Todo el poder en familia

* Estadísticas que la PGR y la PGJEM han elaborado sobre asesinatos con características de ejecución o ligados al crimen organizado —cuerpos con señales de tortura, maniatados, mutilados, con los ojos vendados y, en su gran mayoría, con el tiro de gracia— indican que en el Estado de México las muertes violentas por arma de fuego aumentaron de 111 en 2007, a 364 en 2008, 490 en 2009 y 623 en 2010. Este texto es un extracto del libro Los Golden Boy’s, escrito por Francisco Cruz en el 2012, editado por Planeta.

 

Francisco Cruz Jiménez

El asesinato de Christopher Salvador Vergara Cruz fue, para muchos, un claro indicio de cómo andaban las cosas en el estado de México. Ni la sólida relación comercial entre Televisa y Peña pudo ocultar los pactos de algunos funcionarios con el crimen organizado, entre los que destacan los  casos de José Manzur Ocaña, delegado de la PGR en el estado de México en 2007 —heredero de uno de los apellidos de mayor abolengo político mexiquense en las últimas décadas—, y del extinto atlacomulquense Cuitláhuac Ortiz Lugo —jefe de la Policía Ministerial del Estado de México y primo de sangre de Peña—, quienes en el sexenio peñanietista abrieron la puerta para convertir al estado de México en el refugio de los grandes capos del narcotráfico, tal y como se advierte en los libros Tierra narca y AMLO, mitos, mentiras y secretos, publicados por la Editorial Planeta.

Como dato curioso, el 22 de junio de 2009 se instruyó un pliego de ejercicio de acción penal, por delincuencia organizada y otros delitos, contra Manzur Ocaña, delegado de la PGR en el estado de México del 1 de agosto de 2007 al 7 de julio de 2008. Hoy es considerado prófugo de la justicia federal y desde aquel día nadie sabe nada de él. Por si pocos lo saben, el caso no es menor. Como referencia puede señalarse que Manzur Ocaña es medio hermano del diputado federal José Manzur Quiroga, quien por tres años se desempeñó como subsecretario general de Gobierno en la administración de Peña, cargo que también ocupó durante el sexenio de Montiel. Los Manzur son originarios de El Oro, municipio localizado al norte de la entidad mexiquense.

Cuitláhuac Ortiz, cuya carrera policial despegó con Peña —unidos por lazos de sangre a través de la madre del comandante y el finado padre del gobernador—, fue involucrado en la cadena de jefes de las policías del estado de México comprometidos con Joaquín El Chapo Guzmán y los hermanos Beltrán Leyva, pero que se habían acercado a La Familia.

Aunque el parentesco con el gobernador Peña le sirvió como manto protector y nunca se le abrió una investigación formal, a Ortiz Lugo se le implicó en el robo de tres  millones de dólares que La Familia habría entregado a un grupo de policías mexiquenses. Esa cantidad era independiente de las que la organización destinaba cada mes para el delegado de la PGR, José Manzur Ocaña.

El 15 de noviembre de 2009, desde las corporaciones policiacas mexiquenses se informó que Ortiz Lugo había muerto porque, en estado de ebriedad, estrelló contra un árbol la camioneta Silverado que conducía. Esto sucedió a las afueras del lujoso fraccionamiento en el que se encontraba su residencia, en una de las exclusivas zonas de Atlacomulco. Con su muerte se fueron para siempre las acusaciones y los señalamientos públicos de su complicidad con el crimen organizado. Y nadie recordó su parentesco con Enrique, o muy pocos se atrevieron a hacerlo.

Para ilustrar la situación en que se encuentra el Estado de México basta con enumerar a los “distinguidos” personajes del crimen organizado que, en los sexenios de Montiel y Peña, se asentaron en algunas de las más exclusivas zonas como Interlomas en Huixquilucan, Condado de Sayavedra en Atizapán de Zaragoza, Naucalpan, Lerma, Metepec, Valle de Bravo, Luvianos y Coacalco:

Los hermanos Beltrán Leyva, Joaquín Guzmán Loera—“el Chapo Guzmán”—”, el texano Édgar Valdés Villareal —“LaBarbie”—, Carlos González Montemayor —“El Charro”—, Jorge Balderas Garza —“El JJ”—,  Jorge Gerardo Álvarez Vázquez —“El Indio”—, José Filiberto Parra Ramos — “La Perra”—, y el colombiano Pablo Emilio Reyes Hoyos —“El Chaparrito”—, quienes se distinguían por ser el otro brazo fuerte del entonces gobernador Enrique.

Como muestra se puede recordar que en pleno poder del peñanietismo en territorio mexiquense nacieron dos cárteles: La mano con ojos y Los templarios. Y que en septiembre de 2008 se reportó la primera gran matanza colectiva del país en la zona boscosa del parque nacional de La Marquesa, donde un escuadrón de la muerte integrado por policías municipales y estatales bajo el mando de Raúl Villa Ortega —“El R”, por reclutador—, asesinó a 24 humildes albañiles, de quienes se sabe que vivían en una relación homosexual. Fue este un trabajo de “limpieza social”.

Estadísticas que la PGR y la PGJEM han elaborado sobre asesinatos con características de ejecución o ligados al crimen organizado —cuerpos con señales de tortura, maniatados, mutilados, con los ojos vendados y, en su gran mayoría, con el tiro de gracia— indican que en el Estado de México las muertes violentas por arma de fuego aumentaron de 111 en 2007, a 364 en 2008, 490 en 2009 y 623 en 2010.

Un análisis elaborado en mayo de 2005 con estadísticas de la PGJEM, y publicado después en el libro Tierra narca, el Estado de México, refugio de los grandes capos del narcotráfico sorprendió al gobierno estatal: “Durante los últimos cinco años se han cometido más de un millón 220 mil 142 delitos, o unos 637 por día, un crimen cada dos minutos, promedio.”

Reportes de la Agencia de Seguridad Estatal (ASE) establecen: “Llos delitos de alto impacto, como son secuestro, homicidio y violación se incrementaron en casi 21 por ciento en el periodo comprendido del 2005 a 2007. […] En materia de secuestro, el porcentaje se incrementó en casi 21.5 por ciento entre 2005 y 2007, con 140 casos en total. […] Y el homicidio aumentó [cerca de] 23 por ciento, ya que en 2005 se reportaron 5 mil 108 ocho casos, contra 2 mil 365 denuncias de 2006 y 6 mil 274 en 2007”.

Las organizaciones que pelean el territorio son los cárteles de Sinaloa, Los Zetas, La Familia Michoacana —que dio paso a La mano con ojos—, Los Pelones, Pacífico Sur, los remanentes del cártel de los hermanos Beltrán Leyva y el grupo del hoy detenido Édgar Valdez Villarreal, La Barbie. En municipios al norte, como Atlacomulco y su vecino, El Oro, se han identificado grupos del cártel de Juárez. Y en Valle de Bravo se ha documentado la presencia de células que responden directamente a El Chapo Guzmán.

Si uno se atiene a documentos que obran en investigaciones de fiscales federales, escuchas telefónicas o reportes internos elaborados por agentes de la PGR, hay dos casos en especial que, por sus peculiaridades, se insertan en la tradición más oscura de la política mexicana priista, es decir, las eternas dudas sobre la muerte de Mónica Pretelini y el asesinato de los cuatro escoltas de la familia Peña Pretelini en el puerto de Veracruz.

Al paso de los años, cohíben las permanentes imágenes de estos eventos. Ambos se resumen neciamente entrelazados en la intimidad; sus fibras se arremolinan enmarañándose más. Se van para volver de nuevo. Detrás de la fachada de “olvido” persisten las dudas.

Aunque hay datos en voluminosos expedientes de investigaciones que encabezan fiscales federales de la PGR, nada se ha esclarecido respecto al tema, y a muchos, entre ellos Peña, les conviene que se olvide.

La jungla

* Silvia Díaz regresaba con sus hijos rumbo a su casa, a las 5 y media de la tarde, luego de recogerlos en una primaria de la colonia Izcalli IV, el viernes 5 de julio. Caminaban y tomaron su rumbo habitual, para llegar a la avenida Pilares, a la altura de las oficinas del DIF de Metepec. A lo lejos, vio correr a un joven, vestido de negro, que parecía no mayor de 15 años. Detrás de él, policías armados a pie lo perseguían y un poco más tarde seis camionetas repletas de agentes los siguieron.

 

Miguel Alvarado

La administración mexiquense de Eruviel Ávila tiene prioridades. Y su lista la encabezan los proyectos políticos personales de los miembros del gabinete, quienes ven en septiembre un mes de cambios radicales, aunque para la ciudadanía todo continúe igual. El supuesto cambio de gobernador y la llegada al poder de un grupo político distinto desatan pasiones en el palacio de Lerdo, frena inversiones y la derrama económica es selectiva, todavía más. Pero la inercia mantiene todo en movimiento. En Toluca y Metepec incluso se cumple aquel lugar común que llama a la ciudad “jungla de asfalto” con total desenfado, como si desde siempre la animalidad del hombre se impusiera.

Silvia Díaz regresaba con sus hijos rumbo a su casa, a las 5 y media de la tarde, luego de recogerlos en una primaria de la colonia Izcalli IV, el viernes 5 de julio. Caminaban y tomaron su rumbo habitual, para llegar a la avenida Pilares, a la altura de las oficinas del DIF de Metepec. A lo lejos, vio correr a un joven, vestido de negro, que parecía no mayor de 15 años. Detrás de él, policías armados a pie lo perseguían y un poco más tarde seis camionetas repletas de agentes los siguieron.

A ella, como a decenas de personas, le tocó presenciar una balacera entre secuestradores y policías en la avenida Pilares, la más grande y con mayor movimiento comercial que tiene Metepec. Repleta de comercios, bares, escuelas y edificios gubernamentales, la actividad en aquella zona no cesa a ninguna hora. Allí se había implementado un cerco para detener a dos autos, que huían de un enfrentamiento anterior. Al brincarse el retén, los policías abrieron fuego. Uno de los autos se estrelló contra la malla ciclónica que circunda la sede del DIF y uno de los tripulantes pudo todavía echar a correr.

Silvia recuerda que el joven de negro pudo esconderse en una dulcería, frente a un módulo policiaco, en una calle aledaña a Pilares, pero los vecinos y los comerciantes lo delataron. Por señas atrajeron a la policía, que pudo capturarlo fácilmente. Sin embargo, no todo fue tan fácil. En menos de 20 minutos, aquel encuentro entre secuestradores y policías dejó una mujer muerta y cinco heridos. Silvia se refugió en una de las tiendas cercanas cuando escuchó los primeros tiros y vio la corretiza. Luego, salió de aquel comercio y se dirigió a su casa. Pudo ver a la gente, escondida en otros establecimientos junto con niños de las escuelas cercanas. Dice que ella no hubiera denunciado al detenido “porque luego los dejan libres y van por la venganza. Además no se veía ni de 15 años”.

Luego la policía confirmaría que se trataba de un grupo de plagiarios, que operaban en Metepec y que tenían retenido a un doctor. La mujer muerta era parte del grupo, que dijo provenir de Michoacán. Dos días después, el diario local Alfa informaba que el hijo de un prominente matrimonio de Metepec había sido liberado, aunque no dio nombres ni tampoco si había conexión entre los sucesos.

De cualquier manera, la Procuraduría estatal confirma 89 secuestros en seis meses para el Edomex, cifra que no incluye los no denunciados y que elevaría la cifra 75 por ciento. La dependencia sostuvo que los plagios han aumentado.

El diario Alfa disecciona los números “este año se ha registrado un secuestro cada dos días, muy por encima de los números de años anteriores donde en el 2012 se denunciaba un secuestro cada tres días; mientras que en el 2011 la cifra era de un plagio cada 3.5 días”.

Metepec, desde hace años, es sede de operaciones de cárteles del narcotráfico que se encargan del trasiego y distribución, pero también de negocios alternos, como la distribución de productos pirata, cuyos negocios mantienen incluso locales comerciales que pagan renta e impuestos por servicios. La protección policiaca para estos negocios es evidente y se puede ver a plena luz del día. Los plagios son otra de las ramificaciones de esas organizaciones.

Los secuestros no sólo van dirigidos a quienes pueden pagar grandes sumas. Cualquiera es un objetivo del que se puede obtener dinero y las retenciones express son cada vez más comunes, como la sucedida en el centro de Toluca, en un estacionamiento, donde la policía rescató a un hombre por el que pedían 2 mil pesos.

La violencia parece no tener límite y encuentra cualquier pretexto. En Tultepec, en el valle de México, una palabra altisonante entre transeúntes terminó con dos muertos, 12 policías municipales detenidos y camionetas de seguridad reducidas a cenizas. No solamente el crimen organizado está inmerso en la fractura social. Ciudadanos comunes reaccionan con ira ante cualquier provocación y ven en las instancias policiacas a funcionarios públicos con permisos oficiales para ejercer la impunidad.

Otro hecho violento sucedió en Luvianos, donde elementos de la Marina detuvieron y torturaron a seis jóvenes de aquel municipio, en el sur mexiquense, el seis de julio. Los uniformados buscaban armas y drogas y entraron a un bar de la localidad, donde se llevaron a los presentes. Los amarraron y subieron a una camioneta, para dejarlos en un lugar de la sierra. Luego, cubrieron sus cabezas con bolsas y los golpearon. Liberados y bajo amenaza de muerte, relataron el episodio, que derivó en bloqueos carreteros entre Luvianos y Tejupilco por parte de los habitantes. A ese bloqueo se sumaron transportistas en protesta por la golpiza a un taxista, también en esos días, cuando sufría un asalto. Aquella región es tradicionalmente controlada por el narcotráfico y estuvo en constante disputa hasta que La Familia Michoacana obtuvo la posesión. El cártel impone autoridades y aplica reglamentos, legales o inventados y dice proteger a la población.

Los números sobre violencia también involucran los feminicidios, que en la entidad se contabilizan en 133 los dos últimos años y de los cuales 60 por ciento no tienen sentencia por alguna razón. Alfa señala que “de acuerdo con información de la Procuraduría, en 2011 se registraron 52 asesinatos de mujeres, en  2012 aumentó a 60 y en lo que va del año se han registrado 21 feminicidios… de marzo de 2011 a la fecha se han logrado 50 sentencias condenatorias por este delito, 39 de este sistema y 11 del anterior”.

La violencia exacerbada tiene sus motivos, aunque éstos parecen diluirse en los entramados sociales favoritos de la estadística y los políticos: el hambre, la educación, la pobreza, la falta de oportunidades, el desempleo, abstracciones que pierden en las cifras su valor efectivo. Las historias individuales certifican la descomposición social, como sucede con los testimonios de Silvia Díaz y uno de los retenidos por la Marina en Luvianos, cuya declaración reproduce la agencia local MVT: “nos estaban asfixiando, ahogando, como torturando. Los pies nos los hacían para adelante, las manos también, y amarrado me cargaban, pero con las manos hacia atrás, me cargaron demasiado, y amenace y amenáceme; me pusieron el rifle, una pistola atrás, me pegaban culatazos en la cabeza”.

Pone agenda Eruviel Ávila a sesiones de diputados

 

 

* Aprobada por la Diputación Permanente que preside el perredista Octavio Martínez, la agenda para éste que será el Quinto Extraordinario en menos de un año de gestión, presume de ser “de gran interés para los mexiquenses” y estar conformada por una pluralidad de propuestas de “todos los actores políticos”. Lo cierto es que como con los cuatro anteriores, la gran mayoría de los temas a calificar serán del gobernador.

 

Jorge Hernández

Con sólo cuatro iniciativas de reforma de los grupos parlamentarios del PAN, PRD y PT, la LVIII Legislatura estatal celebrará un nuevo periodo extraordinario de sesiones a partir del martes 25 de junio, para desahogar otras 20 en su mayoría del Ejecutivo estatal.

Aprobada por la Diputación Permanente que preside el perredista Octavio Martínez, la agenda para éste que será el Quinto Extraordinario en menos de un año de gestión, presume de ser “de gran interés para los mexiquenses” y estar conformada por una pluralidad de propuestas de “todos los actores políticos”. Lo cierto es que como con los cuatro anteriores, la gran mayoría de los temas a calificar serán del gobernador.

Del temario destacan las iniciativas de Ávila Villegas y el diputado del PAN, Adrián Juárez, para crear una ley contra la violencia y la delincuencia, así como diversas modificaciones a la Ley de Seguridad. Llama la atención la insistencia de querer atacar con legislación un problema que no se limita al territorio estatal ni a una mera cuestión coyuntural, sino que corroe a toda la nación y sus estructuras sociales, políticas y económicas.

Asimismo, también del panismo, la iniciativa para reformar la Constitución Política local y la Ley Orgánica del Legislativo para abrir como plazo el mes de septiembre, a fin de que el mandatario rinda su informe anual de labores, suscribiéndolo al 15 de dicho mes cuando se trate del último año de la gestión.

Del PRD discutirán la propuesta de aplazar la designación de los consejeros que conforman el Consejo General del IEEM hasta el último día de noviembre de este año. La legislación actual establece que sea durante el tercer periodo ordinario de la Legislatura presente se haga, pero el sol azteca aduce que es muy poco tiempo.

También de este grupo se considera la propuesta de Martínez Vargas para reglamentar el derecho de los habitantes de los municipios al servicio de panteones, mientras que del PT el derecho de los cronistas municipales a recibir un sueldo por sus servicios.

Fuera de estos temas, el resto son del interés del gobernador más que de la población, por lo que cabe esperar sean aprobados todos.

Cabe recordar que el PAN y el PRD han insistido en que las iniciativas que a la fecha han ingresado sean debatidas ya, pero hasta el momento siguen en la congeladora. Son iniciativas en materia electoral, fiscalizadora y social especialmente, pero por lo mismo no se ve cómo puedan ser consideradas.

Sin novedades

* La madre de “María” debe trasladarse constantemente a las instalaciones de la FEF para conocer el avance en las investigaciones para identificar al responsable de violar y asesinar a su hija. Sin embargo, casi siempre sale de ahí “sin ninguna novedad”.

 

Anaiz Zamora Márquez/ Cimacnoticias

México. “María” fue violada, torturada y asesinada; su cuerpo sin vida fue encontrado en una de tantas calles en el Estado de México. Su madre interpuso la denuncia –pues sin ella no hay delito que perseguir– ante el Ministerio Público (MP) correspondiente.

Tras varias averiguaciones, el MP determinó que se trataba de un feminicidio, por lo que envió el expediente a la Fiscalía Especializada de Feminicidios (FEF), creada en 2011 por la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM).

A esa fiscalía, según su decreto de creación, le compete “conocer, investigar y perseguir” los hechos constitutivos de los delitos de feminicidio y homicidio doloso de mujeres por razón de género.

La madre de “María” debe trasladarse constantemente a las instalaciones de la FEF para conocer el avance en las investigaciones para identificar al responsable de violar y asesinar a su hija. Sin embargo, casi siempre sale de ahí “sin ninguna novedad”.

Cimacnoticias visitó las instalaciones de la FEF para verificar su operación y efectividad. El primer obstáculo es la falta de información oficial para ubicar la dirección de la fiscalía.

La FEF carece de un sitio web propio para orientar a la ciudadanía. Ni siquiera la página electrónica de la PGJEM cuenta con un link de acceso directo a esa instancia.

Se tiene que buscar en el directorio de funcionarios y dependencias de la procuraduría, para finalmente saber que la fiscalía está en la misma sede de la PGJEM, es decir, en la ciudad de Toluca. Para colmo, la extensión telefónica de la FEF que aparece en el directorio es errónea.

Ya en el lugar, en la calle José María Morelos Oriente número 1300 esquina con Jaime Nunó, colonia San Sebastián, el ingreso se vuelve engorroso, toda vez que se debe explicar y registrar el motivo de la visita. Es cuando uno se da cuenta de que el personal de la entrada desconoce si ahí está la FEF.

En el ala izquierda del tercer piso de la PGJEM –sin letrero alguno que la identifique– está la fiscalía, la cual comparte espacio con la Subprocuraduría para la Atención de Delitos Vinculados a la Violencia de Género.

En la puerta de entrada sólo hay un cartel con los rostros y datos de mujeres y hombres desaparecidos que están incluidos en el Programa de Recompensas.

En el cristal que sirve de pared frontal de la FEF están pegadas las notificaciones sobre algunos casos, la mayoría data de 2012.

Para entrar a esa oficina, otra vez hay que proporcionar los datos personales, así como explicar el motivo de la visita y dar el nombre de la empleada o empleado que dará la atención.

 

Maraña burocrática

 

Personal de la FEF aclaró que los casos que atiende no son presentados o denunciados directamente por las madres o familiares de las mujeres asesinadas, sino que llegan ahí luego de ser canalizados por el MP donde se presentó la denuncia.

Así, los familiares deben proporcionar ante la fiscalía el número de expediente para acceder a una atención más rápida.

Igualmente, no todos los casos de feminicidio cometidos en la entidad mexiquense llegan a Toluca; algunos MP envían el expediente a la oficina de la FEF en Tlalnepantla, de la que no hay información en línea.

Cimacnoticias observó que hay madres que llegan solas o acompañadas de un familiar para preguntar de los avances en sus casos. Algunas de las que acuden por primera vez van acompañadas de un abogado particular o de oficio.

“Me dijeron que me diera la vuelta para ver cómo iban las cosas”, dice una de ellas al vigilante que pregunta a quién visita. Luego de esperar más de 20 minutos, un “licenciado” la atiende y poco después la mujer sale de la FEF porque le explicaron que “no hay nada nuevo”.

A la fiscalía también acuden las mujeres víctimas de violencia de género y cuyos casos también fueron canalizados desde un MP. La FEF carece de cubículos para atender de manera individual a quienes denuncian agresiones físicas o psicológicas por parte de sus parejas.

En la FEF prevalece el ajetreo característico de todas las oficinas de gobierno. Mujeres y hombres bien vestidos portan a la vista el gafete que los identifica como empleados del lugar, y de vez en cuando llega personal con placas de agente de seguridad estatal.

Cargan papeles, sacan copias, hacen llamadas telefónicas, hablan entre sí… todas estas actividades con el supuesto objetivo de dar con los responsables de los crímenes que ahí se investigan.

En la FEF también se brinda asesoría psicológica a las y los familiares relacionados de forma directa con la víctima. La atención se brinda a las pocas mujeres que piden el servicio. Muchas comentaron que por los tiempos de traslado no pueden asistir de manera frecuente.

Las pocas mujeres que acuden a la Fiscalía llegan confundidas y notablemente fatigadas por el trayecto. Regularmente salen de ahí confiando en que en la próxima visita ya habrá un resultado a su demanda de justicia.

La calavera de Eruviel Ávila

Estaba Eruviel Ávila echándose un taco de ojo

cuando de pronto Ernesto Nemer le dijo curioso:

“Oye, compadre, quiero ser útil a la sociedad,

aconséjame algo que pueda estudiar”.

 

Ávila encandilado lo miró

y con la Fanta en la mano le dijo “mira caón,

inscríbete en mi escuela, la que acabo de abrir,

pues aunque no lo parezca, está de lo más inn”.

 

Pues cuál es, amigo, dijo Neto rascándose la choya.

“Mi buen, es mi máxima obra, la Universidad de la Barbacoa”.

 

Ernesto quedó periperplejo, pero luego se sonrió.

Con la comida no se juega, no manches, Eruviel.

Nuestro gober muy querido luego, luego encolerizó

y le dijo a su dizque amigo “me cae que eres Peñafiel”.

 

Pobrecito de Eruviel, ya lo llevan a enterrar al panteón del municipio

pues sobredosis de suadero perforaron sus principios.

Ni sus chapas lo salvaron de esa Muerte golosa

que tres órdenes se hizo con carne tan famosa.

 

* Por Miguel Alvarado.

La última calavera de Calderón

Pudo la Muerte encontrar a Felipe

chupando tranquilo, con su Presidente.

Nada más verlo, la Parca le explica

que no por chaparro se lo lleva al averno.

Que se lo carga donde sus cuates están,

con el Mouriño, Francisco y 90 mil más.

 

Le dice Felipe a la Jija de la Jijurria:

“espérate un rato y échate un trago

que falta un mes ‘pa que venga el arrimado”.

La Muerte lo piensa y le da la razón

y se sirve su vaso, chapeado en limón.

 

Luego al Felipe lo mira de arriba a abajo

y le dice muy seria que no le haga al cuento.

“Mil decapitados mandaste

pero El Lazca no llegó, ni pronto ni tarde”.

 

Ya se va Calderón con la cola entre las patas

Y es que le falta la Mota, como a la cucaracha.

 

* Por Miguel Alvarado.

Mapas

* Toluca, donde Peña administró por seis años la entidad más importante del país, también se modifica. El narcotráfico en el Estado de México se había circunscrito desde hace años al sur local, una región empobrecida y aislada que limita con Michoacán y Guerrero al mismo tiempo.

 

Miguel Alvarado

México nunca será el mismo después de la presidencia de Enrique Peña. A él le toca gobernar la época más compleja, que incluye la pulverización de las instituciones y una marcada simulación de los procesos democráticos. La idea de globalización mueve y transforma países donde lo que importa no es lo correcto sino lo que vende, así sea basura.

El mapa del narcotráfico también comienza a cambiar. Los cárteles, a los que hacen ver que se desarrollan al margen de gobierno y sociedad, trazan en el país su propia geografía. Para ellos no hay estados ni ciudades, todo se reduce a plazas de venta, ferias ciclópeas donde todo tiene un precio, excepto la vida, como dicta también el modelo económico del libre mercado.

Toluca, donde Peña administró por seis años la entidad más importante del país, también se modifica. El narcotráfico en el Estado de México se había circunscrito desde hace años al sur local, una región empobrecida y aislada que limita con Michoacán y Guerrero al mismo tiempo. Zona de paso pero también de protección, sirvió de base para la llegada de Pelones, Zetas y posteriormente La Familia y Los Caballeros Templarios, que se disputan el control absoluto bajo la mirada vigilante, observadora del árbitro definitivo en el que se han convertido los gobiernos municipales y estatales. Luego de matanzas memorables, La Familia expulsó a sus rivales y se dedicó a consolidar su imperio. Llegada de Michoacán, donde estableció en Zitácuaro la ciudad capital, aquel cártel inició lentamente su expansión. El valle de México fue el siguiente paso, pues representa un mercado de 23 millones de personas y ubica innumerables complejos industriales. El valle de Toluca, sin embargo, permanecía hasta hace tres años al margen. El narco se reducía a las pequeñas tiendas y al paso obligado que significa la capital. Las campañas presidenciales fueron buen pretexto para La Familia, que inició también su transición. Pronto, secuestros, extorsiones y anuncios pintados en bardas y cortinas metálicas aparecían amenazadores. La plaza de Toluca, originalmente respetada porque aquí están los actores políticos más poderosos, es ahora cercada por La Familia. En las casas de pueblos otomíes, regiones pobres del municipio con San Cristóbal Huichochitlán y San Andrés Cuexcontitlán, luego de las elecciones del primero de julio, fueron repartidos a los habitantes papeles impresos con amenazas donde se advierte que si no se paga por protección, “se los va a llevar la chingada”.

La elección presidencial lo ha polarizado todo. Se está a favor o en contra de los resultados. El triunfo de Peña no ha resuelto nada, así como el triunfo de cualquier otro no lo haría. La iglesia católica en Toluca hace su parte. “Quien esté libre de pecado que arroje la primera piedra”, publicaba El Sol de Toluca, diario consentido de Peña Nieto y propiedad de Mario Vázquez Raña, en una entrevista al vicario de la Diócesis capitalina, Guillermo Fernández Orozco. Con una jerga encantadora, el sacerdote se encargaba de recordar que no solamente el PRI había comprado votos y que las protestas de fraude debían ser olvidadas, para bien de todos.

Los mensajes de Fernández, como los de dios y la mitad de las casillas electorales, son inescrutables. “A su parecer, el movimiento juvenil “#Yo soy 132”, es una mezcla de varios intereses y habría que ver si todos son estudiantes, pues en algunas protestas hay gente de Atenco, de 40 años, que no creo que sean estudiantes, apunta quien observa desde la derecha.

Es la primera elección presidencial mexicana en la que no hay celebración pública. Ni siquiera Santa Anna, atolondrado dictador enamorado de sí mismo, se permitió aquella desatención. Pero en el PRI hay miedo, que no vergüenza, por aquellos 19 millones 226 mil 784 sufragios que siempre se ubicarán en el terreno de la duda, junto con la anécdota de Soriana, una cadena con más de 200 tiendas en todo el país y que le ha facturado al gobierno del Edomex más de 4 mil millones de pesos en productos los últimos 4 años. Humberto Fayad, director general, se ha cansado de repetir por todos los medios que su negocio no hizo tratos con el PRI para vender monederos electrónicos y que es una casualidad muy curiosa que sólo en una tienda se hayan registrado compradores compulsivo, que en ese mismo establecimiento apareciera sospechosamente un reportero gráfico de La Jornada y que un día después el gobierno del DF clausurara aquel Soriana Zaragoza, en los límites con Nezahualcóyotl. Sobre las tarjetas con el logo de la CTM, ni él mismo cree su punto de vista.

Quizás Fayad tenga razón pero, como el fraude anunciado, no puede comprobar sus dichos ni siquiera con documentos. Los grupos sociales han condenando a la tienda, que perdió 414 millones de dólares los últimos días, aunque lo que más les duele es el descrédito. Tiendas cerradas al paso de manifestaciones, por miedo a los enojados. Carritos de supermarket abandonados en los pasillos, cargados de despensas pero con letreros de los indignados, que se alejan de la bodega con insultos. Complots animados por la guerrilla cibernética y Anónymous, que elaboran manuales para hacer más efectivo el bloqueo, son su pan cotidiano. Ya habrá forma de compensarlos, pues Peña es un político maduro, al menos con quienes conviene y no desampara a sus aliados.

Las irregularidades están en todos lados. Soriana no es la única afectada por las bondades electorales en el Edomex. El diario local Alfa documentó una taquiza, para maestros de Elba Esther Gordillo, que costó 4 millones 285 mil pesos al gobierno estatal con presupuesto de la Secretaría de Educación, en marzo del 2012, con la empresa Rico Mac Taco S. A, “que de acuerdo con su página de internet tiene dos sucursales, una en el Distrito Federal y otra en el municipio de Tlalnepantla”, con fines de agradecimiento.

Mientras se pretende una investigación, Luis Videgaray es perfilado como secretario de Hacienda, Miguel Ángel Osorio o Eruviel Ávila, como secretarios de Gobernación y Miguel Ángel Murillo como procurador general.

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