La guerra oculta del petróleo mexicano

* No hay una sola parte de la historia moderna que no se refiera a la nacionalización de la industria petrolera. Y no es para menos. Si uno se atiene al presupuesto anual, Pemex provee 38 por ciento de los ingresos del gobierno federal. En otras palabras, de la venta de crudo depende más de una tercera parte de los ingresos de la Federación.

 

*Francisco Cruz/ **Marco A. Durán

Es, si se quiere, obra de la fatalidad o consecuencia de la mala suerte. Una u otra palabra, los mexicanos pagan los platos rotos de las incapacidades, las ambiciones desmedidas y las mentiras sobre el petróleo mientras políticos, empresarios y líderes sindicales, a veces hasta en forma abierta y francamente ofensiva, se llenan los bolsillos y engordan sus ya abultadas cuentas bancarias o encaminan sus carreras como inversionistas.

La historia reciente del petróleo mexicano parece una trama de conspiraciones, verdades a medias y secretos, muchos enterrados para siempre y otros a flor de piel. A partir de 1938, los gobiernos emanados del Partido Revolucionario Institucional (PRI) vendieron la idea de que el petróleo es de los mexicanos. Durante casi 75 años, su discurso varió muy poco: los recursos de Petróleos Mexicanos (Pemex) pertenecen a los mexicanos. El modelo les funcionó.

No hay una sola parte de la historia moderna que no se refiera a la nacionalización de la industria petrolera. Y no es para menos. Si uno se atiene al presupuesto anual, Pemex provee 38 por ciento de los ingresos del gobierno federal. En otras palabras, de la venta de crudo depende más de una tercera parte de los ingresos de la Federación.

Contrario a los informes alarmistas del gobierno de Enrique Peña Nieto, la situación tiene otra lectura y la Reforma Energética parece tener una dedicatoria a las ambiciones depredadoras de algunas empresas y políticos peñistas. Veamos: informes internos de la empresa fechados en julio de 2012 y entregados para la elaboración de este análisis muestran que Pemex ocupa, desde 2008, el cuarto lugar como productor de crudo a nivel mundial. Y México se coloca en el tercer sitio como proveedor de petróleo a Estados Unidos.

Los ingresos anuales de la empresa rondan los 125 mil millones de dólares y representan casi el 5 por ciento como proporción del Producto Interno Bruto (PIB) o la riqueza total del país. Y en 2011, Pemex se ubicó en la quinta posición como la empresa con mayores ventas. Si ha de confiarse en las estadísticas: Pemex es la segunda petrolera con la utilidad más alta, antes de impuestos, con un monto cercano a 77 mil millones de dólares. Y es una de las petroleras con la mayor cantidad de activos fijos en el mundo.

Para cambiar el esquema, el gobierno aduce que Pemex carece de tecnología y de recursos para modernizarse e ir a buscar el petróleo en aguas profundas y someras —aquellas de 3 mil a 5 mil metros de profundidad—, que no hay dinero para apuntalar a la empresa e impulsar una decadente producción y que ahora lo más importante es el gas.

Esa es una verdad a medias o una gran mentira, según se le quiera ver. Ciertamente los yacimientos están en declive. Es notorio: la producción pasó de 3.2 millones de barriles diarios —su nivel más alto en 2006— a 2.3 millones en 2012. Verdad a medias también es que Pemex no cuenta con recursos para invertir.

La realidad: la empresa carece de recursos porque el régimen fiscal le quita demasiado. Según los libros internos, Pemex destina para impuestos siete de cada 10 pesos que obtiene. En el primer semestre 2013, por ejemplo, entregó a la Secretaria de Hacienda gravámenes por 369 mil 918 millones de pesos —equivalentes al 64 por ciento— y se quedó con 211 mil millones o 36 por ciento. Desglosadas, esas cantidades revelan que los impuestos como porcentaje de la utilidad neta representan 90 por ciento.

Lo ideal, pues, es buscarle un nuevo régimen fiscal y cuidarle la mano a los funcionarios. Pemex requiere funcionarios no sólo honestos y honorables, sino que rindan cuentas.

Valga el señalamiento porque otro problema lo representa la carga de sus trabajadores. Y, de nueva cuenta, es necesario recurrir a sus documentos: las ventas por empleado representan 841 dólares, contra los 6 mil 272 de la multinacional Exxon, mientras la utilidad por trabajador se ubica en mil 33 dólares, frente a los 944 mil, también por empleado, de Ecopetrol. Alguien, por lo tanto, está haciendo trampa o negocia en forma deliberada con el sindicato para mantener una gran plantilla de trabajadores —150 mil en estos momentos— y funcionarios con elevadísimos salarios. Todos se hacen de la vista gorda.

Antes de privatizar algunas operaciones, el gobierno debería otorgarle autonomía a Pemex, para reinventarse y lanzarse a la búsqueda de mayores recursos. A Peña y compañía tampoco los caería mal recordar que, hasta antes de la década de 1980, la economía mexicana caminaba, en algunas ocasiones bien, sin el petróleo como eje de financiamiento.

Los especialistas dirían que es necesario despetrolizar las finanzas públicas y buscar ingresos en otros lados, como eliminar regímenes especiales e impuestos diferenciados, abatir la condonación, las exenciones, los créditos, las deducciones, y la consolidación, además de evitar la evasión y la elusión fiscal e incorporar la informalidad —en su gran mayoría vendedores ambulantes— a la economía formal.

Carentes de creatividad o con una previsión de “negocios” personales que sólo ellos conocen, a Peña, Emilio Lozoya Austin —director general de Pemex—, Francisco Rojas Gutiérrez —titular de la Comisión Federal de Electricidad (CFE)— y Pedro Joaquín Coldwell —secretario de Energía—, así como algunos legisladores les es más fácil privatizar que diseñar políticas propias de desarrollo y de recaudación.

Y valga otra revisada a las estadísticas oficiales: como proporción del PIB, la Secretaría de Hacienda apenas recauda el 19 por ciento como proporción del PIB. Ese porcentaje representa el más bajo de los países afiliados a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Pero si se eliminan los impuestos petroleros, la recaudación llega apenas al 10 por ciento.

Eventuales cambios a los artículos 27 y 28 constitucionales evidencian que el gobierno pretende una privatización simulada del petróleo. Y no es que los mexicanos rechacen de forma sistemática la privatización. La experiencia demuestra, una y otra vez, que no es la solución. Destaca, por ejemplo, la privatización y posterior extranjerización de la banca, así como la venta de Teléfonos de México (Telmex) a Carlos Slim.

En la actualidad, los mexicanos pagan el servicio de telefonía más caro del mundo. El monopolio telefónico ha propiciado que el servicio de internet sea caro y de mala calidad. De su lado, en la llamada banca “mexicana” la experiencia es peor: Vicente Fox cambió la Constitución y la Ley de Instituciones de Crédito para admitir el capital extranjero. Prometió, entonces, un cambio verdadero, mayores créditos, una baja en las tasas de interés y creación de empleos. ¿El resultado? Un oneroso rescate, con cargo al erario, que tardará muchos años para pagarse. Por cierto, esa deuda se ha consolidado ya como deuda pública, con cargo a los contribuyentes mexicanos.

La nueva propuesta priista habla de reformas a la estructura de la paraestatal y de “contratos compartidos”. ¿Significa eso compartir las ganancias o los ingresos de Pemex? ¿Aceptaría alguien —en pleno uso del sentido común— compartir las ganancias de su negocio con un extraño a cambio de nada?

¿Cómo aceptar una propuesta tan desigual a cambio de nada? El desastre económico parece inminente, a menos que Hacienda cuente ya con planes secretos para cubrir un faltante de impuestos —que dejaría de pagar Pemex—, a través de aumentos respectivos en dos gravámenes al consumo: Impuesto al Valor Agregado (IVA) e Impuesto Sobre la Renta (ISR) y quizás, porque eso está obligado a pensar cualquier ciudadanos común, crear nuevos impuestos especiales.

Si sirve como un espejo a futuro, habría que echar una mirada a los banqueros actuales: compraron bancos a precios de regalo e hicieron el negocio de su vida. Las utilidades de ellos, los bancos extranjeros —BBVA Bancomer, HSBC, Santander, Bank of America de México y Scotiabank, por mencionar algunos— multiplican como pan con levadura, enriqueciendo, valga la repetición, a los banqueros con la complacencia del gobierno mexicano.

Sin temor a la equivocación, puede advertirse que los banqueros extranjeros se han convertido los principales “saca dólares” del país. Mes con mes, envían a la controladora respectiva millones dólares obtenidos con el esfuerzo y trabajo de los mexicanos.

 

*Autor de Los amos de la mafia sindical; AMLO, mitos, mentiras y secretos, y Negocios de familia, biografía no autorizada de Enrique Peña Nieto.

 

**Maestro en Economía por el Instituto Politécnico Nacional (IPN), con especialidad en Finanzas Públicas.

Un voto por la paz, un plan para la guerra

* Como era de esperar, dos días después de la elección, Peña Nieto publicó una página de opinión en el New York Times prometiendo “reexaminar” la guerra contra el narcotráfico, pero propuso especialmente crear una “gendarmería” de 40 mil miembros como en Colombia y robustecer la policía federal mexicana con al menos 35 mil oficiales. “Analistas” anónimos predijeron una “oleada” similar a la de Irak en 2007 liderada en ese entonces por el general David Petraeus, ahora director de la CIA.

 

Tom Hayden/ The Nation

Las autoridades mexicanas se jactaban de que todos los vuelos estuvieran a horario en el momento en que aterrice en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el 26 de junio, para cubrir las elecciones nacionales de ese país. La Terminal 2 estaba repleta de pasajeros. Los free shops relucían con joyas y alcohol, y los patios de comida estaban colmados. Sin embargo, apenas 24 horas antes, los viajeros se arrastraban por el suelo de esa misma terminal durante un tiroteo que terminó con la vida de tres policías federales. Los asesinos escaparon en plena luz del día. Los policías no fueron asesinados por narcotraficantes, sino por otros policías que aparentemente trabajaban para los narcos. Luego, se reveló que unas azafatas de AeroMéxico ayudaban a exportar cocaína en vuelos a España. ¡Bienvenidos al laberinto mexicano, donde nada es transparente, incluyendo las elecciones!

Mientras escribo esta nota todavía no se certificó quién es el ganador de la elección. Existen serias irregularidades en la votación. Del total de los votos, más de la mitad está siendo recontada por funcionarios federales. Pero queda claro que el partido conservador (Partido Acción Nacional) fue masivamente rechazado después de una década en el gobierno. También el ganador Enrique Peña Nieto del tradicional PRI (Partido Revolucionario Institucional) es comúnmente criticado como el partido de los “dinosaurios” de la cultura política mexicana. El mandato de Peña Nieto, no obstante, se apoya sobre un mediocre 38 por ciento. Andrés Manuel López Obrador, por segunda vez candidato del PRD (Partido de la Revolución Democrática), un partido populista de izquierda, obtuvo el 32 por ciento en una elección que él mismo denunció como fraudulenta.

 

Volver al pasado

 

Suponiendo que esos resultados se materialicen, la elección demuestra que, en la política mexicana, los dinosaurios no se extinguieron. El PRI, que gobernó en México desde la revolución hasta el año 2000, es una coalición basada en el clientelismo junto con el apoyo de los sectores tradicionales. El nuevo presidente, Peña Nieto, es el más mediático de los dinosaurios, y está casado con Angélica Rivera, una glamorosa estrella de telenovelas de Televisa, el gigante mediático que cubrió la historia como un Camelot mexicano.

Sin embargo, las elecciones fueron mucho más que una cuestión de personalidad. Como advirtió claramente el New York Times una semana antes de la votación, lo que el electorado demandó fue terminar con una guerra contra el narcotráfico que se cobró más de 60 mil vidas desde que el saliente presidente, Felipe Calderón, comenzó en 2007 a utilizar las fuerzas armadas del Estado contra su propio pueblo. Para las cúpulas militares de México y Estados Unidos, el dilema era cómo continuar, incluso intensificar, la guerra contra el narcotráfico después de las elecciones, a pesar del rechazo público. ¿Podrían eludir la opinión pública y continuar como si nada? El elegante y sonriente Peña Nieto era su hombre. Con su imagen de hombre moderno, tapa de las revistas de moda, está lejos de la de un oligarca en las sombras. Y también había que parar a López Obrador como fuera. En 2006, su oposición al NAFTA hizo que las corporaciones norteamericanas y mexicanas gastaran millones de dólares en publicidades alarmistas que lo describían como Castro, Chávez y Lula en una sola persona. En las elecciones presidenciales de ese año, lo vencieron por menos del uno por ciento, en un proceso electoral cuyo recuento de votos terminó arbitrariamente, con miles de votos sin contar. En respuesta, los seguidores de López Obrador protestaron cerrando el acceso a la Ciudad de México por varias semanas.

Esta vez, López Obrador se esforzó por borrar la imagen de un Chávez mexicano. Junto al PRD, eligió la imagen de un girasol radiante como emblema de su campaña, y prometió una nueva política de reducción de la violencia basada en “abrazos, no balazos”. Parecía un hippie entrado en años. Pero López Obrador dijo muchas veces que pedía ayuda económica de Estados Unidos en lugar de helicópteros de ataque. En pocas palabras, seguía siendo una amenaza para el NAFTA y la guerra contra el narcotráfico, al menos para las elites corporativa y militar.

 

El rol de la derecha

 

Complicando aún más las cosas, la derecha mexicana también se desencantó con esa guerra que tanto había promovido. Por ejemplo, el ex presidente Vicente Fox, del PAN, quien gobernó entre 2000 y 2006, señaló que la guerra era inútil y denunció un fraude apenas unas semanas antes de la elección del 1 de julio. Eso implicó que no hubiera ningún tipo de consenso para continuar con la guerra contra el narcotráfico incluso antes de la elección. Entonces, ¿cómo superar el resultado democrático y no aflojar con la guerra contra el narcotráfico? Antes de la elección, no había duda de que los funcionarios estadounidenses tenían un acuerdo secreto con Peña Nieto para continuar con la política militar, aunque con la intención de causar menos víctimas civiles. Tres semanas antes de los comicios, un funcionario de Estados Unidos le dijo al New York Times que, en las discusiones privadas, “lo que entendemos es que (Peña Nieto) aprecia y comprende profundamente que si gana va a seguir trabajando con nosotros”. Era la clásica afirmación del persistente dominio estadounidense sobre el proceso político en México ejercido desde las sombras. Peña Nieto demostró su servilismo con tranquilos viajes a Washington, donde les aseguró a los líderes del Congreso que no habría acuerdos o treguas con los carteles.

El acuerdo se confirmó cuando Peña Nieto, en las vísperas de la elección, hizo el extraordinario anuncio de que designaría a un líder militar extranjero y retirado, el general colombiano Óscar Naranjo, como asesor principal en la guerra contra el narcotráfico. El general Naranjo es famoso por haber implementado la estrategia militar colombiana de matar a líderes de los cárteles de cocaína de Medellín y Cali en una guerra sucia que involucró a paramilitares de ultraderecha junto con el apoyo estadounidense en tropas de tierra, asesores y fuerzas especiales. La designación de Naranjo confirmó la predicción de Robert Bonner, el ex administrador de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos, de que México sería la nueva Colombia y el escenario de la próxima guerra contra los carteles (que en muchos casos trasladaron sus operaciones de Colombia a México y América Central). En Foreign Affairs, Bonner anunció que, de seguir así las cosas, México se convertirá en un Estado narco extremadamente peligroso en la frontera con Estados Unidos. Bonner también escribió alegremente que el “aumento del número de homicidios relacionados con el narcotráfico en México, si bien desafortunado, es un signo de progreso”.

 

Mejor que decir…

 

Como era de esperar, dos días después de la elección, Peña Nieto publicó una página de opinión en el New York Times prometiendo “reexaminar” la guerra contra el narcotráfico, pero propuso especialmente crear una “gendarmería” de 40 mil miembros como en Colombia y robustecer la policía federal mexicana con al menos 35 mil oficiales. “Analistas” anónimos predijeron una “oleada” similar a la de Irak en 2007 liderada en ese entonces por el general David Petraeus, ahora director de la CIA.

El público verá titulares sensacionalistas si México captura o mata a uno o más de los “cabecillas” en esta nueva fase, siguiendo el modelo del asesinato de Pablo Escobar en Colombia y el de Osama Bin Laden en su escondite de Pakistán. Mientras que la estrategia de los cabecillas conlleva beneficios políticos y mediáticos, está muy lejos de lograr estabilidad o reformas democráticas. Pues la estrategia de los cabecillas produce generalmente mayor violencia, ya que los nuevos actores se traban en una brutal competición por matar. Mientras que los homicidios en Colombia cayeron un escaso 2 por ciento el último año, aumentó un 25 por ciento el número de secuestros y víctimas de masacres, y el ministro de Defensa se vio forzado a renunciar. La matanza de los líderes laborales y de derechos humanos de Colombia continúa y, según el congresista de Massachusetts, Jim McGovern, hay una “consolidación de las redes paramilitares y criminales en muchas partes del país”.

Si tiene la intención de continuar la guerra contra el narcotráfico sin el apoyo del electorado, Peña Nieto tendrá que enfrentar una oposición poderosa y nuevamente vigorosa en su país, donde hay un aumento de la resistencia no sólo a la violencia, sino también a las políticas económicas neoliberales que dejan a millones de jóvenes de
sempleados con la única posibilidad de engrosar las filas de los carteles. Además, este año aumentó enormemente el enojo público contra el duopolio mediático mexicano de Televisa y Azteca. Al frente de la oposición está el tercio de los votantes mexicanos que apoyó a López Obrador, que le negó la mayoría parlamentaria a Peña Nieto y mantuvo su mayoría popular en la Ciudad de México. Son votantes leales que saben que la política importa.

Como resultado del liderazgo del PRD, la Ciudad de México es una municipalidad viable dentro de lo que muchos creen que es un Estado fallido. La Ciudad de México tiene una magnífica universidad pública, tesoros culturales, asistencia sanitaria subsidiada, servicios de aborto y permite el casamiento entre el mismo sexo. No hay amenaza pública de parte de los carteles, y los asesinatos del aeropuerto sólo son una excepción a la norma.

El PRD, que rompió con el PRI hace más de una década, cree con pruebas contundentes que le robaron la presidencia dos veces desde 1988. Primero, cuando su candidato presidencial Cuauhtémoc Cárdenas fue vencido por un vergonzoso fraude informático, y segundo, cuando López Obrador perdió por el 0,58 por ciento en 2006. De no haber sucedido eso, México se habría unido al nuevo arco populista de izquierda que llegó al poder, a través de elecciones en Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador, El Salvador, Nicaragua, Uruguay, Honduras y Paraguay (si bien estos últimos dos países, junto con Haití, han sufrido golpes de Estado). En lugar de moverse hacia la izquierda, México se inclinó por el neoliberalismo, lo cual dio como resultado mayor desigualdad, desempleo, pobreza y dependencia de Estados Unidos.

 

Movimiento de paz

 

Además de la floreciente base del PRD, Peña Nieto enfrenta la resistencia de parte de un nuevo movimiento estudiantil compuesto por probables líderes del mañana, conocido como #YoSoy132.

Asimismo, otro problema inmediato para Peña Nieto proviene del rápido y espontáneo crecimiento de un nuevo movimiento de paz contra la guerra al narcotráfico liderado por el poeta Javier Sicilia, cuyo hijo Juanelo fue asesinado el 28 de marzo de 2011, lo cual desató una sorpresiva oleada de apoyo para terminar con la violencia. El 23 de mayo último, cinco semanas antes de la elección, Sicilia fue a una concentración en el monumento Estela de Luz para hablar en solidaridad con miles de estudiantes mexicanos.

Sicilia le dijo al grupo de #YoSoy132: “Me gustaría ver a mi hijo aquí. No lo puedo ver, pero lo veo en los miles de jóvenes que están aquí”. Y agregó que “estamos en un punto de inflexión histórico, una crisis de la civilización mundial”, al tiempo que pronosticó “sobrevivir a los cracs y desmenuzar la economía para construir algo nuevo”. En el poético lema de Sicilia parecía resonar la visión lírica del cambio expresada por Leonard Cohen en “Anthem”, según la cual “hay un crac, un crac en todo, y así es como entra la luz”. Sicilia planea liderar una caravana de familias mexicanas víctimas de la guerra contra el narcotráfico, y sus adherentes en Estados Unidos la iniciarán en Los Ángeles el 17 de agosto y marcharán hasta la Casa Blanca.

Hay otra cuestión que sigue siendo incierta en la nueva situación política mexicana: si el subcomandante Marcos y los zapatistas serán escuchados de aquí en adelante. En 2001, después de una movilización nacional similar a la marcha de 1963 en Washington, el establishment político mexicano rechazó los Acuerdos de San Andrés que habrían otorgado derechos y autonomía a los indígenas mexicanos. Excluidos, Marcos y los zapatistas finalmente lanzaron La Otra Campaña en 2006, que luchaba contra el PAN, el PRI, el PRD e, incluso, contra López Obrador, que tal vez haya perdido la elección como resultado de las abstenciones zapatistas. Los zapatistas mantuvieron un silencio absoluto durante el período electoral de este año, un hábito común para ellos, pero que permitió un aumento de rumores, como que Marcos tenía “problemas de salud”, y hasta un partidario fiel dijo que el subcomandante había sido desplazado en una lucha interna. Dado que las condiciones de los indígenas y de los pequeños granjeros se perpetuarán con las políticas neoliberales de Peña Nieto, la renovación de las insurgencias siempre es una amenaza para la elite.

Vale la pena advertir que hubo un movimiento de paz que no ganó mucha atención pública durante la guerra contra el narcotráfico hasta los recientes esfuerzos encabezados por Sicilia. Era el movimiento conocido como No Más Sangre, pero Sicilia canalizó un movimiento más amplio y con mayores servicios para las víctimas.

 

Mi ¿amigo? el vecino

 

En Estados Unidos, la tarea de legalizar la marihuana medicinal, propuesta por grupos como la Alianza para una Política de Drogas, que cuenta con el apoyo de Soros, logró avances en varios Estados, pero fue rechazada por la administración Obama y algunos guerreros contra las drogas. Esas campañas, sin embargo, tenían la intención de terminar con las irracionalidades más graves de la prohibición de la marihuana, no con los grandes horrores de la guerra militarizada contra el narcotráfico.

No obstante, en las décadas pasadas, decenas de miles de norteamericanos, incluyendo miembros del Congreso, rechazaron las guerras sucias de América Central donde algunos operarios secretos contrabandeaban armas y dinero a paramilitares coordinados por la CIA. Pero la amenaza política de ser catalogado como “un suave contra los narcotraficantes” aplastó su potencial de protesta hasta ahora (del mismo modo que los liberales raramente se opusieron a las guerras contra el narcotráfico en el país por temor a ser descritos como “suaves contra las bandas delictivas”).

Antes de que pueda echar raíces un nuevo movimiento de paz contra la guerra al narcotráfico, al menos hay que desbaratar dos ilusiones. La primera mentira es que Estados Unidos juega solamente un papel asesor y que el problema es principalmente una cuestión mexicana. Esta estrategia se basa en el callado supuesto de que los mexicanos son inherentemente salvajes, una variación del tema imperial de que las personas de piel oscura se preocupan poco por la vida individual.

Entre muchos ejemplos, un muy buen artículo de William Finnegan del New Yorker describe a los violentos cárteles mexicanos penetrando el plácido mundo de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, “un lugar civilizado donde la vida sigue sin estar marcada por la violencia que desfigura a grandes partes de México”. El 9 de mayo, escribió Finnegan, ese mundo soñado fue perturbado cuando aparecieron dieciocho cuerpos decapitados y mutilados camino a un restaurante popular. Se culpó a los impiadosos narcoterroristas conocidos como Los Zetas. Las víctimas eran civiles y estudiantes inocentes, no terroristas indeseables. Los Zetas planeaban aún más decapitaciones y masacres.

Finnegan se olvida de mencionar que Los Zetas son unidades de fuerzas especiales entrenadas principalmente por Estados Unidos. En algo que es más que un descuido, Finnegan los describió como “desertores de las fuerzas especiales de elite mexicanas reclutados a fines de la década de 1990 como guardaespaldas del líder del entonces formidable Cártel del Golfo”. De hecho, Los Zetas -originalmente conocidos como Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales- “participaron de un curso de entrenamiento de contrainsurgencia intensivo y de seis meses de duración ofrecido por especialistas norteamericanos, israelíes y franceses”, según el periodista policial Jerry Langton, cuyas fuentes incluyen la embajada norteamericana en México, el Departamento de Seguridad Nacional y el FBI.

 

La cara oculta

 

La segunda distorsión de la verdad es que los 60 mil muertos mexicanos estaban todos involucrados en el narcotráfico y, por lo tanto, merecían morir. Pero como señaló El Universal en un titular de octubre de 2010, los asesinatos tienen que ver más con una limpieza social que con una guerra entre carteles. El saliente presidente mexicano Felipe Calderón dijo, varias veces, que el 90 por ciento de los muertos eran simples criminales, pero sólo se ha investigado menos del 5 por ciento de los homicidios.

Basados en informes periodísticos sobre Juárez, un epicentro de la violencia, Molly Molloy y Charles Bowden concluyeron en su libro El Sicario que “la abrumadora mayoría de las víctimas son personas comunes y corrientes, pequeños empresarios que se negaron a pagar extorsiones, mecánicos, choferes, una mujer que vendía burritos en la calle, un payaso que hacía malabares en un cruce de calles, chicos que vendían diarios, chicles y tal vez bolsitas de cocaína o heroína en una esquina”.

Para ser claro, ésta es una guerra en la cual las fuerzas norteamericanas están directamente -aunque con discreción- involucradas y en la que los civiles conforman la enorme mayoría de las víctimas. Luego de que Calderón lanzara su ofensiva militar en diciembre de 2006, inmediatamente el presidente Bush inició el Plan México, de 1.700 millones de dólares, modelado en base al anterior Plan Colombia, con un gran énfasis sobre los helicópteros Bell y Black Hawk, aviones de transporte militares, rayos gamma y escáneres de rayos X, software de telecomunicaciones y perros antidrogas.

Ginger Thompson, una de las mejores periodistas del New York Times en la región, acaba de escribir que las fuerzas armadas estadounidenses “están expandiendo su poder, enviando nuevos agentes de la CIA y personal militar retirado, (y) analizando la posibilidad de contratar seguridad privada” en México, en un esfuerzo que, según ella, ha dado pocos frutos. Por primera vez, escribe Thompson, la CIA y las fuerzas armadas estadounidenses están trabajando codo a codo para planear las operaciones, “concebidas para eludir las leyes mexicanas que prohíben que las fueras militares y la policía extranjeras operen en su suelo”.

La administración Obama está enviando aviones no tripulados al territorio mexicano para rastrear a los traficantes y coordinar esfuerzos contra el terrorismo. Un oficial de Estados Unidos del Comando Norte dice: “Los militares están siguiendo lo que se hizo en Afganistán para hacer lo mismo en México”. No es una exageración: el embajador norteamericano en México es Earl Anthony Wayne, viceembajador norteamericano en Kabul entre 2009 y 2011. A pesar de que la administración norteamericana argumenta que se debe evitar que la violencia “rebase la frontera”, los carteles mexicanos ya operan en más de 200 ciudades norteamericanas. En la televisión estadounidense se puede ver a las fuerzas norteamericanas, enormemente armadas y camufladas, cazando a los jóvenes inmigrantes mexicanos en las “selvas” de California del Norte.

Estos inmigrantes no sólo ingresaron a las ciudades estadounidenses, sino también a British Columbia, Canadá, donde varios miles de los nuevos indocumentados mexicanos, incluyendo los que integran Los Zeta, participan en la multimillonaria cosecha y distribución de la marihuana “BC Bud”. El 90 por ciento de las 300 mil armas de fuego ilegales secuestradas en México sólo en 2008 fue comprado con dinero de los carteles y contrabandeado al sur desde Arizona y Texas, según un funcionario del Departamento de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos.

 

Temor político

 

¿Puede Estados Unidos decirle “no” a la adicción de la guerra contra el narcotráfico? La respuesta no es para nada clara, aunque los errores de la guerra contra el narcotráfico sí son manifiestos. La cobardía política, junto con la presión de grupos con intereses en la guerra contra el narcotráfico, harán que se prolongue por un tiempo. Pero las presiones al sur de la frontera, simbolizadas por los deseos de los votantes mexicanos, pueden ser decisivas para forzar el final de la locura.

El año pasado la Comisión Global de Política sobre Drogas emitió un informe solicitando alternativas, incluyendo planes responsables para la legalización. La comisión contaba con ex presidentes de México, Colombia y Brasil, Kofi Annan, George Schultz, Paul Volcker y otros líderes mundiales. Jimmy Carter, al igual que Jesse Jackson, publicó una nota de opinión pidiendo que el gobierno norteamericano adopte las recomendaciones de la comisión. Moises Naim, editor de Foreign Policy, escribió que “el año 2012 quedará en la historia como el año en que comenzaron a erosionarse los pilares de la política estadounidense en materia de drogas”.

Un momento crítico fue la Cumbre de las Américas en Cartagena, Colombia, mejor conocida en Estados Unidos como el lugar donde los agentes del servicio secreto de Obama se fueron de fiesta con prostitutas y alcohol (todavía no se sabe si hubo drogas involucradas). Los aliados de Estados Unidos, incluyendo los presidentes de Colombia, Costa Rica y Guatemala, se opusieron oralmente a la política norteamericana y demandaron medidas hacia la legalización, o al menos la despenalización, de la marihuana. Tanto Obama como el vicepresidente Joe Biden rechazaron de plano la legalización, pero, por primera vez, calificaron la discusión misma como legítima. Los dos líderes norteamericanos intentaron justificarse políticamente jactándose, según las palabras de Biden, de que el debate permitirá “apreciar que hay más problemas con la legalización que con la no legalización”.

Fue un momento cumbre de la historia del doble discurso oficial. Obama y Biden escondieron el hecho de que quienes los habían forzado a entrar en la discusión habían sido los mismos líderes latinoamericanos (incluso Calderón, en ese entonces todavía presidente de México, reclamó “alternativas de mercado” a la guerra contra las drogas). Más importante aún, el hecho de aceptar discutir la legalización le puso fin a una prohibición irracional de varias décadas, la de discutir el tema en un foro tan influyente.

Se debe suponer que Obama y Biden sabían lo que estaban haciendo con sus comentarios coordinados. Si bien seguían apoyando la guerra contra el narcotráfico, estaban invitando a la oposición pública al diálogo principal, aquello que Naim quiso expresar con los pilares comenzando a erosionarse.

Una conversación sería la mejor manera de comenzar. Así como el movimiento antibélico estadounidense descubrió que el lema “Afuera ya mismo” no es suficiente para convencer al público indeciso, o a los políticos para terminar con una guerra en el exterior, los pedidos para legalizar las drogas no logran responder preguntas importantes y perpetúan la larga marginación de sus oponentes. El proceso de definir una alternativa requiere investigación, debate y consenso en cuestiones tales como:

• Decidir si formar una comisión oficial binacional para tener audiencias sobre un plan para desmilitarizar la guerra actual;

• Decidir si comenzar un nuevo régimen regulatorio con la marihuana y, luego, analizar la cocaína y las metanfetaminas, los tres narcóticos principales en el tráfico entre México y Estados Unidos;

• Decidir si limitar en un principio las drogas para el uso médico certificado;

• Decidir si los sustitutos como la metadona son viables para el tratamiento de dependencia de otras drogas;

• Cómo legalizar y racionalizar la producción y distribución ante la clara oposición de los carteles;

• Decidir si se deben reinvertir los ingresos impositivos en tratamientos y publicidad sobre los peligros de la adicción a las drogas;

• Decidir si deben penalizarse las ventas al público minorista;

• Decidir si debería prohibirse la publicidad a favor de las drogas;

Al considerar si se debe levantar -y cómo- la prohibición de las drogas, cualquier nueva política debería ser mucho más efectiva que aquéllas de la década de 1930 que terminaron con las prohibiciones del alcohol sólo para promulgar nuevas leyes y regulaciones que promovían el alcoholismo. Cualquier cambio en la política de drogas debería estar vinculado, en lineamientos y políticas, con la reducción de las encarcelaciones masivas y el aumento de las inversiones en tratamientos y educación. Los defensores del mercado libre de la legalización (el derecho a convertirse en un adicto) deberán ceder y coexistir con los defensores de la regulación y de los programas sociales del gobierno. La jurisprudencia tendrá que estar persuadida de que la actual “guerra” es un fracaso en relación al análisis de los costos y los beneficios, y de que existen alternativas más seguras. ¿Obstáculos imposibles de superar? En ese caso, aumentarán los costos y el sufrimiento. Pero construir un movimiento contra la Guerra de Vietnam también parecía imposible al comienzo.

La Casa Blanca insinuó tentativamente sus intenciones futuras en la revista GQ de esta semana. “Según los diálogos actuales con los asesores de Obama, si el presidente obtiene un segundo mandato, planea terminar con otra guerra norteamericana que hasta ahora sólo ha logrado expandir más miseria: las cuatro décadas de la guerra contra las drogas. Desde la época en que era senador por el estado de Illinois, Obama piensa que esa guerra es un fracaso”. Aparentemente -y al contrario de lo sucedido con Wikileaks- la Casa Blanca aprobó positivamente la filtración de esa información.

Sea o no reelegido Obama, la elección mexicana ofrece un nuevo escenario para terminar con la guerra contra las drogas. Pero no podrá terminar sin un cambio significativo en la opinión pública y en las prioridades norteamericanas. Hasta ahora, México y América Central cargaron con lo peor de la guerra. Desmantelar las instituciones de la batalla contra el narcotráfico necesitará la solidaridad transfronteriza entre movimientos sociales, líderes políticos, el clero, profesionales de la salud pública, periodistas y elementos del establishment que sencillamente ya no soportan la situación actual.

 

* Traducción: Ignacio Mackinze

* Tomado de http://www.revistadebate.com.ar//2012/07/20/5672.php

“El PRI es una máquina demagógica”

* “La demagogia del PRI tiene horizontes insondables. Es una máquina demagógica, promete y promete simplemente para seguir generando espejismo e ilusiones. El cometido de Peña Nieto, ordenado por Estados Unidos, es revivir el ALCA, la frustrada Área de Libre Comercio de las Américas. Que no nos sorprenda que, de ganar la presidencia, proponga un nuevo modelo de liderazgo continental al impulsar un nuevo sistema de mercado latinoamericano. Ello, en contra de la tarea que vienen haciendo organismos como el Alba, la Unasur o la Celac. Entonces, si los priistas no hacen un nuevo pacto con el narcotráfico simplemente no van a caminar sus proyectos. Necesitan en un corto plazo generar un escenario de paz y legitimarse en el poder”, afirma el analista Fernando Buen Abad.

 

Cecilia Escudero/ Revista Debate

A veinte días de celebradas las elecciones, México carece de presidente electo. Andrés Manuel López Obrador, la figura política más importante de la centroizquierda local, acopia y presenta nuevas pruebas para que el Tribunal Electoral tenga mayores elementos a la hora de tomar la decisión final: es decir, declarar quién gobernará el país en los próximos seis años. Así, AMLO tramita la impugnación de los comicios presidenciales, que lo posicionaron en el segundo lugar, con un supuesto 31 por ciento de los votos. El político acusa que las elecciones no fueron libres ni equitativas porque el Partido Revolucionario Institucional (PRI) incurrió en irregularidades, como la compra de cinco millones de votos. Entretanto, el supuesto triunfador, Enrique Peña Nieto, se desmarca del debate e, inmutable, actúa como el consagrado sucesor del presidente Felipe Calderón.

Doctor en Filosofía, escritor y reconocido analista mexicano, Fernando Buen Abad habla con Debate sobre el crónico padecimiento de los fraudes electorales que vive su país, y además analiza las fortalezas y debilidades de las fuerzas progresistas.

– En México, las movilizaciones y las acusaciones de fraude se multiplican. ¿Qué expresa esta situación?

– Se trata de un conjunto de cosas. Primero, aunque muchas veces se considere que Peña Nieto ya ganó las elecciones, hay que recalcar que todavía no tenemos presidente. El Tribunal Electoral y el IFE (Instituto Federal Electoral) deben entregar la constancia de mayoría. Se sabe que fue una elección viciada de origen y hay una impugnación política y jurídica en tránsito. Por otra parte, hay una movilización social que está acompañando el reclamo, y cualquiera que tenga voluntad democrática sabe que un pueblo movilizado exige coherencia y cautela. Con todo, México es un país con un problema de fraude serial. Es más, a partir de 1994, cuando se firmó el Tratado de Libro Comercio (TLC) con Estados Unidos y Canadá, el país empezó a cualificar los fraudes como neoliberales.

– ¿En qué forma?

– Desde 1988, cuando se produjo la estafa electoral que llevó a la presidencia a Carlos Salinas de Gortari, en perjuicio del candidato Cuauhtémoc Cárdenas, todos los fraudes que hemos vivido fueron los del TLC, incluido el del actual presidente Felipe Calderón. Esto en el sentido de que estaban en función de esa política económica. No hay que perder de vista eso. De hecho, hoy, palabras más o menos, Peña Nieto es el Carlos Menem de la historia política de México. Por eso, es el candidato que impulsa Estados Unidos. El eventual triunfo de Peña Nieto implicaría una profundización en el modelo de privatización de los recursos naturales del país. El agua, la petrolera estatal Pemex y toda la riqueza energética están en juego. Entonces, las movilizaciones son simplemente la respuesta pacífica de un pueblo indignado.

– Usted dice, entonces, que detrás del fraude electoral se encuentra la mano de Estados Unidos…

– Sí, claro. Porque está interesado en que México entregue su petróleo. Tenemos un vecino incómodo, avasallante, narcoadicto. No es fácil. Es el consumidor de drogas más grande del planeta, el más violento también, fabricante de armas y de guerras. Ahora, tiene sed de petróleo. Y se sabe que cuando olfatea petróleo se vuelve criminal.

– ¿En qué medida López Obrador representa un freno a estos intereses?

– Por lo menos, parte del programa del MORENA (Movimiento de Regeneración Nacional) por primera vez concita la unidad de todas las izquierdas, antes divididas, muchas veces sectarias, en algún sentido, puramente decorativas. Hoy, entienden que tienen que caminar juntas. De lo contrario, lo que sigue es la debacle. El impulso progresista por fuera del partido vino de parte del movimiento de jóvenes Yo soy 132, que fue la gran expresión del hartazgo que la población siente en contra del fraude político y la hegemonía mediática que ejerce el grupo Televisa, que históricamente se dedicó a fabricar candidatos.

– En México, se vive una generalizada crisis de representación política. En ese contexto, ¿cómo se interpreta el regreso a la presidencia de un partido histórico como el PRI?

– El PRI ha perdido espacios políticos, pero, en realidad, nunca se ha ido. Actualmente, la diferencia entre el PRI y el PAN es prácticamente ninguna. Al punto de que ya se creó el concepto de PRIAN. Ocurre que ambos partidos fueron los encargados de profundizar el neoliberalismo en el país. Es más, pretenden jugar al bipartidismo, al estilo de Estados Unidos, y pasarse la pelota para ver quién es el mejor gerente. Asimismo, el PRI tiene dirigentes de base honestos, gente que todavía reivindica las ideas de Lázaro Cárdenas, que mantienen el original ideario nacional, que tiene un pensamiento popular sincero. Esas bases interpretan el ascenso de Peña Nieto como un secuestro del partido. Es decir que al interior del PRI hay corrientes que no comparten el modelo neoliberal sino que reivindican aquellas luchas que vinieron a completar la labor de Emiliano Zapata. También hay un sector en el Ejército profundamente cardenista. Entonces, hay que entender al monstruo de PRI con su propia fractura interna. Ahora, este partido pretende instalarse con un mensaje mesiánico para salvar a México de lo que ellos precisamente crearon.

– En este sentido, Peña Nieto representaría al Grupo Atlacomulco, el ala más conservadora de esas corrientes…

– Sí, conservadores en el sentido ideológico, pero se trata de una de las vanguardias del neoliberalismo. Es decir, son los más osados y aventureros entreguistas. Se trata de una estructura política mafiosa que está signada por el sello indeleble de la corrupción. La alianza vivificante para ellos fue con Televisa, que creó a una suerte de títere, al candidato de la televisión.

– Durante la campaña electoral pareció instalarse la idea de que el PRI de nuevo en el poder podría establecer un clima de paz en el país, ya que se los considera capaces de pactar y entenderse con los cárteles…

– La demagogia del PRI tiene horizontes insondables. Es una máquina demagógica, promete y promete simplemente para seguir generando espejismo e ilusiones. El cometido de Peña Nieto, ordenado por Estados Unidos, es revivir el ALCA, la frustrada Área de Libre Comercio de las Américas. Que no nos sorprenda que, de ganar la presidencia, proponga un nuevo modelo de liderazgo continental al impulsar un nuevo sistema de mercado latinoamericano. Ello, en contra de la tarea que vienen haciendo organismos como el Alba, la Unasur o la Celac. Entonces, si los priistas no hacen un nuevo pacto con el narcotráfico simplemente no van a caminar sus proyectos. Necesitan en un corto plazo generar un escenario de paz y legitimarse en el poder.

– “Televisa apuesta por el Triple Play”. Se entiende el poder de Televisa, pero ¿se puede afirmar que “impuso” un candidato?

– Bueno, tenemos muchas coordenadas para probarlo. En primer lugar, se trata de un negocio monopólico muy fuerte. Tanto es así que Clarín parece un juego de niños comparado con el monstruo de Televisa. Pero, además, el grupo quiere ingresar en el negocio del Triple Play, que lo proveería de grandes ganancias en un país que tiene 115 millones de habitantes.

– ¿Peña Nieto le garantizaría ese negocio?

– Se lo tiene más que prometido. Pero, además, el triunfo del candidato del PRI supondría la entrega a este grupo del espacio radioeléctrico sin restricciones, con los permisos indefinidos. Pero ante la pregunta de: ¿Televisa realmente construye gobierno? La respuesta es que sí. Trabaja para ello porque representa la posibilidad de que pueda invertir en cualquier negocio con la bendición del Estado. Televisa necesita colocar de modo urgente sus crecientes ganancias. Porque, ¿dónde más va a invertir? ¿En más canales? ¿Va a competir contra sí mismo? En este marco precisa abrir el juego.

 

* Fuente: http://www.revistadebate.com.ar//2012/07/20/5671.php

La rebelión mexicana que llegó por la red

* El fin de semana del 14 y 15 de julio comenzó a gestarse en Atenco una articulación de organizaciones sociales, campesinas y sindicales con el movimiento universitario que lleva dos meses batallando contra el regreso del Partido Revolucionario Institucional (PRI) al gobierno, de la mano de Peña.

 

Daniela Pastrana/ IPS

San Salvador Atenco. Seis años atrás, la plaza de este pueblo cercano a la capital de México fue escenario de la mayor represión policial de este país en tres décadas.

El gobernador del Estado de México, vecino a la capital y al que pertenece el municipio de Atenco, era Enrique Peña, quien asumirá el 1 de diciembre la Presidencia de este país, a menos que proceda la impugnación de los comicios presentada por la izquierda.

Los campesinos de Atenco habían resistido en 2002 la expropiación de sus tierras para construir un aeropuerto. Pero cuatro años después, un incidente entre vendedores de flores y la policía desembocó en un operativo que dejó dos muertos, 207 detenidos y torturados, 26 mujeres violadas y dirigentes condenados a penas equivalentes a prisión perpetua.

El fin de semana del 14 y 15 de julio comenzó a gestarse aquí una articulación de organizaciones sociales, campesinas y sindicales con el movimiento universitario que lleva dos meses batallando contra el regreso del Partido Revolucionario Institucional (PRI) al gobierno, de la mano de Peña.

El PRI gobernó México durante buena parte del siglo XX (1929-2000). Interrumpido por los dos períodos presidenciales del conservador Partido Acción Nacional, se apresta a retomar el gobierno tras los comicios del 1 de julio, plagados de denuncias compra de votos y coacción sobre los electores más pobres y de parcialidad de los grandes medios de comunicación a favor de Peña.

El colectivo Yo Soy 132 –que nació en mayo a partir del reclamo que hicieron estudiantes de la Universidad Iberoamericana a Peña por la represión contra los campesinos de Atenco– desconoció el resultado del escrutinio y emprendió una campaña por la limpieza electoral, a través de su principal medio, Internet.

El nombre surgió de la identificación pública que hicieron los 131 estudiantes que protestaron contra Peña, colocando videos en YouTube con sus credenciales. A partir de ese hecho, jóvenes de otras universidades se les unieron empleando la frase “Yo soy el 132” o #YoSoy132, la cuenta que utilizan en Twitter.

“A diferencia del movimiento por la paz de Javier Sicilia, que tuvo también una movilización espontánea en las redes sociales, Yo Soy 132 sí tiene como base de estrategia de lucha el uso de estas redes”, dijo a IPS la académica Claudia Benassini, especialista en observatorios de medios de comunicación.

Con relación a los comicios, México vive dos realidades paralelas.

En los medios de comunicación tradicionales y en las cúpulas del poder político, el proceso electoral está resuelto. En cambio, las redes sociales viven la continua efervescencia de llamados a firmar peticiones de impugnación y a realizar manifestaciones.

“Por el momento, tenemos dos representaciones opuestas de la realidad: las redes sociales informan de un país corrupto, incapaz de votar en libertad, y la televisión comercial celebra el éxito de una ‘jornada ejemplar’. En esta esquizofrenia nos preguntamos adónde va a dar el voto”, sostuvo en una columna del diario Reforma el escritor Juan Villoro.

“La forma en la que venían organizándose los movimientos sociales entró en crisis, y ahora tenemos una nueva expresión contra el régimen en una coyuntura electoral”, dijo a IPS el estudiante Magdiel Sánchez, de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Mayra Rojo, doctoranda en historia del arte, explicó que esta forma de lucha, que demanda desplazar lo masivo por lo colectivo virtual, no está peleada con el acercamiento a la comunidad. “Nuestras rutinas están ligadas a Internet y a las redes sociales. (Pero) eso no significa que no haya un trabajo comunitario”, dijo.

Se trata de una generación que creció con Internet y que no tiene una cultura de informarse a través de medios tradicionales, como la prensa, la televisión y la radio.

Sin embargo, la red es aún insuficiente para alcanzar al gran público.

En este país con 112 millones de habitantes, 96 por ciento de las frecuencias para uso comercial en televisión abierta pertenecen a dos empresas, y 80 por ciento de las frecuencias del espectro radioeléctrico están controladas por 13 grupos empresariales.

Aunque se duplicó en seis años la cantidad de usuarios de Internet, estos no pasan hoy de 40 millones.

A pesar de las intensas movilizaciones virtuales contra el candidato del PRI en los días previos a la elección, Peña obtuvo 38,2 por ciento de los votos, y el postulante de izquierda, Andrés Manuel López Obrador, 32,5.

La red social más usada es Facebook, con 26 millones de usuarios. Le siguen YouTube y Twitter. Aunque las cifras de esta plataforma de microblogs (mensajes que no pueden pasar de 140 caracteres) no son muy precisas, los datos más recientes indican que hay alrededor de 10 millones de cuentas registradas.

Pero los técnicos aseguran que la mitad de esas cuentas de Twitter no están activas, es decir que sus poseedores no las usan, porque no les ven utilidad o porque solo las mantienen para cuestiones muy específicas, como revisar dónde están desplegados los controles de alcoholímetro en el tránsito.

De los usuarios activos, una tercera parte se concentran en la Ciudad de México, convertida en un poderoso bastión de las fuerzas progresistas.

En la capital, el caudal electoral de López Obrador duplicó el de Peña. En cambio, ocho de los 10 estados que más votos dieron al postulante del PRI figuran entre los 10 distritos con más pobreza del país, adonde casi no llega Internet.

“Hay un proceso de evolución importante”, dijo a IPS el fotorreportero Heriberto Paredes, integrante del consejo editorial de Rompeviento, un canal de televisión web inaugurado este año.

“Pero no es suficiente. Si (estos manifestantes) no salen de las redes y las computadoras, y pasan a encontrarse con la gente que sostiene este país, el esfuerzo no va a servir”, agregó Paredes, quien documentó gráficamente en 2006 la represión en Atenco.

Para el abogado Jesús Robles Maloof, miembro del ContingenteMX, un grupo de tuiteros activistas de derechos humanos, los estudiantes están potenciando una forma nueva de movimiento social.

“La sociedad civil organizada llegó tarde al uso de Internet y de las herramientas de ‘social media’ (sic), por una equivocada tendencia a pensar que el activismo real es solamente el que está en la calle”, dijo.

La estrategia mediática “sí está siendo fundamental en este proceso, pero no es suficiente para la dimensión de lo que se necesita”, comentó Maloof a IPS. Es un proceso lento porque en Internet hay mucha información que no necesariamente abona a la construcción democrática, aclaró. “La decantación a la ponderación de la información nos va a llevar años, y para que esto llegue a otros sectores, aún más”.

“Hay mucho rumor y mucha intolerancia en Internet. Los ‘trending topics’ (tendencias, palabras o frases más repetidas en Twitter en un momento dado) se crearon para promover el debate sobre un tema, pero el uso de ‘bots’ (programas informáticos que imitan el comportamiento de un usuario) han dado al traste con ese debate”, coincidió la académica Benassini.

Para ella, “si se logra invalidar las elecciones, algo muy difícil, o si se consigue abrir el espacio para nuevas concesiones de televisión, que es lo que se ha ofrecido, sí podremos hablar de un impacto decisivo de la movilización de los jóvenes en las redes sociales”.

¿Vuelve a México «la dictadura perfecta»?

* El 6 de julio de 1988 a las 17:14, los primeros resultados de la elección presidencial colocaban cómodamente en cabeza al fundador del PDR, Cuauhtémoc Cárdenas, que se disponía a acabar con 59 años de hegemonía del PRI… pero no contaba con la buena estrella del partido gobernante.

 

Le Monde Diplomatique/ Traducido para Rebelión por Caty R.

El candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI, de centro), ha ganado la elección presidencial mexicana. Aunque su adversario de izquierda Andrés Manuel López Obrador denuncia un fraude masivo –probable- este no sería suficiente para explicar el regreso del PRI al poder. En el centro de una campaña marcada por la violencia que desencadena el tráfico de drogas, parece que una parte de la sociedad mexicana estima que el PRI está mejor posicionado para «negociar» con los cárteles, como explica Jean-François Boyer en nuestra edición de julio (Mexico recule devant les cartels).

Enrique Peña Nieto, el telegénico candidato del PRI, habría ganado las elecciones presidenciales mexicanas el domingo 1 de julio con el 38,1% de los votos, seguido de Andrés Manuel López Obrador, del Partido Revolución Democrática (PRD, de izquierda) con el 31,64%; Josefina Vázquez Mota, del Partido de Acción Nacional (PAN, de derecha) con el 25,4% y Gabriel Quadri, del Partido Nueva Alianza (PANAL, de derecha), con el 2,3%. El condicional sigue siendo de rigor: López Obrador calificó el resultado de «fraudulento» y exigió el recuento de los votos. Y por cierto no es la primera vez durante los últimos 30 años.

El 6 de julio de 1988 a las 17:14, los primeros resultados de la elección presidencial colocaban cómodamente en cabeza al fundador del PDR, Cuauhtémoc Cárdenas, que se disponía a acabar con 59 años de hegemonía del PRI… pero no contaba con la buena estrella del partido gobernante, a las 17:15 un «fallo» del sistema informático del Padrón Electoral interrumpió la recepción de los resultados. Cuando las aguas volvieron a su cauce, el principal rival de Cárdenas, Carlos Salinas de Gortari, se benefició de una sorprendente ventaja sobre su adversario. Ya no la perdió.

En la trayectoria del PRI en el poder el fraude electoral ha sustituido la designación directa del presidente por su predecesor. Sin embargo el dominio de este partido-oxímoron no estaba amenazado. En todo caso no hasta el año 2000, cuando sobrevino una «transición» inédita: Vicente Fox, un exdirigente de la empresa Coca-Cola resulta elegido con los colores del PAN. Después de 71 años de poder en exclusiva llegó el final de lo que el intelectual peruano Mario Vargas Llosa calificó de «dictadura perfecta».

Aunque entonces el sueño de la oligarquía no perdió nada de su serenidad, no fue lo mismo seis años después, cuando la población amenazó con elegir a López Obrador que prometió «poner en primer lugar a los pobres». Nuevo golpe de varita mágica: un «fraude masivo e innegable» privó al candidato del PRD de la victoria. Su adversario, Felipe Calderón, del PAN, fue declarado vencedor por un margen del 0,56% de los votos.

 

Y después llegó julio de 2012

 

Incluso sin recordar las numerosas irregularidades registradas durante la campaña y la votación (compra de votos, voto obligatorio en los centros de trabajo, rellenado de urnas, gastos de campaña no declarados, etc.), la evolución del recuento de los votos en la tarde electoral del 1 de julio tenía un tufillo de déjà vu para los militantes del PRD. A lo largo de la noche, la diferencia entre Peña Nieto y López Obrador permaneció estable en torno al 3-4%. «Hasta el amanecer, cuenta la analista Laura Carlsen, cuando la diferencia subió de repente a 7 puntos, lo que sugiere un brinco de los votos de último minuto a favor del candidato en cabeza, un fenómeno que ya se observó en 2006, cuando la tendencia de los votos de López Obrador y Calderón se invirtió al final del recuento».

Pero Peña Nieto no solo deberá su victoria al fraude. Porque en 2012 una diferencia de alrededor del 3% (2,5 millones de votos) separa a los dos principales candidatos; sin duda este año han jugado otros factores.

Por una parte la campaña de López Obrador, a la cabeza de una coalición más dividida que en 2006, promovía la «reunificación», ya no se trataba de fijar una prioridad única «lo primero los pobres», sino de seducir además a los pequeños empresarios nacionales aplastados por los monopolios que, según el Instituto Mexicano para la Competitividad, amputan el crecimiento mexicano en 2,5% puntos anuales. ¿Ese mensaje habría seducido también a una base electoral cuyos resultados en 2012 confirman que se sitúa sobre todo entre los más humildes?

Por otro lado, la principal preocupación de los mexicanos sigue siendo la violencia, como lo demuestra la encuesta de Jean-François Boyer en la edición de julio de Le Monde diplomatique. Emprendida desde la llegada de Calderón al poder, la «guerra contra el narcotráfico» se ha saldado con un amargo fracaso y más de 50 mil muertos. Sin embargo, explica Boyer, en realidad la violencia criminal «estalló de repente a principios de los años 2000, a raíz de la transición política: la mayoría de los altos funcionarios cómplices del crimen organizado fueron sustituidos (…) Por primera vez desde hacía 20 años, los narcos se encontraron frente a una multitud de interlocutores políticos que por diversas razones ya no se sentían comprometidos por los acuerdos anteriores (…) Las reglas del juego cambiaron; los cárteles se enfrentaron para apropiarse de nuevos feudos. México descubrió lo que se denomina la «guerra por las plazas». En un contexto de violencia exacerbada, una parte de la sociedad mexicana se alinearía así a la idea de llevar a poder a un partido al que considera capaz de negociar y entenderse con los cárteles.

En 2006 López Obrador y sus partidarios ocuparon el centro de la capital durante seis semanas para que reconocieran su victoria. Sin éxito. Este año cuentan con un nuevo apoyo, el del movimiento estudiantil «Yo soy132» nacido durante la campaña para denunciar el apoyo de los grandes medios de comunicación –en primer lugar los de la cadena de televisión Televisa (alrededor del 70% de audiencia)- al candidato del PRI. Una encuesta del diario británico The Guardian reveló que Televisa percibió importantes sumas de dinero para «realzar la estatura nacional» de Peña Nieto, después de haber «puesto a punto una estrategia mediática destinada a torpedear a López Obrador» en 2006.

Después de multiplicar las manifestaciones en la calle, los estudiantes han asumido una nueva misión: recoger pruebas suficientes de un fraude masivo para invalidar la victoria del PRI. ¿Sabrán hacerse oír? ¿O México verá el regreso de la «dictadura perfecta»?

El voto de los pobres

* Los sureños Chiapas, Oaxaca y Guerrero son los tres estados más pobres del país. El primero tiene un producto interno bruto por persona de 3 mil 600 dólares –menos de la mitad del promedio nacional– y solo uno de sus 122 municipios escapa de los índices de marginación del Consejo Nacional de Población.

 

Daniela Pastrana/ IPS

“Parece una competencia para ver qué partido gasta más dinero. Es una grosería en un estado tan pobre”, dijo Alex, un joven de 30 años que trabaja como taxista en esta ciudad chiapaneca del sur mexicano, a 30 minutos por carretera de la frontera con Guatemala.

Alex se refería al denunciado reparto de beneficios establecidos por planes estatales de asistencia a los pobres –materiales, alimentos, ropa, tarjetas de compra, etcétera– de las fuerzas políticas para obtener votos en los comicios del domingo 1.

El candidato presidencial del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Enrique Peña Nieto, encabezaba el lunes 2 de julio el escrutinio provisional, con 39 por ciento de los votos, cuando se habían computado más de 95 por ciento de las actas.

Además de la elección de presidente de la República y de 500 escaños de diputados y 128 del Senado, hubo comicios en 15 estados, incluyendo alcaldías y legislaturas regionales y en siete de ellos para renovar gobernaciones.

Los sureños Chiapas, Oaxaca y Guerrero son los tres estados más pobres del país. El primero tiene un producto interno bruto por persona de 3 mil 600 dólares –menos de la mitad del promedio nacional– y solo uno de sus 122 municipios escapa de los índices de marginación del Consejo Nacional de Población.

Los chiapanecos eligieron gobernador, alcaldes y diputados locales. El Instituto Federal Electoral (IFE) proclamó ganador al postulante de la coalición formada por el PRI y el Partido Verde, Manuel Velasco, con 45 por ciento de los votos, según datos parciales del escrutinio primario.

De acuerdo con los resultados preliminares, el único municipio en el que no ganará el PRI en este estado es la capital, Tuxtla Gutiérrez, también la única que no registra altos niveles de pobreza.

En los días previos, se multiplicaron las denuncias sobre el uso electoral de programas sociales destinados a los más pobres.

El martes 26 de junio, los habitantes de una comunidad del municipio serrano de Motozintla detuvieron un camión que transportaba bolsas de fertilizante porque pensaban que serían utilizados para comprar votos para los candidatos del PRI. Aunque el conductor negó las acusaciones, los campesinos se repartieron la mercancía sin esperar a la investigación oficial.

El caso más grave se registró en la comunidad Rincón Chamula, del municipio de Pueblo Nuevo Solistahuacán, donde tres personas fueron asesinadas cuando esperaban en fila para emitir su voto.

“Desde la madrugada del día de hoy (lunes), ha estado recibiendo reportes de denuncias de irregularidades cuya gravedad y cantidad ha aumentado conforme ha transcurrido la jornada”, señaló, en su último reporte, la organización no gubernamental Contamos.org.mx.

La organización documentó más de 500 denuncias de anomalías, de las que 39 por ciento corresponden a compra de votos; 33,85 son de irregularidades en mesas de votación y 19,1 a propaganda durante la veda electoral.

Sin embargo, las autoridades electorales, el presidente Felipe Calderón y el propio Peña Nieto minimizaron las denuncias y aseguraron que la jornada se celebró con “incidentes menores”.

El conteo de votos también da ventaja al PRI en Tapachula, una de las cuatro ciudades de Chiapas utilizadas por el narcotráfico para transportar droga y paso obligado de miles de inmigrantes centroamericanos.

Días antes, en el municipio costero de Huixtla, habitantes denunciaron la presencia de tres vehículos provenientes de la capital del estado repletos de fertilizantes, supuestamente del equipo de campaña de un candidato a diputado federal del hasta ahora gobernante Partido Acción Nacional (PAN).

“La batalla fuerte por el voto de los pobres se ha dado entre el programa de Piso Firme del gobierno federal y Chiapas Solidario, una estructura que creó el gobernador (Juan) Sabines”, dijo a IPS un reportero local.

Piso Firme fue uno de los programas que promocionó la candidata presidencial del PAN, Josefina Vázquez, como un logro de su paso por el Ministerio de Desarrollo Social. Sin embargo, sus anuncios generaron polémica porque presumían cifras que no coincidían con los informes oficiales. La postulante quedó tercera, con 26 por ciento de sufragios.

Chiapas Solidario es una reproducción a escala estadual del exitoso Programa Nacional de Solidaridad que creó en 1991 el entonces presidente Carlos Salinas de Gortari (1988-1994). Se basa en una estructura de asambleas de barrio que definen el uso de los recursos entregados para fines sociales.

Los planes federales, en cambio, están desde la gestión de Ernesto Zedillo (1994-2000) “focalizados”, es decir que entregan remuneraciones económicas en forma directa a los beneficiarios.

En México hay 52 millones de personas en la pobreza y casi 23 por ciento de ellas son indigentes, según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. Este país tiene 112 millones de habitantes.

Los tres principales postulantes presidenciales destacaron en sus campañas el combate a la pobreza. Sin embargo, el tema dejó de ser el eje del discurso del izquierdista Andrés Manuel López Obrador, de la coalición Movimiento Progresista, quien hace seis años había competido bajo el lema “Primero los pobres”.

La última encuesta publicada por el diario Reforma mostró una mutación clara en la extracción social y nivel educativo de los votantes del candidato de la izquierda, que quedó segundo en los comicios del domingo, con 32,5 por ciento.

Según ese sondeo, las preferencias electorales por Peña Nieto entre electores que contaban solo con educación básica duplicaban las de López Obrador. La proporción era exactamente inversa entre votantes egresados de educación superior.

En la declaración de zonas de atención prioritaria para 2011, la Cámara de Diputados registró mil 251 municipios con grados de marginación alta o muy alta, en los que viven 17 millones de personas.

En esas zonas empobrecidas han aparecido los mayores índices de votación en los últimos siete años, indican análisis del sociólogo y doctor en ciencia política Manuel Reyna, del Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales de la Universidad Veracruzana.

Reyna expuso que al menos 20 de los municipios más pobres del país registran el porcentaje más elevado de participación electoral nacional.

Varios de ellos están en el sudoriental estado de Veracruz. Por ejemplo, en las elecciones locales de 2010, el municipio de Mixtla de Altamirano –el tercero más pobre de todo el país– registró una concurrencia a las urnas de 76 por ciento, y Magdalena, distrito nahua de la región montañosa de no más de 3 mil habitantes, registró 91 por ciento de participación electoral.

La batalla por el voto de los pobres arreció en la última semana en todo el país. En Veracruz, representantes del PRI denunciaron ante la fiscalía de delitos electorales que el gobierno federal, a través de la estructura del Programa Oportunidades, estaba supuestamente condicionando y coaccionando a familias beneficiarias para que votaran a los candidatos del gobernante PAN.

El caso más polémico fue el hallazgo de miles de tarjetas de compra en tiendas de autoservicio, distribuidas por el PRI. El monto acumulado de esos llamados “monederos electrónicos” supera los 50.000 dólares y rebasa por mucho el tope legal de donación de particulares a una campaña.

Un video grabado en el central estado de Guanajuato el 24 de junio, en un mitin del hoy victorioso Peña Nieto, documentó la movilización de personas de localidades con gran migración, que recibieron tarjetas para hacer llamadas de larga distancia sin límite hasta el día de los comicios y otras que les servirían para recibir beneficios de programas sociales, “si gana el candidato”.

También en la capital se vieron estas prácticas.

En Jardines de San Lorenzo, barrio pobre del oriente de Ciudad de México, desde temprana hora del sábado 30 había filas de personas esperando una “bolsa de trabajo”, para la que debían presentar tres copias de la credencial de elector y contestar al ingreso por qué partido votarían. Las esquinas estaban custodiadas por militantes del PRI.

 

* Fuente: http://www.ipsnoticias.net/nota.asp?idnews=101103

¿Quién es Enrique Peña Nieto?

* Una de las mayores losas de Peña Nieto es la historia. Por un lado, su historia personal: desde una familia vinculada con ex gobernantes corruptos (como Arturo Montiel), hasta oscuros rumores claramente dirigidos a desprestigiarle (como un hijo no reconocido o la muerte de su esposa), pasando por una asociación directa con un impopular padrino político como es Salinas de Gortari.

 

Víctor Martín Gómez/ Rebelión

Enrique Peña Nieto (EPN) es el candidato de la coalición “Compromiso por México”, formada por el Partido Revolucionario Institucional y el Partido Verde Ecologista de México. Con 45 años y abogado de profesión, lleva desde 1984 en el PRI, donde ha ido escalando cargos y ganando mayores responsabilidades hasta llegar a ser en el último sexenio gobernador del Estado de México.

Precisamente, su campaña actual se basa en resaltar los logros conseguidos durante ese último cargo. Con la constante palabra “compromiso” por bandera, Peña Nieto se dedica a elogiar su propio trabajo en el Estado de México, como prueba de que tiene la capacidad y la sabiduría para trasladar ese éxito a todo el país. No obstante, no tardó en salir a escena una campaña crítica con este supuesto éxito. Con el lema “Peña no cumple”, los spots van desmontado uno a uno los compromisos en teoría cumplidos por el candidato priista al más puro estilo “esto es lo que dice Peña Nieto que ha hecho y esto es lo que realmente (no) ha hecho”.

En su camino a la Presidencia, Peña Nieto apuesta por políticas de buen ver: lucha anticorrupción, una seguridad social universal, crecimiento económico, estabilidad macroeconómica, potenciar el comercio exterior y la competitividad, reformar el control de los hidrocarburos, una reforma fiscal o la reducción del número de diputados, entre otras. Sin embargo, bajo estos atractivos lemas hay un programa neoliberal que trata de privatizar lo público, hay una mayor apertura de México a la entrada de capital extranjero, hay un endurecimiento de la presencia militar, del control social y de la seguridad, etc. Por no hablar de la demagogia en la que caen todos y cada uno de los aspirantes a Los Pinos cuando hablan de anticorrupción, transparencia democrática o educación de calidad, sin aclarar exactamente a qué se refieren.

A sus propuestas, EPN suma las del Partido Verde: vales de medicinas para todos, acabar con las cuotas en las escuelas o cadena perpetua para los secuestradores son algunas de las más llamativas, aunque de nuevo vuelve a recurrir a lemas tan ambiguos como “agua para todos” y “voy a acabar con la pobreza”.

Peña Nieto ha sabido conjugar dos ejes en torno a su candidatura: la persona y el partido. En el caso de Andrés Manuel López Obrador, muchos de sus votantes lo son por la devoción que le tienen y no por los partidos que hay detrás de su candidatura (PRD, PT, MC). En el caso de Josefina Vázquez Mota (PAN), es precisamente su personalidad lo que está haciendo que sus posibles votantes dejen de serlo. No obstante, Peña Nieto es una cara famosa, joven y atractiva que se ha difundido por todo el país en anuncios, entrevistas e incluso series de televisión. La presencia mediática ha sido tal que prácticamente todo el país le reconoce, lo cual en México puede significar una cantidad de votos considerable. Para ello, ha contado con una publicidad abrumadora en todos los sentidos, lo que le ha valido las protestas de ciertos sectores de la población que critican el posible favoritismo que hay en los medios de comunicación en torno a la figura del político priista.

Al mismo tiempo, su partido, el PRI, es una formación histórica, una marca consolidada. Muchos de sus votantes lo han sido toda la vida y lo seguirán siendo. En muchos Estados de la República, el PRI es el partido dominante desde hace décadas, lo que lleva a sus votantes a una inercia automática cuando van a las urnas. Por una parte, el priismo es un sentimiento apegado a la personalidad de muchas personas desde que nacen (como por ejemplo lo puede ser el peronismo en Argentina). Por otra, la información que reciben los ciudadanos proviene del duopolio televisivo, de modo que tienen una visión parcial de la realidad y de lo que representa este candidato y este partido. De hecho, hay sitios donde lo único que se conoce es el PRI, con todo lo que ello supone. No ocurre igual en la capital del país, donde las vías de comunicación son más amplias y donde la izquierda lleva años asentada.

En ese sentido, mientras el país entero está plagado de propaganda con la cara de Peña Nieto junto al emblema del PRI, en la capital de México la propaganda mayoritaria es con el mismo rostro pero con el logo del Partido Verde. Peña Nieto no quiere que, en el escenario capitalino, se le relacione con el PRI para no crear más rechazo del que ya tiene. Así, su rostro bajo el eslogan del Partido Verde podrá arrancar algunos votos de más en la capital del país.

De la misma manera, Peña Nieto ha de lidiar con un antipriismo permanente que teme la vuelta de un PRI con un oscuro pasado en el poder. Ese antipriismo hoy está dividido, anda indeciso entre el PAN y el PRD y es esa indecisión (que ronda el 20%) la que más beneficia a Peña Nieto, que prefiere que esa masa electoral se diluya entre el resto de candidatos y no forme un bloque unitario que elija a un único candidato que le pueda discutir la presidencia.

Siguiendo con esa idea, una de las mayores losas de Peña Nieto es la historia. Por un lado, su historia personal: desde una familia vinculada con ex gobernantes corruptos (como Arturo Montiel), hasta oscuros rumores claramente dirigidos a desprestigiarle (como un hijo no reconocido o la muerte de su esposa), pasando por una asociación directa con un impopular padrino político como es Salinas de Gortari (ex presidente de México). Por otro lado, el candidato del PRI tiene que afrontar que se le relacione con los 70 años que estuvo su partido en el poder. Esto supone una vinculación directa con casos de corrupción, de falta democrática, de caciquismo y de represión. En esto último, son especiales tres casos: los sucesos del 2 de octubre de 1968 en Tlatelolco, la masacre estudiantil del 10 de junio de 1971 y, el que toca directamente a Peña Nieto, la represión de San Salvador de Atenco (Estado de México) en mayo de 2006. Los tres se produjeron bajo diferentes mandatos del PRI, pero el último afecta a EPN en tanto él era el gobernador del Estado cuando sucedió. Sus críticos le achacan que, aunque se consideró responsable y a pesar de haber defendido la legitimidad del operativo policial, no ha tenido ningún coste político ni penal por ello.

Así, en las últimas semanas, de manera inesperada, su popularidad -que parecía mediáticamente intocable- ha descendido notablemente. Se ha trasladado a la arena pública el debate sobre su personalidad, su pasado y lo que representa una candidatura como la suya. En otras palabras, un camino que él mismo veía de rosas hacia la Presidencia se le está haciendo más largo y complicado de lo que esperaba. Son los estudiantes universitarios quienes lideran esta campaña paralela que trata de resaltar la otra cara del priismo y de su líder. Un líder que no se maneja muy bien en los espacios y declaraciones públicas. Que esto tenga o no repercusión en la jornada electoral del próximo 1 de julio aún no lo podemos saber. Si la tiene, desde luego será desfavorable para EPN. Para que así sea, el movimiento juvenil #YoSoy132, que nació en la Universidad Iberoamericana contra la manipulación informativa por la visita de EPN a dicha Universidad y los hechos que allí sucedieron, ya se ha declarado abiertamente anti Enrique Peña Nieto y dirige sus dardos contra un político que no quieren ver como presidente.

Aunque posiblemente Enrique Peña Nieto se vea ya con ese cargo, es seguro que no puede descartar una sorpresa de última hora que dé la victoria a López Obrador. Mal haría si lo diese todo por ganado y vendiese la piel del oso antes de cazarla. Las encuestas le dan una clara ventaja, el apoyo que tiene en la mayoría de los Estados también pero, como ya ocurrió en 2006, todo puede pasar. Está a un paso de ser el próximo Presidente de la República, pero tendrá que esperar a que las urnas demuestren lo que mucha gente ya da por hecho y lo que mucha otra gente prefiere no pensar.

 

* Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.

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