Política educativa: la evaluación

* Las autoridades educativas, conjuntamente con el Instituto Estatal de Evaluación Educativa, serían las autorizadas para dar a conocer a los maestros, alumnos, padres de familia, organismos sindicales del profesorado, medios de difusión y a la sociedad en general, los resultados de las evaluaciones de alumnos y docente, así como la información global que contenga los parámetros para conocer el desarrollo, los avances de la educación en nuestra entidad y de las acciones decididas para el mejoramiento de los servicios educativos que se brindan.

 

 

Luis Zamora Calzada

El registro y la toma de nota del Sindicato Unificado de Maestros y Académicos del Estado de México (SUMAEM), representa la actualización de nuestra entidad en Materia Sindical, al superar la existencia de un solo sindicato por instancia gubernativa, que establecía la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios hasta septiembre de 2009, finalizando con la sindicación única que imperaba en nuestra entidad y que violaba el derecho a la libertad sindical garantizada en el Artículo 123 Constitucional.

Sin embargo, la aportación de la organización gremial naciente no se ha reducido al ámbito sindical. Desde su inicio, en 2006, se difundió una serie de planteamientos para la definición de una política educativa estatal, inherentes a la propia constitución del sindicato, concentrada en la iniciativa de Ley de Educación del Estado de México, ingresada el 14 de mayo del 2010 a la LVII Legislatura de la Cámara de Diputados para su análisis, discusión y aprobación, que ocurrió en 2011.

Entre los más importantes, que hoy es parte de la política educativa nacional, se identifica al tema de la evaluación del Sistema Educativo Estatal, que se reconoce de interés público y sus resultados deberán ser tomados como base para que la autoridad educativa, en el ámbito de su competencia, adoptará las medidas procedentes en la planeación estatal, regional, municipal, de zona escolar y en los diferentes planteles.

Al respecto, destaca el contenido del artículo 19, que señaló como el encargado de la evaluación al Instituto Estatal de Evaluación Educativa, como órgano autónomo del Ejecutivo del Estado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, y que evaluaría en forma sistemática y permanente al Sistema Educativo Estatal, de conformidad con la Ley General de Educación, la Ley de Educación estatal y los ordenamientos legales aplicables; integrando un sistema general de evaluación, que permitiría contar con la información necesaria para racionalizar el funcionamiento del Sistema Educativo Estatal.

El Ejecutivo del Estado, en coordinación con la autoridad educativa estatal presentaría las propuestas de integrantes de los órganos directivos del Sistema General de Evaluación, tal como se establecería en el decreto de creación que para tal efecto expidiera la Legislatura.

Las propuestas se presentarían al Congreso, el cual tendría 10 días hábiles para dictaminar cada caso en particular, fundamentando así sus decisiones y quienes habrían de integrar los órganos directivos.

Esto último no ocurrió en nuestra entidad. Al depender el Instituto de la Secretaría de Educación local se pierde la autonomía y se circunscribe a lo que la propia instancia le mandate, con grandes riesgos de ser parcial en sus informes y resultados.

 

 

II

El planteamiento de la evaluación del Sistema Educativo Estatal, del Sindicato Unificado de Maestros y Académicos del Estado de México (SUMAEM), aporte académico visible en los artículo 18 al 23 de la iniciativa de Ley de Educación del Estado de México, ingresada el 14 de mayo del 2010 a la LVII Legislatura de la Cámara de Diputados, proponía evaluar el rendimiento de los alumnos, en todos los tipos y niveles del sistema educativo.

El Instituto Estatal de Evaluación Educativa elaboraría los instrumentos para medir el rendimiento de los alumnos en lo individual de los conocimientos, las habilidades, las destrezas, capacidades entre otros y, en general, del logro de los propósitos establecidos en los planes y programas de estudio.

Se encargaría también de integrar los instrumentos para determinar el desempeño docente, así como las percepciones de los actores sociales en torno al proceso educativo. Dichos instrumentos serían objetivos y pertinentes, es decir, acordes a la realidad en que se encuentra inmerso el estudiante, así como lo contemplado en el currículo del nivel educativo correspondiente y basarse en las pruebas y estándares nacionales aplicables.

Respecto al desempeño de los docentes se concatenaría a las realizadas por las instancias del gobierno federal, en colaboración con la Coordinación Estatal de Carrera Magisterial, de acuerdo a sus Lineamientos Generales.

Los resultados de las evaluaciones del desempeño docente serían el fundamento básico para la determinación de los acreedores a estímulos y recompensas que otorga el gobierno del Estado.

El Instituto evaluaría a los directivos y supervisores escolares, así como a los administradores de la educación en el Estado, acorde a los lineamientos e indicadores determinados en el Programa de Desarrollo Educativo, que se emite a inicios de cada sexenio de los gobiernos en turno.

Las autoridades educativas, conjuntamente con el Instituto Estatal de Evaluación Educativa, serían las autorizadas para dar a conocer a los maestros, alumnos, padres de familia, organismos sindicales del profesorado, medios de difusión y a la sociedad en general, los resultados de las evaluaciones de alumnos y docente, así como la información global que contenga los parámetros para conocer el desarrollo, los avances de la educación en nuestra entidad y de las acciones decididas para el mejoramiento de los servicios educativos que se brindan.

En la evaluación docente nunca se contempló la reprobación de los instrumentos como causal de rescisión de la relación laboral del profesor con el Estado, al ser la ley de educación emanada del artículo 3ro. Constitucional, diferente de las leyes secundarias del artículo 123 de nuestra Carta Magna, que rigen en materia laboral.

El Barco Ebrio

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La casa de Ixtapan de la Sal de Arturo Montiel, en el fraccionamiento Grand Reserva, es una de las más lujosas de aquel complejo pero también es una de las más custodiadas. Nadie, o casi nadie tiene la seguridad que se ve en esa propiedad, custodiada por soldados del Ejército mexicano permanentemente. ¿Qué guarda Montiel allí? ¿De qué tamaño es el miedo? Ni siquiera los San Román lo pueden decir.

 

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“Ya sé que no aplauden”. La desafortunada frase del presidente Enrique Peña lo pinta de cuerpo entero. Acostumbrado desde que era funcionario en el Estado de México, al halago fácil, construyó su poder político desde la apariencia y las relaciones familiares. En Toluca se le aplaudía hasta porque estornudaba. No dejó nunca de aplaudírsele, ni siquiera en los peores momentos. Se le aplaudió cuando su tío, el ex gobernador mexiquense Arturo Montiel, fue acusado de enriquecimiento inexplicable y al sobrino le tocó exonerarlo. Peña es experto en ordenar investigaciones contra sí mismo o sus familiares. A Montiel lo exoneró Alfonso Navarrete Prida, ex procurador mexiquense y ahora secretario federal del Trabajo. Luego, unos años más tarde, dijo en entrevista banquetera que él no recordaba o no sabía si era pariente de sangre de cinco ex gobernadores del Estado de México. Tampoco recordaba quiénes eran sus familiares en el poder del Estado de México ni los orígenes de su propia familia. “Que me investiguen”, dijo aquella vez, entre sonrisas. Lo investigaron y el periodista Francisco Cruz logró establecer el árbol genealógico de Peña y sus relaciones de poder, todas ellas muy de su familia.

Va un aplauso para el presidente.

 

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La dirigencia estatal de Morena, el partido de Andrés Manuel López Obrador y que participará por primera en elecciones, está fracturada. Militantes de esa organización denuncian que su líder estatal, el doctor Pedro Zenteno, impone desde ya a sus amigos para los cargos de elección. Incluso, dicen los inconformes, hasta a militantes panistas ha invitado para participar. Zenteno, acusan, ha fracturado al partido mexiquense por su inmovilidad, para empezar. El manejo político de Zenteno radica en, primero, eliminar a quienes considera sus enemigos internos, aun a costa de perder las elecciones de la manera más apabullante pero más absurda. Para Zenteno, el poder radica en el control absoluto, dicen, a la usanza priista, pero sin el mecanismo económico. Afín y cercano a López Obrador, sin embargo desde la dirigencia nacional no están conformes con él. Han detectado un vacío de poder que llena con el dinero que ya cobra de las partidas presupuestales que por ley le tocan a esa organización. Sin embargo, el músculo político es tan débil que, apuntan, puede organizar mínimamente mítines y las minigiras obradoristas por los poblados del Edomex. Apenas nace Morena y parece ya un viejo partido de 200 años.

 

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El PRI, por su parte, siempre consciente de que su negocio es el poder, arregló lo más pronto que pudo el reparto de las candidaturas y, compradas o no, ya están listas. Negociantes de toda la vida, mercaderes de la democracia, al PRI le vale un comino quién gane, siempre y cuando sea de su partido. Lo mismo pasa en las demás organizaciones. Los del PRI entendieron hace mucho que la división interna no permite hacer dinero. El negocio del poder, el más lucrativo en México junto con la religión y el narco, se pone en movimiento una vez más, para beneficio de unos cuantos.

 

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Mal le ha ido a la Orquesta Sinfónica del Estado de México en la gira a la que la enviaron por Estados Unidos. Una presentación en la Universidad George Mason, en Virginia, le acarreó una desoladora crítica en los medios más importantes de Estados Unidos. El maestro Enrique Bátiz fue acremente vapuleado. Le criticaron todo, hasta la fuerza de su mano izquierda, dicen los tolucos desde las redes sociales. Llena de hoyos en su calidad profesional, le dijeron, además de remarcarle al director que la oferta musical fue un insulto para la audiencia. En otras palabras, dice la nota, firmada por Robert Battey el primero de febrero del 2015, “el grupo vino de Toluca sin la elemental noción de composición sinfónica”. Lo malo, también, es que esa nota fue publicada por The Washington Post. Se puede leer en el link http://www.washingtonpost.com/lifestyle/style/orquesta-sinfonica-del-estado-de-mexico-program-is-mired-by-a-lack-of-direction/2015/02/01/9f02e92c-aa3f-11e4-8876-460b1144cbc1_story.html. No todo fue malo. También le destacaron algunos brillos, todos de los ejecutantes, que opacaron desde esa perspectiva a su eterno director.

 

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Si no hay dinero, ¿cómo funcionará el país? Por lo pronto, las únicas empresas con cierta certeza son las de los amigos del presidente Peña, como Higa, de Juan Armando Hinojosa, cuya casa en Metepec, dentro del fraccionamiento La Asunción, luce abandonada desde hace un tiempo. ¿Nadie ha visto a Hinojosa? ¿Ahora en qué casa anda metido? En ese fraccionamiento vivía el presiente Peña, cuando, todavía casado con su primera mujer, Mónica Pretelini, era un simpático servidor público en el gobierno mexiquense. Esa zona habitacional, de alto nivel, es además el lugar preferido para los funcionarios estatales de cierto tipo económico. Secretarios de Estado, directores, empresarios y asesores encuentran allí grata convivencia y hasta salen a comprar el pan y la leche en las tienditas de la zona. Bueno, eso dicen ellos.

 

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La negativa del gobernador Eruviel Ávila para declarar una alerta por feminicidios es fácil de entender. Esa alerta implica la aceptación pública de que su gobierno no puede resolver ese problema y sus derivaciones, y que hay ineptitud. Lo pondría todavía más en los reflectores nacionales, que ahora ocupa por hacerse el omiso sobre ese tema, además de su macabro Tlatlaya. La entrada de la Federación revelaría las condiciones de corrupción o al menos de trabajo en las que se desarrollan esas indagatorias y al menos en Ecatepec y Tecámac se pondría de manifiesto, se haría público, evidente, que son los policías de las diferentes corporaciones las que participan activamente en homicidios y desapariciones. Entonces, omiso o incapaz, de todas maneras no hace nada. El 54 por ciento de los feminicidios en el Estado de México se concentra en diez municipios, entre ellos Ecatepec, Toluca, Neza, Naucalpan, Valle de Chalco y Tlalnepantla.

Nuevo presidente, misma Comisión Estatal de Derechos Humanos

* El desaseado trabajo legislativo es una de las razones por las que leyes, reformas y nombramientos apenas pueden funcionar en el Estado de México. Ni siquiera se trata de un asunto de autoridad o de la imposición del poder Ejecutivo. La incapacidad y el entreguismo de los diputados, y su poco conocimiento sobre los temas que abordan son suficientes para oxidar el andamiaje de la burocracia en el Estado de México.

 

Jorge Hernández

Toluca, México; 20 de enero del 2015. Tal como se veía venir, la LVIII Legislatura estatal en sesión del 11º Periodo Extraordinario, designó al ex Presidente del Tribunal Superior de Justicia y el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial, Baruch Florente Delgado Carbajal, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem) para un periodo de cuatro años, según establece la ley correspondiente.

En contraparte, también designó a Marco Antonio Morales Gómez, ex presidente de dicha Comisión, consejero del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial, cargo al que apenas el miércoles pasado había renunciado precisamente Delgado Carbajal.

En los hechos, se trata de un mero enroque entre dos personajes que no se han distinguido en sus trayectorias por un mínimo de autonomía, sino por una absoluta dependencia del Ejecutivo en turno. En este marco, no cabe esperar mayores cambios en la Codhem ni en ese órgano del Poder Judicial.

Pese al procedimiento y la rapidez con que se realizó la designación (una hora para entrevistar a Delgado Carbajal y otros tres aspirantes, además de analizar sus currículas), el ungido contó con la aprobación del PRD, partido que, en voz del diputado Octavio Martínez (otras veces menos sumiso), dijo esperar mejoras en la Comisión con este nuevo presidente.

Martínez Vargas le encontró incluso virtudes y resultados positivos al frente del Poder Judicial, por lo que su arribo a la Codhem “es para nosotros como si ésta acabara de nacer”. En cambio, a Morales Gómez le encontró fallos graves como no pronunciarse ni involucrarse en casos como el de Tlatlaya o las desapariciones, violaciones y violencia que sufren las mujeres de la entidad, particularmente del municipio de Ecatepec.

A pesar de este señalamiento, no se inmutó en aprobar su designación como integrante del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial.

Lo mismo sucedió del lado del panismo, que pese a haber cuestionado a Baruch Delgado por sus pocos resultados en la impartición de justicia, terminó votando en su favor. Probablemente se debió a algún acuerdo previo que algo le cedía a este partido, ya que el diputado Alfonso Guillermo Bravo Álvarez Malo, casi el final de la sesión, así lo ventiló, denunciado además que el PRI no lo había respetado, por lo que anunció además el abandono de la Asamblea por parte de su fracción legislativa.

Además de estos temas, la LVIII Legislatura también aprobó reformas al Código Penal y el de Procedimientos Penales para seguir endureciendo penas contra diversos delitos como única respuesta a la violencia y delincuencia, tal como lo denunciaron el perredista Armando Portuguez y el panista Álvarez Malo.

Los dos preguntaron por qué esta insistencia de seguir elevando las penas, sobre todo el tiempo de cárcel, cuando apenas el gobernador Eruviel Ávila Villegas y su secretario de Gobierno, José Manzur, presumieron que los delitos han bajado en la entidad hasta en un 12 por ciento.

Ambos criticaron en particular la reforma que castiga con prisión conducir vehículos sin placas y sin la debida tarjeta de circulación. En este punto el PRD votó en contra y el PAN abandonó.

Ante el desaire de estos partidos, quien fungió como presidente de la Directiva para este extraordinario, el priista Héctor Hernández Silva, se abstuvo de emitir algún mensaje durante la clausura del mismo, limitándose a dar lectura al texto oficial. Previamente había presumido que los diputados resolverían los temas para los que se les había convocado con “unidad, voluntad de servicio y suma de esfuerzos, tal como ha sido” durante los casi tres años de gestión.

Inconstitucionalidad sin valor

* ¿Los diputados locales del Estado de México serán conscientes que la sindicación única que pretenden es contraria a la Libertad Sindical garantizada por el artículo 123 Constitucional y la Jurisprudencia XLV/2009 que la consolida en nuestro país o puede suponerse que esta información no la conocen, sobre todo cuando muchos de ellos han mostrado estar ajenos a la lectura?

 

Luis Zamora Calzada

El 10 de septiembre del 2009 la sentencia del amparo en revisión 72/2009 declaró la inconstitucionalidad de los artículos 138, 140 y 141 último párrafo de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, en las partes que interesa los magistrados federales determinaron:

“… Asimismo, de la citada tesis se advierte, de su sola lectura, que es temática, pues el aludido Alto Tribunal al emitirla señaló todas aquellas legislaciones y estatutos laborales que prevean la creación de un solo sindicato violan el artículo 123, apartado B, fracción X, de la Constitución al limitar la garantía de libertad de asociación de los trabajadores. Por tanto, es claro que ese criterio estableció que todas las legislaciones locales o federales en las que se colme el aludido supuesto serán contrarias a la Norma Fundamental”.

En el caso concreto, no existe duda de que las disposiciones invocadas en la demanda, que se tildaron contrarias a la Constitución adolecen de la irregularidad antes apuntada y, ante ello, el acto concreto de aplicación es igualmente violatorio de prerrogativas exclusivas de la Federación, lo que es así porque en los artículos que trata se prevé la sindicación única, tal como implícitamente lo dispuso la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis que anteriormente se transcribió.

En efecto, los citados artículos 138, 140 y 141 último párrafo de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, prevén la  sindicación única, lo que se matiza con el artículo 138 que, de manera expresa señala la obligación de las instituciones públicas de reconocer únicamente a un sindicato de servidores públicos general, a uno de maestros y aquellos que representen a los docentes en las instituciones de carácter educativo, siempre y cuando se establezca su autonomía.

También el artículo 140 prevé la sindicación única, porque al establecer que los servidores públicos no podrán dejar de pertenecer al sindicato, salvo en caso de expulsión, atenta contra el principio de libre sindicación, el cual incluye entre sus aspectos fundamentales, según el texto de la jurisprudencia 45/1999 del Tribunal en Pleno, el de la separación o renuncia del trabajador a formar parte de la asociación a que pertenezca, hipótesis estas últimas que resguardan la libre voluntad del trabajador a dejar de pertenecer al sindicato en cuya formación haya intervenido o al que se encuentre afiliado.

Por su parte, el artículo 141 precisa los requisitos que se deberán entregar a la autoridad laboral para efecto del registro, empero, otorga una facultad al tribunal consistente en que aún de reunir los requisitos, negará tal solicitud si existe otra asociación sindical; además para su constitución, exige la mayoría de los servidores públicos, lo que evidencia la constitución de un solo sindicato.

Luego, no cabe duda que los artículos 138, 140 y 141 último párrafo de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, aplicados al sindicato quejoso en la resolución del 22 de agosto del 2008, establecen la sindicación única y por tal motivo violan la libertad sindical establecida en el artículo 123 Constitucional…”.

Lo anterior no es válido ni causa efecto alguno en los diputados locales del Estado de México, que insisten en la sindicación única en la reforma realizada a la ley del Trabajo local, publicada el 16 de diciembre del 2014 en la gaceta del Gobierno de nuestra entidad.

 

Retroceso legislativo

 

Los trabajadores del subsistema educativo estatal luchamos por la actualización en materia sindical en nuestra entidad, mientras los diputados locales insisten en mantener al Estado de México en retroceso en la materia, al pretender mantener la sindicación única (existencia de un solo sindicato por instancia gubernativa) en la reforma a los artículos 138 y 141 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, tal y como acordaron en el decreto 355, publicado el 16 de diciembre del año pasado.

Los “flamantes legisladores” contraviniendo la determinación de inconstitucionalidad declarada por magistrados federales el 10 de septiembre del 2009, reformaron los citados artículos, quedando al tenor siguiente:

“Artículo 138.- Sindicato es la asociación de servidores públicos generales constituida para el estudio, mejoramiento y defensa de sus intereses comunes.

Las instituciones públicas en su conjunto, reconocerán como titulares de las relaciones colectivas de trabajo, únicamente a un sindicato de servidores públicos generales y a uno de maestros que serán los que cuenten con registro ante el Tribunal, así como a aquellos registrados que representen a los docentes en las instituciones de carácter educativo cuyo decreto de creación establezca su autonomía en su régimen sindical.

Artículo 141.- III. Lista de miembros en servicio activo que lo integran, con expresión del nombre y firma de cada uno, identificación oficial, estado civil, edad, puesto que desempeñan y sueldo que perciben, así como los documentos originales que amparen dichas condiciones y que dichos miembros no formen parte de otra organización sindical, registrada ante el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje;

  1. Constituirse por lo menos con 20 trabajadores en servicio activo

El Tribunal, al recibir la solicitud de registro constatará, por los medios legales que los documentos precisados en las fracciones anteriores, cuenten con los registros y formalidades que establece esta ley, para proceder, en su caso, al registro”.

Del artículo 138 eliminaron los dos párrafos finales, subsistiendo la inconstitucionalidad de las instituciones públicas de reconocer únicamente a un sindicato de servidores públicos general y a uno de maestros.

Del artículo 141 eliminaron la sindicación única prevista en su parte final, trasladándola al requisito III, que se deberá entregar a la autoridad laboral para efecto del registro y que no formen parte de otra organización sindical; agregaron la fracción V, determinando 20 trabajadores como mínimo, para formar un sindicato.

Lo anterior en nada afecta a los ya reconocidos con registro y toma de nota como es el caso del Sindicato Unificado de Maestros y Académicos del Estado de México (SUMAEM), con registro sindical R. S. 2/2007 y toma de nota de fecha 4 de junio del 2012.

Queda claro que lo legislado en un retroceso en materia sindical. ¿Los diputados locales del Estado de México serán conscientes que la sindicación única que pretenden es contraria a la Libertad Sindical garantizada por el artículo 123 Constitucional y la Jurisprudencia XLV/2009 que la consolida en nuestro país o puede suponerse que esta información no la conocen, sobre todo cuando muchos de ellos han mostrado estar ajenos a la lectura? Usted amable lector, ¿qué piensa al respecto?

Un golpe más

* El 4.2% de aumento al sueldo, acordado por el Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, que regirá en el 2015, no cumple con el mandato del artículo en cita, que está al mismo nivel que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y no atenderlo es una clara omisión que se comete en contra de los trabajadores, violentando sus derechos.

 

Luis Zamora Calzada

El artículo 3 del Convenio 131 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ordena considerar diversos elementos para determinar el salario mínimo de los trabajadores en los países miembros, tales como la necesidad del asalariado y de su familia, el costo de vida, la seguridad social, el nivel de vida relativo de otros grupos sociales, entre otros.

El 4.2% de aumento al sueldo, acordado por el Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, que regirá en el 2015, no cumple con el mandato del artículo en cita, que está al mismo nivel que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y no atenderlo es una clara omisión que se comete en contra de los trabajadores, violentando sus derechos. Veamos el siguiente punto.

El elemento referente al nivel de vida relativo de otros grupos sociales, entre los que se deben tomar en cuenta los salario de los funcionarios de la administración pública, los diputados, los senadores, los magistrados de los tribunales locales, quienes tienen salarios que resultan ser un verdadero insulto para los trabajadores de la zona A, que alcanzará un sueldo de 70.10 pesos al día y la B ganará 66.45.

Al respecto, en entrega anterior se adelantaba que el incremento no alcanzaría para dos huevos, lo que se confirma al aumentar 2.81 pesos en la zona A y 2.78 pesos en la B, comparado con los salarios de los grupos sociales mencionados, se ahonda la diferencia social, que puede traducirse en grandes enconos de descontento, al no tener garantizada la “clase trabajadora”, al menos, la seguridad de alimentación familiar

El salario de insulto no alcanzará para pagar una casa en Malinalco y ni soñar con una casa blanca que sí paga la “clase política”: diferencias de grupos sociales que no deben existir y que  combate el convenio internacional citado.

Sobre el costo de vida del trabajador, otro elemento a considerar está por encima de las cantidades en aumento: no alcanzará para comprar lo elemental, prueba fehaciente de la falta de protección a los trabajadores contra remuneraciones indebidamente bajas como lo señala el convenio, que debe garantizarse que no ocurra, sin embargo en México sí pasa. Este raquítico aumento constituye un golpe más en contra de los asalariados de nuestro país.

Socialmente sabemos que, cuando el hambre aprieta, todo se vuelve más difícil y las reacciones son impredecibles, convirtiéndolo en un detonador social y sinnúmero de conflictos inherentes que debieron haber analizado quienes fijaron el aumento a este salario sin panorama alentador, lo que a todas luces no cumplieron.

 

Las ganas

 

 

El 19 de noviembre del 2014 se integró, en contra de un trabajador del Instituto Superior de Ciencias de la Educación del Estado de México (ISCEEM), un acta administrativa con el propósito de cesarlo y dejarlo sin salario.

Se le imputó falsamente al afectado una serie de actuaciones y fue suficiente que la directora convocara a un grupo de trabajadores a una sesión exprofeso, para manifestar cada quién, desde sus dichos, diversos hechos para afectar al docente caído en desgracia en ese momento, asentando los supuestos “delitos” en un escrito que firmaron para constancia, mismo que fue enviado a la Coordinación Jurídica de Educación para lo procedente.

En las condiciones narradas, abogados del Sindicato Unificado de Maestros y Académicos del Estado de México (SUMAEM), asumieron la defensa del trabajador; el 24 de noviembre se interpuso un recurso de inconformidad ante la dirección del Instituto, fundado en el Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México,  como medio de defensa ante la injusticia que se estaba cometiendo y por violaciones al mandato de diversos artículos en materia administrativa.

Ante la omisión de respuesta, se interpuso amparo en el Juzgado Primero de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, en proceso de resolución, que obligó a la dirección del Instituto a respetar los términos establecido y emitir una resolución que le obliga el Código de Procedimientos Administrativo.

Para tranquilidad del trabajador afectado, mediante oficio del 16 de diciembre, la directora determinó lo siguiente: “…se comunica a usted que el acta de referencia y que motivara el recurso administrativo de inconformidad, se deja sin efecto, independientemente de lo anterior y salvo prueba en contrario, el Instituto Superior de Ciencias de la Educación del Estado de México, no ha causado un daño a la esfera jurídica del promovente, toda vez que no existe resolución recurrible”.

Respuesta que sin duda dejó con las ganas a los interesados en perjudicar a un trabajador con derechos en la ley, el Sindicato Unificado de Maestros y Académicos del Estado de México (SUMAEM), garantizó la seguridad y certeza jurídica laboral con los medios de defensa ejercidos correctamente.

En este contexto de lucha por el cumplimiento y respeto al estado de derecho, se desea a todos nuestros amables lectores, excelentes festividades decembrinas, respetuosamente felicidades a todos.

El Barco Ebrio

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En los pasados segundos informes municipales en el Estado de México, todo fue festinar, como si la Nación Peña Nieto tomara el control del país en una realidad alternativa. Panistas, priistas, perredistas y micro partidos, todos, se unieron en una sola voz. En el Estado de México no pasa nada. No existe Tierra Caliente, no hay tal Tlatlaya, no hay feminicidios ni se prepara una enorme maquinaria para desviar recursos de programas federales hacia las campañas intermedias del 2015. Tampoco hay fuga de capitales y los secuestros, asesinatos y esas cosas horribles sólo pasan en los noticieros de Guerrero y el DF o Veracruz.

 

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Aquí, en la tierra que Peña Nieto administró –porque gobernar es otra cosa- por seis años el espejismo es más que real. Ese espejismo funciona, para lo público, desde los discursos y los montones de premios recibidos por los alcaldes, al menos por las presidentas de Toluca y Metepec, Martha Hilda González y Carolina Monroy, respectivamente.

 

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Priistas las dos, Martha Hilda entregó su misterioso parque de la Alameda como obra emblemática y presumió los premios. Uno bien raro, por ejemplo, Las Palmas de Oro, se lo otorgó una entelequia llamada Círculo Nacional de Periodistas. Ese trofeo o lo que sea se suma a los 42 reconocimientos que durante el año recolectó la alcaldesa. Además, los presumió todos y cada uno. ¿Cómo le hacen para recibir tantos premios con resultados tan pobres? ¿Dónde venden esos reconocimientos?

 

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Martha Hilda hace su esfuerzo hasta donde su capacidad le permite. Emanada del régimen más repudiado en México, el PRI antiquísimo de Peña, el Grupo Atlacomulco, se entienden sus políticas de hacer que se hace. ¿Qué puede hacer una autoridad civil en la Nación Peña Nieto? La respuesta siempre ha sido la misma. Así, Martha Hilda González no sólo presentó una falsa ciudad, donde no hay ni siquiera embotellamientos, menos narcotráfico y la prensa le hizo eco. Nunca como ahora la prensa al servicio del Estado había sido tan ruin, tan canalla, tan irresponsable.

 

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Para darle lustre a ese mensaje de prosperidad, la alcaldesa abrió sus puertas al insigne Arturo Montiel Rojas, un ex nada que además es ex gobernador del Estado de México y ex esposo de Maude Versini. Muy sentado, el afable Montiel, porque nada le quita la sonrisa, se dejó tomar fotos con sus amigos, pues ser tío del presidente de México debe servir para algo, no nada más para evadir una orden de aprehensión de la Interpol por los líos legales que mantiene el mexiquense con su ex pareja francesa, por la custodia de sus hijos. Que Montiel prepara su regreso a la escena política no es un secreto. Que pueda hacerlo, tampoco resulta problema. ¿Influye Montiel en Peña? ¿En serio? En él, tal vez, pero en el grupo en el poder, quién sabe.

 

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En Metepec, Carolina Monroy dio un speech extraordinario, según la opinión de entendidos, que calificaron las palabras de la prima-hermana de Peña y esposa de Ernesto Nemer como “un discurso poderoso y desafiante, lleno de interrogantes y reflexiones, como desafíos a la clase política desde la vista de la ética pública, e invocando el derecho a la felicidad, como aspiración del fruto del quehacer del gobierno”. Digno de análisis, dicen luego.

 

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Monroy se felicita a sí misma por ser quien es. Funcionaria mayor de pequeñas miras, y mínimos recursos, lo mismo dirige la cultura del Grupo Atlacomulco que a uno de los municipios más ricos del país y de paso se encarga de ayudar a su esposo, el licenciado Nemer, con el programa federal de Comedores de la Sedesol, en una extraña intervención municipal que mezcla impulsos municipales como el Programa Metepequense de Seguridad Alimentaria, claro, sin que sea legal y sin que nadie lo sepa. Esos comedores son dignos de ese discurso poderoso y desafiante, nada más para empezar. Luego ya se podrá hablar de lo de siempre: narcofraccionamientos, secuestros, homicidios, cosas menores, claro.

 

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Carolina Monroy sabe que las elecciones por venir serán las menos disputadas, pero aun así se necesita dinero y para eso están los programas federales. Enojada hasta la ira, la rabia, la ciudadanía no acudirá a las urnas, según prevén los propios partidos. Ese supuesto castigo beneficia a los de siempre. El PRI y su voto duro de tortas, refrescos y 500 pesos harán el cotidiano milagro. Ese es su negocio y lo hace funcionar.

 

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Mientras tanto, en una dimensión cercana incluso a Dios –todavía se puede tener otra- el Operativo Especial de Seguridad Tierra Caliente toca apenas con el pétalo de una rosa al Estado de México. Contentísimo porque eso significa que todo está requetebién, el gobernador mexiquense Eruviel Ávila, se ufana de que sólo dos municipios -y aclara que es apenas el 2 por ciento de la entidad- estén involucrados en tan casquivanos proyectos. En realidad son ocho los municipios mexiquenses que patrullarán las fuerzas federales bajo la supervisión de los militares: Ixtapan de la Sal, Amatepec, Sultepec, Tejupilco, Tlatlaya, Tonatico, Zacualpan y Zumpahuacán.

 

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¿Pero qué eso no es lo que estaban haciendo? ¿En Tlatlaya fueron los militares quienes ejecutaron a 22 personas, narcos o no, guerrilleros o no, pero ya rendidos y desarmados? Ese Operativo Tierra Caliente excluye a Luvianos, una capital nacional del narco. Hace años que los militares se pasean por ese sur, incluso con helicópteros Halcón Negro, terror de los terrores en la zona. Entonces, si ya están y no han funcionado, ¿por qué funcionarían ahora? Las detenciones comenzarán pronto y habrá un nuevo panorama. Nuevos gerentes, encargados del negocio de la droga, cuya producción no se ha detenido un solo minuto.

 

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Lo que preocupa en serio a Eruviel Ávila pero también al presidente Peña es que los capitales de inversión se están retirando del Estado de México. El narco es un negocio que han sabido controlar las diferentes administraciones, y aunque su costo tiene que ver directamente con el sufrimiento de la población, funciona, les deja dinero, objetivo fundamental para la clase política, su razón de ser. Pero las inversiones desde lo legal son otro cantar. Los capitales se están retirando alegando la falta de certeza para poner a trabajar el dinero. No es casualidad que el dólar suba al mismo tiempo. En lo económico, para Eruviel y Peña, viene lo peor. No para ellos, ellos nunca carecerán. Los grandes emporios prevén, dentro de un análisis para el 2015, huelgas generales a nivel nacional y un desplome financiero.

El Barco Ebrio

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Enrique Peña. Ex gobernador del Estado de México entre el 2005 y el 2011, y ahora presidente de México, cree que hay un complot para desestabilizar a su gobierno. Miembro de un grupo que ha negado siempre que se le pregunta y al que pertenece la clase política mexiquense y empresarial, el Atlacomulco, Peña fue educado para obedecer extrañas reglas internas, al igual que su tío, Arturo Montiel y otros cinco parientes, todos ex gobernadores mexiquenses. También fue educado para el menosprecio de la sociedad, para la confabulación. Si se quiere ver el futuro de México, basta ver los números que dejó en el Estado de México, darse una vuelta por la miserable tierra que es el valle de México, observar al actual gobernador del Edomex, Eruviel Ávila Villegas, poner atención a César Cámacho, a Emilio Chuayffet, al propio Montiel Rojas.

 

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El doctor Eruviel Ávila, quien se niega a implementar la alerta de género por feminicidios en el Estado de México y de paso cierra la boca cada vez que se menciona ese tema en lo público, tiene sus razones. Porque así, mirado a la ligera, que no la implemente, que su gobierno se niegue a investigar los cientos de casos denunciados, que lo único que diga que hay cosas más importantes que atender, es estúpido. Pero ya investigado sigue resultando estúpido pero también aterrador, macabro.

 

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El doctor Ávila Villegas sabe que los 922 casos de feminicidios o los 532 que otras cifras le adjudican a la entidad no son todos y que apenas representan la punta visible de un problema que él y su gobierno valoran pero no desde el sufrimiento de la población, sino por las implicaciones que significan para su imagen. Y es que esas implicaciones, así nada más por encimita, involucran al valle de México, Ecatepec sobre todo, donde a diario desaparece una mujer.

 

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Datos de la regidora perredista de Naucalpan, Lucina Cortés Cornejo, indican 7 mil 745 feminicidios en la entidad en nueve años.

 

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Pero esas ejecuciones también son, apenas, el escaparate por donde uno comienza a mirar. Es sencillo. La alerta de género exigida a Eruviel Ávila y a su administración abrirá investigaciones públicas que ubicarán a quienes están involucrados en esas desapariciones y muertes. En esos procesos macabros, pues.

 

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Y quienes mayormente están involucrados en esa industria de horror son policías de todos los niveles, quienes al mismo tiempo trafican con enervantes, secuestran y se coluden con todo tipo de actividades ilegales, incluyendo el narcotráfico y el homicidio. Las carpetas de averiguaciones previas están plagadas con esos nombres. Son las famosas “mañas”. Los mismos esquemas que operan en Cocula o Iguala. Igualitos.

 

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El doctor Ávila está poco dispuesto a aceptar y encima a investigar a su propia policía y después a enjuiciarla, procesarla, castigarla. Prefiere irse por la fácil. Ese es parte del Estado Fallido de Peña Nieto, la heredad del Grupo Atlacomulco y de quienes les hacen el juego por las razones que sean. Nadie dice que Ávila o Peña empuñen las armas y vandalicen. Ni falta les hace. Pero ese Estado, administrado y operado de esa manera, agrede hasta el asesinato.

 

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Los complots que señala Peña Nieto los fabricó él y su Grupo y luego se pusieron en medio. El tráfico de droga, por ejemplo, no se ha detenido un solo minuto ni ha bajado un solo cadáver el conteo de asesinatos. Ávila, en el Edomex, gobierna su propia fosa común, la más grande del país, pues es en el principio la extensión equivalente al valle de México. Ni siquiera consideremos al resto de la entidad. El terrorismo de Estado lo generan las propias instituciones de seguridad pública, con órdenes o sin ellas. Con objetivos establecidos o sin ellos.

 

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Al doctor Eruviel todavía se le viene encima la masacre de Tlatlaya, un tema que por su lado considera un caso cerrado, ejecutado, muerto, indemnizado. Se equivoca. El 24 de noviembre del 2014, una manifestación de jóvenes en la Cámara local contra la develación de una placa que agradecía a la Armada sus servicios a México y cuestionaba el tema de Tlatlaya fue impedida por la seguridad interna de esa instancia. Les arrebataron sus pancartas. No pasó a mayores pero el sur del Estado de México, el norte de Guerrero es más que una serie de fosas para el mexiquense Peña, para el ecatepense Eruviel. ¿De verdad puede enfermar alguien de poder? ¿Se ven como Peña? ¿Cómo Salinas? ¿Cómo Obama? ¿En qué creen esas personas? Por lo pronto, el procurador del Edomex, Alejandro Gómez, anuncia que no dejará su cargo, al menos no por el tema de Tlatlaya.

El Edomex tendrá su Ayotzinapa. Ya lo tiene. Ya huele.

 

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“Datos  de la Subprocuraduría para la Atención de Delitos Vinculados con la Violencia de Género, en lo que va del 2014, en el tema de feminicidios, sólo existen 41 denuncias, 22 en trámite, 19 judicializadas, 13 vinculaciones, y una sola sentencia”, dice el diario local en Toluca, Tres PM.

 

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Manuel Camacho Solís está enfermo. Tiene cáncer, en fase terminal y descansa en su casa, en compañía de su familia.

 

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El senador Alejandro Encinas se va del PRD. Las diferencias con aquella dirigencia nacional son irreconciliables. Esa salida la hará pública pronto. Irá con Morena y será, si no pasa nada extraño, el candidato a la gubernatura por el Estado de México. Sí, una vez más. Morena, por cierto, planifica los próximos comicios, los de 2015. Prevé tres escenarios y en el mejor de ellos, un millón de votos. Nada mal, pero también prevén el desastre. El PRI, por su lado, prepara los lonches  y sus tradicionales vales en Soriana, sus quinientos pesos.

 

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Pero si al doctor Eruviel se le complica lo de los feminicios, hay que reconocer que tiene su lado chido. Amable, pues, buena onda, y nos ofrece dos notas dignas de comentarse. La primera es que uno de sus hijos, el joven Raúl Ávila, hace su debut como actor, con apenas 24 años de edad, en Cadena Tres, una canal que produce una serie llamada “Amor sin reserva”. Para juzgar su trabajo habrá que ver esa producción, pero por lo pronto el chico dice, según una nota de la gran revista Tv y Novelas, que nuca quiso seguir los pasos de su papá. “Desde pequeño estuve en las campañas apoyando a mi papá en todo, pero nunca me llamó la atención todo este mundo de la política. Mi hermana estudió derecho y a ella le latió mucho estudiar lo mismo que mi papá y mi mamá. Yo siempre supe que quería estar en este lugar y ahora que lo veo materializado me doy cuenta que no estaba nada perdido. Es difícil y es muy largo el camino, pero ahí vamos”. La información completa en este link: http://htl.li/ERnKj

 

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Otra de las frivolidades, buena onda, pues, que regala el doctor Ávila es la donación al Teletón de don Emilio Azcárraga, uno de los desestabilizadores más prominentes y respetables de este país, desde su tiendita, Televisa. Ávila, a mediados de año, hacía un recuento sobre la ayuda otorgada a los centro del Teletón famoso y les pasaba lista a “los dos centros de Rehabilitación Infantil Teletón, en Tlalnepantla y Nezahualcóyotl, la Universidad Teletón y el Centro Autismo Teletón (CAT)”. Luego soltaba los números: “61.5 millones de pesos al CAT, en respuesta al compromiso adquirido para hacer una aportación anual de 20.5 millones, desde su creación en 2012; la entrega de 33 viviendas a familias de menores con esta enfermedad, así como un apoyo mensual de 500 pesos y una canasta alimentaria a 400 niños con este padecimiento”.

Que no pase desapercibido en tiempos de amor y paz.

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