La más común de las fosas

* El narcotráfico es parte orgánica del Estado mexicano. Es una Secretaría con organigrama definido que se encarga de administrar 40 mil millones de dólares anuales que los diferentes cárteles recolectan y mueven dentro y fuera del país, y que ese siniestro ministerio debe insertar, alguna parte, al menos, en la formalidad económica de los mexicanos. El principal mercado es Estados Unidos, al mismo tiempo proveedor de armas y dinero. Guerreros Unidos, un cártel mínimo pero sanguinario porque el Estado se lo permitió, ha podido desnudar desde su propia incompetencia el tamaño de una imbecilidad que resuelve todo a punta de pala, desde el fondo de una fosa.

 

Miguel Alvarado

Enrique Peña Nieto, presidente de México y ex gobernador mexiquense del 2005 al 2011, acude a una gira por China y Australia en cuyo traslado ha invertido 21 horas y media. Sus fines son un misterio disfrazado en la habitual jerga protocoloria. A las dos de la madrugada del lunes 10 de noviembre salió del Hangar Presidencial y “participará en la Cumbre de Líderes Económicos del Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico (APEC) y la Cumbre de Líderes del Grupo de los 20”.

Este líder global abandona el país en medio de la peor crisis de seguridad y económica de los últimos decenios. Al grupo político en el poder, el de Atlacomulco, se le ha derrumbado el escenario de las reformas energéticas con las que, según sus propias publicidades, pretendía mover a México. En su lugar, un Narcoestado asume la conducción, descarado y cínico, genocida y se entrega a una limpieza casi étnica y arma un orden feudal cuya monarquía goza de todas las garantías de la sangre azul, pero también practica sus taras, ejercita idiota sus debilidades.

 

II

Mientras, el portal Aristegui Noticias difunde que la casa de la actriz de Televisa, Angélica Rivera, tiene un valor de 7 millones de dólares, enclavada en Sierra Gorda 150, Lomas de Chapultepec. Rivera es la Primera Dama de México.

Ella mantiene actividad en redes sociales, donde algunos de sus comentarios dejaron perplejos a algunos porque revelaron una desproporcionada insensibilidad, una ignorancia supina.

“Osea sí el PRI fue corrupto y mentiroso pero ya supérenlo no sean resentidos. Carlos Salinas ha sido el mejor presidente de México me consta”.

“Osea yo creo que si los indios quieren salir de donde están que se pongan a trabajar y dejende estar de flojos o violentos como en Atenco”.

“Enrique no se arrepiente de nada por lo que pasó en Atenco, la verdad se lo merecían sólo perturban la paz de todos los que si queremos trabajar”.

“No, los Zapatistas eran revoltosos que estaban poniendo en peligro la estabilidad de las empresas de Salinas, hizo bien en mandarles al Ejercito”.

“Por eso dije que Salinas hizo bien cuando mando al ejercito a esos indios revoltosos, osea que se pongan a trabajar y amen a México también”.

“No me arrepiento de ser quine soy. Puedo decir con orgullo que mi casa es Televisa, que amo a Enrique y que estoy con el PRI, es un orgullo”.

Peña Nieto se va y se lleva incluso al maquillista de su esposa, Alfonso Waithsman -un hombre sin pudor que publica su periplo de chaquira y lentejuelas por China- y a su gabinete. Nadie sabe si volverá. La mala noticia es que sí porque no tienen nada qué perder. ¿Qué es lo que ahora se lleva? ¿Qué es lo que deja el último representante de uno de los sistemas políticos más miserables del mundo? Construida cadáver sobre cadáver, uno por uno, la Nación Peña Nieto ahora paga las consecuencias del absurdo. A Peña lo saca del país su grupo, el de Atlacomulco y se va como en su momento lo hicieron otros. La dictadura permanece, porque el factor militar, que no se considera en su debida dimensión, permanece.

En México ni siquiera los muertos pueden ser contabilizados.

En México no hay partidos políticos. Pero la simulación de la democracia alcanza para pagar eso y más. La izquierda puede ejercer desde el otro extremo sin moverse un solo ápice. Sin fundamentación, sin valores, México asiste al atisbo de la dictadura. Pero ese México, el de los políticos, no nos representa.

 

III

Un amago de guerra civil -otra simulación- sin sentido quema las puertas de palacio mientras el Narcoestado quema a los estudiantes de Ayotzinapa, los pulveriza. Los echa al agua, los castra, se mutila la última oportunidad para algo. Acostumbrada a la violencia cotidiana, la población desprotegida es usada para matarse entre ella. Esa guerra, producto de la más miserable impunidad y corrupción proviene del Estado. El encono se redirecciona. Pronto habrá dos bandos. Buenos y malos porque así lo ha diseñado el Estado. Ese Estado vil, putrefacto, se transforma. Se mata a sí mismo como parte de la perversión más absoluta que permite el poder totalitario.

Se mata y resucita, también mesiánico.

Ejemplos inmediatísimos: Ángel Aguirre, gobernador de Guerrero con licencia, se ha ido, después de avalar el genocidio de Ayotzinapa. José Luis Abarca, ex alcalde de Iguala y sicario, está preso. La producción de enervantes continúa. No se han detenido ni un solo minuto el trasiego ni la venta.

Los líderes políticos están reducidos a poco menos que polvo. Las manifestaciones callejeras, organizadas desde la sociedad, los han excluido. No cabe Andrés Manuel López Obrador, periférico y perdido en su partido, Morena; no cabe la ultraderecha de panistas ni priistas empeñados en no soltar su coto sangrante ni el PRD ni su falsa izquierda, necropolitizada, alimentadora de la fauna cadavérica que representan los partidos parasitarios: están borrados. El sector político no es tomado en cuenta, ni siquiera para insultarlo, aunque la figura presidencial y el procurador de Justicia encarnen el odio público pero también la desesperanza, los violentos lutos.

 

IV

El narcotráfico es parte orgánica del Estado mexicano. Es una Secretaría con organigrama definido que se encarga de administrar 40 mil millones de dólares anuales que los diferentes cárteles recolectan y mueven dentro y fuera del país, y que ese siniestro ministerio debe insertar, alguna parte, al menos, en la formalidad económica de los mexicanos. El principal mercado es Estados Unidos, al mismo tiempo proveedor de armas y dinero. Guerreros Unidos, un cártel mínimo pero sanguinario porque el Estado se lo permitió, ha podido desnudar desde su propia incompetencia el tamaño de una imbecilidad que resuelve todo a punta de pala, desde el fondo de una fosa.

 

V

En México mandan los militares. Gobiernan desde la sombra pero efectivamente, otorgados los permisos para que los políticos hagan su parte correspondiente, sucia y corrompida, genuflexa, encadenada. Que la sociedad crea que actúa en libertad. Tenemos permiso de creer que somos libres dentro de un marco que ha perfeccionado el Narcoestado. Tenemos permiso de comprar, de la libertad de expresión, del supuesto tránsito, de protestar, de manifestarnos. De una elección presidencial si conviene. Pero ese permiso no incluye nada que no sea algo determinante: un modelo económico, por ejemplo. La palabra, por ejemplo. El entendimiento, por ejemplo: la paz, por ejemplo.

 

VI

Los normalistas de Ayotzinapa son un ejemplo para los mexicanos. La Nación Peña Nieto los ha exterminado. La desinformación los ha exterminado. El miedo los ha exterminado. Nosotros los hemos exterminado. Peña y su administración tienen preguntas que responder. Murillo, aunque tenga 40 horas sin dormir, tiene que responder. Pero México debe formular las preguntas adecuadas. De todas maneras aquel procurador general de Justicia en México, en este amago de guerra civil, el viernes 7 de noviembre apuraba sus investigaciones para encontrar a los estudiantes levantados en Iguala por policías municipales al servicio del cártel de los Guerreros Unidos. Detrás del atril, con los ojos hundidos, sumidos en boreales auroras rojas, envejecido, Murillo Karam, un ex gobernador del estado de Hidalgo –azotado también por el narcotráfico- comenzó matizando.

“Nos duele mucho”.

Desde allí, desde el inicio uno entendía la ironía del guión aquel, del humor negro involuntario, la inteligencia, porque sí, hubo semanas de planeación.

Allí estaba Murillo, parado detrás de su micrófono, representando la postura del Estado mexicano, nunca un aliado sino un muro, el enemigo quizás, depositario también de todos los reclamos, justos o no, legales o no.

 

Pero allí estaba, detrás del atril y frente a una parodia de bandera, reflejo fiel de la Nación Peña Nieto. Tres paneles, dos pequeños, uno grande. Dos escudos con sus águilas de singular diseño y la bandera blanca de la PGR a un lado del trapo tricolor, del símbolo por el que, dicen los Niños Héroes, hay que morir. Hoy, por ejemplo, habrá banderas pero no un país. Flores blancas, alcatraces, relumbran injertadas en ese foro montado para Murillo.

Acomoda sus fólderes. Le ha costado aprenderse la trama que soltará en breve. El procurador acomoda sus hojas, se acomoda él mismo en su traje impecable azul, pero que no le favorece porque lo entiesa, lo ficciona todavía más, lo convierte en un personaje, un trazo de sí mismo, hábil caricatura que no duerme porque también de la conmiseración se vive o regodea.

– Gracias, Lalo –dice Murillo en seco.

 

VII

Veintidós mil trescientas veintidós personas no localizadas en México, dicen datos de la PGR, de las cuales a la administración de Peña Nieto le corresponden casi 10 mil. No dicen que estén desaparecidas. La dependencia, apunta su actual procurador, es cuidadosa con las palabras. De todas maneras, esos 22 mil 322 ilocalizables representan apenas la cifra denunciada, el 20 por ciento de lo real. Un esquema elaborado por la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM afirma que si Chihuahua fuera un país, sería el más violento del mundo, pues allá sucede una de cada tres ejecuciones reconocidas en México.

 

VIII

– Gracias, Lalo –dice Murillo y aborda una introducción que pretende sencilla, simple, pero también muy sentimental.

– Hoy se cumplieron 33 días desde que la Fiscalía de Guerrero definió la competencia y le turnó a la Procuraduría General de la República la investigación sobre los hechos delictivos ocurridos entre el 26 y 27 de septiembre en Iguala, Guerrero.

Voltea, con la boca abierta. Toma aire rápida, casi imperceptiblemente. Su mirada permanece fija en la cámara que lo toma, una técnica elemental, pero se revuelve en su estar de pie. Se fatiga. Nos fatiga.

– Han sido 33 muy difíciles y dolorosos –pausa, pequeña aspiración mediática- sobre todo –otra pausa, pequeña, mediática- para quienes no saben el paradero de sus hijos. Pero también 33 días en los que no se ha dejado un día sin que haya habido una acción de búsqueda, sin que haya habido una acción con el propósito de encontrar a los desaparecidos por parte del gobierno de la República. También han sido 33 días.

Cambio de toma. La imagen se aleja. Murillo se aleja. La cercanía televisiva le hace daño. Se sujeta a los bordes de aquel atril blanco, posmoderno

–  …en que los mexicanos hemos vivido la angustia, la indignación…

 

IX

Pero esa búsqueda mencionada en la introducción tiene sus matices. La PGR se había comprometido a usar tecnología de punta de tipo satelital que al final resultaron en cinco aviones no tripulados, cinco helicópteros, ocho lanchas, 16 perros entrenados, 16 bioradares, una línea telefónica 01 800 e infinidad de operativos y recorridos por Iguala y las zonas aledañas.

Un día antes, los padres de los normalistas de Ayotzinapa le dijeron a Murillo que la dependencia que lo fatiga tanto simulaba las búsquedas porque iban a los cerros, “echan un vistazo y se regresan”. Murillo les dijo lo mismo: “ya estoy cansado de sus regaños”. Para ese entonces la PGR ya tenía los avances de esa investigación que anunciaba su procurador. Le había dado tiempo, incluso, de elaborar entrevistas con tres presuntos culpables; filmarlas, editarlas, ponerles subtítulos; llevar a los detenidos, tres, para que reconstruyeran la escena del crimen. Le había dado tiempo hasta de no dormir, de seguir falsas pistas.

 

X

Los diez elementos entre policías, militares y logísticos no le alcanzaron a Murillo para lo absoluto. Después de culpar al ex alcalde de Iguala, pero no del todo, José Luis Abarca, de dar la orden de matar a los estudiantes, Murillo precisaba la participación de más Guerreros Unidos.

– Se logró la ubicación y detención de Patricio Reyes Landa, alias “El Pato” y de Jhonatan Osorio Gómez, alias “El Jone”, quienes fueron detenidos en el poblado de Apetlaca, municipio de Cuetzala del Progreso.

Estos dos hombres llevaron a Murillo a una tercera persona, Agustín García Reyes, detenido en Cocula, Guerrero, alias “El Chereje”. Este último no alcanza los 1.65 metros de estatura. Ellos confesaron haber recibido a los estudiantes de manos de los policías de Iguala y Cocula, luego de levantados.

 

XI

La necesidad del gobierno de la república de dar transparencia obligó, según Murillo, a informar porque “los testimonios y confesiones que hemos recabado, aunadas al resto de las investigaciones realizadas, apuntan muy lamentablemente, al homicidio de un amplio número de personas en la zona de Cocula. En la búsqueda de la verdad, mi obligación es ceñirme a lo que consta en las averiguaciones… quiero ser muy claro: que lo que hoy presentamos son avances de la investigación (y) no son, ni pretenden ser, las conclusiones de la misma. La investigación continúa su curso.

 

XII

Entonces, son los estudiantes pero no son los estudiantes.

El relato que hará Murillo después, escueto, con voz cavernosa pero pocas veces vacilante es desfiladero, páramo, yermo, eco en una casa de 86 millones de pesos.

 

XIII

Reconstruye los hechos, traza las líneas. Para esto sí hay tecnología, o al menos sí funciona. Una pantallita muestra un mapa de la normal Raúl Isidro Burgos y la ruta que siguieron los normalistas. Que tomaron dos camiones de la línea Estrella de Oro. Que al llegar a la terminal de Iguala tomaron otros dos. Que José Luis Abarca -se le conocía, en los códigos de la policía municipal, como A5- dio la orden a los policías para detener a las personas que viajaban en esos cuatro camiones, según declara David Hernández, alias “El Chino”, operador de Radio de la policía. Allí, dice Murillo, los uniformados asesinaron a tres normalistas. Luego, dice, los normalistas siguen su camino pero los policías de Iguala apoyados por los de Cocula los detienen. Los suben a patrullas y se los llevan a un punto, entre Iguala y Cocula, “en que se abre una brecha, hacia la zona que se denomina Loma de Coyote”. Murillo voltea al mapa electrónico. Allí se entregó a los estudiantes a los Guerreros Unidos. En ese plasma al servicio de esa justicia pasan algunos segundos de esas patrullas Pick Up con su carga humana. Murillo recalca que los restos hallados en las fosas de Pueblo Viejo, las primeras que hallaron en la búsqueda de los levantados, no son de los estudiantes. Quienes yacen en Pueblo Viejo, dice, fueron asesinados en agosto, al menos cuatro de ellos. “Incluso se encontraron restos de mujeres”. En las muertes de Pueblo Viejo hay policías de Iguala involucrados.

 

XIV

Trazado el camino, no quedaba más que recorrerlo.

Son los estudiantes pero no son los estudiantes.

Lo son porque los detenidos, los Guerreros Unidos a quienes apodan “El Pato”, “El Chereje” y “El Jone” lo han contado. Que ellos los recibieron, que ellos mataron a los que no llegaron muertos. No lo son porque la Procuraduría no tiene la manera de probar aquellas declaraciones, porque hasta “los dientes, si se tocan, se desintegran”.

A Sidronio Casarrubias, el último líder de los Guerreros Unidos y de quien la sociedad del estado de Morelos sabía de su implicación en el secuestro y asesinato de los normalistas, lo atraparon cuando ese secreto a voces se filtró en redes sociales. A Sidronio, dice Murillo, lo contactó Gildardo López Astudillo, su lugarteniente, “El Gil”, para decirle de los conflictos en Iguala y culpando a Los Rojos, los narcos rivales. Casarrubias “avaló las acciones para, entre comillas, defender su territorio”, dijo Murillo, quien anunciaba la foto de “El Gil”, que nunca apareció en la pantalla sombría.

 

XV

Para la PGR, hubo tres autores materiales. Están detenidos y éstos mencionan a otros, que caerán en los días por venir, en los recuerdos del porvenir. Uno de ellos le dijo a la PGR que ellos tres, “El Pato”, “El Chereje” y “El Jone” recibieron de los policías a más de 40 personas.

– Ésta es parte de su declaración –dice Murillo, como si mandara a un corte televisivo.

Silencio. Espacio. Espacio. Silencio.

Nada sucede. No hay sincronía.

El procurador está fatigado aunque felizmente vivo, afortunadamente completo en un país que mutila y traga, que llama “privación” al asesinato.

– Despierten a quien tiene el video –dice por fin, con el rostro adusto, de piedra pómez.

Aparece Agustín García, “El Chaneque”, protegido su rostro con un filtro aunque se acaba de presentar su rostro en una enorme pantalla. Allí confirma los dichos de la PGR y añade los detalles, sentado, esposado, con un chaleco naranja, una playera verde, pantalón azul de mezclilla.

“Así que los haya contado uno por uno, no”, se lee en los subtítulos del video, mientras la voz del joven, de no más de 30 años, se arrastra, arrastra.

– Ellos dijeron…

– ¿Quién? –pregunta alguien de la PGR.

– “El Pato”, “El Chereje”, son 44, 43, así nomás oí pero que los haya contado no, pero sí eran hartos.

Realizado el traslado, se dirigieron al basurero de Cocula en un vehículo de 3.5 toneladas y otro más pequeño. El procurador dice que el basurero es un barranco que se ve desde el aire, rodeado por árboles.

Otro video es proyectado. El escenario es el basurero de Cocula. Se observan los pies, las sombras de los agentes y de un detenido.

– ¿Había algunos muertos en la camioneta antes de bajarlos? –pregunta alguien de la PGR.

– Sí, en el momento que yo iba pasando a los chavos–dice la voz del implicado, bronca- ya este, ya habían muerto, ya había como unos aproximadamente 15 muertos.

– Muertos de bala o de qué…

– De que se ahogaron, se asfixiaron.

“El Chereje” confirma que los sobrevivientes se identificaron todos como estudiantes y que habían ido a Iguala por la esposa de Abarca.

– Nomás así dijeron.

Y que no pertenecían a ningún grupo criminal.

Allí mataron a los sobrevivientes y los arrojaron al basurero, donde se hizo una pira gigante para quemar los cuerpos, con todo y ropa en un fuego que ardió por 15 horas alimentado por todo lo que había a la mano. La búsqueda de los peritos confirmó algunos fragmentos óseos

Pequeños huesos humanos, confirmaron.

Así, la reconstrucción es lo que es. Uno de los detenidos simula bajar los cuerpos de una camioneta. Una bolsa de plástico con ropa adentro simula el cadáver. El  hombre explica el paso a paso y los agentes de la Procuraduría registran todo.

– …los agarraban, para acá… para acá…

– Llévate, si quieres ocupamos…

– …y los iban acomodando así.

– …ocupamos estas mismas, así como si fueran cuerpos.

Y así como si fueran cuerpos, la bolsa de plástico blanca sirvió a Murillo y a su equipo como gráfico ejemplo. Y así, como si fueran cuerpos, los estudiantes fueron acumulados, amontonados y, según la PGR, reducidos a la ceniza mínima.

– ¿Quieres que te ayude alguien? –dice el agente de la PGR al detenido.

– Este… no, porque los que estaban vivos se levantaban, ya los agarraba y después caminaban así –agachados, con las manos sobre la nuca.

Y así, como si fueran cuerpos, allí los ejecutaron, los acomodaron, los aventaron al fondo del barranco del basurero y les prendieron fuego.

Vuelve la imagen con Murillo Karam.

– Corroboran esos dichos las declaraciones de dos empleados del servicio de Limpia de Cocula, quienes dicen que esa semana, que cuando iban a bordo del camión de basura municipal identificado como la Unidad 01, fueron interceptados por dos de los ahora requeridos, quienes les impidieron el paso, (y) les ordenaron que regresaran.

Murillo informa que luego de quemar los cuerpos, los autores materiales recibieron la orden de quien apodan “El Terco”, de triturar los huesos calcinados y depositarlos en bolsas de basura negras, que luego fueron vaciadas en el río San Juan, salvo dos, que se arrojaron completas. Luego pasan tomas de peritos en el fondo del basurero y se observan dientes ennegrecidos, la ceniza humana en ese fondo mapeado, acordonado con hilos, como una hortaliza, delimitados por letreros. Al recorrer ese río, luego, los policías encontraron restos de las bolsas y el contenido -Murillo acota que en esos operativos un agente se ahogó- y al menos una de ella estaba cerrada. Adentro había huesos humanos que luego fueron depositados en bandejas de plástico, para su estudio y clasificación. Pero el fuego y la degradación imposibilitan la extracción del ADN, dice Murillo, quien afirmó que se hará, sí, pero en Innsbruk, Austria.

La investigación queda abierta.

– Mientras tanto, se seguirán considerando como desaparecidos a los estudiantes de Ayotzinapa para efectos de la investigación.

Luego vinieron las preguntas.

– La Jornada: ¿ustedes ya están asegurando que los 43 normalistas fueron asesinados?

– No. Nosotros estamos asegurando que el grupo de personas que se detuvieron, que se trasladaron, que se llevaron a ese lugar, que se incineraron, se quemaron y después se tiraron en río forman parte de los hechos sucedidos en Iguala. Para poder determinar que son los estudiantes necesito acumular las formas de identificación que puedan darse. Hay muchos… muchas… muchos indicios… ustedes vieron. Precisamente por eso los mostramos, porque nos podrían indicar que son, pero la obligación de la autoridad que tiene como función la clara identificación de las cosas nos obliga a mantener la investigación hasta que tengamos una plenitud total.

Son, pero no son.

Cuarenta minutos después todo concluyó pero el tiempo alcanzó para que Murillo Karam dijera que “yo hablo, en el primer caso, en cuanto a policías y el presidente municipal, seguramente así irá la consignación de desaparición forzada. Es un caso típico de desaparición forzada. Y luego, si hay muertos, es un homicidio. Usar las palabras así nada más es un poco peligroso, un crimen de Estado es algo mucho mayor. Iguala no es el Estado mexicano.

 

Todavía dos reporteros más accedieron al micrófono. Murillo contestó a sus preguntas y soltó al final un “muchas gracias, ya me cansé”.

Una más, le dijo el maestro de ceremonias. Murillo aceptó pero el “ya me cansé” circulaba sin pereza por el país, en las entrañas de las redes sociales, que seguían el desarrollo de la noticia más esperada y que definirá parte del futuro del país, este sí, cansado, agotado, exprimido, asesinado.

Ese “ya me cansé” marcaría apenas el inicio de un fin de semana que incluiría la quema de una de las puertas de palacio nacional en una especie de montaje que supuestos infiltrados a una marcha pacífica realizarían la medianoche del sábado 8 de noviembre.

 

XVI

Un usuario de facebook y que presenció la quema de la puerta del palacio nacional, la noche del 8 de noviembre, relata:

“Lo que sucedió ya se sabe: que la marcha se tornó pacífica (más al rato subo fotos) y al final varios estudiantes (e infiltrados) que estaba en ella se volcaron hacia la susodicha puerta. Comenzaron a aventar “palomas” (cuetes de esos de las posadas) y petardos un poco más potentes. Un grupo de 30 ó 40 personas echaron gasolina a la puerta y comenzaron a incendiarla. Casi al instante el fuego se disipó debido a que la puertita tiene un mecanismo (faltaba más) de agua que al percibir con sensores el fuego, dejó caer sobre ella una cascada. Infructuosamente intentaron quemarla de nuevo, volvieron a rociarle combustible y jamás prendió. Ante ello, tomaron las vallas y formaron arietes. Alguien aventó una bomba Molotov dentro de la casetita de vigilancia, que se extinguió en seguida. Dos antorchas hicieron blanco en un par de oficinas que tenían la ventana abierta y se apagaron un minuto después. Intentaron aventar objetos a los vidrios pero no se rompieron porque son a prueba de eso. La puerta apenas sí se astilló con las arremetidas, que duraron unos 20 minutos. En seguida, alguien descubrió a un policía, que se escurrió por el lado sur y los manifestantes se fueron contra él, junto con los medios de comunicación. Con una estrategia perfectamente planeada, unos 20 granaderos entraron al rescate de este policía y se posicionaron en la puerta. Les secundaron otros 20 ó 25 soldados del Estado Mayor Presidencial, quienes a la voz de tres corrieron hacia los periodistas y manifestantes para atacar y hacer detenciones. La gente se replegó al Asta Bandera. Los estudiantes tomaron las vallas tiradas y se las llevaron a Madero. Con ellas cerraron Eje Central y Juárez. Abrieron el paso para que entrara una ambulancia y los policías de Tránsito apoyaron esa acción. Los automovilistas dieron marcha atrás. Diez minutos después llegaron unas 10 camionetas de granaderos del DF y comenzaron a detener a quienes veían al paso. A 15 metros, unos estudiantes de alguna universidad privada se sacaban una sesión de fotos de graduación y apenas se inmutaron porque los manifestantes ya eran pocos. Sobre Madero, Juárez y 5 de Mayo los antros nunca cerraron, los Oxxo tampoco, la gente del Starbuck’s apenas se percataron de que hubo una marcha. La puerta del Palacio Nacional no tiene ni un rasguño”.

 

XVII

Toca ahora el exterminio, una guerra planeada, confusa mientras algo sucede detrás, algo que no se alcanza a ver mientras hay saqueos

mientras queman las puertas del palacio nacional.

y se confunde con un mensaje

“ya me cansé” explica un país enfrentado, la realidad mexicana, un Narcoestado por fin cuestionado, desenmascarado, la sociedad civil frente al grotesco tinglado que monta la Nación Peña Nieto y sus personajes sostenidos apenas por la punta de una bala, la más común de las fosas.

Apocalipsis, ahora

* Puede que AMLO tenga algún tipo de relación con José Luis Abarca y su esposa; que supiera de sus antecedentes y nexos con la delincuencia organizada; que lo hubiera apoyado o promovido para alcanzar la presidencia de ese municipio; que fuera parte de su estructura político-electoral; supiera del asesinato que cometiera contra un opositor, del PRD además; y si todo esto fuera cierto por supuesto que sería condenable y, legalmente, lo hiciera hasta cómplice. Pero de todo esto será el propio líder de Morena quien tendrá que responder, tanto si lo requiere la autoridad como si no.

 

Jorge Hernández

Las acusaciones en contra de Andrés Manuel López Obrador, líder del partido Movimiento de Regeneración Nacional, sobre tener vínculos con el ex presidente de Iguala, José Luis Abarca, y señalado autor intelectual de la desaparición de 43 estudiantes normalista hace casi un mes, ilustran la pobreza moral y ética de los partidos políticos y la clase política en general.

No debería sorprendernos, si admitimos que el ejercicio de la política y la investidura de político eluden por necesidad ambas cualidades. Para ser político se requiere hacer a un lado todo escrúpulo moral o ético, y para ejercer la política, también.

Puede que el tabasqueño, efectivamente, tenga algún tipo de relación con José Luis Abarca y su esposa; que supiera de sus antecedentes y nexos con la delincuencia organizada; que lo hubiera apoyado o promovido para alcanzar la presidencia de ese municipio; que fuera parte de su estructura político-electoral; supiera del asesinato que cometiera contra un opositor, del PRD además; y si todo esto fuera cierto por supuesto que sería condenable y, legalmente, lo hiciera hasta cómplice. Pero de todo esto será el propio líder de Morena quien tendrá que responder, tanto si lo requiere la autoridad como si no.

Lo que vemos, sin embargo, no es un intento de reclamo moral contra Obrador, aunque así lo disfracen, sino un intento de linchamiento político en el contexto del río revuelto en que se ha convertido el caso Ayotzinapa.

Algún efecto tendrán los señalamientos, en su imagen, en su partido y en sus votantes, pero en ningún caso ayudarán al país a salir de este apocalipsis que estamos viviendo ya.

Porque los tiempos que corren urgen, justamente, a elevarse por el mundano nivel del político y la política para alcanzar algo que pocos  o ninguno de nuestra clase política posee: estatura de estadista y verdadero líder.

Quienes lo acusan son, como él mismo, políticos. Y en su conjunto, sin distinciones de partido ni doctrinarias, tan responsables como él, si admitimos que al menos lo son por omisión. Porque además de Obrador sabían del perfil de Abarca el CISEN y obviamente la Presidencia, así como el gobernador ya separado del cargo y no se diga las dirigencias del PRD de antes y ahora.

¿Por qué nadie dijo ni hizo nada? Porque son políticos, porque todos hicieron cálculos y fabricaron escenarios para saber hasta dónde podrían sacar ventaja de esa información y esa relación, fuera política, fuera económica. De tal manera que la misma acusación y los mismos reclamos en contra de López Obrador deberían hacérselos ellos mismos, todos ellos a sí mismos.

Por esto los señalamientos y reclamos contra el líder de Morena, si bien efectivos para restarle votos y simpatías, así como  desviar la atención del asunto central –el rescate de los jóvenes desaparecidos, vivos o fallecidos-, no servirán en absoluto para abonar en esta tarea por demás titánica y social, antes que sólo política.

Pero si nada le aportan deberían servir para otro propósito, la oportunidad del tabasqueño y de otros, muchos otros –el sacerdote Alejandro Solalinde tendría que ser uno de ellos- para erigirse precisamente en esa figura que tanto nos falta: el estadista, el líder y el visionario que demanda el país.

Y no porque los mexicanos sigamos dependiendo ni necesitando del Gran Tlatoani, sino porque el grado de putrefacción que hemos alcanzado ya no da para más. Somos y tenemos, bien señaló el Departamento de Estado norteamericano, un Estado fallido. No existen el Estado de Derecho y las instituciones están petrificadas. En estas condiciones, que son también nuestros grandes retos, necesitamos con urgencia del estadista capaz de verlo y asumirlo,  de actuar en consecuencia.

 

Fosa común

* La masacre de normalistas en Iguala es el resultado de años de corrupción y represión en México. Lo mismo que los 22 ejecutados en Tlatlaya, los hechos responden a las decisiones tomadas durante años por la clase política, una sola con el crimen organizado y que toma decisiones desde la lógica del asesinato.

 

Miguel Alvarado

A principios de octubre del 2014, el presidente de México, Enrique Peña, afirmaba que había bajado en 87.5 por ciento el número de recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos a las fuerzas armadas. La matanza de 22 personas en San Pedro Limón, Tlatlaya, Estado de México, había sucedido el 30 de junio del 2014, quince días antes de que se difundieran esas estadísticas. En esa ejecución, que la Federación después matizó cargando la culpa total a tres soldados, la Comisión Nacional de Derechos Humanos actuó como siempre lo hacen las comisiones mexicanas. Su postura oficial fue la de reconocer que hubo graves violaciones a los derechos humanos. Ninguna cosa más. Luego de una semana viviendo en las instalaciones de la Normal Rural de Ayotzinapa, los estudiantes les exigieron a los de la CNDH salir del plantel. Los escoltaron hasta las puertas y desde allí los vieron partir en dos autos y una camioneta. Los estudiantes no confían en ellos. Esa misma Comisión ha encabezado otras dos investigaciones por ataques a normalistas.

 

II

Los derechos humanos en la administración de Peña Nieto funcionan así. Lo mismo sucedió en el 2006, cuando la policía estatal se enfrentó en San Salvador Atenco al Frente de Pueblo en Defensa de la Tierra. Hubo más de doscientos detenidos y dos muertos. La Comisión Estatal de Derechos Humanos nunca pudo establecer independencia del gobierno peñista y nunca, por mediación de la instancia, alguien pudo obtener algún resultado. Human Rights Watch acusa que a EPN le interesa más la apariencia que reconocer la gravedad de la inseguridad en el país. Peña dijo, el 30 de septiembre, cuatro días después de la masacre en Guerrero, que el asunto era problema de Iguala.

 

III

Peña construyó esa candidatura presidencial desde el cobijo de su tío, el ex gobernador priista del Edomex, Arturo Montiel, miembro del Grupo Atlacomulco, en el 2005. Un año después comenzaba a fraguar la llegada del equipo político a la presidencia, sueño acariciado por décadas que ni Carlos Hank ni Alfredo del Mazo González habían cumplido. El Grupo Atlacomulco ya había revelado que el poder es un negocio que involucra al clero, al empresariado, a los políticos y al crimen organizado. Y que la clase política no estaba dispuesta a trabajar en otro esquema, desde el partido que fuera. A Peña, esa precampaña desde el 2006 le costó unos 700 millones de pesos al año, casi todos otorgados a Televisa, que le armó un escenario de novela y coloreó su materia gris con crayolas de estadista. El dinero provino de fondos públicos, facturado como publicidad y difusión de obra.

 

IV

En la matanza de Tlatlaya, hay tres soldados presos que actuaron por su cuenta, según la versión del procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, quien sabía que le reclamarían por la evidente inconsistencia, similar, por ejemplo, a la solución final del caso de la niña Paulette, muerta en Huixquilucan en el 2010 y de la que dijo el entonces procurador Alfredo Castillo, estaba debajo del colchón. Así, con la previsión en el discurso, dijo que “los enfrentamientos ya se habían dado. Ya había muchos muertos, muchos heridos”. La última misión de los tres soldados fue exorcizar a todo su batallón, el 102 estacionado en San Miguel Ixtapan, Tejupilco, y acusado por años de haber sido infiltrado por el narcotráfico, por el cártel de La Familia Michoacana, que organizó con al menos 52 soldados una red de informantes que pagaba el líder regional de los narcos, Johnny Hurtado Olascoaga, “El Mojarro”, con residencia en Arcelia, Guerrero, a una hora de Iguala.

 

IV

Enrique Peña canceló una gira por Guerrero. A cambio, se dejó fotografiar paseando por la ciudad de México con los príncipes de Japón, Akishino y la princesa Kiko, el 6 de octubre, a quienes atendió en el protocolo de la buena educación. También voló a Baja California Sur, el 7 de octubre, donde los damnificados por el huracán Odile lo apapacharon sonrientes y le agradecieron el apoyo federal. Al menos los que salieron en las fotos. Al tema de Ayotzinapa, Guerrero, los seis muertos y los 43 normalistas desaparecidos, Peña Nieto le dedicó cerca de 4 minutos en público, también el 7 de octubre. En Monterrey, el 8 de octubre, se tomaba fotos con militantes, muy sonriente y su hija, Paulina Peña, visitaba Europa en compañía de sus amigas, vigiladas por el Estado Mayor Presidencial, en viaje de placer.

 

V

No es necesario que organizaciones internacionales declaren que México vive una guerra interna, la más cruenta de su historia. Todos las ven desarrollarse frente a uno, en la calle, a plena vista, a uno metros, al lado, en uno mismo. De todas maneras algunos números confirman un escenario así.

240 mil muertos aunque apenas 120 mil reconocidos oficialmente.

30 mil 780 ejecutados en el periodo peñista.

27 mil desaparecidos, aunque apenas 8 mil reconocidos.

 

VI

Por fin los gobiernos mexicanos aceptan lo que son. Narcopolíticos, en todos los niveles, gobiernan un país e imponen las reglas, sus decisiones sólo reflejan eso. No hay truco. Un narcopolítico genera narcopolítica. El libro del periodista Francisco Cruz, “Tierra Narca”, reveló desde el 2010 el grado de pudrición en la élite gobernante del Estado de México, donde nunca ha habido un Ejecutivo que no sea priista. Escribe que “las proyecciones más confiables estiman que el Estado de México tuvo en el 2005 un subregistro de dos millones de delitos… la cifra negra (delitos no denunciados en el Estado de México está en alrededor de 85 por ciento, según la Sexta Encuesta Nacional sobre Inseguridad, que en octubre de 2009 hizo pública el Instituto Ciudadano de Estudios sobre Inseguridad (ICESI). Los números de Peña como gobernador son tan infames como los que obtiene como presidente. El reportero Agustín Germán Márquez obtenía para el diario local Alfa, las cifras más importantes.

Secuestro, homicidio y violación habían incrementado 21 por ciento entre 2005 y 2007.

Feminicidios y homicidios dolosos de mujeres subieron 17 por ciento entre 2006 y 2007.

El número de víctimas por cada 100 mil habitantes fue de 10 mil 200, según la Sexta Encuesta.

Esto, durante el gobierno de Enrique Peña.

No se puede hablar de fracaso. Los gobiernos de México siempre han trabajado para obtener el escenario que se vive ahora. Ya lo consiguieron.

El Estado mexicano es, en suma, el crimen organizado.

 

VII

A la Tierra Caliente que comparten Michoacán, Guerrero y el Estado de México se le debe agregar el estado de Morelos. Se obtiene un principado, independiente, donde las reglas son otras, como otras las autoridades. El alcalde perredista de Iguala, José Luis Abarca, es el responsable directo del asesinato de 6 normalistas y la desaparición de otros 43. Pequeño de estatura, más pequeño que Peña Nieto, casado con una mujer dominante, María de los Ángeles Pineda Villa, es también heredera de toda una familia del narcotráfico. Sus hermanos, Marco Alberto Pineda Villa y Marco Antonio Pineda Villa, pertenecía al cártel de los Beltrán Leyva y fueron abatidos en el 2009. Pero esa familia construyó de la nada su imperio. Propiedades como joyerías, edificios y centros comerciales atestiguaron el crecimiento económico de los esposos a la sombra, también, de la suegra del alcalde fugado, María Leonor Villa Orduño, y de otro de sus hijos, Salomón Pineda Villa, “El Molón”, dueño de la plaza de Iguala para el cártel de los Guerreros Unidos, grupo surgido de las remanencias de los Beltrán Leyva y que fue operado por Mario Casarrubias, “El Sapo Guapo”, desde Morelos.

 

VIII

El narcoalcalde Abarca se retrató públicamente con cuanta personalidad se le atravesaba en el camino. El presidente de México, Peña; el dirigente nacional del PRD, Carlos Navarrete; el diputado guerrerense Óscar Díaz Bello; Armando Ríos Piter, diputado federal perredista y con Andrés Manuel López Obrador, para hacerse publicidad en las elecciones que lo llevaron a la alcaldía. La esposa, María Pineda, también lo hacía y posaba junto al gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, a quien también se le involucra con el narcotráfico por medio de uno de sus primos, Víctor Aguirre, “El Feo”, quien controla Acapulco.

 

IX

Las fotos son lo de menos. Un hombre que se ha decidido a salir de la nada es capaz de cualquier cosa. José Luis Abarca Velázquez es acusado de secuestrar y matar a un militante perredista. Incluso hay un testigo que sobrevivió a un cautiverio que terminó con la vida del líder de la Unidad Popular de Guerrero, Arturo Hernández Cardona, el 30 de mayo del 2013. En total, eran ocho los levantados por el alcalde, quien había sido denunciado por tres de ellos y recibido duras críticas. El ingeniero Arturo Hernández Cardona, Félix Rafael Bandera Román, Ángel Román Ramírez, Héctor Arrollo Delgado, Efraín Amantes Luna, Gregorio Dante Cervantes, Nicolás Mendoza Villa, quien finalmente pudo contar el crimen y Jimmy Castrejón, todos de la Unidad Popular, fueron plagiados en plena carretera.

 

X

“Nos trasladaron agachados a un lugar desconocido. Sólo sé que era campo porque no íbamos vendados, a este lugar llegó una persona a interrogarnos, misma que escribía todo en hojas blancas, nos preguntó nuestros nombres, y direcciones y la de nuestra familia, cuatro hombres armados con Cuernos de Chivos nos estuvieron cuidando esa noche, uno de ellos nos golpeaba con un machete largo, un látigo de alambre y una tabla en forma de una paleta.

“Ahí nos tuvieron toda la noche. Al día siguiente, treinta y uno de mayo, nos cuidaron ya diez hombres que portaban armas largas, por la mañana nos siguieron pegando. Alrededor de las seis de la tarde dos hombres cavaron una fosa. Ya muy noche llegaron tres personas, de los cuales conozco y conocí a dos y si me las ponen enfrente las puedo señalar y son: el presidente municipal, de nombre José Luis Abarca Velázquez; el secretario de Seguridad Pública y otra persona que no conozco, todas ellas con una cerveza barrilito en la mano. El presidente José Luis Abarca Velázquez ordena a las personas que nos cuidaban que nos torturen, al término de nuestra tortura el presidente municipal se dirigió al ingeniero Arturo Hernández Cardona, diciéndole: “Qué tanto estás chingando con el abono, me voy a dar el gusto de matarte”. Al ingeniero Arturo lo siguieron torturando y aproximadamente diez minutos después el director de la Policía Municipal levanta del suelo al ingeniero Arturo y se lo llevaron a la fosa que estaba más o menos a 10 metros de donde nos tenían y es el presidente municipal Abarca Velázquez quien le da un escopetazo en la cara y otro en el pecho y lo dejaron tirado en la fosa, comenzó a llover y no lo taparon, quedó descubierto.

“El compañero Félix Rafael Bandera Román, al tratar de escapar fue ejecutado, lo sé y me consta porque tres de las personas que nos vigilaban trajeron de regreso el cuerpo. Esa noche nos volvieron a interrogar, preguntándonos nuestras direcciones, nuestra relación con el ingeniero Arturo Hernández Cardona y nuestra participación en la Unidad Popular. Desde ese momento se dedicaron a amenazarnos, sólo decían entre ellos que tenían que esperar para ejecutarnos, se dedicaron a excavar fosas, alrededor de las 10 de la noche reciben una llamada y se escucha la orden de que “se debía de destapar los depósitos y sacar los cuerpos, porque ya se puso cabrón”. Desenterraron al ingeniero Arturo Hernández Carmona y a Félix Rafael Bandera Román, metieron los cuerpos en una camioneta Cherocky, nos trasladaron a la camioneta donde estaban los cuerpos y nos metieron encima de ellos, nos llevaron cerca de Mezcala y nos tiraron a todos, ahí matan a Ángel Román Ramírez, disparándonos dos personas con armas largas y todos corrimos al monte”.

 

XI

“Julia” sobrevivió a la matanza de Tlatlaya pero vio morir a su hija, asesinada por alguno de esos tres soldados que, dice la PGR, mataron a casi todos. “Julia” culpó a los soldados y contó la historia a medios extranjeros. Hoy la PGR dice que “Julia”, testigo protegido, tiene al menos dos versiones sobre los mismos hechos. “Pero no varía mucho los hechos”, dice el titular de la dependencia, Jesús Murillo.

 

XII

Los estudiantes de la Normal Raúl Isidro Burgos en Ayotzinapa se dirigían el 26 de septiembre del 2014 a la plaza de las Tres Garantías, donde la dueña de Iguala pero además presidenta del DIF estatal, María Pineda, rendiría su informe de labores. “Quiero invitarlos a que hoy me acompañen a mi segundo informe de actividades en punto de las 6 de la tarde”, decía el último mensaje en facebook de la presidenta, que subía una foto con el escenario ya dispuesto. La policía fue enviada a detener a los estudiantes pero en lugar de eso abrió fuego contra ellos. Y quien ordenó dispararles fue el director de Seguridad Pública municipal, Francisco Salgado Valladares. Luego, un sicario apodado “El Chucky”, quien trabaja para Guerreros Unidos y opera en el estado de Morelos determinó asesinarlos. La trama de Iguala es similar a la de Tlatlaya. Los responsables directos de los asesinatos serán “El Chucky” y sus narco-policías, como lo fueron los tres soldados en el Estado de México. En la lista de presos no habrá ningún político o alto mando.

 

XIII

José Luis Abarca es amigo de Lázaro Mazón Alonzo, senador perredista hasta el 2012 y alcalde de Iguala en dos periodos, 1996-1999 y 2002-2005. Político finalmente, es ahora secretario estatal de Salud en Guerrero y hace poco se deshacía en elogios por Abarca Velázquez y su mujer. Es también el abanderado de Andrés Manuel López Obrador, presidente del partido Movimiento de Regeneración Nacional, para las elecciones de gobernador en aquel estado. “Es el mejor”, dijo AMLO de Mazón. “Es el mejor”, dijo Mazón de Abarca.

 

XIV

Iñaki Blanco, fiscal de Guerrero, dijo que del “Chucky” sólo se conocía su apodo.

 

XV

Pero si el gobierno de Guerrero ni la Federación o los militares tienen idea de cómo se llama “El Chucky”, un blog en internet puede darles una pista. El sitio “Morelos narconoticias” http://jojunarco.blogspot.mx, se dedica a subir información relacionada con el narcotráfico en Morelos, que siempre va de la mano de secuestros, extorsiones, asesinatos y detenciones. No hay nada que no esté en otros medios, excepto su singular área de comentarios, usada como ring de combate verbal por los propios sicarios y narcotraficantes, grandes y pequeños. Todos se amenazan y se ostentan como los más rudos, poderosos. No hay tregua en las calles pero tampoco en las redes sociales. Allí se revelan direcciones y apodos, se avisa a los amigos o socios, se ponen los nombres de familiares y amantes; se develan rutas, alianzas y traiciones y “El Chucky” es uno de los personajes más comentados. Según el foro, “El Chucky” se llama Carlos Roberto Quezada.

 

XVI

“¿Cómo es que 4 sicarios están detenidos y no hallan al Chucky? Verga. Q c desconoce el nombre “Carlos Roberto Quezada” aista eL nombre d este perro vive en pte de ixtla. Trabaja para Carrete, Pinche gobierno comprado esta asiendo pedo Xq su familia esta protestando… si no, no isiseran nada cada dia muere gente. Ayer encontraron a una señora encpbihad con un msj donde esta la prensa? En iguala? Xq? Xq son 43 desaparecidos a no mamen tienen q ser un chingo para llamar su atención son mamadas.. Carlos Quezada alias el chucky trabaja para santiago mazari alias el carrete… chuky vive en la calle argentina frente a la estancia de niños cocoy … col norte. De pte de ixtla”, es el mensaje que se deja en el foro con la dirección http://jojunarco.blogspot.mx/2014/10/emite-epr-comunicado-sobre-caso.html#comment-form, al pie de un comunicado o pronunciamiento del Ejército Popular Revolucionario.

 

XVII

“El Chucky”, ya mencionado por las autoridades como el ejecutor de los asesinatos de los normalistas, es el brazo sicario de Santiago Mazarí, “El Carrete”, líder de “Los Rojos” y sobrino del diputado local por Morelos, Alfonso Miranda Gallegos, quien a principios de octubre del 2014 solicitó un amparo para no ser detenido. La trama es complicada. “Guerreros Unidos” domina Iguala y el enmarcado político del PRD, mientras que “Los Rojos”, para quienes trabajaría “El Chucky”, habrían asesinado a los normalistas.

 

XVIII

Leonor Villa Ortuño, suegra del alcalde José Luis Abarca aparece en un video cuando supuestamente había sido secuestrada. Vendada de manos y ojos, la madre de María de los Ángeles Pineda Villa relata, bajo amenaza, que su yerno protegía a Guerreros Unidos a cambio de 2 millones de pesos mensuales. La trama de relaciones se complica, desde luego, pero no es imposible de seguir, como una mala telenovela en la que incluso aparece el nombre de Federico Figueroa, hermano del cantante Joan Sebastian o José Manuel Figueroa, primos-hermanos del ex gobernador Rubén Figueroa.

Federico Figueroa es mencionado en el submundo de las narcorredes como el sucesor de Mario Casarrubias Salgado al frente de los Guerreros Unidos en Morelos.

A Mario Casarrubias Salgado lo llaman “El Sapo” o “El Sapo Guapo” y fue detenido en Toluca en un operativo encabezado por la Marina, el 30 de abril del 2014. Casarrubias era escolta de los Beltrán Leyva y trabajó algún tiempo en Chicago, donde halló la manera de encontrar protección de norteamericanos para transportar droga en tráileres desde México. Era uno de los más importantes proveedores de heroína. Un video circulaba en redes sociales y desde allí un hombre llamado Carlos Campos Hernández, “El Comando”, vinculaba a funcionarios del Estado de México con el grupo de Casarrubias. Entre algunos, menciona al alcalde de Ixtapan de la Sal, Ignacio Ávila Navarrete, a quien ubica como compadre Casarrubias, quien usó la misma estrategia que Johnny Hurtado para comprar información a soldados pertenecientes a los batallones 27 y 35.

En el 2013, Casarrubias peleaba contra los Caballeros Templarios por el control del sur mexiquense y esa guerra, invisibilizada por las autoridades, se extendía desde Tejupilco hasta Iguala y Telolalpan, en Guerrero, e involucraba a municipios de Morelos y Michoacán, además de una precaria alianza con la Familia Michoacana, dirigida en ese entonces por José María Chávez Magaña o Leobigildo Arellano Pérez, “El Pony”; Héctor García, “El Player”; Pablo Jaimes Castrejón, “La Marrana”, jefe de plaza en Tlatlaya y el propio Hurtado, “El Mojarro”. Jaimes fue abatido en Luvianos, en agosto del 2014, por el ejército.

Héctor García, “El Player”, está involucrado en el levantón y asesinato del alcalde -del PT y Convergencia- de Zacualpan, José Eduviges Nava, municipio mexiquense, el 19 de agosto del 2011, cuyo cuerpo apareció en Guerrero. Las primeras investigaciones condujeron a la captura de Sergio Aguirre Pérez, “El Chino”, jefe de plaza de Tejupilco para La Familia, quien dijo tener vínculos con José Luis Muñoz Álvarez, comandante de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y a quien se le pagaban 50 mil dólares como sobornos. De aquella alianza contra los Templarios, permanecen libres “El Mojarro” y “El Player”.

Fue Mario Casarrubias quien consolidó el poder de los Guerreros Unidos y logró crear desde Morelos, un corredor natural hacia el valle de México, un emporio capaz de pelear por el control de la Tierra Caliente y que actualmente libra batallas por esa plaza contra el cártel de “Los Rojos”. Johnny Hurtado, “El Mojarro”, desde Arcelia, Guerrero, pelea todavía contra Templarios, Guerreros Unidos, Rojos y el ejército. Doce fosas clandestinas habían sido localizadas en Morelos hasta este año. La ciudad más cercana a Arcelia es Iguala y es un paso de droga usado por los cárteles en el sur. San Pedro Limón era, hasta principios de este año, uno de los centros de reunión de La Familia Michoacana.

 

XIX

Unas semanas antes de la matanza de Tlatlaya, Hurtado y su grupo se enfrentaban a soldados, que lo buscan aún por la muerte de un teniente de la Marina, Arturo Uriel Acosta Martínez, asesinado por pistoleros de La Familia en abril del 2014 en el poblado de Liberaltepec, Guerrero. Los encuentros contra el ejército incluyeron poblados del Estado de México, como San Pedro Limón en Tlatlaya y otros de Amatepec.

 

XX

El Ejército Popular Revolucionario, EPR, también tomó postura luego de la matanza de Iguala, desde un comunicado emitido antes de encontrarse fosas clandestinas donde estarían los cuerpos de algunos de los desaparecidos.

“Los 43 normalistas que permanecen en desaparición forzada están siendo torturados en los cuarteles de la policía federal, instalaciones del ejército y la marina como sucedió en la represión del 28 de abril y el 15 de octubre de 2012 en Michoacán, cuando los mantuvieron desaparecidos temporalmente en las instalaciones de la academia de policía donde fueron también brutalmente torturados. Constituye una cínica burla la declaración del gobierno estatal al afirmar que se “abocará” a su localización, porque es de todos sabido y existen evidencias fehacientes de que fue la fuerza policíaco-paramilitar quien se los llevó, operativo realizado coordinadamente entre policía municipal, estatal, federal, ejército, marina y paramilitares.

“Los misteriosos “civiles armados y encapuchados” que perpetraron parte de esta masacre en realidad son elementos activos de las fuerzas policiaco-militares realizando acciones de paramilitarismo. Es grotesco sostener la tesis de la infiltración del crimen organizado para endosar este crimen de lesa humanidad a la “delincuencia organizada”, dicha afirmación constituye una burda maniobra política para diluir la responsabilidad del Estado y garantizar impunidad a los criminales materiales e intelectuales.

“Especulaciones dolosas promovidas por el Estado mexicano y difundidas perversamente por “sesudos analistas” y funcionarios públicos. La tesis del Estado Fallido,  independientemente de su modalidad con la que se pretende “justificar” la supuesta violencia generalizada, por la “delincuencia organizada” y el narcotráfico se encuentra circunscrita dentro de la doctrina de la guerra contrainsurgente dictada desde el imperialismo norteamericano.

“La masacre de Iguala es la expresión fiel del grado de terrorismo de Estado con el cual se trata de imponer de forma incuestionable la criminalización de la protesta popular bajo la mascarada e instrumento jurídico de “regular” marchas, plantones y la protesta popular, para evitar que “actos violentos” como los ocurridos en Ayotzinapan vuelvan a suceder. La detención de 22 policías municipales no garantiza justicia para nuestro pueblo, por el contrario es una maniobra recurrente para administrar y prolongar la impunidad, porque enseguida salen libres, como es el caso de los policías federales que asesinaron, el 12 de diciembre de 2011, a dos normalistas también de Ayotzinapan, esos criminales hoy gozan de libertad y completa impunidad”.

 

XXI

El periodista Francisco Cruz, autor de los “libros Tierra Narca”, “El Cártel de Juárez” y “Los Juniors del Poder” sostiene la posibilidad de que los muertos de Tlatlaya pudieran pertenecer a grupos guerrilleros, como las Fuerzas Armadas Revolucionarias-Liberación del Pueblo (FAR-LP), surgidas en el 2013 y que denunciaba tácticas de represión social de la Federación contra organizaciones civiles. También postularon que cualquier compañía petrolera extranjera que se asentara en México sería tomada como “objetivo militar”. Tienen su zona de influencia en Tlatlaya y Arcelia

Está ligada a los grupos de autodefensa fundados por Nestora Salgado en Guerrero, actualmente presa en Tepic pero coordinadora de la Policía Comunitaria de Olinalá, Guerrero, el antecedente directo de las Autodefensas michoacanas encabezadas por José Manuel Mireles. Para Francisco Cruz, los militares creían que los 22 ejecutados en Tlatlaya pertenecían a la guerrilla. El gobernador del Edomex, Eruviel Ávila, el caso de Tlatlaya es un muro de silencio que para él está en manos de otras jurisdicciones.

 

XXII

El alcalde de Iguala se llama José Luis Abarca Velázquez. El alcalde de Tlatlaya se llama Ariel Mora Abarca y pertenecen al PRD. Este último dice que no es primo del guerrerense y quiere ser, próximamente, diputado local.

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