* Mientras los líderes del transporte en el Edomex exigen hasta cancelaciones de órdenes de aprehensión y toda clase de concesiones al gobierno estatal, en la Casa de Gobierno ubicada sobre Paseo Colón, Peña Nieto atendía asuntos más relevantes. Era anfitrión de una pequeña recepción para agasajar a los campeones Diablos Rojos del Toluca que arribaban allí encabezados por el portero Alfredo Talavera. En uno de los salones de la casona jugadores, directivos, invitados y gobernante compartían amenos, hubo espacio para autógrafos e incluso para que la actriz Angélica Rivera y los hijos de la feliz pareja posaran para la gráfica del recuerdo.
Elpidio Hernández
El Edomex, habitado por quince millones de habitantes, se ubica como el segundo mercado más grande del país para los transportistas con un promedio de nueve millones de usuarios diarios, que generan una derrama económica de cinco mil 500 millones de pesos anuales, según datos del vocal ejecutivo de la Secretaría del Transporte en la entidad, Guillermo Calderón Vega. Otras versiones indican que las ganancias para el transporte público de la entidad superan los 140 millones de pesos diarios, poco más de 51 mil cien millones de pesos anuales.
El negocio de las dejadas es próspero, al menos para líderes y permisionarios del transporte público que han construido sus emporios respaldados en una red de complicidades y relaciones de poder con el gobierno en turno; los menos son propietarios de múltiples concesiones con capital económico suficiente para incursionar con mayor o menor fortuna en el terreno de la política como alcaldes, funcionarios, operadores políticos o malogrados aspirantes a puestos de elección popular. Uno de los transportistas más exitosos en el Edomex es el empresario Axel García Aguilera, alcalde de Cuautitlán Izcalli en el trienio 1988-1991, subprocurador en el gobierno de Montiel Rojas y propietario de la línea Izgaza, que recorre la ruta Cuautitlán-Atizapán. Otro es Roberto Alcántara Rojas, heredero del Grupo Toluca, imperio forjado por el ex senador mexiquense Jesús Alcántara Miranda, que incluye una obesa flotilla de autobuses. También están los empresarios Vicente Coss Ramírez, Guadalupe Uribe y Román Dávila, considerados caciques del transporte en la entidad.
En tiempos electorales los transportistas no dudan en ofrecer su capital político y nutrido aplauso a todo aquel aspirante que prometa respetarles o ampliarles el negocio; ponen al servicio las inagotables flotillas de autobuses para el acarreo de candidatos, comitivas y simpatizantes. Uno de esos personajes es el abogado y titular de la notaría pública 3 de Cuautitlán Izcalli, Axel García Aguilera, presidente de la Asociación de Alianza de Autotransporte de la República Mexicana, quien ha logrado consolidar un monopolio a través de la línea de camiones y taxis Izgaza, aunque también se le atribuyen participaciones importantes en las Líneas Unidas 13 de Junio y Cuautitlán Izcalli y Anexas.
García Aguilera, emparentado con el extinto profesor Carlos Hank González por contraer matrimonio con una de sus sobrinas, es famoso por su capacidad para comprar voluntades pero también por la violencia utilizada para invadir derroteros ajenos. Amparado en el transporte público, ha logrado forjar una carrera política que tuvo su punto más alto en el sexenio de Arturo Montiel Rojas. En 1988 pasó de transportista a alcalde de Cuautitlán Izcalli, luego a subprocurador general de Justicia y más tarde a fiscal especial para combatir los delitos cometidos por fraccionadores; en 2006 el líder de los ruleteros intentó malogradamente repetir en la alcaldía de Cuautitlán, ahora abanderado por los petistas tras ser expulsado de las filas tricolores.
Durante años García fue señalado por abrir impunemente rutas para sus unidades y las de sus incondicionales, incluso desde hace unos meses taxis de su propiedad son señalados por invadir la base del Metrobús Cuautitlán, apoyados por golpeadores y solapados por las autoridades del transporte mexiquense. A principios de la década de los noventas se recuerdan manifestaciones de protesta de los transportistas encabezadas por el ex alcalde, que en las peleas por rutas y por incremento a las tarifas cerraban calles y bloqueaban los principales accesos a la ciudad de México. La movilización más recordada del líder de los ruleteros se registró en enero de 1995, cuando bloqueó los accesos al Distrito Federal en demanda de cien por ciento de incremento en la tarifa del transporte. En aquellos días y para evitar mayores infortunios, el gobierno estatal le concedió la condonación de multas atrasadas y subsidios en la revista y refrendo vehicular. García Aguilera fue también dirigente de la Alianza de Autotransporte Autónomo del Edomex, organización que durante décadas se caracterizó por facilitar camiones para el traslado de simpatizantes a los mítines de los candidatos del PRI a puestos de elección popular.
Roberto Alcántara Rojas es un acaudalado empresario acambayense dedicado al transporte de largo alcance. Heredó de su padre el Grupo Toluca, que incluye una flotilla de camiones de las líneas Flecha Roja; Flecha Amarilla; Herradura de Plata y Turismo Triángulo Rojo. Es accionista mayoritario y presidente del consejo de administración del consorcio Iamsa -Inversionistas en Transportes Mexicanos- que controla Ómnibus de México, Enlaces Terrestres, Primera Plus y Autobuses del Noreste; además es socio en las aerolíneas Viva Aerobús -que fundó en 2006 en sociedad con el extinto Anthony Ryan, fundador de la irlandesa Ryanair- y Volaris, al lado de Emilio Azcárraga y Pedro Aspe Armella.
El empresario, aliado del Grupo Atlacomulco, participa en el mundo de la política, aunque no lo ha hecho de manera directa como su padre, Jesús Alcántara Miranda, quien fue alcalde, diputado y senador en el Edomex. En 1994 Alcántara Rojas costeó el ineficaz aparato de seguridad que escoltaba a Luis Donaldo Colosio y en la campaña de 2006 fue nombrado por el candidato Roberto Madrazo presidente de la Comisión Nacional de Financiamiento del PRI –cargo que tenía la encomienda de “pasar charola” entre los dueños del dinero para financiar la campaña presidencial-.
Respaldado en su poder económico el político de Acambay intentó en 1992 incursionar como banquero y al lado de otros empresarios adquirió Bancrecer, en 125 millones de dólares; mal administrado, fue uno de los bancos fallidos en la crisis de 1995 y por lo tanto beneficiario del rescate bancario. A finales de los noventas el Ipab -Instituto de Protección al Ahorro Bancario- lo rescató para luego venderlo. “Fue una operación carísima, toda ella con cargo a los contribuyentes”, referían los diarios especializados en finanzas. Para fortuna del acambayense e infortunio del país, en septiembre de 2001 el Ipab vendió el banco, saneado con más de cien mil millones de pesos, en sólo mil seiscientos millones al magnate Roberto González, propietario también de Banorte.
El priista Vicente Coss Ramírez es considerado el mayor concesionario de las líneas de autobuses y vagonetas de Ecatepec-San Pedro-Santa Clara; Periféricos Guadalupanos y Nezahualpilli. Detentador de un poder que le ha alcanzado durante más de tres décadas para controlar la política interna del municipio más poblado del país, Coss ha ocupado la alcaldía municipal durante dos periodos distintos: 1973-1976 y 1991-1993, aunque el primer trienio no logró completarlo al postularse a una curul en el Congreso local. Se le vincula con el extinto Hank González, a quien le facilitó su flotilla cuando el político de Tianguistenco era aspirante a la gubernatura del Edomex. Las decenas de unidades también son administradas por su hijo, Vicente Coss Tirado, el presidente de los transportistas en el Edomex y quien ocupa una curul en el Congreso local; es un personaje inconfundible en el pleno de la Cámara de Diputados por su enroscado y afilado bigote y su vestimenta a la usanza charra.
José Guadalupe Uribe Guevara, presidente del Consejo Nacional del Transporte, es otro de los caciques del transporte. Originario del puerto de Acapulco, inició como vendedor de tacos y trailero. Se le atribuía la propiedad de un negocio de lavado de autos y un salón de fiestas. Personaje corpulento que en la década de los ochentas se adhirió a la CTM creando un grupo de choque, no tardó mucho en utilizar las prácticas que lo caracterizan. En 1987 participó en el enfrentamiento por la titularidad del contrato en la empresa Babcock & Will Co., en el municipio de Ecatepec, donde murieron dos personas; un año después, los grupos de choque de Alberto Juárez Blancas, la CROC y Uribe, en apoyo al líder del Sindicato de Músicos Venus Rey, se enfrentaron en el lobby del Hotel Presidente, zafarrancho transmitido en vivo por la empresa de Emilio Azcárraga. En 1991, con el respaldo económico cetemista obtuvo un financiamiento bancario para comprar sus primeras unidades de transporte y más tarde fundó la Unión de Crédito del Transporte del Estado de México. A partir de ese momento se dedicó por completo a liderar a los transportistas locales. A principios del 2000 su poder era tal que controlaba 40 mil de las 73 mil unidades de transporte que circulaban en la entidad.
Transportistas en Toluca
La mañana del lunes 24 de mayo las céntricas calles de la capital mexiquense fueron inundadas por cientos de taxis y vagonetas pertenecientes a por lo menos medio centenar de organizaciones de la zona norte y oriente de la entidad, representadas por el Frente Revolucionario de Organizaciones del Transporte y la Confederación de Trabajadores Campesinos.
Al menos mil choferes provenientes de Cuautitlán, Coacalco, Zumpango, Cuautitlán Izcalli, Acolman, Tecámac, Atizapán de Zaragoza, Naucalpan y Chicoloapan se instalaron desde las primeras horas del lunes en los portones de la gubernatura mexiquense para exigir la destitución del secretario del Transporte en la entidad, Luis Felipe Puente Espinosa y su asesor Santiago Rocha, a quien acusaron de “hacer y deshacer” en aquella dependencia.
En su pliego petitorio los transportistas exigían al gobernador Peña que concluya el programa de reordenamiento de transporte público iniciado hace siete años por el transexenal Fernando Maldonado –instalado hoy en la Secretaría del Trabajo- para que se regularicen las concesiones, se les otorgue una prórroga de concesión a los colectivos, reconozcan sus bases y liberen sus trámites; pero principalmente para que se termine el hostigamiento por parte de los funcionarios de la dependencia en contra de las unidades adscritas a esas organizaciones.
Los operadores del transporte público intentaban como podían eludir los embates de los treinta grados centígrados de temperatura que se registran a las doce del día en la capital mexiquense; las carpas donde los integrantes del Sindicato Mexicano de Electricistas llegaban al día 26 en huelga de hambre fueron utilizadas por los choferes como parapetos, los más se refugiaron en los arcos del palacete de Lerdo mientras el resto se dio tiempo para curiosear en los aparadores de los vetustos portales. A unos kilómetros de ahí, en la Casa de Gobierno ubicada sobre Paseo Colón, el gobernador atendía asuntos más relevantes. Era anfitrión de una pequeña recepción para agasajar a los campeones Diablos Rojos del Toluca que arribaban allí encabezados por el portero Alfredo Talavera. En uno de los salones de la casona jugadores, directivos, invitados y gobernante compartían amenos, hubo espacio para autógrafos e incluso para que la actriz Angélica Rivera y los hijos de la feliz pareja posaran para la gráfica del recuerdo.
Mientras, en la cercada Plaza de los Mártires una comitiva de manifestantes que buscaban dialogar con el gobernador tuvieron que conformarse con ser atendidos por Alfredo Martínez Belio, coordinador de asesores de la Secretaría General de Gobierno, con quien acordaron cuatro puntos a cambio de no alterar el orden: que se detengan los operativos contra las unidades que no han completado los trámites de concesión, una reunión de trabajo para el jueves 27 de mayo en la sede de la Delegación del Transporte en Naucalpan para tratar los asuntos relativos al concesionamiento y la liberación de unidades detenidas, además de liberar los trámites y que se retiraran las órdenes de aprehensión contra algunos de sus dirigentes, aunque el gobernador asevere que en el Edomex la ley no se negocia.
Semanario Nuestro Tiempo 