Caso Atenco llega ante la CIDH

* En 2006, cuando ocurrieron los hechos, Enrique Peña Nieto era gobernador de la entidad y a su administración le tocó conducir las investigaciones que, cabe decir, no han dado resultados. De forma paradójica ahora como presidente de la República a su gobierno le corresponderá llevar el litigio contra las 11 peticionarias.

 

Anayeli García Martínez/ Cimacnoticias

México, DF. Por primera vez las 11 mujeres sobrevivientes de tortura sexual durante los operativos policiacos del 3 y 4 de mayo de 2006 en San  Salvador Atenco, Estado de México, confrontarán al gobierno mexicano cara a cara a la vez que podrán narrar su historia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Este 14 de marzo una representante de las 11 sobrevivientes asistirá a una audiencia en la CIDH, con sede en Washington, Estados Unidos, para evidenciar que el Estado mexicano fue cómplice de la violación sexual que vivieron hace casi siete años.

En este encuentro estarán frente a frente las víctimas, los comisionados de la CIDH, una delegación de funcionarios mexicanos y representantes del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional –estos dos últimos defensores ciudadanos de las 11 mujeres–, quienes escucharán lo sucedido en Atenco en 2006.

Esta semana se define a la sobreviviente de violencia que hablará a nombre de las 11 víctimas ante la CIDH. Eventualmente la delegación del Estado mexicano emitirá una postura al respecto o se limitará a escuchar los señalamientos.

Aunque pareciera ser una comparecencia más, en realidad –explica Bárbara Italia Méndez, una de las sobrevivientes– es la primera oportunidad de narrar su testimonio en un litigio internacional que inició en abril de 2008 contra las autoridades mexicanas, y que en su mayor parte ha consistido en comunicaciones escritas.

Este será el momento de escuchar parte del testimonio de las 11 denunciantes de violación y tortura sexual: Mariana Selvas, Georgina Edith Rosales, María Patricia Romero, Norma Aidé Jiménez, Claudia Hernández, Ana María Velasco, Yolanda Muñoz, Cristina Sánchez, Patricia Torres, Suhelen Gabriela Cuevas y Bárbara Italia Méndez.

En entrevista, Italia asegura que esta comparecencia tiene un costo emocional porque quien represente a las 11 mujeres tendrá que hablar de lo sucedido en Texcoco y San Salvador Atenco, en el Edomex, cuando 47 mujeres fueron detenidas y 27 de ellas golpeadas, insultadas y torturadas por policías estatales y federales.

En 2006 cuando ocurrieron los hechos Enrique Peña Nieto era gobernador de la entidad y a su administración le tocó conducir las investigaciones que, cabe decir, no han dado resultados. De forma paradójica ahora como presidente de la República a su gobierno le corresponderá llevar el litigio contra las 11 peticionarias.

Aunado a ello no se puede olvidar que el episodio de Atenco fue un hecho que repercutió en la campaña presidencial de Peña Nieto, luego de que en mayo de 2012, durante su visita a la Universidad Iberoamericana, estudiantes le cuestionaron su actuar en ese caso, le reprocharon los abusos de poder cometidos y a raíz de esa protesta surgiera el movimiento juvenil YoSoy132.

Italia apunta que en este litigio internacional ellas no están acusando a personajes en particular, sino a todo el Estado mexicano con todas sus instituciones. “No es un caso personal”, aclara.

“Fue un acto de Estado, una represión contra el pueblo. No es un pleito personal contra Genaro García Luna o contra Eduardo Medina Mora…”, añade al referirse a los entonces titulares de la Agencia Federal de Investigación (AFI) y de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), respectivamente.

Además explica que en ese operativo actuó una estructura represora del Estado que buscaba acallar a aquellos que apoyaron a un grupo de comerciantes a quienes se les impidió vender flores, mismos activistas que cuatro años antes se opusieron a la construcción de un aeropuerto en sus tierras.

Italia señala que el caso de la brutalidad policiaca contra las mujeres de Atenco, admitido ante la CIDH como “Mariana Selvas y otras”, las autoridades mexicanas no podrán negar lo ocurrido porque hay suficientes pruebas de las violaciones a DH y de la tortura ejercida por uniformados.

“La palabra de las mujeres no ha titubeado”, insiste la joven al señalar que ellas podrán ver a los ojos a los comisionados y decirles lo que sintieron como mujeres ese 3 y 4 de mayo.

Conscientes de que este camino aún requiere de un largo aliento, las mujeres de Atenco saben que será complicado demostrar que el Estado es un flagrante violador de DH, ya que ante la mirada internacional México mantiene una aparente postura a favor de las garantías individuales.

Y es que no es novedad que el Estado mexicano es uno de los defensores del Sistema Interamericano de Derechos Humanos en el proceso de fortalecimiento que vive, y en el cual países como Colombia y Venezuela se han pronunciado en contra de las facultades que tiene la CIDH.

“Hay mucho discurso, pero es aplastante la violación a los Derechos Humanos”, critica la activista.

Como ejemplo cita que en junio de 2012, durante la evaluación de México ante el Comité de Naciones Unidas de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), que se realizó en Nueva York, el Estado mexicano informó de “avances” en el caso Atenco.

El subsecretario de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Gobierno del Edomex, José Alfonso Sierra Palacios, dijo ante el Comité de la CEDAW que se ejerció acción penal contra tres policías implicados en la tortura sexual de las 26 mujeres, sin haber informado previamente a las víctimas y sus abogados, lo que en opinión de Bárbara Italia es señal de que la investigación de la Procuraduría estatal es una simulación.

“A mí me parece que no fue nada honesto”, dice sobre estas órdenes de aprehensión que se giraron un día por la mañana y que por la tarde ya se tenían a dos de los inculpados, toda vez que el otro ya había muerto, es decir, resulta extraño que después de seis años se lograra hacer esta consignación en un par de horas.

Al final, Italia recalca que esta audiencia que forma parte del proceso ante la CIDH es una forma de construir justicia, pero también de contribuir a la memoria porque al final lo que se busca es romper la impunidad para que no se repitan hechos similares.

La cloaca

* Teresa Ulloa, directora de la CATWLAC, denunció que de enero de 2011 a lo que va de 2012 se han registrado 60 desapariciones de mujeres cada mes, 4 mil 800 violaciones sexuales y mil casos de feminicidio, según datos de la Procuraduría estatal obtenidos por la organización civil Anticorrupción vía acceso a la información.

 

Gladis Torres Ruiz/ CIMAC

México, DF. Madres de las víctimas del feminicida César Armando Librado Legorreta, alias “El Coqueto”, junto con madres de jóvenes desaparecidas y la Coalición contra el Tráfico de Mujeres y Niñas (CATWLAC, por sus siglas en inglés), exigieron la renuncia del procurador del Estado de México, Alfredo Castillo.

Luego de la fuga del asesino confeso de siete mujeres –tres de ellas menores de edad–, las madres acusaron al funcionario de “incompetencia e ineptitud” para resolver los casos de niñas, mujeres y adolescentes desaparecidas y asesinadas en la entidad mexiquense.

Teresa Ulloa, directora de la CATWLAC, denunció que de enero de 2011 a lo que va de 2012 se han registrado 60 desapariciones de mujeres cada mes, 4 mil 800 violaciones sexuales y mil casos de feminicidio, según datos de la Procuraduría estatal obtenidos por la organización civil Anticorrupción vía acceso a la información.

A pesar de ello, el 11 de enero de 2011 el Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (integrado por dependencias federales y los institutos estatales de mujeres) se opuso a que se iniciara una investigación del feminicidio en el Edomex, y eventualmente se declarara una Alerta de Violencia de Género (AVG).

Amparo Vargas, madre de Eva Cecilia, joven 16 años víctima de “El Coqueto” y desaparecida el 26 de noviembre de 2011, narró su vía crucis con las autoridades mexiquenses y cómo ante su inacción, ella misma y su familia prefirieron indagar por su cuenta para dar con el paradero de su hija.

Contó cómo a petición de ella, el primero en ser interrogado fue el novio de la joven, y luego cómo recibía llamadas en las que le decían dónde podía estar su hija.

“Los agentes me acompañaban a las direcciones, que siempre eran casa en obra negra o abandonadas, pero me esperaban en el auto mientras yo entraba a buscarla”, relató. Cuando salía, los agentes ministeriales únicamente le preguntaban “¿qué pasó? ¿La encontró?”.

Fue Amparo quien señaló que quien plagió a su hija podía estar en la ruta de microbuses, ya que la última vez que se le vio fue al abordar el microbús de la ruta 2 que manejaba su asesino, pero esto no se investigó hasta la denuncia que realizó la joven que sobrevivió a las agresiones del feminicida. “Las muertes de las otras jovencitas se pudieron haber evitado”, lamentó.

Amparo Vargas agregó que el cuerpo de su hija permaneció por varios días en la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM) sin ser identificada, y que nadie le notificó que había un cuerpo. Fue ella quien por iniciativa propia accedió a la Unidad de Homicidios e identificó a su hija.

Teresa Ulloa reveló que la Fiscalía de Feminicidios de la PGJEM tiene el cuerpo de una víctima más de “El Coqueto”, la cual aún no ha sido identificada y tiene entre 20 y 25 años de edad.

Abundó que esa fiscalía tiene el cuerpo de otra mujer no identificada de entre 30 y 35 años, que aunque no forma parte de esta indagatoria, no ha podido ser identificada por la misma procuraduría. La activista señaló que se presume la existencia de 20 violadores seriales en el estado.

Al respecto, Iván Monroy, padre de María José —niña robada el 21 de septiembre de 2010—, agregó que uno de estos asesinos es Heyser Crespo García, quien está preso en el reclusorio de Cuautitlán Izcalli.

Crespo García fue detenido y sentenciado por intentar asesinar a la esposa de Monroy y por la violación de una menor de edad que lo identificó. El delincuente confesó haber violado a otras seis mujeres que no lo han denunciado, ya que su caso no se presentó ante los medios de comunicación, dijo Monroy.

“Crespo fue quien sustrajo a mi hija y confesó haberla asesinado, sin embargo su cuerpo no ha sido localizado por lo que solicitamos que el caso lo atrajera la Procuraduría General de la Republica. Ya es investigado como delito de trata con fines de adopción”, detalló.

En situación similar está el caso de Ivonne Ramírez Mora, joven de 22 años desaparecida en mayo de 2001. Su madre, Leticia Mora denunció la serie de omisiones en el caso y que cuando se hallan cuerpos no se le informa para verificar si alguno es o no el de su hija.

Agregó que ante la ineptitud de las autoridades mexiquenses ella también ha realizado investigaciones, las cuales ya atrajo la PGR.

El estudio “Feminicidios en México. Aproximaciones, tendencias y cambios: 1985-2009”, elaborado por la Comisión Especial de Feminicidios de la Cámara de Diputados, indica que entre 2005 y 2009 el Edomex pasó del séptimo al noveno lugar en la tasa de violaciones denunciadas ante el Ministerio Público.

La incidencia de violaciones sexuales es de 40.2 por cada 100 mil mujeres, 48 por ciento por arriba del promedio nacional.

Ulloa informó que hasta el momento, la PGR ha atraído 15 casos de mujeres mexiquenses desaparecidas en los que coadyuva la CATWLAC.

Además adelantó que se acudirá con la presidenta de la Comisión de Feminicidios, Teresa Incháustegui, para solicitarle apoyo para solicitar nuevamente una declaratoria de AVG en la entidad.

Abundó que el caso del feminicidio en el Edomex se presentará en junio próximo ante el Comité para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), y que se llevarán algunos casos particulares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

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