Entre el éter e internet

* La ley mexicana no reconoce a las radios comunitarias como medios de comunicación. Los permisos otorgados a regañadientes a una treintena de emisoras no autorizan ninguna forma de venta de publicidad, lo que las coloca en desventaja ante las concesionarias públicas y privadas, explicó a IPS la integrante del área jurídica de Amarc México, Gisela Martínez.

 

Daniela Pastrana/ IPS

Amecameca. En este pueblo siempre hace frío. Está enclavado en la Sierra Nevada, a más de 2 mil 400 metros sobre el nivel del mar y en las faldas del activo volcán Popocatépetl, a 55 kilómetros de la capital de México.

Aquí, en el límite entre tres estados del centro de este país –Morelos, Puebla y México– viven 30 mil personas, y otras 20 mil se reparten en varias comunidades del municipio. Cualquier habitante da señas de La Voladora, la radioemisora que en 2011 llevó a la Suprema Corte de Justicia un litigio contra el Estado y ganó una importante batalla jurídica para asegurar la libre expresión.

La Voladora es una de las emisoras comunitarias con mayor impacto en este país, y ha consolidado además un proyecto de comunicación por internet.

“Hace algunos años la señal por internet era un plus (sic), pero ahora se ha convertido en algo fundamental porque tenemos muy buena audiencia pero, además, nos ha permitido trascender, romper lo encajonados que estamos con la potencia que tenemos”, dijo a IPS su directora, Verónica Galicia.

“Estamos llegando a otro tipo de audiencias que no necesariamente están en la comunidad”, explicó Galicia, licenciada en letras de 32 años, que ha dedicado la tercera parte de su vida a la radio comunitaria.

La Voladora nació en octubre de 2000, junto con otras emisoras libres que se crearon durante la huelga de estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México de 1999.

Al principio solo transmitía los domingos desde el kiosco del pueblo, y cubría apenas unas cuadras de la comunidad. Pero en 2003, el Popocatépetl tuvo una intensa actividad y una información equivocada difundida por la principal televisora del país provocó pánico en la comunidad, que entendió la importancia de tener una radio propia y cercana.

La Voladora inició emisiones diarias en la casa de cultura, hasta que las elecciones de ese año generaron un cambio en la administración municipal, y el nuevo alcalde, del conservador y gobernante Partido Acción Nacional, la consideró “proguerrillera”, pues tenía una línea temática favorable a los movimientos sociales, los derechos humanos y el ambiente.

En mayo de 2005, tras un largo y tortuoso proceso de negociación que incluyó amenazas, órdenes de aprehensión e intentos de desalojo, los impulsores del proyecto consiguieron, con apoyo de la sección mexicana de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (Amarc), un permiso para operar siete años con 300 vatios de potencia en la ubicación 97.3 FM.

“En teoría tendríamos que estar cubriendo 11 municipios. Pero cuando nos dieron el permiso, la frecuencia ya estaba ocupada por una radio concesionaria del estado de Morelos, que tiene más de 31 mil vatios de potencia”, explicó Galicia.

Un año más tarde, el país se vio sacudido por unos comicios denunciados como fraudulentos, y movilizaciones de campesinos de San Salvador Atenco, cercano a la capital, y de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca y del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, en el sur del país, dieron pie a un nuevo ataque a las radios comunitarias.

La Voladora sufrió un asalto y sus integrantes fueron amenazados de muerte. La denuncia radicada en la Fiscalía Especial de Agresiones contra Periodistas nunca prosperó.

“Jamás conocimos bien a bien nuestro expediente”, dijo Galicia. “Cooperamos hasta donde pudimos, hicimos lo que teníamos que hacer para que se diera con los responsables de las amenazas, y la autoridad no respondió”, sostuvo.

La ley mexicana no reconoce a las radios comunitarias como medios de comunicación. Los permisos otorgados a regañadientes a una treintena de emisoras no autorizan ninguna forma de venta de publicidad, lo que las coloca en desventaja ante las concesionarias públicas y privadas, explicó a IPS la integrante del área jurídica de Amarc México, Gisela Martínez.

En 2009, la emisora solicitó a la Secretaría de Salud que contratara con ella la emisión de sus campañas de comunicación social. Ante la negativa, recurrió al amparo de la Suprema Corte. En su fallo de julio de 2011, el máximo tribunal ordenó al ministerio entregar una nueva respuesta a la radio y asegurar la asignación de publicidad oficial bajo criterios equitativos.

En la Voladora trabajan voluntariamente 30 personas para mantener transmisiones de 24 horas, y cada una aporta ocho dólares por mes. Tienen un sistema de patrocinios de personas, comercios e instituciones de la comunidad y organizan rifas y festivales de rock para financiarse. “Nunca alcanza”, dijo Galicia.

En 2007 nació lavoladora.net, concebida como complemento de la emisora y que acabó dándole un giro importante. Ahora tiene podcasts http://podcast.lavoladora.net/, programas grabados en archivos de audio que pueden bajarse de la red, televisión por Internet y una fuerte presencia en redes sociales.

“Lo más difícil ha sido mantener la Voladora TV”, explicó Galicia. “No somos gente con una profesión de radio; estudiamos otras cosas, si es que estudiamos, pero la gente que hace la radio es gente que hace pan o el jubilado del sindicato de electricistas”, ejemplificó.

“Nos preocupa mucho”, agregó. “La tecnología va avanzando y tenemos que estar viendo cómo hacemos para irle alcanzando el paso”.

El colectivo cuenta con capacitaciones frecuentes y obligatorias de radiodifusión, periodismo y nuevas tecnologías. Sin embargo, y a pesar de la aceptación de la emisión por Internet, la apuesta sigue siendo el éter.

“Internet tiene un limitante, porque el sector de influencia es la comunidad”, sostuvo Galicia. “El don del bici taxi, el señor carnicero, el ama de casa no necesariamente pueden tener computadora o no tienen Internet. La legitimidad de la radio la da la comunidad”.

La Voladora tiene otros desafíos. Su permiso para operar vence en mayo y, si bien hace un año tramita su ratificación, no hay certeza de que la obtenga, pues no hay un procedimiento público y transparente para la asignación de permisos.

“No tendrían por qué decirnos no”, dijo Galicia. “Vamos a esperar a que nos notifiquen, pero nos ratifiquen o no el permiso, la decisión de la asamblea es continuar con el proyecto de la radio”.

 

* Artículo producido con apoyo de la Unesco.

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