Tierra del caos

* Las tareas diarias de los luvianenses se reducen a lo esencial. Si es posible, lo mejor es quedarse en casa. Desde principios de abril corren los más descabellados rumores, y ellos saben que los peores, aquellos que escupen las armas de fuego, son la única verdad o la verdad absoluta: desde octubre de 2013 hay una guerra descarnada y abierta, a muerte y a plena luz del día, entre La Familia Michoacana, Los Caballeros Templarios y el Cártel Jalisco Nueva Generación por el control de la plaza. Al menos momentáneamente, Los Zetas han sido desplazados y el Cártel de Juárez prefiere atestiguar, agazapado, desde su refugio seguro en Atlacomulco y Acambay.

 

Francisco Cruz Jiménez

La guerra es inevitable e intermitente. Ya nadie quiere recordar fechas, cárteles, ni muertos. El pueblo está bajo asedio, atrapado en el fuego cruzado. Conscientes de una nueva ola de violencia y sus consecuencias, los habitantes de Luvianos se han organizado para evitar el peligro, al menos así lo quieren creer. La realidad es diferente. Cualquier preparación se revela casi de inmediato como un ejercicio inútil por el nivel que han alcanzado los ataques criminales recientes: al medio día del jueves 24 de abril todavía se escuchaban detonaciones de granadas de fragmentación en El Capulín, salida de la cabecera municipal a la ranchería Piedra Grande, el camino a la frontera con Guerrero, y los taxistas se negaban a entrar a esa zona ubicada a 35 minutos, caminando, de la alcaldía.

Las tareas diarias de los luvianenses se reducen a lo esencial. Si es posible, lo mejor es quedarse en casa. Desde principios de abril corren los más descabellados rumores, y ellos saben que los peores, aquellos que escupen las armas de fuego, son la única verdad o la verdad absoluta: desde octubre de 2013 hay una guerra descarnada y abierta, a muerte y a plena luz del día, entre La Familia Michoacana, Los Caballeros Templarios y el Cártel Jalisco Nueva Generación por el control de la plaza. Al menos momentáneamente, Los Zetas han sido desplazados y el Cártel de Juárez prefiere atestiguar, agazapado, desde su refugio seguro en Atlacomulco y Acambay.

“Soldados” y sicarios bien armados de cada uno de los cárteles pelean palmo a palmo cada una de los cinco grandes pueblos —Villa de Luvianos, Cañadas de Nanchititla, El Estanco, El Reparo de Nanchititla, Hermiltepec y San Juan Acatitlán—, seis rancherías —Caja de Agua, Cerro del Venado, Los Pericones, San Antonio Luvianos, San Sebastián y Trojes— y 223 caseríos que hay en los 702 kilómetros cuadrados del municipio. No hay región olvidada. Las organizaciones criminales proyectan fines de corto, mediano y largo plazos a través de la corrupción y el terror. Tienen un escalafón bien organizado: hace décadas los habitantes de Luvianos no tienen alternativas: emigran a Estados o Unidos o se quedan a vivir eternamente en la pobreza.

Los funcionarios federales y estatales, así como los mandos de las fuerzas armadas son misteriosos. Luvianos parece una palabra prohibida. Nadie habla de guerra, aunque todos saben que hay una, y los luvianeneses lo confirman cada noche cuando ven destellos o resplandores de luz de las detonaciones de algún tipo de artefacto explosivo. A pesar de los disparos y estallidos de granadas –o tal vez alguna otra arma-, cada mañana la gente intenta seguir creyendo. Hace mucho se acostumbró a la violencia y, a su manera, a lidiar con esa situación. Poco salen de noche y desde hace unas semanas viven prácticamente en toque de queda.

El gobierno municipal está conformado por tres entidades distintas: las autoridades formales electas, las fuerzas armadas y las muy estructuradas organizaciones criminales. La desconfianza de los habitantes es evidente. Entre las primeras dos reinan la improvisación y la desorganización. Los capos se han convertido en el corazón y el músculo del municipio. No sólo son audaces y proveedores auténticos en un pueblo temeroso, empobrecido y de muy alta marginación —80 por ciento de la población vive en la pobreza—, sino que ejercen un control directo sobre todas las actividades. Son arrogantes y exhiben su desmedida superioridad.

En 2009, el poder de los cárteles de la droga les dio impulso para convertirse en organizaciones mafiosas, estructuras de poder que controlan del tráfico de drogas ilegales a la venta de seguridad, trata de blancas, tráfico de personas, venta de armas, secuestro, extorsión, usura y la piratería, control de la prostitución y robo de autos.

Los enfrentamientos en El Capulín se recrudecieron al amanecer del día 19, el Sábado de Gloria. Ese día, los poquísimos habitantes la ranchería se despertaron muy temprano con el repiqueteo de las armas de fuego y estallidos de granadas de fragmentación. Una de las “balaceras” —de la que algunos temerarios recogieron proyectiles para armas de asalto M-16 (calibre 5.56 mm), AK-47 o Cuerno de Chivo y pistolas belgas Five-Seven (calibre 5.7×8) o Matapolicías, entre otros— dejó un saldo de por lo menos seis personas muertas. Y, por la tarde, en el centro de Luvianos, un grupo armado cazó a un joven hasta que le dio muerte.

Pero el número de bajas no es indicativo de lo que sucede en la región. La mañana del viernes 25 el pueblo prefirió quedarse en casa y muy pocos comercios abrieron. Los convencieron la “lluvia” de explosiones de, tal vez, granadas de fragmentación, las intermitentes ráfagas de ametralladoras, los recorridos de comandos armados de los tres cárteles y la pasividad —además de la permisividad— de los militares y policías élite enviada por el gobierno federal, así como de los agentes de la Secretaría (estatal) de Seguridad Ciudadana al mando de Damián Canales Mena.

¿Cuántos muertos hay en esta nueva etapa de la guerra narca en Luvianos? Desde poco antes que empezara la Semana Santa nadie los quiere contar. Nadie lo puede hacer; cuando lo permite la situación, cada cártel recoge a sus víctimas, a sus caídos en acción; el mismo jueves 24 de abril, por ejemplo, dos adultos —un hombre y una mujer— y un menor fueron colgados en árboles del balneario parque acuáticos Las Lomas; nadie supo quiénes los bajaron y qué fin tuvieron los cadáveres, y la madrugada del viernes un comando llegó a la Presidencia Municipal: en la Jefatura de Policía asesinó al segundo comandante y levantó —sinónimo de secuestro—al menos a siete agentes.

Para dar una muestra de su poder, la noche del jueves, el comando criminal tomó por asalto la alcaldía y la liberó hasta que, en la madrugada del viernes mató, en uno de los balcones que da a la plaza central, al segundo comandante, quien hacía funciones de subdirector y secuestró a siete policías.

Y el día anterior, el miércoles 23, se reportaron tres enfrentamientos que dejaron un saldo de siete muertos; el primero, al mediodía, sin esconderse de nadie, en la zona de Caja de Agua, salida Luvianos-Zacazonapan que conecta con Colorines, Santos Tomás de los Plátanos y Valle de Bravo; y el estratégico El Estanco, entrada a la sierra de Nanchititla; desde aquí se vigilan las idas y venidas a la Tierra Caliente de Michoacán y parte de Guerrero. Para cualquiera de los bandos, la derrota es impensable y la guerra un tema de profesionales, en la que la Marina, el Ejército, la Policía Federal, la Procuraduría General de la República y la Secretaría de Seguridad Ciudadana juegan un papel de cómplices o de mirones, a la espera del cártel ganador.

Todos los habitantes del municipio, y eso es literal, recuerdan que desde octubre de 2013 la Marina Armada de México tomó Luvianos por asalto e instaló un cuartel en las instalaciones de la Feria Ganadera, y al lado del palenque improvisaron un helipuerto; ostentosos, presumieron helicópteros artillados con visión nocturna y algunos vehículos, también artillados, con los que tomarían el control de la cabecera municipal. Para meter miedo, desde la misma Marina se filtró que su personal llegaba apoyado por helicópteros G3, aeronaves que vuelan con sensores y radares que facilitan cacerías nocturnas o en condiciones climáticas adversas, equipados con armas que alcanzan rangos de disparo de hasta un kilómetro,

También se filtró que las Fuerzas Armadas tenían un segundo objetivo: apoderarse de la zona estratégica ranchería Caja de Agua. Para allá enfocaron sus esfuerzos y los luvianenses fingieron creer que la paz llegaría; y no se equivocaron, si 2013 fue un año tan violento como los que haya desde principios de la década de 1990, cuando se hizo evidente la aparición pública del narcotráfico en Luvianos, de la mano de militares de rango y empleados de la PGR, 2014 les ha probado que la delincuencia organizada no tiene principio ni fin, que la presencia de la Marina es inútil o cómplice de los cárteles que operan en la zona.

Las autoridades estatales quieren atribuir la nueva ola de violencia al llamado “Efecto Cucaracha” por la “guerra” de exterminio, apoyado en los grupos de autodefensa, emprendió el gobierno federal en Michoacán. Pero eso no es verdad, es una mera invención y manipulación oficial de los hechos, ni siquiera informan lo que está a la vista; Eruviel Ávila Villegas, como pasó con su antecesor Enrique Peña Nieto y con el antecesor de éste, Arturo Montiel Rojas, se niega a ver que en Luvianos hay una sola ley: la del crimen organizado.

Aunque ninguno lo reconoció en su momento, desde principios de la década de 1990 las organizaciones criminales conformaron un poder alterno que, en diversas etapas, se ha hecho cargo de la nómina del ayuntamiento, y ha creado una especie de banco de empleo que les permite tener al pueblo bajo control. Algunos cabecillas, como El Águila, en la región de Cañadas, se han erigido como los “verdaderos” jueces de paz. Son generosos y amigables y se hacen respetar a través del terror. Hace mucho lo aprendieron: los policías federales, los judiciales estatales y los militares sólo son sanguinarios, poco escrupulosos. No tienen reglas ni conocen límites.

La prolongada guerra de los criminales, el desdén de Eruviel, Peña y Montiel —así como el de gobernadores anteriores: César Camacho Quiroz y Emilio Chuayffet Chemor, dedicados más al trabajo político para satisfacer sus ambiciones políticas personales— y el abuso permanente de las fuerzas armadas y policiacas han tenido dramáticas consecuencias para los habitantes de Luvianos. Nadie cree que la guerra se pueda evitar, sólo están a la espera de qué cártel prevalecerá.

El terror de las alturas

* Los habitantes de la Tierra Caliente mexiquense saben de sobra que los narcotraficantes pueden ser sometidos si las fuerzas militares y policiacas quisieran. No se trata de una cuestión de superioridad de armamentos ni de logística. El gobierno federal no quiere hacerlo, consideran, desde la etapa de la guerra de Felipe Calderón. Los supuestos avances en la lucha contra el narco que el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio presume y que usa para justificar las masacres michoacanas son falsos. Sólo el facto de las armas representa de por sí la diferencia y la balanza se inclina a favor de los militares. Tanto así, que los mismos habitantes de la región reconocen que los narcotraficantes temen hasta de manera supersticiosa a los helicópteros que patrullan en el sur mexiquense y que ellos identifican como G3.

 

Miguel Alvarado

Mientras los Caballeros Templarios sitian municipios michoacanos y disuelven manifestaciones en su contra a balazos, en el sur mexiquense la Familia apuntala su dominio y control del trasiego de droga en la región, pero además pone de manifiesto que ya ocupa otro tipo de municipios, como Valle de Bravo, donde han encontrado en la extorsión y el cobro de protección, un negocio paralelo tan productivo para ellos como el del narcotráfico.

Llegados originalmente a Luvianos y desde Michoacán, el cártel de La Familia encuentra sus antecedentes en una banda criminal llamada La Empresa, fundada por Nazario Moreno, ya fallecido, pero que involucraba justificaciones religiosas para sus actividades. Luego de un periodo de alianza con Los Zetas, cuando estos últimos eran el brazo armado de los hermanos Beltrán Leyva, decidieron separarse y formar la estructura que actualmente controla el sur mexiquense y parte del valle de Toluca. La Familia ha penetrado incluso en la ciudad de México, donde es reconocida como uno de los 15 cárteles que pelean el control de barrios como Tepito.

Pelearon contra Los Zetas el control de Luvianos y pronto lograron expulsarlos. Establecieron sus propios gobiernos, eligieron sus autoridades, pagaron campañas políticas y promovieron leyes internas en municipios como Tejupilco, Amatepec y Tlatlaya, zona limítrofe con Michoacán y Guerrero. Formaron un pequeño reino donde apuntalaron su poder hasta que los jefes de la plaza pelearon por diferencias sobre el apoyo a partidos políticos. Hermanos ellos, se separaron. Uno se quedó con los michoacanos mientras que el otro formaba Guerreros Unidos, que junto a Los Caballeros Templarios, son las escisiones generadas desde La Familia. En enero del 2011 se difundía la desintegración del cártel michoacano y se anunciaba la llegada de los Templarios. Más una maniobra publicitaria del gobierno federal de Felipe Calderón que una buena noticia, pocas horas tardó en pulverizarse. Las ejecuciones y los enfrentamientos en territorio michoacano alcanzaron también al Estado de México y Luvianos, donde un paraje en Caja de Agua, ranchería emblemática porque allí consolidó su dominio La Familia, fue escenario para dos combates con más de 60 muertos entre los cárteles que terminó por decidir quiénes eran los nuevos dueños de la plaza.

Ni siquiera La Familia, con el poderío económico que ha alcanzado y la violencia que desarrolla, puede hacerlo sin el permiso o la complicidad de las autoridades. A pesar de que la Marina y el ejército mantienen bases en las cercanías de Luvianos, han sido incapaces de detener a los líderes, aún cuando todos saben quiénes son. La presencia militar se limita en lo público al cuidado de las entradas y la esporádica revisión del transporte. A veces incursionan en la sierra de Nanchititla, en busca de algo o alguien, pero pronto abandonan porque dicen no conocer la región.  Pero no siempre es así. De vez en cuando, como sucedió a principio de julio del 2013, la Marina detiene a algunos que considera relacionados con el crimen organizado. Aquella ocasión, cinco jóvenes fueron detenidos y, según su propia denuncia, golpeados por los uniformados. Los pobladores cerraron los accesos a la región para exigir que los detenidos fueran liberados y que la Marina abandonara la base que ocupa.

Finalmente los jóvenes fueron dejados libres. La detención del Z-40, Miguel Ángel Treviño, líder de Los Zetas fue el preludio de una jornada letal para Michoacán, que en dos días registró 22 muertos, entre enfrentamientos y asesinatos de civiles, como sucedió en el municipio de Los Reyes, cuando una manifestación pública contra Los Templarios terminó en balacera contra los quejosos, dejando cinco muertos. Apatzingán y Lázaro Cárdenas, sus carreteras, fueron bloqueadas por el crimen organizado y la comunicación fue cortada, hasta hallar estabilidad. En el Estado de México, entre el 19 y 22 de julio, el municipio de Valle de Bravo resintió la actividad criminal. Allí, el cártel de La Familia cerró por unas horas los accesos al centro de la población, mientras cobraba cuotas a comerciantes y extorsionaba a empresarios. Los habitantes del primer cuadro señalaron que habían dejado cuatro decapitados en esa zona como un aviso y aunque no hay una guerra o enfrentamientos abiertos, consideran que La Familia defiende esa plaza contra los embates de Los Templarios. Valle de Bravo, el principal foro turístico del Estado de México y hogar de los hombres más ricos del país, es desde hace pocos años una base de operaciones del narcotráfico, a semejanza de Huixquilucan, cuando fue elegido como sede para que los jefes del narco establecieran sus casas.

Los habitantes de la Tierra Caliente mexiquense saben de sobra que los narcotraficantes pueden ser sometidos si las fuerzas militares y policiacas quisieran. No se trata de una cuestión de superioridad de armamentos ni de logística. El gobierno federal no quiere hacerlo, consideran, desde la etapa de la guerra de Felipe Calderón. Los supuestos avances en la lucha contra el narco que el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio presume y que usa para justificar las masacres michoacanas son falsos. Sólo el facto de las armas representa de por sí la diferencia y la balanza se inclina a favor de los militares. Tanto así, que los mismos habitantes de la región reconocen que los narcotraficantes temen hasta de manera supersticiosa a los helicópteros que patrullan en el sur mexiquense y que ellos identifican como G3. Los describen como aeronaves que vuelan con sensores y radares que facilitan cacerías nocturnas o en condiciones climáticas adversas. Equipados con armas que alcanzan rangos de disparo de hasta un kilómetro, las naves de la Marina han causado decenas de muertos, a quienes cazan de vez en cuando. Esta versión de ataque ha causado más terror que bajas, pero es un ejemplo del poderío militar. Los últimos helicópteros recibidos por la Marina son tres modelos Sikorsky UH-60M Black Hawk, entre el 2007 y el 2012 y que, dice la dependencia, donó el gobierno de Estados Unidos, que pagó por ellos al fabricante 71 millones de dólares, incluidos repuestos y servicios. También, en noviembre del 2012 otro modelo fue recibido por la Armada, el primero de tres modelos EC-725 Super Cougar, aunque estaban originalmente destinados para las bases de Minatitlán, en Veracruz. Los pilotos y personal para atender estas naves han recibido adiestramiento en Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña. “El EC-725 ya está en servicio con la Fuerza Aérea Mexicana, que ha adquirido doce de estas aeronaves, seis de las cuales ya se encuentran en México. Las unidades de la FAM se entregaron con armamentos que incluyen lanza-cohetes de 70 milímetros y pods para ametralladoras de calibre .50 Al día de hoy, se desconoce si los helicópteros adquiridos por la Marina vienen con algún tipo de armamento. Lo que sí es seguro es que, a diferencia de las maquinas de la FAM, los EC-725 de la SEMAR cuentan con un sistema de bocinas de alto poder, montadas en el carenaje trasero de la aeronave y que permiten realizar llamados o transmitir mensajes a personas en tierra”, apunta una descripción del diario El Universal.

Datos del diario local Tres PM aseguran que en la guerra de cárteles, en enero del 2013, la zona sur mexiquense reporta 550 ejecutados oficialmente. Para esta región, los datos sobre muertes y asesinatos son confusos, aunque los números reflejan poco o nada la realidad del narcotráfico en el Estado de México y la oposición del gobierno a esa actividad.

La Tierra Caliente

* La ONU reconoce que las autoridades mexicanas han combatido el crimen y al menos están dicen que adoptan medidas contra el narco. Pero la ONU está muy lejos y a veces simula una entelequia. Ninguna de las opciones presentadas por la Federación ha funcionado porque no se ha querido. Sólo así se explica, por ejemplo, que en el sur mexiquense las organizaciones criminales hayan operado por años, a la vista de todos y hasta pudieran conseguir el control de ayuntamientos como Otzoloapan, Luvianos o el propio Tejupilco, donde entre otras cosas impartían seguridad pública y pagaban la nómina de los empleados.

 

Miguel Alvarado

Un estudio datado en el 2011 señala que el narcotráfico mexicano ha ido cambiando su ubicación y se ha desplazado hacia el sur, hacia Centroamérica para no perder la conexión con cárteles sudamericanos y el control del trasiego de droga hacia Estados Unidos y Canadá. Pero a ellos los han acompañado sus actividades delincuenciales como el robo la extorsión, el plagio y los homicidios.

El Informe 2011 de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, dependiente de la ONU, señala lo anterior y afirma que, junto a Canadá y EU, México representa el principal mercado de drogas del mundo. En esa región se han registrado, por ejemplo, el 70 por ciento de las incautaciones de mariguana; el 70 por ciento de las incautaciones de éxtasis y el 44 por ciento de las de metanfetaminas. “Además el 99% de los laboratorios de metanfetamina desmantelados en todo el mundo se hallaban en la región”, confirma el tratado.

Para la ONU, el tráfico de drogas representa en Estados Unidos un impacto económico de 193 mil millones de dólares, mientras que en México circulan 40 mil millones provenientes de actividades relacionadas de alguna forma.

La ONU reconoce que las autoridades mexicanas han combatido el crimen y al menos están dicen que adoptan medidas contra el narco. Pero la ONU está muy lejos y a veces simula una entelequia. Ninguna de las opciones presentadas por la Federación ha funcionado porque no se ha querido. Sólo así se explica, por ejemplo, que en el sur mexiquense las organizaciones criminales hayan operado por años, a la vista de todos y hasta pudieran conseguir el control de ayuntamientos como Otzoloapan, Luvianos o el propio Tejupilco, donde entre otras cosas impartían seguridad pública y pagaban la nómina de los empleados. Caja de Agua, cruce de droga en aquella región, fue también el escenario del combate definitivo entre Zetas y La Familia por el control de la droga. Los habitantes de Luvianos precisan que fue en el 2009 cuando las bandas se enfrentaron, todo con conocimiento de las autoridades civiles y militares y aquel choque dejó 46 muertos. Los perdedores, los Zetas, se retiraban al fin a otros rumbos y los de La Familia se dedicaron a reorganizar el negocio. En esencia era lo mismo. Transportar droga, extorsionar, secuestrar, plagiar, iban de la mano en el boyante comercio ilegal que permitieron las autoridades mexiquenses, ya por miedo o por conveniencia. Todos los alcaldes de la zona supieron quiénes eran los capos y les abrieron las puertas de las administraciones. Así, Otzoloapan, Amatepec, Tlatlaya, Luvianos, Zacazonapan, Santo Tomás y hasta Valle de Bravo participaron activamente. Los alcaldes y funcionarios menores se beneficiaron de ello y el ejército de hizo de la vista gorda. Los patrullajes eran frecuentes pero las señales se activaban para que los narcos se escondieran en la sierra y los montes lejanos. De nada servían los helicópteros o que las partidas estacionaran en los pueblos. El narco no se amedrentó nunca.

El negocio que hasta la ONU condena sostiene la economía mexicana, que no podría entenderse si no participara el dinero del narcotráfico. Y es cierto. Mientras los políticos y empresarios mexicanos se llevan las inversiones a otros países, los capos deciden gastarlo en su propia tierra. Impulsan a su manera las economías locales y generan construcciones y obras que de otra forma jamás se habrían realizado. El informe de la ONU se limita a reconocer reuniones y cumbres internacionales entre los países de Norteamérica pero no dice nada sobre los resultados. Documentos obtenidos por el diario Reforma señalan, mejor que la ONU, que el ejército descubrió una red de elementos traidores que trabajaban para el narcotráfico en el sur mexiquense.

Así, la Sedena dice que se encarceló a 52 soldados acusados de narco y a 13 por delincuencia organizada, que trabajaban para La Familia luego de los militares habían sido destacamentados para combatir a ese grupo desde la base del 102 Batallón de Infantería en San Miguel Ixtapan, inaugurado por Enrique Peña Nieto, el 3 de mayo del 2009, cuando era gobernador del Edomex. Él no lo sabía, pero estaba abriendo las puertas a quienes un mes después recibían pagos del narco para notificar los movimientos de la tropa. Aquel mayo acompañaron al gobernador Guillermo Galván, titular de la Sedena y algunos secretarios estatales.

Para febrero del 2010 las instalaciones de Ixtapan estaban terminadas y la Sedena preparaba un envío de 600 elementos, según el comandante de la 22 Zona Militar en la entidad, Rubén Pérez Ramírez, porque “está habiendo secuestros y extorsiones a comerciantes, principalmente”.

Peña Nieto diría el día de la inauguración que aplaudía el trabajo de la milicia “en esta visión y trabajo estratégico que el Ejército Mexicano lleva a cabo para vigorizar los mecanismos de protección para la ciudadanía”.

Pero ahora las cosas son distintas. En la región se sabía que algo habpia cambiado desde finales del año 2011. El ejército ya entraba con mayor fuerza y en Valle de Bravo desmanteló una torre de telecomunicaciones perdida entre los cerros. Allí incautó equipo y bloqueó las señales. Aunque no detuvo a nadie, los cambios se veían venir y hasta los narcos supieron que llegado el tiempo de las elecciones presidenciales, las cosas podrían resultar al revés. Los alcaldes también lo supieron y si hay una estrategia del gobierno federal para restarle puntos al puntero, Peña, está en marcha. Las elaciones serán inevitables. Los soldados inculpados han declarado que un tal Johny Escobar, “El Mojarro”, sobornaba a tenientes y sargentos. Luego, Escobar será capturado y denunciará el siguiente eslabón, que llegará hasta algún presidente municipal, que podría tener conexión, aunque política, con Peña o incluso con el perredismo. El resto se eslabonará solo.

Ahora, el propio Galván truena contra los corruptos pero también lo hace Janet Napolitano, la secretaria de Seguridad norteamericana, quien asegura que “déjenme decir que tomó 10 años encontrar a Osama bin Laden, y ustedes saben lo que ocurrió ahí. No estoy sugiriendo que lo mismo vaya a pasar con (El Chapo) Guzmán, estoy sugiriendo que nosotros somos persistentes cuando se trata de personas que hacen el mal y que dañan, en nuestros dos países. Entonces ese asunto continúa”. La prensa mexicana malinterpretó y aseguró que los yanquis sentenciaban al capo mexicano. La captura de Guzmán sería una de las pocas acciones de Calderón que apuntalaría a su candidata presidencial, Josefina Vázquez, ante sus adversarios políticos.

En un país donde el hambre mata más que el ejercicio del narcotráfico cualquier cosa puede pasar. En nueve años, por ejemplo, “85 mil 343 personas fallecieron por desnutrición en México entre 2001 y 2010, período en que otras 49 mil 804 murieron víctimas de las bandas del crimen organizado”, según datos del Centro de Estudios e Investigación en Desarrollo y Asistencia Social, basado en datos del INEGI, de la PGR y de la Cámara de Diputados.

El analista Rafael de la Garza Talavera considera que “el enorme aumento a su presupuesto puede empezar a generar a su interior una serie de intereses que eventualmente lo convierta en una institución más preocupada por mantener sus privilegios y poder político que en someterse al liderazgo civil y mantenerse alejado de la política. El aumento de 150% a lo largo del sexenio al sueldo de los soldados rasos, que será ahora 10 mil 800 pesos -más del doble de lo 4 mil 300 que ganaban- me parece una señal preocupante en este sentido”.

Pero ni siquiera los aumentos salariales garantizan que tropas y generales sean invulnerables a la corrupción. Un análisis de Paulina Monroy destaca que “desde que el Partido Acción Nacional asumió la Presidencia de la República, los índices de corrupción en México se incrementaron y la transparencia se fue a pique… desde 2001, el primer año de gobierno de Vicente Fox, la corrupción en México se ha venido incrementando. Según el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) de la organización Transparencia Internacional, desde que el Partido de Acción Nacional (PAN) llegó al poder, México ha reducido su puntaje de 3.7 en 2001 a 3.3 en 2009. El estudio fue aplicado en 180 países, con una escala de 1 a 10, donde 1 es el mayor nivel de corrupción. México nunca ha alcanzado siquiera el seis. En la más reciente evaluación, el país bajó 17 lugares de la última posición que obtuvo en 2008. A nivel mundial alcanzó el lugar 89”.

Y ese lugar 89 para el Edomex representa el mismo número de ejecutados en la entidad, según el último recuento del diario local Alfa, al mismo tiempo que la secretaria de Relaciones Exteriores mexicana, Patricia Espinoza se dice dispuesta “a participar y abrirse a un debate sobre la legalización de las drogas aunque con ello no se terminaría el problema del narcotráfico y el crimen organizado en el país”, en una exposición ante la propia ONU y la Asamblea Euro-Latinoamericana.

Justo el martes 28 de febrero, un nuevo enfrentamiento respondía al purificador fuego del ejército, que renovaba sus entrañas, cuando dos militares fueron asesinados y 5 heridos en un enfrentamiento en la región de Tierra Caliente, por el lado michoacano, en la zona de Melchor Ocampo y Paso de Tierra Caliente, Tuzantla, cuando patrullaban ese rumbo. Allí murió uno y otro falleció en Las Ceibas de Trujillo, Tiquicheo, cuando los militares quemaban un plantío y desde un vehículo les dispararon.

La ONU concluye que “México también pasó a ser un importante fabricante de metanfetamina, lo cual queda reflejado en el número de laboratorios desmantelados, que saltó de 21 en 2008 a 191 en 2009. Pese a que el número de laboratorios de metanfetamina de los Estados Unidos es muy superior al de México, los laboratorios mexicanos suelen producir cantidades mucho mayores de esa droga que los de los Estados Unidos”.

Los tigres de Luvianos

* La zona sur del Estado de México, conocida como el Triángulo de la Brecha o Tierra Caliente, hace frontera con Michoacán y Guerrero en uno de los climas y terrenos más agrestes de la localidad debido a las altas temperaturas pero también a la montañosa geografía que la rodea. El clima caluroso ha alcanzado hasta para municipios como Valle de Bravo, un centro turístico internacional desde hace años. Ahí, luego de que el turismo tomara el control económico del lugar, también el narco llegó para extorsionar, secuestrar y hasta gestionar trabajos realizados en otras regiones.

Miguel Alvarado

Un habitante del municipio de Tejupilco observa sentado en la plaza de su pueblo el paso de un convoy del ejército mexicano. Algunos jeeps y camiones de redilas con soldados atrás avanzan despacio por la carretera, que parte en dos la población y avanza hacia los entronques de Luvianos, Bejucos, Otzoloapan y Zacazonopan.

“Aquí todos saben quiénes son los narcos. Son de La Familia y trabajan desde que les ganaron la plaza a los Zetas y los Pelones. Los de la policía y los militares casi siempre se han hecho tarugos. Si todos los del gobierno municipal tienen que estar con ellos para que no les pase nada. Aquí nadie denuncia nada porque a nadie le conviene. Los narcos ni son de aquí. Unos sí, porque los han jalado para trabajar pero al principio había muchos de fuera”, asegura el poblador, quien afirma que nada ha cambiado, que todos trabajan o hacen sus actividades como siempre y que se puede vivir siempre y cuando no se metan con los narcos, que a veces pasan con sus camionetas. “Hasta los polis los saludan. Luego, cuando salen los del ayuntamiento a alguna cosa, también a ellos saludan”, dice riéndose mientras se levanta y toma rumbo hacia su casa, atrás de la vieja iglesia del pueblo.

La zona sur del Estado de México, conocida como el Triángulo de la Brecha o Tierra Caliente, hace frontera con Michoacán y Guerrero en uno de los climas y terrenos más agrestes de la localidad debido a las altas temperaturas pero también a la montañosa geografía que la rodea. El clima caluroso ha alcanzado hasta para municipios como Valle de Bravo, un centro turístico internacional desde hace años. Ahí, luego de que el turismo tomara el control económico del lugar, también el narco llegó para extorsionar, secuestrar y hasta gestionar trabajos realizados en otras regiones.

Tierra Caliente es, desde hace mucho, paso de drogas hacia otros puntos de la república. Su ubicación, incluida la sierra de Nanchititla, es una fortaleza natural que protege demasiado bien a quien quiere esconderse allá. La región sureña es también una de las más pobres del Edomex y es exportadora de indocumentados hacia Estados Unidos o las grandes urbes del país. Las tierras son abandonadas y producen poco, pero el fenómeno del narco ha cambiado la cara de algunos municipios como Luvianos, donde hasta hace unos años el panorama era el de la miseria acostumbrada. Hoy, grandes caserones y hasta las calles pavimentadas se observan allí. Se han abierto bodegas para materiales de construcción y las fachadas de las casas han sido reparadas. Una extraña combinación arquitectónica ha transformado el lugar. Estatuas de águilas y caballos conviven entre casas con torres de observación y enormes zaguanes pintados de color pastel. Cerca de allí, el balneario Las Lomas espera paciente la llegada de visitantes. Casi arruinado hace dos años porque la carretera hacia allá no se terminaba, sobrevivía de los propios habitantes de la región pues el turismo había sido advertido sobre la peligrosidad. Pero si Las Lomas pudo recuperarse medianamente, en Luvianos, un pueblo de 8 mil 146 habitantes, se construyeron tres enormes salones de fiestas, con capacidades para mil asistentes. Allí se organizan los convivios regionales pero nadie sabe cómo pudieron levantarse, aunque a nadie le interesa porque no quieren problemas. Se limitan a asistir cuando son invitados. Luvianos es uno de los ejemplos de cómo los pueblos sureños han cambiado gracias al narcotráfico, que ha tomado en sus manos leyes y gobiernos para imponer una paz forzada que le permita trabajar sin discusión ni problema. Otros municipios de la zona como Otzoloapan, Zacazonapan, Amatepec y Tlatlaya han resentido el fenómeno de otra manera. Tierras abandonadas u ocupadas por extraños y tarifas para mantener comercios y poder vivir sin problemas se convirtieron en prácticas habituales. Muchos huyeron o se fueron en busca de mejores tiempos pero otros se adaptaron. Ni siquiera enfrentamientos mortales como los registrados en Caja del Agua entre el 2009 y el 2010 los desarraigan. Primero, el 1 del julio del 2009, Pelones y Familia chocaban entre sí en aquella comunidad, paso obligado de la droga hacia Guerrero y Michoacán. Siete sicarios detenidos, camionetas de lujo, motos y hasta 25 armas largas decomisó la antigua policía mexiquense, ASE, que intervino en plena balacera. Una versión señala 12 narcos muertos y dos policías heridos en una yerta que busca ejecutar al líder criminal Osiel Jaramillo.

Catorce días después, otra vez en Caja de Agua, una emboscada arrojaba dos personas ejecutadas y la movilización de 80 policías de la ASE. Era un nuevo enfrentamiento entre quienes peleaban la región pero tampoco en esa ocasión se confirmó la muerte de Jaramillo. Sin embargo, el ataque involucraba granadas de fragmentación. Era cuestión de tiempo para que Osiel cayera abatido y el 23 de octubre de ese mismo año pero en el centro de Luvianos, aparecía muerto junto con otra persona, con 49 impactos de bala en su cuerpo. El crimen era emblemático pero ejemplar, porque los cuerpos fueron colocados con premeditación frente a una tienda de materiales de construcción, propiedad de la familia González Peña, que un año antes había visto cómo Ranferi González Peña era asesinado en su propia casa y un hijo de éste secuestrado para no volver a saberse de él. La Familia Michoacana limpiaba el territorio pero también vengaba a sus caídos y si algunos líderes habían muerto, pronto se apoderarían de toda la región. Buscaban al verdadero jefe, Albert González, conocido como El Tigre, comandante en jefe de los Zetas en Luvianos. Ranferi, Jaramillo y El Tigre tenían un historial delictivo que los ligaba con actividades ilegales que el gobierno mexiquense conocía. El escritor Francisco Cruz, coautor del libro Negocios de Familia para editorial Planeta, ubica a estos González en su investigación: “…La imagen de Esquivel se fue difuminando hasta desaparecer, y el asesinato terminó por perderse en una maraña burocrática judicial a partir del lunes 20 de mayo de 2008, cuando un comando de encapuchados irrumpió en un domicilio sobre la avenida 16 de Septiembre en Luvianos —un pequeño municipio al sur del estado, sumido en la pobreza y controlado por el imperio de El Chapo Guzmán— y ejecutó al maestro Ranferi González Peña, un supervisor escolar de zona de cuarenta y cinco años de edad, considerado hasta ese momento cabecilla de los asesinos a sueldo de La Familia, una de las dos organizaciones que controlan el crimen organizado en el Estado de México. El homicidio fue perpetrado con al menos una decena de descargas de armas de fuego de alto poder, los asesinos encapuchados —quienes vestían uniformes negros con las siglas de las Agencia Federal de Investigaciones (AFI) y de la de Seguridad Estatal (ASE)— abordaron dos camionetas que los esperaban y huyeron. Y cuando la familia de la víctima aún no salía del estupor, regresaron, levantaron el cadáver y lo metieron en uno de los vehículos. Luego enfilaron por una de las calles en dirección a una casa de materiales, donde secuestraron al arquitecto Ranferi González Rodríguez, hijo de González Peña.

Aunque sólo se habló de dos camionetas, vecinos de la familia Ranferi recuerdan que, a las ocho y diez de la mañana, por la 16 de septiembre apareció un convoy, instaló un retén en dos esquinas sobre la cabecera municipal y, en un par de minutos, unos cinco sicarios descendieron de dos camionetas con vidrios polarizados, irrumpieron en el domicilio de los Ranferi y asesinaron al maestro, frente a su madre y dos de sus hermanas, de nueve y diez años de edad. En las calles de Luvianos nadie habla. Se respira el miedo, pero todavía se recuerda que, en los días previos a la ejecución y al secuestro, allegados al maestro Ranferi —hermano de Alberto González Peña, El Coronel, presunto lugarteniente de una célula de Los Zetas en la zona— abrieron la boca y alardearon sobre algunas propiedades “liberadas” luego de una incursión al puerto de Veracruz para silenciar a un grupo de agentes del Estado de México”.

Tigre o Coronel, también cayó, aunque en manos de la policía federal y dos años después, el 25 de junio del 2011. Su nombre completo era Albert González Peña o Franco Bueno Peña y para ese año se encargaba de la plaza de Veracruz para los Zetas. Pocos se dieron cuenta de que era el mismo que había operado en tierras mexiquenses. Pero ya no importaba. Poco a poco la historia y su entramado dejaron paso a otras, más sangrientas y no menos importantes.

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