Secuestrador premiado

* Margarito Salas Reyes trabajaba como intendente en la Cámara de Diputado local, en el centro de Toluca. El 20 de diciembre del 2011 había sido galardonado por la Junta de Coordinación Política, en la Ceremonia de Estímulos y Recompensas, en la categoría de Atención al Público. Margarito acudió a la ceremonia, junto con decenas de premiados, y escuchó las palabras de José Manzur Quiroga, en ese entonces diputado local y presidente de la JCP. Dos años después secuestraba y asesinaba a un joven estudiante de la capital del Edomex.

 

Miguel Alvarado

A Carlos Eduardo Martínez González la desatención de las autoridades del Estado de México le costó la vida. El 14 de febrero del 2013, este joven, estudiante de la escuela Montessori de Toluca, fue secuestrado por cuatro personas, entre ellos una mujer, y asesinado cuando lo empujaron desde el Puente de Calderón, en la carretera a Ixtapan de la Sal, desde una altura de más de 100 metros. Su cuerpo, encontrado y levantado por la policía ministerial, permaneció en la morgue de Tenancingo durante medio año, hasta que fue identificado por sus familiares luego de la detención de los culpables.

Uno de ellos, Margarito Salas Reyes trabajaba como intendente en la Cámara de Diputado local, en el centro de Toluca. El 20 de diciembre del 2011 había sido galardonado por la Junta de Coordinación Política, en la Ceremonia de Estímulos y Recompensas, en la categoría de Atención al Público. Margarito acudió a la ceremonia, junto con decenas de premiados, y escuchó las palabras de José Manzur Quiroga, en ese entonces diputado local y presidente de la JCP, quien dijo que los servidores públicos del poder Legislativo del Estado de México “son la imagen y presencia cotidiana de nuestra institución ante la sociedad, su esfuerzo representa la tarea fundamental de prestar todos los días, a toda hora, los servicios y las respuestas requeridas para el desarrollo armónico de las actividades y para la elevación de su bienestar personal”. El boletín 1681 emitido por la propia Cámara da cuenta de la ceremonia y se ´puede ubicar en el sitio web de la propia Legislatura, http://www.cddiputados.gob.mx.

Margarito, secuestrador pero bien educado y quien por aquel premio no se hizo famoso ni rico, era novio de Beatriz Alejandra Morales Sendo, de 24 años y empleada de una óptica. Era vecina comercial del negocio de Carlos Eduardo y su familia, quienes mantenían una tortería entre las calles de Juan Aldama y Morelos y allí acudía casi a diario a comer. Hizo amistad con el muchacho, según las versiones de los familiares, y logró subirlo a un auto para llevarlo a Tenancingo, a una casa de seguridad. Desde allí exigieron un rescate por 10 millones de pesos, que al paso de los días fue bajando hasta quedar en 2 millones. Sin embargo, el 17 de febrero los secuestradores decidieron asesinar de Carlos Eduardo. Los otros dos cómplices, Emiliano Victoria Reyes y Silverio Victoria Hernández, también están detenidos y esperan por una sentencia.

El caso evidencia el grado de descomposición social que ha alcanzado la ciudad, pero también comprueba, una vez más, la ineficiencia de las autoridades, poco aptas para realizar investigaciones elementales como corroborar la presencia de cuerpos en morgues mexiquenses. El diario local Alfa recuerda que al menos hay otro caso similar, el de Bárbara Reyes Muñiz, de 17 años, secuestrada en Cuautitlán Izcalli y hallada en una morgue de aquel municipio 20 meses después. También evidencia a la Cámara de Diputados local y su sistema de contrataciones, que no puede detectar perfiles sicológicos o tendencias criminales en sus empleados, aunque pareciera una paradoja, pues los diputados son tradicionalmente calificados de corruptos e ineficaces. El gobernador de la entidad, Eruviel Ávila, se pronuncia tibiamente sobre el crimen y cuestionada policía que mantiene el Estado, aunque una de sus principales promesas de campaña era reorganizarla. Lo púnico que ha hecho fue crear la Secretaría de Seguridad Ciudadana, aunque dejó los mismos cánones y reglamentos de la anterior Agencia de Seguridad Estatal. Criticado por  preferir aparecer en eventos de caridad como en Metepec, el 21 de agosto, donde acompañó a la actriz Angélica Rivero, esposa del presidente mexicano Peña Nieto, invitada por la Fundación Dondé a un acto de caridad. El padre del menor secuestrado había iniciado una serie de protestas afuera de la oficina del gobernador para demandar su intervención pero Ávila siempre guardó distancias y silencio, que autocalifica su gestión como “un gobierno humanista”. El 31 de julio d este año, el Ejecutivo mexiquense reconocía los altos índices de pobreza e inseguridad en su territorio. “Merecemos tranquilidad, merecemos paz en nuestros municipios”, diría hace más de un año el mandatario.

El Estado de México es una entidad incontrolable. Esto explica en parte que en el 2013 los plagios se incrementaran 15 por ciento, pues oficialmente hay 89 secuestros en seis meses, aunque el número sólo corresponde a casos denunciados. Este año han muerto seis víctimas a manos de sus captores. Durante junio, se capturó a 37 secuestradores en 15 días, dos diarios en promedio. Tamaulipas, Michoacán y el Edomex son líderes nacionales en denuncias por secuestro, según datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública. La entidad experimenta un incremento del 50 por ciento en los procesos judiciales iniciados, apunta la revista Proceso. Por su parte, el Centro de Investigación para el Desarrollo califica al secuestro en el Edomex como de afectación media y lo coloca en el lugar 16 a nivel nacional, en el 2012.

El secuestro ha incrementado la aparición de negocios relacionados con la seguridad, pero casi ninguno es accesible a la población media, que no puede pagar este tipo de servicios. La empresa Protecto Galss asegura que nada más en la ciudad de México, a partir del 2005, se presentan unos 56 mil secuestros express en el país, y que 156 mil de ellos ocurren en la ciudad de México. La empresa ofrece blindaje para automóviles pero el paquete más barato cuesta 400 mil pesos. De cualquier forma no se trata de protegerse contra el crimen, cualquier a que sea, sino de evitar que suceda. Los números para el Montielato, que cumple ya 14 años, están en contra de la buena voluntad e intenciones de cualquiera que intente gobernar una entidad en manos del interés particular.

El Barco Ebrio

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Como se veía venir, la LVIII Legislatura ha venido aprobando las iniciativas agendadas para el actual periodo extraordinario sin mayores escollos y prácticamente todas por unanimidad. Incluso las cuatro de un total de veinticuatro que propusieron el PAN, el PRD y el PT han sido avaladas con la venia del partido mayoritario, el PRI.

 

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Aunque pudiera pensarse que esto es resultado del trabajo fino del hombre del gobernador en el Congreso, razones sobran para pensar más bien en lo contrario, que es resultado del trabajo sucio: más de un testimonio ha llegado a esta redacción de cómo se las gasta para convencer a quien haya que convencer: o es por las buenas o es por las malas.

 

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Cuando lo primero, dicen quienes han visto, sólo los llama al pequeño privado que hay en el salón de Plenos para deslizar los fajos agrupados al estilo del Señor de las Ligas. Cuando lo segundo, dicen que desliza las palabras necesarias como contundentes para recordar colas y pasados pisables, como en el caso del ex senador panista venido a menos.

 

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Claro que esto no es nuevo, quizás con menos rudeza pero otros lo han hecho, como el mismísimo Ejecutivo del Estado, quien a su paso por la presidencia de la Junta de Coordinación Política masterizó también sus propios métodos de convencimiento.

 

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Más allá, sin embargo, de las formas, lo que vale destacar es la aprobación ya en comisiones y próximamente en el Pleno, de tres iniciativas cuyos impactos no se verán sino hasta pasado algún tiempo: la criminalización de la enseñanza por particulares sin el debido permiso, el cambio de fecha para designar nuevos consejeros y presidente del IEEM y el cambio de fecha para que el gobernador rinda el informe anual de gobierno.

 

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Quién sabe si las tres sean también del mandatario, porque si bien fueron presentadas por Nueva Alianza, el PRD y el PAN respectivamente, fueron pasadas sin mayor problema ni discusión. De la primera es muy posible que se trate de una propuesta de Eruviel Ávila cedida a Nueva Alianza sólo para simular un equilibrio que ya sabemos no existe en el Congreso.

 

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Se trata de la tipificación como delito de la práctica de la enseñanza por particulares sin las autorizaciones necesarias y legales. Fuera de contexto parece menor, pero puesta en la debida perspectiva, es otra vuelta de tuerca contra los movimientos sociales opositores y fuera del control gubernamental.

 

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Claro que lleva dedicatoria: contra aquellas organizaciones como la Unión Popular Emiliano Zapata (UPREZ) que durante años han recurrido a la práctica de abrir escuelas populares y después solicitar los reconocimientos de ley. Ahora, con esta reforma será posible detener a sus promotores y acusarlos de impartir educación sin permiso, por lo que podrán ser sancionados con prisión hasta por diez años y multas económicas por 1500 días de salario vigente, es decir, unos 90 mil pesos. La criminalización de la enseñanza, pues.

 

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Ya en la práctica veremos cómo se les persigue con mano de hierro, o se les manipula políticamente para sacarles algún provecho, como si fueran transportistas u otros grupos corporativizados. Lo que no veremos, podríamos apostar, es que no perseguirán a los de Antorcha.

 

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Del PAN se aprobó la iniciativa que cancela, esperamos que para siempre, el “Día del Informe de Gobierno”. Era una vieja demanda por considerar que el 5 de septiembre de cada año representaba uno de los mayores agravios a la sociedad: el día que se le rendía culto casi si faraónico al gobernante en turno.

 

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La reforma que modifica tanto la Constitución como la Ley Orgánica del Poder Legislativo establece como plazo para presentar el informe el mes de septiembre, y después de entregado otro de quince días para su glosa. Es muy probable que esto lo veamos hasta el próximo año, pues involucra una reforma constitucional que debe ser aprobada por los ayuntamientos también.

 

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Como sea, parece positiva aunque habrá que esperar de qué manera desde el palacio de gobierno se arma la contraparte, porque seguro no se conformarán con perder una de sus mejores vitrinas.

 

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La tercera, propuesta por el PRD, cambió la fecha para designar consejeros electorales de agosto a noviembre del año que corresponda. Según el proponente, considerando que corresponde a la Legislatura respectiva hacer la designación, se busca contar con mayor tiempo para poder evaluar a los candidatos. Además, encontrase en periodo ordinario para darle mayor formalidad al proceso.

 

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La pura verdad es que está de por medio la redistritación estatal. Los partidos, no sólo los del sol azteca, necesitan saber cómo quedarán distribuidos los 45 distritos locales para preparase de cara a las próximas elecciones. Y esa preparación pasa por ver cuántos consejeros de sus lealtades pueden colocar en el IEEM.

 

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Así pues, como es de ordinario, legislan según sus intereses y no los de la población. Nada nuevo, ¿o sí?

El Barco Ebrio

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En buena hora  cayó la destitución de Benítez Treviño como titular de la Profeco en la LVIII Legislatura del Estado de México. Algo incómodos andaban algunos diputados con la culminación de una de las mayores afrentas que le han hecho a los mexiquenses en lo que va de su gestión: la designación y respectiva toma de protesta legal de dos magistrados del Tribunal Electoral que incumplen el requisito legal de independencia de cualquier partido político estatal o nacional: Jorge Arturo Sánchez Vázquez y María Irene Castellanos Mijangos.

 

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Y es que el desaseo en que incurrieron para validar ambas designaciones, supuestamente elaboradas por el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial, no sólo se limitó a la manipulación del procedimiento legislativo previsto para tales casos, sino a la indecorosa exhibición de las diferencias que ya consumen al PAN, PRD y MC en el Congreso.

 

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Hoy, concluido el proceso, sale a la luz que en la bancada blanquiazul Ulises Ramírez había comprometido ante Aarón Urbina, presidente de la Junta de Coordinación Política, el voto de sus integrantes en favor de los ahora magistrados electorales, mientras que por el PRD Héctor Bautista había hecho lo mismo.

 

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Sólo que el grupo de Enrique Vargas del Villar, coordinador legal de la fracción panista, quiso mostrar músculo y exhibir las debilidades de Ramírez Núñez, votando en contra. A su vez, Octavio Martínez Vargas, cabeza visible del grupo opositor de Bautista López en la Cámara de Diputados, intentó lo propio desacreditando el proceso y votando también en contra.

 

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Así se explica la participación del legislador Alfonso Bravo Álvarez Malo en la sesión plenaria en que se aprobaron esas designaciones, para señalar que ninguno de los dos cumplía el requisito legal de imparcialidad política. Del ex presidente del Tribunal de lo Contencioso Administrativo (Trica), Jorge Arturo Sánchez, rescató su relación marital con Elena Lino Velázquez, secretaria de Programa de Acción y Gestión Social del Comité Directivo Estatal del PRI mexiquense. Bravo Álvarez Malo se preguntó si el flamante magistrado antepondrá su deber legal al marital cuando llegue a sus manos un asunto electoral que tenga que ver con el tricolor.

 

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De la magistrada Castellanos Mijangos exhibió una foto que la muestra en campaña política con el ahora presidente de Nezahualcóyotl, Juan Zepeda Hernández, preguntándose si sería capaz de juzgar con objetividad e imparcialidad los casos electorales que involucren al PRD. Lo que no dijo es que la referida magistrada pertenece al grupo del ex senador Bautista López, por lo tanto opositora de Martínez Vargas, quien dirigió el debate en su contra.

 

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Por razones similares Movimiento Ciudadano, que supuestamente coordina Higinio Martínez Miranda, diferenció también su votó en la plenaria. Mientras que éste votó en contra, habida cuenta de su pleito secular con la familia Bautista López, Juan Abad de Jesús lo hizo a favor, en compensación por la “honrosa encomienda” de presidir la Directiva durante el cuarto periodo extraordinario convocado precisamente para cumplir dicha aprobación.

 

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Queda claro, entonces, que no intentaban parar esa designación, evitar la afrenta a la ciudadanía, sino mostrar la descarada proclividad que tanto Ulises Ramírez como Héctor Bautista exhiben hacia el gobernador, verdadero mandamás en el Congreso de la entidad, y verdadero proponente de la designación de los multicitados magistrados.

 

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Por eso mismo tampoco hicieron demasiados gestos a la humillación que representó dirigir la sesión de la Diputación Permanente en que se les tomó protesta. Martínez Vargas, ya se sabe, es su Presidente, mientras que Álvarez Malo es Secretario.

 

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Una nueva versión circula en torno a la matanza de 10 sicarios en Valle de Bravo, en el poblado del Pinal del Marquesado, ocurrida el 19 de marzo del 2013. Algunos testigos señalan que los sicarios se detuvieron en el pueblo a comprar tacos, que llevarían para comer a otra parte. Mientras esperaban, les fue avisado que una patrulla de militares estaba por llegar. Los mafiosos pagaron sus tacos y se fueron, pero fueron vistos por los militares, quienes los siguieron algunos minutos, antes de abrir fuego contra ellos. Los narcotraficantes respondieron lanzando granadas de mano, pero éstas no detonaron. Un tiro dio en la cara del conductor y la narco-camioneta se volcó. Los sicarios quedaron heridos pero vivos, a excepción del chofer.

 

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Los militares se apearon y remataron allí a los perseguidos, pues la orden que tenían era exterminar a esa célula. Los sicarios eran más de diez. Algunos, como pudieron lograron escabullirse entre los bosques y eludir las balas de los militares. Luego, en el anuncio oficial, se dio a conocer que habían muerto durante un combate, cuando la Ford Tritón de los malos esperaba en un paraje a las patrullas, a quienes habría disparado primero. De los tacos, nadie supo nada.

 

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El salvajismo con el que se lucha por los territorios y mercancía derivada d estupefacientes no tiene medida. Algunos señalan al ejército de brindar protección y ser ellos mismos los principales distribuidores, junto con cuerpos policiacos. Tiene sentido, porque sólo así se explica que las ciudades estén inundadas de droga, que a veces es más fácil de conseguir que unos cigarros, pero también del grado de impunidad de malhechores, funcionarios y agentes.

 

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El ex procurador de Justicia del Estado de México, Alfredo Castillo, es el sustituto de Humberto Benítez al frente de la Profeco. Antes de ser procurador, Castillo fue el encargado de investigar el caso de la muerte de la niña Paulette Gebara, en Huixquilucan. Fue el encargado de avalar la teoría de que la cama se la había tragado y justificó que nadie viera el cuerpo de la menor, a pesar de que hubo gente que durmió en ella. Luego sustituyó a Alberto Bazbaz, quien renunció como titular de la PGJEM precisamente por el caso, en el 2010. Este año los dos funcionarios encontraron cobijo en la administración federal de Peña Nieto, lo que se temó como un pago de favores o al menos un agradecimiento muy singular por los servicios públicos y privados prestados a aquella administración.

 

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De perseguidor a defensor de compradores, a Castillo siempre se le recordará porque fue el procurador a quien se le fugó El Coqueto, aquel asesino de mujeres que manejaba un microbús, y que, esposado y vigilado por tres agentes en un cuarto de tres por tres metros, ubicado a 30 metros de altura, logró escaparse. Lo capturó dos veces, pero tuvo que hacer el ridículo. Un cargo menor, con responsabilidades sesgadas y limitadas es lo que ahora tendrá Castillo, a quien intentan colocar en un cargo donde no se vea, pero por más que le hacen, no lo consiguen. Anteriormente, fue también el encargado de llevar las investigaciones sobre la explosión del edificio de Pemex en la ciudad de México. Su conclusión fue sesuda: se trató de una explosión.

“Candidata” de Peña Nieto se perfila al Inmujeres

* De acuerdo con fuentes del Inmujeres, la secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles –integrante de la Junta de Gobierno del instituto–, ha señalado que Cruz Sánchez es “la candidata” de Enrique Peña Nieto para encabezar al organismo autónomo, por lo que se da por descontado que ella será la próxima titular a pesar de que hay otras aspirantes.

 

Anayeli García Martínez/ Cimacnoticias

En un turbio y simulado proceso de relevo en el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), la ex directora del Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social en el Estado de México (Cemybs), Lorena Cruz Sánchez, se perfila como la próxima presidenta de la instancia rectora de la política de equidad de género en México.

De acuerdo con fuentes del Inmujeres, la secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles –integrante de la Junta de Gobierno del instituto–, ha señalado que Cruz Sánchez es “la candidata” de Enrique Peña Nieto para encabezar al organismo autónomo, por lo que se da por descontado que ella será la próxima titular a pesar de que hay otras aspirantes.

En declaraciones a Cimacnoticias, la ex diputada federal y feminista Teresa Incháustegui criticó la falta de información a la sociedad civil sobre el proceso de relevo en el Inmujeres, por lo que hizo un llamado a Peña Nieto para que designe a una mujer “con liderazgo y experiencia suficiente para afrontar los retos que representa esta institución”.

La también académica y ex presidenta de la Comisión Especial del Feminicidio de la Cámara baja confió en que la Junta de Gobierno del Inmujeres logre el consenso al elaborar la terna de candidatas que enviará al Ejecutivo.

Natalia Reyes Andrade y Margarita Reyes Chávez, integrantes del Consejo Social del instituto, informaron que este viernes se enviarán a Peña Nieto los nombres de las tres aspirantes.

 

Proceso turbio

 

Las consejeras informaron que el pasado 21 de diciembre la Junta de Gobierno del instituto –integrada por los titulares de 13 secretarías de Estado, PGR, Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, y el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), así como por las 16 integrantes de los consejos Consultivo y Social–, presentó los nombres de cinco candidatas, todas militantes del PRI y en su mayoría provenientes del Estado de México.

Además de Lorena Cruz Sánchez, las otras candidatas son la presidenta del Organismo Nacional de Mujeres Priistas en el DF, Alicia Virginia Téllez Sánchez; la directora del Instituto de Atención a las Víctimas del Delito de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, Francisca de la Rosa María Zaldívar Pérez; la ex titular de la Secretaría de la Mujer en Coahuila, Martha Laura Carranza Aguayo, y la secretaria general de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, Rosa María Molina del Castillo.

A partir de esas aspirantes, la Junta de Gobierno pretendía determinar en diciembre la terna que sería enviada a Peña Nieto, pero la mayoría de las consejeras pidieron ampliar el plazo a fin de abrir una convocatoria para que la sociedad civil mandara sus propuestas.

Las consejeras también argumentaron en su momento que desconocían los perfiles de las cinco aspirantes, y pidieron que el proceso de relevo fuera más “democrático, incluyente y transparente”.

Natalia Reyes Andrade explicó que la Junta de Gobierno acordó integrar la terna a más tardar el 10 de enero con la intención de que más mujeres presentaran su candidatura, lo cual al parecer no ocurrió, ya que a dos días del plazo fatal se manejan los mismos cinco nombres de candidatas. La consejera y activista lamentó que no haya más perfiles.

La también consejera Margarita Reyes Chávez adelantó que este jueves se reunirán las integrantes de los consejos Consultivo y Social para analizar las propuestas y dar sus observaciones; además de que –dijo– propondrán que se evalúe la postura de las candidatas en temas como la Alerta de Violencia de Género, la trata de personas, y los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.

No obstante, la ley del Inmujeres no prevé comparecencias de las postulantes ni la recepción de opiniones externas de organizaciones civiles. En todo caso, queda en manos de las consejeras y del resto de las secretarías de Estado la integración de la terna.

 

Dedazo presidencial

 

Durante este proceso de selección se informó que Rosario Robles ha dejado en claro que “la candidata” de Peña Nieto es Lorena Cruz Sánchez, actual subsecretaria de Desarrollo Regional del Valle de Toluca, lo que se ha considerado como un aviso de que de antemano ella será la próxima presidenta del Inmujeres.

Cruz Sánchez, ex directora del Cemybs, ejerció su mandato en momentos en que el Instituto Mexiquense de la Mujer se integró en 2006 a la Secretaría de Desarrollo Social de la entidad, durante la gubernatura del priista Peña Nieto. Según especialistas, el Cemybs tiene una visión meramente asistencialista.

Antes de asumir la Presidencia, Peña Nieto –a través de la bancada del PRI– envió una iniciativa de reforma al Congreso para sectorizar al Inmujeres a la Secretaría de Desarrollo Social –cuya titular ahora es Rosario Robles–, lo que generó el descontento de feministas por considerar que se restaban autonomía y facultades al instituto.

La protesta social obligó finalmente a Peña Nieto a dar marcha atrás a la iniciativa que convertía al Inmujeres en un “apéndice” de la Sedesol.

La Tierra Caliente

* La ONU reconoce que las autoridades mexicanas han combatido el crimen y al menos están dicen que adoptan medidas contra el narco. Pero la ONU está muy lejos y a veces simula una entelequia. Ninguna de las opciones presentadas por la Federación ha funcionado porque no se ha querido. Sólo así se explica, por ejemplo, que en el sur mexiquense las organizaciones criminales hayan operado por años, a la vista de todos y hasta pudieran conseguir el control de ayuntamientos como Otzoloapan, Luvianos o el propio Tejupilco, donde entre otras cosas impartían seguridad pública y pagaban la nómina de los empleados.

 

Miguel Alvarado

Un estudio datado en el 2011 señala que el narcotráfico mexicano ha ido cambiando su ubicación y se ha desplazado hacia el sur, hacia Centroamérica para no perder la conexión con cárteles sudamericanos y el control del trasiego de droga hacia Estados Unidos y Canadá. Pero a ellos los han acompañado sus actividades delincuenciales como el robo la extorsión, el plagio y los homicidios.

El Informe 2011 de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, dependiente de la ONU, señala lo anterior y afirma que, junto a Canadá y EU, México representa el principal mercado de drogas del mundo. En esa región se han registrado, por ejemplo, el 70 por ciento de las incautaciones de mariguana; el 70 por ciento de las incautaciones de éxtasis y el 44 por ciento de las de metanfetaminas. “Además el 99% de los laboratorios de metanfetamina desmantelados en todo el mundo se hallaban en la región”, confirma el tratado.

Para la ONU, el tráfico de drogas representa en Estados Unidos un impacto económico de 193 mil millones de dólares, mientras que en México circulan 40 mil millones provenientes de actividades relacionadas de alguna forma.

La ONU reconoce que las autoridades mexicanas han combatido el crimen y al menos están dicen que adoptan medidas contra el narco. Pero la ONU está muy lejos y a veces simula una entelequia. Ninguna de las opciones presentadas por la Federación ha funcionado porque no se ha querido. Sólo así se explica, por ejemplo, que en el sur mexiquense las organizaciones criminales hayan operado por años, a la vista de todos y hasta pudieran conseguir el control de ayuntamientos como Otzoloapan, Luvianos o el propio Tejupilco, donde entre otras cosas impartían seguridad pública y pagaban la nómina de los empleados. Caja de Agua, cruce de droga en aquella región, fue también el escenario del combate definitivo entre Zetas y La Familia por el control de la droga. Los habitantes de Luvianos precisan que fue en el 2009 cuando las bandas se enfrentaron, todo con conocimiento de las autoridades civiles y militares y aquel choque dejó 46 muertos. Los perdedores, los Zetas, se retiraban al fin a otros rumbos y los de La Familia se dedicaron a reorganizar el negocio. En esencia era lo mismo. Transportar droga, extorsionar, secuestrar, plagiar, iban de la mano en el boyante comercio ilegal que permitieron las autoridades mexiquenses, ya por miedo o por conveniencia. Todos los alcaldes de la zona supieron quiénes eran los capos y les abrieron las puertas de las administraciones. Así, Otzoloapan, Amatepec, Tlatlaya, Luvianos, Zacazonapan, Santo Tomás y hasta Valle de Bravo participaron activamente. Los alcaldes y funcionarios menores se beneficiaron de ello y el ejército de hizo de la vista gorda. Los patrullajes eran frecuentes pero las señales se activaban para que los narcos se escondieran en la sierra y los montes lejanos. De nada servían los helicópteros o que las partidas estacionaran en los pueblos. El narco no se amedrentó nunca.

El negocio que hasta la ONU condena sostiene la economía mexicana, que no podría entenderse si no participara el dinero del narcotráfico. Y es cierto. Mientras los políticos y empresarios mexicanos se llevan las inversiones a otros países, los capos deciden gastarlo en su propia tierra. Impulsan a su manera las economías locales y generan construcciones y obras que de otra forma jamás se habrían realizado. El informe de la ONU se limita a reconocer reuniones y cumbres internacionales entre los países de Norteamérica pero no dice nada sobre los resultados. Documentos obtenidos por el diario Reforma señalan, mejor que la ONU, que el ejército descubrió una red de elementos traidores que trabajaban para el narcotráfico en el sur mexiquense.

Así, la Sedena dice que se encarceló a 52 soldados acusados de narco y a 13 por delincuencia organizada, que trabajaban para La Familia luego de los militares habían sido destacamentados para combatir a ese grupo desde la base del 102 Batallón de Infantería en San Miguel Ixtapan, inaugurado por Enrique Peña Nieto, el 3 de mayo del 2009, cuando era gobernador del Edomex. Él no lo sabía, pero estaba abriendo las puertas a quienes un mes después recibían pagos del narco para notificar los movimientos de la tropa. Aquel mayo acompañaron al gobernador Guillermo Galván, titular de la Sedena y algunos secretarios estatales.

Para febrero del 2010 las instalaciones de Ixtapan estaban terminadas y la Sedena preparaba un envío de 600 elementos, según el comandante de la 22 Zona Militar en la entidad, Rubén Pérez Ramírez, porque “está habiendo secuestros y extorsiones a comerciantes, principalmente”.

Peña Nieto diría el día de la inauguración que aplaudía el trabajo de la milicia “en esta visión y trabajo estratégico que el Ejército Mexicano lleva a cabo para vigorizar los mecanismos de protección para la ciudadanía”.

Pero ahora las cosas son distintas. En la región se sabía que algo habpia cambiado desde finales del año 2011. El ejército ya entraba con mayor fuerza y en Valle de Bravo desmanteló una torre de telecomunicaciones perdida entre los cerros. Allí incautó equipo y bloqueó las señales. Aunque no detuvo a nadie, los cambios se veían venir y hasta los narcos supieron que llegado el tiempo de las elecciones presidenciales, las cosas podrían resultar al revés. Los alcaldes también lo supieron y si hay una estrategia del gobierno federal para restarle puntos al puntero, Peña, está en marcha. Las elaciones serán inevitables. Los soldados inculpados han declarado que un tal Johny Escobar, “El Mojarro”, sobornaba a tenientes y sargentos. Luego, Escobar será capturado y denunciará el siguiente eslabón, que llegará hasta algún presidente municipal, que podría tener conexión, aunque política, con Peña o incluso con el perredismo. El resto se eslabonará solo.

Ahora, el propio Galván truena contra los corruptos pero también lo hace Janet Napolitano, la secretaria de Seguridad norteamericana, quien asegura que “déjenme decir que tomó 10 años encontrar a Osama bin Laden, y ustedes saben lo que ocurrió ahí. No estoy sugiriendo que lo mismo vaya a pasar con (El Chapo) Guzmán, estoy sugiriendo que nosotros somos persistentes cuando se trata de personas que hacen el mal y que dañan, en nuestros dos países. Entonces ese asunto continúa”. La prensa mexicana malinterpretó y aseguró que los yanquis sentenciaban al capo mexicano. La captura de Guzmán sería una de las pocas acciones de Calderón que apuntalaría a su candidata presidencial, Josefina Vázquez, ante sus adversarios políticos.

En un país donde el hambre mata más que el ejercicio del narcotráfico cualquier cosa puede pasar. En nueve años, por ejemplo, “85 mil 343 personas fallecieron por desnutrición en México entre 2001 y 2010, período en que otras 49 mil 804 murieron víctimas de las bandas del crimen organizado”, según datos del Centro de Estudios e Investigación en Desarrollo y Asistencia Social, basado en datos del INEGI, de la PGR y de la Cámara de Diputados.

El analista Rafael de la Garza Talavera considera que “el enorme aumento a su presupuesto puede empezar a generar a su interior una serie de intereses que eventualmente lo convierta en una institución más preocupada por mantener sus privilegios y poder político que en someterse al liderazgo civil y mantenerse alejado de la política. El aumento de 150% a lo largo del sexenio al sueldo de los soldados rasos, que será ahora 10 mil 800 pesos -más del doble de lo 4 mil 300 que ganaban- me parece una señal preocupante en este sentido”.

Pero ni siquiera los aumentos salariales garantizan que tropas y generales sean invulnerables a la corrupción. Un análisis de Paulina Monroy destaca que “desde que el Partido Acción Nacional asumió la Presidencia de la República, los índices de corrupción en México se incrementaron y la transparencia se fue a pique… desde 2001, el primer año de gobierno de Vicente Fox, la corrupción en México se ha venido incrementando. Según el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) de la organización Transparencia Internacional, desde que el Partido de Acción Nacional (PAN) llegó al poder, México ha reducido su puntaje de 3.7 en 2001 a 3.3 en 2009. El estudio fue aplicado en 180 países, con una escala de 1 a 10, donde 1 es el mayor nivel de corrupción. México nunca ha alcanzado siquiera el seis. En la más reciente evaluación, el país bajó 17 lugares de la última posición que obtuvo en 2008. A nivel mundial alcanzó el lugar 89”.

Y ese lugar 89 para el Edomex representa el mismo número de ejecutados en la entidad, según el último recuento del diario local Alfa, al mismo tiempo que la secretaria de Relaciones Exteriores mexicana, Patricia Espinoza se dice dispuesta “a participar y abrirse a un debate sobre la legalización de las drogas aunque con ello no se terminaría el problema del narcotráfico y el crimen organizado en el país”, en una exposición ante la propia ONU y la Asamblea Euro-Latinoamericana.

Justo el martes 28 de febrero, un nuevo enfrentamiento respondía al purificador fuego del ejército, que renovaba sus entrañas, cuando dos militares fueron asesinados y 5 heridos en un enfrentamiento en la región de Tierra Caliente, por el lado michoacano, en la zona de Melchor Ocampo y Paso de Tierra Caliente, Tuzantla, cuando patrullaban ese rumbo. Allí murió uno y otro falleció en Las Ceibas de Trujillo, Tiquicheo, cuando los militares quemaban un plantío y desde un vehículo les dispararon.

La ONU concluye que “México también pasó a ser un importante fabricante de metanfetamina, lo cual queda reflejado en el número de laboratorios desmantelados, que saltó de 21 en 2008 a 191 en 2009. Pese a que el número de laboratorios de metanfetamina de los Estados Unidos es muy superior al de México, los laboratorios mexicanos suelen producir cantidades mucho mayores de esa droga que los de los Estados Unidos”.

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