Pasado presidencial

* “La ejecución de los escoltas de la familia Peña Pretelini, la muerte de Mónica Pretelini y las llamadas interceptadas por la PGR pertenecen al anecdotario o la historia política de una entidad que, en el sexenio de Peña, vio pasar a cuatro titulares de la Procuraduría de Justicia: Alfonso Navarrete Prida, Abel Villicaña Estrada, Alberto Bazbaz Sacal y Alfredo Castillo Cervantes—. Con dos, Navarrete y Castillo, insertos en 2012 en el equipo presidencial peñista”, escribe el periodista Francisco Cruz en su libro Los Golden Boy’s, editado por Planeta en el 2012 y al cual pertenece este texto.

 

Francisco Cruz Jiménez

Transcurría la mañana del 11 de enero (del 2007) cuando fuentes extraoficiales confirmaron que, en los primeros minutos de la madrugada de ese jueves, Mónica Pretelini de Peña, en ese entonces esposa del gobernador mexiquense, Enrique Peña Nieto, había muerto a los 44 años de edad. La noticia estremeció y puso a la expectativa a todo el país. Encabezado por Peña, el gobierno del Estado de México calló deliberadamente y no hizo nada por aclarar rumores de todos los calibres —incluidos uno sobre suicidio y otro sobre homicidio—, ni las contradicciones que se hicieron públicas y se convirtieron en una fuente inagotable de especulaciones que aún persiguen a Peña.

Seis años después, nadie sabe a ciencia cierta qué sucedió. No lo saben ni siquiera los médicos que la atendieron aquella noche en la Cruz Roja, ni los empleados del Centro Médico de Toluca —en Metepec— y del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMyM), a quienes se les preguntó insistentemente si allí se encontraba internada una persona de apellido Pretelini, debido a que muchos sabían que, antes del traslado a la Ciudad de México, en esos tres lugares se había atendido a la esposa del gobernador. Sin embargo, el tiempo se ha encargado de diseminar y alimentar las dudas en torno al súbito fallecimiento.

Miguel Alvarado escribió el 11 de enero de 2009 en el semanario Nuestro Tiempo: “La vida de Peña se convulsionó a partir de entonces, epilépticamente desgarrada. Pero el luto no duró mucho. Pronto estaba de vuelta, tratando muy a su manera la administración estatal. El nombre de Mónica pronto fue sustituido y una larga lista de aspirantas [sic] al DIF estatal apareció en la agenda del llamado Viudo de Oro”.

En el sótano quedaron los recuerdos de Mónica, sus reclamos por las aventuras extramaritales de Peña y los secretos de una enfermedad desconocida. No obstante, su muerte no ha dejado de ser un amasijo de secretos mal guardados, mezclados con habladurías que el tiempo y el manejo que de ellos hizo el ex gobernador la han mantenido vigente. Todavía, más allá del simple morbo que representa ver sufrir a una familia por cuestiones del corazón, falta conocer el desenlace de historias paralelas, tal es el caso del asesinato de los guardias que cuidaban la seguridad de la familia Peña-Pretelini, una pista poco explorada, al menos en lo periodístico.

El atentado ocurrió la noche del 10 de mayo de 2007 y cobró la vida de los agentes mexiquenses Roberto Delgado Nabor, Erick Rey López Sosa, Guillermo Ortega Serrano y Fermín Esquivel Almazán —de 24, 37, 34 y 35 años de edad, respectivamente—, todos elementos de élite y  confianza comisionados por la Agencia de Seguridad Estatal.

Pequeños detalles contenidos en documentos de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) —archivados en juzgados federales o agencias del Ministerio Público a los que se tiene acceso en los primeros días de enero de 2012— muestran, entre otras cosas, por qué las autoridades mexiquenses se apresuraron a declarar, anticipándose a las autoridades judiciales veracruzanas, que los cuatro guardaespaldas de la familia Peña Pretelini fueron víctimas de matones al servicio del narcotráfico.

Ciertamente, el atentado estuvo a cargo de los capos del crimen organizado —como declaró Humberto Benítez Treviño, secretario general de Gobierno en esos tiempos— la noche en que los escoltas de Peña resguardaban la seguridad de sus hijos Paulina, Alejandro y Nicole, quienes vacacionaban en el puerto acompañados por su abuelos maternos Hugo Pretelini y Olga Sáenz, además de Claudia, hermana de Mónica. Pero se omitió decir quién había dado la orden, así como los intereses que se movían detrás.

Muertos los cuatro escoltas, los asesinos se perdieron en la zona turística del puerto. El caso quedó enterrado en los panteones de Zinacantepec y Toluca junto con los cuerpos, ya sin vida, de los cuatro agentes. Mientras  a los familiares se les consoló  con 370 mil pesos de seguros  y una compensación por cada uno de los muertos, a cambio de discreción. Todos callaron, pero muy pocos repararon en que Fermín Esquivel era una de las pocas personas que conocía detalles de la vida matrimonial de Enrique Peña y Mónica Pretelini porque su comisión oficial con la pareja no había comenzado el día de su asesinato, sino que llevaba varios años trabajando como escolta de la familia.

El asesinato terminó por perderse en una maraña burocrática judicial a partir del lunes 20 de mayo de 2008, cuando un comando de encapuchados irrumpió en un domicilio de la avenida 16 de Septiembre en Luvianos —un pequeño municipio al sur del estado, sumido en la pobreza y bajo el dominio de El Chapo Guzmán, Los Zetas y La Familia Michoacana—, y ejecutó al maestro Ranferi González Peña, un supervisor escolar de zona de cuarenta y cinco años de edad, considerado hasta ese momento cabecilla de los asesinos a sueldo de La Familia.

El homicidio fue perpetrado con, al menos, una decena de descargas de armas de fuego de alto poder. Los asesinos encapuchados —quienes vestían uniformes negros con las siglas de la Agencia Federal de Investigaciones  (AFI) y la Agencia de Seguridad Estatal  (ASE)— abordaron dos camionetas que los esperaban y huyeron. Pero cuando la familia de la víctima aún no salía del estupor, regresaron por el cadáver y lo metieron en uno de los vehículos. De allí se dirigieron a una casa de materiales, donde secuestraron al arquitecto Ranferi González Rodríguez, hijo de González Peña.

Aunque sólo se habló de dos camionetas, vecinos de la familia recuerdan que, a las ocho y diez de la mañana, por la avenida 16 de Septiembre apareció un convoy, instaló un retén en dos esquinas y, en un par de minutos, unos cinco sicarios descendieron de dos camionetas con vidrios polarizados, irrumpieron en el domicilio de González Peña y lo asesinaron, frente a su madre y dos de sus hermanas, de nueve y diez años de edad, respectivamente.

En las calles de Luvianos nadie habla. Se respira el miedo. Pero todavía se recuerda que, en los días previos a la ejecución y al secuestro, allegados al maestro Ranferi —hermano de Alberto González Peña, El Coronel, jefe de una célula de Los Zetas en la zona, desde donde lo ascendieron a Veracruz— abrieron la boca y alardearon sobre algunas propiedades “liberadas” luego de una incursión al puerto de Veracruz para silenciar a un grupo de agentes del Estado de México.

La segunda semana de enero de 2012, un documento abrió nuevas interrogantes. Perdida en un expediente sobre delincuencia organizada, de más de cinco mil fojas, en la averiguación previa PGR/SIEDO/UEIDCS/231/2008, aparece la transcripción de llamadas —de un teléfono intervenido—, en las que un par de narcotraficantes da a conocer pormenores de la ejecución de los cuatro escoltas de la familia Peña Pretelini. Las llamadas se transcriben en 42 hojas tamaño oficio y, desde el inicio, ponen de manifiesto  que se trata del Estado de México.

Aunque prácticamente en cada una de las páginas se hace alusión a la entidad mexiquense, es al llegar a las primeras líneas de la página 14 cuando aparece pleno el tema de la ejecución de los cuatro escoltas de la familia Peña Pretelini:

—Nada más Manzur. Hay la posibilidad de que se vaya a Veracruz. Pero con este, Miguel [Fidel] Herrera, lo pidió para allá por una chamba especial que se hizo para el gobernador [Peña].

—Ajá, ajá. —responde Eduardo.

—Entonces pues, le dan en la madre a los de seguridad de Peña Nieto.

—Sí, sí, sí. —lacónica es la respuesta de Eduardo.

Más claro, ni el agua, Peña había echado mano de sus otros aliados para concluir con el caso de su esposa Mónica, pues, con el asesinato de Fermín Esquivel, se borró la posibilidad de reconstruir cualquier momento de su vida al lado de Peña.

La ejecución de los escoltas de la familia Peña Pretelini, la muerte de Mónica Pretelini y las llamadas interceptadas por la PGR pertenecen al anecdotario o la historia política de una entidad que, en el sexenio de Peña, vio pasar a cuatro titulares de la Procuraduría de Justicia: Alfonso Navarrete Prida, Abel Villicaña Estrada, Alberto Bazbaz Sacal y Alfredo Castillo Cervantes—. Con dos, Navarrete y Castillo, insertos en 2012 en el equipo presidencial peñista.

Pero, más allá del brillo que puede dar un llamado para unirse al equipo presidencial, hay otras caras ocultas que comenzaron a ser visibles a través de la ley del plomo y de una extraña prosperidad que sólo se nota en las organizaciones criminales que se han asentado en una entidad en la que se tiene por costumbre negar la violencia, como si los mexiquenses fueran ciegos o no la vivieran en carne propia.

Aunque los temas no salen a la luz pública, el peñanietismo dejó oscuros pendientes a su paso por la entidad: la venganza e imposición del régimen de terror a través de corporaciones policiacas estatales, la criminalización de movimientos sociales e invención de delitos a sus líderes —destacan los ejemplos de Ignacio del Valle Medina, Juan Carlos Estrada Romero, Julio César Espinoza Ramos, y el del activista y defensor de indígenas mazahuas Santiago Pérez Alvarado—, o las cuatro exoneraciones endilgadas a Montiel.

A toda esta maraña de corrupción, muertes inexplicables, venganzas, feminicidios, se puede sumar otra,  igual de interesante, que tiene que ver con la extraña  “desaparición” —entre la noche del domingo  21 y la madrugada del 22 de marzo de 2010— de la niña Paulette Gebara Farah. Caso que se integra con las turbias investigaciones sobre su supuesta “aparición”, nueve días después, así como las razones de su muerte. Sombras de duda han quedado desde entonces, por más estudios científicos que la Procuraduría se afanó en difundir.

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El prestanombres

* “El caso de Luis Miranda es especial, además de amigo personal de Peña, conoce el manejo de las cuentas y la deuda pública, pues se encargó —con Luis Videgaray Caso, a la sazón ejecutivo estrella de la empresa Protego de Pedro Aspe Armella— de renegociar la deuda mexiquense en el sexenio montielista”, explica el periodista Francisco Cruz, en el libro los Golden Boy´s, escrito por él en el 2012 y publicado en Editorial Planeta.

 

Francisco Cruz Jiménez

A Luis Miranda también se le imputó su participación en desvío de recursos, lavado de dinero y delincuencia organizada al prestar su nombre para que Arturo Montiel comprara inmuebles. Se le documentaron las 123 propiedades en el Estado de México a nombre de sus familiares. Sin embargo, el 13 de enero del 2006, la Procuraduría estatal, dirigida por Alfonso Navarrete Prida, otro de los Golden Boy’s montielistas, exoneró a Montiel, la familia de éste y al propio Miranda Nava.

La versión que Navarrete ofreció fue precisa: “José Luis Cortés Trejo, décimo quinto regidor de Tlalnepantla, presentó ante la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM) un escrito con fecha 6 de enero del 2006, en el cual pretendió desistirse de su denuncia con el argumento de que la misma fue presentada por él, basada en notas periodísticas y a través de internet, y que no le constan los hechos materia de la investigación […] dentro del marco legal, la Procuraduría está abierta a entregar copia de la Averiguación Previa a cualquier institución legalmente competente que lo solicite y así dejar en claro que la actuación de esta dependencia, fue en todo momento apegada a derecho”.

Cortés también entregó la lista de las 123 propiedades de la familia Miranda en la PGR, donde se abrió una investigación paralela. La denuncia del entonces regidor fue desestimada por la PGJEM, que citó a Miranda a declarar. Según la Procuraduría, el investigado rechazó las imputaciones y que sus familiares fueran dueños de las propiedades mencionadas. Presentó papeles de 23 de ellas, que sí eran de su familia, de las cuales 15 estaban escrituradas antes del 16 de septiembre de 1999, cuando Luis ingresó al servicio público.

Sólo dos propiedades acreditó con su nombre, registradas en 1983 y 1991, respectivamente. Otras tres tienen registros de 2001 a 2004, pero uno de ellos, del 3 de junio del 2002, correspondía a Luis Enrique, aunque a través de un poder “que se le otorga como representante legal de una empresa, en la cual participa con 30 acciones”. Con respecto a una casa en Tonatico, “su actuación en el mismo quedó acreditada y fue como poderdante, no para sí, sino para otra persona”.

Se estableció ministerialmente que, en la relación de 123 inmuebles presentada por el denunciante, Cortés Trejo, aparecen varios registros repetidos y Miranda Nava señaló que la mayor parte de los propietarios que aparecen en la lista no son sus familiares, a pesar de llevar apellidos similares, es decir, que se trata de homónimos, concluyó la procuraduría.

Respecto a Montiel, se presentó a declarar el 11 de enero de 2006, “acompañado de su abogado, respondió al interrogatorio formulado por el agente del Ministerio Público y negó los hechos que se le imputan. Declaró trabajar desde los 13 años en actividades empresariales, manifestó haber iniciado su vida laboral con su padre, quien fue concesionario de una cervecería y de varias marcas de refrescos en Atlacomulco, haberse desempeñado como director general del primer auto-lavado de vehículos automático en la Ciudad de México, siendo aún estudiante universitario; haberse dedicado al negocio de engorda de ganado, venta de autos usados y desde 1979 como accionista de una importante firma fabricante de cocinas integrales, proveedora de grandes empresas nacionales y transnacionales, a invitación de uno de sus profesores universitarios.

”Señaló que en 1982 creó una empresa dedicada a la explotación de materiales pétreos (Calefa Construcciones S.A.) habiendo vendido su parte accionaria en 1992; que entre 1982 y 1989 se dedicó a la construcción y venta de viviendas de interés social, interés medio y residencial en Toluca y Metepec, particularmente en los fraccionamientos conocidos como Residencial Las Flores y Residencial Los Cedros, que personalmente escrituró a nombre de los compradores ante notario público; señaló que participó en la construcción del centro comercial denominado Plaza Las Américas, en conjunto con empresarios michoacanos, dedicados a la construcción de salas de exhibición de películas; en el año de 1982, se dedicó también al transporte de carga y materiales para construcción para lo cual creó, junto con otras personas, una empresa que se liquidó a la muerte de uno de los accionistas.

”En 1984 creó la empresa Desvastes y Trefilados, S.A., cuyas acciones fueron vendidas a principios de los 90; señaló haber fungido como consejero y vicepresidente de la Asociación de Industriales del Estado de México y por su vinculación con ese sector, haber sido invitado a fungir como secretario de Desarrollo Económico en la administración de Emilio Chuayfett Chemor. Textualmente manifestó que ‘todo lo anteriormente señalado me permitió consolidar un patrimonio y una sólida posición económica antes de desempeñar el alto cargo como gobernador constitucional del estado de México, como queda acreditado con toda la documentación que exhibo y con las declaraciones de manifestaciones de bienes que por alta presenté ante la Secretaría de la Contraloría del Estado de México, declaración patrimonial que, reitero, fue certificada por Notario Público’”.

Montiel aceptó “haber adquirido, a través de Luis Enrique Miranda Nava, un inmueble en Tonatico; ello debido a que Miranda tenía una mejor relación con los señores Visetti, propietarios del inmueble y pudo obtener un mejor precio, agregó que dicho inmueble fue declarado en su oportunidad en su manifestación de modificación patrimonial”.

Al final, la Procuraduría estatal determinó que, “por todos esos hechos comprobados, la Dirección General de Responsabilidades de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, encargada de la indagatoria, ha determinado la reserva de la averiguación previa, al no encontrar datos que acrediten el cuerpo del delito y la probable responsabilidad en la comisión de los delitos de peculado y enriquecimiento ilícito por parte de Arturo Montiel, su esposa Maude Versini; la señora Paula María de Jesús Yáñez Villegas y el licenciado Luis Enrique Miranda Nava, ex secretario de Finanzas y Administración del gobierno del Estado de México”.

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