Tlatlaya: el horror

* Mujeres sobrevivientes a la ejecución de Tlatlaya, el 30 de junio del 2014, narran las torturas a las que fueron sometidas por funcionarios de la Procuraduría mexiquense. Ahora presas en Tepic, Nayarit, las mujeres cuentan a la CNDH una versión de aquel enfrentamiento y los días posteriores.

 

Miguel Alvarado

“Los elementos militares de la Base de Operaciones de San Antonio del Rosario del Batallón 102/o de la Secretaría de la Defensa Nacional que privaron de la vida arbitrariamente a las víctimas al interior de la bodega, con un uso arbitrario, irracional de la fuerza, son responsables por la violación al derecho humano a la protección a la vida, derecho fundamental que es prerrequisito para el disfrute de los derechos humanos, que otorga sentido al sistema de protección de la persona, y el cual comprende el derecho a no ser privado de la vida arbitrariamente”, dice el dictamen de la Comisión Nacional de Derechos Humanos sobre la ejecución de 22 personas en Tlatlaya, Estado de México. Esa matanza tiene nombres y rostros en un escenario de sangre y arbitrariedades que costó la vida a 22 personas durante un enfrentamiento con el ejército mexicano el 30 de junio del 2014.

LA CNDH documentó también abusos y agresiones sexuales por parte de la Procuraduría estatal contra tres mujeres presentes aquella madrugada y avala la versión del ejército cuando su investigación apunta que, efectivamente, se enfrentó a una banda criminal donde no cabía el término de “guerrilleros”. La ejecución, de cualquier manera, existió para la CNDH.

El batallón 102 del ejército mexicano desató una de las peores matanzas de los últimos años en el Edomex y la culpa directa, hasta hoy, recae en tres soldados acusados de desobedecer órdenes, presos ya desde las leyes militares. Ningún alto mando o funcionario de primer rango ha sido tocado. El informe de la CNDH representará lo más cercano a una explicación por parte del gobierno federal sobre Tlatlaya, sólo una recomendación. El general encargado de la 22 Zona Militar, José Luis Sánchez León, fue removido junto con otros mandos pero ninguno ha sido responsabilizado. La CNDH dice que no cuenta con elementos para probar esa responsabilidad. Los militares al mando desaparecieron en las entrañas de esa burocracia uniformada.

El documento de la CNDH, “Recomendación No. 51/2014 Sobre los hechos ocurridos el 30 de junio de 2014 en Cuadrilla Nueva, comunidad San Pedro Limón, Municipio de Tlatlaya, Estado de México”, sobre la carretera Los Cuervos-Arcelia, entre las comunidades de Ancón de Curieles e Higo Prieto, apunta que todo sucedió a las 4:50 de “la madrugada del 30 de junio de 2014, lugar que por su cercanía a otros municipios, como Tlalchapa, Tlapehuala, Apaxtla de Castrejón y Arcelia, todos en el estado de Guerrero, tiene fuerte presencia de grupos de la delincuencia organizada”.

La Comisión acepta formalmente que 15 de los supuestos sicarios combatidos por los soldados fueron ejecutados después de desarmados en una bodega de San Pedro Limón; que hubo tortura y agresiones sexuales por parte de personal de la Procuraduría del Edomex en contra de tres mujeres presentes en la escena de los hechos y que además esa misma dependencia integró mal las carpetas de investigación.

Mientras el gobernador mexiquense, el priista Eruviel Ávila, felicitaba a los soldados ese mismo día, el drama de Tlatlaya era un escenario de muerte. “Podemos ver que el ejército mexicano actúa con firmeza con acciones concretas y el gobierno del Estado de México le reconoce su participación y le agradece la acción decidida y contundente del día de ayer”, diría en Neza el 1 de julio, durante la firma de un convenio. El funcionario ni siquiera se disculpó. Días después cerró públicamente el tema y dejó en manos de la PGR y la Federación las investigaciones. Habló sobre ello apenas el 21 de octubre, después de la publicación del documento de la CNDH, para decir que no había leído la recomendación pero que la examinaría cuidadosamente. Por su lado, eso fue todo.

La investigación no revela el nombre de ninguno de los involucrados, a quienes se les identifica con claves, pero afirma que esos datos los conocen las autoridades correspondientes, a quienes se les entregaron por separado. Además, 19 cadáveres fueron devueltos a familiares que los reclamaron, excepto el de tres personas, que se depositaron en la fosa común en calidad de desconocidos.

Según la Secretaría de la Defensa Nacional, fueron tres los militares que mataron a “algunos” de los capturados. El informe de la CNDH indica que si bien a los tres soldados, junto con otros 5 relacionados, se les inició una averiguación previa y se les dictó formal prisión, “el personal militar involucrado causó baja del 102/o Batallón de Infantería y alta en diversos organismos de la Secretaría de la Defensa Nacional. Además, a la fecha de emisión de la presente recomendación no se ha iniciado una investigación en contra de AR40, u otros elementos militares que estuvieron presentes en el lugar”. Y contabiliza que al menos cuatro personas fueron heridas a causa del enfrentamiento, otras tres también fueron lesionadas durante fuego cruzado y las 12 restantes fueron asesinadas o, como escribe el informe de manera textual, “privadas arbitrariamente de su vida por personal militar, incluyendo dos adolescentes”.

Los ochos soldados involucrados son identificados como AR1, AR2, AR3, AR4, AR5, AR6, AR7 y AR8, respectivamente, donde AR1 sería el teniente de Infantería Ezequiel Rodríguez Martínez, a quien le tocó atender un llamado que denunciaba la presencia de sujetos en una bodega a 50 kilómetros del lugar. Rodríguez decidió ir sin avisar a sus superiores, según declaraciones de él mismo, y llevar como apoyo a siete soldados, tres de los cuales, al llegar y enfrentarse a los supuestos narcotraficantes, entraron en la bodega donde remataron, al menos, a una decena de personas. Rodríguez señala que esos tres hombres no obedecieron las órdenes. La batalla duró menos de 8 minutos, según los propios soldados. Pero las versiones se encuentran. Ezequiel dice ser desobedecido y los tres soldados aseguran que el teniente dio una “orden roja”, tirar a matar y que ellos la cumplieron al pie de la letra, pues su superior también había ordenado no dejar vivo a nadie.

La CNDH repasa que dos mujeres fueron detenidas y presas “por acopio de armas de fuego y posesión de cartuchos de armas de fuego de uso exclusivo” y enviadas al penal federal femenil Noroeste en Tepic, Nayarit. Ellas, se supo de inmediato, eran Cynthia Estefani Nava y Patricia Flores, en un principio catalogadas como secuestradas por el grupo en la bodega.

Las investigaciones de la Comisión hallaron obstáculos en la Procuraduría mexiquense, que no les entregó material fotográfico de detalles individuales de una sección conocida como Zona 1, “muro norte, donde se encontraron los cadáveres de las víctimas V1, V2, V3, V4 y V5”. El Instituto de Servicios Periciales de la Procuraduría estatal alegó que no tenían más fotos a pesar de que algunas habían sido publicadas en medios de comunicación.

 

La bodega y la matanza

 

La CNDH concluye que cinco soldados entraron a la bodega y la describe lo mejor que puede. Apunta, por ejemplo, que “en su lado poniente, esto es, al frente de la bodega, existen dos cuartos tipo accesorias en obra negra. Estos cuartos al frente serán importantes para el desarrollo de la narrativa de las víctimas sobrevivientes, ya que fueron llevadas a éstos por algunos elementos militares. Adicionalmente, debe señalarse que en la bodega no existen medidas de seguridad (puertas), lo que permite el libre acceso hacia el interior de la misma, y una visibilidad parcial del interior de ésta”.

La construcción tenía el piso de tierra suelta, no había muebles pero sí una porción de grava en el centro de la estructura, que se iluminaba con luz natural ayudada por láminas claras. No hay electricidad. A la hora del combate la luz de la luna iluminaba apenas, dice la Comisión.

Las víctimas, cuyos nombres conoce la CNDH pero no los hará públicos, tienen al menos un lugar de origen. Así, había una niña de 15 años, originaria de Arcelia, víctima que detonó las conjeturas sobre las ejecuciones, y dos jóvenes de 17 años. El resto eran varones de entre  17 y 50 años, la mayoría no pasaba de los 25. Todos eran originarios de Guerrero y sólo uno era de San Pedro Limón, Tlatlaya, en el Estado de México. Había cuatro del municipio de Ajuchitán; cuatro de Totoloapan;  tres de Tlalchapa; seis de Arcelia y cuatro sin lugar de origen. Uno de los testigos afirma que dos personas escaparon de la bodega, los jefes, entre ellos uno conocido como “El Comandante”.

Los sobrevivientes señalan que había dos jóvenes de entre 17 y 20 años, que decían estar secuestrados y que permanecieron con las manos atadas durante el enfrentamiento. Ellos dos también fueron ejecutados por los soldados. La madre de uno de ellos confirmaría los dichos de los testigos. Que vio a su hijo por última vez la noche del 27 de junio, cuando cenaban en su casa. Que luego el hijo salió a dormir al domicilio de un conocido, pues iría a trabajar temprano al otro día en “actividades de pavimentación”. El hijo no llegó a su casa la noche siguiente y su compañero le comunicó a la madre que éste no se había presentado a la labor. El desenlace es la misma tragedia. “Empezó a preguntar en la comunidad de Tenancingo, municipio de Tlalchapa, Guerrero, por su hijo, y unos vecinos del lugar le dijeron que lo habían visto el viernes 27 de junio aproximadamente a las 23 horas con unas mujeres que lo habían entregado a integrantes de la organización criminal 1. Esas mujeres fueron a su casa y la amenazaron de que “no hiciera nada”, porque si no la persona de Apodo 1 la iba a matar; fue hasta el martes 1 de julio de 2014, que esas mismas mujeres la buscaron para decirle que recogiera el cuerpo de su hijo en el Servicio Médico Forense de Toluca, porque había muerto en una “balacera”. No se puede establecer una verdad, al menos desde lo oficial, pero más familiares de los muertos aportaban datos similares.  Seis padres indicaron que sus hijos fueron secuestrados entre enero y junio del 2014, obligados a trabajar para un cártel.

Sobre el enfrentamiento las versiones varían. La primera, emitida por la Sedena, narra que los ocho soldados patrullaban esa zona a las 5:30 de la mañana. Al pasar por la bodega, uno de los militares vio una persona armada. Los soldados fueron recibidos a balazos y uno cayó herido. Luego de unos minutos los agresores dejaron de disparar. Los soldados entraron en la bodega y vieron a las tres mujeres, dos de ellas atadas, refugiadas detrás de una camioneta gris y una escondida en el asiento del copiloto de una unidad blanca. A las 6:40 llegaron los refuerzos militares.

Una de las sobrevivientes tiene su propia crónica. Fue ella quien desató la investigación sobre las ejecuciones. Es madre de la niña Érika Gómez Esquivel, de 15 años. La madre fue entrevistada por la revista Esquire pero a la CNDH le contó que su hija “se juntaba con malas amistades” desde febrero del 2014, cuando se salió de su casa, en compañía de una amiga. La madre estaba en San Pedro Limón porque le habían dicho que allí estaba Érika, quien viajaba en “una camioneta de instalación de servicios de televisión, acompañada de un joven”. El 29 de junio una llamada le diría que la niña estaba bien y que podría verla frente al hospital de San Pedro Limón. Allí la encontró, acompañada de tres hombres en una camioneta negra. Uno de ellos, empistolado, obligó a subir a la madre y todos se dirigieron a la bodega, donde estaban más hombres con armas cortas, tatuados. Le quitaron el celular y la sentaron en un rincón. Ella dice que había otras dos mujeres. La hija, dice, se quedó en la camioneta negra.

Pasadas las horas, alguien gritó que “ya nos cayeron los contras”. Luego comenzaron a disparar. Una voz desde afuera decía que “¡ríndanse, somos el ejército!” y otra informaba que “¡ríndanse, les vamos a perdonar la vida!”.

La CNDH dice que la mujer se quedó resguardada en la esquina superior izquierda de la bodega, “lugar al que llegaron dos mujeres y dos hombres. Estos últimos les tendieron las cobijas a las mujeres y les dijeron que se acostaran boca abajo para que les amarraran las manos hacia atrás, indicándoles que dijeran que estaban secuestradas, y a ella le dijeron que “ella no dijera nada porque le iba a ir peor”. Momentos después, llegaron unos militares hasta donde estaban y las mujeres amarradas gritaron “¡no disparen, somos secuestradas!”, por lo que las desamarraron y las llevaron a otra área, en donde fueron interrogadas por elementos del ejército”.  Hasta ahí el relato varía en algunos detalles entre la declaración ministerial y lo recabado por la CNDH pero presenta el mismo desarrollo”.

Luego, la madre, maestra de escuela también, vio que su hija estaba herida, junto con dos muchachos, gracias a que un carro militar alumbraba dentro. Le tomó el pulso. Eran las siete de la mañana. También que algunos jóvenes están vivos. Luego, todo cambia. Los militares sacan a los jóvenes uno por uno y los ejecutan junto a una de las paredes. Confirma que fueron tres los soldados que al principio entraron a la bodega. Fueron ellos quienes encontraron a las mujeres atadas y a ella misma también.

Antes de ejecutarlos, los hombres fueron interrogados. Un soldado con una lámpara pregunta edad y apodo. Luego, alguien les disparaba. El diario de Toluca, Alfa, en la columna “Malditas Dudas”, pregunta si ese soldado era el capitán Carlos Manuel García Laine, también encargado de ese batallón y representante del ejército en actos públicos en el sur estatal.

“Ella pudo escuchar cómo se quejaban. Señala que en total los elementos militares habrían disparado a aproximadamente nueve personas. Ante las preguntas del representante social de la Federación aclaró que a las personas rendidas que les dispararon en el muro de lado izquierdo de la bodega, las hincaban. Después de herir a esas personas, los militares, que eran aproximadamente tres, caminan por el lado derecho de la bodega y en ese lugar ya no los podía ver, sin embargo, continuó escuchando disparos. Al concluir los disparos, el militar que las estaba cuidando las llevó a ella y a las otras cuatro personas que se encontraban ahí a la caseta ubicada del lado derecho de la bodega. Aproximadamente a las 7 horas llegó una persona que describe “alta, de bigote, con uniforme diferente al de los demás militares”, se acercó a los dos jóvenes y les preguntó en qué trabajaban y su edad, y les dijo que “los acompañara, que les iban a tomar una foto”, y los sacó de dicho cuarto. En ese momento escuchó disparos provenientes del fondo del cuarto, y ve entrar de nuevo a la persona uniformada pero ya sin los dos muchachos. Refiere que este militar se dirigió en tono molesto con ella indicando que “si no cooperaba, él se encargaría de llevarla a la cárcel”’.

 

Cynthia y Patricia

 

Las otras dos mujeres que habían permanecido amarrados diciendo que estaban secuestradas también tienen su historia. La CNDH considera que sus declaraciones fueron obtenidas con tortura para saber la relación que tenían con los ejecutados y “se autoincriminaran, pero también para que no declararan respecto a la forma en la que se había dado muerte a las 22 personas que fallecieron al interior de la bodega”. Ellas son Cynthia Estefani Nava y Patricia Flores.

Una de ellas, secuestrada por 8 hombres armados, entre el 16 y el 21 de junio mientras estaba en un balneario en Cuauhlotitlán, en Arcelia, Guerrero, refiere en parte la misma historia. Sostiene que había sido secuestrada mientras estaba en compañía de Érika Gómez González, quien conocía ya a los pistoleros. Durante el cautiverio es violada y obligada a beber y drogarse. Sus secuestradores elegían el monte para transitar porque “había mucha ley”. Días después llegan a la bodega donde unos 20 hombres beben y se drogan. Los relatos coinciden en lo general pero la mujer precisa que los militares paran a cinco hombres contra la pared, heridos y desarmados y los matan uno por uno. Otro más es ejecutado. Luego arrastran los cuerpos, los juntan. También dice que dos jefes de la banda “se dieron a la fuga”. A uno de ellos lo llamaban “El Comandante”. A ella los militares la encerraron en un cuarto junto con otros dos jóvenes, los secuestrados, a quienes sacaron luego “para tomarles una foto” pero ya no regresaron. Quedaron tirados en la bodega, también ejecutados. Relata que uno de los militares ordenaba que “los que estén vivos o heridos vuélvanles a disparar”.

La otra mujer también habría sido secuestrada de la misma forma, en Palmar Chico, Edomex, el 27 de junio del 2014, aunque luego dijo a la PGJEM que estaba contratada con los armados porque necesitaba dinero y a ellos les ofrecía sexoservicio. La CNDH recabó una versión donde ella caminaba en Tlapehuala, Guerrero y es subida a la fuerza a una camioneta. El resto de la historia es similar a la de la otra testigo.

Lo mismo pasa con pobladores que vive en las cercanías. Uno de ellos declara “que cuando se escuchaba, ¡pum! ¡pum! su esposa le decía “están matando a los guachitos, viejo”, refiriéndose a los jóvenes armados. Indicó que ese sonido de dos tiros pausados, lo escuchó alrededor de unas diez o doce veces. Dejó de escuchar detonaciones alrededor de las 5:00 o 5:30. Sin embargo, manifestó que alrededor de las 6:00 horas, “como que despertó alguien de los que estaba tirados” porque se escuchó de nuevo la ráfaga “¡Tatatatatatatatatata!” y posteriormente se escucharon otros tiros pausados y detonantes, como los del ejército. Para las 6:15 horas ya no se volvieron a escuchar detonaciones”. Pero confirma que dos personas, los jefes, habían huido. Una camioneta los esperaba mientras algunos soldados los perseguían.

Otro testigo, la esposa de uno de los hombres armados, recibió la llamada de su esposo avisándole  que los detendrían y que podría necesitar un abogado. Algunos testigos indirectos describen a los jóvenes de las camionetas en las cuales supuestamente secuestraban como no mayores de 25 años, vestidos con uniformes militares o playeras de la Marina pero con huaraches.

La CNDH concluye que hubo 15 ejecutados porque “la posición predominante del victimario fue de frente a su víctima, esto de acuerdo con las características de las heridas que presentaron los 22 cadáveres, encontrándose la boca del cañón a más de 60 centímetros”. Una de las víctimas estaba desnucada. Los otros fueron muertos durante el combate. La PGR concluye lo mismo: “durante el enfrentamiento el personal del ejército mexicano ingresó en el inmueble realizando por lo menos siete disparos más” y especula que al menos dos ejecuciones y el acomodo de cuerpos se realizaron cuando ya estaban presentes otros batallones del ejército como el 41 de Chilpancingo y el 34 de Ciudad de Altamirano, basados en poblaciones cercanas. Una de las sobrevivientes declara a la Marina que hay otras casas de seguridad, con 10 ó 12 secuestrados en las inmediaciones. Una búsqueda inmediata durante tres horas no arroja resultados.

 

Las torturas de la Procuraduría

 

Las sobrevivientes, Cynthia y Patricia,  fueron trasladadas a Toluca para rendir declaración. Llegaron a la Fiscalía de Asuntos Especiales, donde “fueron maltratadas por personal adscrito a dicha agencia, con la finalidad de que confesaran su relación con algunas de las personas que fallecieron el 30 de junio de 2014, así como otros presuntos miembros de la delincuencia organizada, pero también, para que omitieran declarar respecto a la forma en la que se había dado muerte a las personas al interior de la bodega”.

El reporte 21338A000/IV/664/14 de la Unidad de Derechos Humanos de la Subprocuraduría Jurídica de la PGJEM, firmado por la agente del Ministerio Público adscrito a la Mesa Cuatro de la Fiscalía de Asuntos Especiales trata de exculpar a la PGJEM asegurando que los agentes ministeriales no violaron ningún tipo de derechos y que las declaraciones de las mujeres fueron realizadas voluntariamente. Las versiones de Cynthia y Patricia son otras.

Una afirma que lo primero que los agentes le pidieron fue la contraseña de su muro en Facebook mientras se encontraba en una oficina, llevada allí por un abogado calvo, de unos 35 años. En ese lugar había otras tres personas, entre ellas una mujer, que le hacían preguntas. “El oficial calvo le dice que la iban a hacer hablar, que tenía una forma de hacer hablar a la gente sin que se le notaran los golpes”.

El relato de la sobreviviente es el comienzo de una pesadilla. “Otra de las personas abrió la computadora y la buscó en Facebook, mientras otro la sujetaba. En esta red social abrieron la fotografía de un varón, que era su hermano y le dijeron: “ha de ser tu macho”. La bajaron de la silla a jalones y el que abrió su Facebook la sostuvo de las manos. El hombre calvo le pateaba los costados de su cuerpo, y la amenazó de hacerle daño a su familia, diciéndole que “no les costaba nada poner sus manos en las armas”. Posteriormente la levantaron del cabello y la sentaron en la silla, preguntándole “quién era el (líder) de ahí” (con palabras altisonantes), y que ella era la mujer de alguno de ellos, que debía decir a qué “sicarios” conocía. Cuando ella contestaba que no sabía le pegaban en la cara y en la cabeza con los nudillos. Además, le mostraron la fotografía de una mujer, que al parecer era la pareja de un presunto delincuente, para que la identificara, y al responder que no sabía le decían: “ahora resulta que te vienes a hacer la inocente”. Esto duró aproximadamente 30 minutos. Después, la amenazaron de no decir nada de lo ocurrido, amenazándola que de lo contrario “su hija quedaría en un orfanato”.

Al otro día en la madrugada es trasladada a otro lugar, a unos 20 minutos de las instalaciones anteriores. Allí es torturada con toda formalidad. La meten a un baño donde se encuentran tres hombres que le dicen a bocajarro que ellos hacían que hasta los muertos hablaran. La golpean. Le jalan el cabello, le pegan en las costillas y “con una bolsa de una tienda “como de mandado”, la asfixiaron en nariz y boca, sin poderse mover porque le colocaron los brazos y piernas cruzadas por la espalda. Intercalaban la interrogación y la bolsa durante varios minutos, alrededor de tres veces, hasta que uno dijo: “esa vieja se nos va a morir”. Posteriormente, metieron su cabeza a la taza del baño, alrededor de cuatro veces. Le decían que tenía que decir que las personas que fallecieron “habían matado a diez”, a quienes pusieron en bolsas negras, y que ella daba de comer a los secuestrados”.

La mujer refiere también que un hombre la amenaza con violarla, después de hacerle preguntas sexuales y de bajarse el pantalón. Le ordena que se incline y es cuando la sobreviviente se quiebra. Acepta firmar cualquier cosa, sin asesoría de un abogado, sin leer los papeles que le habían dado, incomunicada.

La segunda sobreviviente relata que al llegar a Toluca, a lo que ella cree son las oficinas de la Procuraduría, es llevada a una oficina donde también le piden su contraseña de Facebook. Dice que no la recuerda y la trasladan a otra estancia donde una abogada, que se le había acercado inicialmente desde la bodega en Tlatlaya, la llama “mentirosa”. Recuerda haber sido llevada a otro edificio, donde la meten a un baño, junto con la primera sobreviviente. Allí las dividen, cada una en uno. En el baño que le toca hay seis hombres y uno de ellos le dice que si “quiere que la traten como persona o como animal, aquí sabemos pegarle a las personas sin que se note”. Entre todos le comienzan a dar golpes en la cabeza con los nudillos y las palmas, y la insultaban, hasta que uno de ellos sacó una bolsa de una tienda “como de mandado”, y la agarraron de los pies y manos y otra persona las jalaba, al tiempo que le tapaban la nariz y boca con la bolsa de plástico. En ese momento sintió que quería llorar, y que no podía respirar, ya que hicieron esta maniobra de asfixia en cinco ocasiones. Al intentar librarse, el que la tomaba de las manos le preguntaba “si ya iba a hablar”. Después, sacaron una lista con nombres y le dijeron que lo que le preguntara, tendrían que decir que sí; la enfocaron con una cámara de videograbación y le hacían preguntas sobre personas”.

En otro cuarto, otra persona le hace preguntas sexuales, la insulta por su trabajo, el sexoservicio, y recibe amenazas de violación. Luego la llevan a otra habitación y le dan un montón de papeles para firmar. Algo similar le sucedió a la madre de Erika, llevada en calidad de testigo a la PGJEM, pues narra que una persona le dijo que “si no cooperaban, las iban a violar”.

De cualquier manera, la CNDH señala que no es posible determinar quiénes son los funcionarios mexiquenses involucrados, pero apunta que las torturas fueron realizadas en las instalaciones de la Procuraduría.

La Comisión recomienda, entre otros, al gobernador del Edomex, Eruviel Ávila, lo que dicta el protocolo. Que pague daños a los afectados. Que instruya al personal de la PGJEM para que se porten bien. Que los ministeriales reciban cursos de capacitación, incluyendo conocimientos sobre derechos humanos. Que colabore con la CNDH para saber quiénes fueron. Y eso es todo.

Al conocerse la balacera el 30 de junio, el gobierno especulaba sobre el grupo de criminales al que pertenecían los muertos. Se mencionó a Guerreros Unidos y luego a La Familia Michoacana pero esa información no se comprobó. Después voces públicas como el periodista Francisco Cruz, autor de los libros “Tierra Narca” y “La Biografía no Autorizada de Enrique Peña”, señalaron que los muertos pueden estar relacionados, más que con el narco, con grupos guerrilleros afines a autodefensas de Guerrero. Las siglas del ERPI, el EPR y FAR-lp se unieron en una conexión mucha más compleja, profundizada después por la desaparición de 43 normalistas en Iguala, detenidos por policías municipales.

Tlatlaya exhibe al gobierno mexiquense como Iguala a la Federación y a los partidos políticos. Pero no se dan por enterados.

El Barco Ebrio

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El diputado perredista Octavio Martínez no tiene idea todavía de lo que ha destapado el hallazgo de cuerpos humanos en el río de Los Remedios, donde había 21 cuerpos, 16 de ellos de mujeres, diría después la también diputada local perredista, Ana Yurixi Leyva. Pero si Martínez tiene idea, deberá entender que las muertes de aquellas mujeres están relacionadas con el narcotráfico en una zona, Ecatepec, donde aquella actividad –qué raro- está protegida por autoridades policiacas y locales. La tierra del actual gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila, es ahora un cementerio de aguas negras donde apenas se “descubre” la cantidad de mujeres asesinadas. El narcotráfico, los gobiernos y las policías actúan de la mano, coordinadas y el Estado de México no es la excepción, con sus 922 casos de feminicidio.

 

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El diputado Octavio Martínez ha tratado lo mejor posible ese caso, al darlo a conocer a la opinión pública. De todas maneras se sabe en los pasillos del Congreso estatal que habría recibido amenazas intimidatorias. Muy grave, pues. Lo que sí recibió fue un “regaño” por parte de la Procuraduría estatal, que lo reconvino por las denuncias que realizó. La PGJEM primero lo llamó irresponsable; después el secretario de Gobierno, José Manzur, señaló que los restos hallado eran de animales y después que el dragado de aquel río, el de Los Remedios, era parte de un programa de limpieza y no la orden de un juez que buscaba los cuerpos de jovencitas asesinadas por una banda de narcomenudistas. Octavio Martínez es toda una figura en Ecatepec, donde será postulado por el PRD para la alcaldía local. Pero si Martínez es conocido, lo es más el abogado Carlos Mata, defensor de uno de los asesinos ya presos. Los relatos que ha contado sobre el salvajismo de los adolescentes criminales eriza la piel. Mata está dispuesto a contar las historias porque sabe lo que significan. Defiende casos indefendibles pero al hacerlo pone al descubierto una de las escenas más podridas de la sociedad mexiquense.

 

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Uno que no conoce los límites y que sostiene que el mundo es de los aventados es el tío de sangre del presidente, Enrique Peña, el exgobernador mexiquense Arturo Montiel Rojas, quien ya hace  campaña interna para conseguir una diputación federal plurinominal. Dicen los que saben que habla y mucho con el presidente nacional del PRI, otro exgobernador mexiquense, César Camacho Quiroz, a quien le pide de todas las maneras, todas amables, claro, que le eche la mano para que se le haga un lugarcito en aquella selecta lista tricolor, que tiene como misión seguir administrando la parte de miseria mexicana que le corresponde.

 

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Montiel se placea, él solito, por algunos sitios públicos como el estadio de futbol de La Bombonera, donde se tomó “la foto p’al Face” con algunos aficionados y admiradores. También acude a eventos públicos y se sienta en presídiums todavía muy discretos. Pero sabe que tiene las canicas en la bolsa. Fue aplaudido a rabiar por unos cinco minutos en una de las despedidas de Peña, en el teatro Morelos, en el 2011, por ejemplo. Él hizo a Peña, aunque no le quedó tan bien. Y si no, al menos se lo presentó a Carlos Salinas.

 

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La aspiración de Montiel es legal, pero nada más, y llega en el momento más inoportuno para su partido. César Camacho, ahogado en una de las crisis de credibilidad más severas del tricolor y donde el tema de Ayotzinapa amenaza con quitarle lo obtenido con Peña, declara el 22 de octubre desde su trinchera que va con todo contra la corrupción, que se compromete con la legalidad, la transparencia y la rendición de cuentas. Estos políticos son un espectáculo circense. Payasos, sí, pero ensangrentados.

 

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Desde Zitácuaro, Michoacán, reportan la desaparición de niños, secuestrados la mayoría por un grupo de personas disfrazadas de payasos y que viajan en una camioneta blanca. Llegan a las escuelas, los atraen y se los llevan. Hace una semana hicieron esa operación en un centro escolar pero los padres pudieron rescatar a los niños, no a todos. Días después, en una presa cercana a esa cabecera municipal, aparecieron 20 de ellos muertos, abiertos desde la garganta hasta el abdomen, abiertos quirúrgicamente.

 

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A los cuerpos los rellenaron con dinero, dicen que no más de 5 mil pesos y una nota que dice “gracias por la donación”. Los padres y la ciudadanía afirma que en los casos están involucrados trabajadores de Protección Civil y empleados del ayuntamiento. El alcalde de Zitácuaro, Juan Carlos Campos Ponce, niega todo, incluso las muertes. Zitácuaro es una frontera michoacana con el Estado de México, a una hora y media de Toluca, la capital mexiquense.

 

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Los niños o jóvenes asesinados para extraerles los órganos no aparecen solamente en Zitácuaro. Es un caso que tiene algunos meses en la comunidad de San Pablo Autopan, donde se afirma que hay al menos 20 muchachos desaparecidos y cuatro, al menos, encontrados muertos con dinero en su cuerpo y la consabida nota de agradecimiento.

 

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Luego de Tlatlaya, Ayotzinapa y las muertas de Los Remedios, resulta una frivolidad la preparación de las elecciones del 2015, donde ya todos los partidos han elegido a sus candidatos. Así, los frívolos aspirantes comienzan el juego de siempre. Aparecen en tele, en radio, en redes sociales todos bien vestidos y trajeados o haciendo una labor de suma importancia. Las palabras, las mismas, las frases y las promesas, las mismas. Las caras y los apellidos, los mismos. Lo que ha cambiado es el electorado, que se le percibe golpeado, harto, dolorido, manchado de sangre, hambriento. ¿De qué tamaño es por ejemplo, la fosa líquida de Los Remedios? ¿O río Lerma y su Verdiguel hipercontaminado? ¿Cuántos narcofosas hay en el sur mexiquense, en Luvianos o Amatepec, por ejemplo?

 

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Al gobernador Eruviel Ávila se le perfila como aspirante a la presidencia de México. En otra frivolidad de la política, pero ésta grave porque se impulsa a un hombre chato, gris, sin decisiones propias, pero sobre todo ajeno a la ciudadanía. Hace mucho que se sabe que cualquiera puede ser presidente de México, como los ejemplos últimos pero también la historia nos lo recuerda, pero uno más egresado de la escuela peñista terminará de partir, desintegrar al país. Nadie necesita en el poder a Eruviel Ávila, pero tampoco a la gran mayoría política de cualquier partido.

Polvo en el silencio

* Libros así, Polvo en el Silencio, de Juan Carlos Barreto (Toluca, IMC, 2014) y luego las cosas afuera y las que pasan adentro prologan una eternidad que termina por suceder y sucede pero de otra manera, como si el dictado de eso que ordena experimentara interferencias, como una canción escuchada al paso, por la calle, en la tienda de las televisiones.

 

Miguel Alvarado

Paisajes así, sacados de una serie de televisión que retrata la mexicana miseria, casi siempre en ciudades agigantadas de suciedad y pena, con hombres y mujeres y a veces niños caminando por allí vestidos de Dior o calzando Panam, de mano limosnera entre el tráfico de audis o camiones atestados o vacíos y las ventanas abiertas, algunas que no existen, por donde se mete el viento, los árboles.

Fosas así, tan de moda porque hay para todos.

Vistas así, palabras de todas maneras ruidosas como un desgarro de nubes o cenizas, cigarros a medias a las cuatro de la noche y la urgencia por alargar, terminar nunca de “nombrar lo que corresponde y deje aullar el silencio”.

Libros así, Polvo en el Silencio, de Juan Carlos Barreto (Toluca, IMC, 2014) y luego las cosas afuera y las que pasan adentro prologan una eternidad que termina por suceder y sucede pero de otra manera, como si el dictado de eso que ordena experimentara interferencias, como una canción escuchada al paso, por la calle, en la tienda de las televisiones.

O las que no las dices, como si eso estuviera permitido, como una tristeza que gusta.

Palabras así apenas se hallan en un tiempo donde la mayoría se ocupa porque sí y porque así debe ser, de sí misma. Que entienden liberadas del yugo de quien las dijo, las escribe y entonces… ¿qué, entonces? El entorno está allí, el polvo y el silencio.

O por ejemplo las que viven en un soplo del tiempo, observadas casi de reojo “como contemplaste el río en que bañaste los pies de tu infancia y veas, María de la Luz, la luz del agua”. Entonces observamos y fumamos. Fumo yo, porque tal vez ya no fumes y sigas ocupando cacharros electrónicos comprados en Sanborn’s que ningún bien te hacen.

O el poso de los días, caminata semanal a las entrañas de una ciudad que no expele. Dices mierda, como si rezaras porque sabes que al final es lo mismo, que “da igual, sobreviene el naufragio”.

Ruidos así, circulares.

Paisajes así, sacados de retratos de millares de rostros, unos sonrientes porque a veces se vale la risa y otros como si no pudieran imprimirse ni siquiera en la serigrafía de tarjetas de presentación o camisetas arrebatadas como un capricho.

“No hago nada, pienso”. Yo también pienso que no hago nada.

Uno se hunde pero luego sale, hasta desdeñoso y se agarra. Naufragios como esos de lluvias o soles o las hojas secas o blancas de árboles y libretas. Hojas, pues. Ojas, pues.

Esos como hundimientos, ruidos así, circulares.

No hay nada qué decir porque ya lo dijiste todo.

 

* Juan Carlos Barreto.

Polvo en el Silencio.

IMC, Toluca, México; 2014.

La justicia del miedo

* “Pedir justicia es como caminar a ciegas en un terreno desconocido; nadie te explica a dónde tienes qué acudir o cuáles son tus derechos como víctima. Al contrario, siempre te recuerdan que el agresor tiene derechos”, contó el padre de una joven asesinada en el municipio de Atizapán de Zaragoza.

 

Anaiz Zamora Márquez/ Cimacnoticias

El Sistema Nacional para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (SNPSEVM) aún no logra concluir la investigación sobre violencia feminicida en el Estado de México, que le ordenó un Juez de Distrito desde abril pasado, mientras que grupos civiles aseguran que las desapariciones de mujeres se incrementan a la par del temor de las familias por denunciar los delitos.

En diversos recorridos que Cimacnoticias realizó a municipios del Edomex, anteriormente gobernada por Enrique Peña Nieto –ahora titular del Ejecutivo federal–, se pudo constatar que el temor de las familias a represalias (por parte de autoridades o grupos criminales) ha acallado las denuncias de desapariciones y asesinatos de mujeres en la entidad.

Madres de víctimas de feminicidio y desaparición, que pidieron el anonimato por razones de seguridad, aseguraron tener temor de acudir a los Centros de Justicia, ministerios públicos (MP) o procuradurías locales debido a los malos tratos del personal judicial, y a que se han registrado agresiones a quienes exigen respuestas.

Algunas más dijeron que consideran “una pérdida de tiempo y de recursos económicos” acudir a las instancias de justicia, pues cuando lo hacen la respuesta común es que “no existe ningún avance en su caso”.

Las mujeres coincidieron en que debido a que muchas personas deciden no denunciar, las autoridades aseguran en los medios de comunicación que el feminicidio “no es tan grave”, pero la realidad es que hay un temor constante de las familias para alzar la voz.

Tal es el caso de las familias de tres jóvenes desaparecidas en el municipio de Tecámac, quienes en un primer momento denunciaron, pero ante amenazas recibidas desistieron y aunque organizaciones civiles mexiquenses exigen la ubicación con vida de las jóvenes, las familias decidieron no ejercer más presión.

“Un día fui a pedir informes sobre el avance en la investigación del caso de mi hija (a quien asesinaron a unas cuadras de mi casa); (pero) por la noche se metieron a mi casa y me golpearon; quiero justicia pero reclamarla es arriesgar mi vida”, contó una de las madres a Cimacnoticias.

Otra de ellas aseguró que acudir a los MP o a la procuraduría mexiquense “es revivir de la manera más cruda el dolor de la ausencia (de su hija)”, pues ha sido cuestionada por las autoridades sobre la forma en que “educó a su hija”, o la posibilidad de que ella haya sido responsable de su desaparición.

“Yo me tuve que conformar con que pusieran la foto y el nombre de mi hija (de 14 años de edad) en la lista de personas extraviadas y ausentes; me ayudaron con unas copias y yo saqué otras más, que pegué en todas las estaciones del Metro por las que ella pasaba”, relató otra de ellas.

Organizaciones mexiquenses aseguran que debido a la complejidad del Edomex ha sido muy complicado crear redes de apoyo entre las familias de las víctimas, por lo que mucha de la información que obtienen es con base en los diarios y con personas que de repente les cuentan los casos y les presentan a las familias.

“Pedir justicia es como caminar a ciegas en un terreno desconocido; nadie te explica a dónde tienes qué acudir o cuáles son tus derechos como víctima. Al contrario, siempre te recuerdan que el agresor tiene derechos”, contó el padre de una joven asesinada en el municipio de Atizapán de Zaragoza.

En días recientes se reportó que al drenar el canal de aguas negras conocido como Río de los Remedios (ubicado en una avenida sumamente solitaria y poco iluminada en los límites entre los municipios de Nezahualcóyotl y Ecatepec) fueron localizados los restos de personas desaparecidas.

De acuerdo con la información difundida por el diputado local por el PRD, Octavio Martínez, el total de cuerpos encontrados es de 21, mientras que la organización Solidaridad por las Familias asegura que los cuerpos ubicados en el Río de los Remedios no son los únicos, y que en total se han localizado los restos de 46 personas.

Según ambas fuentes, la mayoría de los cadáveres corresponden a mujeres.

En un comunicado, el gobierno del Edomex encabezado por Eruviel Ávila Villegas –quien se ha negado a recibir al Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), organización que pugna por la activación de la Alerta de Violencia de Género (AVG) en el estado– se limitó a confirmar que se habían localizado restos, pero que aún se desconocía si “eran humanos”.

Desde diciembre de 2010, el OCNF y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) señalaron la extrema violencia que enfrentaban las mexiquenses, y solicitaron la activación de la AVG al SNPASEVM ante los 922 asesinatos de mujeres ocurridos entre 2005 y 2010, durante la gestión de Peña Nieto.

Ante la negativa del Sistema por investigar la violencia feminicida y eventualmente declarar la AVG, ambas organizaciones interpusieron un amparo, que finalmente y luego de varios intentos del gobierno federal por dar “carpetazo” al asunto, en abril pasado el Juez Noveno de Distrito mandató realizar la investigación.

Pese a que han transcurrido seis meses y las activistas han sido constantes en su demanda de una investigación urgente, hasta ahora no se conocen los resultados de la misma, que cabe mencionar realizan representantes de instancias gubernamentales.

En septiembre pasado Yuridia Rodríguez, asesora jurídica del OCNF, informó que las autoridades encargadas del informe se estaban limitando a pedir información al gobierno del estado y a  enviar cuestionarios a las víctimas y las organizaciones civiles.

Advirtió que por tanto el informe no implicaría ninguna sanción a las y los funcionarios que hayan incurrido en anomalías.

Debido a que el informe se realiza con base en el pasado Reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, no existe un plazo para que se presenten las conclusiones.

Paisaje

Miguel Alvarado

Sólo que el aire oliera a soldado y

llevara en el viento la sangre y la rosa

los ojos abiertos por una bala.

 

Es un agujero la palabra

la boca retorcida de una fosa

donde dios está enterrando.

Dictadura perfecta

* La manipulación que ejerce la televisión es mostrada de manera magistral, sus alcances son ilimitados mientras exista una masa humana que los vea y les crea, explotando sus pensamientos y sentimientos, los productores son capaces de convertir en héroe al más tonto y si se lo proponen hasta mostrarlo como el más inteligente.

 

Luis Zamora Calzada

“Hijos de su… nos han visto la cara, ¿cómo es posible que nos engañen tanto…?”, decía entre otras cosas una señora sentada en la fila anterior a donde estábamos ubicados, su acompañante le contestaba en tono indefinible: “son chingaderas, siempre se los dije, nos mangonean sin que nos demos cuenta, es verdad que cada quién tiene lo que quiere,… nos lo merecemos por…”, continuaba.

Conforme las escenas avanzaban, los comentarios se desgranaban como maíz de una mazorca, fueron diversos y de diferentes significados, reflejando inconformidad, coraje, auto castigo entre otros.

Los hechos ocurrieron en una sala de cine, donde se proyectó la película “La Dictadura Perfecta”, el pasado 16 de octubre, dejando al descubierto lo que llaman en el comercio de la televisión la “caja chica”, consistente en la estrategia para editar e imponer una realidad inexistente en los amables televidentes, utilizada para diluir el impacto en la sociedad de escándalos, errores, desaciertos, violaciones al estado de derecho entre otros, cometidas por la llamada clase política, que paga según se muestra una fortuna económica para construirse una imagen, eliminar obstáculos, rivales y todo lo que se ponga en frente de sus ambiciones.

La manipulación que ejerce la televisión es mostrada de manera magistral, sus alcances son ilimitados mientras exista una masa humana que los vea y les crea, explotando sus pensamientos y sentimientos, los productores son capaces de convertir en héroe al más tonto y si se lo proponen hasta mostrarlo como el más inteligente.

El contenido de la película es la descripción de un proceso de imposición de una realidad ficticia, personajes y dramas colocados en el imaginario social, hasta construirlos como verdades en los menos informados.

La tesis planteada es el papel de elector único que jugarán las televisoras en la elección del presidente de la república para el período 2018-2024. Las despensas, la compra del voto, los utilitarios, los programas asistenciales de instancias gubernativas, la pinta de bardas, propaganda excesiva entre otros, son adicionales, simples complementos, el éxito está en la tele y en quienes no cuestionan la realidad impuesta, vale la pena ver la dictadura perfecta y formarse una opinión al respecto.

 

 

“Sube la gasolina”

 

Los lamentables hechos ocurridos el 30 de junio del 2014 en Tlatlaya, la muerte de veintidós civiles en manos del ejército sin juicio alguno y que sólo gracias a la presión internacional condujo a la cárcel a algunos militares, más la destitución del responsable de la zona militar a la que pertenecían, sin cerrarse aún el caso…

El despertar académico e independista del Instituto Politécnico Nacional, que logró la suspensión definitiva de planes reformados en perjuicio de sus carreras y la invalidez del reglamento interior, entre otros, continuando con una lucha para lograr su  autonomía  institucional, con marchas anunciadas y paros de labores en proceso.

La atrocidad de la muerte y desaparición de estudiantes de la Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, que concentra en estos momentos la presión nacional e internacional en contra del gobierno local y federal, con una Caja de Pandora abierta en su totalidad, con los contenidos que se alcanzan a ver, dejan impactada a la sociedad por el claro vínculo de gobiernos coludidos con la delincuencia, creando incertidumbre y zozobra en los habitantes de nuestro país, que se solidariza en marchas y manifestaciones de repudio a los acontecimientos que no pueden volver a ocurrir…

Por los acontecimientos anteriores, para muchos pasó desapercibido que la Cámara de diputados del Congreso de la Unión aprobó el pasado jueves 17 de octubre la Ley de Ingresos para 2015, fijando como precio de la gasolina Magna la cantidad de 13 pesos con 31 centavos al mes de diciembre del año en curso, gracias a los gasolinazos mensuales restantes, lo que se traduce en 33 por ciento más cara que en Estados Unidos.

En el mes de enero del año entrante, sobre el precio citado, aumentará 3 por ciento más, en un solo golpe contra la economía de los mexicanos. Aseguran los diputados que el aumento es equivalente a la inflación calculada, precio que se sostendrá hasta que la propia inflación requiera otro aumento a las gasolinas y el diesel.

Las consecuencias de estos aumentos son por todos conocidos. Subirán los costos de productos y servicios, el pasaje, alimentos, vestido, colegiaturas, por mencionar algunos, que traerá como consecuencia el aumento automático del famoso IVA, que pagamos los consumidores, a pesar de la promesa gubernamental de no imponer nuevos impuestos.

Nada alentador se ve el panorama de 2015 para la gente de carne y hueso, más vale prepararse para las sorpresas venideras, no nos vayan a agarrar descuidados porque camarón que se duerme, se lo lleva la corriente.

Despide diputado a 800 empleados de la Cámara mexiquense

* Los protestantes explicaron que son más de 800 los despedidos sin justificación alguna y sin importar su condición formal, sea de sindicalizados, eventuales, de base o confianza, y lo que es peor, bajo amenazas de agresiones físicas y contra la familia y ofreciéndoles una liquidación por debajo de lo que marca la ley.

 

Jorge Hernández

Dos años después de que el diputado de Tecámac, Aarón Urbina Bedolla, ordenara el despido gradual pero total de los servidores del Poder Legislativo durante esta LVIII Legislatura, cuando ya se cuentan por lo menos 800 de ellos si no es que arriba del millar, un grupo de afectados se manifestó frente a la Cámara de Diputados demandando el cese inmediato de despidos y la reinstalación de todos aquellos que perdieron su fuente de empleo.

Desde temprana hora, durante la realización de una conferencia en el salón Benito Juárez y después durante la sesión del pleno, los afectados por el citado Urbina Bedolla, también presidente de la Junta de Coordinación Política, se plantaron para exigir audiencia y exponer sus demandas, además de explicar a los medios presentes su situación.

Durante su protesta, pacífica en todo momento, fueron atendidos en diferentes momentos por los diputados Octavio Martínez Vargas y Saúl Benítez Avilés del PRD, y Norberto Morales Poblete del PT, quienes dijeron intercederían por ellos para encontrar pronta solución a esta problemática.

Los protestantes explicaron que son más de 800 los despedidos sin justificación alguna y sin importar su condición formal, sea de sindicalizados, eventuales, de base o confianza, y lo que es peor, bajo amenazas de agresiones físicas y contra la familia y ofreciéndoles una liquidación por debajo de lo que marca la ley.

Denunciaron que las razones públicas son una falacia, ya que el supuesto ahorro que se aduce no existe, pues se han contratado en su lugar a personas que vienen de Ecatepec y Tecámac, quienes gozan de sueldos exorbitantes y prestaciones ofensivas, por lo que demandaron una investigación a fondo de la nómina de este poder y el manejo de su presupuesto.

También denunciaron el nepotismo en que ha incurrido el mencionado Aarón Urbina, quien ha metido a trabajar a amigos, parientes y compadres, sobre todo a la parentela de la presidenta de Tecámac, Rocío Díaz Montoya, a quien por cierto, afirman, placea para convertirla en diputada local en la siguiente Legislatura.

En retribución por estos favores, dicen, la propia Díaz Montoya tiene en la nómina del municipio a la parentela de Urbina, empezando por su hija,  Lili Urbina Salazar y el hermano, Vicente, quien funge como secretario del ayuntamiento.

Durante la sesión, el diputado Octavio Martínez manifestó en el Pleno su solidaridad con ellos demandando fueran recibidos por los presidentes de la Directiva, el panista Alonso Juárez Jiménez y el de la Junta de Coordinación, Aarón Urbina. También demandó se construya una “ruta crítica” para la solución de este conflicto.

 

Mientras tanto, desde el PT…

 

Con el “estilo” que lo caracteriza, el diputado del PT en el Congreso local, Óscar González Yáñez, llamó “pendejo” al procurador estatal, Alejandro Gómez, que no puede con la delincuencia en la entidad, particularmente la desaparición de mujeres y el reciente descubrimiento de numerosas osamentas en el Canal de la Compañía, Ecatepec.

Presente en la sesión ordinaria de la LVIII Legislatura estatal, a la que pertenece, el petista intervino en el punto en el que el perredista Octavio Martínez Vargas presentaba su propuesta para citar a comparecer al procurador, Alejandro Gómez Sánchez, en relación con el hallazgo de las osamentas de las que de inmediato éste señaló son de animales en su mayoría.

Tras la intervención de Martínez Vargas y Norberto Morales, del PT también, Óscar González se preguntó qué pensarían los delincuentes que tienen asolada a la entidad del funcionario del gobierno de Eruviel Ávila, que no puede contra ellos. “Han de pensar qué pendejo; ellos, claro, no yo”, sentenció el legislador.

En días pasados, este mismo congresista llamó “cabrón” al presidente Enrique Peña Nieto durante la discusión de la iniciativa para desincorporar 8 predios con alto valor de mercado del patrimonio de Metepec. Argumentando que el Ejecutivo federal debería oponerse a dichas desincorporaciones por haber sido residente del mismo, afirmó que “algo debería decir el cabrón”.

En esta ocasión, tras respaldar la iniciativa del perredista para citar al procurador, pidió al presidente de la Directiva emitir un extrañamiento contra Gómez Sánchez, quien en declaraciones públicas rechazó que el diputado tuviera facultades para demandarle explicaciones o exigirle hacer bien su trabajo.

De acuerdo con González Yáñez, este funcionario está obligado legalmente a rendir cuentas a los legisladores porque son ellos quienes lo aprueban, si bien la propuesta de su nombramiento sea del gobernador y acusó a sus compañeros de complacientes por permitir semejantes desplantes.

También les advirtió que la actual situación en el país y la entidad deberían tomarla como una prueba, pues los casos de Tlatlaya, Iguala y los feminicidios en la entidad, entre los más relevantes, mostrarán de qué están hechos.

La comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales que preside el priista Apolinar Escobedo dictaminará la iniciativa, por lo que no es poco probable su aprobación.

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