El Barco Ebrio

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Zinacantepec todavía no se recupera del quebranto financiero en el que lo sumió el anterior edil, Gustavo Vargas, cuando la fortuna de éste sigue escandalizando a ese municipio, vecino de Toluca. Ahora Vargas, de quien se sabe es dueño de parte del rancho Las Ánimas y en donde se festejan cumpleaños y festividades de los actuales regidores, como Paola Martínez, tomó prestados unos cuantos metros de calle cuando construyó la barda que delimitaba su propiedad. Nada más para aprovechar que a nadie hacía daño, el ex alcalde decidió alargar siete metros las fronteras originales, para así hacerse un bien a sí mismo, porque él siempre dice, en su círculo más cercano, que no hay felicidades más grande que la propia.

 

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Y ya que se habla de aquel municipio, la presidenta municipal gana más que el jefe de Gobierno del DF, Miguel Mancera, quien cobra unos 80 mil pesos mensuales. Pero Olga Hernández Martínez tiene autorizado un cheque salarial por 118 mil 368 pesos con 20 centavos. La cifra está más cercana al salario del gobernador de la entidad, Eruviel Ávila, por 143 mil pesos, que al de una edil cuyo gobierno ha sido criticado por proteger a la anterior administración y que no puede sacar del bache financiero a su municipio. Anualmente se embolsa un millón, 420 mil pesos, un sueldo diario de 3 mil 945 pesos, reportan diarios locales, y añaden que los salarios de Zina representan el 50 por ciento del presupuesto anual de ese territorio. Esto es sólo un reflejo de lo que sucede en la mayoría de los municipios mexiquenses, quebrados sin remedio después de la exitosa campaña presidencial de Enrique Peña.

 

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La reforma energética, que no es otra cosa que una venta mal realizada de Petróleos Mexicanos a la Iniciativa privada, encuentra en la entidad sesudos defensores, casi todos trabajando para el gobierno estatal, que se apegan en sus tesis a las líneas dictadas desde la Presidencia mexicana. Se ve claramente de quiénes la mano que mece la cuna y cuenta el Erario.

 

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Mientras deja el cargo de gobernador, Eruviel Ávila se dedica  de tiempo completo a su apretadísima agenda de trabajo, que incluye asistencia a actos de beneficencia y claquetazos finales a películas de Diego Luna y Gael García. La vaporosa actividad del gobernador, de quien nadie tiene la culpa, excepto él, dibuja más o menos el carácter que tiene en general la administración eruvielista. Más gris que mala, la sustitución del gobernador de cualquier manera no es cosa resuelta porque se trata de un asunto político sujeto a la veleidad de los estómagos. Sin embargo, en el equipo de la senadora María Elena Barrera ya hacen maletas para mudarse definitivamente a los verdes prados de la avenida Colón y pasan revista a publicaciones de modas y diseño de interiores para renovar los aposentos de la casona de Lerdo.

 

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Algunas organizaciones ciudadanas en Toluca protestan por ciertos edificios que, dicen, afean la ya de por sí depauperada imagen de la capital mexiquense. Uno de ellos es un estacionamiento ubicado en la avenida Villada, propiedad del empresario de radio Moles Libién. El grupo Agenda Cultural Toluca apunta en redes sociales que: “¿y ahora, quién podrá salvarnos? En la imagen podemos ver el “permiso de construcción” que los dueños de estos edificios muestran a todos los que nos preguntamos quién autoriza estos monstruos de concreto. ¿Quién permite que destrocen la imagen de la ciudad? ¿Quién les da todas las facilidades para hacer lo que se les dé la gana? Aquí la respuesta… Edificios en Grande, campañas en Grande, favores e impunidad en Grande. Gracias señores Miled, gracias Eruviel, Gracias Martha Hilda por hacer de nuestra ciudad cada día más “bella”… favor de compartir hasta el cansancio”. Enojados razonablemente, no comentan que la fealdad de esos edificios, que es patente, es el menor de los problemas que representan los señores mencionados.

Quebrantado

* Un ejemplo del microcosmos del poder federal es la administración de Zinacantepec, encabezada por la priista Olga Hernández, y de quien se esperaba saneara las finanzas públicas quebrantadas por el anterior alcalde, de extracción panista, Gustavo Vargas. A 100 días de trabajo, la administración de ese municipio, colindante con la capital mexiquense y parte del Valle de Toluca, es cuestionada por sus habitantes por los resultados entregados.

 

Miguel Alvarado

Toluca. La victoria priista en las elecciones del 2011 y 2012 fue total. Acapararon todo. Alcaldías y diputaciones fueron recuperadas o afianzadas y usadas posteriormente para apuntalar el triunfo peñista en los comicios presidenciales de hace un año. Después del triunfo, los ánimos locales eran de lo mejor. El sector empresarial pensaba que Enrique Peña, por mexiquense, dotaría de recursos a la entidad y propiciaría la derrama. Así sucedió, pero sólo entraron a ese reparto cuatro o cinco grandes compañías, entre ellas Televisa, de Emilio Azcárraga; la OEM, de Mario Vázquez Raña y Teya, de Armando Hinojosa. Tampoco a los ciudadanos comunes les fue mejor. Según el diario local Alfa, la Subsecretaría de Desarrollo Social federal, al mando del mexiquense Ernesto Némer, dio de baja a 54 mil 403 adultos mayores del programa “65 y Más” porque no comprobaron que siguen vivos. Así, programas altamente burocratizados y administraciones perdidas en sus complejidades perfilan poco a poco un país al que el presidente Peña le ha prometido todo, pero sólo le ha cumplido a sus allegados. Los primeros seis meses de gobierno federal se han constituido para pagar promesas de campaña con los patrocinadores. Y como indica el periodista Jorge Zepeda, los cercanos a Peña cobran desde ya. Así, menciona al empresario Miguel Afif como el ganador del primer gran contrato de Pemex, que ale entre 114 y 162 millones de dólares. Según Zepeda, Afif era señalado como defraudador de la misma Pemex en los años 90, pero amigo del Grupo Atlacomulco.

Televisa, por su parte, obtuvo una condonación en impuesto por más de 3 mil millones de pesos y la familia Maccise ha sido colocada en la carrera por obtener un permiso para operar señales televisivas abiertas. Tampoco faltan los Hank ni el mencionado Armando Hinojosa.

La presidencia de México significa un negocio anual por más de tres billones 931 mil 289 millones de pesos para gastos, que incluyen sueldos pero también pagos por contratos a proveedores. La suma es enorme y los resultados raquíticos. Pero lo que propone el Ejecutivo federal se refleja en todos los niveles y es imitado con certera burocracia.

Un ejemplo del microcosmos del poder federal es la administración de Zinacantepec, encabezada por la priista Olga Hernández, y de quien se esperaba saneara las finanzas públicas quebrantadas por el anterior alcalde, de extracción panista, Gustavo Vargas. A 100 días de trabajo, la administración de ese municipio, colindante con la capital mexiquense y parte del Valle de Toluca, es cuestionada por sus habitantes por los resultados entregados.

Desde las redes sociales, una página en Facebook documenta las actividades de los miembros de aquel cabildo y revela historias detrás de los cargos. Una de ellas, por ejemplo, publicada en el muro Valor Zinacantepec en la dirección https://www.facebook.com/valor.zinacantepec?fref=ts, da cuenta de la llegada del tercer regidor a esas tierras, Sabino B. Pérez Díaz, quien además es presidente de la Comisión de Educación, Preservación y Restauración del Medio Ambiente. Amigo personal del Niño Verde, Jorge Emilio González, el regidor cobra 88 mil pesos 606 pesos mensuales por hacer su trabajo, 2 mil 83 pesos diarios. Lo malo, dice la página ciudadana, es que ha asistido a la mitad de los cabildos pues está comisionado para hacer campañas en entidades de la república donde habrá elecciones. Según el señalamiento, el tercer regidor va a su oficina una vez a la semana. El diario Reforma también le dio seguimiento a Sabino, de quien documentó que posee un departamento en la Torre Residencial Emerald de Cancún, con un costo de un millón y medio de dólares.

Otro cuestionamiento para la administración de Zinacantepec es que contrató funcionarios de otros municipios, que no conocen las problemáticas locales o que no están comprometidos con la población. Zinacantepec, sin embargo, convive con uno de los mayores de inseguridad en el valle de Toluca. El narcotráfico logró consolidarse en la anterior administración y anunció su llegada con sendos asesinatos, entre el 2009 y el 2012, pero instaló una marca de 15 ejecutados en enero del 2013, lo que obligó a patrullar al ejército durante un tiempo.

Por allí ha pasado de todo. Los jefes locales del narcotráfico han encontrado en Zinacantepec un espacio geográfico apto para su expansión pero también estratégico para controlar el trasiego de droga, como sucedió con Serapio Solís Vergara, La Rana, capturado en el 2009 cuando ya había armado una red de distribución que abarcaba rutas desde Guerrero hasta Tamaulipas. Junto a él se aprehendió a José Luis Morales Ortiz, de 35 años, un kaibil guatemalteco que se encargaba de la seguridad de La Rana. El cártel michoacano de La Familia es el que ha encontrado mejores condiciones para apoderarse de aquella plaza y junto con la colonia El Seminario, en la ciudad de Toluca, se convirtió en uno de sus primeros bastiones. La actual alcaldesa, Olga Hernández, sostiene que su municipio ha sido elegido como tiradero de cadáveres. Una línea similar asumía Gustavo Vargas, quien afirmaba que la llegada de los militares había limpiado de narcos la región.

Vargas fue siempre cuestionado debido al exceso con el que se condujo. Un diario de Zicanantepec, Contexto Mexiquense, había documentado algunas propiedades del ex edil. En marzo del 2012 presentaba un contrato de compra-venta por una casa que compraba el ex alcalde, en Residencial Los Arcos en el Conjunto Diamante, y que medía 285 metros cuadrados. Por esta propiedad, comprada a Carlos Montes de Oca Guadarrama, el ex presidente pagó 3 millones 500 mil pesos. También compró una casa en el centro de Zinacantepec y la reconstruyó totalmente, erogando 4 millones y medio de pesos; adquirió  al menos 4 camionetas de lujo y seis caballos de buena raza.

En mayo del 2012 protagonizó una pelea en un restorán de su comunidad, al encontrarse con el periodista Raúl González Nova, a quien tundió a golpes y amenazó de muerte, aunque la más grave de todo fue la declaratoria de quiebra del municipio. Vargas explicó la situación financiera a los 300 trabajadores afectados por la retención de su pago, a principios de octubre del 2012, como una consecuencia de un favor político que concedió al líder sindical del SUTEyM, Édgar Salazar Sánchez. Luego explicaría que su municipio tal vez no estuviera en bancarrota, aunque aceptó afectaciones “por sentencias condenatorias en materia laboral y administrativa, así como con proveedores en materia civil, afectando la ejecución de pagos”. La deuda pública de Zinacantepec asciende a 394 millones de pesos. En promedio, su presupuesto anual es de 434 millones de pesos.

En el 2011, el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México auditaba las cuentas de Zinacantepec y concluía que el 42 por ciento de los egresos se destinaban al pago de salarios, 182 millones 831 mil 500 pesos; el  10 por ciento a servicios generales y el 14 por ciento para el pago de la deuda pública. Apenas el 9 por ciento era usado para inversión pública. En el 2011, la deuda pública eras apenas de 63 millones 790 mil 600 pesos. Una de las recomendaciones del OSFEM decía que Zinacantepec “presenta una distribución del gasto en la que refleja un desequilibrio en la apropiada aplicación del mismo”.

El Barco Ebrio

 

 

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El alcalde de Zinacantepec, Gustavo Vargas, es uno de los ejemplos inmortales de políticos que se enriquecen con dinero público. Nadie ha podido o querido probar las supuestas relaciones con el narcotráfico pero sí su gran fortuna, que contrasta cuando, dicen los lugareños, “no era ni dueño de la tierra de sus uñas”.

 

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El feliz alcalde, cuando era nada, tenía sin embargo una bonita Suburban modelo 90, hace tres años. De color azul, al menos lo transportaba decentemente de sus giras a su casa, que en ese entonces apenas tenía una planta y se encontraba en obra negra. Dicen que el terreno era de su madre y de sus tías, una herencia familiar que todos aprovechaban.

 

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Los que saben creen que Vargas ganaría hasta 200 mil pesos mensuales si se cuenta salario, bonos y dietas, pero hacen las cuentas y nada les cuadra. Vargas compró dos terrenos enormes y en otra parte construyó dos salones para eventos sociales. Además, rehízo su antigua propiedad, en San Antonio Acahualco. No conforme con ello, pues ya trabajó lo suficiente como para no darse pequeños lujos, compró una casa en el centro de su municipio y que le costó 4 millones y medio de pesos, al menos. Allí vive su ex esposa, llamada Celina. También se agenció 4 camionetas de lujo y seis caballos de raza.

 

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Gustavo Vargas hace lo que le enseñaron sus mecenas. No puedes estar en un cargo público y no llevarte nada. Tampoco puedes irte sin cultivar amistades verdaderamente provechosas y por último debes asegurar tu futuro político. Vargas puede ser criticado por trabajar parcialmente, favorecer a sus cuates y a él mismo o por usar dinero que no es suyo. Incluso pueden calificarlo de arriesgado, tonto para unos, sagaz para otros. Pero nadie puede señalarlo de no querer vivir la vida al estilo de Luis Miguel, del locochón Vicente Fox o del ejemplo nacional en el que se ha convertido la familia Peña Rivera.

 

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Si alguien quiere saber cómo le irá a México con la presidencia de Peña Nieto, no tiene más que voltear al Estado de México y checar, hasta muy por encimita, los números del sobrino de Arturo Montiel. Es cierto que el poder en el país estará divido entre cuatro grupos, que representan al mismo tiempo a distintos intereses. Peña, Beltrones, Codwell y Gamboa. Los Cuatro Fantásticos aseguran que el país vivirá con ellos uno de los viajes más vertiginosos de la historia. Para abajo, claro.

 

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A La Familia, cártel dominante en la entidad, lo desbaratan a sangre y fuego. Y entre enemigos y autoridades se han encargado de mermar sus números pero también de preparar el terreno para la llegada de otros capos. Nada cambiará, sólo el nombre de los sicarios. A esto se le llama crimen organizado.

 

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La Cuenta Pública del Estado de México, versión 2011-2012, ya se está imprimiendo para su primera revisión. Son tantos los errores que la administración de Eruviel Ávila compendió que hasta se han autoimpuesto censores para que nada salga a la luz pública sin que esté cuadrado. Los números reflejan lo que ha sido Eruvuel Ávila, un gobernador que hasta el día de hoy es el perfecto Ejecutivo. No habla, no hace, no estorba.

 

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El ayuntamiento de Toluca se las está viendo negras para juntar el dinero para las nóminas de los empleados, quienes a duras penas reciben los pagos quincenales por su trabajo. Una severa crisis económica dejará la administración de María Elena Barrea, a quienes algunos ubican como la responsable directa por el desvío de 2 mil millones de pesos en tiempos electorales. Nadie sabe a dónde fue ese dinero, pero tampoco se le podrá preguntar a la ilustre señora. Tiene fuero para los próximos tres años.

 

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Enrique Peña y su equipo de investigadores están muy contentos por el sesgo que han tomado las elecciones del primero de julio del 2012. Los del PRD los habían acusado de comprar las elecciones y rebasar los topes de campaña. Ahora, tarde pero seguro, los tricolores, apoyados por la eficaz presidencia de Felipe Calderón, revelan los contratos de López Obrador con las compañías que le fabricaron gorras y publicidad. Así, una tal empresa AFK obtuvo más de 18 millones de pesos de la Asamblea Legislativa del DF y del PRD. Relacionada con el GDF, donde también obtuvo contratos por hacer videos publicitarios en el Bicentenario, la dueña de la empresa, Maricela García Rodríguez de 27 años, es además la contadora de Honestidad Valiente, la organización amlista que le ayuda al todavía candidato presidencial perredista. Todo tipo de contratos y personas ligadas con elecciones, candidatos y empresas son sospechosas, según las pautas establecidas por los mismos actores políticos. Peña y el PRI consideran que estos golpes desacreditan moralmente los reclamos de Obrador y sus colaboradores. La caca a todo lo que da.

 

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Empleados del IFE aseguran que sus programas y procedimientos son a prueba de fraude. Tan seguros están que ya hasta vendieron los modelos operativos a Francia y otros países europeos. Eso sí, aclaran que el fraude de julio no se cometió en el IFE, sino antes de que los datos llegaran al Instituto.

 

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A quien sí de plano le importa un pepino lo que pase con las elecciones, es a la Editorial BOB, que ya circula en todo México una serie de estampas y láminas con la foto de Enrique Peña Nieto debidamente instalado en la silla presidencial. Los de BOB no son nuevos en el negocio de encumbrar al señor casi-presidente cada vez que lo necesita. Hace pocos años, en enero del 2010  cuando Peña no decidía oficialmente su candidatura y todavía era gobernador mexiquense, en BOB la oficializaron, cómo no. Repartieron aquella imagen a los alumnos de primaria e institucionalizaron un hecho que no había sucedido, como lo hacen ahora.

 

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La editorial Bob cuenta con una página web, http://www.edicionesbob.com.mx, donde se informa que José Antonio Blanco Leal fundó la compañía en 1964, para “que cumpliera con el propósito de apoyar tanto a los alumnos como al magisterio en la delicada tarea de la educación”. Hoy la dirigen un tal Arturo y Fernando Blanco.

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