* Titulado “La violación sistemática de derechos humanos como política de Estado”, se enfoca exclusivamente en la entidad gobernada hoy por Eruviel Ávila Villegas, el informe se convierte en un viaje de 103 puntos por los casos más importantes de represión en la administración peñista y recoge las historias de San Salvador Atenco, del luchador social Santiago Pérez Alvarado, los feminicidios y obras públicas que han afectado patrimonio de particulares, entre otros puntos, recordando además índices de pobreza y el dinero destinado a la procuración de justicia y sus resultados, además de las recomendaciones emitidas por la estatal Comisión de Derechos Humanos. En este espacio serán recordados, uno por uno, los ejemplos con los que fue elaborado el trabajo y cada semana será publicado íntegramente.
Nuestro Tiempo
En México es ampliamente sabido que el clima de hostigamiento a las y los defensores de derechos humanos va íntimamente ligado a la impunidad. No es coincidencia que la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navi Pillay, en su visita al país en julio de 2011, mencionara que “la impunidad también es con mucha frecuencia la norma, en lugar de la excepción”. También señalaba la importancia de la creación del mecanismo de protección para defensores de derechos humanos.
El Estado de México no es ajeno a este contexto. Como se ha relatado, existen diversos casos que brindan una idea muy precisa de lo que sucede en dicha entidad. La promoción y defensa de los derechos humanos ha tenido como consecuencia que el actuar del gobierno se centre en tratar de revertir cualquier ataque en contra de sus intereses, ya sean económicos o de imagen, llegando a reprimir a quienes se encuentran claramente opuestos a las políticas gubernamentales.
Al respecto, es necesario recordar el caso de Aldo Zamora, campesino tlahuica y defensor de los bosques en San Juan Atzingo, Estado de México, quien fue asesinado el 15 de mayo del 2007, así como de Jorge Arzave, defensor del derecho a la vivienda y a la salud y el de Santiago Pérez, defensor del derecho al agua.
La situación del corredor biológico Ajusco–Chichinautzin, (en donde se encuentra el parque nacional de las Lagunas de Zempoala), ha sufrido sobreexplotación, expansión de la mancha urbana y la tala ilegal de árboles.
Estas actividades ilícitas no han sido perseguidas ni por las autoridades federales ni por las estatales. Por esto, un grupo de gente comprometida con su entorno natural y con su forma de vida y vivienda, decidió proteger el corredor biológico, tocando con ello los intereses económicos y sociales de los talamontes ilegales. Su único propósito al defender los bosques en San Juan Atzingo fue hacer vigente el derecho humano a un medio ambiente sano; por lo tanto, a pesar de no tener una formación oficial, Aldo, don Idelfonso y la familia Zamora se convirtieron en defensores de derechos humanos.
La represión
Haciendo un recuento de lo documentado por el Centro Prodh, Greenpeace y la familia Zamora, en el mes de julio del 2005, el señor Idelfonso Zamora Baldomero junto con Nicolás Hernández Alberto y Alejandro Ramírez Raymundo (autoridades locales de los Bienes Comunales de San Juan Atzingo) viajaban en su auto por la carretera Chalma–Santiaguito en el municipio de Ocuilán, cuando una camioneta manejada por Isaac Hernández Velasco, uno de los hijos de Bartolo Hernández Encarnación (líder de los talamontes que han operado en la zona) le cerró el paso y lo amenazó con una arma de fuego. Esto provocó que el señor Zamora perdiera el control de su vehículo y ocasionara una colisión.
El 18 de enero del 2006, a la altura del paraje Agua Bendita, ubicado en la carretera Santa Martha–Zempoala, en el mismo municipio de Ocuilán, el señor Ildelfonso Zamora viajaba junto con autoridades locales oficiales y tradicionales cuando dos automóviles, conducidos por los hijos del mencionado Bartolo Hernández Encarnación, les cerraron el paso amenazándolos con armas de fuego, hasta hacerlos salir de la carretera.
Otro evento similar ocurrió en el mes de marzo del mismo año, cuando el señor Ildelfonso Zamora junto con Alejandro Ramírez Raymundo y Paulino Neri Carlos fueron perseguidos por un automóvil conducido por Isaac y Jesús de apellidos Hernández Velasco durante su trayecto de Santa Martha a Ocoyotepec en el mismo municipio de Ocuilán, Estado de México.
El 4 de junio del 2006, los hermanos Isaac y Efraín, de apellidos Hernández Velasco, se apersonaron en el domicilio del señor Idelfonso Zamora y el primero le gritó “venimos a matarte por lo que estás haciéndole a mi tío”. Ante el alboroto, los vecinos del lugar se percataron de lo sucedido y decenas de personas acudieron al domicilio, evitando que continuaran las amenazas y logrando que los agresores se retiraran; sin embargo, realizaron alrededor de 40 disparos a unos metros del domicilio de la familia Zamora Gómez. Unos días después, el 11 de junio del 2006, Carlos Gómez Hernández acudió a la casa del señor Zamora profiriendo amenazas de muerte contra la familia del señor Ildelfonso, pero al no obtener respuesta de los familiares que se encontraban al interior, el agresor se retiró.
El 19 de octubre del 2006, los comuneros de San Juan Atzingo organizaron una marcha en el paraje “La Piedra”, municipio de Ocuilán, con el fin de manifestar su inconformidad contra la tala inmoderada y la explotación forestal. Mientras la protesta se desarrollaba en la carretera, personas que viajaba en un automóvil pasaron a unos metros de los manifestantes y, dirigiéndose al señor Ildelfonso Zamora, le gritaron “Tienes tus días contados, si no le bajas te vamos a dar en donde más te duela”. En el mismo mes, el ahora difunto hijo del señor Zamora, Aldo Zamora Gómez, viajaba a bordo de su camioneta junto con su hermana Perla Xóchiltl Zamora y su tía, Nicolaza Ensásetegui Vázquez por la carretera Santiaguito–Chalma, cuando una camioneta comenzó a perseguirlos tratando de sacarlos de la carretera.
En el mes de enero del 2007, Aldo Zamora, hijo primogénito del señor Ildelfonso, viajaba con su tío Juan Zamora Baldomero en su vehículo en el tramo carretero Santiaguito–Chalma, cuando los ya referidos hermanos Hernández Velasco y Carlos Gómez Hernández los persiguieron en su propio automóvil. Al momento en que Aldo Zamora los cuestionó sobre su actuación, Carlos Gómez le dijo “dile a tu padre que se tranquilice o si no tú mismo la vas a pagar, pinche cabrón”.
En los últimos años, los hermanos Aldo y Misael de apellidos Zamora Gómez se habían sumado paulatinamente a la labor ambientalista de su padre, participando en la implantación de proyectos de ecoturismo y de reforestación en la zona. Además, entre junio del 2006 y mayo del 2007 estuvieron trabajando voluntariamente con Greenpeace en la colecta de datos para hacer un estudio sobre los impactos de la tala ilegal en los bosques de San Juan Atzingo.
En diciembre del 2005 Idelfonso Zamora presentó una denuncia ante la Profepa sobre la tala ilegal en la zona, evidenciando con fotografías y videos a los taladores ilegales en flagrancia. Aún con las pruebas, no fue sino hasta noviembre del 2006 que el Ministerio Público Federal solicitó 57 órdenes de aprehensión contra los taladores ilegales, entre los que estaban los responsables del ataque contra Aldo y Misael Zamora. Sin embargo, el 9 de febrero del 2007 estas órdenes de aprehensión no fueron emitidas por el Juez Cuarto de Distrito en materia de Procesos Penales Federales, Gerardo Eduardo García Anzures, pues argumentó que las pruebas eran insuficientes para emitir las órdenes de aprehensión.
Por el desdén del gobierno mexiquense, los defensores de derechos humanos ambientales jamás vieron garantizada su labor de protección ambiental. La escalada de agresiones y violencia resentida en la familia no fueron motivos importantes para que las autoridades del Estado de México diligentemente hicieran uso de sus facultades a fin de investigar los hechos y sancionar a los responsables. Esto, a la postre, provocaría el asesinato de Aldo.
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