agravio de la administración pública”, junto con Santiago Morales Jiménez. Este último encabezó una protesta pública, el 9 de diciembre del 2014, donde denunciaba anomalías de la alcaldesa Olga Hernández, acusándola de represora. Estas dos personas dieron testimonios de prensa acerca de sus detenciones.

Para Alejandro Iglesias, la administración de Hernández es, también, “un gobierno represor, turbio, sin diálogo” que ya anteriormente, a mediados del 2014, había enviado al secretario de Gobernación municipal, Martín Olivares, para ofrecerle “algo” a cambio de que dejara de hacer activismo político.

– Tú publicaste en redes sociales los salarios de los munícipes, hace unos meses…

– Sí. Hace unos cuatro meses trabajaba en una cafetería en la Prepa 104 de Zincantepec. Era jueves o viernes. Se presenta el señor Martín Olivares, director de Gobernación junto con otras personas, sus secretarios y ayudantes, del ayuntamiento a preguntarme que por qué le calentaba la cabeza a la gente con eso de los salarios. Aparte del facebook, anduve en las plazas públicas anunciando cuánto ganaba la presidente, los regidores y el monto del presupuesto. De esa manera la gente se empezó a enojar. Me dicen: “bájale dos rayitas al desmadre que traes”.

– Te amenazan…

-Más bien lo contrario. Dicen que están dispuestos para apoyarme en lo que sea necesario. En ese momento le dio al secretario de Gobernación que si ellos estaban dispuestos a pagar tres millones de pesos. Me respondió, abriendo los ojos y espantado, que eso se debía consultar con la presidenta. Pero le digo que no hay anda qué negociar, que no estoy dispuesto a vender nada. Eso fue una alerta para que le bajáramos. Hubo insistencia de parte de ellos. Mediante llamadas me invitaban a reunirnos pero ya no asistí.

– ¿Te ofrecieron algo en concreto?

– Ya no supe, pero era claro. Daban un dinero por callarme y una promesa para las siguientes elecciones, tal vez un cargo, algo parecido. A Olivares lo volví a ver hasta el día de la detención –dice Iglesias, recordando el incidente. El joven había organizado una manifestación por Ayotzinapa, el 14 de noviembre del 2014. A esa marcha, dice, acudieron más policías que gente, para vigilarlo a él y a los manifestantes.

A Iglesias le preocupa que la acusación haya seguido ese curso. Si no se presenta, un juez girará orden de aprehensión para él y sus compañeros. Iglesias es militante del Movimiento de Regeneración Nacional, que participará por primera vez en las elecciones locales del Edomex este año. En Zinacantepec, la hija de la alcaldesa Olga Hernández, Olga Esquivel Hernández, competirá por el PRI para una diputación federal por el Distrito XXXIX, y que comprende también Zinacantepec. Olga, la actual presidenta municipal, ha sido acusada por desfalco, pero también por hacer pasar obras públicas de origen estatal y federal como si fuera de su ayuntamiento. Esta simulación está documentada y los propios Iglesias y Morales tienen una lista, además, de obra que se anuncia como concluida cuando en realidad no lo está. Una preparatoria y la Casa del Adulto Mayor, de San Luis Mextepec, son los ejemplos que denunciaron los ahora investigados por la PGJEM.

El Barco Ebrio

*

Habitantes de las inmediaciones del Xinantécatl, el Nevado de Toluca, denuncian la venta a particulares del parque que contiene al volcán de la capital del Estado. Pero también afirman que ese volcán, ese parque de más de 50 mil hectáreas servirá para otros propósitos. Ellos, que viven allí, dicen que el volcán será “rentado” al gobierno de Estados Unidos en algún momento para que allí se instale una base de entrenamiento militar, con todas las de la ley. Las de ellos, claro.

 

*

Martha Hilda González Calderón y Carolina Monroy, alcaldesas de Toluca y Metepec, respectivamente, tiene licencia para separase de sus encargos y buscar una diputación federal. Se les reclama que no concluyan sus periodos, al igual que otros que tampoco terminarán, a pesar de que lo prometieron, pero eso es lo de menos. Acostumbradas a obtener encargos públicos, a ganar extrañísimas elecciones, González Calderón y la prima del presidente de México, Enrique Peña, quedan a deber, una vez más. Toluca, la capital del Grupo Atlacomulco, vive una realidad de muerte, con la inseguridad al tope y la presencia definitiva de cárteles de la droga controlando calles, venta y trasiego como si se tratara de cualquier cosa. La administración de González calificó a la violencia y sus muertos como meras cuestiones de percepción. El desorden de Toluca, ya proverbial, no comenzó con González pero sí se consolidó. Obras públicas de pacotilla y esfuerzos mal dirigidos se quedan, como cada trienio, para que el relevo los termine de matar en el olvido. Monroy, en Metepec, cerró los ojos ante la presencia del crimen organizado y utilizó programas federales como el de los Comedores Comunitarios para ejercer control electoral y echarle una manita a su esposo, Ernesto Nemer, subsecretario federal de la Sedesol. No es lo que hicieron. Es lo que dejaron de hacer.

 

*

También Alfredo del Mazo Maza será diputado federal por el PRI o lo intentará, para Huixquilucan. Es casi imposible que quede fuera. Luego de controlar los dineros de Banobras, el hijo del ex gobernador Alfredo del Mazo González puede decir que esta vez sí será su periodo porque luego de la diputación el siguiente movimiento será suceder al gobernador Eruviel Ávila. Otro primo de Peña en los círculos del poder.

 

*

Otros que se separaron de sus encargos desde el PRI son Alfredo Domínguez Rex, secretario de Desarrollo Metropolitano; los alcaldes Pablo Basáñez, David Sánchez Guevara, David Sánchez Isidoro y Olga Hernández, de Tlalnepantla, Naucalpan, Coacalco y Zinacantepec, respectivamente. Ninguno es recordable por su trabajo y han firmado desde hace mucho una hoja de servicios ennegrecida, intransparente. Faltan los anuncios de panistas y perredistas y la lista de los “nuevos” contendientes de Morena. Habrá muy pocos, tal vez uno o dos, que no estén en los encargos nada más para hacer negocios, obtener capital político, obedecer a sus jefes.

 

*

Es el peor momento para la política mexicana, evidenciada en todos sus niveles como una narcopolítica, entregada a la impunidad como una regla de usos y costumbres que no sólo desfalca sino que silencia matando. Nadie querrá votar y se prevé que la abstención campeará en el Estado de México, lo cual favorecerá al que tenga el voto duro, cooptado, obligado, de su lado. El PRI, pues. La simulación de la democracia en un país representado por los enfrentamientos de Apatzingán, la muerte cruda en Ayotzinapa y ejecuciones como las de Tlatlaya de todas maneras surtirá efecto. La ciudadanía, esta vez, se cuestiona seriamente la participación electoral y sabe que votar o no es lo mismo. Pero también entiende que esta democracia, aplicada desde el paroxismo de los cínicos, de la impunidad, no tiene sentido alguno. Ahora sí, nadie gana.

 

*

El caso de las ejecuciones de Tlatlaya, en el 2014, silenciados los detalles por Eruviel Ávila para la siguiente década, no ha terminado y al gobernador mexiquense le estallará durante el 2015 las irregularidades y encubrimientos, por decir lo menos, en los que participaron empleados de su gobierno. Todavía falta saber cómo actuaron los médicos forenses y los porqués de sus informes. Existen testimonios acerca de cómo fueron manipulados con el conocimiento del Ejecutivo estatal. También se debe aclarar otras dos versiones en torno a la masacre. Una, que se desprende de la fuga de dos personas de aquella bodega en San Pedro Limón y que incluía al líder del supuesto grupo de sicarios asesinado por el ejército. Ese líder, a quien se le llamaba “El Comandante” en la relatoría de hechos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, es todavía uno de los líderes narcotraficantes más buscados de la Tierra Caliente mexiquense. Escapó pisando rosas. Nadie lo detuvo. Hasta una camioneta lo esperaba para darse a la fuga tranquilamente, en las narices de los militares. Otra versión indica que los supuestos sicarios eran guerrilleros y que habían comprado armas a los soldados. ¿Quién es El Comandante? ¿Hay alguna relación entre Tlatlaya y Ayotzinapa?

 

*

El gobierno de Ávila deberá también responder por qué niega una alerta de género cuando los feminicidos en el Estado de México alcanzan 7 mil 745, “de los cuales el 95 por ciento permanecen impunes”, según Rodolfo Domínguez, abogado del (OCNF) Observatorio Nacional del Feminicidio. Los asesinatos de mujeres y los secuestros de niñas adolescentes son un fenómeno que ha llamado la atención en el extranjero y que identifica al valle de México y Ecatepec, concretamente, como uno de los municipios donde esos crímenes se practican en total impunidad.

 

*

El año que ya comenzó será menos que bueno. La ciudadanía, harta, entenderá que todavía lo peor está por venir. No habrá tal crecimiento económico o al menos la mayoría no participará de él ni tampoco se experimentará un cambio en la inseguridad. El narcotráfico no podrá detenerse sabiendo que representa el 33 por ciento de los ingresos mexicanos. El plan de gobierno del Grupo Atlacomulco funciona, a pesar de ellos mismos. ¿Llegará una paz impuesta, militarizada, que pondrá en su lugar a los que protestan y dejará al gobierno de Peña hacer sus cosas, sus negocios, sus números, lo que ellos llaman progreso?

Narcoestado

* – Entonces llegaron los helicópteros. Nadie llegó por la carretera. No hubo soldados ni vimos a nadie. Eran nada más los helicópteros, los que les dicen los G3.

Llegaron y los sobrevolaron, zopilotes de incomprensible tecnología, uno de ellos con una cruz negra cruzándole la entraña, como un espolón. Reunidos en ese círculo de basura los hombres observaron, petrificados, esa muerte voladora. No corrieron. Para qué. Los campesinos, mejor dicho uno de ellos, quiso ver. Allá lejos bajaron los brazos, agrupados. Otros los levantaron mientras el aire, el fantástico viento les volaba las gorras, les ametrallaba los rifles. Uno de los helicópteros, el de la cruz negra, abrió fuego, casi con desdén.

 

Miguel Alvarado

Polvo convertido en calle, la avenida gris transitada por taxistas escleróticos deteniéndose junto a cada gente, pedigüeños, para preguntar la hora, saludándose con afecto, compartiendo un cigarro, la hora equivocada para ir a comer.

Es el tiempo de la muerte por calor o por asfixia que proponen las bocas del volcán, donde vuelan los restos de los hombres desollados. Aquí caminan los que no tienen remedio, los que saben que van a morir o van a matar y los que van a morir sonríen transversales mientras en un puño sostienen los diarios o los restos de una medalla, un chocolate apenas mordisqueado.

Se observan desde lejos las víctimas, sus amantes sicarios antes de hacer contacto en las profundas superficies de los ojos. Calibran el aire y escuchan la puerta que se astilla, el agua y el vaso que la contiene y miden la distancia donde una mano y su torpeza la derraman. Afuera, por esa ventana del restorán pasa un hombre cargando un bulto, sube las escaleras, se detiene un momento midiendo el siguiente paso y retrocede.

Los ojos se afilan. Alguien saca el arma y dispara como vio que lo hacían en televisión. Le gusta el ruido, la explosión que siente su mano flaca que sacude y que lo obliga a dar un paso atrás, embarrándose de mierda en el movimiento que rasga la ceniza y el miedo

el polvo

lo absurdo

lo aburrido que resultará buscar para el Narcoestado en los archivos las fotos de un cuerpo, la boca abierta de la niña como si oliera

oliera ridículamente una flor.

 

Ellos ganan si me olvido de ti.

 

II

En México, país productor y exportador de droga, la simulación de la democracia incluye también la limpieza racial, la mutilación étnica por grupos paramilitares o escuadrones de la muerte, como ejemplifican los Guerreros Unidos, el minicártel del narcotráfico usado para masacrar a los normalistas de Ayotzinapa, Guerrero, pero también para enfrentar a la población mexicana, acuchillarla en una innecesaria guerra civil, escondida la responsabilidad del actual gobierno federal, el del mexiquense Enrique Peña Nieto, que ni siquiera puede responder cómo su esposa, la actriz de Televisa, Angélica Rivera, ha adquirido una casa valuada en 86 millones de pesos sin trabajar.

También se ha perdido de vista que los militares mandan. Que en México el poder político es una mascarada vuelto negocio que genera cientos de millones de dólares. Un teatro doloroso, una película snuff en cuyo reparto aparece el nombre de cada uno de los ciudadanos inscritos en listas nominales.

En Tlatlaya, Estado de México, 22 personas, la mayoría jóvenes de entre 15 y 23 años fueron ejecutados por el 102 batallón del ejército mexicano el 30 de junio del 2014. Según el dicho de esas fuerzas armadas, legalizadas, esos jóvenes eran sicarios, narcotraficantes  que se encontraban en una bodega. Otras versiones señalan que los jóvenes estaban relacionados con grupos de autodefensa guerrerense y que se preparaban para enfrentar desde sus comunidades a los comandos de narcotraficantes de la Tierra Caliente compartida por el Estado de México, Guerrero y Michoacán. Ellos necesitaban armas y ese batallón podría vendérselas, porque lo había hecho con otros grupos, incluidos los criminales que al mismo tiempo combatía, pero la madrugada pactada para la transacción algo salió mal y los jóvenes murieron allí. Una versión más apunta que ese grupo efectivamente era de narcotraficantes y que efectuaría la compra-venta de armas con el ejército. El informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos apunta que ese grupo de la bodega era liderado por dos hombres, mayores de 30 años, quienes consiguieron escapar de aquella matanza porque salieron con las manos en alto, pero una vez fuera, echaron a correr y a pesar de ser perseguidos por un militar armado, lograron llegar a una camioneta que los estaba esperando y en ella fugarse. El informe de la Comisión no proporciona los nombres de los implicados, a pesar de conocerlos, ni tampoco el del grupo delictivo involucrado pero uno de esos dos fugados, según la CNDH era llamado “Comandante”.

Esta tercera versión ubicaría al narcotraficante Johnny Hurtado Olascoaga, “El Mojarro”, líder de La Familia Michoacana en el sur mexiquense y uno de los principales infiltradores del batallón 102. Hurtado habría entregado a tres de sus hombres al ejército, porque trabajaban para los Guerreros Unidos dentro del Estado de México.

Los abusos del ejército, la “privación” ilegal de la vida, como calificó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a los homicidios del ejército, fueron certificados incluso con el horror que se esperaba en el relato, pero sirvió de puente que, días después, desembocó en la masacre de Iguala contra los estudiantes de Ayotzinapa.

El matiz cambió. El ejército, a pesar de sí mismo, de la desgracia de su inhumanidad, encontró en Tlatlaya un molde heroico, puro, ante la desinformación patológica, la escasa capacidad reflexiva en la sociedad que se polarizaba como si el tema abordara un partido de futbol. Pareciera que el principal exterminador de mexicanos, el ejército y el batallón 102, nunca hubiera sido infiltrado por cárteles como los de La Familia Michoacana y el sicario Johnny Hurtado Olascoaga, “El Mojarro”, un escurridizo narcotraficante de la Tierra Caliente que encabeza aún los restos de la organización fundada por Servando Gómez, “La Tuta”, usado para destazar Michoacán al frente de otro grupo paramilitar con actividad narcotraficante, Los Caballeros Templarios.

La corrupción del 102 está documentada. La protección del cártel de La Familia Michoacana está documentada, al igual que la inacción del 27 batallón en Iguala, al que el procurador general, Jesús Murillo Karam exculpó: qué hubiera pasado si el ejército hubiera actuado, diría como respuesta. Esos soldados se dedicaron a mirar y cuando todo concluyó, impidieron que los estudiantes sobrevivientes en Iguala recibieran atención médica.

En Tlatlaya, un día después de esa primera matanza, al gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila, se le fue la lengua. Primero felicitó a los responsables de aquel “operativo”. La fe ciega en quienes portan las armas, se enfundan el uniforme a sabiendas de las cadenas de mando. El gobernador mexiquense no es ignorante. Conoce a fondo los impedimentos que lo atan.

Mientras felicitaba por los asesinatos, al mismo tiempo su Procuraduría de Justicia mexiquense torturaba premeditadamente a las tres sobrevivientes de aquella masacre para cuadrar el trabajo de los militares. Luego, la investigación parcializada de la CNDH desviaba la culpa hacia los soldados rasos. No hubo uno solo mando importante castigado. La recomendación de la CNDH fue tomada por la administración de Ávila por el lado más cómodo. Según él, se indemnizará a las víctimas. Ávila supo desde el principio, así como sabe de la existencia de escuadrones de la muerte, de otro tipo, pero al fin y al cabo exterminadores, en el valle de México, concretamente en Ecatepec, que elevan al nivel de genocidio los asesinatos de mujeres y civiles en el municipio que él encabezó ya dos veces como presidente municipal. Ávila sabe que su Estado de México es una fosa mucho más pestilente, más dramática que las 200 halladas en los últimos años en Guerrero y que una guerra invisible se libra contra población indefensa. El Estado de México es el tercer lugar nacional de desapariciones con mil 554 casos reconocidos de manera oficial desde el 2011, pero las autoridades hacen lo imposible por silenciar las denuncias. Las cifras no oficiales rebasan cualquier aproximación y en esas desapariciones y asesinatos están inmiscuidos militares y policías. Al gobierno estatal se le avecina un escándalo de proporciones mayúsculas. La negativa de la Alerta de Género por parte de Ávila; la negativa para hablar sobre los feminicidios no es casualidad. Policías y mandos del Estado de México están implicados de manera directa.

A los cárteles de Guerreros Unidos y de los Templarios se les ubica como escuadrones de exterminio entrenados por la propia milicia. Usan el terror para ahuyentar a la población y tienen el apoyo de la autoridad civil. A esa autoridad civil, representada por ejemplo por Jesús Murillo, actual procurador general de Justicia de la PGR, le toca justificar la atrocidad de este Narcoestado militarizado.

Ahora el presidente mexicano Enrique Peña, llegado de una absurda vuelta por China y Australia, que lo ubicó en el centro de una pira en México, ésta sí, real, y que lo sigue calcinando, abusa de ese poder pero elige la frase más ominosa: “no dejaremos de agotar toda instancia de diálogo, acercamiento y de apertura para evitar el uso de la fuerza para restablecer el orden, es el último recurso, pero el Estado está legítimamente facultado para hacer uso del mismo cuando se ha agotado cualquier otro mecanismo para restablecer el orden”. Desde Cuautitlán Izcalli, el 18 de noviembre del 2014, arropado por acarreados mexiquenses, entre ellos el propio Ávila Villegas, Peña apuntaba que su esposa, Rivera, explicaría lo de la casa de 7 millones dólares para darle énfasis a lo que le importaba en realidad: que veía grupos que querían desestabilizar a su gobierno. No dijo cuáles. No dijo para qué. La advertencia estaba servida como un plato frío, antes de la gigantesca marcha del 20 de noviembre.

Peña, agente de ventas en el extranjero para sus reformas energéticas, verdadero motivo de la gira asiática, es un representante del absolutismo. Así ha gobernado al Edomex su grupo, el de Atlacomulco, acostumbrado a que nada se le ponga enfrente. Compartir el poder con los militares no es problema para ellos. La desaparición de los normalistas es una provocación de ese Narcoestado prohijado por los de Atlacomulco y sus ramificaciones, que incluye la bastardización de los partidos y el nacimiento de personajes como José Luis Abarca, por ejemplo.

Estas provocaciones tienen uno de sus orígenes en el Estado de México. El libro “Tierra Narca”, del periodista Francisco Cruz, ya lo hizo y narra cómo en la administración de Arturo Montiel (1999-2005). El sur mexiquense, el Triángulo de la Brecha se ha construido cadáver sobre cadáver y poco a poco transformó ese entorno, formado por microscópicos municipios, en un principado con leyes propias, gobiernos intestinos y territorios ampliados, siempre en disputa que alcanzaron su zona de influencia incluso hasta Iguala y absorbió todo el estado de Morelos. Ese mismo gabinete, que ayudó a Montiel y a Peña a administrar esa Tierra Narca, es el mismo que habita Los Pinos.

Las autoridades civiles serían rebasadas de inmediato, apenas caricaturas de un poder público menoscabado y si alguien quería tener control sobre el narcotráfico debía tener poder armado. Nadie, ni la policía, lo tenían. Sólo el ejército, las fuerzas armadas. El pacto importante era con ellos. Los capos, en un principio figuras temidas pero también emanadas del pueblo, identificados con esa “plebe” que señala tan didácticamente Paulina Peña, una de las hijas del presidente mexicano, pronto sucumbirían. No serían más que operadores con salarios inmensurables, enjabonados, perfumados en sangre pero prescindibles. Las fuerzas armadas siempre los consintieron. Siempre hubo un límite invisible. Después, la muerte.

La desaparición de los normalistas, el 26 de septiembre del 2014, expuso un grado de descomposición inimaginable en el país. Los políticos fueron relegados por la sociedad pero ésta, obligada a salir a la calle y bajo la amenaza desde la presidencia, que prevé desde ya el diálogo agotado, no tiene defensa.

Está expuesta.

En la calle.

 

III

El Tribunal Permanente de los Pueblos documenta en México, desde 1988, una creciente criminalización contra la sociedad mexicana desde el Estado hasta la fecha. Este Tribunal, integrado por el obispo de Saltillo, Raúl Vera; el magistrado francés Philippe Texier; el economista alemán Elmar Altvater; la periodista Luciana Castellina; la sobreviviente a la dictadura argentina de los años setenta, Graciela Daleo; la escritora tica Graciela Daleo; el investigador argentino Daniel Feierstein; el investigador español Juan Hernández Zubizarreta; el médico español Carlos Martín Beristain; el abogado español Antoni Pigrau Solé; la activista mexicana Silvia Rodríguez y el procurador italiano Nello Rossi, concluye que México es un abastecedor que no puede fallar al mercado norteamericano y europeo y eso incluye el ámbito de las drogas y los recursos energéticos y naturales. Así, “Resulta simbólico en este contexto, la desaparición del ejido expresamente pedida por el TLCAN aun antes de su discusión y aprobación; y de la sustracción de los derechos de los pueblos indígenas a la tierra comunal. De este modo se abre la puerta a la pérdida del uso colectivo de la tierra, principio y base fundamental de la organización social de México”.

Pero esa descomposición de la base fundamental social tiene números: tres de cuatro trabajadores son informales en el país; 40 mil millones de dólares son producto de actividades relacionadas con el narcotráfico; 22 mil millones de dólares son producto de remesas enviadas por migrantes y combinadas alcanza el 40 por ciento del PIB. Según el estudio, la riqueza en México está directamente relacionada con el sufrimiento del pueblo y con la eliminación de los “perdedores”. El desarme del Estado mexicano ante las trasnacionales significa también la cancelación de la identidad, la pérdida de la soberanía y las legitimidades. “El vaciamiento del Estado está siendo llevado hasta el límite por el gobierno de Peña Nieto que por entrega, omisión o impotencia va renunciando a la soberanía en todos los ámbitos”, dice el texto.

El miedo es la principal arma del Estado contra su propia sociedad. La desarticula y desde allí la desanima. El estudio apunta 37 mil ejecuciones extrajudiciales en la administración del expresidente panista Felipe Calderón, pero también documenta el exterminio:

“En las Audiencias se han recordado, entre otros, los casos de la masacres de Ocosingo, San Cristóbal y Chicomuselo Chiapas (durante enero de 1994 y en 1995), la masacre de Aguas Blancas, en Guerrero (28 de junio de 1995), la masacre de Acteal, Chiapas (22 de diciembre de 1997), la masacre del Charco, Guerrero (7 de junio de 1998), la masacre del Bosque en Chiapas (10 de junio de 1998).

“Otros ataques contra grupos se han dado a lo largo del tiempo mostrando una línea de continuidad, como, entre otros, la represión y los asesinatos de Atenco (2001 y 2006), la represión y al movimiento magisterial en Oaxaca y la posterior represión al movimiento popular de Oaxaca con más de 20 asesinatos (a lo largo de 2006), la represión contra las comunidades indígenas de Cherán y Ostula, Michoacán, con más de 10 asesinados (entre 2011 y 2012), así como la represión a la lucha contra minera canadiense, San José del Progreso, Oaxaca con dos asesinados y varios heridos (durante 2012).

“Otras masacres no parecen tener una autoría estatal inmediata, como las de 72 migrantes centroamericanos y sudamericanos que fueron ejecutados en el municipio de San Fernando, Tamaulipas (2010); o el caso de los 49 cadáveres decapitados y mutilados, abandonados en una carretera que conecta Monterrey con la frontera de Estados Unidos (2012); o los 18 cuerpos encontrados en una zona turística cerca de Guadalajara (2012); o los 23 cadáveres que aparecieron decapitados o colgados de un puente en la ciudad fronteriza de Nuevo Laredo (2012), entre otros hechos similares.

“Sí tiene una autoría estatal, más recientemente. La masacre en la comunidad rural de San Pedro Limón, en el municipio de Tlatlaya, Estado de México, en que fueron asesinados 22 personas el 30 de junio de este mismo año 2014”.

 

IV

Es abril, tiempo de siembra y ya son las cinco, apenas momento de levantarse, otear para saber si hay calor y comerse algo. Hoy se siembra y mañana habrá boda, se casan los novios y la fiesta será esa extensión de la tierra que atraerá a los lejanos devolviéndolos por algunas horas a este verde desierto.

El tiempo aquí se mide con otros relojes. Ya se sabe que para llegar a las lomas de este día hay que pasar por donde está la virgen. Los campesinos salen de Zacazonapan y toman el camino a San Martín, que también se llama Otzoloapan y allí donde uno empieza a subir y puede voltear, ve a Zacazonapan extendido como una cazuela. Bueno, allí está la señora y allí se llama La Virgencita. Allí se detiene uno y camina rumbo al monte, saliéndose del camino.

Esa señora es una estatua y a veces le llevan flores o los que pasan le ponen algo, pero siempre tiene un obsequio para que sepa que se acuerdan de ella. También hay un basurero, no allí mismo, pero cerca, porque crecen como enraizados al pueblo, como sucede con los lugares enclavados en esos climas casi selváticos, como los de Cocula, en Iguala o en Luvianos o en Tlatlaya. Porque dónde se tira la basura. Ellos, los que llegaron, ellos tiran la basura donde ponen sus campamentos. Por eso, cuando no se ven, se busca la basura y se sabe que andan cerca.

El tiempo corre y los que siembran y los que viven en el pueblo ya terminaron por acostumbrarse a la presencia de los extraños, que un día aparecieron y así nada más, con un grito, porque así fue -con un grito- sometieron a los policías municipales y a sus débiles autoridades.

– Vas y te paras y les gritas. Y se te doblan. Y ellos llegaron gritando y armados. Sucios, malencarados, como salidos del suelo, trepados en camionetas -dicen los que los vieron entrar a Zacazonapan, Luvianos, Bejucos, San Martín, Tlatlaya.

Como salidos de las raíces.

– No eran de aquí pero tampoco eran de tan lejos, como de Morelos o de Guerrero. Acá de Huetamo. Sólo los mandos tenían acentos del norte. Y en una región como la de Tierra Caliente todo está conectado. Iguala, por ejemplo. Ayotzinapa. Los batallones del ejército, por ejemplo. El 102 y el 27.

Ese abril del 2014 los campesinos de Zacazonapan sembraban las lomas, suaves ondulaciones sobre aquella virgen cuidadora de caminos que hasta el momento no había evitado enfrentamientos anteriores y matanzas entre sicarios y militares. O entre sicarios nada más, porque pronto los pobladores aprendieron que narcotraficantes, policías, autoridades y militares estaban en el mismo bando y ese lado no era el suyo. Daba lo mismo que estuvieran los Zetas, La Familia, los Pelones, últimamente los Templarios y por fin Guerreros Unidos.

– Entonces llegaron, no recordamos cuándo y con un grito tomaron el control de la policía. Luego lo mismo hicieron con los alcaldes y comenzaron a cobrar protección, cuotas. Casi siempre se podía pagar, aunque a veces no. El negocio no era ése, y había otras gentes que pensábamos al principio que venían por la mina de oro que hay en Zacazonapan. Pero tampoco era por eso.

Los nuevos administradores, narcos de La Familia, enseñaron una nueva forma de vida. Implantaron poco a poco un terror sistemático al que, de manera natural, aquella región se adaptó. Tanto, que de pronto la gente se encontraba saludando a aquellos que vivían en campamentos, en las zonas cercanas a los pueblos y que sólo acudían a ellos para comprar cosas o para asuntos que, luego se enteraban, tenía que ver con muertos como nunca antes se había visto.

Porque muertos ya había. Y se mataban y todo, pero no así.

Y esos de La Familia se hicieron llamar “las verdaderas autoridades”.

También se acostumbraron a las bases militares, a un cuartel militar en Luvianos y a la presencia de helicópteros de alta tecnología, que en aquella región del Estado de México los identificaban como G3, que llegaron hace dos años, cuando mucho. Los Black Hawk, famosos en México por una película, “La Caída del Halcón Negro”, que relata una ficticia batalla en la ciudad de Mogadisio, Somalia, entre marines y rangers norteamericanos y habitantes.

Las brechas como de fuego de la Tierra Caliente son laberinto. Los zopilotes se posan sobre los cadáveres de los animales y los desojan todo el día. Los hemos visto. Los hemos apedreado pero no se inmutan. Los huesos blanqueados por el sol y luego por las lluvias se quedan allí hasta hacerse polvo, algo como ceniza mientras los buitres vuelan buscando más cuerpos, la rapiña que los mantiene en el aire. Hace calor y hay días en que hay un zumbido que no es el viento. Disparos. Ni truenos.

Ellos, los que llegaron, tiran la basura donde ponen sus campamentos. Por eso, cuando no se ven, se busca la basura y se sabe que andan cerca. O se busca a los zopilotes. Porque abajo hay basura.

 

V

– Eran sucios, muy cochinos. Siempre había un tiradero en los parajes donde tenían estacionadas sus trocas, como en círculos. Latas de comida, bolsas de plástico, botellas, todo un basural y ni modo de decirles algo. Luego nos volteaban a ver.

– Buenos días.

– Buenos.

Y ya. Todo seguía. Uno pagaba o se iba o se moría. Y ellos cobraban y se mataban o se iban. Y los guachos a’i andaban, iban a Huetamo en Michoacán y se daban sus vueltas por Tejupilco y por Valle de Bravo y nomás veían y se estaban quietos. Los guachos volaban su helicóptero, su G3. A ése todos le tenían miedo, pero no miedo, sino terror porque ya sabían que su vuelo era nada más para matar y nunca fallaba.

Para marzo del 2014 ya se habían registrado tres enfrentamientos en la zona de Zacazonapan. Pero todos habían sido escaramuzas comparadas con las verdaderas matanzas, ocurridas los dos años anteriores. Una, la del paraje de La Estancia en Luvianos, entre La Familia Michoacana y Caballeros Templarios, dejó 32 muertos. Otros dos, en el paraje de Caja de Agua, al menos 50 muertos cada uno. Ése era el saldo hasta diciembre del 2013, aunque no se acepta oficialmente desde la milicia ni desde el gobierno del Estado de México. Tampoco es que sean 50 muertos por batalla. Es apenas el cálculo de los habitantes.

Ese 25 de abril del 2014 el tiempo se medía de manera distinta. Al mediodía, un poco antes, los campesinos se tomaron un respiro. Llegados a las lomas, el silencio los sumergió en la contemplación monosilábica. “Ya vámonos”, dijo uno. Pero aquello llegó tarde o la frase y la mirada lejana fueron sólo una manera de pasar aquellos minutos para entender que no debían moverse, que la hora y el sitio no estaban equivocados.

Recordaron que esa mañana La Virgencita no les ofreció ni la pétrea sombra de una nube. Que antes de llegar pasaron el campamento aquel de los fuereños, con sus latas y su basura, ubicado también en una de las lomas, descubierto, sin árboles que lo rodeara, pero más abajo.

– Buenas.

– Buenas. Y oiga, véndannos agua. No queremos ir a Zacazonapan. A’i luego nos ponemos de acuerdo.

Que pasada del guaje al bote, derramados algunos litros, esa agua sería la última para aquellos forasteros siempre a las vivas, de ojos enrojecidos, de ojos hasta en las espaldas, de corazón escondido, de trabajos imperdonables.

A ellos, a los de bajo, el zumbido les llegó tarde. Los primeros en oírlo fueron los campesinos, que buscaron un resquicio donde agacharse, apenas el pecho a tierra. Pero abajo no se dieron cuenta de lo que se les venía encima sino hasta que fue demasiado tarde. Y es que se saludaban todos los días pero también les cobraban y a veces les metían el miedo. Y nadie les avisó.

O más bien les avisó un zumbido.

 

VI

– Entonces llegaron los helicópteros. Nadie llegó por la carretera. No hubo soldados ni vimos a nadie. Eran nada más los helicópteros, los que les dicen los G3.

Llegaron y los sobrevolaron, zopilotes de incomprensible tecnología, uno de ellos con una cruz negra cruzándole la entraña, como un espolón. Reunidos en ese círculo de basura los hombres observaron, petrificados, esa muerte voladora. No corrieron. Para qué. Los campesinos, mejor dicho uno de ellos, quiso ver. Allá lejos bajaron los brazos, agrupados. Otros los levantaron mientras el aire, el fantástico viento les volaba las gorras, les ametrallaba los rifles.

Uno de los helicópteros, el de la cruz negra, abrió fuego, casi con desdén.

Ni siquiera la muerte sobreviene tan silenciosa.

Casi 30 personas cayeron al mismo tiempo en ese silencio ametrallado. Eso lo dice un hombre asustado que mira al piso cuando lo narra y no sabe pero tampoco importa.

Y entonces cuántos son demasiados.

Tres minutos, casi menos, duró aquella batalla. Nadie disparó de regreso. Correr para qué. El helicóptero se replegó una vez confirmada la inacción de los cuerpos, diría el lenguaje de la CNDH si tuviera conocimiento. Luego, otro helicóptero se detuvo en aquel soplo siniestro y aterrizó para llevarse los cuerpos en varios viajes.

– Y yo me pregunto si esos que no tiraban la basura en su lugar serán algunos de los que aparecieron en las fosas, ahora con lo de Guerrero.

Al otro día fue la boda, porque lo prometido en Tierra Caliente debe cumplirse a pesar de los Black Hawk.

El lunes, puntualmente, otros forasteros, igual de sucios y con la mirada perdida pero los ojos en las espaldas pasaron a cobrar las cuotas habituales.

 

VII

“El 20 de noviembre del 2014, Enrique Peña nombró general de división a Alejandro Saavedra Hernández, comandante de la 35 Zona Militar de Chilpancigo, responsable del 27 Batallón de Infantería, al que normalistas de Ayotzinapa acusan de haberlos detenido y vejado cuando intentaban ir en auxilio de sus compañeros ahora desaparecidos, la noche del 27 de septiembre pasado”, dice el semanario Proceso.

El Barco Ebrio

*

La tragedia de Ayotzinapa es el reflejo del Grupo Atlacomulco. La ambición del poder, el absurdo del dinero, de la estulticia, de la ignorancia que hace alarde de esta supuesta clase política, de esta raza sub humana que hace que gobierna, que no tiene ningún empacho en matar para obtener lo que necesita y mantener sus cotos los ha llevado a este punto. Ha repartido mierda. Come mierda, nos hace comer mierda y le importa un cacahuate. Le tiene sin cuidado. Ha enlutado. Nos ha enlutado. Nos ha cortado las manos. Nos ha quitado nuestro país. A nuestros hijos, a nuestras esposas, a nuestros hermanos, a nuestros maestros.

Felicidades, estúpidos.

 

*

Los estudiantes y los sectores sociales salen a las calles y protestan. Pero no es sólo Ayotzinapa. El Estado de México es el modelo al que puede recurrirse para ver cuál es el futuro del país porque, aunque parezca increíble, México tiene un futuro, y no es nada, pero nada brillante. Atenco, aquel San Salvador apabullado es uno de esos ejemplos.

 

*

En México manda quienes tienen las armas. No hay otra explicación para el baño de sangre permanente que vive el país y su población civil, la mayoría inocente, trabajadora, atrapada en decisiones sin sentido, amenazada, esclavizada. Los políticos, controlados por el poder del fuego, no pudieron ni quisieron ejercer sus obligaciones. Ahora, dominados, son vomitados por el resto de la sociedad que sin embargo está a merced de las fuerzas armadas. Son ellas las que controlan los procesos del narcotráfico y dictaminan las leyes fundamentales que determinan el ensamble profundo de la sociedad, la relación final con el eslabón internacional, el tráfico de la droga y el innegable sostén que significa con la parte norteamericana, por ejemplo.

Entonces, es una dictadura pero no es blanda. Es una simulación, pero no es política.

Es militar.

Es armada.

 

*

Tlatlaya es un tema muy delicado que todavía tiene tela de donde cortar. Es tan grave que puede ser el Erugate del señor gobernador del Estado de México aunque sabemos que en México nunca nada es demasiado monstruoso si se es lo suficientemente poderoso. Si el poder Ejecutivo conocía de antemano las torturas perpetradas por la Procuraduría a las testigos sobrevivientes de San Pedro Limón en Tlatlaya y las encubrió…

 

*

Mientras tanto, el señor doctor nacido en Ecatepec se pasea por los foros de Televisa Producciones, concretamente en el programa “Está Cañón”, del intelectual de izquierda, el licenciado Jordy Rosado, autor del libro “Quiúbole con…”, con ventas por más de 2 millones d ejemplares, según la insigne Wikipedia. Este mago del marketing logró lo que ningún reportero de Toluca o del Edomex con el doctor Ávila: una entrevista en serio o, mejor dicho: en grande. Allí el doctor del sangrante municipio de Ecatepec expuso el 5 de noviembre del 2014 en Unicable su filosofía cotidiana con Jordy, hábil surfista que no toca ni por asomo las autopistas del feminicidio o los yermos de Tlatlaya y observa escrupuloso las condiciones de los contratos prepagados con la tienda de Emilio. Hooola, Emilio.

– Porque tengo que decírtelo, Eruviel, lo hemos platicado mucho tú y yo: ¿puedes tomarte un domingo como cualquiera, ir al cine, echarte un cafecito, no sé? – le decía el chico Rosado, de 43 años, palabras más, palabras, menos al chico Ávila, a la sazón gobernador mexiquense.

– Mira, Jordi –reviraba buena onda el chico mexiquense, palabras más, palabras menos, mientras se frotaba las manos y ejecutaba una mirada de estadista, que incluía abrir los ojos con la desmesura de un hombre al borde una crisis de credibilidad ante el espejo- mira Jordi, yo… yoooo… yo tengo una filosofía –palabras más, palabras menos- y es que si un día de trabajo no consigo algo realmente trascendente, significativo, algo que realmente ayude a la ciudadanía, no duermo –palabras más, palabras menos- en serio, Jordy, no duermo.

Ups. Ups.

 

*

En otros temas de insomnio minúsculo, el ex gobernador mexiquense, Arturo Montiel Rojas, amantísimo tío del presidente Enrique Peña, tiene una orden de aprehensión “internacional”, luego de que su ex esposa, la francesa Maude Versini, lo demandara por la sustracción de sus hijos. La justicia de aquel país difundió aquella orden a través de la Interpol y acusó al gobierno del Estado de México, el de Eruviel Ávila, de no ejecutar la orden de arresto, porque esa orden fue emitida el 20 de junio pasado. Y pues bueno. Pobre Maude, pero ella lo sabía.

 

*

Un libro de verdad, el del periodista Francisco Cruz, Los Juniors del Poder, editado por Planeta, apenas salido a la luz hace un mes, alcanzó ya su segunda reimpresión. Todo un éxito de ventas, es además una radiografía esencial para entender las heredades del poder, de dónde viene y quiénes son los próximos dinosaurios, con posibilidades reales, que sustituirán a los actuales en los cargos públicos y círculos privados. En un país que no lee pero que parece despertar, una segunda reimpresión en menos de un mes algo significa. Felicitaciones.

El Barco Ebrio

*

El diputado perredista Octavio Martínez no tiene idea todavía de lo que ha destapado el hallazgo de cuerpos humanos en el río de Los Remedios, donde había 21 cuerpos, 16 de ellos de mujeres, diría después la también diputada local perredista, Ana Yurixi Leyva. Pero si Martínez tiene idea, deberá entender que las muertes de aquellas mujeres están relacionadas con el narcotráfico en una zona, Ecatepec, donde aquella actividad –qué raro- está protegida por autoridades policiacas y locales. La tierra del actual gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila, es ahora un cementerio de aguas negras donde apenas se “descubre” la cantidad de mujeres asesinadas. El narcotráfico, los gobiernos y las policías actúan de la mano, coordinadas y el Estado de México no es la excepción, con sus 922 casos de feminicidio.

 

*

El diputado Octavio Martínez ha tratado lo mejor posible ese caso, al darlo a conocer a la opinión pública. De todas maneras se sabe en los pasillos del Congreso estatal que habría recibido amenazas intimidatorias. Muy grave, pues. Lo que sí recibió fue un “regaño” por parte de la Procuraduría estatal, que lo reconvino por las denuncias que realizó. La PGJEM primero lo llamó irresponsable; después el secretario de Gobierno, José Manzur, señaló que los restos hallado eran de animales y después que el dragado de aquel río, el de Los Remedios, era parte de un programa de limpieza y no la orden de un juez que buscaba los cuerpos de jovencitas asesinadas por una banda de narcomenudistas. Octavio Martínez es toda una figura en Ecatepec, donde será postulado por el PRD para la alcaldía local. Pero si Martínez es conocido, lo es más el abogado Carlos Mata, defensor de uno de los asesinos ya presos. Los relatos que ha contado sobre el salvajismo de los adolescentes criminales eriza la piel. Mata está dispuesto a contar las historias porque sabe lo que significan. Defiende casos indefendibles pero al hacerlo pone al descubierto una de las escenas más podridas de la sociedad mexiquense.

 

*

Uno que no conoce los límites y que sostiene que el mundo es de los aventados es el tío de sangre del presidente, Enrique Peña, el exgobernador mexiquense Arturo Montiel Rojas, quien ya hace  campaña interna para conseguir una diputación federal plurinominal. Dicen los que saben que habla y mucho con el presidente nacional del PRI, otro exgobernador mexiquense, César Camacho Quiroz, a quien le pide de todas las maneras, todas amables, claro, que le eche la mano para que se le haga un lugarcito en aquella selecta lista tricolor, que tiene como misión seguir administrando la parte de miseria mexicana que le corresponde.

 

*

Montiel se placea, él solito, por algunos sitios públicos como el estadio de futbol de La Bombonera, donde se tomó “la foto p’al Face” con algunos aficionados y admiradores. También acude a eventos públicos y se sienta en presídiums todavía muy discretos. Pero sabe que tiene las canicas en la bolsa. Fue aplaudido a rabiar por unos cinco minutos en una de las despedidas de Peña, en el teatro Morelos, en el 2011, por ejemplo. Él hizo a Peña, aunque no le quedó tan bien. Y si no, al menos se lo presentó a Carlos Salinas.

 

*

La aspiración de Montiel es legal, pero nada más, y llega en el momento más inoportuno para su partido. César Camacho, ahogado en una de las crisis de credibilidad más severas del tricolor y donde el tema de Ayotzinapa amenaza con quitarle lo obtenido con Peña, declara el 22 de octubre desde su trinchera que va con todo contra la corrupción, que se compromete con la legalidad, la transparencia y la rendición de cuentas. Estos políticos son un espectáculo circense. Payasos, sí, pero ensangrentados.

 

*

Desde Zitácuaro, Michoacán, reportan la desaparición de niños, secuestrados la mayoría por un grupo de personas disfrazadas de payasos y que viajan en una camioneta blanca. Llegan a las escuelas, los atraen y se los llevan. Hace una semana hicieron esa operación en un centro escolar pero los padres pudieron rescatar a los niños, no a todos. Días después, en una presa cercana a esa cabecera municipal, aparecieron 20 de ellos muertos, abiertos desde la garganta hasta el abdomen, abiertos quirúrgicamente.

 

*

A los cuerpos los rellenaron con dinero, dicen que no más de 5 mil pesos y una nota que dice “gracias por la donación”. Los padres y la ciudadanía afirma que en los casos están involucrados trabajadores de Protección Civil y empleados del ayuntamiento. El alcalde de Zitácuaro, Juan Carlos Campos Ponce, niega todo, incluso las muertes. Zitácuaro es una frontera michoacana con el Estado de México, a una hora y media de Toluca, la capital mexiquense.

 

*

Los niños o jóvenes asesinados para extraerles los órganos no aparecen solamente en Zitácuaro. Es un caso que tiene algunos meses en la comunidad de San Pablo Autopan, donde se afirma que hay al menos 20 muchachos desaparecidos y cuatro, al menos, encontrados muertos con dinero en su cuerpo y la consabida nota de agradecimiento.

 

*

Luego de Tlatlaya, Ayotzinapa y las muertas de Los Remedios, resulta una frivolidad la preparación de las elecciones del 2015, donde ya todos los partidos han elegido a sus candidatos. Así, los frívolos aspirantes comienzan el juego de siempre. Aparecen en tele, en radio, en redes sociales todos bien vestidos y trajeados o haciendo una labor de suma importancia. Las palabras, las mismas, las frases y las promesas, las mismas. Las caras y los apellidos, los mismos. Lo que ha cambiado es el electorado, que se le percibe golpeado, harto, dolorido, manchado de sangre, hambriento. ¿De qué tamaño es por ejemplo, la fosa líquida de Los Remedios? ¿O río Lerma y su Verdiguel hipercontaminado? ¿Cuántos narcofosas hay en el sur mexiquense, en Luvianos o Amatepec, por ejemplo?

 

*

Al gobernador Eruviel Ávila se le perfila como aspirante a la presidencia de México. En otra frivolidad de la política, pero ésta grave porque se impulsa a un hombre chato, gris, sin decisiones propias, pero sobre todo ajeno a la ciudadanía. Hace mucho que se sabe que cualquiera puede ser presidente de México, como los ejemplos últimos pero también la historia nos lo recuerda, pero uno más egresado de la escuela peñista terminará de partir, desintegrar al país. Nadie necesita en el poder a Eruviel Ávila, pero tampoco a la gran mayoría política de cualquier partido.

Narcotrama

* La detención de Mario Casarrubias Salgado en el 2014 supuso para “Guerreros Unidos” un reacomodo en su organigrama. Casarrubias, alias “El Sapo Guapo”, trabajaba junto con sus hermanos Ángel, Sidronio y Adrián, quienes controlaban el narcomenudeo en puntos estratégicos de Guerrero. En Iguala, por ejemplo. Allí, pandilleros llamado “Los Peques” tenían ese encargo. Otras pandillas hacían lo mismo, como “Los Tilos”. Según informes policiacos, a uno de los hermanos Casarrubias Salgado le apodan “Chucky” o “Chino”, no se sabe a cuál.

 

Miguel Alvarado

I

“En el Edomex hay cosas más importantes que atender” (que investigar feminicidios), contestó el gobernador Eruviel Ávila a afectados y manifestantes que le preguntaron cuándo.

Cuándo es, después de todo, una palabra peligrosa.

La tarde del 13 de octubre del 2014 el diputado local mexiquense, el perredista Octavio Martínez denunciaba que en el río de Los Remedios o canal de La Compañía, dragado por un mandato judicial de la Procuraduría estatal, se hallaban los cuerpos de 21 personas, 16 de ellos de mujeres. Minutos después, el secretario de Gobierno estatal, José Manzur, desmentía a Martínez, presidente de la Comisión de Seguridad Pública en la LVIII Legislatura. “Son restos de animales”, dijo el funcionario, muy seguro, casi seco, con un desdén profesional ensayado desde que era agente del ministerio público en Tejupilco, hace unas decenas de años.

Al otro día Martínez respondía al gobierno del Estado de México y anunciaba la intención de crear de una comisión de seguridad que integrara a la ONU junto con un dictamen pericial desincorporado del gobierno estatal sobre los restos humanos hallados. Pero no eran 21 los cuerpos. Según la organización civil Solidaridad por las Familias, representada por David Mancera, los cadáveres son 46. Lo que sí contó la PGJEM fueron los huesos, 6 mil 962, milimétricamente clasificados, ordenados y embolsados, listos para su estudio o análisis que, en un lugar como el Estado de México, puede demorar sexenios. El dragado del canal fue, casi, una casualidad, ordenado después de la detención de un militar acusado de asesinato, “El Mili”, y que había arrojado dos cuerpos al río.

Feminicidios y desapariciones en el Estado de México están relacionados pero las investigaciones no arrojan ninguna luz. Martínez cree que en Ecatepec, tierra de Eruviel Ávila y Tecámac, tierra de Aarón Urbina, presidente de la Junta de Coordinación Política en la Cámara local y aspirante a la gubernatura del Edomex, se cometieron 16 feminicidios que corresponderían a los cuerpos hallados.

El canal de La Compañía es una fosa común y nadie, antes, se había tomado la molestia de dragarlo porque se sabe de antemano lo que va a encontrarse. Ese panteón supera en todo a la tragedia de Guerrero y sus 38 fosas y 200 cadáveres, descubiertos con horror y paciencia, pero a fuerza, desde el 2005.

El periodista Enrique Gómez pone algunos números respecto a las desapariciones reportadas de manera oficial en el Estado de México, obtenidos de la propia Procuraduría estatal.

En el 2011 hay mil 250 casos, en el 2012, mil 554 y en el 2013 mil 527. Estos tres años representan la administración de Eruviel Ávila, un hombre que usa el eslogan “En Grande” para promocionar su actividad pública. En total, los tres años de Ávila reportan 4 mil 331 desaparecidos, además de los 922 casos de feminicidios, herencia de la administración peñista, del 2005 al 2011.

 

II

Toluca, la capital política del Grupo Atlacomulco, desarrolla sus actividades en la apariencia de lo próspero, lo tranquilo. Pero la ciudad esconde un infierno similar al de otras ciudades. Gobiernos corrompidos por el narco, secuestros, asesinatos, robos, se desarrollan a la sombra de la vida cotidiana y en algunos casos la suplantan.

Hace años se gesta el cambio violento. En el 2007 la ciudad era quinto lugar nacional en delitos no denunciados de manera oficial y para inicios del 2014 la entidad era la que más secuestros registraba, con 537. Hoy es segundo lugar estatal, sólo por debajo de Ecatepec, que por su parte es segundo lugar nacional, después de Acapulco.

Para el actual cuerpo edilicio, encabezado por la alcaldesa priista Martha Hilda González, la inseguridad es una cuestión de percepción y crímenes y ejecuciones sólo suceden en municipios alejados, casi fuera del mapa, como Tlatlaya y sus 22 muertos, “ejecutados por tres soldados”, según otra percepción, la de la PGR.

La segunda semana de octubre del 2014 el ayuntamiento de Toluca rindió homenaje al Ejército mexicano anclado en la 22 Zona Militar y del cual depende el Batallón 102 estacionado en San Miguel Ixtapan, en Tejupilco. Ese batallón participó en la matanza de Tlatlaya, el 30 de junio del 2014.

A las autoridades municipales se les pasó por alto aquel detalle y con finura premiaron a los soldados por la implementación de 95 comedores comunitarios en Toluca. El reconocimiento lo recibió el nuevo encargado de la Zona Militar, el general de Brigada José Ricardo Bárcenas Rosiles, en sustitución del general José Luis Sánchez León, responsable, entre otras unidades, del cuestionado 102. Bárcenas fue declarado visitante distinguido de la ciudad.

¿Cuál es el mensaje?

 

III

El batallón 102 anclado en Tejupilco había sido infiltrado por el narcotráfico. Johny Hurtado Olascoaga, “El Mojarro”, de La Familia, logró pagar un equipo de 52 soldados que le informaban sobre movimientos de las tropas. Ese batallón también fue involucrado en otras irregularidades, incluida la de Tlatlaya. Allí, el 30 de junio del 2014, la versión que avaló, aplaudió, festinó y divulgó públicamente el gobernador Eruviel Ávila señala que los soldados se enfrentaron en un  tiroteo a 22 narcotraficantes, relacionados en ese momento con los Guerreros Unidos, abatiéndolos a todos. Liberó a tres mujeres, secuestradas, y un militar fue herido en el combate. Luego se supo otra cosa.

 

IV

El batallón 27, con sede en Iguala fue involucrado en el ataque a los normalistas por un testigo, Omar, estudiante de primer semestre en Ayotzinapa. Su versión es clara. Los militares se limitaron a ver cómo el grupo armado atacaba el camión de un equipo de futbol profesional, Avispones, donde murió baleado un jugador. Los militares no ayudaron a ningún herido. Antes les tomaron fotografías a estudiantes caídos y algunos que se quedaron a ayudar a sus compañeros. Los militares fueron custodios de la escena pero no movieron un dedo. “Cuando llegamos a las inmediaciones de la plaza, huyendo de los balazos, el ejército ya estaba patrullando. Nos jalan y nos retienen. Nos decían: ‘Cállense, cállense, ustedes se lo buscaron. Quería ponerse con hombrecitos, pues ahora éntrenle, éntrenle y aguántense’”, dice la versión del estudiante.

 

V

La muerte de Benjamín Mondragón, “El Benjamón”, uno de los líderes de los Guerreros Unidos, supone que se llevó con él los secretos de lo sucedido con los normalistas desaparecidos. Salido de la nada en el 2011 para morir de inmediato, Benjamín Mondragón se batió a tiros hasta la muerte,  a las dos de la mañana del 14 de octubre, en una colonia de Cuernavaca, en Morelos, cuando la policía federal lo cercó junto con sus acompañantes. “A’í se ven”, dicen que dijo el narcotraficante antes de suicidarse, cuando vio que su batalla estaba perdida. Se le liga con la muerte del hijo del escritor Javier Sicilia. Todo, según la policía federal. Guerreros Unidos fue fundado por El “Tilde”, Clotilde Toribio Rentería, capturado en el 2012. Fue liderado por Mario Casarrubias, también detenido en el 2014. Después asumió como cabeza Salomón Pineda Villa, hermano María de los Ángeles Pineda Villa, esposa de José Luis Abarca, alcalde de Iguala. Salomón también fue capturado.

Actualmente la Federación asume que lo dirige un hombre apodado “El Chucky”. En la pequeña Cuernavaca se asegura que uno de los cabecillas es Federico Figueroa, hermano del cantante Joan Sebastian y primos del ex gobernador de Guerrero, Rubén Figueroa.

Pero Mondragón militaba en el narcotráfico al menos desde el 2010, cuando fue señalado por grupos rivales de robar armas, traficar droga y autopartes y pertenecer a grupos de Édgar Villarreal, “La Barbie”. El núcleo de Mondragón estaba relacionado también con autoridades policiacas de Cuernavaca.

 

VI

La Tierra Caliente es zona guerrillera y algunos creen observar ese factor en los hechos de Iguala. De cualquier manera, algunos grupos han declarado públicamente. El Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente, ERPI, llama a crear una Brigada Popular de Ajusticiamiento 26 de Septiembre para combatir a los Guerreros Unidos, al Estado corrupto y hace cómplice a Nueva Izquierda, del PRD, de los narcos.

El Ejército Popular Revolucionario calificó el levantamiento de estudiantes como un crimen de Estado y afirma que los jóvenes son torturados en campos militares o paramilitares de Guerrero.

Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Liberación del Pueblo, FAR-LP, en el 2013 denunciaron represión federal a activistas sociales relacionados con grupos de autodefensa en Guerrero y catalogaron como objetico militar a cualquier empresa extranjera que se instale en México derivado de las reformas energéticas impulsadas por el presidente Peña Nieto.

Uno más, Milicias Populares ¡Basta Ya!, llama a resistir y combatir excesos como los de Tlatlaya y Ayotzinapa.

José Antonio Ortega, entrevistado por el reportero Arturo Ángel considera que el secuestro de los jóvenes podría ser un mensaje de Guerreros Unidos al ERPI, enemigo del narco.

El periodista Francisco Cruz, autor de los libros Tierra Narca y La Biografía no Autorizada de Enrique Peña, sostiene la posibilidad de que los muertos en Tlatlaya hayan pertenecido a grupos guerrilleros.

Un artículo de José Antonio Rivera y María Idalia Gómez publicado en el 2013 reseña que los Templarios habían enrolado entre 50 y 60 militantes del ERPI en actividades del narco en zonas que abracan desde el sur mexiquense hasta Coyuca de Benítez en Guerrero. El reclutamiento, dicen los autores, fue posible gracias a la muerte del erpista “comandante Ramiro”, que debilitó a la guerrilla. Los nuevos templarios tendrían la obligación de abrir, cuidar y pelear por nuevos corredores para el trasiego de goma de amapola, mariguana y heroína, producida en la sierra de Guerrero. Una gran cantidad de familias fueron expulsadas de regiones que comprendían municipios como Arcelia, de donde serían originarios los ejecutados por el ejército en Tlatlaya. En Guerrero se han identificado 26 cárteles operando, dice la reportera Nancy Flores para la revista Contralínea.

Un reporte de la PGR, “Células Delictivas con Presencia en el País”, ubica a 80 grupos en México. A los Templarios los ubica con actividad en el Edomex y Michoacán. Una célula de esa organización es la de Los Troyanos, que opera en el valle de Toluca y que informes federales la relacionan con la policía estatal y “actividades especiales” para la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

 

VII

En Tlatlaya, una versión periodística señala que un hombre de alto rango del ejército habría interrogado a los 22 supuestos narcotraficantes, luego de rendidos y desarmados y antes de ser fusilados. Este hombre, pregunta en una columna el diario local Alfa, podría ser el comandante Carlos Manual García Laine, Capitán Segundo de Infantería del 102 Batallón de Infantería de San Miguel Ixtapan.

De ese militar se sabe poco o nada, excepto que de vez en cuando aparecía en actos oficiales acompañando a funcionarios como Eduardo Gasca, secretario estatal de Desarrollo Agropecuario en diciembre del 2013 en Zacazonapan, durante la conmemoración del centenario del ejército e inauguración de obras públicas. Nadie sabe dónde se encuentra García Laine pero ya no está en el batallón 102.

 

VIII

Guerreros Unidos es liderado por un hombre sin identidad. Las fuerzas federales solamente saben su apodo, “El Chucky”. Los propios informes policiacos y redes sociales ubican a dos “chuckys”. Uno vive en Puente de Ixtla, Morelos. Se llama Carlos Quezada pero no queda claro para quién trabaja. Por un lado se le ubica con “Los Rojos”, liderados por Santiago Mazari Miranda desde el estado de Morelos, alias “Carrete” y por otro con Guerreros Unidos, cuya zona de influencia abarca desde Iguala hasta Toluca. El otro “Chucky” sí está ubicado en el bando de los “Guerreros Unidos” y se mueve en Iguala.

Los “Guerreros Unidos”, hasta el 26 de septiembre ley absoluta en Iguala, son escisión de los Beltrán Leyva, igual que “Los Rojos” y pelean por el control absoluto de la zona. En guerra contra los “Templarios” y la “Familia Michoacana”, ubican al hermano del cantante Joan Sebastian, Federico Figueroa como uno de sus líderes, pero también como controlador o patrón de la policía en Iguala y Amacuzac, Morelos, de donde es originario Santiago Mazari, líder de “Los Rojos”.

La detención de Mario Casarrubias Salgado en el 2014 supuso para “Guerreros Unidos” un reacomodo en su organigrama. Casarrubias, alias “El Sapo Guapo”, trabajaba junto con sus hermanos Ángel, Sidronio y Adrián, quienes controlaban el narcomenudeo en puntos estratégicos de Guerrero. En Iguala, por ejemplo. Allí, pandilleros llamado “Los Peques” tenían ese encargo. Otras pandillas hacían lo mismo, como “Los Tilos”. Según informes policiacos, a uno de los hermanos Casarrubias Salgado le apodan “Chucky” o “Chino”, no se sabe a cuál.

 

IX

El periodista Ezequiel Flores escribe para Proceso, el 11 de octubre del 2014, que “Los Peques” controlan la zona donde los normalistas fueron atacados. Que luego de la desaparición de los estudiantes, “Los Peques” salieron de Iguala, con el conocimiento de autoridades civiles y militares, y se instalaron en el poblado de Carrizalillo, municipio de Eduardo Neri, donde permanecen y donde no han llegado los operativos de búsqueda. El reportero proporciona nombres: “los hermanos Víctor “El Oso”; Mateo “El Gordo” y Salvador “El Chava” Benítez Palacios, propietarios del autolavado Los Peques, ubicado sobre la calle Juan N. Álvarez, participaron junto policías municipales en el ataque y detención de normalistas”.

Otro grupo involucrado es el de “Los Tilos”, que firmaron dos narcomantaa junto con Guerreros Unidos exigiendo la liberación de los 22 policías presos en Nayarit acusados de participar en el levantamiento de los normalistas. Una de ellas dice:

“Gobierno corrupto regresen a nuestros policías municipales si no lo hacen vamos a empezar a matar GENTE INOCENTE y también del GOBIERNO, no porque se anden haciendo pendejos aquí en IGUALA nos van a agarrar, nos pelan la verga junto con nuestros presidentes y directores porque ellos son nuestra GENTE GOBIERNO ILUSO que por eso tenemos plazas TAXCO, Huitzuca, Ixtapan de la Sal, Teloloapan y Apaxtla putos mugrosos asalariados.

“LA GUERRA COMIENZA

“ATTE LOS TILOS Y GUERREROS UNIDOS”.

 

X

“Los Rojos” son un brazo narcopolítico que se mueven sin ser molestados en el pequeño estado morelenses. Su líder entendió las ventajas de los aliados pero también las filias. Las traiciones en política y narcotráfico son parecidas.

La narcotrama de la familia Mazari ha funcionado hasta el momento. Informes policiacos lo relacionan con la plurinominal diputada local por Jojutla, Morelos, la priista Rosalina Mazari Espín, quien resultaría tía del narcotraficante. Ella busca la presidencia municipal de Puente de Ixtla en las próximas elecciones. “Carrete” también es sobrino del diputado Alfonso Miranda Gallegos, del Partido del Trabajo, ex alcalde de Amacuzac, municipio colindante con Guerrero pero también corredor de droga, paso de secuestradores y ladrones de autos. Lo complementan municipios como Cuautla, Tlaltizapán, Tlalquitenango y Zacatepec, todos tierra roja. A Miranda Gallegos se le promueve desafuero para juzgarlo. Un primo del “Carrete”, Jorge Mazari, buscaría también la alcaldía de Amacuzac. En el sur de Morelos la Familia Michoacana ha sido exterminada. Otros políticos, como el diputado priista Matías Nazario, es señalado por tener amistad con el líder narcotraficante.

Al “Carrete” también lo apodan “El 8 de Sonoyta” o “El Señor de los Caballos” y hasta un corrido tiene, compuesto por Larry Hernández, un cantante de “corridos alterados” junto con El Komander, famoso en el norte de México.

 

XI

¿Calentar la plaza es lo que pasa en Iguala?

Así, entonces, se registran actos criminales en una ciudad o territorio. El gobierno federal envía a fuerzas policiales y militares. Los criminales se retiran, abandonan el lugar. Las fuerzas de seguridad se van. Otras organizaciones ocupan la plaza abandonada.

¿Para quién se calienta la plaza?

Es sólo ver lo inmediato. ¿Hay algo inmediato en una guerra? Los muertos y la violencia, una batalla sin frentes que se desplaza desde puntos concreto, relacionados entre sí, con similares actividades y en las que se ejecutarán proyectos. Una zona donde la limpieza social es necesaria si se quieren cumplir contrato con trasnacionales. Guerrero, Michoacán, Estado de México y Morelos forman un superestado donde se cultiva y eclosiona el camino de la barbarie pero que conduce hacia alguna parte. Narcos, guerrilleros, políticos, militares, riqueza natural, compañías extranjeras, estudiantes normalistas de izquierda y ciudadanos en medio, que sólo ven los resultados de ese caldo y tal vez ni eso, chocan y sobreviven –si bien les va-.

Un Golpe de Estado se desarrolla en México, a la vista de todos. El ejército se desplaza por el país con la excusa de combatir narcotraficantes. La Presidencia se ocupa en vender recursos naturales pero envía tenebrosos mensajes de descontrol, sumisión ante las fuerzas armadas.

Los narcoestados de México, Guerrero, Michoacán y Morelos enseñan que los pobladores de México pelean entre sí, como si el vecino o el de al lado fuera culpable de algo que ni siquiera se sabe nombrar. Entre narcotraficantes o secuestradores se exterminan porque consideran competencia a los rivales. Pero siempre asesinan a las tropas. Nunca a los generales. Pasa lo mismo entre la clase política y los verdaderos dueños de los cárteles. El exterminio mexicano lo realiza otro mexicano, tan miserable como el que mata.

 

XII

Publica el portal Sin Embargo MX un texto de Francisco Ortiz Pinchetti:

“El 30 de diciembre de 1960, el entonces gobernador Caballero Aburto ordenó a la policía estatal disolver a balazos una protesta estudiantil en Chilpancingo. Hubo 19 muertos. El 20 de agosto de 1967, alrededor de 800 campesinos que intentaron tomar la sede de la Unión de Productores de Copra de Guerrero fueron acribillados por policías judiciales, guardias blancas y pistoleros dejando un saldo de 38 personas muertas y más de 100 heridas”.

Los 43 estudiantes de Ayotzinapa no aparecen. Las primeras cuatro fosas no contenían sus cuerpos y el horror se profundizó. Los 28 cuerpos encontrados no tienen nombre, pasado ni futuro. Otras 15 fosas fueron descubiertas entre el 11 y el 16 de octubre.

  • Calendario

    • julio 2019
      L M X J V S D
      « Ago    
      1234567
      891011121314
      15161718192021
      22232425262728
      293031  
  • Buscar