Cuotas escolares

* Queda claro que al prohibir pago alguno en los rubros mencionados, la autoridad escolar está impedida legalmente para promover cualquier cuota voluntaria de los padres de familia. Las primeras reacciones observadas el jueves y viernes de la semana pasada respecto a erogación alguna para inscribir a sus hijos en la escuela no se hicieron esperar, ciudadanos con verdaderas carencias económicas no realizaron ninguna aportación.

 

 

Luis Zamora Calzada

La presentación la semana pasada de las reformas a la Ley General de Educación, la iniciativa de Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y la Ley General del Servicio Profesional Docente en el Congreso de la Unión, establece el marco legal que regirá a la educación pública del país.

El marco jurídico que se plantea genera verdaderas complicaciones para la vida escolar, en particular lo establecido en el artículo 6 de la Ley General de Educación, que señala que las donaciones o cuotas voluntarias no se entenderán como contraprestaciones. Sin embargo, se admiten con la obligación de la autoridad educativa de determinar mecanismos para regular, vigilar y transparentarlas.

Prohíbe el pago de cualquier contraprestación que impida o condicione el servicio, especificando que no se puede condicionar ningún cobro para la inscripción, acceso a la escuela, aplicación de exámenes, entrega de documentación o afectar la igualdad en el trato a los alumnos.

Aun cuando se establece el diseño de mecanismos de participación estatal y municipal, no se menciona cómo cubrir gastos inmediatos que ya ejerce la escuela, como en los casos donde las asociaciones de padres de familia pagaban a personal secretarial y manual, quedando a partir de ahora estos trabajadores en riesgos de desempleo al no contar con la plaza correspondiente.

Queda claro que al prohibir pago alguno en los rubros mencionados, la autoridad escolar está impedida legalmente para promover cualquier cuota voluntaria de los padres de familia. Las primeras reacciones observadas el jueves y viernes de la semana pasada respecto a erogación alguna para inscribir a sus hijos en la escuela no se hicieron esperar, ciudadanos con verdaderas carencias económicas no realizaron ninguna aportación.

El panorama es complejo, la puesta en marcha de las escuelas requiere del pago de gastos que el Estado no cubre, urge la programación de financiamiento destinado a cada centro educativo y una inmediata será la creación de plazas para el personal que ha venido laborando por años en las instituciones educativas. Las tareas que desempeñan son indispensables para el funcionamiento escolar.

 

 

Suspensión de clases

 

 

El calendario del ciclo escolar iniciado establece que el trabajo con alumnos formalmente empieza el 19 de agosto y concluye el miércoles 15 de julio del 2014, marcando una Semana Nacional de Evaluación, del 16 al 20 de junio del año siguiente.

Para el desarrollo de los consejos técnico escolares se destinan trece días, de los cuales ya se ejercieron cinco. Quedan ocho, programados para el último viernes de los meses de septiembre, octubre, noviembre de este año y enero, febrero, marzo y junio del siguiente, con la obligatoriedad de reunir a los maestros para revisar el Plan de Mejora, que en teoría se integró la semana pasada. Como es de esperarse, estos días no acudirán los alumnos a clases.

Es ya de conocimiento público el número de suspensiones de labores docente, que en total suman diez días, calendarizando dos en el periodo vacacional de Fin de Año y uno en sábado, día no hábil para las escuelas, quedando por tanto de manera efectiva siete, distribuidos para el lunes 16 de septiembre, 18 de noviembre del 2013 y tres de febrero, diecisiete de marzo, uno, cinco y quince de mayo del año entrante.

Este calendario es obligatorio para todas las escuelas del país. Técnicamente se debe respetar en todos los estados y es notorio que no se destina ningún día de suspensión para otras tareas, como suelen ser algunas de carácter sindical.

En nuestra entidad, para “Juegos de los Maestros” estatales, al menos se suspendían dos días para todos los docentes y un número amplio no asistía a clases para acudir a los juegos en sus fases llamadas regional y estatal, dos más con suspensión de al menos 4 mil profesores, que acuden a las asambleas sindicales; en esta ocasión no podrá destinarse ningún día para estas actividades, la delicada tarea de la Secretaría de Educación será convencer a sus afiliados para ocupar sábados y domingos para estos eventos no contemplados en el calendario escolar.

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El discurso y el poder

* La propuesta del SUMAEM no fue aceptada en el periodo gubernamental estatal del ahora candidato presidencial; por esas vicisitudes de los caminos de su política, sostuvimos posiciones y visiones no sólo discrepantes, sino incluso confrontadas. Inclusive, en el momento oportuno ofrecimos la experiencia para su uso en el gobierno del Estado de México, pero…

 

Luis Zamora Calzada

Es típico en los gobernantes asumir una actitud muy distinta, en tiempos de campaña, al de los años de ejercicio del poder público otorgado por el pueblo. Por ello llama fuertemente la atención la columna del periodista José Fonseca en la edición de “El Economista” del 24 de mayo del 2012 año al afirmar que “…en el jelengue electoral ha pasado casi inadvertido el anuncio del candidato presidencial del PRI, Enrique Peña Nieto, de crear un marco legal que le dé a los agremiados a un sindicato el poder de fiscalizar las cuentas de sus dirigencias…”.

Y que el mencionado candidato en su encuentro con los “300 líderes más influyentes de México”, al referirse en el rubro de rendición de cuentas respecto a los sindicatos, expresara que “…en cuanto a los sindicatos, estoy a favor de profundizar su democratización, siendo respetuoso de la autonomía sindical. También estoy a favor de la transparencia y rendición de cuentas -hacia los agremiados sindicales- del uso de los recursos sindicales, que no son públicos…”.

Eso implicaría la intromisión en la vida interna de las organizaciones, que por ley les está prohibido a las autoridades. Sin embargo, el Sindicato Unificado de Maestros y Académicos del Estado de México (SUMAEM), ha mantenido esta propuesta como parte de los planteamientos de origen, sobre todo respecto a la transparencia total en la gestión sindical, que nuestra organización gremial ha sostenido como uno de los principios fundamentales para un nuevo sindicalismo en el siglo XXI, y que no ha quedado en eso, sino que constituye uno de los ejes torales de nuestra vida sindical, en cuyo contexto todos los que formamos parte de la directiva hemos depositado nuestra declaración patrimonial, la cual está disponible para ser consultada sin restricciones por cualquiera de nuestros agremiados, al igual que los movimientos y estados financieros que se generarán en un futuro, así como la distribución de los beneficios sindicales.

La propuesta del SUMAEM no fue aceptada en el periodo gubernamental estatal del ahora candidato presidencial; por esas vicisitudes de los caminos de su política, sostuvimos posiciones y visiones no sólo discrepantes, sino incluso confrontadas. Inclusive, en el momento oportuno ofrecimos la experiencia para su uso en el gobierno del Estado de México, recibiendo a cambio:

– Amenazas, despidos injustificados y suspensión de salarios contra los fundadores, que fueron revocados por la protección de la justicia federal en diversos amparos directos.

– Cierre de apertura al diálogo de las instancias de gobierno, que continúan con su cerrazón hasta la fecha.

– Actuaciones contrarias a derecho del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje para evitar la emisión del registro sindical y la toma de nota respectiva, dictadas finalmente por cumplimiento de sentencias de los Tribunales Colegiados y Juzgado federales.

– Intimidación al profesorado para evitar ejercer la libertad sindical que garantiza el artículo 123 constitucional, por la estructura de la instancia educativa local y el sindicato que inexplicablemente defienden.

Durante nuestra larga, en ocasiones amarga y sufrida, pero al final exitosa lucha por el otorgamiento del registro sindical y la toma de nota para nuestra organización, que logramos al ejercer al pie de la letra lo que establece la Ley, se ratifica la validez de otro de nuestros principios en el sentido de que el maestro debe proyectar los caminos para los cambios sociales.

Otra propuesta que hemos sostenido y experimentado en nuestra corta existencia es el Sindicalismo con Responsabilidad Social, el cual plantea el rechazo a la perturbación a la sociedad en la lucha por la defensa de los derechos laborales. Tal y como consta, a pesar de las condiciones adversas que nos impusieron las instancias gubernativas locales, jamás se causó ninguna perturbación que perjudicara a la ciudadanía.

Así mismo, sostenemos la propuesta de una Educación Pública para la Competitividad, reconociendo la irreversible realidad de la inmersión de nuestro país en un contexto de globalización mundial, con las implicaciones de nuevas formas, incluidos procesos de fortalecimiento y evaluaciones adecuadas.

El dilema es diferenciar entre el discurso y la actuación ejercida de una propuesta, quizá atrayente en este momento, que puede anunciar intromisiones no permitidas en la ley a la vida interna de los sindicatos y el menosprecio mostrado por un gobierno estatal ante la misma propuesta en tiempos pasados.

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