Por los caminos del sur

* Si las hubo, una a una las estrategias públicas de gobierno mexiquense fallaron. Cambios de funcionarios, reajueste de personal, pruebas de confiabilidad, ayuda del ejército, declaraciones y números desde la oficialidad no pudieron ni siquiera crear una percepción mejor. Entre el 20 y 23 de julio hubo más de 8 muertos, 4 de ellos en el valle de Toluca, al menos la mitad ejecutados. Luego de la masacre en Tlatlaya, donde militares mataron a 22 personas en condiciones todavía no aclaradas, el gobierno del Edomex anunció un programa de recompensas para quienes entreguen información que pueda llevar a capturar delincuentes. El paquete es tentador pero igualmente peligroso. No se especifica una garantía de salvaguarda y bajo la óptica de la ciudadanía, gobierno y delincuentes son, en muchos casos, los mismos.

 

Miguel Alvarado

El Estado de México es uno de los territorios clave para entender la violencia generalizada del país. Aquí, en una entidad de 15 millones de habitantes, conviven todos los poderes. Es sede del grupo político al que pertenece el presidente Enrique Peña, y siempre ha sido gobernado por el PRI, que en suelo mexiquense representa una organización familiar basada en alianzas comerciales, políticas y religiosas. Los otros poderes, los fácticos, no tienen problemas por compartir. El narcotráfico, por ejemplo, ha tomado desde hace 25 años el sur mexiquense y ha integrado un pequeño país con menos de diez municipios, 254 en total si se toman los de Gueerero y Michoacán. Ubicados todos en las fronteras con esas entidades, son zonas depauperadas castigadas por la pobreza, marginación y la desigualdad social. Sin embargo, sus tierras representas ricas áreas de cultivo y cuentan con todos los recursos naturales, inexplotados o desaprovechados todavía, ahora que los cárteles encontraron allí un paraíso que les permitió siembra, trasiego y protección para su negocio, todo en un solo lugar.

Desde allí, Pelones, Zetas, Familia Michoacana y en el 2014 Caballeros Templarios y Guerreros Unidos ha peleado por el control, que incluye la sierra de Nanchititla como ruta de escape y municipios de los otros dos estados, pero además el camino para entrar a la capital, Toluca, paso geográfico obligado rumbo a la ciudad de México y la zona metropolitana, que alberga un mercado potencial de 23 millones de habitantes, casi la quinta parte de la población nacional. También pudieron negociar con autoridades locales y policiacas protección y participación, consiguiendo extensos periodos de tranquilidad, rotos luego por la llegada de un mejor postor o por intereses de la Federación. A pesar de dos bases militares en la zona, una en Luvianos, de la Marina y otra en Tejupilco, del ejército, las intervenciones de los uniformados son esporádicas y sólo obedecen a objetivos específicos. Cumplidos éstos, vuelven al patrullaje solapado.

En Michoacán la supuesta guerra contra los cárteles de La Familia y Templarios significó un reacomodo para el Estado de México. El mapa del narcotráfico no ha variado un ápice, aunque los administradores o ejecutores sean otros. El mexiquense Alfredo Castillo, comisionado para la Paz en Michoacán, detuvo a todos excepto a Servando Gómez, La Tuta, última cabeza de los Templarios, luego de abatir al resto de los cabecillas. La guerra michoacana se parecía más a una limpia interna que a un verdadero combate contra los cárteles. Gómez sigue libre y Castillo no sabe dónde está o no quiere apresarlo. La Familia Michoacana fue perseguida y obligada a refugiarse en el lado mexiquense, donde también llegaron los Templarios, fortalecidos por una expansión que todos observan excepto el gobierno, y reclama el Triángulo de la Brecha. Los Templarios han llegado a Toluca y, guardando bajo perfil, se han hecho cargo de rutas y negocios administrados anteriormente por La Familia. Pero el narco no puede pasar desapercibido tan fácilmente. Cinco homicidios diarios en el Edomex convierten a la entidad en la más violenta del país hasta el 2013, a pesar de que el gobernador Eruviel Ávila y el propio Peña confirmen estadísticas a la baja. La realidad inmediata, la del ciudadano de a pie, indica otra cosa. De esos cinco muertos, al menos uno está relacionado con el narcotráfico.

Los datos, proporcionados por el INEGI evidencian un crecimiento constante desde el 2007 y hasta el 2013 para el Estado de México. Hace seis años, la entidad registraba mil 238 homicidios, y ocupaba el primer lugar nacional, que perdió al año siguiente porque Chihuahua presentó 2 mil 601. De todas formas el Edomex era segundo lugar. Para el 2009 las cifras nacionales comenzaron a dispararse y la mexiquense indicó mil 860, un nuevo aumento, ya emparejado con Guerrero, Sinaloa y Baja California y superado al doble por Chihuahua. De cualquier manera seguía ocupando el segundo lugar nacional. En el 2010 la cifra mexiquense subió a 2 mil 111 asesinatos, suficiente para ubicarla en el tercer lugar, por debajo de Chihuahua, que registraba más de 6 mil muertos, y de Sinaloa, con 2 mil 400. Para ese año, la cifra de homicidios en todo el país fue de 25 mil 757. Al año siguiente la entidad cambiaba de gobierno. Enrique Peña terminaba su sexenio y se lanzaba a una campaña nacional que terminaría por ubicarlo en Los Pinos y en Toluca se elegía a Eruviel Ávila, actual gobernador. El número de asesinados en el Edomex fue de 2 mil 623, la más alta en su historia, pero que inclusive así la ubicaba por debajo de Chihuahua, aunque ya recuperaba el segundo lugar nacional. Los muertos en el país ascendieron a 27 mil 213. En el 2012 la entidad superó su propia marca y obtuvo 2 mil 907 asesinatos y ahora sí desbancaba a Chihuahua. Colocada ya en el primer lugar nacional, para el 2013 registró 3 mil 280, unas mil muertes más que Chihuahua. La cantidad nacional fue de 22 mil 732. Así, el Edomex, por cada 100 mil habitantes, tenía 20 asesinados hasta el año pasado.

Si las hubo, una a una las estrategias públicas de gobierno mexiquense fallaron. Cambios de funcionarios, reajueste de personal, pruebas de confiabilidad, ayuda del ejército, declaraciones y números desde la oficialidad no pudieron ni siquiera crear una percepción mejor. Entre el 20 y 23 de julio hubo más de 8 muertos, 4 de ellos en el valle de Toluca, al menos la mitad ejecutados. Luego de la masacre en Tlatlaya, donde militares mataron a 22 personas en condiciones todavía no aclaradas, el gobierno del Edomex anunció un programa de recompensas para quienes entreguen información que pueda llevar a capturar delincuentes. El paquete es tentador pero igualmente peligroso. No se especifica una garantía de salvaguarda y bajo la óptica de la ciudadanía, gobierno y delincuentes son, en muchos casos, los mismos.

La táctica no es nueva para el Edomex. En octubre del 2012 la PGJEM ya había ofrecido recompensas desde 100 mil pesos y hasta un millón, anunciaba Miguel Ángel Contreras, en ese entonces procurador estatal. Colocadas en perspectiva, las recompensas palidecen cuando Peña Nieto ha pagado al actor norteamericano Kevin Spacey 6 millones y medio de pesos por una foto “selfie” con él y por una visita relámpago a Cancún, en mayo del 2014.

Pero esta vez, el 22 de julio, Eruviel colocó seis narcotraficantes en la lista de los premios, y promocionó otro paquete, por 10 delincuentes comunes. Ante los micrófonos, Ávila tuvo que comprometerse por enésima vez. La inseguridad fue uno de los temas torales en su campaña y cuatro años después es evidente el fracaso, como lo ha sido el de sus antecesores. “Se los digo muy claro: ¡vamos por ellos, vamos tras ellos, vamos por ustedes! El Estado de México es nuestro, es de nuestras familias y nuestros niños, es de nuestros hombres, de nuestras mujeres trabajadoras, de los jóvenes, quienes día a día ponen sudor y esfuerzo en ganar honradamente su sustento y el de sus familias. El Estado de México es de los mexiquenses y aquí los delincuentes no tienen cabida”, diría luego.

El anuncio de Ávila no es cosa menor. Reveló a un grupo de narcotraficantes de primera línea que se mueven en el Estado de México desde hace años en total impunidad o al menos la inteligencia policiaca encontró en ellos un límite. Son jefes regionales relacionados con asesinatos y secuestros de políticos locales y hasta Diego Fernández de Cevallos padeció el cautiverio a manos de alguno de ellos.

En la lista de narcotraficantes destaca Johnny Hurtado Olascoaga, alias El “Mojarro”, a quien se le ubica en el sur del Edomex como jefe de plaza de La Familia, pero también se cree que ha participado en las últimas refriegas contra el ejército en Tlatlaya y algunos municipios de Guerrero. En el 2013 creían haberlo detenido luego de un enfrentamiento en Temascaltepec que dejó 10 muertos y un militar herido en el poblado de San Pedro Tenayac. Luego lo ubicaron en Arcelia, Guerrero, donde su suegro, en ese tiempo director de Tránsito municipal, Mario Uriostegui Pérez, “La Mona”, le ayudaba. El suegro fue abatido junto con otros cuatro funcionarios, relacionados todos con La Familia, cuando el batallón 102 del ejército en Tejupilco les hizo frente. El “Mojarro” era brazo derecho de Leobigildo Arellano Pérez “El Pony”, antiguo jefe de La Familia y a quien se le atribuye la organización de laboratorios en Michoacán y el Estado de México. Detenido en Pénjamo, Guanajuato, a principios de julio del 2014, dejó su cargo al “Mojarro”, a quien se ubica como el nuevo gerente. Las fuerzas federales, incluidos marina y ejército, lo buscan desde el 2012, y saben que es protegido por las autoridades locales, a las que se les investiga en 15 alcaldías. La caza del “Mojarro” se desarrolla en Amatepec y Tlatlaya en el Edomex, y Teloloapan, Apaxtla, Arcelia, Ixcapuzalco y Acapetlahuaya en Guerrero. Los enfrentamientos entre narcos y marina se agudizaron cuando asesinaron al teniente de corbeta, Arturo Uriel Acosta Martínez, en Liberaltepec, Apaxtla. La revista Proceso reporta 400 desplazados en esa región por la violencia.

El “Pony” y el “Mojarro” tenían alianza con otro narco, Rodolfo Paredes Cárdenas, “El Bofo”, quien en el 2011 les dio la espalda y fundó, junto con Mario Casarrubias, ya detenido, en Tierra Caliente, una ramificación de los Guerreros Unidos, quienes hasta la fecha pelean el control del territorio.

Al “Pony” se le ubica como uno de los extorsionadores de los ayuntamientos de Luvianos, principalmente, donde cobraba hasta 500 mil pesos mensuales, según reportes de los propios ciudadanos, durante dos trienios al menos.

El “Mojarro” es temido en la zona sur pero también es admirado pues pobladores de Arcelia, por ejemplo, señalan que ha llevado dinero al municipio y “le ha dado progreso”. La historia del “Mojarro” está llena de contrastes y las batallas contra los Guerreros Unidos lo han ubicado como un anti-héroe, ejemplo de bravura para muchos. Las redes sociales le construyen castillos y ciénegas, aunque ambas contribuyen al peso de su fama. Incluso un corrido cantado por el alcalde de Acapetlahuaya, en Guerrero, Eleuterio Aranda Salgado, los describe: “La Familia Michoacana es la banda más famosa/no le tienen miedo a nada, pura gente poderosa/Sus integrantes que tiene, saben hacer bien las cosas. Sus contrarios los envidian/a esa banda tan pesada, su gente bien decidida, para todo organizada/siempre que se han enfrentado, nunca les han hecho nada”.

Otro narco por el que se ofrece 500 mil pesos es José Alfredo Hurtado Olascoaga, “El Fresa”, y pariente del “Mojarro” y de Osvaldo, hermano de éste último, y quien la semana pasado tomó el poblado de La Goleta en Amatepec, para atender a un grupo de heridos, perseguidos presuntamente por militares.

Armando Hernández Hernández, “El Player”, también de La Familia, es uno más en esa lista. La Procuraduría estatal y el gobierno federal lo ubican como uno de los probables participantes en el asesinato del ex alcalde de Zacualpan, José Eduviges Nava Altamirano, a quien levantaron desconocidos y mataron en el 2011. El ex alcalde fue encontrado en el municipio de Ixcapuzalco, Guerrero, golpeado y torturado. En ese homicidio se involucra al “Mojarro”, a quien ya se habría capturado cuando el 102 Batallón, estacionado en San Miguel Ixtapan y el destacamento de San Antonio del Rosario pero lo dejaron ir a cambio de la compra de protección, en el 2012, narran vecinos de aquel lugar, que se organizan por medio de redes sociales en un trabajo solitario equivalente al de las autodefensas michoacanas. Paraderos, nombres de funcionarios, estructuras completas acerca del narco tienen años colgados de muros en blogs anónimos que aprovechan ese espacio para escribir la historia no contada ni aceptada oficialmente del sur mexiquense.

Carlo Alessandre Ricardo Barosio, alias “El Ricarde”, es un operador de La Mano con Ojos, en el valle de México, y opera entre Naucalpan y Huixquilucan. Fue señalado por Óscar Oswaldo García, el líder de la Mano, de participar en el secuestro del político Diego Fernández de Cevallos, en el 2010. Este hombre fue ex policía en Huixquilucan.

De Medardo Hernández Vera, “Lalo Mantecas” sólo se sabe que tiene vínculos con la Mano con Ojos, y lo mismo pasa con Francisco Javier Resillas Ríos, “El Víbora”, del cártel de Sinaloa.

El Barco Ebrio

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Un mes después de ser asaltado, Jorge Alejandro Cruz Cortés murió debido a las heridas recibidas ese 26 de junio, cuando fue perseguido, junto con su madre, por un par de asesinos para robarles 150 mil pesos, que habían retirado del banco HSBC, ubicado en la esquina de Venustiano Carranza y Paseo Colón.

 

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Retirado el dinero, se dieron cuenta de que eran asechados y antes de llegar a su domicilio, a unas calles del banco, chocaron el auto en el que viajaban. Los ladrones aprovecharon ese viraje para quitarles el dinero y sin ninguna necesidad le dispararon a mansalva al joven, quien recibió dos impactos en la cabeza.

 

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Los ladrones huyeron pero minutos después fueron capturados en una persecución que incluyó un enfrentamiento a balazos con policías, un choque y un intento de huida, todos eso a las dos y media de la tarde, a cinco cuadras de la Casa Estado de México, donde habita el gobernador mexiquense Eruviel Ávila.

 

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El joven fue internado en el Sanatorio Toluca, donde perdió la vida. Los ladrones, ahora asesinos, fueron recluidos y no se sabe nada más de ellos. Los índices de violencia, aunque las cifras oficiales y los dichos de las autoridades digan que van a la baja, indican otra cosa. Todos los días hay cinco asesinatos en el Estado de México, la tierra del presidente Peña, que alberga a 15 millones de habitantes. Ese porcentaje, dadas las condiciones de pobreza e inseguridad, parece ridículo. Hacer que se hace, la política pública más socorrida del Ejecutivo y los municipios, cobra las respectivas facturas.

 

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El mismo día de la muerte del joven, 22 de julio del 2014, otros dos hallazgos confirmaban la ineficacia de las políticas de seguridad pública. El primero, en Zinacantepec, donde un ejecutado por bala fue levantado en las inmediaciones del panteón de aquella localidad. El otro, en Santa Ana Tlapaltitlán, en Toluca, otro hombre fue hallado entre parcelas, amordazado y golpeado. Esa misma madrugada, en Ecatepec otro hombre moría baleado. Todo esto a 24 horas de que el gobernador ofreciera 6 millones de pesos por 18 delincuentes, inalcanzables hasta el momento para la justicia local, rebasada a todas luces y desde hace años por la impunidad, corrupción y la propia ineficacia institucional.

 

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Johnny Hurtado Olascoaga, el “Mojarro”, es uno de los narcos por los que Eruviel ofrece medio millón de pesos. En realidad opera en Guerrero pero sus actividades lo llevan a atravesar el Edomex, justo por los rumbos de Tlatlaya, donde en los últimos días hubo 23 muertos en enfrentamientos -o ejecuciones- contra el ejército. Este Mojarro es líder regional de La Familia Michoacana y controla la Tierra Caliente mexiquense. Desde inicios del 2014 el ejército y la Marina buscan al “Mojarro”. Apenas en abril de este año, el ejército abatió a su suegro, Mario Uriostegui Pérez, director de la policía en Arcelia, Guerrero, cuando el batallón 102 estacionado en Tejupilco se enfrentó a tiros a pistoleros. “El Mojarro” es brazo derecho de Leobigildo Arellano Pérez, “El Pony”, detenido a principios de julio, casi al mismo tiempo en que tenía lugar la masacre de Tlatlaya. El Pony era líder de La Familia en el Edomex.

 

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Los informes del ejército respecto al Mojarro incluyen la relación que tiene con ex alcaldes y políticos de la región, y ha trascendido que irán también por esos implicados. Los informes señalan que el Mojarro habría recibido protección de los hermanos Casique Vences, Guillermina y Epímaco, ex alcaldes priistas de Amatepec, pero también se involucra a Zeferino Cabrera Mondragón, ex alcalde de Luvianos por el PRD y que hace poco fue secuestrado. Otro ex edil mencionado es Leonardo Benítez Gregorio, ex alcalde de Tlatlaya. También se involucra a Isael Villa Villa, ex alcalde de Tejupilco. La implicación del narco en la política y en la misma Secretaría de Seguridad Ciudadana no tiene límite. Si se captura al Mojarro, podría revelarse toda una cadena de protección, chantaje y asesinato que salpica a altos mandos a cargo de la seguridad estatal. Lo que sucede en el sur mexiquense no es grave, más bien huele a muerto. El mismo esquema se repite en el lado de Guerrero. Tepehuala, Arcelia, Teloloapan, Apaxtla, Ixcapuzalco y Acapetlahuaya destaparán otra cloaca.

 

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Francisco Funtanet, un empresario y político mexiquense disfrazado de prohombre, cuya mayor cualidad es haber hecho negocios con el gobierno del Edomex y por lo pronto establecerse como vocero en el facebook de cualquier cosa que diga y haga Peña Nieto, está implicado en el proyecto Marina Azul, en Baja California Sur, donde pretende, en sociedad con algunos de los hombres más ricos y poderosos de México, construir un desarrollo turístico en reservas ecológicas.

 

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Actual presidente de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), Funtanet y su familia fueron dueños del antiguo parque de diversiones Reino Aventura, derivado ahora en Six Flags. Fue ex diputado local por el PVEM en el Edomex y en el 2012 fue acusado por fraude cuando su empresa constructora, Profusa, vendió a 11 mil familias casas de interés social en Cuautitlán Izcalli, en el conjunto urbano Lomas de San Francisco Tepojaco, por un valor estimado de 2 mil 600 millones de pesos. Funtanet y su empresa construyeron las casas sobre suelo arcilloso y cavernoso, dictaminó un estudio del IPN, además con material de baja calidad y sin castillos de sustentación, lo que provocó que las casas se desmoronaran, literalmente. Esas casas serían pagadas a 20 años, con un costo de hasta 200 mil pesos. Funtanet es compañero de giras de Peña Nieto y en redes sociales presume fotos con personajes públicos, como el futbolista Giovanni dos Santos. Con Peña acudió recientemente a España y Portugal, el pasado junio.

 

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También construye para ricos. Es dueño del Consorcio Inmobiliario Lomas, que hizo los fraccionamientos Lomas Country Club y Bosque Real y es socio de Inverfusa.

 

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Para el proyecto Marina Azul, Funtanet está asociado con Interacciones de la familia Hank, Pedro Aspe, un asesor financiero del montielismo y formador político de Luis Videgaray, actual secretario de Hacienda federal y Rodolfo Echeverría Ruiz, ex diputado priista. “Subsecretario de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y Subsecretario de la Secretaría de Gobernación, embajador de México en España y en Cuba y Secretario General del PRI. Intentó ser presidente nacional del PRI, compitiendo por el cargo contra José Antonio González Fernández, pero declinó ante la falta de apoyos. Es hijo del actor Rodolfo Landa y sobrino del ex presidente de México, Luis Echeverría Álvarez”, dice el currículum de este último.

 

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El proyecto, de 2 mil millones de pesos, construiría un desarrollo donde Funtanet aparece como dueño, junto a Ignacio Guerra. Habitantes, académicos y ambientalistas se oponen y acusan a los potentados, que lo único que tienen es dinero, de amenazarla ecología, generar conflictos por terrenos e invadir predios con apoyo de los gobiernos locales, desde el 2009, cuando compraron por 100 millones de dólares un terreno para iniciar el plan.

 

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Básicamente, Funtanet y sus amigos quieren un puertito para 400 navíos, dos campos de golf con 8 lagos artificiales, una casa-club, escuela, “zonas residenciales de clases media, alta y de interés social con 12 mil 536 cuartos; dos hoteles de lujo con 730 y 250 habitaciones. Además, un condominio mixto (vivienda-comercio); escuelas privadas; cinco parques; tres centros comerciales; un hospital; dos clubes de playa; un club de tenis, otro de yates y uno hípico; un centro de información oceanográfica; albercas; iglesia; restaurantes; canchas deportivas; estacionamientos; una planta desalinizadora; otra de tratamiento de aguas residuales, y una subestación eléctrica”, sustenta el reportero José Réyez, de la revista Contralínea. Funtanet ofrece una pequeña ciudad a cambio, para 40 mil personas y trabajo, mucho trabajo para la región.

 

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Uno de los proyectos más secretos de Peña Nieto tiene que ver con lo sucedido en la Feria Internacional del libro, en Guadalajara, en el 2011, cuando era aspirante a la presidencia de México. Sus yerros sobre literatura comenzaron a perfilar la figura pública que representa hoy día. Para paliar aquellas metidas de pata, cuando le preguntaron cuáles eran los tres libros que lo habían marcado y no supo decir sino la Biblia, ahora ha encargado a don Emilio Chuayffet Chemor, secretario de Educación federal y ex gobernador del Estado de México, que le haga por favor una biblioteca del conocimiento mexicano, que reunirá lo más granado de la sabiduría azteca.

 

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Ya tiene todo. El equipo de producción y preprensa, corrección, diseño y etcéteras ya trabajan a marchas forzadas para tener listas las colecciones que, se calcula, pondrán en circulación unos 30 mil libros este primer año.

 

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Y también está listo el contenido del primer libro. Tratándose del Grupo Atlacomulco, de la cultura del Grupo Atlacomulco, no es difícil adivinar que el emblemático comienzo corresponda a la vida y obra de Isidro Fabela. Así, se le rinde homenaje a este intelectual, forjador de las clases gobernantes de ahora y siempre. Don Emilio firmará elegante el prólogo del libro, luego de que algún ghost writer se lo pase en limpio, pues la obra deberá estar lista a más tardar para el 12 de agosto, fecha de la muerte del prócer de los atlacomulcos. Enhorabuena para Peña, pues así empareja aquel error de la FIL, aunque sea con dinero público y obras que a nadie le van ni le vienen, a pesar de que adelantan que habrá impresiones hasta de García Márquez.

Feliz cumpleaños

* Al final, o al principio, si uno comienza a caminar desde el otro extremo, una playera de Peña Nieto, al estilo de Warhol recibe al visitante. El local es como todos, sólo que entendió las leyes del mercado –del tianguis, pues- y por menos de 15 dólares uno se puede llevar a su casa un bonito recuerdo del presidente de México. No son las letras con su nombre, en fondo rojo o blanco, como las 15 millones de camisetas que se repartieron en las elecciones del 2012. Es su cara bañada en color, mirando hacia arriba, hasta la victoria siempre, la del Grupo Atlacomulco, le diría al Ché si viviera.

 

Miguel Alvarado

Uno. Enrique Peña cumplió 48 años el 20 de julio. Su vida ha sido plena. Nadie como él ha conocido el éxito o lo que en México, se considera, es. En 1999 participaba en la campaña para la gubernatura del Estado de México que llevaría al priista Arturo Montiel a ganar aquellas elecciones. Lo hizo por poco. Apenas por una diferencia de 150 mil votos sobre el panista José Luis Durán Reveles, quien como nunca antes podía arrebatar el poder al PRI en el Edomex. Caro anhelo pero, como casi todas las oposiciones políticas, ilusorio. Peña fue llamado al gabinete de aquel Montiel que no se cansaba de señalar que los derechos humanos eran para los hombres, no para las ratas, para administrar la entidad. Pronto fue evidente la liviandad en aquel nuevo funcionario, extraído de la nada ante los ojos de la opinión pública, por otra parte desmemoriada y preocupada por lo inmediato, la comida diaria, no perder el trabajo.

 

Dos. Peña daba entrevistas a todo mundo. En la banqueta, preferentemente y cotorreaba con la prensa local, que le preguntaba sin ganas por números que nunca tenía a la mano. A nadie extrañaba la desmemoria de un secretario estatal pues casi todos eran así, se comportaban de la misma manera. El trabajo real descansaba en el equipo de asesores, que presentaban reportes y preparaban las comparecencias ante los diputados, teatro al aire libre que no significaba otra cosa que pérdida, pasatiempo de acrobacias. ¿Trabajo real?

 

Tres. Peña escaló pronto los limbos de la política. Dejaba uno para adentrase en otro, todavía más confuso pero lleno de esperanzas para el joven a quien la vida le ofrecía todo lo que una chica Cosmo cataloga como trendy, necesario o de perdida deseable. Parecía un hombre despreocupado y pronto trascendió su fama de galán de altos vuelos. Coqueto, tenía en público una sonrisa para todos, al menos la mano estirada y encantaba sin ambages porque tenía ese aire de novela de Televisa que después sería una de sus bazas portentosas, a falta de una propuesta intelectual o administrativa. Todavía no existían los tabloides rosas, tan importantes en la vida de Peña en los años por venir y que le darían un impulso electoral sin precedente a cambio de 800 millones de pesos en menos de seis años. Ese negocio, el mejor de su vida, lo ha llevado ahora a romper paradigmas. Las ventas de Pemex y la Comisión Federal de Electricidad, una paraestatal que provee, corrupta y todo, inmanejable y todo, la mayor parte de los recursos para subsidios y excedentes a estados y municipios. No está mal por 8 millones de pesos.

 

Tres. La foto del Ché, la más famosa, la de Korda, se pierde en un mar de camisetas en el mercado de la terminal en Toluca. Icónica, atravesó tres generaciones para todavía confundir al que la mira. Casi todos conocen el nombre del Ché y algunos la historia de aquella foto, pero son los menos los que lo miran sin asociarlo a Benicio del Toro, a Gael García. Ni modo, son los peligros del cine de calidad hecho en Estados Unidos y vendido como contestatario, como si la maquinaria ésa pudiera apuntarse a sí misma, destructora, sin alma. Nunca lo haría. Las torres neoyorquinas mataron a los empleados, no a los dueños del espanto. En la terminal los textiles se han apropiado del alma de otros, incluso de la virgen de Guadalupe, milagrosa y exigente y gracias a dios la han modificado hasta la saciedad. Virgen delgada, no morena sino rubia, porta lentes al estilo de Katie Perry y enseña los muslos, redondos, casi modelados por las pantagruélicas cremas Goicochea, quitando várices y arrugas en un dos por tres que conquista la indignación pero también el apapacho popular. El fervor católico también es risueño y se burla de sí mismo, so pena de perder la eternidad en un instante de pecador derroche y se arriesga a llevarse la playera, con fondo azul o negro, cómo lo prefiere la damita, porque ser virgen en los tiempos del Ché, de las camisetas del Ché, es más un estorbo que una virtud a negociar. Lo impreso, impreso está y no hay nada que pueda retractarlo. Después de Perry las imágenes son cualquier cosa. Carlos Santana, la mota, el Komander, Los Tigres del Norte, El Chapulín Colorado, Oribe Peralta y Memo Ochoa enseñorean los pasillos, ente calcetines -a 3 por 20 varos- y los cigarros chinos, ambulantes pero con la digna marca del Marlboro en sus profundidades cancerígenas. Al final, o al principio, si uno comienza a caminar desde el otro extremo, una playera de Peña Nieto, al estilo de Warhol recibe al visitante. El local es como todos, sólo que entendió las leyes del mercado –del tianguis, pues- y por menos de 15 dólares uno se puede llevar a su casa un bonito recuerdo del presidente de México. No son las letras con su nombre, en fondo rojo o blanco, como las 15 millones de camisetas que se repartieron en las elecciones del 2012. Es su cara bañada en color, mirando hacia arriba, hasta la victoria siempre, la del Grupo Atlacomulco, le diría al Ché si viviera. Son pocas las que hay porque vuelan y además hay cierto resquemor para venderlas. La imagen de Peña en una prenda se asocia a la falta de respeto, a hacer bisne sin su consentimiento. Porque al fin y al cabo es su cara y no recibe regalía ninguna. También pesa aquella parte bien sabida de la impunidad del poderoso. ¿Y si me rompen la madre? ¿Y si me cancelan el contrato? ¿Y si me clausuran el local? Porque el Ché vale más muerto que vivo y con Peña, de este lado de la tarima, todo es pirata, pirateable. El mensaje se ha recibido. Todo se vende. Lo malo es que no tenemos nada. Y nadie se pone su camiseta.

 

Cuatro. No le quedó de otra que aprender las artes del diablo. O las de dios, que a la hora de hacer las cuentas entrega los mismos números, y hacerse de tripas, corazón. Aprendió que el poder no es cuestión de capacidad sino de pertenecer a la familia adecuada y hacer valer derechos tan arraigados en la conducta humana que gustosa acepta la esclavitud siempre y cuando se respeten horarios de oficina, fines de semana futboleros y para los más chidos su dosis de Joe Division, los aullidos de Morrison o del profeta post-apocalíptico Justin Bieber. El poder no se comparte. O sí, si conviene. O no, si no conviene. Lo que sí se comparte es el pastel y los parabienes y las salutaciones públicas. Las privadas no, porque no se sabe lo que pueda suceder. Ese oficio de simulaciones arrincona sin miramientos lo indeseable, inapropiado. De vez en cuando permite un vistazo a lo inútil que resulta la presidencia, la figura del Ejecutivo, realeza de cuento chino que al mexicano le cuesta la mitad del presupuesto federado.

 

Cinco. El cumpleaños 48 del presidente se destacó por su sobriedad. Pública, al menos. No hubo festejos para recordar, como cuando era más joven y era menos temerario, no tenía miedo. Casi toda la corte política realizó su propio ensayo cumpleañero. Eruviel Ávila, por ejemplo, le llevó pastel y mariachis. Lo felicitó y de pasada hizo las paces consigo mismo. Lo que un pastel de chocolate puede llegar a significar en los tiempos de la señorita Laura se confunde con La Higuera del Ché en esa otra historia, la que pudo ser, la que le que falta un paso, cinco minutos, una llamada. El pastel, dedicado también a la plebe, trasmitió la felicidad de un pueblo jodido que mira a su jerarca darle la cara, aunque sea por el Canal de las Estrellas, explicar hasta con manzanas los beneficios de sus políticas económicas y otras lindezas. Peña Nieto es, en verdad, un gestor revolucionario y al paso que va algo hará estallar. Algo.

 

Seis. Eruviel festina. Está de plácemes y lo demuestra con una sonrisa. Un impasse apenas perceptible en su trabajo cotidiano, que consiste en mantener la calma, la neutralidad y aceptar el vasallaje desde la Federación. No hay mal que por bien no venga y sabe que si cumple con eso que sólo puede palparse desde la perspectiva de un negocio privado con el dinero público, está del otro lado. Eso significa continuar su carrera política, que se entiende por obtener presupuesto para sus necesidades personalísimas. Es un hombre bueno metido en una actividad que todo lo pudre. Sólo puede decir que sí o que no, como lo ha demostrado, pero elige decir que sí cuando debe decir que no. La diferencia para él es poco significativa cuando, estadista, ofrece 3 millones de pesos por la captura de seis criminales. Y otros tres millones por un grupo de 12 personas. No hay ningún político o líder sindical. Ni siquiera golpeadores o guardias blancas. Todos malos, eso sí, malos como la ley lo dicta. Como los 23 muertos en Tlatlaya, ejecutados por el ejército combatiendo o formados en el paredón. Porque al final de cuentas nadie se mete al narco sabiendo que lo más probable es que se muera, que se muera pronto y que mejor prefiere eso a vivir jodido, ineducado, explotado. En estos temas todos tienen razón, incluso los que opinan que el narco también trabaja para el gobierno.

 

Siete. Cinco asesinatos diarios en el Estado de México. El índice criminal ha bajado, dice el presidente Peña.

 

Ocho. Después se supo que Arturo Montiel Rojas era tío de sangre de Enrique Peña Nieto. Todavía lo es. De los cinco crímenes, quién sabe.

Charrustio

 

 

* A Hernández Juárez nadie, ni aliados ni enemigos, le regatea lo suertudo ni su éxito; menos, su agudo sentido del oportunismo y la oportunidad. Pero tampoco él puede negar ninguna de las versiones que registran la cercanía con sus tres grandes protectores: los ex presidentes Echeverría y Salinas, así como el extinto y, paradójicamente, inmorible e insustituible líder obrero Fidel Velázquez Sánchez, quien lo introdujo por las intrincadas redes del poder.

 

Francisco Cruz

Buena fortuna es un término corto para el encumbramiento de Hernández Juárez. Según crónicas de la época, telefonista los rebeldes se inclinaban, para sustituir a Salustio, por el liderazgo de César González Aguirre, pero el día de las elecciones éste no llegó. Treinta y dos años después, Juan Guzmán G., en su columna Panorama Laboral que se difunde a través de la agencia noticiosa michoacana Quadratín, retomaría los pormenores de aquella mala suerte de González Aguirre: “Según una anécdota contada por varios telefonistas de aquella época a quien estas líneas escribe, González, el más proyectado a la Secretaría General, pues contaba con un amplio apoyo de las bases, el día de las elecciones, cansado después de varios días de lucha, se retira a dormir y no se presenta en la asamblea electoral, lo que le abrió las puertas al antirreleccionista de Hernández Juárez”.

Apoyado por la anarquía del movimiento —en el que participaban grupos de todas las corrientes y tendencias internas, incluidas las de izquierda, radicales y moderados—, así como la furia de las explotadas y ninguneadas operadoras, el destino puso a Pancho-Paco y sus amigos Mateo Lejarza —quien más adelante sería el ideólogo del sindicato—, y Rafael Marino en el lugar indicado a la hora correcta. Ninguno tenía experiencia sindical. Los tres formaban parte del Ateneo Lázaro Cárdenas, un grupo de estudio, integrado por alumnos de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica (ESIME) del Instituto Politécnico Nacional, tutelado por un periodista español que prestaba servicios profesionales al gobierno del presidente Luis Echeverría Álvarez.

No había razones para la suspicacia. Sólo unos cuantos, entre ellos Lejarza y Merino, conocían los acercamientos del echeverrismo—principal promotor de la represión de estudiantes en 1968, de la Guerra Sucia y responsable de la matanza del Jueves de Corpus o El Halconazo de 1971con el jovencito Pancho Hernández Juárez.

Las elecciones internas, producto de la revuelta que derrocó a Salgado Guzmán, aguantaron un recuento de votos vigilado por inspectores de una desconfiada Secretaría del Trabajo, que se interpretó como un enojo de González Blanco porque la situación de le salió de control. Amparados en los lemas “fuera charros”, “democracia” y “no reelección”, el suertudo Hernández Juárez recibió el apoyo de 13 mil 757 telefonistas; es decir, 90.8 por ciento del total de los trabajadores que votaron. La flama de la guerra había alcanzado a Charrustio Salgado y lo quemó. El gobierno resintió la presión de los telefonistas y lo abandonó a su suerte. Su alguna vez poderoso Comité Ejecutivo Nacional, que por 10 años había controlado Telmex, apenas tuvo fuerza para convencer a mil 374 telefonistas, los más beneficiados durante esa década.

Astuto como era y con su característica intuición de depredador político, Echeverría le dio el visto bueno a la naciente dirigencia sindical juarista. Entrado el último año de su gobierno, vio y aprovechó la oportunidad de contar con un nuevo aliado con el que pretendía ampliar su esfera de influencia en la administración siguiente, que recaería en su amigo del alma y subordinado José López Portillo y Pacheco —Jolopo, como se le conocía—, al que esperaba manejar como títere en un teatro guiñol.

Casi de inmediato, Echeverría tendría oportunidad de probar el amargo sabor de la ingratitud y del vocablo ex porque, al llegar a la Presidencia, aquel “dócil” amigo de la juventud se autonombró el último presidente de la Revolución y prácticamente lo expulsó del país, enviándolo como embajador plenipotenciario e itinerante a los rincones más alejados del planeta. Para entonces, con el consentimiento del echeverrismo —que en la cúpula obrera corporativista se interpretó como mensaje violento y claro contra el sindicalismo—, Pancho empezaba a encariñarse con las querencias del encargo.

Otra versión que difunden viejos telefonistas y que no necesariamente choca con la anterior establece: “Integrante del grupo echeverrista del IPN Ateneo Lázaro Cárdenas, Pancho fue impuesto por la Secretaría de Gobernación, desde donde se vetó a los auténticos líderes del Movimiento Democrático 22 de Abril de 1976; llegó a la dirigencia provisionalmente, en lo que se consolidaba el movimiento; es decir, hasta la realización de la Primera Convención Nacional Democrática Telefonista (en julio de 76) y ya vimos lo que le duró su convicción anti-reeleccionista”.

A Hernández Juárez nadie, ni aliados ni enemigos, le regatea lo suertudo ni su éxito; menos, su agudo sentido del oportunismo y la oportunidad. Pero tampoco él puede negar ninguna de las versiones que registran la cercanía con sus tres grandes protectores: los ex presidentes Echeverría y Salinas, así como el extinto y, paradójicamente, inmorible e insustituible líder obrero Fidel Velázquez Sánchez, quien lo introdujo por las intrincadas redes del poder.

Hay evidencias para señalar que Enrique Restituto Ruiz García, conocido como Hernando Pacheco, intelectual español nacionalizado mexicano en 1972 e identificado también por el sobrenombre de Juan María Alponte, lo presentó con el maquiavélico e infame Echeverría. Y éste no podía disimular su interés por Telmex: el 16 de agosto de 1972 su gobierno adquirió 51 por ciento de las acciones de la empresa —el porcentaje restante lo reservó para la iniciativa privada—, una estatización de facto que le permitió consolidarse como un monopolio porque absorbió a pequeñas telefónicas regionales.

Investigadores como Enrique de la Garza Toledo han confirmado que la relación Echeverría-Hernández Juárez existía de alguna manera. En su libro La democracia de los telefonistas, editado por Plaza y Valdés en 2002, escribe que Hernández Juárez, muchachito creyente, al menos en palabras del “sufragio efectivo no reelección” y trabajador de escasas pretensiones, se vinculó con grupos echeverristas. Los grupos estudiantiles que participaron en el Movimiento Restaurador, confirma, tenían relación, a nivel de asesoría, con el ideólogo Juan María Alponte, no otro sino Enrique Restituto Ruiz García, quien los iniciaría en las perspectivas de renovación sindical que venían del Estado y que pretendían superar, incluso, lo logrado por la Confederación de Trabajadores de México (CTM).

Ya idos lo tiempos, en diciembre de 2003, en una entrevista que se publicó en El Siglo de Torreón, Pancho comentaría: “Durante el último año de Echeverría tuvimos una buena relación. Después entró (José López) López Portillo y todo el tiempo me quiso golpear. Tuvimos que hacer hasta dos huelgas por año. Después llegó De la Madrid y la relación fue menos conflictiva. Tuvimos una relación fría y lejana, pero respetuosa. Con Salinas fue cercana e hicimos grandes cosas”. El relato quedó corto. Durante la Convención Democrática de julio de 1976, Pancho le dijo a los telefonistas que se había reunido con Salinas, quien le había ratificado que respetaría al sindicato de telefonistas. Y, como no queriendo la cosa, ya entrado en confianza para reafirmar su poder les dijo, el Presidente de la República “le manda un saludo a los convencionistas”.

Protector del sindicato oficial

* El supervisor se ubica en una postura inentendible, desconociendo la ley y sin sustento, deja a ambas trabajadoras en estado de indefensión, sobre todo al omitir lo establecido en el artículo 132 del Reglamento de Condiciones Generales de Trabajo de los Servidores Públicos Docentes del Subsistema Educativo Estatal (nombre correcto del documento que refiere), que ordena que ante el incumplimiento de las obligaciones a que se refiere el artículo 130 ó 131, de las condiciones generales se harán constar siempre en un acta que levantará el superior inmediato del servidor público docente, en su presencia y con la de su representante sindical, en su caso y cuando sea posible, para los efectos que procedan y no como arbitrariamente lo pretende hacer el citado signante del oficio. Así están las cosas.

 

Luis Zamora Calzada

En un afán por proteger al sindicato oficial, el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje emitió un acuerdo fechado el 14 de julio del 2014, en el expediente de registro sindical R. S. 2/2007, y con dolo y mala fe señala en las partes que interesan lo siguiente:

“III.- …las personas señaladas en los acuerdos del 6, 16,y 19 (listado de nombres) de junio del presente año, siguen perteneciendo al sindicato (oficial)… no es procedente… pertenecer al SINDICATO UNIFICADO DE MAESTROS Y ACADÉMICOS DEL ESTADO DE MÉXICO, así como su renuncia y desafiliación del sindicato (oficial) a partir de la fecha de su formal afiliación y menos aún requerir a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de México, sean transferidas las cuotas sindicales que a su decir les descuentan de sus salario al número de cuenta bancario del SINDICATO UNIFICADO DE MAESTROS Y ACADÉMICOS DEL ESTADO DE MÉXICO.…”.

En lo transcrito no puede combatirse ignorancia jurídica alguna, en virtud de que el  artículo 187, fracción II de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, establece que para ser presidente del Tribunal se deberán satisfacer, entre otros, tener título de licenciado en Derecho legalmente expedido; sin embargo el firmante viola la voluntad del trabajador, desconoce sus propios acuerdos y viola la libertad sindical. De ese tamaño es la actuación del presidente en turno de esta supuesta instancia impartidora de justicia laboral.

Tanto se extralimita el burócrata citado, que incluso acredita y autoriza a personas ajenas, sin personalidad alguna en el expediente de registro sindical, y que no han sido acreditados con documento alguno por la directiva actual del sindicato gremial, lo que es a  todas luces una actuación violatoria de su propia ley.

Es notorio que no hay fundamento legal que autorice a ese Tribunal por mutuo propio, violar la Libertad Sindical de los trabajadores afiliados al SUMAEM, por lo que se reservan el derecho de instaurar los procesos establecidos en la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado, Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, Código Penal, entre otros, por no acatar las disposiciones legales, que les obliga a ser imparciales y no actuar como ocurre en la especie, que no garantiza justicia alguna que merecemos las habitantes del Estado de México.

 

El colmo

 

No conforme con la ilegalidad con que actúa la directora de la escuela “Profr. Carlos Hank González” de Yancuictlalpan, Edomex, y que dimos a conocer la semana pasada, el supervisor de la zona escolar contraviniendo el Estado de Derecho y giró otro oficio en perjuicio de la docente. Juzgue usted la actuación:

“Por este conducto, la Supervisión Escolar No. 136 de Educación Primaria, ubicada en Catarino González No. 511 de esta Ciudad, le comunica que: en virtud de las diversas situaciones que se han presentado en cuanto a  la incompatibilidad de caracteres y puntos de vista con la DIRECTORA DE LA ESCUELA PRIMARIA “PROFR. CARLOS HANK GONZÁLEZ”, donde usted labora,… en respuesta a su oficio girado a esta oficina con fecha 2 del presente, y después de analizar su documento y el de la Directora donde manifiesta su incumplimiento a las disposiciones  de su superior jerárquico, en relación a que no entregó los exámenes de la quinta evaluación  a la Directora de la Escuela para su resguardo, como fueron las indicaciones de las Autoridades Superiores; por lo que se percibe que hubo omisión y negligencia y se debe proceder conforme a la normatividad: usted y la Directora Escolar se hacen merecedoras a una SANCIÓN DISCIPLINARIA; y se le exhorta a dar cabal cumplimiento a su preparación profesional y a desempeñar con lealtad, responsabilidad y profesionalismo el cargo que desempeña. Esto con la finalidad de crear un ambiente sano y una convivencia armónica que el Gobierno del Estado de México, nos ha encomendado.

“Lo anterior de acuerdo al Art. 130° Fracción VI, de las Disposiciones Reglamentarias en Material Laboral para los Servidores Públicos del Subsistema Educativo Estatal”.

El supervisor se ubica en una postura inentendible, desconociendo la ley y sin sustento, deja a ambas trabajadoras en estado de indefensión, sobre todo al omitir lo establecido en el artículo 132 del Reglamento de Condiciones Generales de Trabajo de los Servidores Públicos Docentes del Subsistema Educativo Estatal (nombre correcto del documento que refiere), que ordena que ante el incumplimiento de las obligaciones a que se refiere el artículo 130 ó 131, de las condiciones generales se harán constar siempre en un acta que levantará el superior inmediato del servidor público docente, en su presencia y con la de su representante sindical, en su caso y cuando sea posible, para los efectos que procedan y no como arbitrariamente lo pretende hacer el citado signante del oficio. Así están las cosas.

Un pedazo de pastel

* La matanza de Tlachaloya no acaba con los 22 muertos. Su desarrollo ha tomado rumbos sospechados por el menos despierto y era cuestión de tiempo para que la versión más verosímil tomara forma. Ésta tiene sus fundamentos en la historia reciente de balas y sogas. El 3 de julio del 2012 otras 10 personas eran abatidas en el municipio de Zacazonapan. Una más, pero esta vez el nombre de los Templarios se mencionaba con insistencia. Que estaban en guerra con La Familia y que peleaban por el territorio. Ese oficio de matar deberá incluir una mesa de negociaciones en niveles que los michoacanos, si consiguieron, no pudieron afianzar.

 

Miguel Alvarado

En Gaza, Palestina, los últimos ataques militares israelíes han dejado, hasta el 16 de julio del 2014, un total de 216 civiles muertos, entre ellos 45 niños y más de mil 500 heridos, en respuesta al secuestro y homicidios de tres jóvenes hebreos, supuestamente plagiados para intercambiar por prisioneros pertenecientes a las milicias palestinas. Esa respuesta, justificada por el Estado judío como un castigo para un país que “venera la muerte, el homicidio y el terrorismo” ha sido planeada dentro del operativo Margen Protector, que hasta este momento lleva nueve días activado. La condena mundial es absoluta pero ningún tipo de protestas o intermediación han surtido efecto. Los autollamados defensores de la libertada, Estados Unidos y la ONU guardan silencio cómodo, práctica histórica cuando se involucra a Israel como atacante.

Los 205 civiles muertos, entendidos en el esquema de una guerra histórica y milenaria y las escenas de los ataques difundidos por redes sociales tienen un símil menos espectacular pero igualmente sangriento, inexplicable todavía, en el sur del Estado de México. Allí, en ese sur, no hay una guerra formal aunque siempre ha sido un frente de batalla los últimos 20 ó 25 años por el control de la Tierra Caliente o el Triángulo de la Brecha, entre los cárteles de Los Zetas, La Familia Michoacana, los Templarios y Guerreros Unidos, entre otros.

A pesar de que una base de la Marina está instalada en el pequeño municipio de Luvianos, los enfrentamientos no encuentran tregua. No la hay para quienes se dedican a un negocio que en México genera los mismos ingresos que el petróleo anualmente, 40 mil millones de dólares, que tiene al menos tres estados gobernados por una alianza entre el gobierno y los cárteles y que por lo menos sostiene un tercio de la economía nacional. Los involucrados no se perderán la oportunidad de sus vidas, a pesar de los costos sociales incuantificables, de los 80 mil muertos oficialmente aceptados en la guerra contra las drogas en todo el país, en los últimos 8 años y que apenas significan la cuarta parte de los datos reales; de los 160 mil desplazados, de los cuales 140 mil se relacionan con el narco, según el Centro de Vigilancia del Desplazamiento Interno (Internal Displacement Monitoring Centre, IDMC), hasta el 2012, y el resto por la violencia interna, cifra que la London School of Economics eleva hasta un millón y medio de personas en un estudio realizado en el 2014. Además hay 9 mil 396 refugiados en otros países. La cantidad es inferior a los desplazados por las mismas razones en países como Colombia, que el mismo IDMC ubica en 5.5 millones, o el Congo o Sudán, que registran 27 y 2.2 millones de movilizados. En México, ese millón y medio que asegura existe la London School, ha crecido en forma exponencial en menos de 7 años. El estudio que hace para México la IDMC identifica a los Caballeros Templarios y a la Familia Michoacana como los causantes de desplazamientos masivos en pequeños poblados de Michoacán, como Pizándaro, Vicente Guerrero, Purépero y Paredes y efectivamente ubica a Michoacán y el estado de Guerrero como dos de los más afectados por el fenómeno. Estas dos entidades comparten con el Estado de México la mencionada Tierra Caliente mexiquense, el Triángulo de la Brecha, donde se localizan Luvianos y la misma Tlatlaya. Esos dos y al menos otros 7 municipios forman parte de un territorio “independiente” dentro del Estado de México, gobernado por el narcotráfico y las autoridades locales, en acuerdo con los grupos criminales por propia conveniencia u obligados. Las propias leyes que han impuestos los narcos incluyen las elecciones locales, horarios para transitar rumbos, permisos para construcción, organización de ferias y festivales, control de ingreso a los municipios, seguridad pública y privada y hasta pago de nóminas correspondientes a los ayuntamientos. La presencia de militares en la región resulta mera pantomima. Pareciera que están allí para cuidar intereses del narco y no para ayudar a la población, acostumbrada sin remedio a los nuevos usos y costumbres que dicta el negocio de la droga. Sólo pocas veces entran en acción para detener o repelen algún ataque, como el que sucedió el 30 de junio del 2014, cuando una patrulla del ejército se enfrentó a un grupo armado que custodiaba una bodega y que abrió fuego contra ellos. En ese operativo murieron 22 personas, identificadas como criminales por las autoridades, quienes además aseguraron que se había rescatado a 3 mujeres, presuntamente secuestradas.

“Podemos ver que el ejército mexicano actúa con firmeza con acciones concretas y el gobierno del Estado de México le reconoce su participación y le agradece la acción decidida y contundente del día de ayer”, diría el gobernador del Edomex, Eruviel Ávila un día después, durante un acto público.

El enfrentamiento, desde el punto de vista gubernamental, resultó un éxito que además corroboraba la buena disposición de las autoridades mexiquenses para colaborar con la Federación, que en menos de dos meses le impuso al gobernador un gabinete que controlará el sensible tema de la seguridad y le daría estabilidad política al priismo, que ha profundizado las cifras criminales sin explicación alguna. José Sergio Manzur Quiroga es ahora secretario general de Gobierno, una responsabilidad que no desconoce por ocupar en el sexenio de Enrique Peña la subsecretaría de Gobierno. En la Procuraduría estatal se ubicó a Alejandro Jaime Gómez Sánchez, anteriormente consejero adjunto de la Presidencia mexicana. En la Secretaría de Seguridad Ciudadana se ubicó a Damián Canales Mena, ex director de la Policía Judicial del Distrito Federal y ex subsecretario de Seguridad Pública en Hidalgo. La triada, sin embargo, no ha comenzado a funcionar y la escalada del narcotráfico se ha visto impulsada por los operativos en Michoacán, donde otro mexiquense, Alfredo Castillo, ex procurador de Justicia con el propio Peña es, de facto, un gobernador con poderes especiales encargado de combatir al narco. Castillo, dice él mismo, eliminó al cártel de La Familia y también a los Templarios, pese a no poder capturar al máximo líder de ese grupo, Servando Gómez Martínez, La Tuta. Desarmó a los autodefensas afines al doctor José Manuel Mireles, a quien incluso encarceló, y dio de alta como policías al grupo de Estanislao Beltrán, a quien una parte de la población michoacana acusa de narcotraficante.

El reacomodo michoacano, poco transparente pero mortal de todas maneras, arrojó un promedio de 87 ejecutados al mes en lo que va del año y no ha podido detener la actividad narcotraficante. Los esquemas de producción y distribución las manejan otros. La operación por la paz michoacana ha resultado un fraude que, sin embargo, ha tenido repercusiones hasta territoriales. Los narcos y sicarios perseguidos solamente cruzaron la frontera mexiquense, pero no sólo ellos llegaron a nuevo territorio, también los Templario, cártel que combate Alfredo Castillo, lo hicieron.

Tlatlaya, 30 de junio del 2014. Por la madrugada vecinos refieren haber escuchado tiros en las afueras del pueblo de Ancón de los Curieles. A las seis de la mañana la versión que quedaría como oficial se había ya regado. Militares emboscados habían respondido al fuego de un grupo criminal, matando a 22 personas. Eso era todo. Ancón de los Curieles apenas tiene 248 habitantes, es un caserío donde hay una sola computadora, que como anécdota no refiere por qué en las afueras hay una bodega construida con ladrillo gris. Las fotos de la AFP son elocuentes. Una de las bardas sirvió como receptáculo para los disparos del ejército, pero apenas tres orificios, rodeados por manchas de sangre, se aprecian allí. Al pie de esa barda, restos de mantas y bolsas de plástico hacen las veces de cadáveres, levantados horas antes. No hay más señales de un combate como el que, dicen, sostuvieron los militares. Otra toma muestra una camioneta blanca izada sobre un remolque y custodiada por un soldado. Se trata de una Cheyenne LTZ llena de lodo, de la cual sobresale de su caja una colchoneta roja con estampados. Tiene dos impactos de bala, en la parte posterior, del lado del conductor, que atravesaron el vidrio trasero. También el espejo retrovisor izquierdo está roto.

Los habitantes de Ancón sostienen que los balazos duraron cerca de media hora y que un helicóptero del ejército sobrevoló el lugar. A partir de este punto las versiones son confusas, pero el hilo de la historia indica que los 22 llegaron desde San Pedro Limón, provenientes de Arcelia, Guerrero y que pasaron por el poblado a las dos de la mañana. A las seis ya todo había concluido. Los cuerpos de algunos abatidos se observaban dentro de la bodega y otros en camionetas militares. La versión de los habitantes es contradicha por la Secretaría de la Defensa Nacional cuando se menciona a varios militares muertos antes de la refriega en Ancona. Esa primera batalla arrojaría al menos tres muertos por parte de los soldados. Desde ese momento el escenario de un fusilamiento se implantó en la región. Los habitantes conocen a los de La Familia, saben quiénes son, dónde hacen sus rutas y hasta dónde viven. Sobre los 22 ejecutados, nadie los pudo identificar, pero sí señalan que son “mandaderos”, apunta el diario Reforma.

Si no hay una guerra en el sur, mucho se le parece lo que sucede allá. Tras un periodo de relativa paz, el cambio presidencial ha agitado aquellas aguas, pacificadas a la mala por pactos entre autoridades policiacas y los propios criminales, como señala el periodista Francisco Cruz en el libro Tierra Narca (2010). Allí narra la llegada de los cárteles de La Familia y los Zetas al sur mexiquense y los contratos que se hicieron con la delegación de la PGR en el Estado de México, entre otras instancias, y que negoció dos veces la misma plaza, en reuniones separadas con La Familia y los Zetas. Al darse cuenta, días después, del engaño, una guerra socavada se desató entre las tres corporaciones, que sólo encontró una tregua cuando se destituyó al delegado de la PGR, quien por coincidencia era hermano del actual secretario de Gobierno mexiquense. Este familiar incómodo, José Manzur Ocaña, resultó clave para entender la formación de cárteles y sus desplazamientos por el Estado de México desde una lógica de proteccionismo y participación de las autoridades, lo que ahora se clasifica como crimen organizado, y que explica una buena parte de la impunidad asesina.

Tlatlaya no es una isla en aquel sur violentado por la pobreza, la marginación y la migración, Condenados para siempre a la miseria, los hombres se van, dejando a las mujeres como referencia familiar en espera de que suceda el milagro norteamericano. Vuelven, pero sólo para preñar de nuevo a las esposas y se vuelven a ir. Eso era lo que sucedía en esos municipios hasta que el narco irrumpió y ofreció una mejora sustancial, ganancias inmediatas a cambio de sacrificar la vida, si era necesario. Los primeros sicarios eran fuereños, maestros sin embargo de quienes quisieron seguir sus ejemplos violentos pero dizque varoniles, rebeldes al fin y al cabo, de una manera grotesca y torcida, representaban una puerta de esperanza aunque casi siempre manchada de sangre. Eran empresarios, de los buenos. Si al principio tuvieron que matar, entendieron luego que la clave del éxito radica en las alianzas y si se hacen con las autoridades legales, resultan más poderosas.

Ni siquiera enfrentamientos mortales como los registrados en Caja del Agua entre el 2009 y el 2010 los desarraigan. Primero, el uno del julio del 2009, Pelones y Familia chocaban entre sí en aquella comunidad, paso obligado de la droga hacia Guerrero y Michoacán. Siete sicarios detenidos, camionetas de lujo, motos y hasta 25 armas largas decomisó la antigua policía mexiquense, ASE, que intervino en plena balacera. Una versión señala 12 narcos muertos y dos policías heridos en una yerta que busca ejecutar al líder criminal Osiel Jaramillo.

Catorce días después, otra vez en Caja de Agua, una emboscada arrojaba dos personas ejecutadas y la movilización de 80 policías de la ASE. Era un nuevo enfrentamiento entre quienes peleaban la región pero tampoco en esa ocasión se confirmó la muerte de Jaramillo. Sin embargo, el ataque involucraba granadas de fragmentación. Era cuestión de tiempo para que Osiel cayera abatido y el 23 de octubre de ese mismo año, pero en el centro de Luvianos, aparecía muerto junto con otra persona, con 49 impactos de bala en su cuerpo.

Ejemplos como éstos se inscriben en el surrealismo mexicano del narcotráfico, donde lo inverosímil se ha vuelto cotidiano y hasta ejemplo a seguir. Pero los narcos deben trabajar para mantener las plazas y eso incluye balaceras y masacres. El 3 de julio del 2012, un comandante de Zacazonapan, Joaquín Rosales Salazar fue asesinado en el paraje de El Caballito, cerca de otro municipio dominado por los narcos, San Martín Otzoloapan. La versión oficial narra que a las 10 de la noche, el policía y sus elementos patrullaban la carretera cuando un comando los atacó con granadas de fragmentación y armas de grueso calibre. Rosales era jefe de la Región IX adscrito a Valle de Bravo. Otros cuatro agentes resultaron heridos. Esto, según el reporte de la Procuraduría estatal, sucedió luego de que Caballeros Templarios y La Familia se enfrentaran a balazos, horas antes.

Los pobladores dicen otra cosa. Que La Familia y los Templarios reñían por la posesión del territorio. Que los policías acudieron al llamado de los vecinos, quienes indicaron que allí estaba el jefe regional de La Familia. Que tenían armas de alto poder y chalecos antibalas. Que la policía no llevaba el blindaje adecuado ni armas para combatir. Que la policía no asistió para detener a los delincuentes, sino para apoyar a uno de los grupos, con los que mantienen, a menos, una tregua. Que en un momento de la batalla, había 8 sicarios tirados, todos muertos. Que al final hubo más de 30 y se estableció una especie de tregua para que cada bando recogiera a sus ejecutados. Que la policía favorece a uno de los cárteles, pero tienen la orden de dejar de protegerlos. Que el líder regional de La Familia había sido asesinado. La historia pasó sin pena ni asombro por algunos diarios locales, que consignaron el enfrentamiento como una estadística más, pero nadie supo que la masacre tenía dimensiones mayores y que era normal que algunos choques superaran los 40 muertos. Luego, a finales de agosto, una nueva masacre se registró en Caja del Agua, aquella que desmiente el gobierno pero que habitantes insisten en que sucedió realmente.

El primero de noviembre del 2012, la camioneta en la que viajaba José Benítez Benítez, nuevo alcalde perredista de Luvianos, era baleada en Caja de Agua, el emblemático paraje donde matanzas de proporciones dantescas se perpetran regularmente. Benítez salvó la vida, pero termina por dibujar el escenario que se vive en el sur.

La matanza de Tlachaloya no acaba con los 22 muertos. Su desarrollo ha tomado rumbos sospechados por el menos despierto y era cuestión de tiempo para que la versión más verosímil tomara forma. Ésta tiene sus fundamentos en la historia reciente de balas y sogas. El 3 de julio del 2012 otras 10 personas eran abatidas en el municipio de Zacazonapan. Una más, pero esta vez el nombre de los Templarios se mencionaba con insistencia. Que estaban en guerra con La Familia y que peleaban por el territorio. Ese oficio de matar deberá incluir una mesa de negociaciones en niveles que los michoacanos, si consiguieron, no pudieron afianzar.

Tlatlaya representa la caída de La Familia en el sur mexiquense y la incrustación de los Templarios como grupo dominante. Las versiones de la matanza involucran sin embargo a Guerreros Unidos, pero nunca se confirmaron.

El parte militar sobre el enfrentamiento fue puesto en tela de juicio de inmediato y desde el extranjero, por la agencia AP, con sede en Washington y que señala la duda: “las manchas de sangre y los orificios de bala en los muros de hormigón observados por periodistas de The Associated Press tres días después del tiroteo plantean interrogantes acerca de si todos los sospechosos murieron en el enfrentamiento o después de que terminara. La bodega en la que fueron encontrados muchos de los cadáveres no tenía muchas evidencias de que el enfrentamiento fuera prolongado”.

Un poco más adelante, asegura que “dan la impresión de que las personas en el interior estaban de pie frente a la pared y fueron alcanzadas por uno o dos disparos a la altura del pecho”. Luego entraron en escena la ONU y su Alto Comisionado para los Derechos Humanos, que corroboran escuetos la anterior versión. Su estudio, si lo hacen, será para consumo interno, anuncia de una vez aquel organismo.

Días después, el 3 de julio del 2014, caía uno de los líderes de La Familia en Pénjamo, Guanajuato. Era José María Chávez Magaña, alias El Pony. Era el jefe máximo en el Estado de México y  Morelos, pero en el 2011 se le ubicaba en Ecatepec, la tierra del gobernador mexiquense Eruviel Ávila, como líder del segundo municipio más rico del país y primero en la entidad. Pero sus inicios en el Edomex fueron en el sur.

Para el periodista Salvador Capote, “en los últimos seis años, ocurrieron en México más de 47 mil asesinatos relacionados con el tráfico de drogas. De 2 mil 119 en 2006 aumentaron a cerca de 17 mil en 2011. En 2008, el Departamento de Justicia norteamericano advirtió que las DTOs (Organizaciones de Tráfico de Drogas), vinculadas a cárteles mexicanos, se encontraban activas en todas las regiones de Estados Unidos. En la Florida actúan mafias asociadas con el cártel del Golfo, los Zetas y la Federación de Sinaloa. Miami es uno de los principales centros de recepción y distribución de la droga. Además de los mencionados, otros cárteles, como el de Juárez y el de Tijuana, operan en Estados Unidos”.

Ubicado a unos 85 kilómetros de Toluca, la capital, Tlatlaya es el más lejano rumbo al sur pero también uno de los más depauperados. Tiene 33 mil habitantes distribuidos en 798 kilómetros cuadrados y fue fundado en febrero de 1825. Ser el municipio más antiguo de la entidad no le ha servido de nada. Su vecindad con Amatepec, otro municipio mexiquense, parece restarle méritos hasta para los ojos del narco. El 7 de julio del 2014 se reportaba un enfrentamiento más contra los marinos, en el poblado de La Goleta. Los sicarios, luego de la refriega, escaparon hacia Guerrero y tomaron el pueblo de Alahuixtlán, municipio de Teloloapan. Habilitaron la iglesia como campamento y obligaron a los civiles a curar a los heridos. “El grupo iba encabezado por Osvaldo Olascoaga Hurtado, hermano de Jonhy Olascoaga, El Mojarro, supuesto lugarteniente del líder de La Familia Michoacana, José María Chávez Magaña, El Pony”, apunta el semanario Proceso.

Los cambios suceden aun en el seno de los cárteles. Es evidente que la pérdida de amistades y el resquebrajamiento de pactos resultan mortales para quienes se dedican a la narcoindustria. Tlatlaya es la punta de un hilo que deberá desembocar en el asentamiento definitivo de los Templarios en el sur mexiquense.

Mientras, el presidente Peña Nieto visitaba Toluca, el 16 de julio. Allí se dio tiempo para recordar el Mundial pasado. “Sentimos que la Copa Mundial de Brasil podía ser nuestra. Ahora vamos por la de Rusia 2018”. De plácemes, partió un pastel junto al gobernador Eruviel Ávila, pues el cumpleaños del presidente se celebra el 20 de julio. Hubo fotos y sonrisas y hasta el Ejecutivo mexiquense le entró a la moda de las “selfies”, retratándose junto al sobrino de Arturo Montiel. Ávila dice a organizaciones civiles que le preguntan por los 922 feminicidios en el Estado de México que “hay cosas más importantes que resolver” y no los recibe.

Tal vez necesite un pastel. Y de ese pastel, una tajada a la medida.

El Barco Ebrio

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Luego de cambiarle a Eruviel Ávila, gobernador del Estado de México, las posiciones más delicadas de su gabinete, su poder político se reduce a giras públicas para atestiguar a los ganadores en un concursos de interpretación musical y, como máximo, hacer check in en facebook para aviar al que lo sigue en dónde anda. Uno de los más grises mandatarios en la historia, Ávila sin embargo no trabaja menos que sus antecesores –poco o nada, pero notándose en lo público. Y sin embargo s ele vienen tiempos aciagos.

 

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Su primer aprieto, que es de Ligas Mayores, consistirá en explicar a su debido tiempo las circunstancias en las que murieron 22 personas en Tlatlaya, en el sur mexiquense, presuntamente enfrentadas al ejército en un tiroteo. Posteriormente cuestionado por observadores internacionales, lo de Tlatlaya se ve ahora como una ejecución sumaria.

 

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Ávila presume que en su entidad todo está muy bien y que ni siquiera los feminicidios son el asunto más importante para atender. Tal vez lo sean aquellas muertes, en una región donde las muertes masivas se contabilizan ya con calculadora. Al menos tres enfrentamientos en Cajón d Agua, ranchería de Luvianos, en los últimos años, han dejado unos 150 muertos, más los 22 del último y los que no se reportan, colocan a la entidad en un escenario de guerra como el de Gaza en Palestina, sólo que sin bombarderos ni prensa internacional.

 

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Otro asunto que no tardará en reventarle al gobernador será San Salvador Atenco, donde se insiste soterradamente en construir el nuevo aeropuerto internacional de la ciudad de México bajo el esquema de una Ciudad Futura, fantástico conglomerado ecológico, por supuesto sólo para quienes puedan pagarlo, y que protegería y rescataría al lago de Texcoco. Lo que no rescatará son las tierras de los ejidatarios, quienes ya tuvieron su guerra particular, muertos, heridos y detenidos por años, cuando no quisieron vender en el 2001, durante las administraciones de Vicente Fox en la presidencia y Arturo Montiel en la gubernatura. Fue a Peña a quien le tocó reprimir con la más dura de las manos a aquellos que se le enfrentaron a su tío de sangre. Y es Peña quien impulsa desde la mayor de las discreciones el megaproyecto, de poco más de 20 mil millones de dólares.

 

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El afán privatizador del gobierno federal contagia a sus cuates. Ávila, quien le debe prácticamente todo a Arturo Montiel, mantiene su bajo perfil político porque así s ele ha ordenado. Divorciado, con hijos, el de Ecatepec ha recibido advertencias para que cuide su vida privada si quiere continuar el pseudoromance con las fuerzas peñistas, que no lo odian, pero tampoco lo quieren. La carrera política de Ávila dependerá del momento en el que se encuentren sus protectores. De si les duele la muela, pues. Atenco representará el mayor de los despojos a los pueblos indígenas, pero la constante no se detendrá. La idea del Gruypo Atlacomulco será siempre hacer dinero, incluso si de ello resulta algo bueno para la ciudadanía. Pensando siempre al revés, pudieron colocar a un hombre como Peña en el máximo poder público del país y encumbraron a una actriz sin preparación ni siquiera burocrática como Primera Dama. Podrán lucir en pasarelas y recepciones, pero las señales indican que cualquier actividad cerebral no está al servicio de México.

 

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Para algunos, el poder en este país está repartido entre tres personajes. Peña, que como puede junta su propio coto; el senador Manlio Fabio Beltrones y el inefable Emilio Gamboa son los otros dos. Por ellos pasan las decisiones más importantes.

 

 

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El rumor de que Peña tenga cáncer no es nuevo, ya se comentaba desde que era gobernador del Edomex y desde el PRI estatal se calculaba que la enfermedad, bien tratada, le alcanzaría para hacer la campaña presidencial y cumplir su sexenio. En aquel 2007 nadie le hizo caso al rumor aquel y ahora hasta se clasifica su cáncer como linfático en grado dos. Los expedientes clínicos del presidente se encuentran clasificados, reservados por ser datos personales. La última operación médica a la que fue sometido, el 31 de julio del 2013, se le relaciona con un procedimiento característico del cáncer que, otros opinan, se le desarrolla en la próstata.

 

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Finalmente, el aeropuerto en Atenco, dolor de cabeza y cuestión de vida o muerte para otros, está conectado con otro conflicto, el que se desarrolla en San Francisco Xochicuatla, comunidad indígena del municipio de Lerma, por donde pasará una supercarretera que conectará precisamente con aquel imaginario puerto aéreo y otras zonas del DF. Las cosas no son fáciles. El trazo de la Autopista Naucalpan–Aeropuerto de Toluca o Interlomas-Aeropuerto llegaría en una de sus vertientes a Santa Fe pero a costa de 600 mil metros cuadrados de bosques, la interrupción o desvío en la producción de 250 millones de litros de agua al año, colocar en peligro 296 especies de flora y fauna, algunas en riesgo de extinción y la invasión de lugares sagrados para los otomís, que viven en esas tierras. Es igual a lo de Atenco.

 

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Aquella carretera la construye el corporativo Autopistas de Vanguardia, propiedad de Armando Hinojosa, un empresario que hizo su fortuna en el sexenio de Montiel Rojas, cuando se llevó gran parte de las licitaciones para obra pública. La muerte de su hijo durante la campaña presidencial de Peña en un extraño accidente de helicóptero, no afectó sus negocios y será cuestión de tiempo para que las obras en Lerma tomen forma, a pesar de la oposición de activistas y pobladores. La carretera costará 7 mil millones de pesos, una gran suma que obliga a entregar el trabajo prometido.

 

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Que Ernesto Nemer, subsecretario federal de Desarrollo, se ocupe de comprar terrenos en Cancún no sorprende. Ha cumplido su trabajo y México tiene cada día menos hambre. ¿Por qué no se iba a dar ese lujito el de Metepec, esposo de Carolina Monroy, alcaldesa de aquel municipio y prima de sangre de Peña Nieto? Envidiosos, flojos. Pónganse a trabajar si quieren tener terrenos. Los ejemplos sobran.

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