Secuestrador premiado

* Margarito Salas Reyes trabajaba como intendente en la Cámara de Diputado local, en el centro de Toluca. El 20 de diciembre del 2011 había sido galardonado por la Junta de Coordinación Política, en la Ceremonia de Estímulos y Recompensas, en la categoría de Atención al Público. Margarito acudió a la ceremonia, junto con decenas de premiados, y escuchó las palabras de José Manzur Quiroga, en ese entonces diputado local y presidente de la JCP. Dos años después secuestraba y asesinaba a un joven estudiante de la capital del Edomex.

 

Miguel Alvarado

A Carlos Eduardo Martínez González la desatención de las autoridades del Estado de México le costó la vida. El 14 de febrero del 2013, este joven, estudiante de la escuela Montessori de Toluca, fue secuestrado por cuatro personas, entre ellos una mujer, y asesinado cuando lo empujaron desde el Puente de Calderón, en la carretera a Ixtapan de la Sal, desde una altura de más de 100 metros. Su cuerpo, encontrado y levantado por la policía ministerial, permaneció en la morgue de Tenancingo durante medio año, hasta que fue identificado por sus familiares luego de la detención de los culpables.

Uno de ellos, Margarito Salas Reyes trabajaba como intendente en la Cámara de Diputado local, en el centro de Toluca. El 20 de diciembre del 2011 había sido galardonado por la Junta de Coordinación Política, en la Ceremonia de Estímulos y Recompensas, en la categoría de Atención al Público. Margarito acudió a la ceremonia, junto con decenas de premiados, y escuchó las palabras de José Manzur Quiroga, en ese entonces diputado local y presidente de la JCP, quien dijo que los servidores públicos del poder Legislativo del Estado de México “son la imagen y presencia cotidiana de nuestra institución ante la sociedad, su esfuerzo representa la tarea fundamental de prestar todos los días, a toda hora, los servicios y las respuestas requeridas para el desarrollo armónico de las actividades y para la elevación de su bienestar personal”. El boletín 1681 emitido por la propia Cámara da cuenta de la ceremonia y se ´puede ubicar en el sitio web de la propia Legislatura, http://www.cddiputados.gob.mx.

Margarito, secuestrador pero bien educado y quien por aquel premio no se hizo famoso ni rico, era novio de Beatriz Alejandra Morales Sendo, de 24 años y empleada de una óptica. Era vecina comercial del negocio de Carlos Eduardo y su familia, quienes mantenían una tortería entre las calles de Juan Aldama y Morelos y allí acudía casi a diario a comer. Hizo amistad con el muchacho, según las versiones de los familiares, y logró subirlo a un auto para llevarlo a Tenancingo, a una casa de seguridad. Desde allí exigieron un rescate por 10 millones de pesos, que al paso de los días fue bajando hasta quedar en 2 millones. Sin embargo, el 17 de febrero los secuestradores decidieron asesinar de Carlos Eduardo. Los otros dos cómplices, Emiliano Victoria Reyes y Silverio Victoria Hernández, también están detenidos y esperan por una sentencia.

El caso evidencia el grado de descomposición social que ha alcanzado la ciudad, pero también comprueba, una vez más, la ineficiencia de las autoridades, poco aptas para realizar investigaciones elementales como corroborar la presencia de cuerpos en morgues mexiquenses. El diario local Alfa recuerda que al menos hay otro caso similar, el de Bárbara Reyes Muñiz, de 17 años, secuestrada en Cuautitlán Izcalli y hallada en una morgue de aquel municipio 20 meses después. También evidencia a la Cámara de Diputados local y su sistema de contrataciones, que no puede detectar perfiles sicológicos o tendencias criminales en sus empleados, aunque pareciera una paradoja, pues los diputados son tradicionalmente calificados de corruptos e ineficaces. El gobernador de la entidad, Eruviel Ávila, se pronuncia tibiamente sobre el crimen y cuestionada policía que mantiene el Estado, aunque una de sus principales promesas de campaña era reorganizarla. Lo púnico que ha hecho fue crear la Secretaría de Seguridad Ciudadana, aunque dejó los mismos cánones y reglamentos de la anterior Agencia de Seguridad Estatal. Criticado por  preferir aparecer en eventos de caridad como en Metepec, el 21 de agosto, donde acompañó a la actriz Angélica Rivero, esposa del presidente mexicano Peña Nieto, invitada por la Fundación Dondé a un acto de caridad. El padre del menor secuestrado había iniciado una serie de protestas afuera de la oficina del gobernador para demandar su intervención pero Ávila siempre guardó distancias y silencio, que autocalifica su gestión como “un gobierno humanista”. El 31 de julio d este año, el Ejecutivo mexiquense reconocía los altos índices de pobreza e inseguridad en su territorio. “Merecemos tranquilidad, merecemos paz en nuestros municipios”, diría hace más de un año el mandatario.

El Estado de México es una entidad incontrolable. Esto explica en parte que en el 2013 los plagios se incrementaran 15 por ciento, pues oficialmente hay 89 secuestros en seis meses, aunque el número sólo corresponde a casos denunciados. Este año han muerto seis víctimas a manos de sus captores. Durante junio, se capturó a 37 secuestradores en 15 días, dos diarios en promedio. Tamaulipas, Michoacán y el Edomex son líderes nacionales en denuncias por secuestro, según datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública. La entidad experimenta un incremento del 50 por ciento en los procesos judiciales iniciados, apunta la revista Proceso. Por su parte, el Centro de Investigación para el Desarrollo califica al secuestro en el Edomex como de afectación media y lo coloca en el lugar 16 a nivel nacional, en el 2012.

El secuestro ha incrementado la aparición de negocios relacionados con la seguridad, pero casi ninguno es accesible a la población media, que no puede pagar este tipo de servicios. La empresa Protecto Galss asegura que nada más en la ciudad de México, a partir del 2005, se presentan unos 56 mil secuestros express en el país, y que 156 mil de ellos ocurren en la ciudad de México. La empresa ofrece blindaje para automóviles pero el paquete más barato cuesta 400 mil pesos. De cualquier forma no se trata de protegerse contra el crimen, cualquier a que sea, sino de evitar que suceda. Los números para el Montielato, que cumple ya 14 años, están en contra de la buena voluntad e intenciones de cualquiera que intente gobernar una entidad en manos del interés particular.

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